Este 18 de diciembre, día internacional del migrante, prácticamente coincide con el cumplimiento de seis meses de la tragedia de Melilla. En todo este tiempo las autoridades españolas y marroquíes han negado cualquier responsabilidad sobre lo que sucedió, a pesar de la abundancia de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos de personas refugiadas y migrantes que pretendían acceder a Europa a través del paso fronterizo conocido como “Barrio Chino”. 

El pasado 24 de junio las autoridades marroquíes y españolas usaron material antidisturbios como gas lacrimógeno, porras, balas de goma y pelotas de goma para dispersar de forma violenta a un grupo de hasta 2.000 personas negras, en su mayoría del África subsahariana, que intentaban cruzar la frontera para entrar en Melilla. Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad. Ni las autoridades marroquíes ni las española prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, dejando a decenas de personas desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.

Al menos 37 africanos murieron y decenas más resultaron heridos a causa del uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden marroquíes y españolas, según denunciaron varias relatoras de Naciones Unidas el pasado 31 de octubre. Tal y como recoge el informe del Defensor del Pueblo, se llevó a cabo el rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. Además unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Otras 77 personas continúan en paradero desconocido. 

“Fueron víctimas de asesinatos arbitrarios, torturas, desapariciones, expulsiones y racismo”, declaró el pasado 13 de diciembre la Secretaria General de Amnistía Internacional Agnes Callamard en la presentación del informe “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla. En dicho informe se reclama que se garantice verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas y la ilegalidad de las devoluciones en caliente. Una petición que no es nueva. A lo largo de los últimos años desde la sociedad civil venimos denunciando una política de deshumanización y abusos sobre quienes pretenden acceder a Europa por la frontera española - marroquí.  

No podemos olvidarnos de la tragedia de Tarajal del 6 de febrero 2014, en la que 15 personas perdieron la vida cuando intentaban alcanzar a nado las playas de Ceuta al ser repelidas violentamente por integrantes de la Guardia Civil y otras 23 personas fueron devueltas en caliente a Marruecos. Casi 9 años después se sigue reclamando justicia para las víctimas y sus familiares. Sin embargo la vía judicial se ha visto bloqueada una y otra vez, a base de archivos de la causa e inadmision de recursos, como sucedió en el mismo mes de junio de este año cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no admitió los recursos de casación contra el sobreseimiento del caso. 

En la última legislatura, con Marlaska como Ministro del Interior, venimos señalando el fracaso de las políticas migratorias en España. Por ejemplo con las situaciones de hacinamiento de más de 1.700 personas migrantes y refugiadas en el CETI de Melilla en 2020 o de 2.000 en el muelle de Arguineguín en 2021, donde se vulneró su derecho a no ser privado de libertad de manera arbitraria, se les privó del derecho de información y asistencia letrada, y se decretaron órdenes de devolución sin las debidas garantías.  

También podemos recordar cómo en mayo de 2021 las fuerzas de seguridad y el ejército españoles actuaron con violencia contra personas migrantes en Ceuta, arrojando incluso a algunas al mar después de que Marruecos abriera sus fronteras. En esa ocasión alrededor de 5.000 personas sufrieron devoluciones colectivas y forzosas sin ninguna salvaguardia. Poco después, en agosto del mismo año pasado, el Ministerio de Interior comenzó a devolver a menores de edad no acompañados desde Ceuta a Marruecos sin observar las garantías previstas en la legislación nacional e internacional.

Tras todos estos años en el que la vulneración de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la frontera sur ha ido en aumento, se hace improrrogable la necesidad de parar y revertir esta dinámica tan cruel e inhumana. Es improrrogable que las autoridades tanto españolas como marroquíes garanticen investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió el 24 de junio y que los responsables rindan cuentas. Es además imprescindible derogar la legislación que legaliza los “rechazos en frontera” en Ceuta y Melilla y que se prohíban por ley las expulsiones colectivas de España a Marruecos. Y desde la sociedad civil, políticos, medios y ciudadanía en general se debe dar un claro mensaje de nunca más, y que se establezcan garantías de no repetición.

