En política, como en la vida, hay respuestas que suenan a evasiva antes incluso de terminar de pronunciarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, en plena Comisión de Transición Ecológica de 19 de junio de 2025, el consejero de la materia anunció que la auditoría prometida sobre el sistema eléctrico canario ya se había hecho… por los propios funcionarios de su departamento.

¿Perdón?

La afirmación cayó como una gota tibia en un océano de dudas. Porque si realmente se hizo, ¿dónde está? ¿Qué metodología se empleó? ¿Qué sistemas se auditaron? ¿Qué conclusiones se extrajeron? Nada se explicó. Nada se entregó. Nada se mostró. Solo se nos pidió que creyéramos en su existencia como quien cree en un acto de fe. Y en materia energética, la fe sirve de poco.

Podemos admitir que hay muchos funcionarios públicos en Canarias preparados y comprometidos. Lo sabemos. Pero de ahí a pensar que pueden acometer una auditoría técnica y exhaustiva sobre todo un sistema eléctrico insular, va un trecho largo. Cualquiera que haya trabajado mínimamente en este campo sabe que los sistemas de generación, transporte y distribución tienen complejidades propias y, sobre todo, que no basta con haber estado cerca para saber evaluarlos.

De hecho, seamos honestos: los propios técnicos de las empresas del sector tienen áreas muy delimitadas de competencia. Un ingeniero que lleva diez años operando líneas de alta tensión no se pondrá a evaluar una turbina de gas, ni al revés. La especialización es absoluta. Así que pretender que un reducido grupo de funcionarios, ajenos al sistema, pueda realizar esa auditoría de forma rigurosa, es como decir que un buen médico de familia puede sustituir al equipo completo de un quirófano cardiológico.

Y aquí entra una cuestión aún más incómoda: ¿cómo va a auditar la administración… a la administración? Porque uno de los objetivos esenciales de cualquier auditoría seria debería ser también evaluar el papel de las propias instituciones públicas, su capacidad de supervisión, los controles que han fallado, las alertas que no se atendieron o los procedimientos que no se aplicaron. Eso solo se puede hacer desde fuera, y con plena autonomía.

En el caso de La Palma, donde los “ceros energéticos” se han convertido casi en parte del calendario, lo mínimo que merece la ciudadanía es un diagnóstico claro, serio y completo. Porque hablar de auditoría y no acompañarla de pruebas, de datos o de documentos verificables, no es hacer política: es jugar con las palabras para ganar tiempo.

Quizá alguien crea que basta con mencionar la palabra “auditoría” para dar por cumplido el expediente. Pero no. Si no se publica el método, si no se hacen públicas las conclusiones, si no se sabe siquiera qué se ha mirado y qué se ha dejado de mirar, entonces no hablamos de una auditoría. Hablamos, con suerte, de una inspección técnica. Y con menos suerte, de una excusa.

El sistema eléctrico canario no necesita más ruido, necesita certezas. Y para eso hace falta coraje institucional, voluntad de rendir cuentas y una auditoría de verdad. Una que venga firmada por profesionales independientes, que se publique sin filtros, y que diga con claridad qué funciona, qué no y por qué.

Los ciudadanos lo merecen. Y la democracia también.

Una y otra vez, en la explicaciones que se hacen desde la Administración acerca de la “emergencia energética en Canarias”, se hace alusión a los informes de Red Eléctrica de España para justificar la necesidad de potencia adicional y de potencia de emergencia para los sistemas eléctricos de las islas. Estas supuestas deficiencias han tenido como respuesta el proceso de concurrencia competitiva para dotar de una ingente cantidad de nuevos grupos de combustibles fósiles para nuestras centrales y de más de una cincuentena de grupos de emergencia para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Por esto, y en un necesario ejercicio de transparencia ante la ciudadanía, se deberían hacer públicos estos informes, para que todos pudiéramos conocer de primera mano las razones que se esgrimen y en su caso, poder presentar objeciones.

