Desde comienzos del siglo XXI estamos situados en la península ibérica en un cambio de modelo de producción energética que consiste en la sustitución de energías fósiles por otras denominadas 'verdes', dentro de un proceso en el que la Unión Europea (UE) está desarrollando políticas para favorecer la proliferación de energía eólica, solar y de producción de biogás, inscritas en el marco global del cumplimiento de la agenda 2030, las políticas de economía circular y de emisiones cero de carbono marcadas por la agenda 2050.

Dentro del contexto geopolítico global, este proceso, como diría Karl Polanyi, profesor de economía política de la Universidad de Columbia, de “gran transformación” energética, se ha visto acelerado en estos últimos años por la necesidad de la UE de la independencia del gas ruso y la estrategia de soberanía energética, lo que ha provocado la proliferación de una gran cantidad de proyectos para sustituir el gas fósil que se concretan en la instalación de macroplantas de producción de biogás.

Estas macroinstalaciones de digestión anaeróbica para producir biogás y biometano que proliferan en toda la geografía del Estado español, se alimentan principalmente de estiércoles, purines y restos biológicos de cadáveres de animales, lo que revela la interdependencia estructural del nuevo modelo productivo depredador con el modelo agroextractivista de producción de vegetales y cría intensiva de animales en macrogranjas, perpetuando este modelo ampliamente cuestionado en las crisis sociales y ecológicas en el Mar Menor, Doñana, las Tablas de Daimiel, la albufera de Valencia o el delta del Ebro, así como en otros ecosistemas colapsados en el sur de Europa.

Para hacernos una idea de la magnitud de este proceso de transformación energética y la transición al nuevo modelo productivo, en la península ibérica hay proyectadas más de 500 de estas macroplantas que proliferan en entornos rurales y periurbanos, distribuidas, sobre todo, en Murcia, Castilla la Mancha, León, Galicia, Cataluña, Aragón. Madrid y Andalucía. Según Sedigas, el lobby del gas en la península ibérica, en un informe titulado: “Estudio de la capacidad de producción de biometano en España” (2023), propone la instalación de 2.326 macroplantas de biometano distribuidas por toda la península. Estos datos revelan la fuerza empresarial transnacional y el gran impulso institucional dirigidos hacia la introducción de este modelo extractivista de producción de gas, que tiene el potencial de convertir la península ibérica en un basurero tóxico.

Este modelo productivo, conocido por las personas expertas como extractivismo verde, viene facilitado por un entorno normativo que se asienta sobre una serie de medidas legislativas y fiscales que forman parte del entramado de este proceso de transformación, iniciadas en los años 80 del siglo pasado. Estas medidas consisten en la flexibilización de las normativas ambientales, la apertura sin restricción a la inversión extranjera directa (IED) y, por último, como colofón, la aprobación de leyes y reglamentos de simplificación administrativa para la concesión, renovación de las concesiones, así como, para el aumento del volumen y la modificación de los residuos consignados en las licencias iniciales de proyectos energéticos clasificados, de manera acrítica y mediadas por el lobby del biogás como de interés estratégico. Este proceso, además, está acompañado de la concesión de subvenciones europeas a la actividad, sin las cuales, según Antonio Turiel, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) especializado en teledetección, turbulencia, salinidad superficial del agua y ciclo hídrico, esta tecnología de producir biogás a gran escala, sencillamente, no es rentable.

Tales medidas, lejos de democratizar el acceso a la energía, están configurando un escenario donde los pequeños productores, campesinos, vecinos y empresarios locales quedan desplazados por los intereses de grandes consorcios energéticos, agrícolas y financieros que controlan la cadena completa de valor: desde la producción de materias primas hasta la distribución del biometano en los mercados internacionales.

Como ya ocurrió con la agricultura de regadío inserta en el modelo agroextractivista, hoy asistimos a la consolidación de un modelo de energía para la exportación, dirigido a abastecer la demanda de gas de países del norte de Europa. Se trata, por tanto, de un proceso de reprimarización energética: territorios rurales convertidos en zonas de sacrificio que proveen de gas producido a partir de residuos orgánicos y residuos biológicos tóxicos y las emisiones asociadas, a un mercado externo que define precios, normativas y ritmos de producción. Pero la desproporción entre el territorio productor y el consumidor induce la pregunta: ¿qué consecuencias tiene que un pequeño territorio con recursos escasos, la península ibérica, produzca energía para un territorio inmenso, el centro y norte de Europa? De aquí podemos inducir una respuesta: el colapso del territorio. Veamos.

Joan Martínez Alier, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, advierte que, a mayor producción, mayor es la generación de residuos, y que los recursos renovables dejan de serlo cuando se extraen o procesan por encima de sus niveles de recuperación. En el caso del biogás, la anunciada y supuesta circularidad del proceso se rompe cuando la demanda supera la disponibilidad real de materia orgánica, y esto obliga a intensificar aún más la producción ganadera. A mayor volumen de biogás, mayor es la presión sobre los ecosistemas locales, mayor es el tráfico pesado de sustancias biológicas tóxicas, mayores emisiones difusas y mayor es el aumento de la conflictividad social derivada de los olores, la contaminación y la perdida de la salud y de la calidad de vida de las comunidades próximas a estas macroplantas.

El despliegue masivo de estas macroplantas de producción de biogás y biometano, que afecta principalmente a comunidades rurales y periurbanas, muestra la introducción en la península ibérica del modelo productivo depredador identificado como extractivismo verde, que además produce el aumento de la conflictividad social en el Estado Español,  con la proliferación de más de sesenta conflictos sociales y la configuración de las plataformas denominadas Stop Biogás, diversas coordinadoras regionales y una coordinadora estatal.

Bajo la retórica del progreso, la soberanía y la modernización energética, se impone una lógica de ocupación del territorio que conduce a la degradación de los ecosistemas, los bienes comunes, la salud y la calidad de vida de las poblaciones donde se instalan estas macroplantas de producción de biogás. En otras palabras, se desposee a las gentes de las poblaciones y comunidades de sus bienes individuales y colectivos y se concentran los beneficios en unas pocas corporaciones transnacionales que operan a escala global. En palabras de una mujer afectada por la instalación de una macroplanta de biogás cercana a su domicilio: “Nos dejan la mierda y se llevan los beneficios”.

Como afirma Maristella Svampa, profesora de la Universidad Nacional de la Plata, los territorios sacrificados comparten una misma condición: Son espacios heredados cargados de significados culturales donde las personas y las comunidades comparten relaciones especiales con el territorio. La imposición de estos proyectos energéticos destruye estas relaciones: desde instancias externas a las poblaciones, arrastrando modos de vida, conocimientos y memorias locales, convirtiendo los territorios heredados en basureros tóxicos.

El problema, por tanto, no es solo tecnológico o ecológico, sino ontológico y político, porque redefine quién puede otorgar sentido al territorio y, sin no lo impedimos desde la sociedad civil, estos sentidos prescribirán usos impuestos por agentes externos a nuestras comunidades Si no asignamos de manera activa esos significados y sentidos  a los territorios donde desarrollamos nuestras vidas individuales y colectivas, vendrán otros a asignarlos de acuerdo a sus propios intereses y esos sentidos prescribirán determinados usos y aprovechamientos de los territorios y los recursos y sancionarán otros.

Las movilizaciones que emergen en distintas regiones, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria o la Región de Murcia, se inscriben en este horizonte de defensa territorial y ecológica. Las plataformas ciudadanas contra el biogás articulan un discurso que trasciende el “sí o no a una planta” para cuestionar el modelo energético y económico de fondo. En estas luchas suena el diagnóstico del secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas: 'Naturaleza, corrupción y extractivismo es la anatomía de una relación íntima'.

El aumento de la conflictividad social que ocasiona la introducción en la península ibérica de este modelo productivo no puede entenderse como un debate exclusivamente técnico o localizado en enclaves concretos, sino que se trata de una expresión más del fenómeno de acumulación por desposesión que describe David Harvey, profesor de la Universidad de Nueva York (CUNY), que caracteriza el capitalismo extractivista contemporáneo. Las macroplantas de biogás, lejos de cerrar el ciclo de la materia orgánica, abren un nuevo ciclo de apropiación territorial legitimado bajo el signo de lo 'verde'. Un ciclo que amenaza con repetir el destino de otros territorios afectados por la degradación ambiental, la fragmentación social y el abandono tras el agotamiento de los recursos.

Allí donde se simplifican los trámites administrativos que permiten estas actividades, se ocultan procedimientos y gestiones burocráticas, se manipulan las evaluaciones ambientales y se privatizan los bienes comunes, el interés público queda subordinado a la lógica del beneficio privado de las corporaciones trasnacionales y los bancos de inversión y se abre la puerta a la generalización de este modelo productivo depredador, basado en la acumulación por desposesión, que hunde sus raíces en la lógica de una avaricia desmesurada y de la ganancia económica particular.

La lección aprendida en Riotinto, Aznalcóllar, Portmán o el Mar Menor nos advierte del desenlace posible: cuando los ecosistemas colapsan, ya no hay retorno posible. Si no se produce un giro real hacia modelos energéticos y productivos integradores, socialmente justos y ecológicamente sostenibles, el biogás se convertirá en el nuevo emblema del fracaso del 'capitalismo verde'. Cuando ya no queden residuos que rentabilizar ni territorios donde instalar estas macroplantas de biogás, las corporaciones abandonarán estas zonas en busca de nuevos territorios sacrificables y el sistema de arrendamiento de las tierras favorecerá la estrategia corporativa de: extraer, contaminar, desalojar y evadirse. Así han actuado en otros casos los agentes que favorecen este modelo productivo  depredador ¿Por qué ahora habría de ser diferente con el modelo de producción de biogás que se nos quiere imponer?

El proyecto para construir una planta de biogás en el polígono industrial de los Camachos en Cartagena consiste en una instalación que pretende tratar hasta 65.000 toneladas anuales de residuos biológicos (esto es una macroinstalación) mediante digestión anaerobia.

Esta capacidad sitúa al proyecto entre los mayores de su clase en la Región de Murcia y se presenta como una pieza clave de la estrategia regional de “economía circular”. Sin embargo, su tramitación administrativa, las alegaciones presentadas por las comunidades locales y las dudas sobre su impacto ambiental y socioeconómico obligan a contextualizar el caso con detenimiento.

