Las historias de las mujeres que había en los talleres aragoneses no siempre han aparecido en los libros. Sin embargo, tratan de todas aquellas que aprendieron un oficio de sus madres o de sus maestras, que perfeccionaron técnicas durante décadas, que pusieron en valor lo artesanal y que hoy se enfrentan al reto de transmitir ese conocimiento. Para recoger esas voces antes de que se apaguen, Claudia Saavedra y Ainhoa Escudero han creado ‘Entrelazadas’, un podcast que pone el foco en las mujeres que mantienen vivos los oficios tradicionales y en todo lo que se transmite con ellos.

El proyecto acaba de estrenar su segundo episodio, protagonizado por Natalia Lázaro, restauradora de antigüedades y artes aplicadas y tercera generación de una familia vinculada a este oficio. Desde L’Atelier Virgòs, el taller familiar de Zaragoza, la conversación se adentra en el relevo generacional y la responsabilidad de conservar objetos que también guardan la historia de quienes los poseyeron. Antes, el episodio piloto había acercado al público a Esperanza Antón, pintora de cerámica de Muel desde los 18 años.

“Mucha gente que se dedica a estos oficios nos dijo que por fin se veía reflejada, o que una historia así merecía más reconocimiento. Y el mensaje que más se repetía era ”¿para cuándo el segundo?“, recuerda Claudia. Para Ainhoa, esa respuesta confirma que ”hay una parte de nuestra memoria contemporánea que quiere ser escuchada“.

De una amistad a un proyecto compartido

Claudia y Ainhoa se conocieron en la inauguración de Casa Virgós, a través de Natalia Lázaro, y volvieron a coincidir meses después en la Anticonvocatoria de JECCAM, una iniciativa de participación juvenil vinculada a la cultura comunitaria. 

“No había tiempo para darle muchas vueltas, y eso nos ayudó, porque elegimos lo que de verdad nos movía a las dos”, explica Claudia. Pusieron en común sus inquietudes y descubrieron que compartían la preocupación de que las historias de las mujeres de su entorno no siempre encontraban espacio en los relatos oficiales.

Detrás de esa afinidad hay trayectorias diferentes, pero atravesadas por la cultura, la comunicación, la creación y la perspectiva de género. Claudia trabaja en comunicación audiovisual, cuenta con formación en Género y Políticas de Igualdad y desarrolla una investigación doctoral en Comunicación. Ainhoa se formó en Artes Escénicas, cursó un máster en Gestión Cultural y es creadora textil.

podcast en“En la Universidad se nos habló poco de referentes intelectuales y artistas femeninos y menos, por no decir que nada, de referentes cercanos, de nuestras ancestras y contemporáneas”, señala Ainhoa. En este sentido, tal y como remarca, abuelas, madres, amigas y vecinas también forman parte de la cultura, aunque sus conocimientos no siempre reciban el reconocimiento que merecen.

Para Claudia, esa inquietud tiene raíces familiares: “Mucho de lo que sé no lo aprendí en la escuela, sino que me lo enseñaron mi madre y mi abuela”. 

“Escuchándolas entendí que muchas veces son las mujeres quienes guardan la memoria. Guardan la de una familia y también una manera de hacer, de mirar, de escuchar y de sentipensar”, explica. Ainhoa llegó a una conclusión parecida mientras estudiaba Artes Escénicas en Madrid, donde descubrió a referentes como Las Sinsombrero.

Ahora, según comparten, esa mirada se traslada a cada episodio, ya que las protagonistas no aparecen solo como depositarias de una técnica, sino como mujeres con recorridos propios, decisiones, dificultades y aprendizajes. “Cuando escuchas a la persona, el oficio deja de ser una pieza de museo”, resume Claudia, quien añade que “aparecen las casualidades que la llevaron hasta ahí, las dudas, las risas, la gente que la enseñó”.

En los encuentros con las artesanas, las creadoras descubren que un oficio rara vez se aprende en solitario. Esperanza Antón llegó a la cerámica a los 18 años y aprendió de una maestra que enseñó a decorar a muchas mujeres de Muel. Por su parte, Natalia Lázaro recibió el legado de su madre, Pili, y continúa una historia familiar que ya suma tres generaciones dedicadas a la restauración.

“Detrás de cada artesana hay una cadena de mujeres que se han ido pasando el oficio”, cuenta Claudia. En este sentido, ambas remarcan que esa transmisión comprende mucho más que la destreza manual, ya que incluye palabras para nombrar herramientas y materiales, soluciones aprendidas con la experiencia, relaciones con proveedores y clientes, y una forma particular de entender el trabajo. 

Por eso, la desaparición de un oficio sin relevo no solo supone perder una actividad económica o una técnica. “Se pierde muchísimo. No solo la técnica o el oficio, sino todas las historias que han ido pasando de generación en generación, las de las propias personas, la historia cultural de un lugar”, advierte Claudia. Además, Ainhoa añade que también desaparecen “décadas de experiencia” y aprendizajes que no figuran en ningún manual.

La continuidad, a su vez, no siempre resulta sencilla. Esperanza les habló de las dificultades de sostener una tradición artesana en un contexto en el que buena parte de las compras se realizan por internet. Al mismo tiempo, el segundo episodio amplía esa reflexión a la restauración. En el caso de Natalia, los objetos no son piezas aisladas, sino que cada mueble conserva rastros de las familias a las que ha pertenecido y de las vidas que han pasado por él. “Se heredan las emociones”, apunta Claudia.

Una memoria que se escucha

La elección del formato sonoro responde a esa misma voluntad de preservar lo que a veces se pierde al transcribir una conversación. La voz conserva el ritmo, el acento, las pausas, las risas y las emociones de quien recuerda. “Incluso cómo una persona se para para buscar un recuerdo”, apunta Claudia.

Las grabaciones se realizan en los propios talleres, en un ambiente que favorezca la conversación y permita que el lugar también forme parte del relato. Ainhoa destaca que el audio registra, además, “el encuentro, la complicidad y la relación surgida entre entrevistada y entrevistadoras”. De hecho, tal y como añade, se trata de generar un espacio de confianza en el que cada mujer pueda contar su historia a su manera.

El proyecto también aspira a salir de los auriculares, por lo que sus creadoras trabajan en una temporada de cuatro episodios, vinculados a las estaciones del año, y contemplan organizar un taller presencial impartido por una de las artesanas y una grabación con público.

Mientras recorren Aragón, Claudia y Ainhoa siguen descubriendo oficios que desconocían y mujeres cuyo trabajo había quedado en segundo plano. De hecho, Claudia conserva piezas de cerámica de Esperanza y objetos restaurados o decorados por Natalia que ahora tienen para ella un valor diferente. Asimismo, Ainhoa, que aprendió a coser hace años y mantiene un pequeño proyecto textil, reconoce el tiempo y el esfuerzo que exige el trabajo manual. “He empezado a mirar con más amabilidad a las mujeres de mi entorno, comprendiendo más y mejor de dónde vienen”, cuenta.

Quizá esa sea una de las claves de ‘Entrelazadas’, que detrás de una pieza hay unas manos, detrás de unas manos una historia y detrás de esa historia otras muchas que la hicieron posible. En una época marcada por la rapidez y la tecnología, Claudia desea que quienes encuentren el archivo dentro de unos años sientan curiosidad por esos oficios. “Ojalá también inspiren a alguien a seguir aprendiendo y manteniendo vivos esos oficios”, dice.

A los 18 años, María del Carmen García hizo una maleta y salió de Zaragoza para estudiar Medicina en Hungría. No sabía entonces que aquella decisión sería el comienzo de un camino que la llevaría a terminar la carrera en Roma, a especializarse en Enfermedades Infecciosas en Milán, a trabajar durante seis meses en Brasil con enfermedades tropicales y maternoinfantiles y, ahora, a plantearse incluso cruzar el Atlántico para continuar su formación en Estados Unidos.

Tampoco sabía que, después de tantos años de formación, una de las preguntas más difíciles de responder sería dónde podrá trabajar cuando quiera volver a casa. Como explica en una entrevista a elDiario.es, quiere volver a España y, más en concreto, a Zaragoza, su casa. Sin embargo, se ha formado como infectóloga en un país donde las enfermedades infecciosas son una especialidad independiente y está a punto de terminar una residencia de cuatro años que no tiene un equivalente directo en el sistema español.

“Volver a España y ejercer como infectóloga es difícil. No sabría dónde meterme porque no existen plazas como tal”, explica.

No es una cuestión menor para una médica que ha elegido esa disciplina porque entiende que su valor está en mirar allí donde otras especialidades pueden no hacerlo, como es en el microorganismo que provoca una enfermedad, pero también en cómo ese microorganismo afecta al conjunto del organismo y en cuándo es necesario tratarlo y cuándo no.

“Ya se había pedido que Infecciosas se separase de Medicina Interna, pero yo creo que con la covid se volvió como un problema evidente. Aunque Medicina Interna son médicos maravillosos y superformados, al final el mundo de Infecciosas es un mundo muy vasto, muy grande”, sostiene.

Bacterias, virus, parásitos y las consecuencias que provocan en el organismo conforman un campo que, además, atraviesa prácticamente toda la medicina. Una infección en una prótesis puede requerir el trabajo conjunto con Traumatología; una infección de una válvula cardíaca, con Cardiología; un paciente oncológico que desarrolla una infección, con Hematología. También están el VIH, las infecciones de transmisión sexual, las infecciones durante el embarazo, las enfermedades importadas o las infecciones hospitalarias. “Al final es una especialidad muy transversal. Trabajas mucho con todos los sectores de la medicina”, explica.

Esa transversalidad es, de hecho, una de las características que más le atraen de la especialidad. También una de las razones que, a su juicio, hacen necesario que exista una formación específica: “Es una especialidad muy rica. Tienes como los pacientes de infecto orgánicos, que son, por ejemplo, el VIH, la gente con el sida, que es un paciente muy clásico nuestro, pero luego trabajas con todo el mundo. Entonces, a mí me encanta”.

Sin embargo, en España, las enfermedades infecciosas todavía no están reconocidas como una especialidad médica independiente. La disciplina continúa vinculada en buena medida a Medicina Interna, aunque la creación de una especialidad propia lleva años sobre la mesa y el proceso para su reconocimiento continúa avanzando.

Para esta médica, no se trata de sustituir a los internistas ni de reclamar un territorio exclusivo. “El objetivo no es quitarle el trabajo a nadie en absoluto, sino trabajar juntos, en equipo. Al final, yo creo que es como una hiperespecialización que está subiendo en medicina. Nos vamos como bifurcando. Y antes o después va a tener que separarse esta rama de Medicina Interna”, afirma.

El médico que piensa también en el microorganismo

Para detallar qué puede aportar un infectólogo, le basta con acordarse de una llamada de su propio padre, ginecólogo y médico con décadas de experiencia. Tal y como recuerda, él tenía una paciente con un nódulo axilar y había llegado a un punto en el que no encontraba una explicación. En ese caso, ella le propuso abordarlo también desde una perspectiva infecciosa y solicitar algunas pruebas específicas, que acabaron confirmando que se debía a una bacteria.

“Mi padre me lo dijo. Me dijo: ‘Fíjate, yo llevo 40 años ejerciendo y no se me había pasado por la cabeza que pudiera ser una bacteria’. Y por eso yo creo que es importante que haya gente especializada en este campo”, cuenta.

No se trata, insiste, de que un infectólogo tenga que intervenir en cada infección. De hecho, una parte importante de su trabajo consiste en saber cuándo no hay que intervenir.

“Hay mucha gente que me conoce, que sabe que me dedico a esto y me llaman muchísimo por cosas. Por ejemplo: ‘Me ha salido tal bacteria en el examen de orina, ¿qué hago, la tengo que tratar o no?’. Y al final eres una persona que está especializada en eso y puedes decir: ‘Mira, si no tienes síntomas, no te preocupes, que no pasa nada’. Y a lo mejor un urólogo te trata directamente. Yo, como infectóloga, pienso más en el beneficio de no tomar el antibiótico”, reconoce.

Ahí aparece otra de las batallas de una especialidad que trabaja también contra los excesos del uso de antibióticos y es saber qué infección existe, qué microorganismo la provoca y, sobre todo, cuándo un tratamiento aporta realmente un beneficio.

La población, no obstante, apenas sabe que existe esa figura. “Creo que la gente no sabe que existen los infectólogos. Nadie lo sabe y no les culpo”, agrega.

Una infección pulmonar lleva al neumólogo; una infección durante el embarazo, al ginecólogo; una infección de piel, al dermatólogo. El infectólogo aparece muchas veces detrás, trabajando con todos ellos. Sin embargo, cree que debería ser una opción visible para el paciente: “Es otra perspectiva de la medicina, otra forma de solucionar el problema”.

Asimismo, para ella, esa perspectiva adquiere todavía más importancia en un mundo en el que las enfermedades infecciosas no entienden de fronteras. En este sentido, sostiene que, como sociedad, “nos hemos dado cuenta en muchos momentos de que un microorganismo nos puede aniquilar a todos en poco tiempo”. “Por eso tiene que haber alguien que sepa gestionar este tema desde el centro, desde el propio microorganismo”, admite.

Una médica formada fuera que quiere volver

La historia de María del Carmen también es la de una médica que nunca ha dejado de buscar dónde aprender. Nació en Zaragoza, pero a los 18 años se marchó a Hungría para comenzar Medicina. Tres años después surgió la posibilidad de trasladarse a Italia a través de un convenio universitario. Hizo las pruebas, las superó y terminó la carrera en Roma, íntegramente en inglés.

Cuando llegó el momento de elegir especialidad, incluso llegó a preparar los exámenes para Estados Unidos. Finalmente, fue su padre quien le sugirió la posibilidad de continuar en Italia y hacer la residencia allí, ya que hablaba italiano y Enfermedades Infecciosas estaba entre las opciones que más le interesaban.

“En mi cabeza pensaba hacer Medicina Interna, típico, y subespecializarme en Infecciosas. Pero como sabía que en Italia Infecciosas ya existía, dije: ‘Bueno, voy a aplicar a ver qué pasa’. Y entré en Milán. Así que dije, venga, voy a intentar a ver si me gusta o no me gusta, y aquí estoy”, recuerda.

Ahora, a punto de terminar el próximo 30 de octubre, también recuerda su paso por Brasil, donde durante seis meses trabajó con enfermedades infecciosas, maternoinfantiles y tropicales. Allí se encontró con un sistema sanitario que le sorprendió y con enfermedades que, para una especialista formada en Europa, adquirían una dimensión completamente distinta.

“Me he encontrado con un sistema de sanidad increíble, primero de todo. Siendo un país tan grande y con tanta población en situación de vulnerabilidad, me ha sorprendido mucho lo bien que llegan a todo el mundo y lo bien que lo gestionan”, relata.

Además, se encontró con infecciones que en España pueden resultar excepcionales y que en Brasil forman parte de la práctica cotidiana. “Para mí, que me dedico a esto, muchísimas infecciones que son raras para nosotros son mucho más comunes allí. Como el Chagas, que a lo mejor en España se hacen controles y de repente sale positivo uno, pero no tiene la distribución que tenía en Brasil. El hecho de que son muy expertos en tratar infecciones raras, para mí ha sido muy útil”, indica.

La experiencia le sirvió también para descubrir otra forma de entender la formación médica, ya que se trata de una enseñanza muy ligada a la actualización constante y a la literatura científica.

“Creo que he evolucionado un montón personal y profesionalmente. Al final es verdad que a lo mejor el camino que he escogido yo se ha ido haciendo. Yo no pensé nunca que terminaría viviendo en Hungría, en Italia o en Brasil. Ha sido un camino más alternativo, que a lo mejor te pone un poco más difícil encajar dentro del patrón, pero es sumamente enriquecedor”, asegura.

Su siguiente paso podría ser Estados Unidos. Cuando termine la residencia, quiere intentar acceder allí a una segunda especialidad, Pediatría, durante tres años. Tal y como cuenta, esta rama le atrae, sobre todo, aquello que tiene que ver con infecciones en niños y mujeres embarazadas, incluida la prevención de la transmisión vertical del VIH. Más adelante, incluso contempla una subespecialización en Enfermedades Infecciosas Pediátricas.

Pese a que no sabe si será dentro de un año, cinco o diez, sí tiene claro que quiere volver a España. “Me daría mucha ilusión ayudar también en nuestra sanidad. Seguramente tengo mucho que aprender de todo el mundo que está haciendo medicina en España, pero creo que también voy a tener mucho que llevar”, admite.

El problema es que, si cuando regrese las Enfermedades Infecciosas siguen sin contar con una especialidad independiente, tendrá que volver a empezar a buscar su sitio. “No creo que pudiera ejercer en un hospital público porque aún no hay una especialidad así. Es cierto que quizás también podría tener hueco, por ejemplo, en consultas de fertilización in vitro, ya que hacen muchísimos test de infecciones y si saliese un valor alterado, me lo podría derivar. Tendría que hacerme mi propio hueco, pero trabajo hay, sin duda”, comparte.

Una especialidad que espera su sitio

Su reivindicación no nace solo de su propia trayectoria. De hecho, la SEIMC lleva años reclamando el reconocimiento de la especialidad y sostiene que la formación específica es necesaria para responder a infecciones complejas y emergentes. En enero de 2026, el comité técnico encargado de evaluar la propuesta emitió un dictamen favorable y consideró adecuada una formación de cinco años.

El proceso continúa, aunque, mientras tanto, médicos como ella siguen formándose en otros países donde Enfermedades Infecciosas sí constituye una especialidad independiente.

En su caso, no reniega del camino que ha escogido, ya que, tal y como afirma, “ha sido como una sucesión de puertas que se han ido abriendo”. “Lo que parece inalcanzable es alcanzable”, dice al mirar hacia atrás.

“Es un trabajo muy sacrificado. Ya no solo físicamente, porque hacemos turnos muy largos, sino emocionalmente. Veo que me llevo el trabajo a casa. A lo mejor no consigo desconectar al cien por cien de lo que he hecho ese día, del paciente que he visto o de una decisión que he tomado, que a lo mejor me ha costado tomarla o he dudado”, reconoce.

Durante años vio a su padre trabajar sin entender del todo por qué tanta entrega: “Si hay una cosa que he ganado es admiración por mi padre, porque durante toda mi infancia le he visto trabajar, trabajar, trabajar y nunca he entendido por qué tanta entrega. A pesar de que a mí siempre me ha llamado la medicina y me ha inspirado él también a hacerla, ahora lo entiendo”.

De hecho, para ella ser médico no consiste solo en identificar una patología, sino que es “un estilo de vida” porque, al final, “estás tú para echarle un cable a una persona que está en un momento de máxima vulnerabilidad”.

Esa dimensión humana es, por lo tanto, la que considera que no debería perderse en una medicina cada vez más tecnológica. “Me doy cuenta de que mucha gente intenta relativizar el ejercer como médico, pero a mí me gusta seguir a la persona. Creo que es algo maravilloso de nuestro trabajo que la IA nunca va a llegar a sustituir”, afirma.

Salir de la zona de confort

Es en ese momento, entre microorganismos, hospitales, guardias, investigación y viajes, donde aparece la razón última por la que eligió una profesión que ahora la obliga a buscar un lugar donde ejercerla. “Salir de nuestra zona de confort nos cuesta a todos y puede dar miedo, pero para mí es emocionante. Es darte cuenta de que siempre hay otro límite al que no has llegado todavía”, reflexiona.

Quizás esa es la mejor forma de entender su trayectoria porque, según admite, “cuando sales y experimentas otras opciones, te das cuenta de que el mundo es enorme y que las opciones son 10.000”. En este sentido, agrega que “si hay una opción que no encaja contigo, no tienes por qué obligarte a encajar, ya que habrá otras que no conoces, pero sí existen”.

En su caso, no sabe cuándo volverá a Zaragoza ni tampoco en qué país ejercerá dentro de cinco años. Sin embargo, sí tiene claro que quiere que todo lo aprendido durante estos años termine regresando con ella.

“Me gustaría volver. No sé cuándo, si voy a volver de aquí a un año, de cinco o de diez, pero sé que voy a volver. Y llevaré todo lo que he ido aprendiendo por el camino”, concluye.

500 euros al mes por 16,5 metros cuadrados. Esa es la referencia de partida que se maneja para una de las habitaciones individuales de Aloha Pirineos, la nueva residencia para jóvenes que abrirá sus puertas en a finales de 2026 en Zaragoza. El proyecto nació con la premisa clara de ofrecer alojamiento asequible a menores de 30 años sobre suelo público. Sin embargo, cuando se pone la cifra y el tamaño de la habitación uno al lado del otro, la palabra “asequible” empieza a ser discutible.

“La residencia está muy bien porque tienes todo incluido y no tienes que preocuparte de buscar piso, pero pagar 600 o 700 euros todos los meses no es algo que pueda pagar cualquier estudiante. Deberíamos tener más opciones”, asegura Laura, estudiante de ciencias.

La cantidad todavía no es definitiva, pero los responsables del complejo sitúan actualmente el precio de salida alrededor de los 500 euros mensuales, frente a los aproximadamente 400 euros que se manejaban cuando el proyecto fue adjudicado en 2021. La subida acumulada en estos años se justifica por la evolución de los costes, pero el resultado es una habitación de poco más de 16 metros cuadrados por una cantidad que para muchos jóvenes supone una parte importante de sus ingresos.

A cambio, Aloha ofrece acceso a zonas comunes y servicios como lavanderías, comedores, gimnasio, salas multiusos, cine, coworking y una gran terraza con vistas al Ebro y al Pilar. También están previstos servicios de limpieza y cambio de ropa de cama. Se trata del modelo de coliving, un modelo residencial que ha ganado terreno en las ciudades y que transforma la habitación en una propuesta más amplia.

No obstante, el problema reside en que el precio ya no se mide únicamente por los metros cuadrados, sino por todo lo que se ofrece alrededor. Por lo tanto, lo que sobre el papel se presenta como una alternativa al alquiler convencional puede terminar siendo inasumible para el mismo joven al que pretende facilitar el acceso a una vivienda.

Zaragoza se llena de residencias

Aloha Pirineos forma parte de una transformación mucho más amplia del mercado residencial de la capital aragonesa. La ciudad estrena este septiembre tres nuevos alojamientos para jóvenes que suman más de 1.100 plazas. De hecho, son proyectos de grandes dimensiones, impulsados en buena medida por empresas y fondos de inversión, que han encontrado en la falta de vivienda para estudiantes y jóvenes un mercado en expansión.

La mayor residencia de todas las que se han construido es Bravo! Actur, con 676 camas y una inversión de unos 40 millones de euros. Sus habitaciones parten de unos 520 euros mensuales en las modalidades más económicas y alcanzan alrededor de 650 euros para los alojamientos individuales, sin incluir determinados servicios de manutención.

Esta infraestructura ofrece piscina exterior, pista de pádel, gimnasio, restaurante, salas de estudio y espacios comunitarios. Por todo ello, la propuesta se parece cada vez menos a la tradicional residencia universitaria y más a un pequeño complejo residencial donde el alojamiento se combina con ocio y espacios de convivencia.

“Todo eso está bien, de verdad. Pero una vez que terminemos la carrera, no tendremos alternativas que sean asequibles. En algunas residencias podemos quedarnos hasta los 30 años, pero, en el caso de no querer estar aquí y buscar más independencia, tampoco podemos ir a un piso porque es inasumible”, reivindica Luis, también estudiante de la rama científica.

Del mismo modo, añade que lo que buscan los jóvenes en estos momentos son “lugares en los que poder seguir siendo jóvenes, pero también vivir y pensar en el futuro”. “Está todo imposible. Lo de la compra es algo que ni me lo planteo, obviamente, pero los alquileres están por las nubes. Y pagar más de 600 euros al mes una sola persona hace que no puedas ahorrar porque lo que cobramos muchas veces no da”, afirma.

También ha llegado a Zaragoza Odalys Campus, con 180 estudios individuales con cocina y baño privados. Sus precios se sitúan aproximadamente entre los 700 y los 1.200 euros al mes. En el centro, el antiguo colegio Virgen Reina acoge 77 habitaciones de Be Live, con tarifas que parten de los 850 euros.

