Para muchos estadounidenses, Donald Trump será recordado como el primer presidente de Estados Unidos que fue sometido a dos procesos de destitución, que apoyó —e incluso incitó— una insurrección contra la democracia y que permitió la muerte de miles de personas debido a su fracaso abyecto a la hora de liderar al país en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Pero para muchos otros estadounidenses, su verdadero legado será su impacto duradero en el tercer poder: el Poder Judicial federal.

La expansión del poder ejecutivo y la disminución del poder legislativo debido al bloqueo partidista en el Senado es una historia bien conocida. Gobernar mediante órdenes ejecutivas se ha convertido en la nueva normalidad. Pero es el aumento sigiloso y constante de la influencia del poder judicial lo que ha cogido desprevenidos a muchos estadounidenses.

Los jueces federales son vitalicios. Una vez nombrados, permanecen en el cargo hasta que se jubilan o mueren. El presidente nombra a cada juez federal y estos nombramientos tienen consecuencias a muy largo plazo. Un vistazo al historial de nombramientos de Trump revela un compromiso implacable por cimentar su peculiar e idiosincrática ideología. En resumen, él y su secuaz, el exlíder de la mayoría republicana Mitch McConnell, hicieron todo lo posible por afianzar un poder judicial activamente conservador.

Los números cuentan una historia clara. Hay un total de 816 jueces federales en activo que conforman el Tribunal Supremo, los 13 tribunales de apelación y los 91 tribunales de distrito. En solo un mandato, Trump nombró al 28% de esos jueces debido a los puestos vacantes, algunos libres aún hoy. Lo más importante es que nombró al 33% de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos y al 30% de los jueces en las cortes de apelación. La gran mayoría de los magistrados que nombró fueron hombres blancos: ninguno de los 54 jueces de apelación designados por Trump es negro.

Pero lo que realmente llama la atención es la edad de las personas designadas. La edad media de sus jueces de apelación fue de 47 años (cinco años menos que los seleccionados por el presidente Obama). Seis de ellos tenían entre 30 y 40 años y 20 eran menores de 45. En cambio, de los 55 jueces de apelación elegidos por Obama —a lo largo de ocho años, no cuatro— ninguno tenía menos de 40 años y solo seis eran menores de 45.

Los nombramientos judiciales de Trump darán forma a la jurisprudencia estadounidense durante las próximas décadas. El Centro Judicial Federal (FJC, por sus siglas en inglés) ha descubierto que esta disparidad en las edades significa que los jueces de Trump ejercerán 270 años más que los jueces de Obama y decidirán sobre miles de casos más. Además, el promedio de permanencia en el cargo de un juez del Tribunal Supremo ha aumentado de 15 años a principios de la década de 1970 a 27 años en los últimos años, debido en gran parte a la menor edad de los jueces cuando son nombrados.

El comportamiento reciente del Tribunal Supremo evidencia el legado de Trump en los nombramientos judiciales. Se ha acuñado un nuevo término —shadow docket o “expediente en las sombras”— para referirse al aumento repentino de las peticiones de emergencia presentadas por el Gobierno. En los 16 años anteriores a la presidencia de Trump solo se habían presentado ocho solicitudes de este tipo y, de ellas, solo cuatro habían sido concedidas. En cambio, durante los cuatro años del mandato de Trump se presentaron 41 solicitudes de esta clase, de las que se concedieron 24: un porcentaje de éxito del 70% en respaldo a las políticas de Trump. Estos casos son evaluados sin informes completos, sin argumentos orales y a menudo resultan en una sentencia con la extensión de una frase, en lugar de una opinión completa y justificada.

Una de estas decisiones anuló, por cinco votos contra cuatro, un dictamen del tribunal de primera instancia de Wisconsin que permitía una extensión del plazo para la recepción de votos por correo. La decisión de último minuto del Tribunal Supremo, emitida un día antes de las elecciones, provocó caos y confusión.

Un segundo ejemplo de cómo el Tribunal, ya decididamente a favor de Trump, apoyó sus políticas se dio en su decisión de prohibir a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos si no lo habían pedido antes en los países por los que hubiesen viajado. El tribunal inferior suspendió la aplicación de esta norma sin precedentes, pero el Tribunal Supremo permitió que la prohibición entrara en vigor inmediatamente, incluso mientras el caso seguía su curso en los tribunales inferiores.