Queda patente la extrema proximidad de la planta de biogás a comunidades como Los Camachos, La Aparecida, Los Beatos, Roche Bajo y Roche Alto y El Algar, así como a los barrios de la zona Este de Cartagena como el barrio de la Estación y Torreciega, todos pertenecientes a los municipios de Cartagena y La Unión, y al Polígono Industrial de Los Camachos donde se asientan y desenvuelven sus actividades diversas empresas cartageneras y del resto de la Región. Así mismo, la ubicación elegida se encuentra en la cuenca vertiente del Mar Menor, lo que podría agravar episodios de contaminación por eutrofización en caso de vertidos y otros incidentes.

Asociaciones de vecinos como las de Los Camachos y Roche denuncian la falta de transparencia e información tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa concesionaria en sus primeras actuaciones en el proceso de concesión de licencias y cuestiona los beneficios económicos, ambientales y sociales anunciados por esta misma empresa, reforzando la necesidad de un análisis riguroso antes de tomar cualquier decisión.

Dentro de los planes europeos para reducir la dependencia del gas natural fomentan el uso de biometano. En este contexto surge el proyecto de la macroplanta de producción de biogás que se ubicaría en una parcela del Polígono Industrial Los Camachos Norte, aproximadamente a seis kilómetros del centro de Cartagena y a menos de cinco kilómetros de El Algar, a 400 metros de Los Camachos, a 1.500 m de Roche.

El entorno político es favorable. Las legislaciones laxas y amigables, el valor del suelo y la localización cercana al Corredor Mediterráneo, y a la futura zona de actividades logísticas (ZAL) atrae a estos sectores empresariales por la logística de traer los residuos que necesitan y la distribución internacional, principal destino del gas (“nos dejan la mierda y se llevan el gas”), caso de extractivismo de libro, como afirma Eduardo Gudynas, investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES): “Naturaleza, corrupción y extractivismo es la anatomía de una relación íntima”.

La empresa, en un discurso de legitimación de sus actividades, afirma que el biogás producido sustituye a los combustibles fósiles y reduce las emisiones netas de CO₂. Que, al capturar el metano generado por la descomposición de los residuos biológicos, evita que este gas de efecto invernadero se libere a la atmósfera. De esta manera, se presenta como una solución tecnológica vanguardista a la acumulación de estiércol, purines y residuos agroalimentarios, transformando un problema ambiental en energía limpia y otros subproductos reutilizables, como el digestato para fertilizantes. Defienden que el biogás cierra el ciclo productivo al reintroducir la energía producida en la cadena productiva, presentándose como actores fundamentales en una economía de residuo cero.

En ámbitos socioeconómicos, argumentan que generan trabajo en las zonas rurales, donde suelen instalarse, presentándose incluso como benefactores y como actores comprometidos con la reactivación de la economía de municipios y comunidades rurales, pequeñas y en procesos de despoblación.

En niveles estratégicos se declaran alineados con políticas públicas europeas y locales, gestión de residuos y reducción de emisiones. Con estos discursos, se presentan como aliados fundamentales en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, señalan que el biogás reduce la dependencia del gas fósil y promocionan estas macroplantas como ejemplos de innovación tecnológica y eficiencia energética.

En un ejercicio de síntesis podemos decir que con todo este discurso legitimador de sus actividades, las empresas dirigen su discurso a tres dimensiones narrativas cruciales y de gran actualidad. Por un lado, ecológica, a través de la energía limpia; la económica, con la generación de empleo, desarrollo rural y soberanía energética; y política, con el cumplimiento normativo y la economía circular. Estarán de acuerdo conmigo en que estas macroplantas se parecen mucho a las pócimas y elixires del todo lo cura que vendían los buhoneros en los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX y que puede que hayan sobrevivido hasta el siglo XXI.

Por otro lado, en un ejercicio comparativo con casos en otros lugares donde llevan más tiempo operando este tipo de macroplantas de producción de biogás, podemos contemplar que estas macroinstalaciones -recordemos que la empresa promotora de la planta del Polígono de Los Camachos declara que tratará 65.000 toneladas al año- pueden causar problemas de salud en los residentes cercanos debido al riesgo de explosión y la dispersión de gases furtivos a la atmósfera. La literatura basada en casos similares describe afecciones respiratorias, dolor de garganta, rinitis, tos y aumento a la vulnerabilidad a infecciones respiratorias. En relación con los olores, se registran malos olores que, muy frecuentemente, pueden provocar dolores de cabeza, insomnio, fatiga, irritación ocular y náuseas. Existe, además, un riesgo manifiesto a contaminación microbiológica derivada de la exposición a bacterias y hongos presentes en los residuos biológicos transportados como en el proceso de digestión aeróbica en los que se basan para producir gas.

En lo referente a la contaminación del aire, se producen emisiones de partículas de ozono, así como compuestos orgánicos volátiles. El manejo del digestato puede llevar a la contaminación de aguas subterráneas y llegar al Mar Menor. Las plantas de biogás manejan gases inflamables, lo que puede presentar riesgos de incendios y explosiones. Por si fuera poco, el transporte constante de residuos biológicos hacia la planta incrementa de manera drástica el tráfico de vehículos pesados, lo que contribuye a la contaminación del aire y causar molestias a los residentes debido al ruido. El aumento de tráfico pesado y peligroso aumenta tanto el riesgo en la frecuencia de los accidentes como la magnitud del impacto contaminante y peligroso para la población de las consecuencias de estos accidentes.

Aunque se implementen medidas de seguridad ¡faltaría más!, siempre existe un riesgo inherente asociado a la manipulación de biogás. Por los motivos expuestos, la percepción de riesgo de accidentes y la posibilidad de contaminación afecta negativamente el valor patrimonial de las propiedades dentro del área de influencia de las instalaciones.

Finalmente, en la actualidad existe la ausencia de un marco normativo claro y vinculante para las emisiones de las plantas de biogás que aumenta los riesgos asociados. Esto incluye la falta de regulación sobre ciertos contaminantes que pueden ser más nocivos para la salud y que no están sujetos a límites establecidos.

Tras este ejercicio comparativo entre el discurso de justificación de su actividad que presenta la empresa y al revisar casos de plantas similares en Europa y América, abundan los testimonios de comunidades que han sufrido contaminación del suelo y del agua, malos olores, aumento del tráfico pesado, pérdida del valor de sus terrenos y propiedades, y ningún beneficio.

No hay evidencia de que instalar plantas de biogás a gran escala haya traído beneficios a las comunidades donde se instalan. Por el contrario, los casos revisados muestran episodios de contaminación y conflictos sociales que desembocan en la desarticulación del tejido rural. La dependencia de materias de desecho biológico agrava la presión sobre la ganadería industrial y perpetúa un modelo extractivo que se presenta como “verde”, pero cuyo balance social y ecológico es negativo.

Nos encontramos con una disonancia radical entre este discurso de la empresa concesionaria con lo que ha ocurrido en otros lugares donde ya existen plantas similares, la pregunta crucial entonces es:

Si la instalación de una macroplanta de biogás cerca de áreas residenciales o comunitarias conduce al aumento de la conflictividad social, riesgos significativos para la salud pública, el medio ambiente y la economía local ¿Por qué la macroplanta que pretende instalar la compañía concesionaria en el Polígono Industrial de Los Camachos va a ser diferente?

Con las protestas de los 'agricultores' y en defensa contra las declaraciones de la exministra francesa de medioambiente, Ségolène Royal, sobre los tomates españoles y, por extensión, a los vegetales que se producen en nuestro país, están saliendo de nuevo a la luz pública afirmaciones como: “Somos uno de los principales exportadores de tomate del mundo”, “España surte de diferentes variedades de vegetales a Europa” o “Somos uno de los principales exportadores de vegetales del mundo”.

En otras palabras, sale de nuevo a la luz que un pequeño territorio, la península Ibérica, está produciendo vegetales para la exportación a un territorio inmenso, el centro y norte de Europa, aproximadamente un 80% de los vegetales producidos en invierno en España y entre un 30% y un 40% de los producidos en verano, son destinados a la exportación a terceros países, cuando los postulados de la ciencia económica mantienen que a mayor producción, mayor es la cantidad de recursos que se utilizan y, mayores son los residuos que se producen.

Este modelo exportador de vegetales es presentado por las instancias mediadas por las grandes productoras de vegetales, exportadoras, distribuidoras, bancos de inversión y todo el complejo entramado productivo de la industria de producción de vegetales, me niego a llamarlos 'agricultores' (argumento que justifico en el artículo publicado en este diario) , como algo muy positivo para la economía de todo el país. “¡Somos La huerta de Europa!”, proclaman orgullosos desde las productoras y las instituciones como si fuese la misma voz.

En este sentido, hay que reconocer que durante décadas este negocio industrial de producción de vegetales, me niego a llamarlo 'agricultura', dirigido principalmente a la exportación ha resultado muy lucrativo para algunos que, subidos en ese carro de ganancia económica, no quieren soltar las riendas y se aferran agónicamente a un modelo industrial que no será sostenido, por el simple hecho, ya visible y evidente que, en términos de recursos hídricos, no se puede sostener.

De hecho, hoy en día nos encontramos inmersos en procesos de transformación, con cambios en las regulaciones normativas que afectan directamente al sector y que, de manera general, constituyen las causas principales de las protestas de diferentes actores del sector productivo en la nuestro país y el resto de Europa, me refiero aquí concretamente a la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS) 2030, con exigencias que no afectan por igual a los grandes productores industriales de vegetales que a los pequeños y medianos agricultores, pues estos últimos no pueden afrontar estas transformaciones en condiciones de igualdad y a las regulaciones de la Política Agraria Común conocida como la PAC, que ha favorecido tradicionalmente a los grandes productores.

Por una parte, la gran industria productora de vegetales hace un uso desmesurado de los recursos que están agotando y, además, tienen asfixiados a los pequeños y medianos agricultores que sufren asfixia normativa y asfixia en el mercado, que viene dada por las asimetrías abismales que existen entre agricultores que, no pueden competir en un mercado dominado por los normas y las condiciones impuestas por las grandes productores industriales. El pez grande se come al pequeño.