De hecho, no son los únicos. Kadora cuenta con 205 habitaciones y ha alcanzado el 100% de ocupación durante los dos últimos cursos, con precios de entre 672 y 1.035 euros. Xior, por su parte, dispone de 377 plazas y ofrece determinadas habitaciones desde unos 405 euros, aunque el coste aumenta según el tipo de alojamiento y los servicios incluidos.

El resultado es un mercado con más plazas y servicios, pero también con precios elevados. Las residencias se han convertido en una alternativa cada vez más habitual para quienes llegan a Zaragoza a estudiar, pero también en un negocio inmobiliario con un creciente interés inversor.

Más camas, pero no necesariamente más asequibilidad

La contradicción aparece cuando se compara esta expansión con la situación económica de sus potenciales usuarios. Un estudiante que paga 500 euros por una habitación en Aloha, 520 en Bravo! o 700 en otras residencias no está accediendo a una vivienda barata, sino a una fórmula diferente de alojamiento, con servicios adicionales que pueden hacerla más cómoda, pero que también forman parte del precio.

La cuestión es si llamar “alquiler asequible” a una habitación de 16,5 metros cuadrados por 500 euros cambia realmente la situación de un joven que no puede asumir el precio de una vivienda convencional. “No me importa que tenga menos cosas, mientras el precio sea más barato. Lo que necesito es tener un sitio donde dormir, el resto es adicional”, sostiene la estudiante de ciencias.

En el caso de Aloha, además, el debate tiene el elemento añadido de que es suelo público, ya que el proyecto fue impulsado por el Gobierno de Aragón para generar una alternativa residencial para menores de 30 años y la concesión se planteó bajo el concepto de alojamiento asequible. En este sentido, la Administración mantiene la titularidad del suelo mientras la explotación corresponde a la empresa adjudicataria.

La diferencia respecto a una residencia privada convencional está, por tanto, en el origen del proyecto y en las condiciones de la concesión. Sin embargo, para quien tiene que pagar la factura a final de mes, la pregunta se basa en cuánto dinero se necesita para poder vivir allí.

El alquiler tradicional tampoco da tregua

La proliferación de residencias llega además en un momento en el que el alquiler convencional se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. Compartir piso sigue siendo una opción habitual, pero encontrar una habitación a un precio razonable, en una zona bien comunicada, con buenas condiciones y sin problemas en el propio edificio se ha vuelto cada vez más difícil.

No obstante, las residencias solucionan algunos de esos problemas porque allí no es necesario buscar compañeros, contratar suministros ni equipar una vivienda y, en muchos casos, la limpieza, internet o determinadas comidas están incluidas. Para un estudiante que llega desde otra ciudad o desde otro país, la comodidad, aunque tiene un coste, puede pesar tanto como el precio.

Aun así, el fenómeno refleja la necesidad de que en Zaragoza haya más alojamiento para estudiantes y jóvenes de una manera más asequible porque, en su mayoría, no cuentan de partida con los mismos recursos que podría tener una persona más adulta.

“Cuando estás estudiando o sales de la carrera, lo que te ofrecen son contratos bastante precarios. Así es imposible. Creo que es muy difícil pensar en construir un proyecto de vida teniendo un salario normal y pagando la mitad de él en una residencia”, añade la estudiante de ciencias.

En este escenario, también se detecta que modelo residencial ha evolucionado y la habitación ha dejado de ser solo un lugar para dormir. De hecho, es esa transformación la que permite a las empresas justificar precios que pueden superar los de una habitación tradicional porque el usuario no compra solo una habitación, sino que también adquiere servicios y una determinada forma de vida.

Las organizaciones estudiantiles ya han puesto el foco en esta contradicción. Durante una protesta celebrada con motivo del inicio del curso, colectivos universitarios denunciaron los problemas para encontrar alojamiento a precios asequibles y cuestionaron que las nuevas residencias, con habitaciones que parten de alrededor de 400 euros, respondan a las posibilidades económicas de los estudiantes.

Los colectivos reclaman ampliar la oferta pública y señalan que las ayudas para alojamiento resultan “insuficientes” para hacer frente a los precios actuales. Su demanda apunta a un problema que va más allá de una residencia concreta, ya que aumentar el número de camas no garantiza que aumente también el número de jóvenes que pueden permitírselas.

“Al final necesitas ayuda de tus padres”

La experiencia de los propios estudiantes permite aterrizar unas cifras que, sobre el papel, pueden parecer asumibles para una parte de las familias. “Cuando empiezas a buscar te das cuenta de que una habitación ya cuesta mucho dinero. Y si además quieres estar cerca de la universidad, encontrar algo que puedas pagar es difícil”, añade Luis, una idea a la que Laura también añade que “si queremos ser independientes, así es imposible empezar a hacerlo”.

“Todos acabamos pidiendo ayuda a nuestros padres, pero no todos los padres pueden ayudar a sus hijos. Parece que no se tiene en cuenta y por mucho que nosotros podamos buscar trabajo, si más de la mitad de nuestro sueldo se va solo en el alojamiento, no podemos hacer mucho más”, agrega ella.

Mientras una habitación de 16,5 metros cuadrados puede alcanzar los 500 euros incluso dentro de un proyecto concebido sobre suelo público como alojamiento asequible, otras residencias privadas superan los 800 o 1.000 euros mensuales. El mercado ofrece cada vez más opciones, pero también obliga a preguntarse quién puede acceder realmente a ellas.

La paradoja es que el problema que estas residencias pretenden solucionar puede seguir existiendo para quienes no tienen capacidad económica para pagar el nuevo modelo residencial que, como reivindica Laura, “un contrato temporal o una beca de prácticas no llega”.

Cuando una persona tiene 50 o 60 años, trabaja, tiene hijos o incluso continúa cuidando de sus propios padres, cuesta imaginar que detrás de algunos despistes, cambios de comportamiento o dificultades para encontrar una palabra pueda estar el Alzheimer. Sin embargo, la enfermedad también aparece antes de los 65 años y obliga a familias enteras a reorganizar una vida que todavía estaba lejos de la jubilación.

En la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza (AFEDAZ) explican que cada vez reciben a más personas jóvenes ya diagnosticadas. La directora del Centro CAI-AFEDAZ y del Área Social, Teresa Díaz de Terán, señala en una entrevista a elDIario.es que actualmente atienden a personas de poco más de 60 años, aunque también han tenido casos más jóvenes.

Según los datos que maneja AFEDAZ, el 22,6 % de la población aragonesa con diagnóstico de Alzheimer tiene más de 65 años, mientras que el 71,78 % de la población aragonesa mayor de esa edad reside en la provincia de Zaragoza. Unos datos que muestran también la dimensión territorial de una enfermedad que no afecta de la misma manera a todas las familias ni tienen todos el mismo acceso a recursos especializados.

De hecho, tal y como afirma, la mayor investigación y la recomendación de consultar ante los primeros síntomas están favoreciendo que algunos casos lleguen antes a los servicios especializados. “Lo que estamos viendo es que hay más investigación y que, ante el mínimo síntoma, se avisa al médico de atención primaria para que pueda derivar a Neurología y haya un diagnóstico precoz”, explica.

El comienzo no siempre resulta evidente, ya que los primeros síntomas pueden ir desde despistes que salen de la rutina habitual hasta problemas para encontrar palabras o dificultades para expresarse. El problema es que, cuando la persona es joven, esos cambios pueden atribuirse a otras circunstancias y “retrasar la sospecha”.

“Los primeros síntomas que suelen notar son cambios en el comportamiento, cambios de personalidad o los típicos despistes, que a veces también derivamos un poco por la edad”, señala Díaz de Terán.

Por eso, y con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora este 21 de septiembre, desde AFEDAZ insisten en no normalizar cualquier cambio que resulte llamativo, pero tampoco en convertir un olvido puntual en una alarma. La recomendación es consultar cuando aparezca algo persistente o fuera de lo habitual y dejar que sea el profesional sanitario quien determine qué está ocurriendo.

El camino hasta el diagnóstico, además, no siempre es rápido. Después de acudir a Atención Primaria llega la derivación a Neurología, donde se realizan las pruebas necesarias. Y, una vez confirmado el diagnóstico, las familias empiezan a descubrir qué significa realmente convivir con la enfermedad.

“Hay mucha desinformación de la enfermedad. Hay veces que salen con un diagnóstico, pero realmente no saben nada de la enfermedad”, apunta la directora de AFEDAZ.

Una enfermedad que cambia los planes de toda una familia

Recibir un diagnóstico a los 55 años no tiene las mismas consecuencias que recibirlo a los 80. No solo porque la persona puede encontrarse todavía en edad laboral, sino porque sus responsabilidades y su entorno son diferentes ya que puede haber hijos a cargo, una pareja que trabaja, hipotecas, proyectos pendientes o incluso padres mayores que necesitan cuidados.

Es más, la enfermedad también puede obligar a abandonar el trabajo. En AFEDAZ han conocido casos en los que incluso los propios compañeros detectaron que algo estaba ocurriendo y se pusieron en contacto con la asociación. Como explica Díaz de Terán, la posibilidad de continuar trabajando depende de la fase de la enfermedad, las funciones que desempeñe la persona y su evolución. “Normalmente suele ser más gente que se acaba de jubilar o así, pero cuando surgen estas cosas en edad laboral hay una incapacidad laboral para poder seguir con su trabajo”, explica Díaz de Terán.

No obstante, según afirma, la prioridad es conservar la autonomía “mientras sea posible”. “Nosotros lo que intentamos es mantener la autonomía de la persona, que siga haciendo sus actividades todo el tiempo posible, sus rutinas. Eso es lo mejor”, subraya.

Dentro de esta situación, aparece también otra figura importante como es la de la persona cuidadora. En este sentido, sostiene que a ellos también les “cambia la vida completamente”. Por eso, AFEDAZ trabaja también con los familiares, ofrece atención psicológica y organiza grupos de ayuda mutua en los que quienes atraviesan situaciones similares pueden compartir experiencias o dudas.

“Cuidar al cuidador” es, de hecho, una de las reivindicaciones que la asociación considera esenciales. El objetivo es que los familiares dispongan de un espacio propio y de herramientas para afrontar una enfermedad cuya evolución puede traer cambios de conducta, alteraciones del sueño, deambulación o una dependencia cada vez mayor.

El diagnóstico precoz como punto de partida

Para AFEDAZ, llegar cuanto antes al diagnóstico permite empezar antes a trabajar sobre los síntomas y sobre la autonomía. La asociación ofrece atención integral en las distintas fases de la enfermedad, desde talleres y estimulación cognitiva hasta terapia ocupacional, fisioterapia, apoyo psicológico, centro de día, atención domiciliaria y residencia.

La atención se adapta a las necesidades de cada etapa, desde el Centro de Psicoestimulación para personas en fases iniciales o con deterioro cognitivo leve hasta el centro de día, la asistencia médica y terapéutica a domicilio, las estancias temporales o una residencia especializada con atención las 24 horas. El objetivo común es mantener durante el mayor tiempo posible las capacidades y la autonomía de la persona y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio de descanso y apoyo a quien cuida.

La entidad cuenta con 5.148 socios y alrededor de 60 trabajadores, además de una red más amplia de profesionales y voluntarios. También desarrolla actividades formativas para cuidadores profesionales y no profesionales y se desplaza al medio rural, donde detectan una mayor falta de recursos.

La atención fuera de Zaragoza es uno de los retos que la asociación intenta abordar. Como recuerda la directora, una trabajadora social y una psicóloga se desplazan a municipios del medio rural para ofrecer charlas, formación y orientación sobre la enfermedad y los recursos disponibles, con el fin de acercar información a familias que pueden tener más dificultades para acceder a servicios especializados.

“Lo que nosotros queremos recalcar y reivindicar es el diagnóstico precoz. Es muy importante que haya un diagnóstico precoz para poder actuar cuanto antes y ayudar a paliar los síntomas de la enfermedad”, subraya Díaz de Terán.

La asociación también apuesta por la formación como herramienta de prevención y acompañamiento. Asimismo, organiza actividades gratuitas para cuidadores profesionales y no profesionales y sesiones sobre distintas cuestiones relacionadas con las demencias, además de actividades de sensibilización dirigidas a la sociedad.

La detección temprana no significa únicamente poner nombre a lo que ocurre, sino que también permite que la persona y su familia conozcan los recursos disponibles, puedan planificar decisiones y empiecen a adaptar la atención a las necesidades de cada momento. El propio Ministerio de Sanidad ha señalado que el retraso diagnóstico constituye un problema relevante cuando la demencia aparece antes de los 65 años, entre otras razones porque la edad puede alejar la sospecha inicial.

Para Teresa Díaz de Terán, además, la detección precoz debe ir acompañada de una mayor información social. “Igual hoy no te toca, pero en otro momento te encuentras con alguien o tú mismo que sí que la vives”, explica al hablar de la importancia de que la población conozca la enfermedad y sepa identificar cuándo conviene consultar.

El reto, por tanto, no pasa solo por diagnosticar antes, sino también por cambiar la mirada social. El Alzheimer continúa asociado en el imaginario colectivo a personas muy mayores, cuando un diagnóstico temprano puede irrumpir en etapas de la vida completamente distintas.

De ahí la importancia de que la población conozca los signos de alerta y sepa dónde acudir. Desde AFEDAZ recomiendan consultar ante cualquier síntoma que resulte llamativo o persistente y, una vez iniciado el proceso diagnóstico, buscar información y apoyo especializado.

“Que cualquier mínimo síntoma lo puedan consultar con su médico, que no duden en consultarlo y que se les derive en Neurología”, resume Díaz de Terán.

Porque cuando el Alzheimer aparece antes de lo esperado, no solo cambia la vida de quien recibe el diagnóstico. Cambian los planes, los tiempos, los cuidados y las relaciones de toda una familia, por lo que, cuanto antes se conozca esa nueva realidad, antes podrán empezar también a construir la manera de afrontarla.

Morir no es solo una cuestión médica, como tampoco lo es cuidar. Cuando una persona afronta una enfermedad incurable, alrededor aparece una familia agotada, alguien que vive solo, una compra que ya no puede hacer, una conversación que nadie se atreve a iniciar o un dolor que debería estar controlado. Para atender también esa parte de la vida han empezado a crecer en Aragón las llamadas comunidades compasivas, una red que busca recuperar algo tan sencillo como que la comunidad vuelva a cuidar de quienes tiene cerca.

Aragón cuenta ya con cinco proyectos en marcha, como son ECOPAL Fraga, ECOPAL Casablanca, Teruel ComPasión, Alcañiz se Cuida y Huesca Compasiva. Sus responsables compartieron experiencias por primera vez en una misma mesa los días 3 y 4 de septiembre en Zaragoza, durante el XXI Curso de Verano de Enseñanza e Investigación en Bioética, organizado por el Colegio Oficial de Médicos y la Universidad de Zaragoza bajo la dirección del doctor Rogelio Altisent.

“Es muy alentador, porque son cinco proyectos muy bien situados en todo el territorio”, explica Altisent, director del curso y presidente del Consejo Científico de Fundación Dignia, en una entrevista a elDiario.es. Para él, este despliegue refleja que Aragón está incorporándose a un movimiento internacional que lleva alrededor de dos décadas extendiendo experiencias de comunidades compasivas.

La filosofía es común, aunque cada proyecto tiene su propia personalidad, la idea es que vecinos, asociaciones, voluntarios, colegios, residencias, farmacias, comercios y administraciones puedan participar en el cuidado. “La filosofía es activar el tejido social, activar la comunidad para cuidarnos unos a otros”, resume Altisent.

La idea, explica, parte de desterrar la percepción de que cuando una enfermedad ya no tiene cura “ya no hay nada más que hacer”: “Precisamente la filosofía de las comunidades compasivas y la filosofía de los cuidados paliativos es que tenemos muchísimas cosas que hacer, cuando a lo mejor la expectativa de vida es corta, pero lo que hacemos es ensanchar la vida, ampliar la vida de otra manera, porque cuidamos de la calidad de vida de la gente”.

Del deseo de ayudar a detectar una necesidad

Una primera generación de comunidades compasivas se centraba en sensibilizar a la población y extender una cultura de cuidados, mientras que los nuevos modelos quieren dar un paso más detectando situaciones que pueden pasar desapercibidas, así como evaluando las necesidades y activando los recursos disponibles.

Es el modelo ECOPAL, impulsado por Fundación Dignia y la Cátedra Dignia de la Universidad de Zaragoza. El programa arrancó en Fraga en septiembre de 2025 y llegó al distrito zaragozano de Casablanca en marzo de 2026. Entre ambos han atendido 71 casos y formado a más de 180 personas durante el primer semestre de este año.

La idea es crear “antenas” de detección en la propia comunidad, ya que una persona puede advertir que una vecina que acudía cada mañana a la panadería lleva días sin aparecer, que alguien que vive solo necesita ayuda o que una familia está desbordada. Esa señal llega al programa y permite valorar qué está ocurriendo.

“Una comunidad sensibilizada detecta, escucha, observa y se transmite al radar del programa”, recoge el modelo ECOPAL. Altisent insiste en que esta segunda generación de comunidades compasivas no se queda en una declaración de buenas intenciones: “Aquí lo que se hace son cosas concretas, se detectan las necesidades, se ponen en marcha los recursos y luego evaluamos”.

A partir de ahí, el equipo analiza las necesidades médicas, emocionales, sociales y espirituales y trata de movilizar los recursos que ya existen en el territorio: centros de salud, servicios sociales, voluntariado o asociaciones.

Natalia Fortón, directora de una residencia de Fraga y responsable de ECOPAL en esta localidad, conoce esa realidad desde dentro. “Las necesidades ya las conocíamos y las sufríamos diariamente”, explica. Sin embargo, el proyecto le ha permitido descubrir que fuera de la residencia también había muchas situaciones que permanecían ocultas en los domicilios.

La diferencia está precisamente en intervenir antes. Según Fortón, la atención sanitaria especializada en cuidados paliativos suele llegar cuando la enfermedad está ya muy avanzada, pero el modelo comunitario permite hablar antes con las familias, orientarlas, asesorarlas y acompañarlas.

Una cama en casa en lugar de un box de urgencias

El cambio puede medirse también en un lugar sensible como son las residencias de mayores. En este sentido, Altisent pone el ejemplo de Fraga, ya que, hace unos años, alrededor del 70 % de los residentes que fallecían lo hacían en el hospital. Con ECOPAL, el porcentaje se ha invertido y ahora se sitúa en el 30 %.

“Hemos dado la vuelta al indicador”, subraya y, aunque la diferencia no es únicamente estadística, para el director del proyecto significa que una persona puede permanecer en su habitación, con su entorno y su familia, en lugar de terminar sus últimos momentos en un box de urgencias.

Las residencias son una pieza importante para estas comunidades porque concentran una elevada proporción de personas mayores con enfermedades incurables y necesidades paliativas. No obstante, Altisent advierte de que los cuidados paliativos siguen teniendo una presencia insuficiente en estos centros.

El objetivo no es evitar cualquier traslado hospitalario porque hay situaciones en las que una intervención médica es necesaria. Sin embargo, otras podrían abordarse en el propio entorno si existen profesionales preparados y recursos suficientes. “A veces es muy triste ver cómo se fallecen los abuelos en los boxes de urgencias, cuando lo humano es que estas personas puedan fallecer en su cama rodeados de su familia”, afirma.

Cuidar también es hacer la compra

La comunidad compasiva parte de la idea de que no todo lo que necesita una persona enferma tiene que resolverlo el sistema sanitario. De hecho, como comparten ambos profesionales, en un pueblo pequeño puede ser un vecino quien se ofrezca a comprar el pan o recoger una medicación. Del mismo modo, una asociación puede organizar un voluntario para hacer la compra, una farmacia puede convertirse en un punto de escucha o un comercio puede detectar que alguien que acudía cada día ha desaparecido.

“Es tejer red de comunidad”, resume Mercedes Castellote, responsable de Teruel ComPasión. “Los valores del cuidar y entender lo que es el cuidar se han ido muy delegando en el área sanitaria y en el área social”, advierte. Para ella, la compasión significa reconocer que alguien está sufriendo y “dar un paso para intentar aliviar el sufrimiento del otro”.

En Teruel, el proyecto nació en 2023 impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer y cuenta con un equipo motor integrado por entidades sociales, sanitarias, educativas y comunitarias.

La iniciativa surgió de una realidad marcada por la dispersión territorial, la desigualdad en el acceso a recursos, la soledad no deseada y la falta de apoyos suficientes para quienes cuidan. Castellote defiende que “el modelo puede ser útil en territorios rurales”, donde todavía sobreviven redes vecinales que permiten detectar necesidades, aunque también existen “barreras como la desconfianza o la tendencia a mantener los problemas dentro del domicilio”.

“Las comunidades compasivas pretenden retomar la visión del cuidado de la comunidad”, explica. La responsabilidad no recae exclusivamente en médicos, enfermeras o trabajadores sociales, sino también en cada ciudadano y en su capacidad para mirar alrededor.

La muerte también entra en las aulas

Ese cambio cultural empieza incluso antes de que aparezca una enfermedad grave. ECOPAL ha llevado los cuidados y el final de la vida a las aulas de quinto de primaria, con alumnos de 10 y 11 años.

Los resultados muestran que hablar de la muerte no genera indiferencia. En Fraga, el 92% de los alumnos mostró interés por aprender sobre la enfermedad avanzada e incurable y la disposición a ayudar superó el 84%. Sin embargo, también apareció una diferencia significativa entre el entorno rural y el urbano, debido a que el 57% de los estudiantes de Fraga entendía que los cuidados paliativos sirven para mejorar la calidad de vida, frente al 27% de Casablanca.

Fortón reconoce que las sesiones sorprendieron por la participación de los niños. “Necesitan saber todo esto, hablar de la muerte, hablar de las enfermedades y hablar de cuidar”, sostiene, al mismo tiempo que añade que “los niños necesitan estar en los acontecimientos familiares tanto buenos como malos, porque el día de mañana lo van a vivir e incluso a veces se dan casos en los mismos colegios de algún niño que está enfermo o algún familiar cercano”.

Los datos revelan además que un 78% de los alumnos ya había perdido a alguien cercano y alrededor de la mitad nunca había hablado sobre la muerte ni en casa ni en el colegio. El objetivo, por tanto, “no es adelantarles una realidad dolorosa, sino proporcionarles herramientas para afrontarla cuando llegue”.

Para Altisent, trabajar con estas edades puede tener un efecto multiplicador porque un niño que aprende a detectar la soledad o la necesidad de cuidados puede llevar esa mirada a su propia casa. “De repente le dicen a su madre que se han acordado de una señora mayor que parece que está enferma y muy sola y que se van a pasar un rato con ella”, ejemplifica, por lo que “conseguir esto es la bomba, es una auténtica revolución culturalmente”.

Luchar para que los cuidados paliativos lleguen antes

Las comunidades compasivas no pretenden sustituir al sistema sanitario. En este sentido, los responsables insisten en la necesidad de que exista una “coordinación estable” con los servicios públicos.

La legislación aragonesa reconoce desde 2011 el derecho a una muerte digna y prioriza la atención en el entorno domiciliario, pero no establece ratios de profesionales por población, cobertura territorial garantizada ni financiación específica. En Aragón existen ocho Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAC), pero Altisent considera que son “insuficientes” y señala además que los grandes hospitales públicos de la comunidad no disponen de unidades propias de cuidados paliativos.

La estimación que maneja es que alrededor del 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos especializados no los reciben. “En estos momentos no puede ser que la gente esté con dolor. No puede ser”, reivindica, ya que “la medicina en estos momentos puede aliviarlo porque tiene recursos, por lo que, cuando una persona pasa el tiempo y sigue con dolor, hay un déficit asistencial y hay que resolverlo”.

Al mismo tiempo, asegura que una persona que se encuentra al final de la vida puede necesitar tratamiento para el dolor, pero también compañía, apoyo emocional, ayuda social o atención a su familia.