Decimos lo de presentar objeciones porque hay cosas que no nos cuadran. Por ejemplo, si cogemos los datos de los grupos de las centrales, publicados en las Estrategias del Instituto Tecnológico de Canarias y cotejamos sus fechas de instalación y de Vida Útil Regulatoria (VUR), nos damos cuenta de que la información que, si se ha hecho pública, solo nos cuadra si se tiene en cuenta que los grupos dejan de estar disponibles cuando se cumple esta VUR, es decir, después de 25 años de su puesta en marcha. 

Pero si esto es así, tenemos un problema serio. En la actualidad, hay grupos en las centrales que están funcionando y que tienen una vida de 50 años y en estas condiciones hay muchos, por lo que se están cometiendo flagrantes irregularidades en la actualidad de las que alguien debería responder. Por otro lado, si alargar la vida de un grupo más allá de los 25 años es completamente lícito, no entenderíamos que, en medio de un proceso de transición energética a las renovables, no se hiciera para no instalar potencia fósil nueva.

Otra cuestión que nos llama poderosamente la atención es la de la potencia de emergencia. Si esta potencia de emergencia es necesaria por problemas de generación, grupos obsoletos, como se ha venido diciendo por la Administración, lo lógico es que, para ser eficientes y eficaces, esta potencia de emergencia estuviera instalada en un sitio determinado. Pero observando la distribución en Tenerife de estos nuevos grupos, se observa que se diseminan por la isla, colocando unidades en Granadilla, El Rosario, Santa Cruz y Los Realejos. Ante esto solo se nos ocurre una explicación: no solo se está intentando cubrir una supuesta necesidad de generación, sino una supuesta necesidad de la red, es decir, tenemos una red de transporte y distribución en Tenerife en condiciones precarias. Evidentemente si esto fuera así, la situación sería mucho más grave que la que nos han dibujado y podría explicar muchas cosas.

Evidentemente, todo lo anterior está formulado desde el campo de la especulación, sencillamente porque el elemento central de la justificación no está en nuestro poder.

Por todo ello y dado el interés que tiene y sus repercusiones ciertas, desde Salto a la Transición Ecológica solicitamos que los informes de Red Eléctrica se hagan públicos para que todo aquel que lo desee los pueda consultar y de esa forma poder valorar adecuadamente todas las repercusiones que dichos informes está acarreando.

La transición energética en Canarias ya no es una opción de futuro: es una necesidad urgente, estratégica y ética. Ante una realidad insular marcada por la dependencia de combustibles fósiles, unos costes energéticos desproporcionados y una exposición creciente a los impactos del cambio climático, no hay excusas para posponer decisiones que son vitales para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Canarias posee uno de los mayores potenciales renovables de Europa: sol abundante, viento constante, recursos geotérmicos aún sin explotar y un entorno marino favorable a tecnologías emergentes. Y sin embargo, nuestras islas siguen operando sistemas eléctricos anclados en lógicas del siglo pasado. La falta de almacenamiento energético, las rigideces del despacho, los vertidos de renovables por ausencia de planificación o la señal de precio desconectada de la realidad insular son síntomas de un modelo que ya no se sostiene.

Desde Salto a la Transición Ecológica, hemos presentado nuestras aportaciones a la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y lo hemos hecho con una convicción firme: Canarias no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades. Necesitamos cambios normativos, institucionales y operativos profundos. Necesitamos que el almacenamiento energético sea tratado como lo que es: una infraestructura estratégica para la estabilidad, la eficiencia y la descarbonización del sistema.

Proponemos avanzar hacia un modelo mixto de almacenamiento, que combine grandes infraestructuras hidráulicas allí donde sean viables ambiental y socialmente, baterías estacionarias en redes de distribución, soluciones térmicas e industriales, y tecnologías incipientes como el hidrógeno verde. Todo ello debe estar integrado en una planificación energética insular, vinculante y participativa.

