La semana pasada se escuchó un grito en el Congreso que rasgó, por un instante, toda la frialdad parlamentaria con la que se estaba despachando la congelación de los alquileres. Una chica llamada Irene, cuyo edificio fue comprado por un fondo de inversión sin intención de renovar sus contratos, gritó lo que hubiésemos gritado los uno de cada cuatro españoles que vivimos de alquiler: “¡Haced algo, ya coño! Sois culpables de esta situación”. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, —multipropietaria, por supuesto—, diciendo en una entrevista en El País, con sonrisa amplia, que “Hemos ganado; quienes defienden el pelotazo ya no se atreven a decirlo en público”, como si el relato fuese más importante que la realidad social. 

Qué sensación, si no ganas de gritar, puede dejarnos ver cómo las derechas han vuelto a coordinarse para tumbar un Real Decreto que, aun siendo insuficiente, habría aliviado la vida de miles de personas; anticipando un modelo que, si gobiernan, se convertirá en el paisaje fijo.

Qué sensación, si no ganas de gritar, nos puede dejar escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que uno tiene las propiedades que se ha ganado y tiene el derecho de poner el precio que le convenga, argumentando (si el uso de ese verbo es siquiera posible tratándose de semejante afirmación) sin pudor que “cada vez menos personas quieren ser propietarias”, que “ahora la gente se las quita (las casas) de encima”, mientras ella misma sigue aumentando su cartera inmobiliaria. 

Qué sensación nos puede dejar a los que vivimos de alquiler en Madrid si no esas ganas de gritar, esa desazón arrastrada por la certeza de que nada cambiará mientras no haya una movilización masiva y sostenida en el tiempo. 

El 24 de mayo hay una manifestación convocada en defensa del derecho a la vivienda por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. ¿Dónde están los sindicatos mayoritarios? ¿Por qué no están preocupados por la movilidad social descendente y la amenaza a la cohesión social? ¿Por qué no promueven una huelga? ¿Por qué otros sectores que también sufren la pérdida de poder adquisitivo de la población no se movilizan, no se suman con fuerza? ¿Quizá porque los propios agentes sociales son propietarios? ¿Quizá porque todos conocemos a alguien en nuestro entorno cercano o lejano que especula con la vivienda de algún modo, subiendo alquileres porque así lo dicta el mercado (“No voy a ser yo menos”), u optando por alquiler turístico porque es más rentable? ¿Quizá porque desde la posición de un propietario es difícil empatizar con la de un inquilino que se deja un 80-90% de sueldo en un alquiler, igual que es difícil empatizar con el hambre cuando tienes la nevera llena? ¿Quizá porque la vivienda es en España el Salvaje Oeste, el único territorio sin ley, y para muchos es comodísimo que siga de ese modo? Tal vez porque los que especulan lo hacen sirviéndose de un derecho convertido en negocio, y ese negocio lo administran, entre otros, los mismos políticos encargados de legislarlo. Tal vez porque el conflicto de intereses no es un accidente del sistema, es el sistema en sí mismo. Tal vez porque vivimos en un país completamente partido en dos, arrasado por un boquete que no deja de ensancharse. 

Como aficionada al fútbol estoy más que acostumbrada a ver cómo los jugadores se venden por unos billetes, incluso si son del equipo rival. Es una práctica tan común como institucionalizada. Pero a los futbolistas no los vota nadie, ningún socio deposita en ellos un mandato o una confianza cívica, es parte de su ADN lo de llegar e irse, vienen con un cheque y con otro se van. Cuando el transfuguismo entra en la política está brotando la mayor de las deslealtades: que un electo utilice su escaño para alterar el mandato de las urnas, que un representante público usurpe la voluntad de los ciudadanos para cambiar o alterar las mayorías. Y entrando ya en el plano ético (que debería haberlo), que apoye a un partido que representa lo contrario a los valores que solía defender, salvo alguna revelación ideológica tan inverosímil como mitológica. 

El transfuguismo es una forma de corrupción, una práctica antidemocrática que, aunque legal, muestra una debilidad profunda en la democracia. Ningún partido está libre de pecado, eso es así. Pero en el caso del Ayuntamiento de Lugo, a la ya de por sí turbia práctica del transfuguismo, se suma la casuística propia. No estamos hablando de un contexto normal ni de habituales discrepancias políticas, estamos hablando de un contexto salpicado por la trágica cadena de muertes de tres (ex)compañeros de la tránsfuga María Reigosa (Por contextualizar, en el período de un año han fallecido la alcaldesa Paula Alvarellos, por un infarto, y los concejales Pablo Permuy y Olga López Racamonde, por cáncer).

La Xunta de Galicia acaba de anunciar la vacante en la Jefatura del Servicio de Litoral lucense que, según denuncian el PSOE y el BNG, estaría esperando a Reigosa al final del túnel de la moción de censura. Ella asegura que no concurrirá y el gobierno gallego dice que no es un puesto creado a dedo. Sea como fuere, el PP volverá a gobernar Lugo veintisiete años después gracias al apoyo de Reigosa, salvo giro de guion inesperadísimo. Elena Candia, presidenta provincial del partido y designada directamente por Feijóo como integrante del comité ejecutivo nacional, empuñará el bastón de mando el próximo 7 de mayo, salvo sorpresa. 

La última muerte grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo, la de Olga López, concejala de Cohesión social, ocurrió el pasado 6 de abril. Hay que reconocer que, al menos, Candia tuvo unas horas, puede que días, de cortesía para iniciar los contactos para la maniobra. “Tenemos que aprovechar la oportunidad de mejorar Lugo”, dijo la semana pasada la futura alcaldesa de la ciudad. La oportunidad. Como si se tratase de los Días Fantásticos de El Corte Inglés o alguna oferta de Lidl, y no de un indigno movimiento político.

Los gallegos estamos más que acostumbrados a personajes oportunistas sin escrúpulos dentro de nuestra política regional. Es un mal ancestral que casi surge de la propia tierra, representantes públicos partidarios de servirse a sí mismos antes que servir al ciudadano violando el concepto de compromiso. Pero hay situaciones en las que, por su excepcionalidad, lo comprensible es que la humanidad y la cortesía institucional se antepongan a los intereses propios y a las políticas de partido. No será en Lugo donde en unos días veremos al PP recuperar el Ayuntamiento veintisiete años después, auspiciado por tres muertes y una tránsfuga. Podría ser la secuela ficticia de una película de Mike Newell, pero desafortunadamente no lo es. 

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, es seguidor de un pastor nacionalista cristiano que sostiene que las mujeres no deberían tener derecho al voto. No es una afiliación superficial, Hegseth llegó a compartir en sus redes sociales el año pasado un vídeo en el que ese pastor defendía abiertamente esa idea. El secretario de Defensa, por supuesto, no es el único partidario de Trump en sugerir que lo de votar hay que dejarlo en manos de gente preparada, es decir, de los hombres. También lo hizo, por ejemplo, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 y exdirector de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca de Trump. O Paul Ingrassia, a quien Trump nominó para dirigir la Oficina del Asesor Especial, sugirió derogar el voto femenino en un podcast. 

Lo que esta panda defiende es el voto familiar. Es decir, un voto por hogar. Pero, por supuesto, ese voto correspondería al marido y no a la mujer porque los hombres, opinan, ostentan la máxima autoridad familiar. La razón detrás de toda esta corriente puede estar en el hecho de que los hombres son más propensos a votar por la derecha que las mujeres. También hay quien tiene esta convicción por razones religiosas, una especie de mandato bíblico. Pero también están los influencers y podcasters del ala ultraconservadora estadounidense que llevan meses normalizando la idea de derogar la Decimonovena Enmienda por pura misoginia. Sin medias tintas, son tipos que odian y desprecian a las mujeres, nos presentan como parásitas, y creen y esperan que volvamos a estar subordinadas a ellos. 

“¿Por qué excluir a las mujeres? Porque su delicadeza las hace inadecuadas para la práctica y la experiencia en los grandes asuntos de la vida, las arduas empresas de la guerra y las exigentes responsabilidades del Estado. Además, su atención está tan centrada en la crianza de sus hijos que la naturaleza las ha dotado de mayor aptitud para las tareas domésticas. Y los niños no tienen juicio ni voluntad propios…”. Esto le escribía John Adams a James Sullivan el 26 de mayo de 1776. Doscientos cincuenta años después, estamos volviendo a esto, a ese ideal de mujeres sumisas, delicadas, esposas tradicionales, amas de casa entregadas, sin voz ni voto. 

Ni siquiera hace falta que se ponga en práctica, el simple hecho de que esta idea vuelva a circular ya es aterrador. Aunque no se llegue a ese escenario (legislativamente sería bastante complejo), la convicción ya está flotando, el derecho de las mujeres a votar ya está siendo cuestionado. 

El sufragio universal no es negociable sin vaciar la propia idea de democracia. Pero esto es lo que esta gente —que se permite el lujo de ir por el mundo dando lecciones, por cierto— entiende por democracia, un sistema en el que el voto sea de ellos. Las ideas más repulsivas de los misóginos más extremos de Internet se están difundiendo ante nuestros propios ojos desde despachos de la Casa Blanca por otros misóginos. Estamos a un susto de dejar sin ficción a Margaret Atwood.  