“Los cuidados paliativos son para los últimos días de vida. Esto es un error que además hace mucho daño”, sostiene Altisent, además de subrayar que, “cuando decimos que tenemos que llamar al equipo de cuidados paliativos, la gente se asusta porque asocia cuidados paliativos a final de vida. Esto es un error que hay que combatir y hay que dar la batalla cultural para cambiarlo”. Por lo tanto, tal y como admite, la idea sería incorporarlos de manera precoz cuando aparece una enfermedad incurable, aunque el pronóstico sea todavía de años.

“Los cuidados paliativos no pretenden curar nada. Lo que pretenden es dar calidad de vida cuando aparece una enfermedad incurable”, explica. Y pone como ejemplo las demencias, en las que una persona puede convivir durante años con la enfermedad y necesitar cuidados paliativos mucho antes de encontrarse en los últimos días.

El siguiente paso es demostrar que estas experiencias funcionan y que pueden reproducirse en otros territorios. Para ello, ECOPAL desarrolla junto a la Cátedra Dignia una investigación de 24 meses que comparará Fraga con una comarca de control y seguirá a unos 80 pacientes, 80 familias y 40 profesionales, con evaluaciones en cuatro momentos y un cálculo del retorno social de la inversión.

“Hay que demostrar que eso funciona, que eso realmente transforma la vida de la gente”, señala Altisent. La evaluación pretende convertir una iniciativa basada en la participación ciudadana en un modelo que pueda aportar evidencia para futuras decisiones de salud pública.

Teruel ComPasión avanza en una dirección similar y es que su equipo motor reúne cuatro grandes áreas —sanitaria, social, administrativa y educativa— y una quinta pata de participación comunitaria. Esa estructura ya ha permitido trasladar a las administraciones necesidades detectadas desde el propio territorio, como la falta de recursos específicos para personas sin hogar que reciben el alta hospitalaria sin domicilio ni cuidador principal.

Castellote reconoce que todavía queda camino por recorrer: “Llevamos tres años. ¿Qué decir, que somos bebés? Debemos seguir trabajando”. A su vez, considera que “sentar en la misma mesa a administraciones, profesionales sanitarios, entidades sociales, universidad y ciudadanía permite empezar a transformar necesidades concretas en propuestas de política pública”.

El objetivo último no consiste en crear una red paralela al sistema sanitario, sino en recuperar una dimensión del cuidado que durante años se ha ido delegando en profesionales. “Los valores del cuidar y entender lo que es el cuidar se han ido muy delegando en el área sanitaria y en el área social”, remarca.

Asimismo, la apuesta de estas comunidades es que cuando llegue una enfermedad incurable, nadie tenga que afrontar en soledad todo lo que viene detrás del diagnóstico.

Porque, como resume Altisent, “la vida está en todo, pero es que el final de vida también está en todo”.

Hay problemas que empiezan con una apuesta, pero que terminan ocupando mucho más espacio que el de una pantalla o una casa de apuestas. Se meten en la economía familiar, alteran las relaciones, generan desconfianza, culpa, discusiones y silencios y, poco a poco, pueden convertir el hogar en un lugar de tensión permanente. De hecho, cuando el juego se convierte en una adicción, la partida ya no la juega solo quien apuesta sino toda la familia.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio de la Universidad de Zaragoza que pone el foco en su impacto sobre el conjunto del hogar y su relación con las conductas suicidas. Los datos analizados muestran que, mientras alrededor del 1% de los hogares sin problemas de adicción al juego reportan conductas suicidas, el porcentaje asciende hasta el 34% cuando algún miembro de la familia presenta un trastorno por juego.

La investigación, realizada por Rosa Aísa, Patricia Gascón y Gemma Larramona, profesoras del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, analiza datos representativos de la Encuesta nacional FOESSA, que recoge información de más de 18.000 hogares españoles.

El trabajo, titulado 'Trastorno por juego, contexto familiar y riesgo de suicidio: evidencia a partir de una encuesta de hogares españoles' (Gambling Disorder, Family Context, and Suicide Risk: Evidence from a Spanish Household Survey), intenta no estudiar únicamente a la persona que juega o a la persona que presenta una conducta suicida, sino observar qué ocurre dentro del hogar en el que ambas realidades pueden convivir.

“La investigación plantea que el juego problemático puede afectar a toda la familia y que las características de ese hogar importan. De hecho, incluso en hogares que no tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes la convivencia con una persona con adicción al juego se asocia con una mayor probabilidad de que se produzcan conductas suicidas en el seno de la familia”, explican las autoras.

La presentación de este trabajo coincide con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves 10 de septiembre, con una tasa de mortalidad por suicidio en España de ocho de cada 100.000 personas y un total de 3.808 suicidios en 2025. Sin embargo, detrás de las cifras individuales, hay también hogares que conviven con intentos de suicidio, sufrimiento psicológico y situaciones de vulnerabilidad. Es más, en torno al 1% de los hogares de la muestra había experimentado alguna tentativa de suicidio en su entorno familiar.

Cuando el problema deja de ser solo dinero

La relación entre el trastorno por juego y dificultades económicas parece evidente, ya que las deudas o la pérdida de ingresos pueden convertirse en una fuente constante de angustia. No obstante, el estudio señala que reducir el problema del juego a sus consecuencias económicas sería quedarse en la superficie.

“Las adicciones al juego en la familia ocasionan un deterioro y estrés financiero, pero también afectan al bienestar psicológico y a las relaciones interpersonales que se producen dentro de la familia”, explica Gemma Larramona, una de sus autoras. Es decir, la deuda es solo una parte del problema y la otra, quizá menos visible, se instala en la convivencia.

En este sentido, la investigadora añade que esta situación puede generar “algunas dinámicas, tensiones y vulnerabilidades dentro de la propia convivencia familiar”, lo que puede ocasionar heridas irreparables en algunos casos.

De hecho, uno de los resultados que más cuestiona la idea de que el trastorno por juego es sobre todo un problema económico aparece al observar los hogares que, pese a no tener dificultades para llegar a fin de mes, también presentan una mayor asociación entre trastorno por juego y conductas suicidas.

“En nuestro trabajo hemos encontrado que el principal efecto de la adicción al juego sobre las conductas suicidas no se explica únicamente por el deterioro económico”, apunta Larramona, quien reconoce que una parte sí está relacionada con el estrés financiero, pero que “la mayoría procede del propio estrés que provoca dentro de la familia”. De esta forma, la casa se convierte en el escenario donde confluyen no solo factores económicos, sino también psicológicos y relacionales.

La deuda como una correa de transmisión

Las dificultades económicas sí desempeñan un papel importante. Las familias que manifiestan dificultades para llegar a fin de mes presentan aproximadamente tres veces más probabilidad de reportar conductas suicidas que aquellas que se encuentran en una situación neutra o positiva.

Sin embargo, la presión económica no aparece aislada, ya que puede actuar como una especie de cadena que conecta otras situaciones de vulnerabilidad con el sufrimiento psicológico.

“Esa presión funciona un poco, en realidad, como un canal, una correa de transmisión”, explica Larramona, al mismo tiempo que indica que “lo que hace es transmitir distintas condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser bajos niveles educativos o precariedad laboral, pues se transmiten a través de ese estrés financiero que terminan transformándose en un aumento real del riesgo de conductas suicidas”.

Una deuda, por tanto, puede ser mucho más que una cifra pendiente de pago y condicionar decisiones, relaciones y expectativas, convirtiendo la incertidumbre económica en una fuente de estrés para toda la familia.

Asimismo, la inseguridad residencial constituye otro ejemplo. “Casi el 20% de los hogares donde se produjo una tentativa de suicidio había tenido algún miembro durmiendo en el albergue o en la calle”, señala la profesora.

Los datos del estudio dibujan así un mapa de vulnerabilidades en el que aparecen también los trastornos del estado de ánimo, los problemas de alcohol y drogas, los abusos psicológicos, la discriminación, los antecedentes penales o determinadas estructuras familiares.

“Por tanto, el mensaje no debería ser 'juego = suicidio', sino que el juego problemático se inserta en un conjunto de vulnerabilidades familiares, psicológicas, sociales y económicas”, recalcan las investigadoras, quien comparten que un 40% de los hogares con tentativas de suicidio han sufrido abusos psicológicos, discriminación o tienen algún miembro con problemas de salud mental.

El sufrimiento de quienes están alrededor

La psicología ayuda a explicar qué ocurre cuando una adicción empieza a afectar a todos los que rodean a quien juega. Para Jesús Padilla, psicólogo especializado en niños, adolescentes y adultos y orientado desde el enfoque cognitivo-conductual, la adicción deja una huella que no desaparece en la puerta de casa.

“Básicamente porque al final lo que es una adicción, sea un trastorno por juego o incluso una adicción a sustancias, siempre genera lo que es una huella a nivel familiar”, explica, y “toda esa huella a nivel familiar son emociones, son problemas, son situaciones conflictivas en el propio entorno del paciente”.

Ese desgaste puede terminar afectando a la salud mental de quienes conviven con la persona adicta. “Esto es lo que nos arrastraría quizás a veces a sintomatologías depresivas o ansioso-depresivas que desencadenarían, en el peor de los casos, en lo que es una conducta suicida”, apunta.

Es un sufrimiento que, además, puede permanecer oculto durante mucho tiempo y, bajo el punto de vista de Padilla, “las familias del paciente pueden llegar a tener ese sufrimiento en silencio”. En este sentido, afirma que la gestión emocional de lo que ocurre en el día a día, la resistencia al cambio, el endeudamiento o las dificultades para recuperar la confianza generan un desgaste progresivo.

“Hay un desgaste emocional en el entorno familiar. Ese desgaste emocional nos podría llevar a unos cuadros depresivos y esa depresión nos podría llevar a una conducta suicida”, reconoce. La familia puede convertirse de esta forma, paradójicamente, en una de las principales afectadas y al mismo tiempo en uno de los espacios fundamentales para detectar que algo está ocurriendo.

Además, sostiene que “no hace falta ser especialista en salud mental para detectar que algo ha cambiado”, por lo que Padilla señala que el entorno cercano puede prestar atención a transformaciones en la gestión del dinero, las rutinas, los hábitos o las actividades de ocio. “Simplemente es un plano para observar si ha habido algún cambio significativo en las últimas semanas o meses”, explica.

En el caso de una posible conducta suicida, también pueden aparecer señales relacionadas con los hábitos nocturnos, el sueño, la alimentación, la higiene o el estado emocional. Por todo ello, subraya que, “ante cualquier cambio significativo, habría que ir a manos de un especialista de la salud mental, un psiquiatra, un médico o, en su caso, un psicólogo o una psicóloga”.

Sin embargo, la detección no siempre es fácil, sobre todo en el caso del juego, porque la persona que presenta la adicción puede tardar en reconocer que existe un problema. “La conciencia del problema es la parte del punto de salida. La persona tiene que saber que está habiendo un problema, lo tiene que identificar y tiene que dar voluntad de cambio”, añade.

Por eso, el papel de la familia no debería ser solo el de vigilar, sino también el de acompañar: “El primer punto es que la familia arrope por completo a la persona y que la acompañe en ese cambio de conducta, en ese cambio de pensamiento, y que intente hacer ver de la existencia de un problema y de la necesidad de un cambio”.

No todo es deuda, también se pierde confianza

El deterioro económico suele ser uno de los primeros impactos visibles, pero a medida que la adicción avanza aparecen otras consecuencias como la pérdida de confianza, los problemas de autoestima, los conflictos y las dificultades para gestionar las relaciones. “Al final, todas las consecuencias que vemos tocan varias áreas a nivel socio-familiar, más allá del aspecto económico, personal o laboral”, admite Padilla.

La dinámica puede convertirse en una “bola de nieve” porque la necesidad de conseguir dinero, el endeudamiento y las estrategias utilizadas para continuar jugando pueden agravar progresivamente la situación. “Las personas con ciertas adicciones al juego tienden a manipular para conseguir dinero, porque entran en una rueda que es bastante negativa, un ciclo en el cual al final engrosan. En efecto bola de nieve van engrosando todo lo que es la parte de gastos y de dinero”, agrega el profesional, quien remarca que, con cada vuelta de esa rueda, la familia también queda “atrapada”.

Por otro lado, una de las cuestiones más complejas para las familias es decidir hasta dónde ayudar, ya que pagar deudas, controlar el dinero o intentar evitar que la persona vuelva a jugar puede parecer la respuesta más inmediata, pero el acompañamiento también necesita límites. De hecho, tal y como explica Padilla, al principio es “normal” que se les intente hacer una gestión supervisada del dinero, pero “no podemos estar 10 años así para evitar que juegue”. El objetivo, en última instancia, es que la persona pueda recuperar progresivamente su autonomía y asumir el control de su comportamiento dentro de un proceso terapéutico.

La familia también necesita terapia

Si el problema afecta a todo el hogar, la respuesta tampoco puede centrarse solo en quien juega. El estudio de la Universidad de Zaragoza plantea también la necesidad de pasar de una mirada individual a otra familiar y sistémica. Mientras, desde la psicología, Padilla coincide en que quienes rodean al paciente deben formar parte de la intervención. “No solo en la parte nuclear del paciente, sino también en la parte periférica del entorno familiar. Hay que hacer parte de esa terapia, tanto en consulta como fuera de consulta”, reconoce.

La razón tiene que ver, sobre todo, con la gestión emocional. Los familiares necesitan herramientas para afrontar los conflictos y también un espacio donde expresar lo que están viviendo. “Es necesario que tengan una acogida, una validación emocional. Que la gente, los familiares, se sientan comprendidos que cualquier emoción que surja se valide”, señala. Tristeza, enfado, ira, hastío o incluso la sensación de no poder aguantar más forman parte de una realidad que, según el psicólogo, también necesita ser atendida. “Todas esas emociones se tienen que dar por válidas”, suma.

Asimismo, el estudio identifica factores que pueden actuar como escudo. El acceso a pensiones, prestaciones sociales y el reconocimiento oficial de situaciones de dependencia aparecen asociados a una menor probabilidad de conductas suicidas.

La protección social, por tanto, no es solo una herramienta para aliviar una situación económica, sino que puede convertirse en “una herramienta de prevención”. “Creo que hay veces que no se asocian todos los problemas económicos con el riesgo a que se presenten estas conductas en un hogar”, apunta Larramona. Por eso, considera necesario “coordinar las políticas, tratarlo como un problema de salud pública, como lo que es”.

La respuesta debería conectar los servicios de salud mental con la atención a las adicciones y con los recursos destinados a afrontar la exclusión, la inseguridad habitacional y los problemas económicos. Además, según cuenta, una familia que está atravesando una adicción al juego puede necesitar ayuda psicológica, pero también puede necesitar apoyo social, económico o habitacional.

Una prevención que llegue antes

La investigación reflexiona también sobre qué ocurre si se interviene cuando el problema ya ha provocado deudas, conflictos familiares o sufrimiento psicológico. Ante esto, sus investigadoras apuntan hacia la prevención y, sobre todo, hacia una mayor coordinación entre los recursos. “El artículo propone tratar el juego como un problema de salud pública y coordinar los servicios de salud mental, atención a los problemas de juego y apoyo frente a la exclusión o la inseguridad habitacional”, señalan.

A juicio de Larramona, uno de los posibles puntos débiles se encuentra precisamente en la conexión entre los distintos organismos: “Quizá el apoyo psicológico está dentro de unos centros y el apoyo más desde trabajo social está en otros centros, por lo que no sé bien en qué medida puede fluir la comunicación”.

A su vez, añade que hay que prestar atención a cómo se puede detectar la adicción antes de que se convierta en un problema mayor. “El juego es un tema que últimamente se están presentando muchísimas formas de juego, muy alternativas a través de las redes, físicamente, y es un tema en el que no hay una conciencia de en qué momento pasa de ser un juego que no presenta problemas a ser un juego con adicción”, advierte.

Padilla reclama también una mayor intervención institucional, sobre todo ante la facilidad de acceso al juego y su presencia en distintos espacios y dispositivos. Al respecto, defiende que “se debería hacer mucho más por parte de las instituciones públicas”: bajo su punto de vista, deberían existir mayores restricciones tanto para menores como para adultos, eliminar las máquinas tragaperras y reforzarse las campañas de prevención.

Mirar la casa para entender el problema

El estudio de la Universidad de Zaragoza no establece una relación automática entre trastorno por juego y suicidio, sino que recuerda cómo las conductas suicidas no aparecen en el vacío. Hay hogares donde coinciden problemas económicos, precariedad laboral, inseguridad residencial, problemas de salud mental, discriminación, abusos, adicciones y conflictos familiares. Y dentro de ese entramado, el trastorno por juego aparece como uno de los factores con una asociación más intensa con las conductas suicidas.

Por eso, las investigadoras defienden que la prevención debe mirar también a quienes están alrededor: “Queríamos poner de relieve que no nos hemos centrado en las conductas suicidas del individuo, sino en la familia, porque se ve imbuida de muchísimos factores”. La conclusión, en definitiva, no es que una apuesta conduzca inevitablemente al suicidio, sino que una adicción puede abrir una grieta que termine afectando a todo el hogar si no se detecta y se aborda a tiempo.

La prevención, por tanto, no pasa solo por decirle a una persona que deje de jugar, sino por detectar las señales, evitar que la deuda se convierta en una condena, proteger a quienes conviven con el problema y conseguir que los recursos de salud mental, adicciones y servicios sociales dejen de funcionar como compartimentos separados. Porque cuando el problema entra en casa, la respuesta también tiene que entrar en casa.

Si detecta alguna situación de este tipo, recordarle que los servicios sanitarios y de urgencias están disponibles las 24 horas del día para ayudar a las personas a fortalecer su salud mental. Para prevenir situaciones de riesgo o para solicitar ayuda, llama al 112 o 024, líneas gratuitas y confidenciales.

Explicar cómo ve una persona daltónica no siempre es fácil. Decir que algunos colores se confunden, que otros se perciben de una manera diferente o que determinadas tonalidades prácticamente desaparecen puede servir para hacerse una idea, pero no para experimentar realmente esa diferencia. Javier Jiménez, zaragozano y desarrollador de software, llevaba años escuchando la misma pregunta de su entorno: '¿Y tú cómo ves?'. Ahora ha encontrado una manera de responderla.

El resultado es 'See as Me', una aplicación gratuita para iPhone que se lanza este 6 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Daltonismo. La propuesta cambia el enfoque habitual de este tipo de herramientas, ya que no pretende ayudar a la persona daltónica a ver los colores como los ve el resto, sino permitir que quienes tienen visión normal puedan acercarse a la percepción de una persona con una deficiencia de visión del color. “Eso es esta app. No para que yo vea como vosotros, sino para que vosotros veáis como yo”, explica Jiménez.

Una cara verde para el niño Jesús

La relación de Javier con el daltonismo comenzó cuando era un niño, aunque entonces ni siquiera sabía que veía los colores de una manera diferente. El descubrimiento llegó en clase de Plástica, en un colegio de monjas, mientras dibujaba una imagen de la Virgen María y el niño Jesús.

“Fue a raíz de ir al colegio que lo descubrí, ya que iba a un colegio de monjas y nos hicieron pintar a la Virgen María y al niño Jesús. Me quedé sin el color que estaba usando y me dijeron que lo pintara con matices naranjas. En cambio, lo pinté todo de verde y lo acabé haciendo marciano”.

Sin embargo, aunque fue a casa “con el drama” por lo que le había pasado, su madre supo enseguida que era daltónico, ya que su hermano también lo era y su abuelo tenía la misma condición. En su caso, el diagnóstico correspondió a una protanopia, una forma de daltonismo en la que no percibe el rojo de la misma manera que una persona con visión normal.

El colegio también le dejó otras experiencias. Algunos compañeros no entendían qué significaba ser daltónico y llegaron incluso a pensar que podía contagiarse. “Había niños que no se querían acercar porque decían que igual se lo pegaba”, recuerda, además de afirmar que, en algunas ocasiones, le aseguraban que era “tan fácil como aprenderse los colores, cuando no es así”.

Con el tiempo aprendió a convivir con esa percepción diferente. A la hora de vestirse, su madre le ayudaba a evitar combinaciones que pudieran resultar extrañas; en los juegos de mesa, los colores podían convertirse en una dificultad añadida, y en el ámbito profesional ha tenido que buscar soluciones para interpretar correctamente gráficos, métricas o códigos de color.

No obstante, nunca ha considerado que su forma de ver fuera algo que tuviera que corregir. “A mí me gusta ser daltónico porque aunque sea un problema visual, al final ves las cosas de otra manera, las tomas de otra manera, y a mí me gusta siempre esa vista única”, admite.

Esa percepción diferente también ha influido, como reconoce, en la manera en la que siente y observa el mundo. Después de enseñar la aplicación a su pareja y a otras personas de su entorno, le han dicho que su forma de ver resulta “muy nostálgica” o “muy melancólica”, hasta el punto de compararla con los colores de la película ‘Crepúsculo’.

La razón está, en buena medida, en cómo percibe el rojo, un color que para él pierde buena parte de la intensidad que tiene para una persona con visión normal. “Me dicen también que pierdo un poco el color de la pasión, el color vivo de la vida”, explica.

Para Jiménez, no es solo una cuestión de colores, sino de cómo esa percepción puede haber terminado formando parte de su propia manera de mirar la realidad. “A lo mejor también me ha hecho vivir la vida de otra manera, o sea, a lo mejor la he romantizado más o la he mirado de otra manera”, reflexiona.

“Yo no vivo esa pasión que puede tener ese color. Para mí el césped parece mucho más seco”, asiente, pese a reconocer que una percepción visual diferente puede acabar modulando la forma de interpretar lo que le rodea.

De querer explicar cómo ve a crear una aplicación

La idea de 'See as Me' no surgió de una necesidad médica, sino de una pregunta que se repetía en su vida cotidiana. Sus familiares y amigos querían saber cómo veía él el mundo. Por eso, ahora, quiere enseñar como él ve.

Como desarrollador de software, decidió comprobar primero si ya existía una herramienta que permitiera hacer exactamente eso. Encontró aplicaciones destinadas a detectar el daltonismo o a ayudar a las personas daltónicas, pero no una que permitiera configurar la propia percepción y compartirla después con otra persona.

“Normalmente yo como desarrollador siempre pienso un poco así, en plan, si se me ocurre algo, primero lo busco. Y si veo que no hay algo que convence con mi criterio, entonces me pongo manos a la obra. En este caso, quería enseñar cómo veo yo, que sea una herramienta fácil de calibrar y compartir. No existía, así que la creé”, subraya.

El funcionamiento parte de tres tipos de deficiencia de visión del color —protan, deután y tritán— y permite ajustar la severidad. El usuario puede apuntar con la cámara del iPhone a cualquier objeto, utilizar una fotografía de su galería o emplear la cámara frontal. La pantalla se divide en dos partes, de tal forma que una muestra la visión normal y la otra, la simulación seleccionada.

La clave está en la calibración. El usuario daltónico mueve el control de severidad hasta que percibe las dos mitades de la imagen de una manera prácticamente equivalente. Ese ajuste se convierte en su perfil. Después puede compartirlo mediante un enlace y la persona que lo recibe no necesita tener instalada la aplicación, sino que puede abrirlo desde el navegador y aplicar ese perfil a la cámara o a una fotografía.

Una aplicación pensada para los demás

Ese cambio de dirección es, de hecho, lo que diferencia See as Me de un simulador convencional. Existen herramientas que permiten comprobar cómo percibiría una persona daltónica una determinada imagen, pero están pensadas desde el punto de vista del observador que quiere conocer la simulación.

Por este motivo, Jiménez quería darle la vuelta. En este caso, la aplicación utiliza el modelo científico ‘Computerized simulation of color appearance for dichromats’ de Brettel, Viénot y Mollon, publicado en 1997, para simular los tres tipos principales de dicromatismo. El procesamiento se realiza en la tarjeta gráfica del iPhone sobre cada fotograma de la cámara, de manera que la simulación puede verse en directo.

La herramienta también incorpora un sistema para compartir el perfil configurado. No requiere cuentas ni almacena las imágenes o los perfiles en un servidor. Para Jiménez, esa posibilidad convierte la aplicación en algo más social que técnico: “Esto es algo sencillo, es más social, yo diría”.