Tampoco podemos olvidarnos en esta grave crisis de derechos humanos del rol de Europa, puesto que se produce en el marco de una política migratoria europea que se centra en la militarización y externalización del control de fronteras. Una política migratoria que busca bloquear el acceso a territorio europeo y encargar a otro países limítrofes a que hagan ese trabajo sucio que se prefiere que no se vea. 

Tragedias como la de Melilla muestran las costuras de una Europa que hace aguas en sus principios más básicos y sus compromisos con los derechos humanos. Y en este caso no lo pueden obviar, por mucho que lo niegue el Ministro Marlaska, porque sí que lo hemos visto con nuestros propios ojos, y contamos con declaraciones de testigos presenciales, de material videográfico e imágenes satélite. Un paso en la buena dirección sería condicionar la continuación de la financiación de la Unión Europea y española a Marruecos en materia de migración, asilo y gestión de fronteras al cumplimiento y la ejecución de las obligaciones en materia de derechos humanos. 

Por otro lado la tragedia de Melilla está íntimamente ligada a ese discurso público de señalamiento y que carece de humanidad sobre grupos de población a los que, de manera intencionada, se les trata de despojar de su condición de seres humanos. Se repiten una y otra vez narrativas que deshumanizan y estigmatizan a las personas subsaharianas. En este caso no hablan de personas refugiadas que huyen de un conflicto y a quienes tenemos el deber de dar una acogida digna, sino de ilegales asaltavallas, como si llegar de este modo fuera la mayor agresión. Este discurso omite la absoluta inexistencia de vías legales y seguras o de la posibilidad de solicitar asilo de alguna manera. La Comisaria de Derechos Humanos del consejo de Europa denunció recientemente que “en la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida”.

Este lenguaje que estigmatiza a la población migrante subsahariana va calando sobre una parte de la población, minando a su vez la noción de universalidad de los derechos humanos, que son la esencia de éstos, así como la propia humanidad de quienes a este otro lado de la valla piensan que mejor así. Hasta que un día también le despojen de su condición de humanos.

Lo que sucedió en Melilla el pasado 24 de junio no es una tragedia puntual sino el último episodio y el más terrible de una grave tendencia de violaciones de derechos humanos en la frontera sur de España con Marruecos. Una tendencia que viene marcada por la falta de rendición de cuentas por parte de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad y un manto de impunidad que permanece en el tiempo deshumanizando a quienes provienen de África, lo que denota encubrimiento y racismo. Es hora de revertir de una vez esta terrible realidad. No solo por los derechos de las víctimas y sus familiares, sino también por nuestra propia humanidad, que también está en juego.

Hoy se cumplen 7 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Una mirada a aquel año previo a la aprobación, ante la amenaza cercana de lo que se avecinaba, lleva a recordar la enorme respuesta de la sociedad civil, de los medios de comunicación, artistas y la ciudadanía en general. Hubo desde grandes manifestaciones hasta la creación de hologramas protestando frente al Congreso, lo que alcanzó una audiencia global de más de 800 millones de personas. Incluso cuatro relatores de la ONU advirtieron que, de aprobarse la Ley Mordaza, se socavarían los derechos de manifestación y expresión en España.

En aquellos tiempos, a pesar de que no se evitó que 1 de julio de 2015 entrara en vigor esta ley con la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular, la movilización social logró el compromiso de derogación o de reforma íntegra por parte de la mayoría de los partidos, los cuales poco después contarían con una representación parlamentaria suficiente para aprobar o reformar leyes. 

Pero el tiempo ha ido pasando y la Ley de Seguridad Ciudadana ahí sigue, tal y como se dejó aquel año, generando un impacto muy negativo en las vidas de miles de personas. No solo por el cerrojazo que provocó a los espacios de participación de la sociedad civil, sino también mermando muchas luchas sociales orientadas a impulsar avances en derechos, con el efecto desaliento que provoca que sus activistas tuvieran que centrar sus esfuerzos en pagar multas injustas.