Patricia llevaba seis años con su pareja, dos compartiendo piso, cuando un día, palpándose en la ducha, se encontró un bulto en el pecho. Ahí comenzó un periplo que muchas mujeres describen como interminable, no solo por la enfermedad en sí, sino por la incertidumbre que la rodea: biopsias, consultas, preoperatorio, miedos, ansiedades, noches en vela haciendo suposiciones o esperando resultados. 

Patricia estaba acostumbrada a ir sola al médico por cualquier cosa: una gripe, unas anginas, un dolor de espalda, una picadura, los virus corrientes, así que asumió que también atravesaría esto por su cuenta. No se planteó exigir la compañía de su novio. “No le di importancia. De hecho, pensé que al pobre le estaba viniendo grande la situación y no sabía reaccionar”, recuerda. En aquel momento, lo único verdaderamente urgente era su salud y su cuerpo. 

Su pareja, sin embargo, tampoco apareció cuando la situación dejó de ser ambigua, no se presentó ni en las consultas decisivas ni en los momentos de mayor vulnerabilidad física. “En la última cita antes de la intervención le pregunté al médico si podía volver a casa conduciendo sola, porque sabía que no podía contar con él”, cuenta. Evidentemente no podía. Tuvo que llamar a su madre para que la llevara y la recogiera, ocultándole además que había atravesado todo el proceso prácticamente sola. “No quería preocuparla”, explica, aunque hoy reconoce que también intentaba no dejar en evidencia a su pareja.

¿Por qué actuó él así? Patricia no lo sabe, nunca le dio ninguna explicación. Sí es consciente, sin embargo, de que durante meses se esforzó por construir explicaciones y excusas que lo protegieran, como su incapacidad para gestionar la enfermedad o su bloqueo emocional. “Cuando ya me recuperé y pude mirar atrás con distancia, me dio pena de mí misma, de haber pasado todo aquello tan sola por no dejarle a él en evidencia”.

Cuando Patricia contó su historia en redes sociales, lo que más la impactó no fueron los mensajes de apoyo, sino la avalancha de relatos similares. Mujeres que ampliaron el hilo con experiencias propias. Una a la que su pareja dejó en el hospital tras una cesárea, con un bebé recién nacido y una sonda; otra cuyo marido no acudió a su operación de cáncer de mama en estadio III; otra que relataba cómo su mejor amiga tuvo que acudir sola al hospital para dar a luz a un bebé fallecido a los siete meses de embarazo, mientras su marido solo apareció en el alta y con prisa porque tenía el coche mal aparcado. 

Para muchas, el diagnóstico no solo implicó enfrentarse al miedo médico, sino también a una soledad inesperada en su relación. ¿Se trata de anécdotas aisladas o existe algo más profundo detrás? Para Alba Ayala, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, la respuesta es indudablemente estructural. “Hay una desigualdad en los cuidados. Aunque los hombres se hayan incorporado a cuidar, el tipo y la intensidad de las tareas siguen siendo diferentes”, explica. Ellos tienden a asumir tareas puntuales o instrumentales —gestiones, reparaciones, acompañamientos ocasionales—, mientras que las mujeres dedican muchas más horas al cuidado continuo, doméstico y personal de las personas dependientes. 

Cuando ya me recuperé y pude mirar atrás con distancia, me dio pena de mí misma, de haber pasado todo aquello tan sola por no dejarle a él en evidencia

Patricia

Los datos de su estudio Los nuevos cuidadores confirman esa asimetría. Las mujeres son mayoría como cuidadoras principales en prácticamente todas las edades. Solo a partir de los 80 años el número de hombres cuidadores supera al de mujeres, y en ese caso suele tratarse de maridos que atienden a sus esposas muy mayores. “Las mujeres viven más años, pero también pasan más tiempo con peor salud y mayor dependencia, lo que obliga a los hombres a asumir ese rol en edades avanzadas”, señala Ayala. En cambio, entre los 45 y los 60 años —la franja en la que coinciden el cuidado de hijos y de padres— el peso recae casi exclusivamente en ellas: hijas, nueras, parejas. “Eso indica que el cuidado familiar sigue siendo mayoritariamente femenino”, concluye.

¿En la salud y en la enfermedad?

La idea romántica de los votos matrimoniales, esos “en la salud y en la enfermedad” frente a altares y testigos, no siempre resiste la prueba de la realidad. Diversas investigaciones internacionales han observado que la salud de la mujer tiene un impacto mucho mayor en la estabilidad de la pareja que la del hombre. Un amplio estudio europeo, que siguió durante casi dos décadas a más de 25.000 parejas mayores de 50 años encontró que, cuando la esposa tenía mala salud y el marido gozaba de buena, el riesgo de ruptura aumentaba alrededor de un 60% entre los 50 y los 64 años. En cambio, si era él quien enfermaba, la probabilidad de separación no se incrementaba de forma significativa. 

Hay una desigualdad en los cuidados. Aunque los hombres se hayan incorporado a cuidar, el tipo y la intensidad de las tareas siguen siendo diferentes

Alba Ayala — investigadora del Instituto de Salud Carlos III

No hablamos solo de enfermedades graves, sino de pequeñas dependencias físicas, como mala movilidad. Si una mujer tiene dificultades con las tareas cotidianas, su riesgo de divorcio aumenta, según el citado estudio. Porque hay una diferencia importante entre sentirse demasiado enfermo para preparar la cena y necesitar que alguien te dé de comer. El mismo patrón se observó en la salud mental: las mujeres con depresión tienen más probabilidades de divorciarse, mientras que los esposos con depresión no presentan el mismo aumento de riesgo.

Otros trabajos llegan a conclusiones parecidas. Uno basado en datos de más de 2.700 matrimonios de personas mayores en Estados Unidos analizó cómo la aparición de enfermedades físicas graves influye en la estabilidad de la pareja, sufriendo ellas las rupturas más que ellos. O en el ámbito oncológico, otro estudio con pacientes de cáncer y esclerosis múltiple halló que la tasa de separaciones se disparaba cuando la persona enferma era la mujer. Aproximadamente una de cada cinco parejas se rompía, frente a menos de una de cada treinta cuando el enfermo era el hombre.

Diversas investigaciones internacionales han observado que la salud de la mujer tiene un impacto mucho mayor en la estabilidad de la pareja que la del hombre

¿A qué se debe esta desigualdad?

Las explicaciones apuntan a una combinación de factores sociales, por supuesto culturales, pero también económicos. Las mujeres siguen asumiendo más tareas de cuidado y organización doméstica; cuando ellas enferman, ese andamiaje invisible se desmorona. Además, en muchas parejas persiste cierta dependencia económica femenina y una menor red de apoyo para los hombres en roles de cuidador principal. No todos abandonan, por supuesto que no, pero estadísticamente la enfermedad femenina tensiona más la relación.

Tampoco parece que se trate únicamente de una cuestión generacional. “Algunos estudios muestran cómo las cohortes de mujeres más jóvenes perciben menos el cuidado como una responsabilidad de la mujer, aunque los datos y la práctica siguen mostrando cómo el cuidado informal se encuentra todavía altamente feminizado”, describe Ayala. La brecha, en otras palabras, se ha reducido en el discurso, pero mucho menos en el tiempo, el esfuerzo y la responsabilidad reales.

En 1988, un Tribunal de Revisión Histórica de San Francisco dictaminó que el origen de las galletas de la fortuna se encontraba en esa ciudad estadounidense. Aunque las asociamos automáticamente con China, lo cierto es que estas galletas, estadounidenses en su popularización y con raíces japonesas, comenzaron a servirse masivamente en restaurantes chinos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se haya consolidado la idea errónea de que las frases aparentemente profundas y siempre inofensivas de las galletitas forman parte de la tradición china: Un corazón alegre es el mejor compañero de viaje. Confía en tu buen juicio y verás que este te lleva al triunfo. El mañana empieza hoy. Nada es imposible para un corazón dispuesto. Un suceso fortuito revelará tu destino. Cambia tus horizontes si quieres cambiar tu suerte.

Cuento todo esto porque siempre que escucho recientemente a Alberto Núñez Feijóo recuerdo esta historia. Los discursos de Feijóo en política exterior están siendo estos días un híbrido entre ChatGPT y las frases de las galletas de la suerte: expresiones vacías, deliberadamente ambiguas, de una aquiescencia impactante, sin referencias concretas ni responsables identificables. 

El mismo día en que Donald Trump amenazaba con destruir “una civilización entera” con un lenguaje de una crudeza bien explícita, y mientras Israel continuaba sus bombardeos sobre Líbano con decenas de víctimas diarias, el líder del PP se limitaba a pedir en X “sensatez, no brutalidad”, añadiendo que “Occidente no es esto”. Quien sabe si esta profunda invocación a la sensatez fue fundamental para que Donald Trump deshiciese sus pasos en su proyecto de aniquilación, quien sabe si semejante apelación genérica tendrá algún efecto sobre los acontecimientos venideros. 

Días después, en una nueva muestra de este deshabitado estilo discursivo, Feijóo expresó su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo” y apeló a que “la mesura restituya la barbarie”. Pareciese que el mundo hubiese entrado él solo en una deriva belicista por un movimiento espontáneo de las placas tectónicas. La expresión arroja tal nivel de nadería que Feijóo podría estar hablando de las Guerras Médicas, las Púnicas, las Napoleónicas o incluso algún conflicto del Call of Duty. La deriva belicista hay que detenerla como sea. ¡Que paren la guerra tanto los que las hacen como los que la sufren! Por favor, mesura. 