Otro ejemplo especialmente inquietante es el de cuatro casos de pena de muerte en los que un tribunal inferior suspendió las ejecuciones porque el uso de pentobarbital para matar a los presos constituiría un castigo cruel e inusual. En un fallo de cinco votos contra cuatro, emitido después de las dos de la madrugada, se anuló la suspensión y se llevó a cabo al menos una de las ejecuciones: el primer preso federal ejecutado en 17 años.

Más recientemente, en otra apelación de emergencia, el Tribunal Supremo se negó a bloquear por cinco votos a cuatro, la recién promulgada ley que prohíbe el aborto en Texas después de las seis semanas de embarazo, permitiendo que esa norma entrara en vigor. Esta petición de emergencia fue presentada por los proveedores de servicios médicos abortivos después de que el muy conservador Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, para el que Trump había designado a seis jueces, impidiera al tribunal de primera instancia celebrar una audiencia en la que se decidiría si la nueva ley podía entrar en vigor de inmediato.

Un mes después, un juez de primera instancia bloqueó la entrada en vigor de la ley y el Quinto Circuito rápidamente revocó esta suspensión. Hoy, el Departamento de Justicia busca apelar esa decisión ante el Tribunal Supremo.

En cada uno de estos casos, el Tribunal Supremo privó a las partes afectadas de la oportunidad de ser escuchadas y, a menudo, hizo lo mismo a los tribunales de apelación, que no pudieron revisar los fallos de los tribunales de primera instancia. Esta precipitación sin precedentes y la aquiescencia ante el Poder Ejecutivo dieron la impresión de que el Tribunal Supremo ya no era un poder autónomo y equivalente a los demás, sino un socio del poder ejecutivo dirigido por Trump.

En busca de una reforma

Muchos estadounidenses cuestionan hoy la integridad del Tribunal Supremo y se suman a la búsqueda de una reforma. Las propuestas incluyen la imposición de un límite de mandatos para los jueces del Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que ningún juez o grupo de jueces controle durante décadas el resultado de los fallos.

Cabe destacar que los tres jueces nombrados por Trump tenían 48, 49 y 53 años cuando se incorporaron al tribunal, lo que les garantiza décadas ejerciendo su influencia. Una variación de esta propuesta exigiría la jubilación obligatoria de todos los jueces federales a la edad de 70 o 75 años.

Otra propuesta, aún más controvertida, es la de ampliar el Tribunal. Se trata de, en parte, una respuesta a la creencia generalizada de que dos de los nombramientos del presidente Obama fueron “robados”. El primero fue el del puesto que quedó vacante tras la muerte de Antonin Scalia. El candidato de Obama para ocupar ese puesto fue bloqueado por los republicanos durante 10 meses, supuestamente debido a la proximidad de las elecciones presidenciales. El segundo nombramiento fue el de Amy Coney Barrett, confirmada a velocidad récord, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales.

Otras propuestas incluyen la reforma de los llamados “expedientes en las sombras”, exigiendo la presentación de informes, argumentos y un dictamen razonado para cada asunto de urgencia; la imposición de un código de conducta y ética a los jueces del Tribunal Supremo similar al que rige sobre los jueces de los tribunales inferiores; el requerimiento de una supermayoría de 6-3 para declarar la inconstitucionalidad de una ley federal; y que el Congreso considere cualquier nominación presidencial dentro de un período de tiempo determinado, por ejemplo, dentro de los 45 días posteriores a la postulación.

El creciente apoyo a algunas o a todas estas reformas por parte de muchas organizaciones no partidistas, académicos y políticos demócratas es una respuesta al descontento creado por la manipulación sin precedentes que Trump ejerció sobre el proceso de nombramiento de jueces federales, diseñado para asegurar que sus ideas y sus políticas controlen las vidas de las generaciones futuras.

La descarada toma del Tribunal Supremo por parte de Trump, urdida con la ayuda de la mayoría republicana en el Senado, requiere una respuesta audaz. Si los intentos de reforma fracasan, lo que es probable dadas las arcanas reglas del Senado, Trump habrá logrado afianzar su regresiva, por no decir destructiva, agenda política. Puede que esto sea bueno para el legado de Trump, pero sin dudas será malo para el país.

Shira A. Scheindlin es una exjueza de distrito de Nueva York. Es copresidenta de la junta del Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley y miembro de la junta de la American Constitution Society.

Traducción de Julián Cnochaert.