También creemos que ha llegado el momento de replantear cómo se retribuye la energía renovable en Canarias. No podemos seguir dependiendo de un precio peninsular que no refleja ni nuestros costes reales ni nuestros objetivos climáticos. Proponemos una señal de precio basada en el coste evitado de generación fósil, con bonificaciones por valor sistémico (almacenamiento, servicios de red, reducción de emisiones) y penalizaciones por vertidos evitables.

Pero más allá de la ingeniería o la regulación, esta transición necesita visión de conjunto y decisión política. Requiere la creación de una autoridad energética regional que coordine, impulse y supervise el cambio; planes específicos para las islas no capitalinas, muchas veces marginadas; una integración real del binomio agua-energía; y sobre todo, una ciudadanía informada, protagonista y partícipe del nuevo modelo.

Esta no es solo una cuestión técnica. Es una oportunidad histórica para democratizar la energía, reducir desigualdades, proteger nuestros ecosistemas y construir un futuro más justo. Y no puede seguir postergándose. La emergencia climática no espera.

Desde nuestra organización, hacemos un llamamiento a todas las administraciones, instituciones y agentes sociales para que den un paso al frente. El tiempo del diagnóstico ya pasó. Ahora es el momento de actuar con coherencia, ambición y responsabilidad.

Hace unos días, el consejero de Industria del Cabildo de Tenerife nos regaló una perla para el debate energético: “Canarias no estará preparada para ser 100% renovable hasta dentro de 40 o 50 años”. Nada menos. Medio siglo. Así, sin despeinarse.

Y claro, al escuchar semejante previsión, uno se pregunta si el objetivo es lograr la transición energética… o disecarla.

Porque sí, es cierto que hablar de almacenamiento energético, de intermitencia o de estabilidad del sistema da cierto empaque técnico al argumento. Pero no nos engañemos: presentar un plazo de 50 años como si fuera una conclusión inevitable de los modelos eléctricos, en lugar de una coartada institucional para seguir sin moverse demasiado, raya lo cómico.

La historia energética de Canarias en los últimos 20 años podría resumirse como un despliegue coreografiado de buenas intenciones, seguidas por una pausa, una comisión, otra pausa, una revisión técnica, una nueva ley, una mesa sectorial... y vuelta a empezar.

Y ahora, en lugar de aceptar que el problema es político y administrativo —que lo es—, se nos dice que lo que falta es “tiempo”. Medio siglo, concretamente. Como si estuviéramos esperando que maduren los mangos de la innovación, o que la eólica marina florezca por generación espontánea.

Mientras tanto, territorios como Madeira, Hawái o incluso El Hierro —con todas sus limitaciones— demuestran que con voluntad, planificación y tecnología disponible, se puede avanzar de forma tangible y ambiciosa hacia un sistema más limpio y autónomo. Pero nosotros, tranquilos, que tenemos hasta 2070.

Otro clásico del argumentario inmovilista es culpar a la tecnología. “No tenemos aún capacidad suficiente de almacenamiento”, se repite como si habláramos de ciencia ficción. Sin embargo, los sistemas de baterías, las centrales hidroeléctricas reversibles y el hidrógeno verde ya no son prototipos: son soluciones comerciales, funcionales y, en muchos casos, ya implementadas en otras islas del mundo.

La central de Gorona del Viento no es perfecta, pero existe. Y es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir usándola como “excepción exótica” en lugar de como punto de partida?

Seamos serios: la tecnología no es la barrera. El problema no es que no podamos. Es que no queremos lo suficiente como para incomodarnos. Lo que falta es planificación, voluntad y, sí, valentía política. Porque transitar de un modelo fósil a uno renovable implica tocar intereses. Y ahí es donde se nos acaban las prisas.

Mientras dejamos que pasen las décadas, seguimos importando petróleo como si fuera agua bendita, a precio de mercado internacional y con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Cada subida del crudo se traduce en más coste energético, más dependencia y más emisiones. Pero eso sí: luego organizamos congresos climáticos y hablamos de “neutralidad de carbono” como si estuviéramos en Oslo.