Sin embargo, sí hay que reconocerle a Feijóo un cambio de rumbo estratégico en cuanto a la equiparación de los derechos humanos con el derecho internacional. Si bien al comienzo de la guerra instaba a derrocar al régimen iraní porque los derechos humanos están por encima del derecho internacional, el pasado viernes durante su intervención en el European Pulse Forum afirmó que “no hay derecho internacional sin derechos humanos”. Algo es algo.

Existe una necesidad casi ansiolítica de creer que el caos desatado por Trump responde a un arrebato puntual, pero lo cierto es que es parte de su estrategia política constante, y también lo cierto es que el caos y la flagrante violación del derecho internacional por parte de Israel lleva años instaurado con una aberrante normalización. Y no ha habido aún ni una sola expresión de condena medianamente contundente por parte del partido que aspira a gobernar España contra la barbarie acometida por Netanyahu.

Una vez más, el principal problema del Partido Popular está en esa lógica de oposición interna que condiciona toda su política, incluso su mirada internacional. La ceguera antisanchista no solo limita su capacidad en política exterior, incluso lo está empujando a frivolizar sobre cuestiones graves como la retención de un soldado español por parte del ejército israelí en el sur del Líbano.

Así que a falta de una línea discursiva clara en política exterior o de un portavoz de Exteriores en el partido, siempre le quedarán a Feijóo los vaporosos mensajes de postre. 

Días antes del cántico “musulmán el que no bote” con el que nos deleitó buena parte de la grada del RCDE Stadium durante el partido de la selección española frente a Egipto, el racismo y la xenofobia ya habían brotado en todo su esplendor en las publicaciones en redes sociales con las que Adidas presentó la nueva camiseta de la selección. Como los modelos que posaban con las camisetas, salvo uno, tenían rasgos no caucásicos, la publicación se llenó de los siguientes comentarios (todos reales): 

Ni un español en la foto de la selección española 

La agenda del reemplazo hace tiempo que es un cantazo. 

¿Esta camiseta es para jugar la Copa África? 

Supongo que la equipación de Senegal la promociona españoles. 

Racismo hacia el español. 

¿Es la selección de Naciones Unidas? 

¿Nos queréis meter a todos los moros con cuchara y calzador? 

A los españoles nos quieren borrar del mapa. 

No compréis esta camiseta, que la compren los magrebíes. 

Y, encima, al blanco lo han puesto en el suelo. 

Un pastor alemán sigue siendo alemán aunque nazca en China. Un negro es africano aunque nazca en España. 

Que la compren los menas. 

Fijémonos en ese fenómeno descrito como “racismo hacia el español”. Los españoles, un colectivo históricamente discriminado y reprimido, al menos en las publicaciones de Adidas. Resulta que las personas racializadas están prácticamente ausentes de cualquier espacio de poder en España, son sobrerrepresentadas en los relatos de delincuencia, sufren insultos y violencia a diario, tienen dificultades para acceder a viviendas o trabajos, a menudo se quedan en los escalones más bajos de precariedad, son objeto de identificaciones policiales basadas únicamente en su perfil racial, pero el racismo lo sufren los españoles porque en una publicación de Instagram de Adidas solo aparece una persona blanca. ¡Y en el suelo!

Hasta hace relativamente poco tiempo el racismo en España no se solía presentar de forma explícita, más bien se disfrazaba de preocupación por la seguridad. A partir de ahí la “ciudadanía” dejaba de ser un marco jurídico estable para convertirse en una categoría moldeada en base a criterios selectivos de integración y seguridad. Pero algo ha cambiado los últimos años: el racismo se ha vuelto explícito de cabo a rabo, ha dejado de escandalizar salvo en situaciones concretas como partidos de fútbol; es casi como un ruidito de fondo, el zumbido de la campana extractora al que terminas acostumbrándote. No son incidentes aislados, como repitió el presidente de la Federación, Rafael Louzán, después del partido de la selección. Es un discurso con legitimación política y complicidad social.  

Si todo tuviera que ver simplemente con una preocupación honesta por la migración, la queja sería coherente y transversal. Por poner un ejemplo, a principios de 2024, residían en España más de 300,000 británicos. Sin embargo, esos que tienen la palabra “invasión” en la punta de la lengua constantemente, no utilizan este término para referirse a la compra de viviendas por parte de la población británica en zonas turísticas tensionadas, no se plantean expulsiones masivas ni se cuestiona su integración cultural (más bien limitada, por cierto). No se hace nada de esto porque la condición racial es la clave; porque en España por supuesto que existe racismo (aunque tú no lo seas), pero no precisamente hacia el español.  

Esta última semana he sentido verdadero pavor leyendo a cientos de personas hablando de su libro en un tema tan delicado y personal como la eutanasia. Gente que no sabe muy bien por qué está triste un domingo por la tarde, pero que manejó con precisión quirúrgica los motivos, las emociones, los sentimientos y hasta la dignidad de una persona que llevaba años peleando por decidir sobre su propia muerte.

¿Por qué este pudor indisimulado? Porque ahora mismo son nuestras opiniones las que funcionan como medida de quiénes somos, más que nuestras propias acciones. Si Descartes levantase la cabeza diría algo así como: opinamos, luego existimos. Las opiniones son ya una forma de identidad pública, algo que hay que exhibir para existir, aunque no tengamos ni puñetera idea de lo que estamos hablando. 

Todos somos ignorantes en muchos temas —en casi todos, si nos ponemos rigurosos—, pero hemos decidido convertir esa ignorancia en un problema estético que hay que disimular con corrector. Y no soy precisamente Albert Einstein si digo que las redes sociales tienen bastante culpa de todo esto porque, gracias a ellas, consumimos la información como pipas en el banco de un parque. En los periódicos, la opinión es libre, pero se supone que los hechos son sagrados (al menos siguiendo los códigos deontológicos, sí). Mientras que en Internet, ocurre justo lo contrario: los hechos son libres, pero la opinión es sagrada. Pero no es solo culpa de las redes sociales, por supuesto también tiene la culpa el abrumador tertulianismo mediático en el que estamos inmersos. 

Hace unas semanas, el escritor Luis Landero me decía en una entrevista publicada en Vanity Fair que hoy “la gente no necesita pensar porque ya se lo dan pensado. Hacemos, como en un supermercado, la compra diaria de opiniones”. Añadía que “hoy en día se consumen ideas, se consumen opiniones, se consume criterios, se consume todo esto, pero no lo elabora uno. No se elabora porque para eso, para elaborar tus propios pensamientos, para vivir la vida de primera mano y ver las cosas con tus ojos y pensar las cosas con tu inteligencia, para eso hace falta tiempo, hace falta lentitud, hace falta concentración. Ahora es todo muy inmediato, es de usar y tirar”. Me pareció una imagen superprecisa, esa idea de que consumimos opiniones ya elaboradas que incorporamos poniéndolas en el microondas un par de minutitos dando vueltas.

La entrevista con Landero me dejó pensando en hasta qué punto nuestras opiniones son realmente nuestras y en qué momento dejamos de distinguir entre lo que pensamos y lo que nos han dicho o sugerido que deberíamos pensar. Es difícil calibrarlo, la verdad. La opinión de una tertulia, por ejemplo, se suele instalar en nuestro cerebro con una seguridad (prestada) desproporcionada respecto al tiempo que le hemos dedicado (ninguno). 

Ahora mismo nos cuesta muchísimo permanecer como simples espectadores de un tema y sostener la incomodidad de no saber qué pensar. Pero está bien no saberlo todo y está bien no tener una opinión siempre; está bien que nuestras opiniones no siempre importen y, sobre todo, que no siempre aporten. Con toda la hipocresía que supone decir esto desde una columna de opinión. 

Si te metes en las redes sociales de Abascal verás varios posts sobre sentidas promesas de protección de los españoles a través de deportaciones masivas para evitar la “invasión” (su término predilecto) de inmigrantes y la extensión de la inseguridad en las calles (su preocupación preferente). Para sorpresa de nadie, no hay ninguna mención al incidente más violento ocurrido en una calle española en lo que llevamos de año: el asesinato a tiros de una mujer en Zaragoza por parte de su expareja. Tan violento que la mujer se disponía a abrir su peluquería a primera hora del sábado cuando él la agarró del pelo y trató de arrastrarla hacia el interior del local. Ella consiguió zafarse y huir por la calle, pero la expareja la persiguió, la disparó y la remató en el suelo con varios tiros más. Luego se suicidó. En plena calle. A plena luz del día. Esta violencia atroz, por lo que sea, no encaja en el relato dominante sobre la inseguridad en las calles. 

Horas antes, el viernes, era asesinada una niña de 3 años, presuntamente por su padre, que también se ha suicidado, en lo que apunta a un nuevo crimen de violencia vicaria. Estos dos últimos casos han coincidido en el tiempo con la indignación generalizada por la muerte de un turista estadounidense, James Gracey, en Barcelona. Las cámaras de seguridad muestran que se cayó al agua de forma accidental, pero en infinidad de cuentas de ultraderecha se habló y teorizó detalladamente sobre la inseguridad de las calles ligada a la inmigración. Por supuesto, sin hacer ninguna mención posterior a la inseguridad provocada por la violencia de género.

Resulta insoportable la normalización e invisibilización de estas noticias asociada a la profunda disonancia cognitiva colectiva ante la violencia de género. En lo que va de año, 14 mujeres y tres menores han sido asesinados. No es el peor arranque estadístico, pero sí uno especialmente terrible por la saña de varios casos, como el de Miranda de Ebro con un hombre incendiando el edificio y matando a su expareja y dos mujeres más. El incremento en la brutalidad también lo están pagando los niños. En menos de tres meses de 2026, tres menores han sido asesinados con el objetivo explícito de infligir el mayor daño posible a sus madres. El mismo número que en todo 2025. 