Tampoco podemos olvidar, más si cabe después de la tragedia del pasado viernes 24 de junio, sobre lo que Amnistía Internacional ha identificado como sólidos indicios de ocho violaciones de derechos humanos cometidas en la valla de Melilla y la frontera marroquí, entre las que se encuentra el terrible impacto que provocan las detestables e inhumanas devoluciones en caliente, las cuales se quiso legalizar incorporando una disposición adicional en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pero pensemos por un momento qué pasaría si se reformara esta Ley Mordaza alineándola con los estándares internacionales de los derechos humanos. Imaginemos que dejara de haber sanciones arbitrarias, como las impuestas aplicando los artículos de desobediencia a la autoridad, negativa a identificarse o faltas de respeto o de consideración a la policía. Consideremos que se establecieran mecanismos independientes de control de abusos policiales, lo que desincentivaría actuaciones arbitrarias y desproporcionadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O que no se pudiera sancionar a periodistas por el hecho de informar, como le sucedió a Javier Bauluz cuando denunció el trato inhumano a personas migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín en Canarias. Proyectemos también que se prohibieran las redadas racistas, el uso de las balas de goma, que provocan lesiones graves e incluso la pérdida de la vida, o que se acabara hasta con las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, las tristemente famosas devoluciones en caliente. ¿A qué escenario nos llevaría?

Para empezar este gobierno habría cumplido con su palabra. Se habrían incorporado las recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y se demostraría al público que se escucha a una amplia sociedad civil que lleva movilizada y presentando informes de impactos de vulneraciones de derechos de la ley desde 2015. Pero la cosa no queda aquí. Además quienes se movilizan en la defensa de derechos sentirían que hacerlo no amenaza su bolsillo ni su integridad física, qué menos para quienes dedican su tiempo a mejorar la vida de todos y todas. Esto podría repercutir en una mayor movilización para avanzar en derechos como en salud y educación pública, en un trabajo digno, en reducir la desigualdad y que “nadie se quede atrás”, un deseo expresado por el propio Gobierno. 

Pero la realidad hoy parece distar de dicha ensoñación. La reforma de la Ley Mordaza sigue colgada en un eterno debate en el Congreso. Con que se pusieran de acuerdo para llevarla a cabo los socios de la actual investidura sería una realidad, pero al parecer resulta muy complejo. Cabe preguntarse, cuanto menos, cuál es el problema, y qué se puede hacer para desencallar esta situación de bloqueo.

El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley que se anunció en noviembre de 2021 se quedó como una propuesta de modificación tibia, casi un mero maquillaje, que no tocaba gran parte del articulado que de manera reiterada más se ha denunciado. Ante ello, nuevamente desde la sociedad civil se ha intentado facilitar el trabajo, señalando 8 preocupaciones principales que se deberían de abordar, se ha vuelto a movilizar con acciones de protesta en más de 25 ciudades de todo el Estado español, logrando la adhesión de más de 130 colectivos y organizaciones y se ha hecho llegar a los partidos comprometidos con la reforma. Hasta la fecha la respuesta ha sido tan solo tibios anuncios de un futurible desbloqueo, bastante silencio por parte de las autoridades, una reforma que no llega, sentimientos de fraude y decepción. 

El tiempo se agota, y actuaciones como las del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla con Marruecos, practicando devoluciones en caliente, con porrazos y botes de gases lacrimógenos hacia personas que huyen de la guerra y la persecución y que tienen derecho a solicitar protección internacional, celebrando unas actuaciones policiales que se calcula terminaron con al menos 37 muertos, y unas declaraciones del Presidente del Gobierno al día siguiente en las que no pidió una investigación independiente y exhaustiva, ni siquiera manifestó palabras de pésame para las familias de las víctimas, nos llevan a un escenario de presente y futuro muy oscuros.

Ya en 2015 The New York Times anunció que esta Ley Mordaza nos lleva a tiempos del franquismo. Este gobierno aún puede ofrecer luz ante este lúgubre panorama. Pero el tiempo, y la credibilidad, se les agota. Tampoco vale hacerlo en el último minuto de partido, porque quizá entonces ya no haya margen de impacto positivo, y sea tarde.