Es más, tal y como afirma, esta aplicación puede ayudar a decidir si dos prendas combinan, así como entender por qué no percibe exactamente el mismo color de pelo que su pareja. “A veces mi pareja se teñía de granate el pelo y realmente yo no lo notaba, ya que para mí el rojo se difumina completamente con el negro”, sostiene.

A pesar de que la aplicación nace de una experiencia personal, este joven zaragozano cree que puede tener aplicaciones mucho más amplias, sobre todo en ámbitos como la educación o el trabajo. “Yo creo que todo el tema de accesibilidad es realmente importante, sobre todo en entornos de aprendizaje y profesionales”, apunta.

En un aula, por ejemplo, conocer cómo percibe los colores un alumno podría ayudar a plantear materiales que no dependan exclusivamente de códigos cromáticos. Es más, tal y como asegura, una ficha podría utilizar simultáneamente colores y formas para facilitar la identificación de los elementos. “Si sabes que un chico no distingue el azul, ponerle un triángulo con el color y así también lo distingue”, explica.

Es una cuestión que, según defiende, puede parecer pequeña pero influir en la experiencia de una persona en el aula. El objetivo sería evitar que un alumno se sienta perdido o quede fuera de una actividad simplemente porque no interpreta los colores de la misma manera que el resto.

También puede ser útil en el ámbito familiar. Jiménez recuerda que, cuando era pequeño, sus padres tuvieron que aprender a acompañarle en cuestiones tan sencillas como elegir ropa o entender qué colores veía. “Creo que para los niños y padres puede ser muy interesante, ¿no? De que digas ‘ay, a ver cómo ve mi hijo’”, agrega.

Incluso la comida puede verse condicionada por esa percepción. Él mismo recuerda una anécdota en la que llegó a confundir chocolate con sangre debido a los colores que percibía. “De hecho, toda la comida suele ser menos apetecible porque no tiene los colores vivos que todo el mundo sí ve”, admite.

“No creo que sea algo limitante”

Aunque el daltonismo afecta aproximadamente a uno de cada doce hombres y a una de cada 200 mujeres, Jiménez considera que sigue siendo una realidad poco conocida. No todas las personas daltónicas perciben el mundo de la misma manera y existen distintos grados de deficiencia. “Cuando no coincides con alguien en el color que estás viendo, por muy pequeña que sea la diferencia, se podría estar hablando de daltonismo. Lo que pasa es que solo lo vas a saber si tu amigo ve todo el mundo verde”, reconoce.

En muchos casos, además, la persona puede no descubrirlo hasta mucho después de la infancia, por ejemplo, durante una revisión relacionada con el permiso de conducir o una revisión visual.

Por todo esto, para él, más que una cuestión de limitación, conocer la propia percepción puede convertirse en una forma de autodescubrimiento. “Yo creo que sobre todo es más autodescubrimiento. No creo que sea algo limitante”, reivindica.

Eso no significa que no pueda generar dificultades en determinadas situaciones. Los códigos de color, determinados juegos o algunos entornos profesionales pueden requerir adaptaciones, pero muchas de esas modificaciones son sencillas y pueden beneficiar a todos. “Al final realmente es fácil el cambio. Lo que pasa es que se da por hecho que todo el mundo ve igual”, subraya.

Ver con los ojos del otro

La primera versión de 'See as Me' llega este 6 de septiembre, Día Mundial del Daltonismo, inicialmente para iPhone y de manera gratuita. Jiménez quiere utilizar esta primera etapa para escuchar a los propios usuarios, conocer sus necesidades y decidir qué mejoras incorporar.

Una de las peticiones que ya ha recibido es incorporar algún tipo de diagnóstico. Él, sin embargo, marca una diferencia porque la aplicación no pretende sustituir una evaluación profesional. “Yo realmente no ofrezco diagnóstico, por lo que siempre será mejor que acudas a un profesional”, apunta.

Después de conocer la respuesta de los usuarios, su intención es seguir desarrollando la herramienta y, si el proyecto funciona, llevarla también a Android.

Sin embargo, por encima de la tecnología está el propósito que ha acompañado a Javier desde aquella clase de Plástica y que se basa en conseguir que los demás comprendan que no todo el mundo percibe los colores de la misma manera.

Para él, el daltonismo tiene además una particularidad, ya que es una diferencia que no siempre se ve desde fuera: “Parece algo invisible porque tú no ves a una persona y sabes lo que le pasa, como sí ocurre con otras limitaciones”.

Por eso, más que enseñar una simulación, quiere utilizar la tecnología para generar empatía. “Yo creo que a través de herramientas como esta puedes entender mejor al otro, conocernos mejor los unos a los otros”, dice.

La intención, en realidad, va más allá del daltonismo. Jiménez cree que la herramienta puede servir para recordar que la percepción nunca es completamente idéntica entre dos personas. “Cada uno ve las cosas de una manera diferente, tanto a nivel del daltonismo como metafóricamente”, afirma. Y esa diferencia, considera, también puede ser una oportunidad para construir entornos más accesibles y aprender a mirar desde la perspectiva de los demás.

Y ahí está, en realidad, la idea que resume 'See as Me', una aplicación que no pretende cambiar la forma en la que una persona daltónica ve el mundo, sino conseguir que durante unos minutos los demás puedan acercarse a él.

Ali Lmrabet conoce Marruecos desde dentro y también desde la distancia. Periodista, escritor y profesor, lleva décadas denunciando las restricciones a la libertad de prensa y ha sido represaliado por sus críticas al régimen. Desde la localidad oscense de Castejón de Sos, donde ha participado en el XXIV Encuentro de Periodismo de Altura, ha analizado el presente de su país y su relación con España en un contexto marcado por la inmigración, la seguridad y el creciente peso internacional de Marruecos.

Lmrabet sostiene en una entrevista a elDiario.es que el país vive una fractura social entre una imagen de modernización que se proyecta hacia el exterior y una realidad muy diferente para buena parte de la población. En este sentido, afirma que “hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real” y, bajo su punto de vista, detrás de las grandes infraestructuras y del crecimiento de determinadas ciudades existe “una terrible ansia de abandonar el país”.

Además, asegura que “en Madrid y Bruselas creen que los marroquíes no somos aptos para disfrutar de las libertades tal y como se conocen en Europa”, ya que “nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura”.

Lleva décadas ejerciendo el periodismo entre España y Marruecos. ¿Qué cree que deberíamos entender mejor hoy sobre lo que está ocurriendo en su país y sobre su papel en el escenario internacional?

Lo que está ocurriendo es que la brecha entre los que se han enriquecido de manera escandalosa y los que se han empobrecido se ha agigantado. Hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real. Hay universidades carísimas, estaciones de tren modernas y una Casablanca muy europea y muy cara. Y no muy lejos hay derribos de casas, hospitales inhóspitos, falta de agua para beber y una terrible ansia de abandonar el país. Volvemos a la vieja idea colonial francesa que separaba el Marruecos útil del Marruecos inútil. En Europa y, sobre todo en España, quieren creer que todo va estupendamente bien hasta que ocurren estallidos como el de Ceuta, donde se descubre que todo el mundo quiere escaparse de Marruecos. Esa es la auténtica y verdadera proyección internacional de los marroquíes.

Marruecos aparece con frecuencia como un socio estratégico imprescindible para España en cuestiones como inmigración o seguridad. ¿Hasta qué punto esa importancia estratégica condiciona la capacidad de España y de Europa para exigirle responsabilidades en materia de derechos humanos y libertad de prensa?

Es un “socio estratégico imprescindible” porque lo han decidido los políticos europeos y no los expertos. Nuestros muy activos servicios secretos, el exterior en 2014 y el interior en 2026, han demostrado que son incapaces de proteger sus propios archivos y memoria, que han sido expuestos al público después de su robo por unos misteriosos hackers. Hoy en día conocemos hasta el número móvil personal, la copia del DNI, la cuenta bancaria y los bienes inmobiliarios de todos los jefes de esos servicios secretos tan “imprescindibles” para Europa. ¿Qué servicio secreto continúa siendo secreto cuando todo el mundo conoce sus secretos?

En cuanto a exigir responsabilidades a nuestro Estado por la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa, tengo la firme convicción de que en Madrid y en Bruselas están convencidos de que nosotros, los marroquíes, no somos aptos para disfrutar de las libertades tal como las conocen los europeos. Nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura.

Conoce muy bien la relación entre Marruecos y España y también ha hablado de la existencia de vínculos entre sus servicios de inteligencia. ¿Qué cree que desconoce la ciudadanía sobre esa relación entre ambos países?

Creo que la ciudadanía española no sabe que el Centro Nacional de Inteligencia español no considera a sus homólogos marroquíes como una entidad amiga. Puedo hasta decir que hay un pequeño conflicto, opaco y poco visible, entre ellos. Especialmente algunos golpes bajos, de una parte y de otra de la frontera.

Hace apenas unas semanas fue detenido durante 72 horas después de regresar a Marruecos y calificó lo ocurrido de “secuestro ilegal”. ¿Qué fue lo que más le preocupó de aquella detención?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. Las acusaciones eran tontas. Por ejemplo: “¿Por qué afirma usted que existe una estructura oculta que gobierna secretamente el país?”. Porque existe. Su sinónimo es “Estado profundo” y he dado los nombres y apellidos de sus principales miembros.

El trato recibido fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger. Sin embargo, en Casablanca, en la sede de la Brigada Nacional de Policía Judicial, se han comportado correctamente.

Marruecos sigue persiguiendo a los periodistas independientes que intentan solamente ejercer su labor de información. Para la “estructura oculta” somos el último reducto de lo que ella llama la oposición al régimen. Otra insensatez. Somos periodistas, no políticos.

¿Hay algo que un periodista no pueda negociar nunca, ni siquiera cuando está en juego su propia libertad?

Sí, el nombre de mis fuentes y el de los colaboradores que montan mis vídeos. Obviamente, no he respondido a ninguna de esas preguntas. Responder hubiera sido no solamente una traición a principios elementales, sino también un suicidio profesional. Y no tenía ganas de suicidarme.

Decidió volver a Marruecos pese a llevar 25 años viviendo en España y sabiendo los riesgos que podía asumir. ¿Qué tiene un país que puede llegar a expulsarte y, al mismo tiempo, seguir siendo el lugar al que quieres regresar?

Soy un ciudadano francés que reside en España, pero en realidad soy simplemente un tipo de allí, de Marruecos. De Tetuán. Mis abuelos paternos, mis padres, mi hermano y mi hermana están enterrados allí, en una colina desde donde se puede ver el lejano mar. Nadie puede privarme de visitar sus tumbas, que para nosotros son la prueba de que existimos. Sin tumbas no hay pasado.

La inmigración vuelve a estar en el centro del debate cada vez que se produce una crisis en la frontera. ¿Qué estamos dejando fuera cuando reducimos el fenómeno migratorio a mafias, fronteras y cifras?

Estamos dejando fuera una verdad que nadie puede acallar y es que el régimen de Marruecos ha sido incapaz de proporcionar a sus ciudadanos una vida digna y la esperanza de un futuro mejor. Todo el mundo quiere irse de Marruecos. Lo hemos visto el 30 de julio. Es un tremendo fracaso. Y no quiero culpar a nadie más que a nosotros mismos por esta situación. ¿Para qué han servido 70 años de independencia de Francia y España si hemos sido incapaces de gobernarnos correcta y eficazmente durante todo este tiempo?

Conoce personalmente las rutas migratorias y ha explicado que hace 26 años cruzó en una zodiac desde la costa marroquí. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué sigue exactamente igual para los jóvenes marroquíes que quieren marcharse?

Lo que ha cambiado es que las pateras o zodiacs son menos visibles y casi inoperantes. Los candidatos montan ahora motos acuáticas y asaltan, violenta o pacíficamente, los puestos fronterizos. En este último caso, esto se llama desesperación acumulada. Si las cosas no cambian, si nuestros dirigentes continúan mostrándose incapaces de gobernar el país y de solucionar los problemas de los marroquíes, vamos a ir hacia males mayores.

Una de las cifras que más llama la atención es la cantidad de jóvenes marroquíes que se plantean emigrar. ¿Estamos ante un problema migratorio o, en realidad, ante el síntoma de un problema mucho más profundo dentro de Marruecos?

Los dos. El segundo alimenta el primero. Los jóvenes dicen que, si no hay futuro para ellos en Marruecos, lo mejor sería abandonar el país y juntarse con las legiones de personas que avanzan hacia Europa, hasta el presunto El Dorado europeo.

Si tuviera que explicar a un español qué empuja hoy a un joven marroquí a jugarse la vida para llegar a Europa, más allá de la falta de dinero, ¿qué le diría?

Aparte de unas perspectivas de futuro mejorables, porque muchos quieren formar un hogar e independizarse de su familia, si añadimos un poco de dignidad, una seguridad social eficiente y menos policía política que conculca libertades supuestamente fundamentales, creo que muchos jóvenes marroquíes se quedarían en su país.

En un contexto en el que las redes sociales permiten a los ciudadanos informarse y movilizarse, pero también son objeto de vigilancia y manipulación, ¿quién controla hoy el relato sobre Marruecos?

Hay un doble control que se contradice continuamente. Desde Marruecos, donde el Gobierno no pinta nada y ya no tenemos prensa independiente, las redes son estrechamente vigiladas y manipuladas en su momento por la policía política, para fines propagandísticos, se entiende.

Por otro lado, desde el extranjero algunos youtubers arremeten de manera constante contra el régimen, contradiciendo sus afirmaciones y denunciando atropellos y escándalos. Como no residen en Marruecos, el régimen no puede alcanzarlos salvo casos concretos en que puso querellas contra ellos en Europa o América del Norte.

El problema reside en el hecho de que esos youtubers no son periodistas, no saben manejar y contrastar una información y algunas veces se dejan llevar por la facilidad de verter insultos e improperios. Muchos vituperan de buena fe o difunden información no veraz contra el régimen solamente porque “se lo dijo alguien”. Tienen éxito, pero es un problema porque imitan en muchos casos a los voceros del Majzén.

¿En algún momento ha sentido miedo suficiente como para pensar que quizá había llegado el momento de dejar el periodismo?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. El trato que recibí fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger, pero sigo ejerciendo el periodismo.

Después de todo lo que ha vivido, ¿qué significa hoy para usted la palabra libertad de prensa?

Opinión libre e información veraz. Y siempre respetando esas reglas internacionales comunes para todos los periodistas. No tengo el derecho de opinar atentando contra el honor de cualquiera, sea rey o camarero. No puedo publicar o difundir una información a sabiendas de que es falsa aunque eso me traiga centenares de miles de visitantes y likes. Y si me equivoco, tiene que ser de buena fe.

Y mirando hacia adelante, ¿qué tendría que cambiar en Marruecos para que un periodista pudiera volver a ejercer allí sin miedo?

El régimen marroquí tiene que entender que, si no cambia su idiosincrasia, el país irá a peor. Tiene que sacarse esa mentalidad muy del siglo XX de que, “al que se mueve, le rompemos los huesos”. No le puedo decir lo que significa ese “peor”. Lo intuyo y me da terror algunas veces. En Marruecos necesitamos ideas, soluciones, reparto equitativo de las riquezas porque no somos un país pobre y una verdadera nueva era de democracia. En realidad, queremos lo que en Occidente tenéis, aunque sea el 10% o el 20% de lo que disfrutáis todos los días.

Villanueva de Gállego está poniendo a prueba la otra cara de la carrera de Aragón para convertirse en uno de los grandes polos de centros de datos de Europa. Mientras el Gobierno de Jorge Azcón ofrece su 'alfombra roja' a las grandes tecnológicas y Amazon Web Services (AWS) amplía sus instalaciones en la Comunidad, el Ayuntamiento de este municipio zaragozano ha decidido llevar a los tribunales las condiciones en las que se está produciendo esa expansión.

El conflicto no gira en torno a si Villanueva quiere o no centros de datos, ya que la respuesta del municipio es positiva y, de hecho, ya cuenta desde 2022 con una de las instalaciones de AWS en Aragón. Lo que cuestiona ahora el Ayuntamiento es quién asume las consecuencias económicas y urbanísticas de seguir ampliando estas infraestructuras.

El pleno municipal ratificó el pasado 23 de julio la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra uno de los últimos proyectos de expansión de AWS aprobados por el Gobierno de Aragón. El primero se había presentado contra el PIGA aprobado en agosto de 2025. Ambos recursos plantean objeciones similares sobre el aprovechamiento urbanístico, el tratamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la conservación de la urbanización y las infraestructuras asociadas y las obligaciones que el Ayuntamiento sostiene que acabarían recayendo sobre las arcas municipales, así como las infraestructuras vinculadas al suministro eléctrico.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguran que el Ayuntamiento lleva meses intentando abrir una negociación con el Ejecutivo autonómico sin haber obtenido hasta ahora una respuesta concreta. “Ellos han hecho lo que han querido hacer”, resumen estas fuentes, que consideran que la tramitación de los nuevos proyectos se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades del municipio y ahora solo hay “silencio”.

El caso de Villanueva de Gállego pone así el foco en una cuestión que empieza a repetirse allí donde se está produciendo la expansión de estas infraestructuras, territorios que quieren saber cuánto cuesta acogerlas y cómo se reparten los beneficios y las cargas de esa actividad.

El coste de acoger los centros de datos

La principal preocupación municipal tiene una doble vertiente porque, por un lado, la localidad deja de ingresar determinados recursos fiscales asociados a la construcción de los centros. Por otro, tal y como denuncian, el planeamiento aprobado le atribuye responsabilidades de conservación y mantenimiento de una superficie de grandes dimensiones. “Se deja de percibir el ICIO y además se carga al Ayuntamiento con el mantenimiento de todas esas zonas”, explican las fuentes municipales.

El Ayuntamiento no ha cerrado todavía una estimación del coste que supondría esa conservación a largo plazo y las fuentes consultadas rechazan aventurar una cifra sin disponer de los cálculos técnicos. En cambio, sí señalan que el ámbito de la ampliación en Villanueva de Gállego supera las 80 hectáreas y consideran “desproporcionado” que el municipio tenga que asumir las obligaciones de conservación asociadas a ese nuevo desarrollo. “¿Cómo vamos a asumir el mantenimiento de otra zona más grande que la localidad que tenemos ahora?”, plantean.

Según la versión municipal, no existe actualmente una contraprestación específica por asumir esas tareas. Por ello, desde el Ayuntamiento reclaman que se negocie algún tipo de compensación antes de tener que incorporar esas obligaciones a sus cuentas.

La discusión lleva así a una cuestión que trasciende del municipio y que está relacionada con quién asume el coste de las infraestructuras públicas necesarias para hacer posibles estas inversiones privadas, desde las conexiones eléctricas y de agua hasta la urbanización, los accesos y la conservación posterior de los nuevos ámbitos.

De hecho, esta discusión ha empezado a aparecer en otros territorios que han apostado por convertirse en grandes polos de centros de datos. Mientras que las empresas llegan atraídas por la disponibilidad de suelo y energía, su implantación exige también ampliar redes eléctricas, garantizar el suministro y adaptar infraestructuras públicas. Por estos motivos, el debate ha dejado de ser tecnológico o empresarial y ha pasado a estar relacionado con cuestiones relacionadas con la política energética, el urbanismo y la situación fiscal.

Más en concreto, en Aragón ya se han producido conflictos similares en torno a otros proyectos como el de Villamayor de Gállego, donde se ha cuestionado la implantación del macrocentro de Azora y varios municipios han formulado alegaciones por las consecuencias fiscales y territoriales asociadas al mismo.

A su vez, la expansión de los centros de datos vinculados al crecimiento de la Inteligencia Artificial está generando también debates similares en Estados Unidos y Europa sobre quién debe financiar las redes necesarias para atender su demanda eléctrica y hasta qué punto esa nueva demanda puede competir con la de hogares y otras actividades económicas.

Un conflicto que contrasta con el precedente de Amazon

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego compara la situación actual con la primera implantación de AWS en la localidad. Como afirman fuentes municipales, durante el mandato de Javier Lambán se alcanzó un convenio de colaboración entre las administraciones que supuso una compensación de alrededor de 3,5 millones de euros.

Ese acuerdo se ha traducido en actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua del municipio, entre ellas un nuevo depósito, una balsa, edificios asociados y canalizaciones. Además, tal y como sostienen, las obras se encuentran actualmente en ejecución a través de Suelo y Vivienda de Aragón.

Para el Ayuntamiento, la diferencia es que aquella implantación estuvo acompañada de una negociación y de actuaciones compensatorias, mientras que en la nueva expansión no existe, hoy en día, un acuerdo equivalente.

Según las fuentes municipales, en una reunión mantenida hace meses con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se planteó estudiar la posibilidad de un nuevo convenio, pero, como aseguran desde el Consistorio, no se ha recibido ninguna propuesta concreta.

Por todo ello, aunque la vía de negociación sigue abierta, insisten en que ahora el Gobierno de Aragón deberá fijar su posición en el procedimiento judicial y “dar soluciones” para que la localidad no tenga que asumir “costes tan elevados”.

El ICIO: el ingreso que Villanueva reclama

Uno de los elementos centrales del recurso es el tratamiento fiscal de las nuevas construcciones. El Ayuntamiento sostiene que la aplicación del PIGA tiene consecuencias sobre el ICIO y que, por lo tanto, Villanueva de Gállego deja de percibir unos ingresos que considera “relevantes”, ya que puede ascender a hasta un 4% de la inversión privada en el proyecto constructivo. Como explican, el ICIO constituye un ingreso extraordinario, mientras que otros impuestos municipales, como el IBI, pueden generar ingresos recurrentes una vez que los inmuebles entren en tributación.

El municipio todavía no ha percibido, según las fuentes municipales, el IBI correspondiente al primer edificio de AWS. Por eso, el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones generen ingresos por este concepto cuando comiencen a tributar.

Por otro lado, existen expectativa respecto al IAE, aunque en este caso el importe dependerá de dónde quede localizada fiscalmente la actividad económica de la empresa.

“Si Amazon tiene la facturación aquí y no la tiene en Irlanda, por decirte algo, sí que se va a percibir bastante dinero de IAE”, detallan las fuentes, que subrayan que todavía desconocen cuál será el resultado final.

El debate económico, por tanto, no consiste únicamente en calcular cuánto dinero deja Amazon en el municipio. La cuestión es comparar los ingresos municipales que genera la actividad con los costes públicos asociados a su implantación y mantenimiento.

“Amazon no tiene la culpa”

Desde Villanueva de Gállego remarcan que Amazon no es el principal responsable del conflicto. Es más, tal y como señalan las fuentes municipales, “no tiene la culpa de absolutamente nada de esto”. A su juicio, la multinacional actúa dentro de las condiciones que le ofrece la Administración y es el Gobierno de Aragón quien tiene capacidad para establecer el marco urbanístico y administrativo en el que se desarrollan los proyectos.

Eso no significa que el Ayuntamiento no haya pedido a la compañía que participe, sino que además se ha trasladado a AWS que ejerza de empresa mediadora ante el Ejecutivo autonómico para tratar de encontrar una solución.

El Consistorio reconoce a su vez iniciativas de la compañía en el territorio, como colaboraciones con la Universidad San Jorge y actividades de divulgación tecnológica entre colectivos locales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha observado que las obras han generado una importante presencia de trabajadores de empresas contratistas en Villanueva. Es más, algunas de las personas empleadas en la construcción, explican las fuentes, proceden del propio municipio.

Sin embargo, el escenario durante las obras no necesariamente será el mismo que cuando los centros estén operativos. Por eso, el debate sobre el empleo estable es uno de los principales argumentos de las organizaciones que cuestionan la expansión de los centros de datos en Aragón.

Aragón, laboratorio de la nueva economía digital

Lo que ocurre en Villanueva no es un episodio aislado porque Aragón está intentando aprovechar su disponibilidad de suelo, su producción energética y su posición geográfica para convertirse en un gran nodo europeo de infraestructuras digitales.