La violencia contra las mujeres forma parte del paisaje. Ahí está, integradísima en la arquitectura cotidiana como una farola, un paso de cebra o un banco. Se diluye su especificidad, se habla de simples “tragedias privadas”, se comenta que es que el tipo estaba pasando “un muy mal momento personal” o se apuntala con negacionismo o blanqueamiento, todos los días, en todas partes. Por poner un ejemplo: Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza del PP, escribía en Twitter que estaba muy impactada por el asesinato de la mujer de Zaragoza a tiros. Pero, a continuación, añadía: “Condenamos cualquier forma de violencia y esperamos que la investigación permita esclarecer cuanto antes los hechos”. “Violencia machista”, no, utilizó el genérico e inocuo “cualquier forma de violencia” no vaya a ser que se enfaden los socios de VOX, hay que tenerlos tranquilos. 

Insisto porque hay que insistir, es desalentadora y emética la insensibilización ante el asesinato sistémico de mujeres a manos de hombres, de sus parejas y exparejas. La reiteración de los casos no despierta una alarma sostenida, de hecho, parece que despierta justo todo lo contrario, una especie de fatiga por saturación. Y, mientras para algunos la cosa no requiere más que indiferencia, la mayor amenaza para la seguridad de bastantes mujeres continúa siendo el hombre con el que comparten o compartieron su vida.

La escena tiene mucho de caricatura cortesana: al parecer, el secretario de Estado de EEUU lleva unos zapatos varias tallas más grandes que la suya porque Donald Trump se los dio. Marco Rubio habría exagerado la talla de sus zapatos (dijo que calza un 45, pero no) porque un hombre decente los tiene que tener grandes. Cuenta The Wall Street Journal que Trump está obsesionado con que todos sus altos cargos vistan los mismos Oxford negros de forma clásica y cordones que él y, por tanto, les regala los zapatos en cuestión, talla arriba, talla abajo. “Todos los chicos los tienen”, le dijo una fuente anónima de la Casa Blanca al Journal. “Es divertidísimo, porque les da miedo no usarlos”, añadió la fuente. Algunos ayudantes dicen que incluso tiene una pequeña pila de cajas de zapatos en una oficina, cada una etiquetada con el nombre del destinatario. Obligar a tus altos cargos a llevar zapatos circenses es una metáfora bastante elocuente del trumpismo, la verdad.

Convendréis conmigo que no resultaría extraño encontrarnos uno de estos días a Isabel Díaz Ayuso calzando unos Oxford negros de corte clásico. La semana pasada emprendió su enésimo viaje oficial a EEUU insistiendo en la necesidad de “cuidar a los aliados” y reforzar los lazos con ellos. Por aliados entiende a un gobierno obsesionado con los aranceles que ejerce una presión constante sobre Europa y particularmente sobre España, un gobierno cuya estrategia bélica está encareciendo la energía y golpeando a trabajadores y familias españolas, y cuyas decisiones pueden desencadenar nuevas crisis migratorias que nos afectarán también a nosotros.

Desde la tierra de nuestro supuesto aliado estratégico, Ayuso anunció que la Comunidad va a homenajear a EEUU el próximo 4 de julio, al margen de la medalla que ya había anunciado hace unas semanas. Esta aproximación a Estados Unidos tiene algo de adolescente que insiste en caerle bien al matón del colegio por ganar también unas migajas de popularidad, aunque el matón esté ocupadísimo empujando a sus amigos por las escaleras. No es la estrategia brillante que Ayuso cree, incluso ni siquiera es bien recibida por parte de su propio electorado. Y, por supuesto, es gasolina en el extremo ideológico contrario. En los perfiles progresistas estadounidenses lleva días viralizándose el “Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago y haga el favor de quedarse allí de una puñetera vez” que la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, le espetó en el pleno de la Asamblea.

Hay en estos viajes transoceánicos, además, una especie de provincianismo ridículo; esa necesidad de hacerse fotos en la Gran Manzana como si Nueva York fuera un decorado que otorgue relevancia de manera automática. Da igual qué hacer allí, con quién reunirse, o qué resultados tangibles se obtengan: lo importante parece la fotografía con la imagen del skyline detrás.

De verdad que resulta muy difícil entender desde la decencia política esa pleitesía a Trump, ese deseo de colonización ideológica, esa delegación hacia una potencia extranjera cuyo objetivo es desmantelar el orden internacional (tal como está concebido) y disminuir, si no desmantelar también, el derecho internacional para entregar más poder y dinero a quienes ya tienen demasiado. Probablemente es este último punto el que seduce a Ayuso y los suyos. ¿Qué podemos esperar de quienes miran más hacia Washington que hacia los propios intereses de las personas para quienes realmente gobiernan?

En la Facendera (Anagrama) del escritor Óscar García-Sierra, los chavales quedan todos los domingos en el parking de la gasolinera del pueblo para ver derrapar coches tuneados, como un León amarillo con llamas tribales en las puertas, el tubo de escape trucado y un alerón rollo WRC. Es un ejercicio de ficción, pero está basado en hechos reales porque el ocio de los jóvenes diverge tremendamente de la época y el lugar en el que naces o la clase social a la que perteneces. 

“La segregación residencial y escolar tiene su contrapunto en la segregación lúdica. Cada sector social tiende a encontrarse en determinados espacios, con la salvedad de que el capital económico y cultural de las familias ofrece a la clase media/alta opciones más diversas, mientras que la clase trabajadora y/o de origen migrante tiene como únicas opciones el ocio comercial y el ocio no reglado (léase botellones o la reunión en la calle, objeto de persecución)”, describe Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universitat Pompeu Fabra y coordinador del Informe Juventud en España 2024 de INJUVE.

“La desigualdad en el acceso al ocio es una expresión más de la desigualdad estructural. Cuando una familia dispone de recursos económicos y capital cultural, puede ofrecer actividades deportivas, idiomas, música, viajes o intercambios. Cuando no los tiene, las opciones se reducen drásticamente”, apunta Laura Bosch, responsable del Área Intervención Social de YMCA. Desde la organización desarrollan programas de ocio juvenil educativo, fundamentales para la integración, generando oportunidades donde no las hay. Hay que reconocer “el ocio como un derecho, no como un lujo”, dice Bosch.

Cualquier identidad juvenil se ha forjado las últimas décadas entre descampados, plazas, parques, bancos, portales, cines, máquinas recreativas, franquicias o centros comerciales. “La apropiación de los espacios de ocio ha sido históricamente la forma de vinculación de los jóvenes con la ciudad, y también una estrategia de emancipación parcial, ya que supone un espacio intermedio entre el familiar y el institucional”, apunta Freixa, para quién “en la medida en que el periodo juvenil se extiende en el tiempo, dichos espacios dejan de ser algo transitorio y pasan a ser más duraderos y por tanto aumentan su importancia en la construcción de las identidades juveniles”.

La apropiación de los espacios de ocio ha sido históricamente la forma de vinculación de los jóvenes con la ciudad, y también una estrategia de emancipación parcial, ya que supone un espacio intermedio entre el familiar y el institucional

Carles Feixa — Catedrático de Antropología Social (Universitat Pompeu Fabra)

Algo cambió con la llegada de los centros comerciales

En una escena icónica de la película Chicas Malas se retrata la entrada de las protagonistas al centro comercial, su espacio por antonomasia. El director Kevin Smith también insertó en Mallrats la trama de un grupo de jóvenes con mal de amores perdidos en una macrogalería comercial mientras trataban de poner orden en su vida. O, en la más reciente y nostálgica serie de Netflix, Stranger Things, el propio centro comercial juega un papel importante en la trama. Para los jóvenes de la Generación X, que crecieron antes de Internet, y para muchos millennials, el centro comercial fue un lugar donde se hacía mucho más que comprar. Para un observador externo, las reuniones de jóvenes en estos lugares podían parecen un 'no hacer nada'. Pero para ellos era una forma de estar juntos forjando la construcción de la identidad grupal con una forma de socialización espontánea.  

Los padres podían dejar durante horas a sus hijos en estos espacios porque allí se formaba un ecosistema propio, relativamente seguro, aunque supeditado al consumo. “Los centros comerciales facilitan un espacio de relación social, que se vincula con la extensión de la cultura de consumo y con nuevas prácticas recreativas (como los locales de videojuegos o los multicines). La sociabilidad no varía, aunque queda subordinada al consumo. Con un matiz importante: el fenómeno se da solo en las grandes ciudades, donde hay centros comerciales, no se da en las ciudades pequeñas ni en el mundo rural”, asegura Feixa. 

Para los jóvenes de la Generación X, que crecieron antes de Internet, y para muchos 'millennials', el centro comercial fue un lugar donde se hacía mucho más que comprar

En Vigo los jóvenes se reunían en el Centro Comercial La Elíptica, el primero que abrió en la ciudad. En Coslada (Madrid) el rey de la fiesta era el Centro Comercial La Rambla. En Vallecas (Madrid) se estilaba mucho ir al Eroski a pasar la tarde, como en Málaga donde “el Eroski” (el Centro Comercial Larios) era lugar frecuente de quedada. O en el barrio de Hortaleza (Madrid) los jóvenes orbitaban en torno a El Colombia, el centro comercial abierto en 1989, en la calle Bucaramanga. Por supuesto, todo confluía en torno a las salas de recreativos, templos de exuberancia juvenil. Adolescentes, rebosantes de dopamina, metían moneda tras moneda en máquinas adornadas con personajes de Pac-Man, Mortal Kombat, NBA Jam o Street Fighter. En Villarrobledo (Albacete) los chavales se reunían en los Recreativos Aroca, que en realidad se conocían simplemente como “los recreativos” porque no había ninguno más en todo el pueblo, o en Palma quedaban en los recreativos de Porto Pi.

