El sábado 18 de febrero a las seis y media de la tarde, un vecino roció con una sustancia tóxica a varios centenares de personas que celebrábamos en Benimaclet (Valencia) un acto en homenaje a Guillem Agulló, el joven que fue asesinado en Montanejos hace 30 años por la ultraderecha.

El acto de celebración, que contaba con todos los permisos legales y que debía terminar a las 19.00 horas, tuvo que cancelarse antes de lo previsto. Por su parte, las víctimas del ataque, con quemaduras en la cabeza y en los ojos, nos dirigimos al Hospital Clínico para recibir un parte médico y poder denunciar. Según una enfermera, entre treinta y cuarenta personas se presentaron en el hospital con distintos tipos de quemadura. Tras la espera en el hospital, nos dirigimos a la comisaría de policía de la Alameda y denunciamos los hechos.

Justo después del ataque, dos policías locales subieron al edificio desde donde se había lanzado la sustancia, en la calle Reverend Tramoyeres, e inspeccionaron todos los pisos del edificio, de tres plantas. Hubo únicamente un vecino que no abrió la puerta, según nos dijeron. Por supuesto, el piso del vecino que no abrió la puerta era el que todos señalábamos con el dedo: estaba claro que nos lo habían tirado desde ahí. Así se lo dijimos a los agentes, quienes, para nuestra sorpresa, nos dijeron textualmente: “sabemos quién ha sido. Te puedo decir hasta el piso y la puerta”. Pero necesitaban que alguno de nosotros confirmáramos que habíamos visto a una persona lanzando la sustancia. Si no, por desgracia, poco había que hacer.

Sin embargo, ¿quién va a mirar hacia un tercer piso mientras baila, mientras habla con sus amigos? ¿O acaso la persona que lanzó el líquido no podía haberse asegurado de hacerlo desde una posición desde la que no se expusiera a ser visto? Unas horas más tarde, tras denunciar en la comisaría, otro agente de la policía nacional nos dijo: “la verdad, esto es muy difícil que vaya adelante”, y subrayó que sin una prueba sólida poco había que hacer.

En pocas palabras, casi cuarenta partes médicos de lesiones, otras tantas denuncias, la certeza de saber desde dónde se había producido el ataque, el agravante de que –tal y como nos confirmaron desde el local Terra, que había organizado el acto– no era la primera vez que ese mismo vecino les atacaba, la confirmación por parte de la policía de que sabían quién era… Todo eso, ¿no es suficiente para, al menos, realizar una investigación muy seria al respecto? ¿No es suficiente para recibir una cobertura mediática y tratamiento público acorde a la gravedad de lo sucedido?

Porque hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que ocurrió el sábado fue una barbaridad y no puede quedar impune. Lo que ocurrió fue un ataque político –otro más– contra un colectivo social. Nada de “radicales”. Nada de “exaltados”. Gente joven, trabajadora, familias. Gente que lucha por su barrio con la palabra y con la acción día a día y que trata de crear espacios comunes y de convivir en una ciudad que les devora. Hablamos de un ataque a un colectivo pacífico y de izquierdas que por eso mismo molesta.

Lo más grave quizás es que estos ataques están ya normalizados. Como si pertenecer a agrupaciones barriales o a asociaciones de izquierdas fuera en sí una provocación, un delito que ayer justificaba infiltraciones policiales, hoy agresiones y mañana, ¿mañana qué?

No lo sabremos, porque no se hablará de ello. O al menos, no tendrá más relevancia que la que tiene una noticia de la sección de sucesos, condenada a morir en veinticuatro horas: un señor lanza ácido a jóvenes. Punto final. ¿Y qué hay detrás de eso? De nuevo, digámoslo claro: esto no es un suceso y todos lo sabemos. No es una pelea en una discoteca. Es un ataque político contra un colectivo pacífico. Imaginemos por un segundo la situación inversa: imaginemos qué ocurriría si alguien rociara con ácido a doscientas personas de derechas agrupadas en una calle del Eixample para festejar lo que fuera. ¿En cuántas portadas habría aparecido hoy a nivel nacional? ¿Cuánta información tendríamos ya mismo sobre el perpetrador del ataque? ¿De qué se le acusaría? ¿De terrorismo? ¿Cuánto habrían tardado los reporteros y cámaras de Telecinco en conectar en directo?