Para quienes creemos que un mundo mejor sí es posible, en el que se apueste por mejorar la vida de todas las personas y de nuestro mermado medio ambiente, también nos jugamos perder la oportunidad de revertir el retroceso en derechos y libertades que significó la Ley Mordaza. Seamos valientes, soñemos y empujemos adelante para hacerlo realidad. Puesto que para vivir en una tierra que avance en derechos humanos, pasa ineludiblemente por lograr un país sin mordazas.

Hoy las portadas de los grandes medios no abrirán con imágenes de la mayor crisis humanitaria del mundo. Tampoco lo harán con los bombardeos a la población civil de este país. No lo harán con la condena de las 377.000 muertes causadas por esta guerra. Ni con los 16 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en este país, o los 2,5 millones que ya padecen hambruna. Tampoco con los 4 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares. No lo harán porque hablamos de Yemen, el conflicto olvidado que el 25 de marzo cumple 7 años desde que Arabia Saudí empezara los bombardeos.

Nos encontramos en tiempos en los que, de manera acertada, se conciencia sobre la necesidad de proteger a la sociedad civil, se denuncian los bombardeos de una potencia, Rusia, al país vecino, Ucrania, y se abren vías legales y seguras para que la población ucraniana pueda obtener refugio en Europa. Todo esto es imprescindible e incuestionable, si bien cabe preguntarse cómo es posible que simultáneamente en España no solo se ignora la guerra de Yemen, sino, lo que es mucho peor, desde aquí se alimenta el incendio con millonarias ventas de armas a los países que, de manera incesante y desde 2015, están cometiendo con absoluta impunidad las más graves atrocidades ya documentadas como crímenes de guerra.

La coalición que lidera Arabia Saudí lleva siete años cometiendo ataques indiscriminados sobre población civil yemení, destruyendo viviendas y hospitales, y obstruyendo la llegada de la ayuda humanitaria. Mientras tanto España ha exportado armas a los países de esta coalición por un importe que supera los 2.000 millones de euros y el 31 de marzo está prevista la entrega a Arabia Saudí de la primera de las cinco corbetas construidas en Cádiz por Navantia, pese al riesgo de que se use para atacar a civiles en Yemen y reforzar así un bloqueo naval que tiene a millones de yemeníes padeciendo hambruna.

Hace pocos meses, participando en una misión de investigación de Amnistía Internacional para documentar las condiciones de acogida de personas migrantes y refugiadas en Canarias, conocí a un joven yemení en las puertas del campamento de Las Raíces, en Tenerife. Venía de cruzar cinco países en dos años y medio. Pidió que no le habláramos de derechos humanos hasta que España no dejara de vender armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Hoy se cumplen siete años del inicio del conflicto que le hizo abandonar su tierra buscando un lugar “donde se me respete y pueda estar tranquilo”. Su cuerpo presentaba grandes cicatrices de heridas como consecuencia de la guerra. Contaba encontrarse tan dolorido que no lograba ni dormir. Tampoco se lo permitían el recuerdo de lo vivido. “En mi país la gente se muere de hambre porque no llegan los alimentos.”

La semana pasada tuvo lugar la Conferencia Internacional de Naciones Unidas de donantes de ayuda humanitaria para Yemen, donde de manera lamentable no se alcanzó ni la tercera parte de los fondos requeridos para atender a la enorme crisis humanitaria. De este modo se siguió la tendencia decreciente del año anterior, en el que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que “recortar la ayuda es una sentencia de muerte”. 

Presenciamos así cómo se trasladan posiciones contradictorias de manera simultánea, recordando al doblepensar al que George Orwell hacía referencia en su novela 1984. Mientras se defiende, y defendemos, la necesidad de proteger la población civil de un país bombardeado por otro, a la vez España vende armas a un país que bombardea la población civil de otro país. Y mientras vemos que, de forma acertada, se abren vías legales y seguras y se da refugio a quienes vienen de Ucrania, podemos acordarnos de todas las trabas para acceder al derecho a refugio a quienes huyen de los conflictos de Siria, Afganistán o Yemen, o la práctica de devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla que vulnera el derecho a solicitar asilo. 