En el centro de Madrid, las quedadas confluían en torno a los VIPS, un fenómeno sociológico propio, inaccesible para jóvenes sin dinero

En el centro de Madrid, las quedadas confluían en torno a los VIPS, un fenómeno sociológico propio, inaccesible para jóvenes sin dinero (aunque con el paso de los años la franquicia se extendió hacia el extrarradio ‘democratizándose’). La cadena madrileña suministraba tortitas y sándwiches club, pero también un despliegue lustroso de libros —la mayoría, de la editorial Taschen— y revistas a toda una generación que orbitaba en torno a sucursales como la de Julián Romea, el primer local de España que cerraba en 2025 o el anuncio recientemente del cambio de localización del 'VIPS de Lista' causando gran conmoción generacional. 

La expulsión actual hacia las periferias

En la década de los ochenta y de los noventa, el centro comercial era Internet y ahora Internet es el centro comercial. “El ámbito digital para los jóvenes no está separado del presencial. Puede ser un refugio para la creciente marginalización del ocio nocturno. Más que generar desigualdad, lo digital encapsula y polariza a los grupos y dificulta el ocio interclasista”, describe Feixa.

Como consecuencia de fenómenos como la gentrificación o la privatización, la desigualdad en el acceso a espacios de socialización juvenil ha aumentado los últimos años

El problema en cuanto a la socialización juvenil no es TikTok en sí mismo: es la falta de espacios físicos donde los adolescentes puedan confluir, desahogarse y aprender las reglas de interacción. En este sentido, apunta Bosch que “la creciente privatización de espacios ha reducido aún más los lugares accesibles y seguros para la juventud. En el caso de nuestro centro de Barcelona, además, el turismo en el barrio de Gràcia impacta en el uso del espacio y el coste de los recursos, entre otras cuestiones”. 

“Por desgracia”, concluye Feixa, “las políticas urbanas han tendido a ser adultocéntricas, sin tener en cuenta las necesidades de la juventud”, así que como consecuencia de fenómenos como la gentrificación o la privatización, la desigualdad en el acceso a espacios de socialización juvenil ha aumentado los últimos años, con el resultado de la “expulsión de la juventud hacia las periferias urbanas”.

Anda gran parte de la derecha española enfrascada estos días en un ejercicio bastante soez de autodenigración: España debe servir pleitesía a EEUU y al autoproclamado Nobel de la Paz porque, al parecer, quiénes somos nosotros para no hacerlo. Practican una forma muy creativa de patriotismo, casi como una adivinanza, patriotismo muy vehemente hacia adentro, pero modestito y sometido al matón hacia afuera; orgulloso hacia dentro, sumiso hacia afuera. 

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo nos dejó una nueva línea maestra (que produce con admirable regularidad): “Antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen”, dijo. Aquí viene la primera obviedad de esta columna: El derecho internacional moderno nace precisamente para proteger los derechos humanos y los peores excesos del vandalismo imperialista, y por eso precisamente impide que la guerra se convierta en una herramienta política activable cada vez que un señor con poder lo considere oportuno por motivos de seguridad, influencia o intereses estratégicos. 

Fijémonos en el flotador moral de la situación de las mujeres iraníes. La idea que defiende la derecha sería algo así como que si de verdad nos importan las mujeres deberíamos aceptar o incluso celebrar la intervención militar porque patatas. Este razonamiento parte de una premisa que la invalida ya desde su propio planteamiento, la de que a Estados Unidos o a Israel les importan realmente los derechos de las mujeres iraníes. No es solo que la historia invite a dudarlo (lo hace), es que ellos mismos lo aclaran. El propio Trump —que rara vez deja espacio para las ambigüedades morales, eso hay que agradecérselo— explicó hace unos días que el líder aceptable para Washington en Irán sería uno que “trate bien a Estados Unidos e Israel”. Eso dijo en una entrevista en la CNN. El sistema de gobierno que surja después, o los derechos que tengan las ciudadanas iraníes, es algo secundario.

Si esto no fuera suficiente vayámonos a la historia reciente, a Kabul por ejemplo, a donde nos quiere mandar Ayuso solas y borrachas. La guerra en Afganistán marcó la primera vez que los problemas de las mujeres ocuparon un lugar central en la retórica que justificaba la intervención militar estadounidense. Durante años se presentó la invasión como una forma de liberación necesaria. La situación actual de las mujeres es bien conocida. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que los talibanes han diezmado por completo los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Han violado sus derechos a la educación, al trabajo y a la libre circulación; han desmantelado el sistema de apoyo para quienes huían de la violencia doméstica; han detenido arbitrariamente a mujeres y niñas por infringir normas discriminatorias; y han contribuido al aumento de los matrimonios infantiles, precoces y forzados.

Otra obviedad: El hecho de que el ‘No a la guerra’ de Sánchez le favorezca electoralmente no es un argumento para criticar el ‘No a la guerra’. Sí, es perfectamente posible que el ‘No a la guerra’ tenga una dimensión electoral, que en este caso coincide con la dimensión moral y obviamente también con la dimensión del derecho internacional. Resulta bastante llamativo observar a algunos analistas llevándose las manos a la cabeza ante la posibilidad de que detrás la posición política de Sánchez también exista la motivación de ganar votos, como si esta no fuera una de las principales motivaciones de cualquier político. Pero que me corrija algún lector si me equivoco, por favor, que tal vez Feijóo tiene como motivación política ganar experiencia y puntos Iberia.

Entre las muchas cosas que llaman la atención del escándalo de las VPO en Alicante, quizá la que más sea el momento en el que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, se sentó en su despacho, se cruzó de brazos y pensó: “Oye, pues me voy con una vivienda pública, este recurso escaso —en Alicante, de hecho, es la primera promoción en 20 años— que existe para quienes no tienen alternativa posible, porque nadie va a sospechar de que me caiga una a mí. Y a mis suegros otra”. En qué pliegue de conciencia una persona que ocupa un cargo público comienza a convencerse a sí misma de que puede urdir una trampa tan obscena, cuándo se cruza esa última frontera en la que el pudor deja de ser un freno en la política. Hay algo casi fascinante —en el peor sentido de la palabra, claro— en esa fe ciega en la impunidad que tienen algunos políticos y sus allegados.

Pero claro, el escándalo ha ido sumando capítulos, cada cual peor que el anterior, y ya lo de la concejala casi que ha quedado en un segundo plano. Los compañeros de Información —que están haciendo un trabajo excelente— publicaban hace unos días el vídeo de la lujosa reforma de unos pisos que, también casualmente, fue a parar a manos de un hijo de una concejala del PP de San Vicente. “Esta era una simple de vivienda de promoción sin alma y hoy respira un carácter propio”, dice el diseñador, que apunta que ahora el pisito además de carácter propio tiene aspecto neoclásico luminoso, todo muy beige y de catálogo de revista. 

También hay interventoras de la Generalitat agraciadas pese a sus sueldos de 70.000 euros anuales, o familias con hasta cinco beneficiados, aquí las juntas de vecinos pueden funcionar ya como cenas de Navidad, que se bajen los langostinos y el cava y eso que se llevan. O existen buzones repletos de cartas y publicidad porque en algunos pisos no vive nadie, mientras se amontonan también los testimonios de personas que aseguran que en alguna inmobiliaria les han pedido pagar hasta 450.000 en negro por acceder a uno de esos pisos, pese a tratarse de viviendas protegidas y no poderse venderse, salvo excepciones regladas, antes de 30 años.

El precio medio del alquiler en la ciudad Alicante se sitúa por encima de los 1.300 € mensuales, más o menos. Concretamente, en enero de este año el precio estaba ya en 12,8 euros por metro cuadrado, una subida anual del 8,9% respecto a enero de 2025, según Idealista. Vamos, el alquiler en Alicante está por las nubes, como en casi todo el país, pero aquí añadiendo el extra de la presión turística. El alquiler siempre ha sido el refugio de quienes no podían comprar, pero podían llegar a ahorrar para hacerlo. Ahora, muy lejos de ser un refugio, el alquiler es precisamente lo que imposibilita la compra de vivienda porque dificulta cualquier capacidad de ahorro para la entrada de un piso. En este paisaje tan frustrante y desolador, la vivienda social sí es ya el último parapeto. Si el alquiler ya no protege y la compra es inalcanzable, la vivienda social debería estar absolutamente blindada. Por eso resulta especialmente hiriente que también aquí se hayan practicado trapicheos políticos con semejante grado de obscenidad, impudicia y sinvergüencería.

Cabe preguntarse si estas viviendas sociales situadas en una urbanización de lujo con piscina, pistas deportivas y vistas al mar hubiesen sido también del interés de los hijos de, los amigos de o los conocidos de (categorías con identidad propia en España) si hubiesen estado en un descampado cualquiera sin una mísera pista de pádel en la que poder practicar las voleas. Suponemos que no porque el sentimiento de impunidad no se suele corresponder con la sensación de miseria.