Todo esto ocurre en un archipiélago que disfruta de más de 2.800 horas de sol al año, un potencial eólico extraordinario, posibilidad de bombeo reversible en varias islas, y un sistema eléctrico compacto y manejable. Vamos, el escenario perfecto para liderar la transición energética… si no fuera porque aún estamos esperando el permiso, el informe técnico o el estudio de impacto que permita empezar algo más que una nota de prensa.

Plantear la descarbonización de Canarias en 2070 no es solo poco ambicioso: es un insulto al sentido común y a la urgencia climática. Es colocar el cambio en el terreno del “algún día” para evitar asumir compromisos hoy. Y lo más preocupante es que este tipo de discursos, al venir revestidos de “realismo”, gozan de cierta credibilidad pública.

Pero no nos confundamos: esto no es realismo, es derrotismo técnico-institucional. Y si no corregimos el rumbo, los 50 años que nos prometen no serán una exageración, sino una profecía autocumplida.

Las islas pueden ser 100% renovables mucho antes de 2070. Pero no será con discursos de espera, ni con titulares de resignación. Será con planificación, inversión pública y privada, participación ciudadana y, sobre todo, con el coraje político que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.

En el proceso de descarbonización son muy importantes las expectativas y el peso de Tenerife en el archipiélago hace que declaraciones sobre la transición energética como éstas por parte del  Consejero de Industria de su Cabildo tengan especial trascendencia pues envía señales negativas a todos los agentes implicados en este proceso en Canarias. Invitamos a D. Manuel Fernández a rectificar sus declaraciones, su presencia en el cargo que ostenta no debiera ser un obstáculo para los desafíos de la transición energética en la que estamos inmersos. 

El viejo agricultor del artículo del ingeniero Álvaro Artiles, publicado el 20 de septiembre, seguro que sabe distinguir entre lo que conviene no olvidar en el ámbito individual a la hora de comprarse una lavadora, una casa o unos paneles solares y lo que debe tener en cuenta la administración, si es responsable, en cuanto a inversiones en renovables para afrontar la emergencia climática, no para hacer un buen negocio. Porque don Alvaro, las apariencias engañan, convertir cuestiones complejas en simples se presta al engaño.

El viejo agricultor, de ahora en adelante la ciudadanía, ya sabe que el proceso de descarbonización lleva consigo acabar con las centrales térmicas de fuel-oil y sustituirlas por aerogeneradores y placas fotovoltaicas, y que estas fuentes renovables tienen el problema de que dependen de las horas de sol y viento, es decir, que no son constantes, por lo que se requieren infraestructuras de almacenamiento a gran escala, y esto es El Salto de Chira, que almacenará energía en forma de agua.

La decisión de optar por el Salto de Chira, es decir, por las centrales de bombeo reversible no es una decisión aislada del Cabildo de Gran Canaria. le recordamos que hay fundamentos técnicos y estudios previos que la avalan, existe un documento en la web de la Consejería de Transición Ecológica denominado Estrategia de Almacenamiento Energético de Canarias, en el que se describe detalladamente la metodología de cálculo para estimar las necesidades y capacidades de almacenamiento de nuestro archipiélago en la transición energética.

Este tipo de decisiones de la administración van más allá de un simple cálculo de coste-beneficio, pero es que encima no es un mal negocio para Gran Canaria, ni para Canarias, ni para los españoles, ni para el Estado español.

Veamos.

Cuando El Salto de Chira esté funcionando, el Estado y los ciudadanos se ahorrarán 122 millones de euros cada año, que dejarán de transferir a ENDESA, de los alrededor de 800 millones que esta compañía cobra anualmente de las arcas públicas por producir electricidad con fuel-oil en Canarias. Eso se traducirá en un menor gasto en la producción de electricidad, que repercutirá positivamente en la factura de la luz. Conviene recordar que el precio de la luz es el mismo en todo el Estado, para bien de los canarios por cierto, pues si tuviéramos que pagar la luz en función de los costes, aquí resultaría mucho más cara, entre otras cosas, por los famosos 800 millones de los que hablábamos antes.