Ante estos hechos, nos preguntamos ingenuamente: ¿cuándo se darán cuenta de que esta forma de producir vegetales masivamente para la exportación se ha acabado? De que ya no hay agua, que este modelo productivo se ha acabado, de que tenemos que producir para mercados más pequeños, guiados por un cálculo funcional realista que ponga énfasis en la escasez de recursos hídricos con un 70% del territorio español en proceso de desertificación, 7 de cada 10 de las cuencas hidrológicas europeas con mayor sequía están en España fruto del expolio, es por este motivo que los grupos y organizaciones en defensa del agua advierten que el fenómeno: “No es sequía, es saqueo”.  

Digo ingenuamente porque este agotamiento de recursos es ya una evidencia científica y popular, lo saben las personas economistas, lo saben los ingenieros, ecólogos y el resto de profesionales y personas investigadoras cuyo campo de trabajo incluye este tipo de indagaciones, lo saben las gestoras de los grandes fondos que dominan la agricultura y la producción de vegetales, lo saben las instituciones, lo sabe el colectivo de agricultores y lo sabemos nosotras y nosotros los ciudadanos de a pie ajenos al sector.

Solo hay que echar un vistazo al estado de colapso en que se encuentran Doñana, las tablas de Daimiel, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o el Campo de Cartagena y el Mar Menor, como ejemplos paradigmáticos de las consecuencias de esta forma desmesurada de producir vegetales para medio mundo, el colapso de estos entornos naturales es, sin duda, un indicador crucial del colapso de este modelo productivo depredador. 

Por otra parte, las instituciones españolas, mediadas por el entramado productivo dominante que, haciendo uso de una gran capacidad de movilización de poder, logra imponer su relato como el único existente en el sector productivo de vegetales silenciando la voz y, por tanto, expulsando a los pequeños y medianos agricultores de unos espacios de negociación donde sus necesidades e intereses quedan excluidos, cuando es claro que los resultados de las negociaciones quedan limitados a los elementos que están puestos encima de la mesa.

Para hacernos una idea de esto, nada más que hay que ver la reciente resolución de subvenciones, fondos públicos procedentes de Europa, dedicadas a proyectos que favorezcan la recuperación del Mar Menor y su cuenca. Gran parte de esos fondos, con gran escándalo en la sociedad murciana, han sido asignados de manera acrítica, a instancias que han favorecido el actual estado de colapso de la laguna y de su cuenca, acaso, no es una paradoja que los causantes aporten la solución ¿Pueden los causantes constituirse como la solución?

Con esta situación, no quiero señalar algún tipo de complot, más bien me refiero a que, desde Madrid, no han sabido identificar a los actores a los que han subvencionado, y han confundido desde la distancia a los agricultores y otros actores que están trabajando para revertir la situación actual, con instancias industriales de producción de vegetales y centros de producción de conocimiento experto que han favorecido el actual modelo productivo y esto ha permitido esta paradoja de dotar de fondos a quienes han favorecido la situación del Mar Menor y su cuenca y a quienes les apoyan.

Con esta inyección de fondos europeos a estas instancias, el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para cambiar el rumbo sus políticas y, por cierto, más de la mitad de 18 millones de euros que, sin duda, serán utilizados por los receptores para que nada cambie y para continuar haciendo lo mismo, tiempo al tiempo.

Esta institución que ha otorgado estos fondos europeos ha obviado un trabajo imprescindible a la hora de su distribución de identificación de actores en la zona, como un primer paso que, las instituciones parece que aun ni siquiera se han planteado, parece que están en ese “sueño de la luna” que les muestra los agricultores como si fueran un grupo homogéneo. Olvidando que el relato público está dominado, no por los intereses de los agricultores, sino por los intereses de los grandes productores y otros sectores del entramado de producción de vegetales, que usurpan la identidad y la actividad de los agricultores y asimilan sus intereses ocultando su voz y haciéndolos invisibles. 

“_¿Podrías decirme, por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Preguntó Alicia.

_ Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar – dijo el Gato.

_No me importa mucho el sitio – dijo Alicia.

_ Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – dijo el Gato.“

Lewis Carroll. Alicia en el país de las Maravillas.

 Quizás sea este uno de los trabajos urgentes que tenemos pendiente como sociedad y un trabajo así, es un trabajo complejo que lleva largo tiempo, pongámonos ya a trabajar en este sentido. Para realizar esta labor, necesitamos una herramienta, un bisturí sociocultural preciso que nos permita contemplar de manera clara las fronteras entre los fondos de inversión, las grandes productoras, exportadoras, distribuidoras, etc., de los verdaderos agricultores y, necesitamos a las instituciones practicando activamente esos cuidados hacia esos pequeños y medianos agricultores, herederos de la agricultura y sus saberes milenarios, los verdaderos cuidadores de la tierra, a los que la tierra les devuelve recíprocamente un modo de vivir la vida con dignidad y a la sociedad alimentos frescos, sanos y de calidad.

Los grandes productores de vegetales, por el contrario, en la práctica de una actividad radicalmente diferente a lo que aun podemos entender por agricultura, están guiados por intereses muy diferentes e incluso incompatibles a los intereses de los agricultores.

Estos grandes productores de vegetales, insertos en un modelo de producción depredador de recursos para una producción dirigida principalmente a la exportación, están regidos por una economía política instrumental, basada en una avaricia desmesurada que lleva al crecimiento continuo y la falaz producción proyectada hacia el infinito, en un territorio con recursos, no solo finitos, sobre todo escasos, un modelo depredador inserto en una actividad industrial que contamina, erosiona la tierra, acaba con el agua y lo deja todo yelmo.

Según el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua del Gobierno de España del año 2022: “En el año 2021, el regadío y los usos agrícolas supuso aproximadamente el 80% de la demanda de agua, seguido del abastecimiento de núcleos urbanos con un 14% y la industria con un 6%”.

Aunque parezca obvio, nunca sobra decir que, con el agua no se juega, no estamos ante una afirmación banal. Hoy mismo lo estamos viviendo como un hecho histórico en Andalucía y Cataluña con restricciones de agua a millones de personas en nuestro país. El agua no puede ser contemplada como mercancía, el agua es un bien natural, un recurso escaso, sin agua y/o con el agua contaminada moriremos en poco tiempo, esto es el hecho crucial con el que tenemos que lidiar de manera urgente.

Nos situamos en el acto celebrado por la Fundación Ingenio (FI) el día 26 de octubre de 2022 en el magnífico parque de celebraciones Acuarius en Torre Pacheco, con una asistencia masiva de agricultores convocados previamente por esta Fundación. Podemos decir que la convocatoria fue un éxito, al menos un éxito en la asistencia: 'Desmontando la gran mentira contra los agricultores' es como ha llamado la FI a este acto.

Entregaron a los asistentes una ficha de adhesión a la fundación y un folleto que se constituye como una proclama de negacionismo acerca de las causas que están ocasionando los impactos en el Mar Menor y su cuenca, negando que sean los nitratos procedentes de la agricultura y afirmando que por motivos esotéricos; nunca dijeron el móvil de este crimen: “El agricultor está perseguido, criminalizado y señalado”, erigiéndose, no solo como agricultores, sino, ni más ni menos, como representantes y defensores de los intereses de este colectivo. El lobo representando y defendiendo a las ovejas.

En los discursos, que por cierto, no tuvieron la oportunidad de participar los agricultores sino, solo como receptores pasivos de los mensajes y soflamas, achacan toda la responsabilidad a los vertidos urbanos y a los fosfatos procedentes de estos vertidos, esto en contra de la evidencia ratificada por publicaciones en prestigiosas revistas científicas en canales de divulgación científica que ofrecen garantías de rigor en cuanto a metodología y resultados y que pasan los controles establecidos a nivel mundial para este tipo de publicaciones, con supuestos informes técnico-científicos que no han sido publicados, sino difundidos por canales afines, pagados y pseudocientíficos, más propios de los canales de misterio que de publicaciones académicas.

Esto es algo que nos muestra que, más que ante estudios científicos, nos encontramos ante una estrategia de dar apariencia científica a datos que no ofrecen las mínimas garantías y que no han pasado los controles necesarios para ser considerados como científicos. Una estrategia que obedece, como afirma la propia Natalia Corbalán, directora de la FI, a “generar un relato”, un relato montado sobre la base de defender los intereses de los agentes que practican este modo depredador de actuar sobre el Campo de Cartagena y no en datos e interpretaciones generados bajo las más mínimas garantías de algo que pueda llamarse científico.

Dentro de este contexto entran en escena el colectivo autodenominado Agroingenieros por el Mar Menor, integrado, según ellos, por 250 ingenieros que trabajan en el Campo de Cartagena que han emitido un informe titulado: “Estudio técnico de caracterización del perfil de nutrientes de la rambla del Albujón y su relación con la EDAR Torre Pacheco”, no publicado en los canales científicos y que carece de todas las condiciones necesarias para ser considerado como lo que pretende ser, un informe técnico-científico, donde afirman la tesis de los vertidos urbanos como causa del estado actual del Mar Menor.

Este colectivo no defiende al Mar Menor, esto es evidente, están viendo en peligro sus trabajos y defienden sus medios de vida, algo que podemos entender fácilmente, pero esto convierte a este colectivo en una cosa bien diferente a lo que dicen que son y llevan inscrito en su nombre, recordemos Agroingenieros por el Mar Menor y nos hace contemplar que sus conclusiones están guiadas, más que por la búsqueda de una objetividad científica en otro tipo de búsquedas guiadas por intereses particulares, ideológicos y subjetivos. Eso si objetivos afines a los de la Fundación.

En esta misma línea, la FI ha puesto en funcionamiento el Observatorio del Mar Menor, financiado y por tanto, mediado por la propia Fundación,  cuyas afirmaciones, precisamente por esta dependencia y pertenencia,  resultan de parte con apariencia científica y con nulas garantías de objetividad.