Es una obviedad decir que todo hijo de vecino reconoce la violencia cuando la ve, igual que se reconoce que el agua moja, pero si algo ha quedado claro en la última década es que la violencia machista no solo no es reconocida: es negada, invisibilizada, desplazada y ridiculizada. Y cuando las defensas contra la violencia machista —igual que contra cualquier tipo de violencia— titubean o se quiebran a propósito, esta coge muchísima más fuerza. 

A fuerza de rodeos argumentativos que se presentan como debates razonables, la realidad de la violencia machista termina tan difuminada como un cristal de coche empañado. ¿Cómo? Pues repitiendo que la violencia machista es un invento ideológico, caricaturizando el feminismo, tildándolo directamente de cáncer, o desplazando el debate hacia fenómenos reales pero marginales, como las denuncias falsas. A veces no es tanto una negación frontal, pero sí una maniobra sutil —y lucrativa, claro— de distracción. 

Estos marcos no solo condicionan la conversación pública, hacen algo más peligroso: legitiman discursos. Por ejemplo, podemos considerar algunos canales misóginos de YouTube como simples y tristes cloaquillas digitales. Pero funcionan como finísimas refinerías: un caldo de cultivo perfecto para incubar y producir machismo al por mayor. Todo esto se va filtrando, poco a poco, pero con ritmo, pero sin pausa. Que una parte significativa de los jóvenes en España —en torno a uno de cada cinco— considere ya que la violencia de género es un invento ideológico es un síntoma clarísimo de ese desplazamiento cultural. Señala hasta qué punto la disputa por el reconocimiento de la violencia machista lleva implícito también un menor reconocimiento a lo que nosotras decimos, a nuestra credibilidad. 

Desde su irrupción en 2018, Vox ha manifestado una y otra vez su intención de derogar la ley de violencia de género, una promesa que mantiene en sus programas electorales, no solo en sus discursos. Pese a lo cual, la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, decía el otro día que su feminismo es el mismo que el de Vox. Palabras que luego matizó, claro, que es que la malinterpretamos los que repartimos carnés feministas: “Lo que he dicho es que no entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres. Ese es el feminismo que debería defender Vox y cualquiera”, apostilló. 

A algunos hombres cuesta verlos como potenciales asesinos o agresores machistas porque están muy adaptados a la sociedad. Eso dicen los expertos. Pero también cuesta verlos de ese modo porque se pone en duda constantemente a las víctimas. Y esto es algo deliberado y refinado, como decía. 

El pasado 24 de enero, a Victoria la mató su expareja y padre de sus tres hijos. Figuraba en el sistema VioGén con “riesgo bajo”. En diciembre había sido condenado por quebrantar la orden de alejamiento, aunque no entró en la cárcel bajo la condición de no cometer ningún otro delito. Un mes después entró en la casa familiar y la acuchilló hasta la muerte. Además de Victoria, cinco de las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año tenían denuncias previas. 

Hay fallos evidentes en el sistema. Subestimar los testimonios de las mujeres o interpretar la violencia como un episodio aislado sigue retrasando la activación de medidas de protección eficaces. El problema —que lleva mucho tiempo siendo más una emergencia que un problema— exige coordinación interinstitucional, vigilancia y recursos suficientes. No los hay. Pero también exige una responsabilidad política y social: dejar de legitimar discursos que banalizan, niegan o desplazan la violencia machista. Porque por ahí, por las palabras, es por donde siempre comienza a filtrarse todo. 

El escritor Guillermo Alonso me decía que alguien debería tipificar oficialmente como ‘Síndrome de la fatiga ayusista’ el efecto mental e incluso físico que provoca la amplificación sistemática por parte de los medios de comunicación de cualquier declaración, provocación, acción u omisión de Isabel Díaz Ayuso. No le falta razón, hay tertulias en las que su omnipresencia es tan abrumadora que produce cansancio. Pero Ayuso, que bebe del imaginario MAGA, ha perfeccionado de forma intencionada esa alquimia del agotamiento: no buscan convencerte, lo que buscan es agotarte. 

En realidad, persiguen un efecto triple con declaraciones incendiarias o provocadoras. Por una parte, levantar una cortina de humo tan densa que tape la gestión diaria (o la ausencia de ella); por otra, confrontar al Gobierno para habitar un marco de oposición perpetua (hay quien no niega el daño de Ayuso en determinados momentos, pero lo acepta como un costo tolerable para enfrentar el sanchismo). Y lo más importante, si cabe: crear un estribillo pegadizo que tarareas en la ducha, en la calle, en el bar o en el trabajo sin darte cuenta para que, finalmente, el discurso se sostenga solo, flotando en el aire sin necesidad de tocar tierra ni datos. 

Su última maniobra ha sido la de otorgar a los EEUU la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. La excusa: ser el “faro del mundo libre”. Lo hace justo cuando la Administración Trump está dedicando todos sus esfuerzos en convertirse justo en lo opuesto a un faro de libertad, redoblando políticas en despreciar al otro, especialmente al inmigrante, acosando e incluso arrestando a periodistas o dinamitando los valores que sostienen la arquitectura de la Unión Europea. ¿El objetivo de la medalla en cuestión? Pues lo que escribía en el párrafo anterior: el ruido por oposición, un señuelo más lanzado al mar de la opinión pública.

Existe una regla no escrita en Internet llamada la Ley de Brandolini. Nace de un tuit que escribió un programador italiano llamado Brandolini que decía que “la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud superior a la necesaria para producirla”. Vamos, que si para refutar algo tienes que utilizar muchísimos empeños, ese algo se vuelve casi que irrefutable. Ahí está la clave de todo. El objetivo de Trump y sus satélites es el de convertir el debate político en algo tan desagradable y tóxico que la gente moderada se retire de la conversación pública. Algo similar ya está sucediendo en España con cómicos dejando de trabajar por las amenazas recibidas o con bastantes personas cerrando sus redes sociales o usándolas menos por preservar su salud mental. 

La verdadera victoria de este modelo no es el aplauso de los suyos —que ya lo tienen con o sin subvenciones—, sino la retirada de los otros por fatiga extrema. Por eso, precisamente, no deberíamos aceptar sus ocurrencias —váyanse a otro lado a abortar, la izquierda quiere ayudar a los terroristas de Hamás como hicieron con ETA, el lehendakari me mandó un recado un tanto preocupante, Ayuso, entzun: pim, pam, pum—, como parte del paisaje fijo o la medalla de turno como parte de un punto más del anecdotario ayusista. Ese es el cálculo previsto: la conveniencia y aceptación.

Desde que la concejala de Móstoles denunciase por acoso sexual y laboral al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, y desde la acusación contra los números dos y tres de Ayuso, Alfonso Serrano y Ana Millán, por tapar el caso y presionarla, el PP ha seguido paso a paso el perfecto manual para desacreditar a la presunta víctima (Seguramente algunos de los puntos expuestos a continuación ya os resulten familiares de casos anteriores). 

Paso 1: Cuando habla, el problema es que ha hablado. Una vez la concejala ha acudido a la prensa, desde el partido dicen que “donde se dirimen este tipo de casos es en el juzgado”, aunque previamente la hubiesen instado a no emprender ninguna denuncia (“Yo te recomendaba, y te sigo recomendando, que una denuncia pública no te beneficiaría. O sea, la denuncia judicial que luego iba a ser pública no te beneficiaría. (…) Te dije, piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal (…) lo digo yo, que vivo por y para el partido, llevo muchos años y todas hemos aguantado muchas cosas”) y aunque el protocolo antiacoso dentro del partido fuese inexistente. 

Paso 2: ¿Y por qué habla ahora? Exponen que la tardanza en denunciar y el momento elegido para hacerlo es muy sospechoso. Si la víctima habla pronto, precipitada; si habla tarde, sospechosa. “Han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido a Moncloa y para tapar que él era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría”, decía Ayuso. 

Paso 3: El denunciado se presenta como víctima. Y lo hace en una rueda de prensa rodeado de mujeres (el equivalente institucional a decir que no eres machista porque tienes madre): “Todo es absolutamente falso. Es una campaña absoluta de desprestigio. Un chantaje”.

Paso 4: “Solo es su palabra”. El mensaje es claro: la experiencia de una mujer, por sí sola, no es suficiente para activar ningún protocolo o para provocar ninguna dimisión, aunque sí lo fuese en los casos que sacudieron al PSOE. 

Paso 5: Cuestionan el acoso o lo matizan. Hablan de un simple caso de acoso laboral —como si fuese algo menor, por cierto—. O incluso hablan de comportamientos comunes asociados al flirteo. El “¿y tú cómo ligas?” de Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, es bastante clarividente en este sentido. Se trivializa para que la denuncia parezca del todo exagerada.

Paso 6: El pasado de ella entra en escena. Revuelven en el pasado de la denunciante para minar su credibilidad. Eso están haciendo ya medios afines como, por ejemplo, Debate, que ha publicado que la concejal quiso compaginar su cargo de directora de un colegio con la concejalía para cobrar 90.000 euros o que ya emprendió una denuncia por acoso sexual en un colegio.

Paso 7: También entra en escena la guerra cultural. Por si la echabais de menos. Desvían el foco amplificando el caso como parte de la omnipresente guerra cultural. En este sentido, Alfonso Serrano decía que “hay quien decide qué es una familia correcta, qué es un hombre, qué es una mujer, qué palabras están permitidas, qué bromas son delitos y cuáles no, qué libros sobran, qué convenciones culturales se pueden hacer y cuáles no, qué historia hay que borrar, qué es acoso y qué no lo es, quién es creíble y quién no lo es. Y eso lo llaman progreso. Pero es autoritarismo con maquillaje”.