No es necesario ser especialista, sólo lector atento de la prensa diaria, para saber que los costes de producción de la energía hidroeléctrica una vez amortizadas las instalaciones, son insignificantes, en contraposición al gas o al fuel-oil. Es de las pocas cosas que entiende todo el mundo de todas las informaciones que están saliendo sobre este complicado tema de la factura de la luz

La energía renovable se produce a un coste mínimo, pero no es suficiente con tener una gran potencia instalada de placas solares y aerogeneradores porque no siempre hay sol y viento cuando más energía consumimos. De hecho, los patrones de consumo y generación no coinciden. Por eso, se requiere de instalaciones que permitan almacenar esa energía producida y no consumida para poder utilizar cuando sea necesario. Y lo requiere en grandes cantidades, lo que se traduce en una infraestructura costosa, de la cual la construcción de los dos embalses necesarios es la parte más cara. Pero resulta que en Chira Soria las presas ya las tenemos. Hace 60 años nuestros padres o abuelos, según la edad de cada cual, levantaron estas dos grandes presas, las más grandes de Canarias. La maquinaria de la central y las canalizaciones representarían sólo una pequeña parte de lo que costaría la obra de tener que incluir la creación de los dos embalses. Y una vez, levantadas estas infraestructuras, la producción de energía es barata y limpia ecológicamente.

Por otro lado, la ciudadanía tiene que saber que las obras de el Salto de Chira no las van a financiar ni el Cabildo, ni los grancanarios, ni los canarios, sino que la financiará en primer término REE y en última instancia todos los ciudadanos y el Estado, que verán cómo se abaratan los costes de producción derivados de dejar de producir electricidad con las centrales de fuel-oil y gas-oil. En definitiva, en el futuro se repercutirá positivamente en el precio final de la electricidad. Pero no olvidemos que si bien el Salto de Chira supone una inversión de 450 Millones de euros, ésta ahorrará durante toda la vida útil de la instalación 122 millones anuales de euros, que deja de ingresar el titular de las centrales térmicas de las islas, y también se lo ahorrarán nuestros pulmones, sobre todo el de los vecinos de Jinámar.

En cuanto a las cifras que utiliza, decirle que no son rigurosas, ni son las apropiadas para dar una visión objetiva de qué inversiones conviene o no realizar en cuanto a energías renovables en un escenario de emergencia climática.

El coste por kw instalado no es un dato a tener en cuenta en el debate en que nos encontramos, puede que lo sea para el inversor privado. Una vez instalada la central de bombeo, el coste por Kwh, como ya dijimos, es muy bajo y esta central puede tener una vida útil de hasta 70 años, comparado por ejemplo, con los 10-15 años máximo de las grandes baterías, que además son contaminantes, como usted sabe. El dato significativo en esta cuestión no es el coste por Kw instalado, sino el coste por Kwh producido, es decir, no la potencia sino la energía producida. Esta confusión es imperdonable D. Alvaro.

En cuanto a Gorona del Viento, central de bombeo reversible en la isla del Hierro, decirle que es un proyecto experimental en una isla con poca población y que ha tenido un éxito innegable al haber logrado una espectacular penetración de la energía renovable en 8 años. Además, es importante explicar que la función del Salto de Chira es distinta, ya que su objetivo principal es la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables. Por tanto, una vez en funcionamiento, la central REE no recibirá ninguna retribución por KWh turbinado ni bombeado. 

Para acabar, decirle a toda la ciudadanía de Gran Canaria, que estamos ante la oportunidad de dar un paso decisivo hacia la descarbonización con el Salto de Chira. Para nosotros es un compromiso ético poner todo lo que esté de nuestra parte para ponerle freno a la emergencia climática. Principalmente por esto, defendemos este proyecto.