El evento, muy acertadamente, pienso, denominado la Gran Mentira, se constituyó como un aquelarre negacionista, presentándose la FI como la única esperanza: “la esperanza se escribe con dos palabras: Fundación Ingenio” proclamaba Natalia Corbalán en un grito mesiánico dentro de un discurso lleno de soflamas incendiarias dirigido a los agricultores, quienes,  por si fuera poco y, no tuvieran bastante con tener que competir con fondos de inversión, grandes consorcios agroindustriales, productores de semillas y productos agrotóxicos, intermediarios, distribuidores, agencias de exportación, cooperativas, no tan cooperativistas, administraciones, locales, nacionales y europeas, dentro de un contexto de subvenciones, normativas, regulaciones, y demás “cosas” horribles que tradicionalmente, por un lado, han favorecido el gran negocio agroindustrial y facilitado el modelo productivo agroextractivista hoy generalizado en el Campo de Cartagena, y por otro, han herido de muerte al agricultor, sometiéndolo a las condiciones de un mercado marcado por desigualdades abismales y condiciones normativas y económicas que favorecen a los grandes consorcios, un ecosistema que los agricultores no pueden soportar.

Dentro de este contexto normativo, además de las diferentes tipificaciones de protección , la ley 3/2020 de protección del Mar Menor propiciada por el estado de la laguna y por la generalización del modelo agroextractivo y no por los agricultores, nos encontramos ante una ley que afecta principalmente a los agricultores como los elementos más débiles de la estructura agraria, tal como ha sido modificada e integrada en una regulación que no ha sido propiciada por los agricultores, ni siquiera por la tecnología empleada, sino por la proliferación desmesurada de una actividad agrícola guiada por una avaricia desmesurada dirigida a la producción sin descanso para abastecer los inmensos y voraces mercados internacionales. Cuál puede ser la consecuencia de que un pequeño territorio, el Campo de Cartagena, transformado en la “Huerta de Europa”, abastezca de vegetales a un territorio inmenso el centro y norte de Europa, sino el agotamiento de los recursos y el colapso del territorio que comprende el Mar Menor y su cuenca.

Es ampliamente aceptado entre las personas científicas que estudian las sociedades, que una sociedad dividida es una sociedad débil incapaz de defender sus intereses y sus territorios. La Fundación Ingenio constituida como un lobo (traducción libre de “lobby”) dirigido a favorecer actividades agroextractivistas depredadoras en el Campo de Cartagena, produce un relato vacío de contenidos y desconectado de las afirmaciones de procedencia científica dentro de una estrategia dirigida a continuar haciendo lo mismo.

Una estrategia trazada para dividir y de esta manera polarizar a la sociedad murciana en dos ejes de demarcación principales:

-      Por un lado, separando y dividiendo a los agricultores y al resto de la sociedad, asimilando la actividad extractivista con la agricultura y a los agentes agroextractivistas con los agricultores.

-       Y por otro lado, dividiendo a la sociedad murciana en su conjunto, entre los partidarios de los nitratos y los partidarios de los fosfatos como causas del desastre en el Mar Menor.

Esto lo hacen situando las discusión dentro de un contexto reduccionista y visceral donde les interesa que las personas y los colectivos de la sociedad murciana no puedan distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre la realidad y la ficción en un debate que se hunde en lo irracional y se aleja de la reflexión científica, mucho más compleja, calmada y racional.

En este sentido, salvando las distancias, escribía Hanna Arendt: “El sujeto ideal del totalitarismo no es el nazi convencido o el comunista dedicado, sino personas para quienes ya no existe la distinción entre realidad y ficción, verdadero y falso”. “Somos agricultores, defendemos a los agricultores” es la soflama más repetida por el discurso de la Fundación Ingenio, pero, la obstinada realidad nos muestra que, no son agricultores y no defienden los intereses de este colectivo ampliamente arraigado en la Región de Murcia, pues representan a agentes  con intereses muy distintos a los intereses de los agricultores a los que están arengando con soflamas sectarias e incendiando con arengas partidistas.

Los agricultores y agricultoras de la región, ante los acontecimientos extremadamente graves que se están dando actualmente en el entorno del Campo de Cartagena, merecen y necesitan, ahora más que nunca, el amparo de las instituciones públicas que los tienen históricamente abandonados a su suerte y atrapados en relaciones basadas en desigualdades abismales.

En un contexto donde los agentes a los que representa esta Fundación se apropian de los territorios y los recursos en la persecución de intereses que tienen su origen en una avaricia desmesurada y se traducen en prácticas depredadoras en el territorio donde se asientan nuestras sociedades ribereñas y a costa de los recursos y de las tierras sacrificadas con el único afán de la ganancia particular que se materializa en el modelo agroextractivista. La transición a otro tipo de modelo productivo agrario en el Campo de Cartagena es inevitable pues, es una transición que se está produciendo a nivel global y europeo. Ojalá los agricultores y agricultoras sepan ver bien este hecho y busquen los aliados acertados.

El lobo extractivista, disfrazado de abuelita trata de patrimonializar a nuestros agricultores, nuestro bello, querido y particular trozo de naturaleza y nuestros territorios. Es por este motivo que necesitamos, ahora más que nunca, a las instituciones de todos los niveles del Estado del lado de los agricultores y agricultoras.

Estamos viendo desde que comenzó el conflicto socioambiental en el Mar Menor, cómo los agentes que facilitan el modelo agroextractivo depredador tratan de introducir un relato en la sociedad de sostenibilidad y desarrollo dirigido a legitimar sus actividades, un relato que además es asumido, difundido y legitimado por el Gobierno regional de forma activa y, también de forma pasiva haciendo dejación de funciones de vigilancia y control sobre estas actividades agroindustriales que han ocasionado el actual estado de colapso de la laguna.

Estos hechos, en sus dimensiones sociales ha facilitado un conflicto polarizado en defensa del Mar Menor y su cuenca que está colapsando como ecosistema, cosa que, además, está ocasionando la pérdida patrimonial de las gentes que tienen propiedades en su ribera, así como grandes pérdidas en el sector hostelero y turístico, debilitando gravemente el tejido empresarial dependiente en gran medida del estado del Mar Menor que se ha tornado catastrófico y que según gran parte de la comunidad científica está ocasionado por esta forma de producción de vegetales y por la proliferación desmesurada de macrogranjas de “producción de proteína animal”, así llaman estas empresas a su actividad ¡qué desfachatez!, que se insertan dentro del mismo modelo de producción depredador, pues cumplen con los atributos de producir de manera altamente tecnificada y de manera intensiva “proteína animal” con gran parte de la producción dirigida a la exportación, es decir, desde un pequeño territorio, se producen “materias primas” para un territorio inmenso, cuando sabemos que: a mayor producción, mayor es la generación de residuos, esto es una especie de “entropía blanda” postulada por la ciencia económica, residuos que se quedan en casa en forma de diferentes sustancias tóxicas, pero sobre todo de nitratos que van a parar a los acuíferos subterráneos y al Mar Menor.

A este modelo extractivo no lo llamaré agricultur pues como, expuse en el artículo publicado en este mismo diario: el agroextractivismo no es agricultura. Les remito a la lectura de los argumentos que ahí se exponen para apoyar esta afirmación y tampoco llamaré ganadería a, como ellos mismos llaman a su actividad: “producción de proteína animal”; pues no es lo mismo criar animales de graja que mediante un ejercicio de reducción malvado, producir proteína, desnaturalizando a todo un ser vivo a pura materia con valor de mercado.

En estos últimos días estamos viendo en diarios, televisiones locales, nacionales y extranjeras, en vallas publicitarias, carteles, etc. diseminados por todo el territorio nacional insertas dentro de una campaña publicitaria de blanque que hace ver que en la Región en general y en el Mar Menor en particular estamos ante un paraíso, un lugar al que hay que venir, salpicado de representaciones que en un pasado fueron verdaderas imágenes de lo que representaba nuestra Región, nuestra playas y nuestro campo de Cartagena, pero que hoy en día no representan, ni mucho menos la realidad de lo que está pasando en el Mar Menor y de su estado de su ribera y de sus playas. Mas bien, lo contrario.

El Gobierno regional con el fin de atraer al turismo y fomentar la visita a nuestra comunidad está desarrollando una estrategia que niega los hechos, camufla, transforma la realidad  y el actual estado de nuestro Mar Menor, oculta y engaña sobre la verdadera la situación, está bien atraer al turismo, pero no todo vale. ¿Qué ocurrirá cuando un observador lejano de esta campaña de publicidad institucional se sienta atraído por la imagen idílica que presenta esta campaña de propaganda, venga al Mar Menor y contemple la realidad de colapso ecológico?

Por otro lado, ha surgido en la región un fenómeno excepcional que pocas veces se da y menos en nuestra Región, alguien que está adquiriendo gran proyección internacional, un ejemplo a seguir, pues con su esfuerzo y su destreza está consiguiendo logros en el deporte alcanzables para muy pocas personas y además con su excepcional forma de jugar al tenis, su joven coherencia, lucidez, espontaneidad y simpatía, nos tiene conquistados, no solo a las gentes de la región, sino a toda España y a medio mundo, Carlos Alcaraz es nuestra nueva esperanza en los circuitos internacionales del tenis, seguro que será un ejemplo a seguir, el próximo ejemplo, cuando Nadal decida retirarse a otras cosas, y es murciano, es uno de los nuestros, de todos.

Pues bien, el Gobierno regional ha tardado un suspiro en hacer de Carlos Alcaraz; nuestra ya más que gran promesa muy querido por todos; patrimonio exclusivo e incluirlo como la imagen principal en la campaña inundada de imágenes de nuestro entorno en una campaña de publicidad engañosa que refleja realidades falseadas del entorno natural y turístico de sol y playa y una de las más potentes empresas de “producción de proteína animal” que existen en la Región y en el territorio nacional ha tardado otro suspiro en incluirlo como imagen corporativa y, en un ejercicio de oportunismo, blanqueo y legitimación de unas actividades depredadoras están patrimonializando a un joven, eso si a un joven murciano muy especial.

Carlos, sé reflexivo, no te dejes hacer eso.