Se cumplen siete años del inicio del conflicto de Yemen y el horizonte se presenta sombrío. Los últimos cuatro meses han sido, desde finales de 2018, el período más sostenido de bombardeos intensos, con al menos 200 ataques aéreos al mes. Confirman la intensificación de la violencia en Yemen, especialmente en enero de este año 2022, un mes sangriento en que Amnistía Internacional renovó su llamamiento a todas las partes para que se abstengan de llevar a cabo ataques indiscriminados, se aseguren de que no haya víctimas civiles y se eviten los daños a las viviendas, las instalaciones y las infraestructuras civiles, además de reiterar su petición del cese de las ventas de armas a la coalición saudí-emiratí.

Ante el historial saudí de uso de armas para cometer crímenes de derecho internacional, incluidas decenas de presuntos crímenes de guerra documentados por la ONU, Amnistía Internacional y otras ONG, es razón más que suficiente para que el gobierno español suspenda de inmediato las ventas de armas españolas que puedan usarse en Yemen para cometer atrocidades. No solo por una cuestión de principios, sino también porque estas ventas están prohibidas por la legislación internacional y española.

La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, era el lema del partido político que dirigía con mano de hierro los destinos del Estado de Oceanía en 1984, escrita pocos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vuelven a resonar estas contradicciones, que como al protagonista de la novela distópica, nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para evitar que la historia suene similar al preludio del mayor desastre del siglo pasado. Dejar de vender armas a países que comenten crímenes de guerra como hace España con Arabia Saudí, no será suficiente, pero sería un paso imprescindible.

Un día como hoy, día de las personas migrantes, resulta difícil no pensar en el fracaso de las políticas migratorias de la Europa Fortaleza. Un desastre cargado de sufrimiento para quienes huyen de la persecución, del empobrecimiento de una tierra debido a la explotación extranjera de sus recursos naturales, o por los efectos devastadores de una crisis climática que impacta sobremanera en comunidades que no la causaron, y que obliga a sus habitantes a viajar a alguno de los países que la provocaron.

No olvidemos tampoco a quienes huyen de la guerra. Un joven yemení que conocí en Canarias, escapó de su país, donde le habían torturado y amenazado de muerte. Preguntado sobre si podíamos contar su historia contestó que sí, pero entre risas pidió que no le habláramos de derechos humanos hasta que España no dejara de vender armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, países que bombardean Yemen. Sentado sobre una piedra, con su cuerpo maltratado por una guerra y un viaje durísimo, repetía: “Lo que quiero es una vida tranquila”.

A día de hoy la ruta canaria es una de las más peligrosas del mundo. Según la ONG Caminando Fronteras, en los seis primeros meses de 2021 fallecieron más de 1.900 personas ahogadas en 57 naufragios. Unas cifras escalofriantes que esconden historias de vida sepultadas en el mar. Llegados a Canarias, hemos podido contemplar el hacinamiento y el sufrimiento innecesario causado por la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas, así como por la decisión gubernamental de limitar los traslados a instalaciones disponibles en la península.

Recordamos las imágenes del muelle de Arguineguín del año pasado, donde más de dos mil hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos menores no acompañados, estuvieron retenidos durante semanas en condiciones deplorables, obligados a permanecer a la intemperie incluso con temperaturas de 40 grados, sin las debidas medidas de higiene y en ocasiones hasta con un acceso al agua potable claramente insuficiente.

En abril de este año se conoció el trato inhumano que se daba en la Nave del Queso, en Fuerteventura. Una nave industrial donde se recluía a hombres, mujeres, niños y niñas en condiciones indignas mientras se encontraban confinados tras su llegada o por ser considerados contacto estrecho de algún positivo en COVID-19, restringiendo su derecho a la libertad durante periodos indefinidos que podían durar más de un mes. Y en el pasado mes de septiembre conocimos otra nave, esta vez en Arrecife, Lanzarote, donde la policía retenía en condiciones infrahumanas a las personas que llegaban por mar para su reseña y filiación.