AWS fue la primera gran tecnológica en apostar por la Comunidad y ahora su expansión se ha multiplicado. En base a esta decisión, empresas como Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS, Merlin y otros grupos forman parte de una cartera de iniciativas que ha situado a Aragón en el centro del desembarco de los centros de datos en España.

El Gobierno autonómico defiende esta estrategia por el volumen de inversión asociado y por la oportunidad de atraer una nueva actividad económica. La propia AWS ha elevado hasta 33.700 millones de euros su inversión prevista en España hasta 2035, con una parte sustancial destinada a Aragón.

No obstante, la dimensión de estas instalaciones también está provocando una creciente discusión sobre sus necesidades materiales porque los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad de forma continua y requieren infraestructuras específicas para garantizar su suministro. De hecho, Aragón produce actualmente aproximadamente el doble de la electricidad que consume, pero el crecimiento previsto de la demanda puede alterar esa situación.

Además, aunque los promotores se comprometan mayoritariamente a utilizar energías renovables, producir y transportar la energía requiere nuevas instalaciones, redes y ocupación de suelo.

Por eso el debate ha comenzado a desplazarse de la pregunta inicial sobre “¿cuánto dinero va a invertir Amazon o Microsoft?” a “¿qué recursos públicos y territoriales necesita esa inversión para funcionar?”. Y, en el caso de Villanueva de Gállego, la pregunta también está en qué ocurre cuando una inversión privada de escala internacional aterriza en un municipio pequeño y las infraestructuras y servicios necesarios para acompañarla quedan, al menos en parte, en manos de la Administración local.

Dos recursos y una negociación pendiente

Por ahora, Villanueva de Gállego mantiene sus dos recursos judiciales y, aunque no hay prevista ninguna nueva movilización municipal más allá de la vía judicial, el Consistorio espera que el Gobierno de Aragón vuelva a sentarse a negociar durante las próximas semanas.

“A ver si ahora en septiembre hay suerte porque no se entiende que no haga nada al respecto, y más cuando el segundo recurso fue aprobado por unanimidad del pleno, donde hay concejales del PP que forman parte del actual equipo de gobierno municipal”, subrayan. En este sentido, desde Villanueva de Gállego consideran que el respaldo de los distintos grupos demuestra que la reclamación trasciende las diferencias partidistas.

Mientras las obras de AWS continúan y Villanueva de Gállego quiere saber quién debe asumir su mantenimiento, la DGA tiene ahora que decidir si responde a esa presión con una negociación o mantiene su actual posición.

Si el municipio consigue una nueva fórmula de compensación o logra que se modifiquen las condiciones de conservación y aprovechamiento urbanístico, el resultado podría trascender al municipio. En una comunidad que ha apostado por atraer una de las mayores concentraciones de centros de datos de Europa, saber quién asume los costes de esa implantación puede acabar sirviendo de presente para otros ayuntamientos que afronten inversiones de esta escala.

Han pasado cinco años desde que Q., un refugiado afgano residente en Aragón que ha decidido no desvelar su nombre, tuvo que abandonar Afganistán. Sin embargo, sigue pendiente de lo que ocurre allí a través de las redes sociales, de las noticias y, sobre todo, de las personas que permanecen en su país de origen y con las que mantiene contacto. Tanto él como su familia viven ahora en España, lugar en el que ha conseguido un trabajo y han podido empezar de nuevo.

A pesar de los kilómetros de distancia con Afganistán, tal y como detalla, desde Europa ha recibido amenazas de muerte por sus publicaciones contra los talibanes. En alguna ocasión, asegura, quienes lo amenazaban llegaron a mencionar a sus familiares y a desvelar las direcciones donde vivían.

“Ellos me mandan mensajes y me dicen que un día voy a volver a Afganistán. Dicen que tienen gente que ayuda a los talibanes en Europa y en todos los países”, sostiene. Por eso, para él, cinco años después de abandonar su país, la seguridad que ha encontrado en España convive, en ocasiones, con el miedo de que el pasado pueda volver a alcanzarle.

Una familia marcada por el anterior Gobierno

Su historia está ligada a la del Afganistán que desapareció en agosto de 2021, ya que su padre y uno de sus hermanos trabajaban en el Ministerio de Defensa. A su vez, él colaboraba con ese departamento y otro de sus hermanos trabajaba en la Embajada europea en Afganistán.

Como recuerda en una entrevista a elDiario.es, dos de sus tíos, que habían sido comandantes, formaban parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, uno de ellos fue asesinado antes incluso de la llegada definitiva de los talibanes al poder. “Los talibanes mataron a mi tío. Mi familia era militar y trabajaba con otros países”, explica.

La llegada de los talibanes en agosto de 2021 convirtió esa trayectoria familiar en una amenaza, ya que el anterior Gobierno se derrumbó y las fuerzas de seguridad se desintegraron. Del mismo modo, los talibanes tomaron el control del país y, por lo tanto, quedarse allí dejó de ser una opción para él y su familia. “Tuvimos mucho miedo. Los talibanes ocuparon mi país y mucha gente se asustó. Nosotros también”, recuerda.

Su salida se produjo en el marco de la protección internacional y acabó llegando a España junto a su familia. Ahora, cuando habla de aquel momento, Q. se muestra tranquilo: “España es nuestra primera casa. Ahora vivimos aquí felices”.

El país que dejó atrás

La transformación de Afganistán no solo ha sido política, sino también de la vida cotidiana. Como recuerda, antes de la llegada de los talibanes, sus hermanas estudiaban y trabajaban. “Antes, para las mujeres y también para los hombres, no había problema. Las mujeres podían leer, ir a la universidad, estudiar y trabajar. Mis hermanas lo hacían”, recuerda.

Ahora, tal y como lamenta, esta situación ha cambiado: “Los talibanes dicen que las mujeres solo están para limpiar, cocinar y cuidar a los niños”. Al mismo tiempo, denuncia que las relaciones entre hombres y mujeres en espacios públicos están sometidas a un control que antes no existía.

Desde Amnistía Internacional comparten que, durante 2025, los talibanes intensificaron las restricciones contra las mujeres y las niñas, limitando su acceso a la educación, al empleo, a la libertad de circulación, a la expresión y a la participación en la vida pública.

La organización describe una situación actual en la que las mujeres han sido privadas de prácticamente todos sus derechos fundamentales, como circular libremente sin estar acompañadas de manera obligatoria por un familiar varón, acceder a un trabajo o contar con una atención sanitaria completa y de calidad.

Cinco años de miedo y silencio

Más allá de la situación actual de las mujeres, Amnistía Internacional documentó durante 2025 detenciones arbitrarias de periodistas, activistas y miembros del funcionariado del anterior Gobierno, así como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y denuncias de torturas y malos tratos.

De hecho, Q. sigue en contacto con amigos y conocidos que permanecen en su país de origen y asegura recibir noticias frecuentes de antiguos militares detenidos o asesinados. También mantiene su preocupación por las personas de etnia tayika, como él, y por quienes viven en zonas como Panjshir y Andarab.

No obstante, insiste en que muchas de las situaciones que llegan hasta quienes están fuera del país nunca se hacen públicas: “Mucha gente tiene miedo de hablar. Si cuentan lo que ocurre, también pueden ser detenidos o sufrir torturas”.

Amnistía Internacional documentó en 2025 casos de detenciones y reclusiones arbitrarias de personas vinculadas al anterior Gobierno, además de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Según la organización, entre enero y marzo la ONU registró al menos 23 casos de detención y reclusión arbitraria de miembros del funcionariado del anterior Gobierno.

Una de las personas con las que mantiene contacto es una amiga que continúa viviendo en Kabul. Es profesora de pintura y, tal y como relata, la única persona que trabaja para mantener a su familia. Como cuenta, su padre fue asesinado y ella misma fue detenida por enseñar pintura a niñas en secreto. “Los talibanes dicen que ese trabajo no está permitido según su interpretación del islam”, explica.

Su historia personal se ha convertido para él en una ventana a la situación que viven muchas mujeres que permanecen en Afganistán. Asimismo, según el relato que le trasladó su amiga, algunas mujeres reciben llamadas o mensajes de personas que se presentan como trabajadores de organizaciones internacionales y les ofrecen ayuda para salir del país. Sin embargo, sostiene que ella sospecha que detrás de algunos de esos contactos pueden encontrarse los servicios de inteligencia talibanes.

La vida que ha empezado en Aragón

Frente a esa realidad, su vida actual transcurre a miles de kilómetros de Afganistán. Ha pasado por el sistema de acogida y protección internacional y ha encontrado en Aragón, gracias a la intervención del personal de Accem, un lugar donde comenzar de nuevo.

Esta organización ha atendido en España a 1.883 personas de origen afgano desde agosto de 2021, de los que 977 son hombres y 906, mujeres. Entre ellas había 646 menores de edad. La intervención de la organización incluye necesidades básicas, acompañamiento jurídico, psicológico y social, aprendizaje del idioma y apoyo para acceder a la educación, la formación y el empleo.

Por otro lado, en Aragón, entre enero de 2025 y julio de 2026, Accem atendió a 16 personas procedentes de Afganistán, siendo once hombres y cinco mujeres. De ellas, 14 han obtenido el Estatuto de Refugiado y dos continúan como solicitantes de protección internacional.

En su caso, ha aprovechado esta oportunidad para aprender español, encontrar trabajo y conseguir una vivienda para empezar de cero. Al mismo tiempo, tal y como sostiene, ha construido una red de amistades. “Aquí tengo muchos amigos. Estoy muy feliz. Mi familia también lo está”, afirma.

Su vida actual contrasta con la incertidumbre con la que abandonó Afganistán, ya que allí temía que los talibanes pudieran detener a algún familiar o incluso forzar un matrimonio para alguna de sus hermanas. Aquí, en palabras de él, puede pensar en el día siguiente sin ese miedo “tan grande”.

Un Afganistán que sigue sin ser seguro

Cinco años después de la toma del poder por los talibanes, las organizaciones advierten de que la situación no permite considerar Afganistán como un país seguro para el retorno.

Accem sostiene que el país continúa sin ofrecer garantías para las personas que tuvieron que huir y alerta del riesgo de que determinados contactos diplomáticos contribuyan a legitimar al régimen talibán. La organización recuerda además que, durante 2025, cerca de 2,9 millones de personas regresaron a Afganistán, muchas de ellas como consecuencia del endurecimiento de las políticas hacia la población afgana en Irán y Pakistán.

Al mismo tiempo, unos 3,7 millones de personas afganas permanecían refugiadas o necesitadas de protección fuera del país. Para Accem, estos retornos no pueden interpretarse como una mejora de las condiciones de vida en Afganistán.

Desde España, Q. sigue mirando hacia allí y, pese a no hablar únicamente de volver algún día, su deseo es que el país al que pueda regresar, si llega ese momento, “sea diferente” del que tuvo que irse. “Yo quiero luchar para liberar mi país, para liberar a las mujeres, para que puedan leer y trabajar”, afirma. Su familia, sin embargo, le ha pedido que no vuelva.

No obstante, este refugiado no quiere que Afganistán desaparezca de la conversación internacional, sino que “el Gobierno de España ayude a otras mujeres” y luche por la libertad de su país.

A pesar de haber pasado cinco años desde que los talibanes tomaron Kabul, para él, ese tiempo, ha supuesto perder posibilidades de regresar, pero también haber encontrado un lugar seguro desde el que empezar de nuevo. “Afganistán es mi país, pero España ahora es mi casa”, concluye.

En muchos deportes existen categorías específicas para personas con diversidad funcional. En el ajedrez, la apuesta de la Federación Aragonesa es precisamente la contraria: que todas compartan el mismo tablero. La filosofía no consiste en crear competiciones paralelas, sino en eliminar las barreras que puedan impedir que cualquier persona participe en igualdad de oportunidades.

Con esa idea llevan varios años impulsando el ajedrez inclusivo en Aragón, una estrategia que combina adaptaciones tecnológicas, descuentos en licencias, torneos específicos para atraer nuevos jugadores y colaboraciones con entidades como Atades. Todo ello con el objetivo claro de que la discapacidad deje de ser un obstáculo para disfrutar y competir.

“Hay personas con discapacidad que se acercan al ajedrez y vemos que compiten exactamente igual que cualquier otro jugador. Su discapacidad no hace que jueguen peor ni que se sientan excluidas. Simplemente juegan una partida normal”, explica Asun Gracia, secretaria general de la Federación Aragonesa de Ajedrez.

Actualmente, la federación cuenta con unos 1.350 jugadores federados y reconoce que todavía son pocas las personas con diversidad funcional que participan de forma habitual. De hecho, tal y como apunta, no se debe a que el deporte no sea accesible, sino porque muchas veces ni siquiera llegan a dar el primer paso.

“Hay familias y personas que tienen miedo porque piensan que el ajedrez es muy complicado o muy serio. Sin embargo, una vez que empiezan, todos están encantados. El reto es conseguir que se acerquen”, señala.

Un deporte donde no importa cómo eres

Si algo diferencia al ajedrez de la mayoría de disciplinas deportivas es que el rendimiento no depende de la condición física. La estrategia, la capacidad de concentración o la toma de decisiones pesan mucho más que cualquier limitación motriz o sensorial.

Para Marta —nombre ficticio—, jugadora con discapacidad, esa es precisamente la mayor fortaleza de este deporte: “La inclusión no consiste en tratar a todo el mundo exactamente igual, sino en garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de participar. El ajedrez lo consigue especialmente bien porque elimina muchas de las barreras que existen en otros deportes”.

En su opinión, delante del tablero desaparecen muchas de las etiquetas que habitualmente acompañan a las personas. Además, como afirma, “delante del tablero no importa la edad, el género, el origen, la situación económica o la discapacidad, sino que importa pensar, respetar al rival y disfrutar del juego”.

Incluso va un paso más allá al comparar el ajedrez con otras disciplinas deportivas. “En muchos deportes primero vemos la discapacidad y después al deportista. En el ajedrez ocurre justo lo contrario. Después de los primeros minutos de partida, lo único que ves es a otro jugador intentando encontrar la mejor jugada”, sostiene.

Adaptaciones que cambian el acceso, no las reglas

La apuesta por la inclusión no implica modificar el juego, ya que las reglas siguen siendo exactamente las mismas. No obstante, como apunta Asun Gracia, lo que cambia son los apoyos para que cualquier persona pueda competir.

La Federación Aragonesa dispone de planillas electrónicas para jugadores que no pueden escribir las jugadas, relojes adaptados para personas ciegas que anuncian el tiempo restante, tableros específicos y asistentes que realizan los movimientos siguiendo exclusivamente las indicaciones del jugador cuando este no puede mover las piezas. “Ninguna de estas medidas cambia la esencia del deporte; simplemente garantizan que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades”, explica Gracia.

A ello se suma la posibilidad de competir online cuando los desplazamientos representan una barrera o la adaptación de los espacios para personas usuarias de silla de ruedas.

A su vez, la inclusión también forma parte de la organización deportiva. La federación aplica descuentos en las licencias para jugadores con discapacidad y ha impulsado torneos inclusivos en Monzón, referentes ya a nivel nacional, y este año también en Zaragoza.

Más allá del aspecto económico, Gracia reconoce que el gesto pretende lanzar un mensaje: “Queríamos decirles que sabemos que existen, que queremos contar con ellos y que forman parte de nuestro deporte”.

Ejemplo de integración e inclusión sin barreras

En Monzón, además, la iniciativa ha ido un paso más allá gracias a un proyecto desarrollado junto al Colegio La Alegría y el centro Santo Ángel de Atades. Durante tres meses varios participantes recibieron clases de ajedrez antes de competir en el torneo inclusivo. “La experiencia fue muy positiva y los chicos salieron encantados”, resume.

Ese compromiso se refleja en el Campeonato de Aragón de Ajedrez Inclusivo que se celebra en Monzón, convertido ya en una de las grandes referencias nacionales. La quinta edición reunió a 70 jugadores, de los que 15 tenían algún tipo de discapacidad y otros 55 competían sin ella, todos integrados en un único torneo y compartiendo el mismo cuadro de competición. “En un tablero todo el mundo es igual” fue, una vez más, la filosofía que presidió una cita organizada por el Club Ajedrez Monzón, la Federación Aragonesa de Ajedrez y el Ayuntamiento de Monzón, donde la inclusión no se plantea como una categoría aparte, sino como una forma natural de entender el deporte.

El campeonato también quiso reconocer a quienes impulsan el ajedrez como herramienta educativa y de inclusión. Antes de la entrega de premios se rindió homenaje al CRA Alto Ara, cuyos alumnos de Sarvisé, Asín de Broto, Broto y Torla participaron este año en el torneo; a Ana María Moracho, desde la Dirección General de Política Educativa, por su apoyo al programa Ajedrez en la Escuela, representada por Míriam Monreal, y al Colegio de Educación Especial La Alegría, por incorporar el ajedrez como recurso pedagógico y social.

La competición se disputó a siete rondas con todos los participantes compartiendo el mismo torneo, independientemente de que tuvieran o no discapacidad, reforzando la idea de que las adaptaciones permiten competir en igualdad sin modificar la esencia del juego. De forma paralela también se celebró una exhibición online entre el subcampeón de España Inclusivo, el vasco Unai Calleja, y Luis Sanromán, que pudo seguir el público asistente.

Aragón como espejo al que mirarse

La experiencia aragonesa ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. De hecho, Monzón ya ha acogido dos Campeonatos de España de Ajedrez Inclusivo y otras federaciones comienzan a replicar iniciativas similares.

Para Gracia, disponer de un plan específico resulta “imprescindible”, incluso en un deporte que ya es inclusivo por naturaleza.

“Muchas veces pensamos que, como cualquiera puede jugar al ajedrez, ya no hace falta hacer nada más. Pero sí hace falta eliminar barreras, facilitar el acceso y animar a quienes todavía creen que este mundo no es para ellos”, admite.

Los próximos objetivos pasan por aumentar la participación desde edades tempranas, ya que, entre otras medidas, la federación permite que menores con discapacidad intelectual puedan competir en una categoría inferior para favorecer su incorporación progresiva.

El propósito, explica, no es crear un circuito paralelo, sino hacer crecer una comunidad donde cada vez haya menos diferencias.

Por lo tanto, el siguiente paso pasa por seguir ampliando esa comunidad desde la base. “Queremos que cada vez participen más personas y que los niños con discapacidad empiecen a jugar desde pequeños. Cuanto antes se incorporen, más natural será que crezcan formando parte del ajedrez como cualquier otro jugador”, concluye Gracia.

Asimismo, como resume Marta, “el ajedrez nos recuerda que la inclusión no consiste en hacer un deporte diferente para cada persona, sino en eliminar las barreras que impiden participar”. Y es que, cuando esas barreras desaparecen, lo que decide una partida es la preparación, la creatividad y la capacidad para tomar buenas decisiones.

El incendio declarado en Orés, en la comarca zaragozana de Cinco Villas, ha entrado en una fase más favorable tras más de 15.000 hectáreas calcinadas. Mientras cientos de efectivos afrontan la recta final de la emergencia, varios investigadores intentan comprender por qué estos incendios son cada vez más intensos y qué puede hacerse para evitar que vuelvan a repetirse.

La pregunta ya no es únicamente cómo apagar un gran incendio forestal, sino cómo impedir que llegue a convertirse en uno. Por eso, con esta filosofía nace FireCycle, un proyecto liderado por el investigador Marcos Rodrigues Mimbrero, del grupo GEOFOREST del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza, que durante más de dos años ha desarrollado nuevas herramientas para identificar qué territorios son más vulnerables al fuego, evaluar el riesgo y ayudar a planificar actuaciones antes de que aparezcan las llamas.

“Cuando vemos un incendio como el de Cinco Villas lo primero que analizamos es la causa, aunque todavía esté en investigación, y también las condiciones en las que se está propagando, como el tipo de vegetación, la velocidad del fuego, la longitud de las llamas o la influencia del viento. Todo eso nos ayuda a entender por qué determinados incendios terminan escapando a la capacidad de extinción”, explica Rodrigues.

De hecho, cada gran incendio deja una gran cantidad de información que, analizada posteriormente, permite mejorar la prevención futura. “Es la materia prima que utilizamos para desarrollar herramientas que permitan evaluar el riesgo y actuar sobre el territorio antes de que el fuego vuelva a producirse”, resume. Además, el investigador apunta que comprender cómo se está propagando por el paisaje permite entender por qué en determinados momentos estos incendios quedan fuera de la capacidad de extinción, al menos durante sus primeras fases.

Los grandes incendios ya no son una excepción

Durante años, los grandes incendios forestales se consideraban episodios extraordinarios. Ahora, sin embargo, la comunidad científica empieza a asumir que forman parte de una nueva realidad. “Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Entramos en un territorio hasta hace poco desconocido porque comienzan a darse condiciones meteorológicas y ambientales que antes eran mucho menos frecuentes”, advierte el investigador.

A su vez, advierte que “estamos empezando a entrar en un territorio hasta ahora inexplorado”, ya que se dan condiciones que hace unas décadas no eran habituales y eso nos lleva a una nueva generación de incendios, “mucho más complejos tanto desde el punto de vista de la gestión como de la extinción”.

Aunque la superficie total quemada no ha aumentado necesariamente de forma constante durante las últimas décadas, sí lo ha hecho el peso de los incendios más devastadores. “Los incendios que sobrepasan nuestra capacidad para contenerlos son cada vez más frecuentes. Ya lo vimos en el verano de 2022 y esta campaña vuelve a confirmarlo”, asegura.

Como apunta, esta realidad no es casualidad. El investigador agrega que “no es un único factor” lo que produce estos incendios, sino la combinación de baja humedad, combustible acumulado, fuertes vientos y determinadas condiciones atmosféricas lo que termina generando incendios “extremadamente difíciles de controlar”.

“Cuanto mayor es la longitud de las llamas, mayor capacidad tiene el incendio para propagarse y mucho más peligroso resulta intervenir directamente. Eso obliga a depender de medios aéreos, mucho más costosos y que además no siempre pueden actuar”, explica.

Del mapa rojo al cálculo de cuántas viviendas pueden arder

FireCycle nació con el ánimo de responder a una limitación que existía en la planificación tradicional. Hasta ahora, buena parte de los mapas de riesgo clasificaban el territorio en categorías como riesgo bajo, medio o alto. Aunque, tal y como señala Rodrigues, son herramientas útiles para el día a día, se consideran “insuficientes para decidir dónde invertir en prevención”.

Según reconoce, hasta este momento trabajaban con indicadores “muy útiles para el corto plazo”, como los mapas diarios de riesgo, pero, para planificar a largo plazo, asegura que necesitaban herramientas que permitieran cuantificar realmente qué consecuencias puede tener un incendio sobre las personas o las infraestructuras.

“Nosotros queríamos dar un paso más. No decir únicamente que una zona tiene alto riesgo, sino estimar, por ejemplo, cuántos edificios podrían verse afectados cada año si se inicia un incendio en ese punto o qué lugares tienen mayor capacidad para generar fuegos que alcancen zonas habitadas”, agrega.

El proyecto integra por primera vez todo el ciclo del incendio, desde su posible origen hasta su propagación, la capacidad de extinción y las consecuencias sobre personas, viviendas e infraestructuras.

Ese enfoque cuantitativo permite identificar los llamados “puntos calientes” del territorio, es decir, lugares donde una actuación preventiva puede reducir de manera considerable el impacto de futuros incendios.

Aragón tampoco está a salvo

Aunque Aragón cuenta con una densidad de población inferior a la de otras comunidades, eso no significa que esté menos expuesto. “Cualquier población situada junto a masas forestales presenta riesgo. Son las zonas que denominamos interfaz urbano-forestal, donde conviven viviendas, actividad humana y monte”, apunta.

Precisamente uno de los territorios estudiados con mayor detalle ha sido la comarca del Matarraña. Allí, la combinación de agricultura, masas forestales y abandono progresivo de tierras ha favorecido la expansión del combustible vegetal.

“Hemos comprobado que el abandono agrícola incrementa el riesgo porque antiguos campos de cultivo terminan siendo colonizados por vegetación continua que facilita la propagación del fuego”, afirma.