Pero para mucha gente, parece ser, nosotros somos ciudadanos de segunda, y al perro apaleado, que más le da un palo más. No seamos nosotros mismos esa gente. No nos callemos. No nos conformemos.

Necessitem respostes i solucions, pero abans que res, necessitem fer-nos més preguntes. La primera de totes, potser, hauria de ser: ¿per a qui s’està construint la ciutat? I la segona, ¿per a qui volem que es construisca? Entre aquestes dos interrogacions es juguen els futurs possibles.

El missatge que ens arriba des de totes bandes és clar: no hi ha cases per a tots. És a dir, toca competir per les que estan disponibles. Però quan hi ha competició sense mecanismes que la regulen, sempre s’activa la llei de la selva. L’arribada massiva de guiris des de Manises i des del Port de València crea un parany, ja que fa veure que aquest és un problema de nacionalitat: els de dins contra els de fora. No és així. És principalment un problema de classes: qui més té, més pot. Et pots permetre pagar 500€ per una habitació? Aleshores pots escollir quin barri de València t’agrada més. Pots pagar 1000€ al mes per un pis de 50m²? Aleshores pots emancipar-te i començar una vida autònoma. Si no pots pagar, ves-te’n fora.

A nivell sistèmic, el repte consisteix en replantejar el debat des del seu fonament: la vivenda és un dret o és un negoci? L’article 47 de la Constitució [RNG1] afirma que tots els espanyols tenen dret a disfrutar d’una vivenda digna i adequada, i emfatitza que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. La realitat del carrer ens indica el contrari. En aquest sentit, la Llei de vivenda[RNG2]  que es va aprovar a nivell estatal en maig de 2023 es va revelar completament insuficient. És més, donada la gravetat de la situació, es vergonyós que es vengués com una victòria popular front als sectors inmobiliari i bancari i que nosaltres ho acceptàrem com a tal. Perquè sí que hi ha lloc per a tots. Si a València ciutat, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística[RNG3] , hi havia 36.454 cases buides en 2021 -i al conjunt d’Espanya la xifra és de quasi 4 milions de cases buides-, per què ens hem de contentar en no pagar la comissió a l’agència inmobiliària?

No és suficient amb subsidis i ajudes al lloguer; ens calen drets. ¿De què serveix construir nous blocs d’edificis si només accedeix a ells capital estranger? ¿De què serveix aprovar quotes d’apartaments turístics si després no es controla la seua aplicació? En una selva plena de trampes legals, de res val tapar forats amb mesures transitòries. Mirem al problema als ulls: no es pot fer negoci amb la vivenda. Com l’educació i la sanitat, la vivenda és un dels eixos sobre els que qualsevol ciutadà construeix sa vida, i com a tal no pot ser un privilegi d’uns quants ni un bé d’especulació. És alarmant que fons d’inversió vegen València com “una oportunitat financera” i invertisquen millions d’euros comprant blocs sencers, que tinguen vivendes buides mentre desnonen famílies alhora que remodelen edificis per a convertir-los en cel·les per a persones que només venen a la ciutat a viure a sunny experience in València.

Les cases han de per a les persones, i la ciutat per a qui la viu. No es tracta de tancar-nos com a societat, ni tampoc d’oferir fòrmules simplistes, excloents o demagòqiues. Però igual de perillós és caure en la inacció i assumir que el model de ciutat actual és l’única opció possible. València, ciutat oberta, sí. L’afirmació, no obstant, s’ha de matitzar: oberta, ¿a què? ¿com? ¿a quin preu? ¿Volem ser una ciutat vitrina, una ciutat plena de llums per als que vinguen a visitar-la o a viure-hi dos mesos en estiu? ¿O volem una València per a la gent que viu ací, que s’hi implica quotidianament, que es preocupa per ella?

[RNG1] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

[RNG2] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-12203

[RNG3] https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=59531

En condiciones normales, una entrevista como esta –publicada en inglés y en un medio extranjero– no habría permeado la escena mediática española. Pero las condiciones no eran normales. Por un lado, es sabido que Alberto Garzón defiende una ideología comunista, adjetivo que todavía escuece a muchos ver asociado a una cartera ministerial. Poco importa que el ministro hable de juguetes, de casas de apuestas o de medioambiente. Su figura, ahora que Pablo Iglesias ha abandonado la política institucional, es el símbolo de todo lo que la derecha rechaza y, como tal, cualquier ocasión, por forzada que sea, es idónea para ponerlo en la diana mediática. Incluso si ello implica distorsionar hasta el absurdo los hechos con el fin de ganar rédito político. Por el otro lado, en el horizonte acechan las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán dentro de un mes, y en las que los sectores rurales tienen mucho que decir, más todavía si tenemos en cuenta la candidatura unitaria de la España vaciada que se está fraguando para las próximas elecciones generales.