En el contexto del conflicto abierto en la Región de Murcia en torno al colapso ecológico del Mar Menor y su cuenca, existen estrategias trazadas por las instancias de la agroindustria dirigidas a asimilar a los agricultores y la agricultura como actividad que los define, un asimilación de actores y de actividad productiva, que más bien resultan en una usurpación de la identidad de los propios agricultores: “somos agricultores” afirman, “la sociedad va contra nosotros, los agricultores de la Región” continúan en la construcción de sus relatos, entre otros términos confusos que utilizan como: “agricultura industrial”, “agricultura de precisión”, “agricultura ecológica” o “agricultura sostenible”.

Precisamente estas asimilaciones de identidad con la agricultura y los agricultores por parte de los agentes extractivistas que en un contexto de conflicto abierto con la sociedad civil tratan de generar un relato favorable y de legitimar sus actividades, nos inducen a comparar las prácticas agroindustriales, con las prácticas de la agricultura tradicional y esto, con el objetivo de contemplar, tanto similitudes, como diferencias que nos arrojan elementos para una serie de reflexiones.

Para comenzar esta aproximación comienzo por una breve descripción del modelo que nos muestra que las instancias agro-extractivistas utilizan los recursos para la producción de vegetales, altamente tecnificada y dirigida a la exportación, rentan grandes extensiones de tierra y consumen los recursos como el agua que necesitan en inmensas cantidades para producir de manera intensiva una gran cantidad de unidades de producción que una vez convertidas en divisas son introducidas en los mercados internacionales.

Las instancias extractivistas reproducen el modelo de grandes extensiones de tierra sin habitantes gestionadas mediante una racionalidad instrumental dirigida exclusivamente a la ganancia económica a través de la capitalización de la Naturaleza que se reproduce mediante la reducción de los ecosistemas a monocultivos que hoy en día dominan el paisaje del Campo de Cartagena modelado con la participación fundamental de una práctica tecno-científica que responde a criterios que no atienden a las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida, sino a criterios exclusivos de las lógicas de mercado y de la ganancia particular.

El sentido que otorgan a los territorios las instancias agro-extractivas, no es otro que ocupar la tierra y esto se traduce en expoliar, explotar y reducir exclusivamente a “recurso con valor de mercado” algo mucho más complejo como es el territorio donde se desenvuelve la vida no-humana, pero sobre todo la vida humana, las sociedades que desarrolla y la culturas que reproduce.

Ocupan las tierras del campo de Cartagena convertidas en espacios de desposesión para la acumulación capitalista y cuando ya no les queden territorios que explotar ni recursos que desposeer, como ocurre en otros lugares donde se desarrolla este modelo, abandonarán los enclaves ribereños y la forma de ocupación mediante el arrendamiento de la tierra facilita la fórmula “extraer, acaparar, desalojar y evadirse”. Este proceso ya lo tenemos presente en la Región, pues lo hemos sufrido en la Sierra Minera, pero también en todas las regiones del globo donde se reproduce este modelo de producción.

En cambio, más que un terreno para la acumulación capitalista, como señala Omar F. Giraldo profesor en el Colegio de la Frontera Sur (México), para los agricultores la tierra constituye un espacio habitado, soporte de vida, una morada donde se asientan los significados y los sentidos de la vida cotidiana. Vivir en el territorio significa practicar la reciprocidad, establecer relaciones de cuidados dirigidos a la conservación y a la continuidad de la vida. En definitiva, los agri-cultores habitan la tierra, dan vida a las sociedades.

Desde este acercamiento, el modelo extractivista basado en prácticas agroindustriales que ha sido implantado en el Campo de Cartagena en cuanto a que, como estamos contemplando, acaba con los recursos y contamina la tierra y el Mar Menor hasta llevarlo al colapso, como continúa Giraldo, niega las condiciones para habitar y más bien reproduce un des-habitar como sinónimo de des-cuidar. Por el contrario, la agricultura reproduce un modelo en el que el agricultor y el campesino, en cada caso, se basa en el cuidado de la tierra y los recursos dirigidos a la reproducción de la vida.

Relacionado con esto anterior, el modo de vida de los agricultores está basado en una temporalidad cíclica en sintonía al lugar donde se desarrolla la actividad agrícola, esta temporalidad requiere una actitud dirigida al retorno estacional, quiero señalar que esta afirmación no se trata de una sutileza antropológica, sino de una relación vivida, pues el agricultor, de hecho, convive y practica los periodos de rotación de la tierra, periodos estacionales de lluvias y sequías, ciclos lunares, etc., en una ciclicidad de la agricultura que empieza y acaba en el mismo lugar que permite y propicia la continuidad de la vida de un tiempo que siempre retorna, o sea, propicia la sostenibilidad.

A diferencia de esta relación de integración con los ciclos naturales que mantiene la agricultura. El modelo agro-extractivo desarrolla una relación con el territorio basado en un tiempo lineal dirigido al incremento continuo de la producción, como podemos apreciar de manera clara, una relación opuesta a la relación que desarrolla el agricultor tradicional en su temporalidad cíclica dirigida a la reproducción, una relación muy diferente con el territorio que no se abandona, sino que se vive y que se habita y por tanto, necesita de cuidados, pues siempre retorna en los ciclos de siembra, cosecha y barbecho en sintonía a la estacionalidad natural del lugar.

En resumen, el horizonte de futuro de las instancias extractivistas discurre de manera lineal marcado por un final, la marcha a otros territorios cuando agotan los recursos del enclave, por el contrario, el futuro del agricultor se configura como un futuro cíclico de reproducción y de vida en torno a los ciclos de la naturaleza y la rotación de los cultivos que requieren tiempos de recuperación y descanso y en cambio, el modelo de producción agro-extractivista, a través del uso intensivo de la tecnología, pretende saltarse los ciclos naturales y de espera en el intento de producir sin descanso.

Esta inmersión en la ciclicidad del agricultor , a la que hacemos mención, no es contemplada solamente en términos de sucesión temporal, además el agricultor conoce que los elementos biológicos del suelo y la diversidad de especies de microorganismos enriquecen la tierra en procesos de vida cíclicos donde todo se aprovecha, esto es, que no producen residuos, por su parte el modelo agro-extractivo utiliza tecnologías que aniquilan los seres vivos y rompen estos equilibrios biológicos a través de la introducción de productos agro-tóxicos.

Con esto quiero resaltar, que el modelo extractivista ha configurado sus relaciones con el entorno natural actuadas por tecnologías mediadas por una economía política en abierta oposición a los ciclos de la Naturaleza que pretende superar los condicionamientos de los ciclos estacionales y de los ciclos biológicos, precisamente mediante la utilización intensiva de estas tecnologías dirigidas a producir cada vez más. Esto ha ocasionado una cierta independencia de “la dictadura del clima” y de la “dictadura de los procesos biológicos” de la industria agroextractiva en una actividad que, como decía Herbert Marcuse consiste en:“Dominar sin fin la naturaleza es la idea (…)  desarrollan un sentimiento de poder (...) de violación comercial de la naturaleza y no de cuidado”.

En este sentido, los agricultores han sido sustituidos por actores que realizan una actividad productiva muy diferente, la relación mimética de los agricultores con la Naturaleza ha sido violada por una actividad agraria híper tecnificada que ha cambiado de forma radical las geo-grafías agrícolas tradicionales en el Campo de Cartagena que han sido sustituidas por grandes extensiones de monocultivo intensivo, que se traducen en una actividad que consiste en extraer más y más en el uso de una racionalidad dominada por una economía política que hunde sus raíces en el falaz crecimiento infinito y en una avaricia desmesurada que lleva a considerar exclusivamente la ganancia económica particular.

Estas consideraciones nos llevan a concluir una distinción radical y una relación de oposición entre la agricultura, cuyos conocimientos se han desarrollado en imbricación con la Naturaleza y sus ciclos y, el agro-extractivismo y las tecnologías de producción que utiliza, que aun partiendo inicialmente de la agricultura, ha recorrido un camino en el que se ha des-naturalizado, al menos hasta donde el desarrollo de la tecnología les ha permitido, pues las fertilidad de la tierra, la existencia de agua y el clima, sin que se hayan convertido en irrelevantes, cada vez son menos necesarios para la productividad agroindustrial en constante crecimiento en la Región de Murcia.

Estos son algunos de los motivos que encontramos a través de la utilización del método comparativo que nos permiten afirmar que el agro extractivismo no es agricultura, que los agentes agro-extractivos no son agri-cultores y que la utilización del término “agricultura” con cualquiera de sus apellidos “agricultura sostenible”, “agricultura industrial”, “agricultura de precisión” etc., como eufemismos para referirnos a la actividad agroindustrial, como una tecnología de producción de vegetales y al modelo agro extractivista, como un modelo productivo resultan en una perversión del término “agricultura”.

Esta perversión constituye un gran agravio para la agricultura contemplada como uno de los mayores logros de la humanidad y un gran ataque a los agricultores como los expertos, los verdaderos conocedores y cuidadores de la tierra. Dada la manifiesta insostenibilidad del modelo agroextractivista implantado en la Región de Murcia, los mismos agricultores que, como ya lo hicieron en el pasado, nos tendrán que dar de comer en un futuro, posiblemente, más próximo que lejano.

En la década de los 90 del siglo pasado se consolidó un proceso de transformación productiva en el Campo de Cartagena que había comenzado durante las dos décadas anteriores que implica la sustitución de la agricultura de secano, característica de la zona, por una agricultura de regadío facilitada por la mega estructura del transvase Tajo-Segura, acompañada de diferentes y paulatinas modificaciones legislativas y fiscales que consisten básicamente en: La apertura sin restricción a la Inversión Extranjera Directa, flexibilización de las normativas laborales y ambientales, supresión o disminución significativa de impuestos y aranceles, concesión de ayudas y subvenciones europeas a la producción agrícola y finalmente, como colofón, la simplificación de los tramites administrativos para la concesión y renovación de actividades agrícolas de regadío.

Estas “pequeñas”, pero acumulativas reformas, hoy lo sabemos, han favorecido las prácticas a los grandes productores y han dificultado, hasta llevarlos al borde de la desaparición, a los agricultores tradicionales que han resultado arrinconados y que para sobrevivir se han visto obligados a desarrollar dos estrategias adaptativas principales: por un lado, el arrendamiento de las tierras a los grandes productores y por otro lo que se conoce por aparcería inversa, donde los agricultores y los propietarios de las tierras reciben las semillas, los agrotóxicos, el agua, los técnicos y la mano de obra con un precio a la producción impuesto previamente mediante relaciones asimétricas en las negociaciones.