A ello se suma otro elemento característico de Aragón y es que muchos incendios se producen en zonas poco pobladas, alejadas de grandes ciudades y donde la llegada de medios de extinción resulta más compleja.

“Paradójicamente, aunque haya menos población, los incendios siguen muy ligados a la actividad humana y a pequeños núcleos rodeados de monte”, sostiene.

Asimismo, advierte que “la desconexión territorial también dificulta muchas veces la llegada de los medios de extinción”, ya que se trata de incendios que afectan a pequeños municipios alejados de los grandes núcleos, pero rodeados de vegetación continua.

Invertir en apagar, pero también en prevenir

Cada verano la imagen más visible es la de hidroaviones, helicópteros y centenares de bomberos luchando contra las llamas. Sin embargo, la comunidad científica insiste desde hace años en que la prevención continúa siendo la gran asignatura pendiente.

En palabras de Rodrigues, esta situación no hay que plantearla como una elección entre ambas estrategias. “No hay que invertir menos en extinción. Hay que seguir invirtiendo en extinción, pero también mucho más en prevención”, admite.

Los estudios demuestran que actuar previamente sobre el territorio resulta mucho más rentable que intervenir cuando el incendio ya está fuera de control. Además, tal y como recuerda, detrás de cada operativo hay personas que trabajan en condiciones muy peligrosas.

“No debemos olvidar que quienes apagan los incendios son personas. Son profesionales muy preparados y eficaces, pero trabajan en situaciones enormemente peligrosas y cuanto más extremos son los incendios, mayor es también el riesgo al que se enfrentan”, recuerda.

Al mismo tiempo, reconoce que “existe un consenso creciente dentro de la comunidad científica en que hemos llegado prácticamente al límite de lo que puede conseguirse únicamente reforzando los dispositivos de extinción”, por lo que ahora es “imprescindible” actuar antes de que el incendio empiece“.

La ciencia al servicio del territorio

Uno de los principales objetivos de FireCycle ha sido trasladar el conocimiento científico a quienes toman decisiones. Por eso, todos los resultados del proyecto se han publicado en acceso abierto mediante un geoportal interactivo, cartografía específica y una memoria científica para que administraciones, gestores forestales e investigadores puedan utilizarlos.

Entre otras herramientas, el equipo ha identificado parcelas estratégicas cuya gestión permitiría frenar la propagación del fuego o reducir la exposición de zonas habitadas. De esta forma, y a través de productos sencillos, las administraciones pueden priorizar actuaciones.

“No pretendemos sustituir las metodologías que ya utilizan las administraciones, sino aportar información complementaria que ayude a priorizar actuaciones y optimizar los recursos disponibles”, destaca Rodrigues.

Mientras los medios continúan trabajando para estabilizar el incendio de Cinco Villas, el investigador lanza un mensaje claro tanto a las administraciones como a la ciudadanía: “Tenemos que asumir que estos incendios van a seguir ocurriendo. El fuego forma parte de nuestros paisajes y, con el cambio climático, estas situaciones probablemente serán más frecuentes”.

No obstante, también recuerda que existe un margen importante para reducir su impacto debido a que muchos incendios tienen origen humano y, por lo tanto, “tenemos capacidad para prevenirlos”. De este modo, detalla que algunas de las actuaciones pertinentes serían mejorar la planificación, reforzar la vigilancia y seguir apostando por la investigación científica. “No podremos eliminar el fuego, pero sí hacer que cuando llegue no tenga consecuencias tan devastadoras como las que estamos viendo estos días”, suma.

“No buscamos predecir el incendio de mañana. Lo que intentamos es responder a que, si sabemos que estos grandes incendios van a seguir produciéndose, ¿en qué lugares debemos actuar hoy para que dentro de diez años tengan un impacto mucho menor?”, concluye.

Conseguir financiación para investigar es, muchas veces, uno de los mayores desafíos de la carrera científica. La Fundación BBVA acaba de reconocer 59 proyectos entre las 1.896 candidaturas presentadas a la convocatoria de las Becas Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural, una tasa de éxito del 3,1% que da idea del elevado nivel de competencia. Entre los seleccionados figuran tres investigadores de la Universidad de Zaragoza. La bioquímica Beatriz Herguedas, investigadora del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI); el físico Manuel Bailera, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), y el químico Alberto Concellón, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA, centro mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza), recibirán una financiación de 50.000 euros para desarrollar durante los próximos 18 meses proyectos con un marcado componente innovador.

En el caso de Herguedas, la ayuda permitirá impulsar una investigación que busca abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos frente a enfermedades del sistema nervioso como la epilepsia o algunos trastornos neurodegenerativos. Más en concreto, su propuesta pretende modificar el funcionamiento de los receptores de glutamato de tipo AMPA, unas proteínas esenciales para la comunicación entre neuronas, mediante una estrategia diferente a la utilizada hasta ahora por la farmacología convencional.

La investigadora, que dirige la línea de Biología Estructural de Proteínas de Membrana Neuronales en el BIFI tras desarrollar buena parte de su carrera en el Laboratorio de Biología Molecular del MRC de Cambridge (Reino Unido), explica en esta entrevista en qué consiste ese cambio de enfoque, por qué la ciencia necesita asumir riesgos y cuánto camino separa todavía un hallazgo en el laboratorio de un futuro tratamiento para los pacientes.

Conseguir una de estas becas no parece sencillo. ¿Qué pensó cuando recibió la noticia y qué supone este reconocimiento en su carrera?

Cuando recibí la noticia y vi lo competitiva que había sido la convocatoria, obviamente me sentí muy orgullosa. Pero, sobre todo, esta beca nos permite iniciar o continuar un proyecto para el que ahora mismo no teníamos financiación. Para nuestro grupo supone precisamente eso, el poder desarrollar una idea que, de otra forma, sería muy difícil sacar adelante.

Para quien no esté familiarizado con este ámbito, ¿cómo explicaría de forma sencilla en qué consiste el proyecto?

En mi grupo de investigación llevamos más o menos quince años estudiando unas proteínas que están en la superficie de nuestras neuronas, los receptores del glutamato. Son esenciales para que funcione correctamente nuestro sistema nervioso. Gracias a ellas podemos ver, oír o procesar la información. Cuando esas proteínas dejan de funcionar como deberían pueden aparecer enfermedades neurológicas, entre ellas la epilepsia. Hasta ahora mi trabajo ha estado centrado en entender cómo funcionan desde un punto de vista muy básico. Con este proyecto queremos dar un paso más e intentar encontrar moléculas capaces de modificar cómo actúan estos receptores, de encenderlos o apagarlos, porque eso tendría un enorme potencial farmacológico. Se han probado muchísimas moléculas para actuar directamente sobre estos receptores y solo una ha conseguido llegar a utilizarse clínicamente. Precisamente por eso hemos decidido intentar una aproximación completamente distinta. En lugar de actuar sobre la proteína cuando ya está en la superficie de la neurona, vamos a intentar modificar la fábrica de estas proteínas, algo que nunca se ha probado, es decir, intervenir en cómo se ensamblan dentro de la célula antes de llegar a la membrana. Es una estrategia bastante arriesgada, pero creemos que puede abrir nuevas posibilidades.

Resulta llamativo que, pese a la importancia de estos receptores para el funcionamiento del cerebro, solo exista un fármaco que haya llegado a utilizarse clínicamente para modularlos. ¿Por qué es un campo tan complicado?

Precisamente porque son proteínas fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. Modificarlas puede producir efectos muy importantes, pero también efectos secundarios muy graves. Es un campo muy complejo y por eso solo una molécula ha conseguido llegar hasta los ensayos clínicos y utilizarse para tratar la epilepsia. Nuestro proyecto es arriesgado y precisamente por eso esta financiación resulta tan importante. Nos permite intentar algo que, probablemente, sin una ayuda como esta no podríamos hacer.

¿Hasta qué punto las grandes innovaciones nacen de cambiar la forma de hacer las cosas?

La ciencia básica es la que nos permite comprender cómo funcionan los sistemas biológicos. Una vez entiendes esos mecanismos es cuando puedes plantearte intervenir sobre ellos de otra manera. Primero generas conocimiento y después surgen nuevas preguntas y estrategias. Esa es la base de la innovación.

Tras varios años investigando en Cambridge, ahora lidera su propio grupo en Zaragoza. ¿Se puede competir desde aquí al máximo nivel?

Sí. Yo regresé con un contrato Ramón y Cajal, que precisamente está pensado para facilitar que investigadores que han desarrollado parte de su carrera en el extranjero puedan crear aquí su propia línea de investigación. Además, el BIFI cuenta con un equipamiento muy potente, especialmente en biofísica y computación, que son áreas fundamentales para el trabajo que hacemos.

La investigación también está llena de experimentos que no salen como se esperaba. ¿Cuánto hay de paciencia y perseverancia detrás de un avance científico?

Muchísimo. Estos proyectos requieren años de trabajo y muchísima dedicación. En biología es habitual que muchas cosas no funcionen a la primera o incluso que no funcionen. Por eso, cuando un proyecto sale adelante o consigues resultados importantes, hay que celebrarlo. Detrás hay muchísimo esfuerzo de todo el equipo.

¿Qué queda por recorrer?

Nosotros esperamos identificar moléculas con potencial, pero después todavía habría que pasar por todas las fases de desarrollo de un medicamento: estudios preclínicos, ensayos clínicos, comprobar su seguridad y su eficacia... Es un proceso muy largo y costoso. Cuando hablamos del precio de un medicamento muchas veces pensamos únicamente en fabricarlo, pero lo realmente caro son todos los años de investigación que hay detrás y todas las moléculas que se quedan por el camino antes de que una llegue a convertirse en un fármaco.

P. Muchos jóvenes sienten curiosidad por la ciencia, pero también la perciben como una carrera complicada e incierta. ¿Qué les diría?

Es una carrera de fondo y tiene que apasionarte. Si no disfrutas trabajando en un laboratorio es muy difícil dedicarte a esto.Yo pasé ocho años en Reino Unido y, aunque allí también tenía contratos temporales, siempre tenía la sensación de que, si uno terminaba, encontraría otro con relativa facilidad gracias al ecosistema científico que existía alrededor de Cambridge. Esa quizá es una de las diferencias con España, donde hay menos empresas biotecnológicas o farmacéuticas alrededor de los centros de investigación y eso genera más incertidumbre. Aun así, si realmente te gusta la ciencia merece la pena intentarlo. No puedes pensar solo en el final de la carrera investigadora, sino que también hay que disfrutar del camino, de aprender, de conocer otros laboratorios, de viajar y de todo lo que te aporta esta profesión. No puedes vivir pensando únicamente en cuál será el final de tu carrera investigadora. También hay que disfrutar de todo lo que ocurre mientras tanto

Aunque la beca lleva su nombre, detrás hay un equipo de investigación. ¿Cómo está formado actualmente?

Ahora mismo en el grupo somos tres investigadores predoctorales. Uno de ellos terminará en breve y en los próximos meses se incorporará un investigador posdoctoral con una beca Marie Curie. La ayuda es personal, pero la investigación nunca se hace sola. Yo dirigiré una parte del proyecto, otra la desarrollará el equipo y, sin ellos, sería imposible sacar adelante un trabajo como este.

Apenas quedan unas semanas para que el nuevo Hospital de Teruel abra sus puertas. Tras más de siete años de obras y una inversión cercana a los 140 millones de euros, el edificio está llamado a convertirse en el gran símbolo de la renovación sanitaria de la provincia. Sin embargo, mientras se ultiman los preparativos para su inauguración, el hospital que todavía presta asistencia a más de 84.000 turolenses atraviesa una situación inédita porque su servicio de Neurología ha desaparecido.

Desde hace un mes, no queda ni un solo neurólogo en activo. Los pacientes con enfermedades como el párkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, el alzhéimer, la ELA o las migrañas complejas han visto paralizadas sus consultas, mientras que quienes sufren un ictus deben ser trasladados a Zaragoza para continuar su ingreso una vez estabilizados. La imagen resume una contradicción difícil de explicar, ya que, mientras un hospital de última generación preparado para abrir sus puertas, una de las especialidades médicas más sensibles ha dejado de existir.

Para el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Teruel, Jesús Martínez-Burgui, la palabra “catastrófica” no es una exageración: “La razón fundamental es que hasta ahora nunca habíamos tenido una especialidad sin ningún tipo de posibilidad de especialistas. Es la primera vez que el hospital se queda sin ningún neurólogo y eso convierte la situación en un desastre asistencial”.

“Ha habido muchos problemas en varias especialidades, pero llegar a tener un servicio como Neurología sin ningún médico no había ocurrido nunca en los treinta años que llevo trabajando en este hospital”, insiste el presidente del Colegio de Médicos, quien reconoce que tiene “la sensación de que Teruel importa poco”.

Mucho más que el ictus

Cuando se habla de Neurología, la mayoría de la población piensa automáticamente en los accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, detrás de esta especialidad se encuentran algunas de las enfermedades con mayor impacto sobre la calidad de vida de miles de personas.

La Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN) advierte de que quedarse sin especialistas supone mucho más que derivar los casos urgentes a Zaragoza.

“Se paralizan las derivaciones desde Atención Primaria de casos potencialmente urgentes, la atención de pacientes hospitalizados y el diagnóstico y seguimiento en consultas, provocando retrasos en enfermedades potencialmente graves y con un enorme impacto en la calidad de vida”, explican desde la sociedad científica.

El problema afecta al seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple, párkinson, epilepsia, demencias o ELA, patologías que requieren revisiones periódicas y ajustes constantes del tratamiento.

“Si un paciente con migraña no recibe a tiempo el tratamiento con toxina botulínica puede empeorar claramente. En enfermedades como el párkinson es necesario revisar periódicamente la medicación y muchos tratamientos requieren controles presenciales para evitar brotes o efectos adversos”, añaden.

En el caso de la esclerosis múltiple, añaden desde SARAN, la demora en las revisiones también puede impedir detectar a tiempo brotes de la enfermedad o efectos adversos de tratamientos que requieren un seguimiento estrecho y continuado.

Mientras tanto, las consultas permanecen paralizadas y los pacientes hospitalizados son atendidos por especialistas de Medicina Interna. “Lamentablemente, un internista no puede ejercer la labor de un neurólogo. Para ello realizamos cuatro años de formación específica como especialistas”, recuerdan desde SARAN.

Una ambulancia menos para toda la provincia

La ausencia de neurólogos también tiene consecuencias fuera del hospital, ya que los pacientes con ictus siguen siendo atendidos inicialmente en Urgencias y en la UCI del Hospital Obispo Polanco, pero una vez estabilizados deben ser trasladados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza para permanecer ingresados en una planta con especialistas en Neurología, tal y como establecen los protocolos asistenciales.

Ese traslado supone cerca de dos horas de viaje por carretera y moviliza durante aproximadamente seis horas la única UVI medicalizada de la que dispone Teruel.

“El mayor problema no es el ictus, porque la urgencia se atiende. El problema es todo aquello que deja de hacerse, como las consultas de pacientes con ELA, párkinson, demencias, migrañas o esclerosis múltiple. Ahí es donde realmente estamos perdiendo capacidad asistencial”, recalca el presidente del Colegio de Médicos.

Además, desde SARAN advierten que, mientras se trasladan pacientes que podrían quedarse en Teruel, la provincia se queda sin una UVI medicalizada durante unas seis horas“.

Para Martínez-Burgui, el mayor problema ni siquiera son las urgencias, sino todo aquello que deja de atenderse sin hacer ruido. “El tratamiento urgente sigue realizándose como siempre. El verdadero problema son las consultas. No sabemos qué solución va a darse y eso implica retrasos mayores en diagnósticos, controles y seguimiento de enfermedades muy complejas”, subraya.

No faltan médicos, sino especialistas

Desde el Gobierno de Aragón se insiste en que la situación responde a un déficit estructural de especialistas que afecta a toda España. Sin embargo, aunque Martínez-Burgui comparte que existe un problema nacional, considera que esa explicación no basta para entender lo ocurrido en Teruel.

“Estoy cansado de que siempre se diga lo mismo. Sí, hay un problema estructural en algunas especialidades, pero en Neurología hace un mes no existía y ahora hemos pasado a tener cero especialistas. Algo ha ocurrido y alguien tendrá que explicarlo”, denuncia.

El presidente del Colegio insiste en una idea que, a su juicio, suele confundirse en el debate público: “No faltan médicos. Médicos hay. Lo que faltan son médicos especialistas, que es lo que exige la normativa europea para trabajar tanto en la sanidad pública como en la privada”.

“La gente dice que faltan médicos, pero no es cierto. Lo que faltan son especialistas. Nadie querría que le operara un traumatólogo sin el título de especialista y con la Neurología ocurre exactamente lo mismo”, ejemplifica Martínez-Burgui.

En su opinión, la planificación ha sido insuficiente y la Administración debe asumir que determinadas decisiones administrativas también han contribuido a agravar el problema.

El eterno reto de atraer profesionales

Sobre la pregunta de por qué ningún profesional quiere ir a Teruel, tal y como explica, no puede reducirse a un único motivo. Como destaca, puede ser debido a la distancia respecto a Zaragoza, las deficientes comunicaciones, la ausencia de conexiones ferroviarias operativas, la escasa oferta de vivienda o el menor desarrollo profesional respecto a hospitales de mayor tamaño pesan sobre la decisión de muchos especialistas.

“Estamos a 180 kilómetros de Zaragoza, tenemos una sola autovía, apenas cuatro autobuses al día y llevamos mucho tiempo sin trenes. Todo eso influye”, lamenta.

Al mismo tiempo, asegura que, a pesar de saber la “dificultad” que supone trabajar en Teruel, también hay que destacar las cosas buenas que tiene, ya que “aquí los compañeros colaboran mucho más porque todos somos conscientes de las dificultades y nos ayudamos entre nosotros”.

Sin embargo, Martínez-Burgui también reivindica las fortalezas del hospital turolense: “Aquí trabajas con más autonomía, pero también con una colaboración enorme entre compañeros. Sabemos que estamos solos y precisamente por eso nos ayudamos mucho más”.

Desde SARAN consideran que el principal problema no es que Teruel resulte poco atractivo, sino el tipo de contratos que se ofertan. “No es que Teruel no sea una provincia atractiva, sino que solo se ofrecen contratos temporales. Hay profesionales dispuestos a ir, pero es necesario convocar de manera urgente tres plazas fijas y construir una plantilla estable”, añaden.

Desde la Sociedad Aragonesa de Neurología explican que el Servicio Aragonés de Salud ha planteado una compensación económica para que neurólogos de Zaragoza se desplacen de forma puntual a Teruel y cubran consultas u hospitalización. No obstante, consideran que esta medida “no garantiza la continuidad asistencial, aumenta el agotamiento de los profesionales y resulta poco sostenible”.

A su juicio, la solución pasa por “cubrir esas plazas con especialistas dispuestos a establecerse en Teruel, porque los hay”, de manera que se garantice tanto el seguimiento continuado de los pacientes como la estabilidad y satisfacción de los propios facultativos. “No hay que seguir intentando parchear el sistema”, admiten.

La sociedad científica considera además que la apertura de la nueva Facultad de Medicina representa una oportunidad para atraer especialistas, siempre que los neurólogos del futuro hospital puedan acceder a plazas vinculadas a la universidad y desarrollar también labores docentes e investigadoras.

Cambiar las reglas del juego

Martínez-Burgui sostiene que existen medidas que podrían ayudar a fidelizar especialistas, aunque requieren voluntad política, negociación sindical y cambios normativos.

Entre ellas plantea revisar el sistema de excedencias, que actualmente permite a algunos profesionales incorporarse temporalmente a una plaza únicamente para poder solicitar un traslado inmediato. “La gente utiliza muchas excedencias para no venir a Teruel o a Alcañiz. Hay que modificar ciertas normas para que la asistencia sanitaria esté por encima del beneficio personal”, critica.

“Antes había que permanecer dos años en una plaza antes de solicitar un traslado. Esa normativa se modificó y ahora hay que volver a reflexionar sobre determinadas reglas para evitar que se utilicen las excedencias como una vía para abandonar Teruel inmediatamente”, destaca.

También defiende agilizar las ofertas públicas de empleo y revisar la regulación de las plazas de difícil cobertura, una iniciativa aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón. “Ningún partido votó en contra. Eso demuestra la importancia del problema. Ahora lo que hay que hacer es corregir aquello que no ha funcionado”, apunta.

“Fue la primera normativa sanitaria en Aragón que salió adelante sin ningún voto en contra. Eso demuestra hasta qué punto existe consenso sobre la necesidad de actuar; ahora toca corregir aquello que no ha funcionado”, detalla.

Aun así, reconoce que ninguna medida será inmediata: “Yo no pido que esto se solucione mañana. Lo que pido es una planificación con soluciones a corto y medio plazo. Si quienes tienen que resolverlo no saben cómo hacerlo, tendrán que negociar y buscar alternativas”.

Un hospital que necesita médicos

La apertura del nuevo Hospital de Teruel constituye uno de los mayores proyectos sanitarios desarrollados en Aragón durante las últimas décadas, ya que el centro triplicará la superficie del actual Obispo Polanco, dispondrá de más quirófanos, una UCI ampliada, nuevas consultas y equipamiento de última generación.

No obstante, para quienes trabajan cada día en el hospital existe una prioridad mucho más urgente porque, a pesar de que los medios materiales son “imprescindible”, “lo más importante seguirá siendo tener médicos”. “Puedes tener el mejor hospital del mundo, pero sin especialistas es imposible prestar la asistencia que la población necesita”, suma.

“Los medios materiales son imprescindibles, pero hoy por hoy el mayor hándicap para abrir el nuevo hospital sigue siendo la falta de especialistas”, resume.

La Sociedad Aragonesa de Neurología comparte esa preocupación: “Existe un riesgo evidente de inaugurar un hospital de primer nivel sin especialistas suficientes. La solución pasa por convocar de forma urgente plazas estables que permitan construir un servicio sólido y evitar que cualquier baja vuelva a paralizar toda la especialidad”.

La confianza ciudadana está en peligro

La preocupación de los profesionales trasciende la Neurología. Otorrinolaringología, Endocrinología, Dermatología, Oftalmología, Anestesiología o Ginecología también acumulan vacantes que obligan a reorganizar consultas, derivar intervenciones o aumentar las listas de espera.

Para Martínez-Burgui, el problema termina afectando a la confianza de la ciudadanía en la sanidad pública. “Soy un defensor absoluto de la sanidad pública. Creo que es una de las cosas que más igualdad genera en nuestra sociedad. Pero situaciones como esta producen ansiedad en los pacientes y una sensación de desamparo entre los profesionales”, sostiene.

Dentro de unos días, el presidente del Colegio de Médicos se reunirá con el nuevo consejero de Sanidad y, aunque no espera “milagros”, sí quiere “compromiso”. “Cuando un paciente se está muriendo hacemos todo lo posible por salvarlo, aunque sepamos que no siempre lo conseguiremos. A la sanidad de Teruel hay que aplicarle el mismo principio. No pido todo. Pido que empiecen a solucionarlo. Espero que el nuevo consejero se tome este problema en serio. No es fácil solucionarlo, pero es una obligación del Gobierno de Aragón intentarlo”, indica.

Asimismo, según comparte, detrás de cada plaza vacante, no solo hay un especialista que falta sino miles de personas que esperan un diagnóstico o una revisión sin saber cuándo volverán a tener delante al médico que necesitan. Y, de hecho, tal y como comparten desde el Colegio profesional, “un hospital nuevo, por moderno que sea, difícilmente podrá cumplir su promesa si quienes deben darle vida no llegan a ocupar sus consultas”.

La terapia empieza mucho antes de que un usuario suba a un caballo o acaricie a un perro. Comienza en el momento en que sabe que ese día volverá a la granja, donde le esperan unos animales que, lejos de ser un simple acompañamiento, forman parte de un tratamiento diseñado para mejorar su autonomía, su comunicación, su autoestima o sus relaciones sociales.