Paso 8: Y, como consecuencia del punto anterior, agitan de nuevo el fantasma de las denuncias falsas por parte de las mujeres. Es un fantasma similar al del fraude electoral, la amenaza no necesita ser frecuente para ser útil: basta con repetirla hasta que parezca un problema estructural. No importa que el número de denuncias falsas sea escasísimo; el ruido está diseñado para que todas suenen dudosas. Y esta sí es una batalla real: a quién se le concede el derecho a hablar y, sobre todo, a quién se le concede el derecho a ser creído.

Esta es una historia extraordinariamente corriente sobre un chico que conoce a otro en Tinder y de esa casualidad algorítmica nace una relación que termina en pedida de mano. Lo que es del todo inusual es el escenario de la puesta en escena: un estadio de fútbol repleto de aficionados, cámaras, medios de comunicación y la habitual expectación mediática que rodea un encuentro. El pasado fin de semana, antes del partido de la Bundesliga entre el FC Köln y el Wolfsburgo, el árbitro Pascal Kaiser se arrodilló sobre el césped, estiró su mano izquierda con la que sujetaba una pequeña caja blanca y le propuso matrimonio a su pareja Moritz ante unos 40.000 espectadores.

“El fútbol ha marcado mi vida emocional, profesional y socialmente. Al mismo tiempo, sigue siendo un espacio donde las personas LGBTQ+ a menudo son invisibles o sienten presión para quedarse en silencio. Quería unir algo profundamente personal con el entorno que más me ha puesto a prueba”, explica Pascal Kaiser. Pedir matrimonio en un estadio de fútbol de primera categoría fue tanto una declaración de amor como un mensaje intencionado: “Nosotros también pertenecemos a aquí”, describe.  

Aunque la cultura intimidatoria que existe en el mundo del fútbol se ha ido suavizando con el paso de los años, los chistes homofóbicos siguen siendo una constante, especialmente en los partidos a nivel amateur. El ‘Guti, Guti, Guti maricón’ sigue sonando en algunos estadios. O al portero rival se le sigue insultando en esos términos durante su carrera para lanzar un saque de meta. “En una multitud, la gente se siente anónima y poderosa. Gritar insultos puede convertirse en una forma de afirmar su dominio, especialmente en un espacio donde se celebra la masculinidad tradicional. Solitarias, muchas de esas personas jamás dirían lo mismo. El efecto de grupo amplifica los prejuicios”, afirma Kaiser. 

La opacidad y la persistente invisibilidad es evidente entre los futbolistas –el pasado 13 de enero, Josh Cavallo, el primer futbolista profesional masculino abiertamente gay de Australia, alegó que la “homofobia interna” lo obligó a abandonar el Adelaide United. En España, ningún jugador en activo de alto nivel ha salido del armario públicamente–, pero también lo es dentro del arbitraje, un entorno “muy masculino y jerárquico”. Kaiser ha sufrido “comentarios, bromas e insultos, a veces de forma directa, a veces indirecta. A menudo no es un odio manifiesto, sino una cultura en la que ciertas palabras y actitudes se consideran 'normales', pero eso no las hace inofensivas”, relata. 

Esa sutileza en la repulsa también la sufrió dentro del propio colectivo arbitral. “Tras declararme homosexual, experimenté falta de apoyo: no me ascendieron ni me animaron, a menudo no me saludaron o rara vez me reconocieron, y me hicieron promesas que nunca se cumplieron”. No fue un rechazo abierto, describe Kaiser, sino una forma velada de exclusión. “Puede ser igual de dolorosa. Especialmente en el arbitraje, donde el apoyo y la confianza son esenciales, este tipo de comportamiento deja huella”.

La larga batalla del fútbol contra el racismo puede ser instructiva en este sentido. “Las sanciones claras envían un mensaje claro: ciertos comportamientos tienen consecuencias. La educación es importante, pero sin responsabilidad, el cambio ocurre muy lentamente”, cuenta Kaiser. Aunque sí hay precedentes de sanciones por insultos homófobos, especialmente en la Premier League, todavía son escasos. En la competición inglesa era muy frecuente el cántico ‘Chelsea rent boy’, un mito urbano según el cual un alto cargo de los Chelsea Headhunters (el grupo hooligan de ultraderecha) fue sorprendido por la policía en la cama con un trabajador sexual masculino (‘rent boy’, en jerga inglesa). En el año, 2023 el Wolverhampton recibió una multa de 100.000 libras por corear ese cántico durante un partido frente al Chelsea. La policía arrestó a tres aficionados en el Molineux Stadium que se habían negado a dejar de cantar. Durante el primer tiempo, los agentes les habían hecho advertencias verbales.

La denuncia de la que no se tiene constancia 

La historia de Kaiser dio un giro total el pasado jueves cuando los medios alemanes publicaron que en otoño de 2024, el dueño de un bar de Colonia presentó una denuncia contra el árbitro. Según estas informaciones, Kaiser presuntamente había robado unos 6.000 euros de la caja registradora del establecimiento y la Fiscalía de Colonia había iniciado la búsqueda y captura del denunciado. 

Sin embargo, al día siguiente el periódico Bild aclaró que no existe ninguna búsqueda en curso de Kaiser al que es sencillo encontrar con un perfil público en redes sociales. Desde su oficina de representación explican que tampoco tienen constancia de ninguna denuncia: “Pascal no ha recibido información oficial sobre este asunto: no hay cartas ni notificaciones formales que indiquen que se ha presentado una denuncia en su contra. El error inicial parece provenir de la fiscalía, que afirmó erróneamente que se buscaba a Pascal. Esta desinformación ha dañado significativamente la reputación de Pascal y tomaremos las medidas oportunas al respecto”.

“Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios”. Esto escribía hace una semana el neonazi Alberto Pugilato en sus redes sociales, acompañando el texto con las fechas de la gira del show ‘Hora Treintaypico’. Al mensaje le seguían bastantes amenazas contra Quequé y su equipo —“Se asesina poco en España”, “Se les ajusticiará en el portal”—. El cómico comunicaba un parón necesario para su salud mental, tras sus programas sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz y las amenazas recibidas. También cancelaron la gira por seguridad.

¿Hubo bromas que ofendieron en los programas? Sí. ¿Alguna de mal gusto? Esto es completamente subjetivo, a mí hubo una en concreto que me lo pareció. Pero lo cierto es que la ofensa no puede usarse como instrumento para regular la comedia, especialmente nunca bajo el pretexto de amenazas directas contra la integridad física de nadie. No existen directrices universales contra las ofensas; lo que para una persona es un comentario intolerable en la calle o en el trabajo, en un contexto humorístico puede funcionar como una sátira válida. Vamos, la ofensa no es un objeto estable que pueda colocarse bajo una campana de cristal y definirse de una vez y para siempre. Construir un sistema normativo sobre algo tan variable como el humor es conceptualmente defectuoso porque los absolutos morales no encajan con una forma artística que vive del matiz y, sobre todo, del contexto. El contexto lo es todo aquí. 

Pero que una broma de un humorista te ofenda —algo perfectamente legítimo y normal— no tiene por qué ser necesariamente un delito; amenazar por esa ofensa desde luego lo es. La consecuencia de todo esto es un clima en el que no se discute un chiste o un discurso, o se tacha a alguien de mal cómico o periodista, o de hijo de puta si así te lo parece, directamente se intenta silenciar a la persona que se expresa con amenazas de agresiones. Y eso ya no tiene que ver con sensibilidades subjetivas, sino con algo bastante más peligroso. 

La cómica Laura Márquez describió a la perfección esta desproporción en el programa de la Cadena SER ‘Ni tan bien’: “A mí no me gusta tu ideología, porque está basada en el odio al diferente, hago un vídeo, y amenazas con darme una paliza... ”No tenéis respeto“, te dicen. ¿Y tú sí? ¿Qué te crees que tienes la potestad de darme una hostia? (...) Estamos normalizando que la gente deje de trabajar porque recibe amenazas (...). Cuando yo te ataco con un chiste y tú con una hostia, ya sabemos quién sale perdiendo”. 

Hay amenazas que pueden descodificarse como abusos inofensivos, gente triste y aburrida que se siente empoderada o moralmente satisfecha por escribirle cuatro barbaridades a alguien desde su sofá, pero cuando las amenazas vienen de personas reconocidas por sus agresiones, algunas virales, todo deja de tener el tufillo de troll penoso para convertirse en algo mucho más grave. Si el precio de hablar es la amenaza y el precio de no ofender es el silencio lo que está en crisis no es solo la comedia o el periodismo. 

Por favor, mirad el siguiente vídeo:

¿Os habéis sentido identificados? Posiblemente.

¿Quién es él? Zack Polanski, el líder del Partido Verde en Inglaterra y Gales. Tras asumir el liderazgo el pasado año, los Verdes alcanzaron más de 100.000 miembros por primera vez en toda su historia. En lugar de mensajes sombríos, bajo su liderazgo el partido está optando por videos virales ingeniosos que giran en torno a un mismo punto: las guerras culturales de la derecha, especialmente las identitarias, están diseñadas para silenciar el debate más importante, el de justicia económica. No es que la identidad sea irrelevante; es que sin condiciones materiales dignas acaba siendo un lujo discursivo. 