Este entramado de estructuras de obra civil que implica el transvase Tajo-segura pero también las autopistas integradas en el aún no finalizado corredor mediterráneo que conecta la Península Ibérica con Europa y de modificaciones normativas se concreta en un cambio de modelo agrícola tradicional dirigido, principalmente, a la producción para el consumo local y nacional, por un modelo de producción de vegetales intensivo dominado por grandes empresas multinacionales, basado en el monocultivo, altamente tecnificado y dirigido a la exportación, que introduce la zona en un proceso de reprimarialización que ha transformado el Campo de Cartagena en la “Huerta de Europa”, una denominación que es presentada a la sociedad murciana por el gobierno local y por las instancias agro-extractivistas como algo positivo y muy beneficioso para la economía y para la marca comercial de la Región de Murcia que, en realidad, se traduce en un pequeño territorio que abastece de vegetales a un territorio inmenso, el centro y el norte de Europa.

La manifiesta desproporción entre el territorio productor de materias primas y el territorio al que abastece nos induce la pregunta ¿Cuáles son las consecuencias que un pequeño territorio y con recursos limitados produzca vegetales para un territorio inmenso?

Como nos muestra Joan Martínez Alier, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, entre otras personas científicas que reflexionan desde la economía ecológica y la economía aplicada, los recursos son finitos pues hasta los recursos renovables dejan de serlo cuando se extraen por encima de sus niveles de recuperación y, además, estas personas expertas nos muestran que, a mayor producción, mayor cantidad de residuos tóxicos que, como afirma gran parte de la comunidad científica, son la causa principal de los episodios de muerte de especies vegetales y animales en la laguna y del actual estado de colapso del Mar Menor, de la contaminación de los acuíferos subterráneos y de la aceleración de la erosión de las tierras de su cuenca.

El Mar Menor es un ecosistema único en Europa, es fuente de riqueza económica y es un lugar especialmente significativo para las gentes que allí residen. No es solo un bonito paisaje, sino que se configura como el lugar donde las sociedades ribereñas del Campo de Cartagena desarrollan sus vidas individuales y colectivas y donde desarrollan sus actividades económicas y vitales.

En definitiva, el Mar Menor y su cuenca es un espacio indivisible especialmente significativo para las gentes de la región que mantienen una relación con el territorio no metafórica sino vivida y practicada desde lenguajes valorativos concretos por una sociedad murciana, que posee un modo particular de mirar y de habitar el territorio. Desde esta mirada podemos contemplar el Mar Menor y su cuenca, como diría Maristella Svampa, profesora de la Universidad nacional de la Plata, como un territorio heredado, incrustado en las formas de vivir de la sociedad murciana que aporta sentido a las culturas locales y que a la vez las culturas ribereñas aportan sentido. El Mar Menor y su cuenca constituye el territorio donde se reproducen las culturas y se desarrollan las sociedades ribereñas. Es donde las sociedades locales toman tierra pues, como sabemos, las culturas y las sociedades no se desarrollan en el “éter”.

Esta somera descripción del significado y la importancia del Mar Menor y sus territorios de influencia así como de las consecuencias ecosociales que está ocasionando el cambio modelo agrario tradicional por el modelo actual, hoy generalizado en el Campo de Cartagena, cumple todos los requisitos para ser  caracterizado dentro del modelo agrario extractivista, un modelo de producción depredador generalizado sobre todo en países del sur global que están resultando expoliados a cambio de despojos y del colapso de los ecosistemas y de las sociedades que habitan en lugares que tienen “la maldición de poseer recursos naturales en sus territorios” pues los territorios sacrificados colapsan y después del colapso, a las gentes que  los habitan, ya no les quedan recursos que gestionar, culturas que reproducir ni sociedades que desarrollar.

Es por estos motivos y ante el colapso de la laguna dentro de un proceso de movilización social que se extiende a dos décadas, que el día 7 de octubre asistimos a una movilización social en la ciudad de Murcia sin precedentes. Una gran parte de la sociedad murciana se manifestaba en defensa de la laguna salada más grande de Europa, como la llaman en Murcia: el Mar Menor, en contraste con el Mar Mayor, el Mar Mediterráneo.

Más allá de ideologías, nunca nada en la historia reciente ha unido tanto a la sociedad de la Región de Murcia. Aproximadamente 75 mil personas, al grito único de S.O.S. Mar Menor, clamaban en las calles de la ciudad de Murcia denunciando la situación de colapso de la laguna y exigiendo su protección integral con dos propuestas principales:

Por un lado, que se cumpla la ley, pues hasta ahora existe una dejación continuada de funciones por parte del gobierno regional y de otros niveles de gobierno que ha favorecido esta actividad que nos hace pensar en estructuras de funcionamiento que se dan en todos los lugares donde se produce el modelo extractivista, que como señala Eduardo Gudynas Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), “Naturaleza, corrupción y extractivismo es la anatomía de una relación íntima”.

Por otro lado, bajo una propuesta pionera en Europa, pero que se está normalizando en otros continentes que consiste en una Iniciativa Legislativa Popular dirigida a otorgar personalidad jurídica al Mar Menor, al mismo nivel que las empresas que están ocasionando el colapso de la laguna, como una consideración jurídica que podría equilibrar la relación de asimetría abismal que existe actualmente en el conflicto abierto y polarizado entre las empresas agroextractivistas y las instituciones y, por otro, la sociedad, el territorio y la Naturaleza local. Una propuesta legislativa que como afirma Teresa Vicente, Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, introduce un giro ecocéntrico en el anacrónico paradigma jurídico basado en el antropocentrismo que ha mostrado su pérdida de operatividad en conflictos donde los territorios y los ecosistemas están en peligro ante amenazas que proceden de instancias pertenecientes a la matriz del capitalismo extractivo.

Finalmente, el colapso del Mar Menor es un indicador crucial del colapso de este modelo productivo depredador que necesita ser sustituido de forma integradora e inducido desde la sociedad y las instituciones. La experiencia obtenida en conflictos similares en otras partes del mundo nos muestra que si no producimos ese cambio de modelo desde la sociedad de manera social y ecológicamente justa y sostenible, lo harán los agentes agro-extractivistas de manera súbita y traumática.

Cuando a estos agentes ya no les queden recursos que extraer ni tierras fértiles para explotar para continuar con sus estrategias dirigidas a la acumulación por desposesión, abandonarán el Campo de Cartagena en busca de nuevos territorios a sacrificar. Así ha funcionado el modelo agro-extractivista en otras partes del mundo ¿Por qué en la Región de Murcia va a ser diferente?

En los últimos días hemos tenido conocimiento de un correo electrónico que envió la Fundación Ingenio a sus patronos que, entre otras cosas, revela las acciones dentro de las estrategias que este lobby agro-extractivista está trazando como consecuencia del nuevo episodio de anoxia y de muerte masiva de especies vegetales y animales en el Mar Menor que se ha tornado de color, ya no verde oscuro, sino, negro muerte.

Este nuevo 'Mar Menor Muerto' es fruto de una intensificación de la presión humana sobre la laguna y sobre los demás cuerpos naturales que existen en la zona y está ocasionado sobre todo por el giro en la producción agroindustrial dirigida ahora, principalmente, a la exportación donde un pequeño territorio 'La Huerta de Europa' abastece a un territorio inmenso, el centro y el norte de Europa, lo que implica necesariamente un aumento desmesurado de la producción de vegetales, cuando la ecuación aceptada por la ciencia económica nos muestra que: “A mayor producción, mayor es la generación de residuos”. Lógico.

Esta afirmación no es gratuita. La comunidad científica nos muestra que el estado de la laguna es, sobre todo, por este tipo de actividad agroindustrial insertada dentro del modelo de producción extractivista y no por el turismo, la pesca, o la urbanización, como nos quiere hacer creer el lobby extractivista en su comunicado que saca a la luz parte del desarrollo de sus estrategias dirigidas a generar un relato; como ocurre, de manera similar, en otras partes del mundo donde opera este modelo productivo. Un modelo dirigido a desinformar a la opinión pública y a la división de la sociedad y los diferentes sectores productivos que desarrollan sus actividades en la Región de Murcia. Como diría Harold Kerbo, profesor de sociología de la Universidad Cal Poly de California, entre otras y otros estudiosos, una comunidad dividida es una comunidad débil, fácilmente manipulable e incapaz de defender sus intereses.

En el trazado de sus estrategias, las instancias extractivistas culpabilizan y hacen corresponsables a sectores como el turístico que, por cierto, son mucho más respetuosos con el medio del que dependen y aportan, según el Balance turístico de la Región de Murcia del año 2018, un 11,4 % del PIB de la Región en comparación a la industria extractivista que aporta, tan solo, entre el 1,4 y el 0,6% del PIB, según las fuentes que consultemos.

En esta estrategia de externalización, no solo económica; sin duda, como ocurre invariablemente en otros lugares donde se produce este tipo de actividad, la sociedad va a pagar los platos rotos. La externalización de responsabilidades hacia otros sectores productivos y de servicios es similar a las estrategias que producen las instancias extractivistas en otras parte del mundo en conflictos simulares a los que están ocurriendo en la Región.

Como ejemplos concretos de las actividades agro-extractivistas, prefiero aquí señalar que basta con hacer una búsqueda sencilla en internet para comprender los efectos devastadores que está ocasionando el modelo extractivista en dominios ecológicos, pero también sociales, económicos y personales, así como para conocer los conflictos ecosociales que invariablemente ocasiona en los territorios donde se implanta este modelo productivo depredador.