“El usuario no empieza la terapia cuando llega aquí. Empieza desde por la mañana, porque sabe que ese día va a venir a ver a su caballo, a su perro o a los animales que conoce desde hace años. Ya viene motivado desde casa”, explica Roberto Banzo, gerente de Asceal. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro ubicada en la granja escuela Los Mundos de Panta, en Huesca, que desde 2008 desarrolla terapias asistidas con animales dirigidas a personas con discapacidad, trastornos del desarrollo, enfermedades neurodegenerativas o necesidades educativas especiales.

Aunque cada vez resulta más habitual escuchar hablar de equinoterapia o de intervenciones con perros, Banzo cree que todavía persiste una idea equivocada sobre lo que realmente ocurre durante una sesión. “Muchas veces se piensa que consiste simplemente en montar a caballo o estar un rato con un perro y no tiene nada que ver con eso”, resume.

En realidad, tal y como comparte, el animal nunca es el fin sino el medio. Las terapias asistidas con animales forman parte de una intervención diseñada por un equipo multidisciplinar que analiza previamente la situación de cada usuario, sus necesidades, sus limitaciones y los objetivos que se quieren alcanzar.

Para ello, desde Asceal trabajan de forma coordinada con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, centros educativos y otros profesionales que ya forman parte del día a día de cada persona.

“Lo primero que hacemos es valorar si esa terapia es adecuada para ese usuario. No todo el mundo puede hacerla ni todas las patologías son compatibles. Hay personas para las que montar a caballo, por ejemplo, no sería recomendable y, sin embargo, en algunos sitios se sigue haciendo”, advierte.

Solo cuando esa evaluación confirma que la intervención puede resultar beneficiosa comienza el diseño de una sesión completamente individualizada. Cada ejercicio responde a unos objetivos concretos que pueden centrarse en mejorar la motricidad, estimular funciones cognitivas, favorecer la comunicación, reforzar las habilidades sociales o aumentar la autonomía personal.

“El usuario está jugando, se está divirtiendo, pero nosotros sabemos perfectamente qué estamos trabajando en cada momento”, afirma Banzo, quien subraya que “hay una planificación detrás y unos objetivos terapéuticos que se revisan continuamente para comprobar si están funcionando o si hay que adaptarlos.”

Recuperar mucho más que la movilidad

Aunque las terapias asistidas con animales suelen asociarse a la rehabilitación física, en Asceal tienen claro que los avances más importantes rara vez se miden solo en la movilidad, el equilibrio o el tono muscular. Muchas veces, destacan, “el verdadero cambio comienza cuando una persona vuelve a sentirse capaz de hacer cosas que creía perdidas”.

En este sentido, Banzo insiste en que “no sirve cualquier caballo ni cualquier perro”, ya que se trata de una intervención terapéutica el animal y “no es un simple acompañante ni un elemento que haga más agradable la sesión”. De hecho, según remarca, son una herramienta terapéutica cuya elección resulta tan importante como la preparación del profesional que dirige la intervención. “Un caballo de terapia es un caballo de terapia; un caballo de equitación es un caballo de equitación”, indica.

Bajo su punto de vista, todavía existen centros que utilizan animales destinados a impartir clases de equitación para ofrecer sesiones de hipoterapia cuando termina la jornada, una práctica que considera incompatible con una intervención rigurosa.

“Es como darle al mejor cirujano del mundo un cuchillo de sierra en lugar de un bisturí. Tendrá todos los conocimientos, pero no podrá hacer bien su trabajo., sostiene.

Ni todos los caballos ni todos los perros

Desde Asceal aseguran también que los animales pasan por un proceso de evaluación en el que se analiza su raza, su altura, el carácter, la amplitud y la cadencia del paso, la manera en que transmiten el movimiento al usuario o su reacción ante comportamientos inesperados que pueden producir algunas personas con discapacidad. De hecho, tal y como admite, “encontrar el animal adecuado no resulta sencillo porque para encontrar, por ejemplo, un caballo que realmente sirva para terapia puedes haber valorado cincuenta antes”.

En el caso de los perros, los labradores retriever con los que trabaja la entidad han sido seleccionados y entrenados específicamente para este tipo de intervenciones porque convivir bien con una familia no implica estar preparado para trabajar con personas con discapacidad, trastornos del desarrollo o enfermedades neurodegenerativas.

“Un perro muy bueno en casa no tiene por qué ser un perro terapeuta”, insiste, además de valorar que el bienestar del propio animal forma parte del tratamiento y del trabajo diario que realizan. “No puede ser un animal sometido. Tiene que sentirse cómodo durante toda la sesión y participar de manera natural”, apunta.

Solo cuando todas esas condiciones se cumplen puede comenzar el trabajo terapéutico y es entonces cuando los resultados empiezan a ir mucho más allá de la rehabilitación física. “Uno de los mayores logros que tienen estas actividades es el refuerzo de la autoestima y de la confianza en uno mismo”, asegura Banzo.

Más allá de la mejora física

Lo observa sobre todo en personas cuya enfermedad o discapacidad les ha obligado, poco a poco, a renunciar a parcelas enteras de su autonomía. Es el caso, más en detalle, de personas que han dejado de conducir, que han abandonado actividades que antes formaban parte de su rutina o que sienten que cada vez dependen más de quienes les rodean.

“Hay usuarios que han dejado de conducir, que han ido perdiendo capacidades y actividades que antes formaban parte de su vida y, de repente, vuelven a estar encima de un caballo. Ese cambio supone muchísimo”, sostiene.

Al mismo tiempo, afirma que “no se trata únicamente de montar”, ya que “la sensación de volver a controlar una situación, de comprobar que todavía son capaces de afrontar nuevos retos o de recuperar una actividad que parecía inalcanzable acaba trasladándose también fuera de la granja”.

Según recuerda, en Asceal han tenido usuarios que, gracias a ese refuerzo personal, después afrontan de manera distinta otras situaciones de su vida. “La mejora termina siendo global”, reconoce.

Ese impacto también se aprecia entre personas con enfermedades neurodegenerativas o demencias. Más allá del trabajo cognitivo o psicomotor, las sesiones devuelven una rutina esperada durante toda la semana y motivación que, en muchos casos, había desaparecido.

Por otro lado, en el caso de los niños y jóvenes, muchos de ellos presentan dificultades para relacionarse con otros niños, ya sea por problemas derivados de la comunicación o al contar con escasas habilidades sociales. Al respecto, aunque Banzo reconoce que esa situación de “aislamiento dentro del entorno escolar termina afectando a su autoestima”, en estos espacios terapéuticos “descubren cosas que sí les gustan y con las que sentirse completos”.

“Hay chicos que en el colegio sienten que son el raro o el que nadie elige. Sin embargo, luego vienen aquí y descubren que ellos son los únicos que saben montar a caballo y luego les empiezan a mirar de otra manera”, indica.

Asimismo, este profesional recuerda que, en las visitas de centros educativos, esto es todavía más evidente porque “de repente toda la clase está aquí y ven que ese chico tiene unas habilidades que los demás no tienen”. “De verdad que cambia la forma en la que el grupo lo mira”, dice.

Esa nueva confianza facilita que se abra a los demás, que participe con mayor naturalidad y que poco a poco construya relaciones que antes parecían inalcanzables. “Hemos tenido personas que estaban muy aisladas y que han terminado integrándose en el grupo, haciendo amigos y recuperando unas relaciones sociales que antes prácticamente no existían”, añade.

Una vez termina la intervención, continúa la conexión

Muchos usuarios que comienzan siendo niños, después continúan vinculados a la entidad años después. Como detalla, algunos llegaron con apenas seis años y, ahora, participan incluso en programas de inserción laboral impulsados por la propia asociación. “Es un tránsito vital. Hemos visto crecer a muchos de ellos desde pequeños hasta convertirse en adultos”, aclara.

Ese recorrido, tal y como señala, también lo hacen sus familias, que forman parte activa de todo el proceso y son quienes primero detectan que los pequeños avances empiezan a trasladarse a la vida diaria.

“No queremos que sea venir una hora, hacer la sesión e irse. Queremos conocer a las familias, acompañarlas y que formen parte del proyecto”, dice Banzo. Además, “son ellas quienes regresan contando que su hijo ha hecho algo que antes parecía imposible”. “Nos dicen: 'Mira lo que ha hecho esta semana' o 'ha conseguido algo que antes no hacía'. Ellas son las que mejor ven cómo esos avances pasan de la terapia a su día a día”, valora.

Quizás por eso, desde Asceal no han contabilizado cuántas personas han pasado por ahí desde su creación en 2008: “No queremos convertir a las personas en números. Para nosotros son mucho más que eso”. Asimismo, según explica, muchas siguen formando parte de esa comunidad tiempo después de haber comenzado una terapia y ese, concluye, es “probablemente el mejor indicador de que el trabajo va mucho más allá de una sesión semanal con un caballo o un perro”.

Cuando se habla de una guerra, la imagen que suele venir a la cabeza está marcada por los bombardeos, los combates o los edificios reducidos a escombros. Sin embargo, existe otra devastación mucho menos visible que continúa mucho después de que cesen los disparos y que rara vez ocupa el centro del debate público. Es la que sufren miles de mujeres y niñas cuyos cuerpos se convierten en un campo de batalla y cuya salud física, mental y social queda marcada durante años.

Ese es el punto de partida del estudio ‘Impacto de los conflictos armados en la salud de las mujeres y las niñas’, elaborado por un grupo de investigadores entre los que se encuentran dos médicas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Blanca Obón e Isabel Gutiérrez. Ambas pertenecen al Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios de Aragón (GRISSA), que pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS Aragón). Está financiado por le Sociedad Española de Epidemiología y al Grupo de Trabajo de Género Diversidad Afectivo Sexual y Salud (GEyDIS).

El trabajo, del que también forman parte Christian Gil Borrelli, María Ángeles Rodríguez Arenas y Carmen Vives Cases, revisa la evidencia científica publicada entre 2013 y 2025 y analiza cómo las guerras afectan de manera específica a las mujeres desde una perspectiva de salud pública y de género.

Entre las conclusiones, el documento afirma que “la violencia sexual no constituye un efecto colateral inevitable de los conflictos armados, sino una herramienta utilizada de forma deliberada para sembrar el terror, romper comunidades, desplazar poblaciones o alterar la composición étnica de determinados territorios”. A esa violencia directa se suma el colapso de los sistemas sanitarios, que deja a millones de mujeres sin acceso a atención obstétrica, anticonceptivos, tratamientos médicos o productos básicos para la higiene menstrual.

“Es importante visibilizar que la guerra también es esto”, resume la especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Blanca Obón Azuara, además de asegurar que “los conflictos armados afectan masivamente a toda la población, pero con una mayor desproporción entre las mujeres y las niñas porque se enfrentan a vulnerabilidades específicas”.

La investigadora explica en una entrevista a elDiario.es que gran parte de la violencia ejercida contra la población civil tiene un claro componente de género. De hecho, tal y como apunta, los ataques contra las mujeres pretenden, entre otros, destruir los vínculos familiares y comunitarios, humillar a la población o provocar desplazamientos forzados.

“La violencia sexual sistemática adquiere un componente biopolítico y es utilizada para forzar embarazos con el objetivo de alterar la composición étnica de una población, constituyendo una forma de dominación y un modo de control extremo sobre los cuerpos de las mujeres”, señala.

Una estrategia de guerra, no un daño colateral

Uno de los principales mensajes del estudio consiste en desmontar la idea de que las agresiones sexuales aparecen como consecuencia del caos propio de cualquier conflicto.

La revisión recoge evidencia procedente de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que documentan patrones repetidos de violaciones en grupo, torturas sexuales, mutilaciones genitales o embarazos forzados en escenarios como Bosnia, Ruanda, Etiopía o Ucrania.

“Organismos internacionales documentan cómo en los conflictos armados existen patrones de violación en grupo, mutilación genital y tortura sexual como práctica sistemática durante la ocupación militar”, explica Obón-Azuara.

En otros casos, añade, las violaciones se utilizan como mecanismo de castigo político o de desplazamiento forzado de comunidades enteras. Por ello, reconocer esta realidad supone un cambio tanto desde el punto de vista jurídico como sanitario, ya que, durante décadas, muchas de estas agresiones quedaron invisibilizadas o fueron consideradas consecuencias inevitables de la guerra. No obstante, en estos momentos, la violencia sexual está reconocida como crimen de guerra y, en determinados contextos, como una forma de genocidio.

“Reconocer todos estos crímenes de guerra que antes quedaban impunes e invisibles supone desarrollar sistemas para impedir que se repitan e implementar respuestas sanitarias adecuadas a las situaciones de las mujeres en los territorios afectados”, indica.

Cuando el sistema sanitario también desaparece

El estudio insiste en que la guerra hace daño incluso cuando nadie dispara directamente contra una mujer debido a la destrucción de hospitales, la falta de personal sanitario o la interrupción de los servicios básicos que afectan, por lo tanto, a la salud femenina.

Durante un conflicto, asimismo, desaparecen las consultas prenatales, los anticonceptivos, la atención obstétrica urgente, la profilaxis tras una agresión sexual o el acceso a productos de higiene menstrual. Todo esto, se traduce en un incremento de embarazos no deseados, infecciones, complicaciones obstétricas y muertes evitables.

“En las situaciones de conflicto se interrumpen los servicios esenciales, lo que contribuye directamente al aumento de la morbilidad y la mortalidad materna”, explica la médica, al mismo tiempo que afirma que “se calcula que más de 500 mujeres mueren al día por causas relacionadas con el embarazo o el parte en estos contextos de conflicto”.

En cuanto a la falta de productos para la higiene menstrual, aunque “podría parecer una cuestión secundaria”, se traduce en infecciones recurrentes, ansiedad y exposición a situaciones de vergüenza, aislamiento o inseguridad.

Si las consecuencias físicas son evidentes, las psicológicas suelen prolongarse durante mucho más tiempo. Según recuerda Obón, el estudio recoge que las mujeres supervivientes de violencia sexual presentan “un riesgo tres veces mayor de desarrollar trastorno por estrés postraumático que aquellas expuestas a otras formas de violencia durante la guerra”.

Depresión, ansiedad, insomnio crónico, culpa, aislamiento social o ideación suicida forman parte de unas secuelas que no desaparecen cuando termina el conflicto.

“Es importante diferenciar el trauma derivado de la violencia sexual del trauma general de la guerra porque solo así pueden diseñarse respuestas adecuadas y culturalmente adaptadas que eviten la estigmatización de las supervivientes y contribuyan realmente a su reparación”, apunta.

Es por ello, por lo que el estudio insiste en que la respuesta sanitaria no puede limitarse a tratar lesiones físicas, sino que “debe incorporar atención psicológica especializada y un acompañamiento prolongado en el tiempo”.

La guerra continúa después de la guerra

Como reconoce esta profesional, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores durante la revisión de la literatura científica fue comprobar que muchas de las consecuencias más graves aparecían cuando los combates ya habían terminado. A pesar de que durante el conflicto predominan la violencia directa y el colapso de los servicios sanitarios, existen otras formas de violencia que, de primeras, “pasan desapercibidas”.

A su juicio, las mujeres asumen el cuidado de sus familias, afrontan la pérdida de ingresos, sufren dificultades para acceder al empleo e incluso pierden el derecho a la propiedad de la tierra.

“La pobreza no resulta de decisiones individuales de las mujeres, sino de la interacción de normas patrimoniales, exclusión de mercados de crédito y tierra y ausencia de estas variables en el diseño institucional de la reconstrucción”, subraya.

Ese fenómeno recibe el nombre de feminización de la pobreza y constituye uno de los principales obstáculos para que las supervivientes puedan reconstruir su vida.

Aragón también puede aprender

Aunque puede parecer una realidad ajena por distancia, Obón recuerda que España “no es un observador externo”, sino una “receptora activa”. Esta posición, según añade, la convierte en “un lugar legítimo y necesario para generar conocimiento y aplicarlo”.

En Aragón, agrega, existe un marco normativo que garantiza la atención sanitaria a las personas refugiadas y protocolos específicos para actuar ante situaciones de violencia sexual o mutilación genital femenina. Sin embargo, lamenta que “estos protocolos no han sido auditados y se desconoce su cumplimiento real”.

A esta situación se añaden barreras administrativas que retrasan el acceso a la atención sanitaria y dificultades derivadas del idioma o del miedo de muchas mujeres a perder el asilo si revelan la violencia sufrida.

Durante la llegada de refugiados procedentes de Ucrania se activaron dispositivos rápidos de acogida en Zaragoza gracias a la coordinación institucional. En cambio, la investigadora se pregunta si esa misma capacidad de respuesta existiría ante conflictos con menor repercusión mediática: “Normativamente estamos preparados, pero el cumplimiento operativo es desigual”.

El estudio también pone el foco en cómo los profesionales sanitarios no solo deben atender las lesiones físicas de las víctimas, por lo que “tienen que saber detectar situaciones de violencia, acompañar a las mujeres hacia recursos sociales, psicológicos o legales y documentar cada caso de manera rigurosa”.

“La historia clínica tiene un peso legal y pericial como carga de prueba, que corroborará científicamente lo que las personas han sufrido y permitirá iniciar un proceso de reparación”, sostiene, además de compartir que esa dimensión ética forma parte “inseparable” del ejercicio de la medicina.

Investigar para que el olvido no gane

A la investigadora le preocupa que la sucesión constante de crisis internacionales termina normalizando estas violencias. “El olvido no es solo mediático. Tiene un correlato presupuestario medible”, sostiene.

Los datos muestran que, tres años después del inicio de la invasión de Ucrania, casi la mitad de las organizaciones dedicadas al empoderamiento económico de las mujeres habían reducido sus programas, sobre todo cuando las consecuencias sociales y sanitarias comenzaban a hacerse más visibles.

“Si la atención institucional sigue el mismo ciclo que los medios de comunicación, la ayuda se retira justo cuando las secuelas empiezan a manifestarse con más claridad clínica”, remarca.

Mientras la actualidad cambia de foco y las guerras dejan de ocupar las portadas, la ciencia continúa documentando el impacto que dejan sobre quienes sobreviven. Asimismo, como concluye el estudio, las mujeres que llegan a hospitales como los españoles no dejan atrás esas secuelas al cruzar una frontera y, por lo tanto, “los sistemas sanitarios tampoco deberían olvidarlas cuando el conflicto deja de ser noticia”.

Aragón vuelve a mirar al cielo este verano. Los incendios forestales han obligado en las últimas semanas a movilizar amplios dispositivos de emergencia, desalojar núcleos de población y mantener a decenas de vecinos pendientes de la evolución del fuego. La sierra de Alcubierre, entre Leciñena y Robres, ha sufrido uno de los mayores incendios de la temporada, con unas 2.200 hectáreas afectadas, mientras que en La Fueva varios vecinos continúan fuera de sus casas tras el incendio declarado este miércoles.

Las imágenes que suelen ocupar portadas y abrir informativos son las de los helicópteros descargando agua, los bomberos luchando contra las llamas o los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajando sobre el terreno. Sin embargo, cuando las cámaras se apagan y la emergencia entra en una nueva fase, aparece otro equipo menos conocido que trabaja: el Grupo de Intervención Social en Emergencias (GISE).

Formado por 64 trabajadoras y trabajadores sociales voluntarios especializados en emergencias, este grupo coordinado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón acaba de recibir la Placa al Mérito de Protección Civil 2025, un reconocimiento a más de dos décadas de trabajo acompañando a personas afectadas por catástrofes, incendios, inundaciones o accidentes con múltiples víctimas.

“Cuando los bomberos ya han apagado el fuego y los sanitarios han atendido a los heridos, todavía queda mucho por hacer”, explica Selene Gálvez Langarita, integrante del GISE.

Tal y como cuenta, una emergencia también deja personas que han perdido su vivienda, familias separadas, menores desorientados, personas mayores con dificultades para desplazarse o vecinos que necesitan apoyo para afrontar un impacto emocional que puede prolongarse durante años.

Lo que ocurre después de la emergencia

La intervención social comienza precisamente donde termina la actuación más visible de los servicios de emergencia.

“Nosotras trabajamos sobre el daño social que provoca una catástrofe”, resume Gálvez, quien señala que “la pérdida de la vivienda, la pérdida del empleo, la necesidad de alojamiento temporal o las dificultades de personas vulnerables son cuestiones que también forman parte de la intervención”.

En los incendios forestales que cada verano afectan a Aragón, esa realidad resulta evidente, ya que, cuando se ordena evacuar un pueblo, no todas las personas parten de la misma situación. Como explica, puede haber vecinos con movilidad reducida, personas encamadas, mayores que viven solos o familias que necesitan apoyo específico para abandonar sus hogares con seguridad.

“Lo que hacemos es identificar esas vulnerabilidades y garantizar que nadie se quede atrás”, afirma.

Su trabajo continúa después en los espacios de acogida habilitados para los evacuados, donde organizan recursos, detectan necesidades específicas y acompañan emocionalmente a quienes acaban de perder, al menos temporalmente, la normalidad de su vida cotidiana.

Formarse para acompañar y entrenar lo inesperado

La dimensión emocional ocupa una parte fundamental de la intervención. “A veces una persona acaba de perder un familiar, su casa o la vida que conocía hasta ese momento”, señala Ana Belén Mateo Torralba, también integrante del GISE, quien confirma que el papel del grupo es “acompañar, escuchar y ayudar a cubrir las necesidades más urgentes”.

“No todas las personas necesitan lo mismo ni reaccionan igual”, explica Mateo, quien afirma que desde el GISE también deben saber “cuándo intervenir, cuándo esperar y cuándo una persona simplemente necesita que alguien permanezca a su lado”.

Como no existen dos emergencias iguales ni dos reacciones idénticas ante una misma situación, ambas coinciden en que la preparación es un paso importante. “Formación, formación y formación”, resume Gálvez, quien remarca que “la teoría no basta, pero sí proporciona una base sólida para poder adaptarte después a cualquier escenario”.

Esa preparación se mantiene durante todo el año mediante cursos especializados, simulacros y ejercicios conjuntos con otros cuerpos de emergencia.

De hecho, en los últimos meses el GISE ha participado en simulacros de riesgo químico en Épila, ejercicios de incendios forestales en las comarcas del Jiloca y Cuencas Mineras, prácticas de coordinación en Huesca y un simulacro de accidente ferroviario en la estación Zaragoza-Delicias que permitió poner a prueba por primera vez el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI).

Para quienes forman parte del grupo, estos entrenamientos son mucho más que una práctica técnica. “A veces lo primero que tienes que conocer es cómo reaccionas tú misma en una situación de presión”, explica Mateo, que asegura que “eso también forma parte de la preparación”.

Los simulacros permiten además coordinarse con bomberos, sanitarios, Protección Civil, fuerzas de seguridad y el resto de los profesionales que intervienen en una emergencia real. “Entrenar sirve para conocernos entre los distintos equipos y saber cómo trabajamos unos y otros”, añade Mateo porque, como dice, “con una emergencia real ya no hay tiempo para improvisar ni para presentarse”, por lo que “cada profesional tiene que saber qué puede aportar y cómo coordinarse con el resto”.

Es más, según detalla, en una emergencia cada profesional se identifica mediante un color que permite reconocer su función dentro del operativo y agilizar la coordinación sobre el terreno. Así, los bomberos visten chalecos rojos; Protección Civil, naranjas; los sanitarios del 061, blancos; el jefe de triaje, amarillo; el responsable de evacuación sanitaria, azul, y los trabajadores sociales del Grupo de Acción Social, verde.

Por su parte, los distintos cuerpos policiales mantienen sus uniformes habituales, mientras que entidades como Cruz Roja utilizan su propia identidad corporativa. Esta codificación por colores, empleada en los dispositivos del 112 SOS Aragón y en los Puestos de Mando Avanzado (PMA), no está recogida en una única norma, sino que forma parte de los protocolos operativos que organizan la intervención de los diferentes servicios durante una emergencia.

El reto de reconstruir una comunidad

Mientras Aragón afronta un nuevo verano marcado por los incendios forestales y las evacuaciones, la actualidad internacional también recuerda la fragilidad de la sociedad frente a una catástrofe. El reciente terremoto registrado en Venezuela ha dejado miles de personas afectadas y ha puesto de manifiesto que, a pesar de que un seísmo dura unos segundos, las consecuencias sociales permanecen durante meses o años.