De manera recurrente se viene denunciando que las autoridades españolas no garantizan información a las personas migrantes sobre sus derechos, asistencia letrada o asesoramiento inadecuado e insuficiente, servicio de intérpretes suficiente. También hemos denunciado obstáculos para solicitar protección internacional, falta de mecanismos adecuados para identificar a personas vulnerables, violaciones del derecho a no sufrir expulsiones sumarias o arbitrarias, o las restricciones injustificadas de la libertad de movimiento.

De igual modo las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando los medios insuficientes para la adecuada recepción de menores no acompañados, agravado por la escasa solidaridad entre Comunidades Autónomas para acogerlos en otras comunidades (más del 90% de los menores no acompañados llegados a Canarias permanecen en las islas), poniendo a muchos de ellos en riesgo de acabar viviendo en la calle, y dándose casos de castigos abusivos, insultos de corte racista y abusos contra menores, entre los que se encuentra un caso de uso excesivo de la fuerza en el centro de menores de Tindaya, en Las Palmas de Gran Canaria.

En el informe “Canarias: Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias”, publicado ayer por Amnistía Internacional, se recuerda que las llegadas no son inesperadas ni excepcionales, ya que vienen sucediendo a lo largo de las últimas décadas, pero la respuesta de las autoridades españolas son una y otra vez las mismas: políticas basadas en la contención y la disuasión, que no solo no funcionan para esos propósitos, sino que conllevan violaciones de derechos humanos.

Ante estos despropósitos hay quienes simplifican y aseguran que el problema es que estas personas llegan de manera ilegal, que lo hacen para robarnos el trabajo o directamente la cartera, y reclaman como solución impedir que vengan, y que se devuelva a sus países a los que ya han llegado. Señalan a los niños llegados en situación de desamparo, poniéndoles una etiqueta: los MENA, convirtiéndolos así en un colectivo uniforme sobre el que lanzar mensajes de odio basados en bulos y noticias falsas.

Frente a esos discursos de odio y racismo, también es importante recordar las redes de solidaridad existentes, personas que hacen una encomiable labor de denuncia para la mejora de las políticas públicas, y de acompañamiento y acogida de personas migrantes, generando comunidad.

En Canarias, al igual que sucedió en otros países europeos, como el caso de Grecia, la población se movilizó para aliviar la situación de miles de personas necesitadas que estaban confinadas en las islas, incluidos menores no acompañados que se encontraban sin alojamiento. Por poner un ejemplo, ahí está la Red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote.

O las incansables activistas de la Caravana Abriendo Fronteras, una red de colectivos que reivindica la buena acogida y los derechos de libertad de movimiento para todas las personas y que tras haber estado en años anteriores en Grecia, Italia, Melilla o Ceuta, este verano pasado estuvieron en Canarias. Sus acciones protesta pacífica se han traducido en 7.500 euros de multas

Sentados en una terraza frente al mar Irma, activista de la Red de acogida de Lanzarote contaba a Amnistía Internacional que “estamos perdiendo grandes dosis de humanidad por segundos: el miedo y las crisis nos hacen olvidar que no podemos vivir unos sin otros. La única salida es a través de la humanidad”.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para derogar la 'Ley Mordaza' llegó este otoño como agua de mayo. Un anuncio que ha venido tras el Congreso del PSOE de octubre en el que Pedro Sánchez afirmó que “avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley mordaza”. Dicho compromiso forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición, y conecta con las declaraciones del Presidente tras su investidura en las que afirmó, hace ya cuatro primaveras, que “vamos a avanzar en derechos derogando la 'ley Mordaza', porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión”. 

Así pues, para quienes llevamos años dando la matraca sobre las reiteradas y graves violaciones de derechos humanos que implica la 'Ley Mordaza', pareciera que al fin se acerca ese momento tan deseado, aunque con varios años de retraso y varias decenas de miles de multas. 

Al fin el Estado español se podrá alinear con los estándares internacionales de derechos humanos, escuchando a las reiteradas advertencias de la ONU, que antes de su aprobación ya señaló que esta ley socavaría los derechos de manifestación y expresión, o del Consejo de Europa, que este mismo año volvió a instar a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”, o de la sociedad civil, que no ha dejado de movilizarse estos seis años de 'Ley Mordaza' logrando, entre otras muchas acciones, que más de 230 organizaciones firmaran un manifiesto en el que se pedía acabar con la 'Ley Mordaza'. 