En relación a los efectos y los conflictos hablamos de: desposesión territorial y expulsión de las tierras de sus legítimos habitantes, erosión, contaminación masiva y agotamiento y pérdida de acceso de las poblaciones a los recursos naturales. En el caso de las resistencias se ha producido y se sigue produciendo criminalización sistemática e incluso la utilización de la violencia de diversos tipos, desde amenazas y coacciones, hasta secuestros de activistas, desapariciones y asesinatos de líderes y lideresas sociales de movimientos que se oponen al modelo extractivo en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú Argentina, Brasil, Chile, entre otros lugares de América Latina, pero también en Asia y en África. Si bien podemos apreciar que estos ejemplos son todos del Sur global, ahora tenemos un ejemplo manifiesto del desarrollo masivo de este modelo agro-extractivista en el Sur de Europa, concretamente en la Región de Murcia y resulta que está acabando con el Mar Menor y su cuenca.

Esto tiene consecuencias culturales, que por cierto son excluidas de los informes técnicos e incluso de las negociaciones políticas como algo ideológico de las poblaciones del lugar, cuando la dimensión cultural se torna en un aspecto crucial pues el Mar Menor y su ribera, ahora convertido en un vertedero tóxico y en un territorio amenazado, es un lugar incrustado en la cultura de los habitantes del Campo de Cartagena. La cuenca del Mar Menor es el territorio que aporta sentido a la cultura ribereña y al que a su vez la cultura ribereña dota de sentido. En definitiva, el Mar Menor y su cuenca es el territorio donde se desenvuelven las vidas individuales y colectivas de los habitantes del lugar, donde la cultura ribereña toma tierra, nada más y nada menos.

Pero también tiene consecuencias económicas, el estado del Mar Menor como un emblema de la Región de Murcia está afectando de manera negativa y significativa en otros modelos productivos y de servicios fuertemente arraigados en el territorio, como son: la pesca, la industria turística, hostelera y otros sectores empresariales complementarios.

Por otra parte, qué decir de los efectos sobre la agricultura, pues, entre otras cosas, como estrategia, los agentes agro-extractivistas, afirman: “Somos agricultores”, “los ecologistas van contra nosotros, los agricultores, que estamos ampliamente arraigados en la región”. Con estas afirmaciones, usurpan la identidad de los agricultores tradicionales, los que están verdaderamente arraigados y forman parte constitutiva de la cultura de la zona.

Estos mismos agricultores que han sido cruciales en el desarrollo de la Región, los verdaderos cuidadores de las tierras, los expertos y los que tradicionalmente nos han dado de comer, hoy están arrinconados, silenciados y asfixiados por el modelo agrario extractivista, hasta tal punto que sus saberes centenarios, las especies vegetales que cultivan y sus modelos de negocio están cercanos a desaparecer.

El hecho que asoma aquí de forma evidente es que ni los terrenos, ni los recursos, ni el agua, ni las tecnologías, ni el modelo de negocio agroindustrial generalizado en la Región están gestionados por agricultores. El agro-extractivismo no es agri-cultura y los agentes agro-extractivos no son agri-cultores.

Por el contrario, los agricultores, sus actividades y sus saberes han sido suplantados por una producción altamente tecnificada con una tecnología dirigida exclusivamente a la ganancia económica desarrollando una relación con el territorio de explotación y no de cuidados dirigida exclusivamente a la obtención de beneficios a toda costa.  Como diría Paz Moreno Feliu, Catedrática de Antropología Económica de la UNED; el modelo agro-extractivo está orientado a “La maximización (económica) como norma y como estrategia”.

Ante estos acontecimientos, poniendo el Mar Menor y el territorio hoy amenazado que abarca su cuenca por encima de cualquier ideología, diferentes grupos de la sociedad civil se han movilizando contra el colapso ecológico de la laguna. Estos grupos compuestos por diferentes sectores de la sociedad, sitúan la defensa del Mar Menor como objetivo de sus luchas en movimientos ideológicamente transversales, unidos en torno a los intereses que les son comunes que, no son otros, sino la defensa integral de la laguna y el territorio.

Estos movimientos transversales de la sociedad, no son “lobbies ecologistas extraños y extranjeros, con intereses ocultos y en contra del progreso”, como las instancias extractivistas construyen de forma ideológica y despectiva el término “ecologista” en sus relatos dirigidos a la división de las comunidades, sino que se trata de gran parte de la comunidad científica y de amplios sectores de la sociedad civil murciana y de fuera de la Región, inmersos en procesos de resistencia en defensa de la laguna.

Se trata de resistencias sociales al modelo extractivo que han alcanzado tal consenso social, que puede que estén logrando una ciudadanización del conflicto ecosocial abierto en la sociedad murciana, son actores sociales inmersos en procesos de movilización y de generación de acción colectiva que reducen la incertidumbre y ofrecen nuevas posibilidades de resolución ante la catástrofe ecológica, social y económica. La movilización social funciona.

Para finalizar, la propedéutica, tan conocida en la práctica de la clínica, en su método nos indica de manera clara el camino a seguir: 1. Reconocer la 'patología ecosocial' que en este caso presenta dimensiones transversales, pues existen impulsores físicos y biológicos, pero también socioculturales y económicos

2. Precisar sus causas, que ya sabemos, pues, las personas científicas y expertas llevan años incidiendo sobre ellas

3. Determinar si es posible la curación y, finalmente

4. Actuar sobre las causas que, a estas alturas, todos tenemos tan claras ¿Si todo está tan claro, a qué esperamos para actuar? Sería una buena pregunta aquí.

Salvar el Mar Menor o, como dicen en la Región de Murcia 'S.O.S. MAR MENOR' es también salvar la agricultura, la pesca, la hostelería, el turismo y todo el tejido productivo, industrial y de servicios que rodea las actividades económicas en la cuenca del Mar Menor y en toda la Región de Murcia, como sectores ampliamente perjudicados por el modelo agro-extractivista, que como señala gran parte de la comunidad científica se constituye como causante principal del colapso del Mar Menor y su cuenca.

Es por este motivo que S.O.S. MAR MENOR es también: S.O.S. AGRICULTURA, S.O.S. PESCA, S.O.S. TURISMO, S.O.S. HOSTELERÍA, S.O.S. TEJIDO EMPRESARIAL y hasta S.O.S. REGIÓN DE MURCIA.

El pasado día 16 y en días sucesivos de agosto se ha vuelto a dar el episodio de  muerte de peces en el Mar Menor, se cuentan por miles y de varias especies. Ante la gran alarma social que ha producido este nuevo incidente, de los ya numerosos episodios de muerte en nuestro Mar Menor, el aparato político-institucional se ha puesto a funcionar de inmediato.

El objetivo parece que no es otro que generar un relato de lo ocurrido que evite que la sociedad pueda dirigir cualquier sospecha hacia la gestión del gobierno regional en lo referente a la pasividad y la falta de control de las actividades productivas, manifiestamente perjudiciales, que se han generalizado en el Campo de Cartagena, un relato que, además, se  apoya en una parte de la comunidad científica que lo legitima.

Estas personas que hablan en nombre de la ciencia, como reconocidos y prestigiosos científicos de nuestra región niegan que el nuevo incidente de muerte de animales esté producido por un episodio de anoxia, un fenómeno asociado a vertidos masivos de nitratos y otros productos tóxicos en la laguna salada que proceden en su mayoría, según gran parte de la comunidad científica de la tecnología de producción agroindustrial inserta en el modelo productivo agro-extractivista que se ha generalizado en la cuenca del Mar Menor desde los años 90 del siglo pasado.

Por el contrario, afirman que, según sus mediciones, es decir, los datos empíricos que están “construyendo”, quiero decir, “recogiendo”, la muerte de peces se debe a una subida de temperatura de las aguas. Como en el anterior episodio de anoxia, que culpaban a la DANA, esta vez culpan a la subida de temperaturas, es decir, todo lo que ocurre en el Mar Menor está relacionado con la climatología y, claro, los fenómenos climatológicos no son responsabilidad de la gestión de las autoridades y son ajenos a las instituciones, la climatología no es un asunto político, es más bien, un asunto de los dioses que son caprichosos, últimos responsables de lo que ocurre.

Estas prácticas científicas mediadas por intereses políticos que,  a su vez, se encuentran mediados por los intereses de las élites económicas, me recuerdan a aquel científico que adaptaba la realidad a sus hipótesis y para esto debe hacer un esfuerzo, ya no en conocer una realidad que va a cambiar en función de sus intereses, sino, para ajustar los datos con el calzador que otorga la falta de ética profesional y esto, con el objetivo de construir una realidad bizarra que le confirme sus hipótesis y legitime sus afirmaciones, “si la hipótesis no cuadra, cambiemos la realidad”. No está mal, volviendo otra vez a los dioses.

Por otra parte, responsables del Instituto Español de Oceanografía (IEO), y otras personas científicas relevantes en la región con sus propias mediciones y por lo tanto, con sus propios datos empíricos sobre la mesa, al menos igual de empíricos que los anteriores aseguran que las causas de este nuevo episodio de muerte masiva de peces son muy diferentes a las señaladas por las personas expertas del Comité científico dependiente de la Comunidad Autónoma.

Estas personas científicas independientes señalan que, efectivamente, la temperatura tiene relación con los episodios de anoxia, pero que este fenómeno es complejo y que no se pueden reducir a una sola causa, sino que, por el contrario, obedece a causas múltiples relacionadas con los vertidos continuos de nitratos y otros agrotóxicos en la laguna, unidos a factores ambientales: como la temperatura de las aguas, los vientos y la transparencia entre otros factores, pero todos ellos relacionados en una explicación que, reconozco, suena más a explicación científica, en su complejidad, que la explicación reduccionista que aportan los técnicos del Comité científico mediado por el Gobierno de la Región.

Es precisamente por esta discrepancia en el diagnóstico que, por cierto, no es una discrepancia en pequeños matices basados en sutilezas de la ciencia  ecológica, sino, más bien, es una oposición en las conclusiones. Que me surge la pregunta: ¿cómo es posible que las conclusiones que aportan las personas científicas, según su dependencia institucional, es decir, según para quién trabajen sean contradictorias? Estas contradicciones inducen la pregunta: ¿Es la ciencia objetiva? Mejor, para no alarmar, pues la objetividad es una asunto crucial, una cualidad crítica de la práctica científica ¿Son objetivas las personas científicas en sus investigaciones?