“Siempre pienso cuánto tiempo hace falta para recuperar el nivel de vida que existía antes”, reflexiona Selene Gálvez. La respuesta, admite, rara vez es rápida. “Un terremoto puede durar unos minutos y, sin embargo, una comunidad puede tardar décadas en recuperarse”, afirma, poniendo de ejemplo el terremoto de Lorca de 2011, cuyas consecuencias todavía siguen presentes más de una década después.

Por eso insiste en que el impacto de una gran emergencia no puede medirse únicamente en hectáreas calcinadas, viviendas destruidas o personas evacuadas. También deja secuelas emocionales, pérdida de redes de apoyo, incertidumbre económica y comunidades enteras obligadas a empezar de nuevo. “Ahí es donde entra el trabajo social”, resume.

Tal y como admite, cuando la actualidad continúa hacia otro lugar, comienza un trabajo silencioso que puede prolongarse durante años para ayudar a las personas a recuperar, poco a poco, “una vida que nunca vuelve a ser exactamente igual”.

Una profesión imprescindible y todavía poco conocida

“Sinceramente, creo que la sociedad todavía no conoce suficientemente cuál es nuestro papel dentro de una gran emergencia”, afirma la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Sandra Arauz. A su juicio, la DANA que golpeó Valencia marcó un punto de inflexión al evidenciar que, además de bomberos, sanitarios o fuerzas de seguridad, existen otros profesionales cuya intervención resulta esencial para atender a la población afectada.

“Las emergencias pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas tienen las personas como elemento común”, indica. Del mismo modo, apunta que la función del trabajador social consiste, precisamente, en que “nadie quede desatendido por su situación personal, económica o social”. “La emergencia no afecta igual a todo el mundo y por eso nuestra mirada siempre se dirige primero hacia quienes parten de una mayor vulnerabilidad”, sostiene Arauz.

Por todo esto, defiende que el trabajo social se ha consolidado como una pieza clave dentro de los planes de Protección Civil, con una misión que va más allá de cubrir necesidades materiales. “Estamos para acompañar antes, durante y después de la emergencia, siempre con una atención especial a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, agrega.

En este sentido, mientras la Comunidad encara un verano complicado por el elevado riesgo de incendios forestales, el GISE continúa entrenando para responder a situaciones que, como reconocen sus integrantes, “ojalá nunca lleguen a producirse”.

Por eso, si mañana volviera a declararse una emergencia en Aragón, el mensaje que lanzan a la ciudadanía es “que confíen”, añade Gálvez, a pesar de reconocer que “los primeros momentos siempre parecen caóticos y es normal que la gente tenga esa sensación”.

“Detrás de cada operativo hay muchísimas personas preparándose desde hace años para saber qué hacer en cada situación”, sostiene. Y esa coordinación, añade Gálvez, no se improvisa y es fruto de años de formación, protocolos y reuniones de coordinación.

En definitiva, cuando un incendio obliga a abandonar un pueblo o un terremoto rompe de golpe la rutina de cientos de personas, la respuesta continúa con ofrecer ayuda para reconstruir una comunidad entera que, en estos momentos, “está rota y no sabe cuándo volverá a ser igual”.

Con solo una mochila, una camisa y un pantalón, Kary Rojas Lanuza tuvo que abandonar a los 26 años su vida tal y como la conocía. Era de noche cuando cruzó la frontera de Nicaragua el 7 de abril de 2019. No fue una decisión meditada ni una aventura buscada, sin embargo, esa huida era “muy necesaria”.

Así lo comparte en una entrevista a elDiario.es, donde asegura que detrás quedaron su familia, sus amigos, su trabajo y un país que, según denuncia, dejó de ser seguro para él por motivos políticos y por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

Ahora, a sus 33 años, vive en Zaragoza y, aunque trabaja como encargado de un restaurante, continúa ejerciendo el activismo en defensa de los derechos humanos y de la diversidad porque “no hay que olvidar que la lucha sigue”.

“Salí huyendo porque tenía miedo de que me detuvieran de manera arbitraria, sin derecho a defenderme”, recuerda. Tras cruzar la frontera llegó a Costa Rica junto a quien hoy es su esposo. Allí, lejos de sentir alivio inmediato, recibió el golpe de la realidad: “Cuando llegué a San José me puse a llorar porque me di cuenta de que había perdido todo. Mi familia, mi trabajo, mis cosas, todo aquello por lo que había luchado”.

Aquella primera noche en Costa Rica la pasó sin saber dónde dormiría ni qué iba a comer al día siguiente. Apenas llevaba unos pocos colones en el bolsillo. “No conocía a nadie, no sabía qué organizaciones podían ayudarme. Fue un proceso muy duro, física y emocionalmente”, sostiene.

Su historia forma parte de una realidad global que afecta a millones de personas. Según datos del Consejo General de Trabajo Social, más de 117 millones de personas viven actualmente desplazadas por guerras, violencia o persecución. En Aragón, la Oficina de Asilo y Refugio afirma que se registraron 5.694 solicitudes de protección internacional durante 2025 y en lo que va de 2026 ya se han sumado otras 1.262.

No obstante, detrás de cada cifra existe una historia individual marcada por pérdidas, incertidumbre y resistencia.

Precisamente por eso insiste en que todavía existe mucho desconocimiento sobre qué significa ser una persona refugiada, ya que “mucha gente piensa que salir de tu país tiene que ver con buscar una vida mejor económicamente, pero detrás hay violencia, persecución y una vulneración de derechos que muchas veces permanece invisible”. Para Kary, escuchar cada historia es la única forma de comprender realmente qué supone abandonar toda una vida de un día para otro.

Seis años aprendiendo a sobrevivir

Kary permaneció seis años en Costa Rica. Allí encontró apoyo en organizaciones internacionales y entidades sociales que le ayudaron a acceder a formación y empleo. Sin embargo, también conoció de primera mano la discriminación, la xenofobia y las dificultades burocráticas que afrontan muchas personas refugiadas.

“La gente cree que migrar o refugiarse es una cuestión económica, pero detrás hay violencia, persecución y vulneración de derechos. Eso muchas veces no se entiende”, lamenta.

Pese a las dificultades, logró salir adelante. Ahora, ni siquiera él encuentra una explicación sencilla a su capacidad para reconstruirse una y otra vez. “A veces ni yo mismo comprendo cómo he sido tan resiliente”, admite.

Reconoce que gran parte de ese proceso no habría sido posible sin el apoyo de organizaciones que le acompañaron desde los primeros días del exilio. “Me ayudaron con formación, con orientación laboral y hasta con apoyo económico cuando no tenía nada. Gracias a ellas pude empezar a reconstruir mi vida”, dice. Aquella experiencia también transformó su manera de entender el futuro: “Hoy ya no tengo miedo a empezar de cero. Uno sabe dónde nace, pero no dónde muere”.

En 2024 fue seleccionado para un programa de reasentamiento impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, lo que le permitió trasladarse a España.

Una nueva vida en Zaragoza

La llegada a España supuso un cambio radical. Kary destaca el acceso a la sanidad pública, las oportunidades laborales y una integración que considera más sencilla que en otros lugares donde ha vivido.

“Aquí me han dado oportunidades que nunca pensé tener. He podido demostrar mis capacidades y acceder a responsabilidades laborales que en otros países no conseguí”, explica.

Sin embargo, también señala obstáculos que continúan afectando a muchas personas refugiadas, como la homologación de estudios. “¿Cómo vas a traer documentos homologados si has salido huyendo de tu país y el propio Estado que te persigue dificulta o elimina esos registros?”, se pregunta.

Otra de las grandes dificultades ha sido la reunificación familiar. Su esposo permaneció durante un tiempo en Costa Rica, separado de él. Finalmente pudo llegar a España solicitando protección internacional, aunque el proceso estuvo lleno de trabas administrativas. “Cuando llegué aquí me afectó mucho emocionalmente estar solo. La reunificación debería ser más ágil para quienes ya hemos conseguido rehacer nuestra vida”, admite.

El activismo como herramienta de resistencia

Además de refugiado, Kary es activista LGTBIQ+. Considera que, aunque España ha avanzado enormemente en derechos, la lucha continúa. “Seguimos trabajando para que no haya retrocesos y para que se respeten los derechos que tantas personas conquistaron antes que nosotros”, subraya.

Para él, la visibilidad es importante para las nuevas generaciones, no solo como una cuestión de representación, sino como una forma de proteger y acompañar a quienes todavía viven situaciones de discriminación.

También recuerda que muchas personas LGTBIQ+ refugiadas siguen enfrentándose a una doble discriminación. Explica que conoce a personas que, además de huir de la persecución, han tenido dificultades para acceder a tratamientos médicos o han sufrido rechazo tanto por su orientación sexual como por su condición de migrantes. En este sentido, denuncia que “a veces no sabes si te están discriminando por ser extranjero o por formar parte de la comunidad LGTBIQ+. Al final todo se mezcla”.

“Las celebraciones también son una conmemoración de quienes ya no están y de quienes lucharon para que hoy tengamos derechos. Tenemos la responsabilidad de continuar ese legado”, añade.

Aunque reconoce que el país que dejó hace años ya no existe, sigue imaginando un regreso. No habla de recuperar el tiempo perdido, sino de reencontrarse con sus raíces, con su madre -a la que lleva nueve años sin abrazar- y con el lugar donde creció. “Sé que ya no será igual porque yo también he cambiado, pero todavía tengo esperanza de volver. Me gustaría que hubiera un verdadero Estado de derecho y que todas las personas fuéramos respetadas”, comparte.

Hoy define la libertad de una manera sencilla y alejada del concepto abstracto: “Es poder alzar la voz, poder decir que algo no es justo, que están violentando mis derechos, y que nadie me lo prohíba”.

Mientras llega ese momento, continúa construyendo su futuro en Zaragoza. Y cuando mira hacia atrás, hacia aquel joven que una noche de abril de 2019 cruzó la frontera con apenas una mochila, no siente lástima sino orgullo. “Le diría que ha sido muy valiente, que ha resistido muchas cosas y que ha logrado salir adelante”, remarca.

Quizá por eso tampoco tiene dudas sobre qué le diría al Kary de dentro de diez años, una persona que espera que haya seguido defendiendo su libertad y que haya encontrado la paz lejos de la burocracia que todavía hoy le persigue.

“Le diría que lo logró. Que no fue fácil, pero que lo logró”, concluye este joven, cuya historia refleja la de tantas personas que, pese a perder un país, nunca han permitido que les arrebataran la esperanza ni la libertad de seguir siendo quienes son.

La aragonesa Sofía Gracia aprendió lengua de signos antes incluso que muchas palabras habladas. Como hija de padres sordos, la lengua de signos española forma parte de su vida desde que tiene memoria. De hecho, es su lengua materna, la forma en la que aprendió a comunicarse y también la herramienta que hoy utiliza para divulgar una realidad poco visible.

“Toda mi vida he hablado de las maravillas y de lo bonita que es la lengua, de las curiosidades y de sus características. La gente siempre se queda como muy sorprenda y con ganas de saber más. Y eso me encanta porque es súper interesante”, reconoce en una entrevista a elDiario.es en Aragón.

Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra este 14 de junio, Gracia reconoce que, aunque “nunca se había hablado tanto de lengua de signos, las personas sordas siguen encontrándose con obstáculos que limitan su autonomía” en ámbitos tan básicos como la sanidad, la educación o la atención pública.

“Hay más visibilidad, sí, pero la accesibilidad no ha avanzado al mismo ritmo”, afirma, al mismo tiempo que añade que “los derechos de las personas sordas siguen vulnerándose porque siguen faltando intérpretes de lengua de signos en muchos servicios esenciales”.

Su mirada combina la experiencia personal con la profesional. Intérprete de lengua de signos y guía intérprete para personas sordociegas, Gracia se ha convertido además en una divulgadora de referencia a través de sus formaciones y de sus redes sociales (@HablaBebe.es), donde acerca la lengua de signos a familias, docentes y profesionales de distintos ámbitos.

Una lengua que también llega a los bebés

Su labor de divulgación nació en el momento en el que se quedó embarazada, cuando decidió formarse en comunicación temprana con bebés y comenzó a impartir cursos dirigidos a familias. Su objetivo era mostrar cómo los signos pueden convertirse en una herramienta de comunicación mucho antes de que aparezca el lenguaje oral.

“Mi hija con un año tenía alrededor de cincuenta signos de vocabulario”, recuerda y, a pesar de que “muchas personas se sorprenden cuando les dices que un bebé puede comunicarse antes de hablar”, los signos permiten expresar necesidades cuando todavía no existe capacidad para hacerlo oralmente.

Gracia insiste en que esos signos proceden de la lengua de signos española, una cuestión que considera relevante porque, en estos momentos, proliferan métodos inspirados en sistemas extranjeros. “La lengua de signos no es universal. En España tenemos nuestra propia lengua y es importante ponerla en valor”, subraya.

Lo que comenzó como una formación dirigida a familias ha terminado extendiéndose a escuelas infantiles, centros educativos y profesionales especializados en atención temprana.

Aunque la presencia de la lengua de signos en el sistema educativo sigue siendo limitada, Gracia sí percibe avances en algunos ámbitos concretos, sobre todo en la etapa de 0 a 3 años.

Gran parte de ese crecimiento se está produciendo a través del sistema bimodal, una herramienta que combina el habla con signos procedentes de la lengua de signos española.

“Yo no enseño lengua de signos completa en las escuelas porque tiene una estructura gramatical propia y compleja. Lo que enseño es vocabulario mediante sistema bimodal, manteniendo la estructura del lenguaje oral”, afirma.

Esta metodología está demostrando ser especialmente útil para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), trastornos del lenguaje, síndrome de Down, retrasos madurativos o dificultades en la comunicación. “Se ha comprobado que es una herramienta muy potente para niños que todavía no pueden expresarse oralmente. Les permite comunicarse y reducir muchísima frustración”, señala.

Sin embargo, considera que la incorporación de estas herramientas sigue dependiendo en gran medida de iniciativas concretas de centros o profesionales sensibilizados, más que de una apuesta estructural del sistema educativo. En este sentido, lamenta que, desde que se empieza el colegio hasta que se termina la universidad, “no recibimos prácticamente ninguna formación sobre lengua de signos o comunidad sorda”, lo que “explica muchas de las barreras que siguen existiendo después”.

La accesibilidad pendiente

Para Gracia, el principal problema continúa estando fuera de las aulas. Al respecto, esta divulgadora comparte que su padre, usuario de la sanidad pública, necesita solicitar con antelación la presencia de un intérprete para acudir a determinadas consultas. Sin embargo, su madre, usuaria de la sanidad privada, debe costear ese servicio por su cuenta. 

“No se trata de comodidad. Se trata de autonomía. Muchas personas sordas siguen dependiendo de familiares o personas cercanas para acudir al médico porque no tienen garantizada una comunicación accesible”, denuncia. A su juicio, la sociedad todavía contempla la accesibilidad como una excepción en lugar de asumirla como un derecho.

Además, cree que persisten numerosos prejuicios sobre la lengua de signos, como la falsa idea de que utilizar signos puede retrasar la adquisición del lenguaje oral. “Es justo al contrario. Los signos estimulan áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y facilitan la comunicación. No sustituyen al habla, la complementan”, subraya.

La divulgadora recuerda haber conocido familias cuyos hijos pasaron años sin disponer de herramientas comunicativas adecuadas porque algunos profesionales desaconsejaron el uso de signos. “Hay niños que podrían haberse beneficiado enormemente de esta herramienta y no la tuvieron. El problema no es la lengua de signos. El problema es la falta de comunicación”, sostiene.

No como un recurso excepcional, sino como una formación habitual

El éxito reciente de producciones audiovisuales como ‘Sorda’ o la creciente presencia de contenidos divulgativos en redes sociales han contribuido a despertar interés por la lengua de signos.

No obstante, Gracia considera que la verdadera transformación llegará cuando deje de verse como un recurso excepcional y pase a formar parte de la formación habitual de profesionales y ciudadanos. “Me gustaría que dentro de diez años la lengua de signos estuviera presente en colegios, universidades, facultades de Medicina, Enfermería o Periodismo”, apunta.

En este último ámbito cree que todavía queda trabajo por hacer: “La manera en la que hablamos de las personas sordas también importa. Hay términos que siguen utilizándose incorrectamente y que contribuyen a mantener estereotipos”.

A pesar de las dificultades, mantiene una visión optimista, ya que, a pesar de que España suele llegar más tarde a muchos cambios incorporados en otros países, “estoy convencida de que acabarán pasando”.

Mientras tanto, sigue impartiendo formaciones para familias, docentes y profesionales sanitarios, uno de los ámbitos donde considera más urgente mejorar la comunicación. A su vez, crea contenido de manera diaria en su cuenta Habla Bebe, donde también se pueden aprender nociones básicas y avanzadas sobre esta lengua.

Asimismo, recomienda acudir a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), donde las propias personas sordas imparten formación y transmiten la riqueza cultural de una lengua que, más allá de las manos, representa una forma diferente de entender la comunicación.

“Siempre digo que la lengua de signos es un nivel más de comunicación”, concluye, por lo que, “cuando la descubres, entiendes que no es solo una herramienta para hablar sino otra manera de expresar emociones, de relacionarte con los demás y de mirar el mundo”.

S. tiene 19 años, arrastra un importante problema de salud mental derivado de una encefalitis sufrida durante su adolescencia y cuenta con una medida judicial de protección. Sin embargo, su realidad cotidiana sigue siendo las calles del barrio del Gancho, en Zaragoza. La historia de S., cuyo nombre completo se omite para preservar su intimidad y dignidad, ha encendido las alarmas de la asociación Acullir, una entidad formada por personas que pasaron por el sistema de protección de menores y profesionales que han trabajado en él. Desde hace meses intentan acompañarlo, alimentarlo cuando pueden y reclamar una solución institucional que, aseguran, todavía no ha llegado.

“No estamos hablando de una persona que simplemente esté atravesando una situación económica difícil. Estamos hablando de un joven que no tiene capacidad para cuidarse a sí mismo”, explica Pascual Jiménez, responsable del programa Enfilar de Acullir y educador jubilado.

La entidad conoció su caso en abril, después de recibir la llamada de una vecina preocupada por un joven que veía dormir en la calle en condiciones extremas. Al principio, recuerdan, este joven argelino desconfiaba de cualquiera que intentara acercarse.

“Poco a poco fuimos reconstruyendo su historia. No tenía documentación, apenas información sobre su situación administrativa y nos fue llevando a lugares donde lo conocían. Así supimos qué había pasado por el sistema de protección de menores, que había sufrido una encefalitis y que existía una resolución judicial que establecía una curatela por su situación de salud mental”, relata Jiménez.

Según la información recopilada por la asociación, la enfermedad que sufrió le dejó importantes secuelas neurológicas, debido a una desmielinización en las neuronas frontales, que afectan especialmente al control de impulsos y a su capacidad para gestionar situaciones cotidianas. También pasó por distintos recursos especializados de atención psiquiátrica, entre ellos Prisma y Nuestra Señora del Carmen.

Una protección que no evita el desamparo

El aspecto que más preocupa a quienes lo acompañan es la contradicción que observan entre la existencia de una medida judicial de protección y su situación actual. Tal como adelantó Heraldo de Aragón, el Juzgado de Primera Instancia número 13 acordó en diciembre de 2025 una curatela para proteger al joven y asignó su tutela al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Sin embargo, tras ser expulsado de distintos recursos por conductas disruptivas asociadas a su enfermedad, S. acabó de nuevo en la calle.

“Lo sangrante es que existe una orden de protección y, aun así, está durmiendo sobre el pavimento”, lamenta Jiménez.

La asociación remitió hace dos semanas un escrito al juzgado y a la Fiscalía alertando de la gravedad de la situación y solicitando medidas urgentes. “Les comunicamos que se encuentra sin tratamiento, sin seguimiento médico, desnutrido y viviendo en la calle. Ni siquiera tiene capacidad para procurarse algo tan básico como unas mantas o un colchón para dormir”, explica.

Desde Acullir insisten en que no cuestionan la complejidad del caso ni las dificultades para encontrar recursos adecuados, pero consideran que la falta de una respuesta efectiva está dejando al joven en una situación de abandono.

“La institución nos trasladó que no dispone de un recurso adaptado para él después de haber sido expulsado de otros centros. Sin embargo, mientras tanto el chaval sigue en la calle y cada día que pasa su situación empeora”, afirma.

En ausencia de una solución estable, la supervivencia de S. depende en buena medida de una red informal de apoyos protagonizada por vecinos del barrio, entidades sociales y algunos profesionales que cubren sus necesidades básicas cuando pueden. Todos ellos, como cuentan desde Acullir, le dejan comida, lo orientan hacia recursos asistenciales o le ofrecen refugio de forma puntual.

“Hemos encontrado muchísima solidaridad en el barrio. Todo el mundo que lo conoce está preocupado por él”, señala Jiménez a elDiario.es.

Sin embargo, esa solidaridad tiene límites porque, tal y como indica, se trata de una asociación pequeña en la que pueden acompañarlo, hablar con él e intentar mover su caso con administraciones y juzgados. “No tenemos capacidad para garantizar su atención diaria ni para ofrecerle el recurso especializado que necesita”, reconoce.

La situación se agrava porque las dificultades derivadas de su enfermedad mental complican también el acceso a los servicios disponibles. Según explica la entidad, su impulsividad y sus problemas de convivencia han provocado conflictos en algunos recursos sociales y comedores, reduciendo todavía más sus posibilidades de cobertura básica.

Más allá de un caso individual

Aunque las circunstancias concretas de S. son especialmente graves, desde Acullir advierten de que el problema de fondo va mucho más allá de una única historia. Como afirman, la asociación trabaja con jóvenes extutelados que, al alcanzar la mayoría de edad, afrontan procesos de emancipación marcados por la precariedad, la soledad y la ausencia de redes familiares de apoyo.

“Nosotros acompañamos habitualmente a chicos que viven en parques, debajo de puentes o en situaciones de sinhogarismo. Es una realidad que existe y que cada vez vemos más”, lamenta Jiménez.

La diferencia, subraya, es que con muchos de esos jóvenes resulta posible construir itinerarios de inserción y autonomía. “Con ellos puedes hablar, planificar, buscar alternativas. En el caso de S. nos encontramos con la dificultad añadida de que no tiene capacidad real para gestionar su propia situación ni para seguir orientaciones de manera estable”, añade.

Por eso considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos específicos para aquellas personas que, además de atravesar procesos de exclusión social, presentan trastornos mentales graves.

El debate sobre los recursos especializados

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón aseguran que conocen la situación y que desde los servicios públicos intentan que el joven ingrese en un recurso especializado para personas con adicciones y otras patologías asociadas. Según señalan, el acceso sería gratuito en caso de carecer de ingresos, aunque requiere la aceptación voluntaria del usuario, algo que “todavía no se ha producido”.

En cambio, desde Acullir solicitan un “recurso adaptado a sus necesidades” porque “no es hablar de cualquier plaza, sino que necesita un centro psiquiátrico o especializado donde puedan atender su enfermedad y trabajar con él”.

El responsable de Enfilar recuerda que existen precedentes que demuestran que una atención adecuada puede funcionar: “Sabemos que en otros momentos estuvo integrado en determinados recursos. Por eso creemos que tiene que existir una alternativa capaz de responder a sus circunstancias concretas”.

En cuanto a la decisión de hacer pública la situación de S. no fue sencilla para la entidad. De hecho, aseguran que durante semanas intentaron activar distintas vías institucionales antes de dar el paso, pero la preocupación es “cada vez mayor”. “La razón por la que hemos decidido visibilizar este caso es la indignación que sentimos al verlo día tras día tirado en el suelo sin ninguna solución”, reconoce Jiménez.

De hecho, admite que temen “por su seguridad y por su vida” porque, mientras administraciones, servicios sociales y órganos judiciales estudian posibles respuestas, este joven de 19 años sigue recorriendo las mismas calles del centro de la capital aragonesa sin recursos, comida ni atención especializada.