Sin embargo la realidad parece, al menos a día de hoy, menos halagüeña. La anunciada derogación de la 'Ley Mordaza' no va a ser tal. Lo que se hará será modificar algunos elementos de la misma. Cabe preguntarse si el anuncio de derogación se refiere a la eliminación de los aspectos más lesivos de esta ley. Pero entonces nos encontramos con que gran parte de los artículos más señalados por vulnerar la libertad de expresión multando a activistas y periodistas, se quedarían igual.

El acuerdo para la reforma de la 'Ley Mordaza' no cambiaría la redacción de los artículos relativos a “la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4 ). En base a estos artículos, se impusieron casi 200.000 sanciones desde la entrada en vigor de esta ley en julio de 2015 hasta diciembre de 2019, suponiendo un 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana. 

En estos más de seis años, la 'Ley Mordaza' se ha utilizado reiteradamente contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas sanciones aplicando principalmente esos artículos, lo que ha acabado por desmovilizar a buena parte de ellas. También se ha aplicado contra periodistas con actuaciones policiales que han obstaculizado su labor cuando querían documentar abusos policiales.

Este acuerdo suprimiría la disposición adicional décima relativa a las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, pero no se elimina al permanecer en la Ley de Extranjería, impidiendo una valoración individualizada de la situación personal y del riesgo que puede correr una persona al ser devuelta, incluyendo el riesgo a sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura y malos tratos. 

En base a este acuerdo no se eliminaría la presunción de veracidad de la policía, un elemento clave que posibilita la arbitrariedad y la imposibilidad de defensa efectiva de la ciudadanía en los procedimientos sancionadores. Ni prohíbe el uso de pelotas de goma, un proyectil que puede mutilar e incluso causar la muerte de personas que se manifestaban por sus derechos. Tampoco establece mecanismos independientes de investigación de abusos policiales.

El acuerdo contiene mejoras, sin duda, como la reducción de las multas que se consideran excesivas y la aplicación de criterios de proporcionalidad, ajustándolas a la capacidad de ingresos de los sancionados, o que no se sancionen las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, con la preocupación de cómo se interpretará qué son desórdenes públicos. En todo caso resulta muy difícil pensar en esta reforma en términos de derogación de la Ley Mordaza, o al menos de los aspectos más preocupantes, si se mantienen las cuestiones señaladas. 

Aún estamos a tiempo de garantizar que la calle no solo sea un lugar para tomar algo en las terrazas o ir de compras, sino también un espacio de participación política de la ciudadanía. El derecho a la protesta es clave para vivir en un verdadero estado social y democrático de derecho, porque desde ahí manifestamos nuestro rechazo ante los retrocesos y desde donde presionamos para avanzar en derechos. En cambio la 'Ley Mordaza' fue una respuesta represiva ante el auge de la movilización social que tuvo lugar a partir de 2011 en el contexto de la anterior crisis económica. Tras las grandes movilizaciones del 15M, las mareas ciudadanas y las marchas por la dignidad nos cayó encima la 'Ley Mordaza' como una losa vulnerando de manera reiterada el ejercicio legítimo de la protesta pacífica.

Tenemos grandes retos que marcarán los próximos años, como hacer un frente al auge del odio, la intolerancia y el miedo al diferente, del nosotros contra ellos y la demonización de la diversidad. Ante la emergente deshumanización que nos puede acabar llevando al peor de los abismos, es fundamental proteger, poner en valor y celebrar el activismo involucrado en la defensa de los derechos humanos, la implicación de quienes dedican su tiempo y esfuerzo para proyectar un futuro que ponga en el centro a las personas y el planeta. 

Poder proyectar un horizonte de justicia y dignidad que nos permita avanzar pasa inexorablemente por contar con una legislación que proteja el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El fin de la 'Ley Mordaza' será solo si la nueva legislación se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, y no será si se limita a unas cuantas mejoras. Aún estamos a tiempo, pero una vez más solo será posible con la implicación de cuantas más personas comprometidas mejor.