En situaciones de conflicto ecosocial, como las que nos encontramos en el Mar Menor que ocasionan invariablemente una polarización de actores: ¿de quiénes podemos fiarnos si las personas científicas y técnicas entran en contradicciones? ¿Es conocimiento científico, es ideología o es opinión lo que producen estas personas? En otras palabras, ¿el lugar desde dónde se realizan estas afirmaciones es ciencia pura o estamos ante una práctica científica mezclada con la política? En este sentido, escribe Miguel Ángel Esteve, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia “Dejemos de establecer teorías simples e interesadas en las que no encajan los hechos. Resulta tedioso e inútil”. En el mismo sentido, me permito añadir aquí: dejemos de legitimar discursos basados en afirmaciones pseudocientíficas dirigidas al objetivo ideológico de mantener el status quo de lo que está ocurriendo en el Mar Menor.

Personalmente, como diría Bruno Latour, profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París, me resulta muy difícil separar al científico del contexto desde donde trabaja, pues este contexto determina no solo las miradas, sino también los objetos de estudio y los objetivos de las investigaciones y esto, a su vez, influye de manera determinante en las conclusiones de los esfuerzos investigativos. Los metodologistas insisten en que formular la pregunta es mucho más difícil que aproximar las respuestas y las respuestas están siempre determinadas por el lugar desde el que se formula la pregunta.

Si es así, estas contradicciones que se están produciendo en los diagnósticos científicos, según de dónde procedan, me recuerdan al famoso 'efecto observador' formulado por Heisenberg, como un componente de su famoso “Principio de Incertidumbre”, que viene a anunciar que el objeto, “observado”,  es modificado por el observador, esta característica nos muestra un cierto perspectivismo, pues, según desde el lugar desde el que miren estas personas científicas verán una cosa u otra, unas causas u otras, en este caso, acerca de lo que está ocurriendo en el Mar Menor y esto, cuando reducen eventos complejos a causas simples produce efectos sobre la validez de los conocimientos, pues, en el mejor de los casos estarán dotados de una “validez débil”. Reproduzco aquí: “la muerte de peces se debe a un aumento de temperatura del agua”.

Por último, estas reflexiones suscitan las siguientes preguntas: ¿no es esto lo que está ocurriendo con las conclusiones de los científicos que están mediados por las instituciones políticas y las élites económicas de la Región? ¿Es esto poner la ciencia y los conocimientos que produce al servicio de la persecución del bien particular, en oposición a las personas científicas independientes que ponen sus conocimientos y su trabajo al servicio del bien común?

Si esto es así, propongo, desde aquí, un ejercicio hermenéutico que consiste en no contemplar solamente el discurso que emiten las instituciones políticas, sino también las acciones, así como la dependencia económica e institucional de las personas científicas que están produciendo estos relatos que legitiman las prácticas agro-extractivistas que están acabando con los recursos, contaminando de manera masiva y alterando el equilibrio de los ecosistemas. Se trata de un ejercicio que trata de responder a la pregunta ¿Quién dice qué cosa y por qué lo dice? Y de esta manera poder advertir quiénes son los actores que están construyendo el territorio que enmarca el Mar Menor como un vertedero tóxico.

El extractivismo o los extractivismos, pues existen de varios tipos, consisten en un modelo de producción que se ha generalizado desde la década de los 90 del siglo pasado, están basados en una lógica de polarización geoestratégica global entre los países del norte y los países del sur y en la extracción masiva de recursos en el sur. Una vez convertidos en divisas, son introducidos en los mercados internacionales generando un flujo de recursos que circula en un único sentido; desde el sur, las regiones periféricas del moderno sistema mundial, hacia el norte, las regiones centrales. Esta división del planeta entre norte rico y desarrollado y sur en desarrollo se produce también a nivel de escala, no olvidemos que la península Ibérica es el sur de Europa, pero también en una clasificación jerárquica entre el entorno rural y urbano.

El extractivismo es un modelo que, si bien presenta particularidades en los diferentes lugares donde se produce, también posee similitudes que nos permiten clasificar determinadas actividades productivas dentro de este modelo, como son la extracción masiva de recursos, una elevada tecnificación, alta intensificación y enfoque en la exportación.

El objetivo de este modelo consiste en alimentar los mercados de los países del centro del sistema que por la gran incidencia y por la cantidad de recursos extraídos, resulta en un verdadero y efectivo expolio, que se traduce en desposesión territorial dirigida a la acumulación capitalista que para las sociedades y comunidades que tienen la maldición de poseer recursos naturales en sus territorios se configura como una flagrante usurpación de derechos de las sociedades, las comunidades resultan desposeídas de sus territorios, los recursos privatizados y los ecosistemas devastados en todos los lugares donde se implanta este modelo productivo.

En pocas palabras las empresas pertenecientes a la matriz del capitalismo extractivo, extraen los recursos de forma masiva y dejan los territorios donde se desenvuelven las vidas individuales y colectivas de las poblaciones, devastados, sin recursos y contaminados en muchas ocasiones con sustancias tóxicas con tal impacto que las recuperaciones de los ecosistemas, cuando sean posibles, se miden en tiempos geológicos y que según numerosas personas científicas contribuye de manera determinante con la crisis climática en la que estamos inmersos a nivel global.

Para empezar por el principio, esta breve descripción del modelo de producción extractivista me permite formular una serie de preguntas ¿Nos recuerda a algo familiar este modelo productivo descrito? ¿No es precisamente este modelo depredador el modo de producción agrícola que desde los años 90 se ha generalizado en la cuenca del Mar Menor, la huerta de Europa? ¿Es la actividad agroindustrial en nuestro territorio agroextractivismo? Si es así y en todos los lugares donde se produce el extractivismo ha ocasionado estos impactos ecológicos y sociales devastadores ¿Por qué aquí va a ser diferente?

Precisamente los impactos que estamos observando sobre el Mar Menor y su entorno material, pero también social y ecológico, resultan en un mensaje claramente decodificable: “Stop, parad esta barbarie, estoy muriendo”. Ante este mensaje de alerta, determinados sectores de la sociedad civil han recogido el testigo y se organizan para analizar lo que está ocurriendo y ante la pasividad de las instituciones que tienen la obligación de hacer cumplir la ley en los diferentes niveles del Estado, han tomado la iniciativa y se organizan para luchar contra las causas del colapso que están provocando estas actividades que conducen directamente, en tiempos ya visibles y anunciados por gran parte de la comunidad científica, al ecocidio.

Por otro lado, las empresas agroextractivas mantienen una concepción del territorio patrimonialista que reduce todo a términos económicos, desde donde los bienes naturales son reducidos exclusivamente a mercancías. Convierten el territorio en un territorio sacrificable en función de una tasa de rentabilidad. Bienes naturales como el suelo, el agua, la diversidad biológica y la calidad del medioambiente, dentro de las concepciones de la economía clásica, son considerados como externalidades que no entran en sus cálculos de gastos/beneficios y ante la alarma social, desarrollan un relato de sostenibilidad y desarrollo que tiene como objetivo legitimar sus actividades empresariales: “somos una empresa sostenible” “Desarrollamos estrategias de responsabilidad social corporativa”, “Generamos riquezas para la región y el país”, “Aportamos trabajo para las gentes de la Región”.

Si comparamos estas afirmaciones de las empresas agroextractivistas con las acciones que producen: utilizan cantidades ingentes de agrotóxicos, contaminan y extraen agua por encima de los niveles de recuperación de los acuíferos, han erosionado la tierra y modificado de tal manera el paisaje, que el entorno que no solo tiene dimensiones físicas, sino también culturales, pues es el lugar donde se desenvuelven nuestras actividades vitales, tanto individuales, como colectivas, en el que  la cultura ribereña toma tierra. Donde antes había un ecosistema, ahora hay grandes extensiones de cultivos de explotación intensiva, como diría Joan Martínez Alier, economista ecológico de la Universidad de Barcelona, los cultivos no son bosques, ni jaras me permito añadir aquí y finalmente, con los vertidos han convertido al Mar Menor en un vertedero tóxico.

Contemplamos que existe una disonancia radical entre lo que las empresas  dicen que hacen y lo que hacen realmente y a partir de aquí, podemos advertir con claridad que este discurso de sostenibilidad y responsabilidad social, no es otra cosa que una estrategia corporativa trazada para generar un relato dirigido a legitimar sus actividades y a continuar haciendo lo mismo.

Por otro lado, salvando las distancias, en otras zonas del planeta donde la sociedad civil cuenta con una experiencia de décadas organizándose y luchando contra este modelo extractivo, la movilización social se ha revelado como el principal agente de cambio, sino el único.

Los movimientos sociales se constituyen en el mejor de los casos en sujetos colectivos que en ocasiones pueden lograr que la participación ciudadana vaya de los sectores de población más movilizados a los menos, iniciando lo que los teóricos de la acción colectiva y de las oportunidades políticas llaman un ciclo de resistencia, que saca a la luz los intereses de las élites económicas y hacen que aumenten los costes sociales de las acciones de las elites políticas, esta es, precisamente  una ventana de oportunidad que se abre ante la gran alarma social que están ocasionado los acontecimientos ocurridos en el Mar Menor, que puede conducir a una ciudadanización del conflicto abierto en la cuenca del Mar Menor.

Para finalizar, los sectores más movilizados de la sociedad civil murciana, dentro del proceso de resistencia a las actividades productivas que están causando los impactos ecosociales en la laguna, están apoyando de forma activa un proyecto pionero en Europa iniciado por la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia; sin apoyo institucional, todo hay que decirlo, que consiste en otorgar al mismo nivel que las empresas agroextractivas el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor, como algo que podría equilibrar en cierta medida la relación de asimetría abismal que existe actualmente en el conflicto abierto y polarizado entre las empresas agroextractivas y las instituciones, por un lado y por otro,  la sociedad, el territorio y la naturaleza local.

Este proceso legislativo, bajo la forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), previsto en la Constitución Española, necesita, al menos de 500 mil firmas para poder llegar a la cámara legislativa y ser incluida en la agenda del Congreso de los Diputados. Desde esta posición, la sociedad civil movilizada hace un llamamiento, no solo a la sociedad murciana, también dirigido a todas las organizaciones y personas del Estado ¡El Mar Menor está en peligro mortal! ¡Alerta general! ¡todas y todos a firmar! www.marmenorpersona.legal