Pero, ¿qué dijo exactamente el ministro en la entrevista publicada en The Guardian? En el artículo original, redactado en inglés, podemos leer:

“Extensive farming is an environmentally sustainable means of cattle farming and one that has a lot of heft in parts of Spain such as Asturias, parts of Castilla y León, Andalucía and Extremadura,” he said. “That is sustainable; what isn’t at all sustainable is these so-called mega-farms … They find a village in a depopulated bit of Spain and put in 4,000, or 5,000, or 10,000 head of cattle. They pollute the soil, they pollute the water and then they export this poor quality meat from these ill-treated animals.”

Traducido al español: “La ganadería extensiva es un medio de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España, como pueden ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura”, dijo. “Esa es sostenible; lo que no es en ningún caso sostenible es lo que se llama macrogranjas … Encuentran un pueblo de la España despoblada, y ponen allí 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan los suelos, contaminan el agua y después exportan carne de baja calidad de estos animales maltratados”.

Así que no, Garzón no ha atacado a los ganaderos de España –como si todo el sector pudiera reducirse a una sola voz– ni a la España vaciada, ni sus palabras sugieren ni confirman, como muchos se empeñan en hacer creer, que odia a España.

Lo que Garzón ha hecho es contraponer dos modelos de producción cárnica –la local extensiva y la intensiva de las macrogranjas industriales– y decir que en el segundo se contamina muchísimo más y se produce carne de peor calidad proveniente de animales maltratados. En resumidas cuentas, Alberto Garzón se ha mostrado favorable a un modelo de producción cárnica que beneficie al ganadero local y que no esté, como ocurre en España, en manos de los grupos de la industria cárnica, que poco o nada se preocupan por el ganadero, por el bienestar del territorio en el que se produce la carne y, mucho menos, por las condiciones de los propios animales.

Evidentemente, esto no ha sido un malentendido, ni tampoco un error de traducción. Pero tampoco podemos admitir eufemísticamente que únicamente se han sacado de contexto las palabras del ministro. Lo que ha hecho la derecha y la extrema derecha –y también sectores del PSOE– es modificar hasta el absurdo el mensaje original con dos objetivos muy claros: primero, impedir que se desarrolle un debate público y político sobre el modelo de producción cárnica en España. Segundo, transmitir a la población de zonas rurales la idea de que Alberto Garzón –y, por ende, Unidas Podemos– son contrarios a sus intereses.

Alberto Garzón es una figura odiada por la derecha y contraria a los privilegios de las grandes corporaciones, por lo que es natural que ambos grupos traten de derribarlo. El debate, sin embargo, no es si Garzón está defendiendo o perjudicando los intereses de los ganaderos, sino qué entienden las derechas por “intereses de los ganaderos”. Los que difaman al ministro a capa y espada y se autoproclaman únicos defensores del campo, ¿están defendiendo realmente los intereses de los ganaderos? ¿O están tratando de ganar el voto rural para luego poder defender en las instituciones los intereses de la industria? Intereses, los de esta última, que sí son por definición contrarios a los de los trabajadores del campo.

Porque lo importante no es solo cuánto trabajo o riqueza genera un sector, sino a dónde van a parar estos. A quien diga que el modelo industrial genera dinero, cabe responder: ¿para quién? ¿Para el ganadero local o para los ejecutivos de ciertos grupos cárnicos? Y a quien defienda la producción industrial por los puestos de trabajo que genera, preguntamos: ¿qué tipo de trabajos son estos? ¿trabajos propios del sector de la ganadería o trabajos de tipo empresarial ligados a los departamentos de comercio y marketing, entre otros?

En cualquier caso, y esto sí que lo dijo el ministro Alberto Garzón en la entrevista de The Guardian, la agricultura extensiva es ecológicamente sostenible y la intensiva no lo es, y esto afecta innegablemente a los intereses de todos nosotros. Quizás deberíamos empezar a reflexionar por ahí.