¿Por qué está teniendo tanto éxito el vídeo de un político inglés, por qué se está sintiendo tantísima gente identificada con su mensaje, personas de diferentes países y latitudes, argentinos, brasileños, portugueses, españoles, italianos...? Porque no apela a quién eres, sino a lo que te pasa. Y lo que te pasa —cada vez más— se parece mucho a lo que le pasa al de al lado. Interpela desde lo básico, que es nuestra forma de vivir, no desde marcos teóricos, conceptos etéreos, cifras macroeconómicas o abstracciones ideológicas. Habla del cansancio. De la sensación de ir corriendo de un lado a otro y, ni con esas, llegar. De la rueda de hámster en la que estamos metidos. De temer abrir la factura de la luz. De los salarios atascados desde 2008 con los precios subiendo. De la estrechez impuesta por la crisis de la vivienda, que se lo come todo. De la realidad de que la concentración de la riqueza se ha acelerado, que unos pocos acumulan mucho a costa del resto. De la misma historia en todas partes: ciudades, pueblos y aldeas. Gente trabajando a tiempo completo sigue sin dinero. Comunidades matándose por generar riqueza sin que esta tenga retorno. 

El vídeo podría haberse situado en Argentina, Portugal Italia, Grecia, en cualquier parte, por supuesto también España. Hace unos días conocimos que en nuestro país hay 33 milmillonarios, los cuales concentraron en 2025 una fortuna de 197.500 millones de euros, cifra que creció en un 13,6% respecto al 2024. En los últimos doce meses, el patrimonio de los milmillonarios españoles creció cuatro veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años. Cada vez hay más ricos. Cada vez la brecha es mayor. 

El spot también ha calado porque alimenta, en cierto punto, la esperanza de cambio. Desaparece esa sensación constante de izquierda regañona y aleccionadora. Uno de los comentarios del vídeo en Youtube dice que “el odio solo puede alimentarse hasta cierto punto antes de extinguirse”. Me parece un mensaje demasiado optimista, porque el odio no parece ni remotamente cerca de la extinción, al contrario. Pero lo que parece claro es que la izquierda necesita ese otro tipo de gramática. Menos ceremonias morales o pedagógicas desde arriba y más capacidad de conectar con la gente desde abajo. La política, si quiere volver a ser algo más que un intercambio de reproches, tiene que volver a ensuciarse de realidad.

Instagram lleva días llenándose de post en los que los usuarios recuerdan el precio que pagaban por su alquiler hace justo diez años, en 2016, un ejercicio de nostalgia tan lacrimógeno como efectivo: “340 euros, gastos incluidos, por una habitación con balconcito en La Latina”, “500 euros por un piso entero a 200 metros de la Plaza del 2 de mayo”, “600 euros. Vivía solo. 2 habitaciones. Salón hermoso, cocina. Interior con luz”, “450 euros en calle Arganzuela. Dos habitaciones peques, salón cocina, un baño y dos patios”. “800 euros. Con una terraza que nunca olvidaremos”. “Vivía en Barcelona, en pleno meollo de Las Ramblas. Pagaba 800 euros por un ático brutal de dos habitaciones y terraza desde la que veía Tibidabo”. “En calle Real (Coruña). Piso de un dormitorio, salón, baño, cocina. 200 euros”. “165 euros por una habitación en la calle Dr. Fleming en Córdoba, en pleno casco histórico”. “550 euros, un ático con dormitorios y terraza en Ruzafa (Valencia)”. “Unos 380 euros por una casa maravillosa en valencia de 3 habitaciones y 3 balcones que daba al jardín botánico”.

Yo vivía con mi expareja en un piso luminoso en Arganzuela (Madrid), con una habitación y un salón bastante amplio, por el que pagábamos 650 euros, 325 cada uno. Y hasta teníamos piscina, o algo similar a una piscina. El hilo de Instagram es inabarcable y muy eficaz para constatar el deterioro en la calidad de vida que hemos sufrido en un margen temporal tan estrecho, tan solo diez años. También es un recordatorio de que nuestra seguridad estaba, todavía está y podría estar siempre en manos de otra persona, de la cuna a la tumba viviendo de alquiler. 

Se debate estos días sobre si es correcto hablar de un conflicto entre caseros e inquilinos. Sí lo es. No se trata de demonizar a unos y santificar a los otros, ni de avivar asperezas, ni de perpetuar estereotipos negativos, ni de incitar a la compasión: el conflicto está ahí porque hay intereses contrapuestos y porque uno vive, literalmente, de lo que el otro necesita para vivir; el conflicto no solo es que exista, es que está partiendo España. Negarlo o tratar de invisibilizarlo con deslumbrantes parches fiscales no soluciona absolutamente nada. 

La renta de los caseros es ya un 82% superior a la de los inquilinos, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La brecha patrimonial asciende a 23.638 euros: frente a una mediana de 52.449 euros entre los arrendadores, los arrendatarios se quedan en 28.810. No es una diferencia coyuntural ni una foto fija tomada en mal momento; es una grieta estructural por la que se filtran muchísimas desigualdades. 

En este contexto, el Gobierno plantea ahora una bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que no suban el alquiler en 2026. Es decir, plantea congelar los alquileres, que no bajarlos, bonificando al arrendador; convertir el mercado de alquiler en una manera de ganar dinero casi que lindante con un paraíso fiscal. No limitan administrativamente el abuso, simplemente confían en la buena voluntad de los arrendadores. Un bonito acto de fe fiscal, llamémosle así. 

La crisis de la vivienda es un tremendo drama personal que está empujando a muchos trabajadores a abandonar las grandes ciudades. A otros los condena a compartir habitación en la treintena o la cuarentena porque el salario no alcanza para algo tan extravagante como vivir solos. Hay quien se deja el 80 o el 90% del sueldo en un alquiler o quien tiene que llamar hogar a espacios difícilmente habitables. Y luego está una forma muy concreta de violencia cotidiana: escuchar que debes pagar aún más o marcharte. 

¿Hasta cuándo el Estado va a seguir dejando fuera los zapatos para no manchar el santuario económico del mercado inmobiliario? ¿Y por qué los agentes sociales no se están movilizando en masa para reclamar cambios efectivos? Probablemente se debe a que los propios legisladores tengan también los mismos intereses contrapuestos que los arrendadores sobre los que legislan. 

De todas las declaraciones de Trump los últimos días hay unas realizadas al New York Times que resultan especialmente estremecedoras. Trump dijo que la única restricción a su poder como presidente es “mi propia moralidad, mi propia mente”. Confirmando así que su idea del bien y del mal, su idea de la legalidad internacional o nacional, la dicta su propia moralidad. “Es lo único que puede detenerme”, aseguró Trump, aunque agregó: “No busco lastimar a la gente”. 

Estos días se habla de un nuevo “orden mundial” dictaminado precisamente por esa moralidad arbitraria de Trump, pero describirlo de ese modo, como un nuevo orden, es otorgarle una coherencia que no posee. En algún punto, la aquiescencia respecto a las políticas volubles de Trump supondrá la pérdida de soberanía. Y en este nuevo marco mundial, que no orden, cabe preguntarse cuál es la postura del PP de Feijóo porque sus vaivenes parecen orbitar en torno a un único punto: el antisanchismo. 

Ocurrió con Palestina, con una dirección nacional aferrada a la fórmula de la “masacre” pero evitando hablar de genocidio por marcar oposición respecto al Gobierno, y está ocurriendo con Venezuela, aunque la celebración triunfal inicial se terminase convirtiendo inesperadamente en una petición de terminar con el Gobierno de Delcy Rodríguez. ¿A quién lanzaban esa petición? Al aire porque ni una sola mención o crítica directa a Donald Trump.

Fruto de esa desorientación provocada por el antisanchismo, el PP ha terminado cayendo en un provincialismo embarazoso. Véase, por ejemplo, la recriminación pública de Feijóo a Sánchez de no acudir al desfile de la Pascua Militar el pasado 6 de enero, cuando el presidente del Gobierno estaba en una cumbre internacional con presencia de Rutte, Starmer o Macron. Feijóo consideró entonces que la presencia de Sánchez en esa cumbre, pese al momento de tensión internacional, estaba del todo injustificada, llegando incluso a hablar de ‘indignidad’: “Un presidente digno de su país debería estar con el jefe del Estado en un día como hoy”, apuntó. 

Una postura ambigua, encerrada dentro de la espiral de crítica interna, y con el componente adicional de Zapatero, objeto directo de ataques como el tuit de las Nuevas Generaciones de Madrid en el que sustituían su cara por la de Maduro y le pedían su detención a los Reyes Magos. Algunos incluso parecerían dispuestos a perder soberanía a cambio de recuperar el poder. 

Y todo esto mientras Ayuso se reunía en Argentina con Milei y posaba en una mesa encabezada por una motosierra en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. La Comunidad de Madrid enmarcó esta visita en un encuentro “de carácter personal”, pero allí estaba también el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Pablo Quirno. Y allí exhibieron nuevamente su excelente sintonía en plena crisis internacional, marcando el contrapaso al ambiguo movimiento de la dirección nacional del PP.  

El politólogo Raymond Aron venía a decir que las ideologías, cuando se convierten en obsesiones, pueden llegar a sustituir el análisis por la fe. En ese sentido, la obsesión de Feijóo por Pedro Sánchez puede llevarle a confundir un deseo moral con la realidad, al menos en política exterior.