Han sido muchas las visitas a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y, también, a los territorios liberados, con motivo de la celebración, el 27 de febrero, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). En sus diferentes Wilayas, Dajla, Auserd, El Aaiún, Esmara o en Tifariti, en el Sáhara liberado, hemos asistido, primero con el presidente Mohamed Abdelaziz y después son su sucesor Brahim Gali, a los actos anuales de conmemoración de ese proceso en buena parte asfixiado y truncado por el final del franquismo, el fracaso de la descolonización y la invasión ilegal de Sahara por parte de Marruecos.

Muchos representantes institucionales hemos participado en esos encuentros anuales a lo largo de estos últimos más de 30 años y hemos podido observar y constatar que, a pesar de las precarias condiciones en que vive la población saharaui, su espíritu es el de un pueblo que anhela la libertad y que no renuncia a su territorio y a sus propiedades y recursos naturales, como reconoce el derecho internacional y determinadas sentencias de los tribunales de la Unión Europea.

Pero los saharauis, con el Frente Polisario a su cabeza, han trabajado, con paciencia y con perseverancia, en ir construyendo desde el destierro, la ocupación y la diáspora una estructura política que ha dado pequeños pero significativos frutos que deben ser reconocidos y valorados.

La RASD se proclamó en 1976 y desde entonces ha sido reconocida por la nada despreciable cantidad de 80 Estados del mundo. Por otro lado, fue admitida en 1982 en la Organización para la Unidad Africana como miembro de pleno derecho y fue, después de la disolución de esta, miembro fundador de la Unión Africana (UA), organización supranacional de estados africanos al estilo de la Unión Europea. Es decir, una situación de reconocimiento parcial en el mundo pero, al fin y al cabo, de reconocimiento relevante. Esta situación desquicia a su vecino y ocupante, el Gobierno de Marruecos, y hace que éste aplique todas sus facultades y capacidades para combatir militar, policial, económica y diplomáticamente al pueblo saharaui y a su débil institucionalidad. 

Una de las expresiones más dramáticas de ese tortuoso camino hacia la independencia ha sido y es el clamoroso fracaso de la ONU ante la superación de una situación, la del Sáhara Occidental, que considerado territorio no autónomo aún mantiene desplegada la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) que se ha demostrado inútil para organizar esa consulta de autodeterminación ante el permanente boicoteo y hostilidad del Gobierno de Marruecos. La ONU ha sido incapaz en 50 años de cumplir su propias resoluciones y en esta última etapa está haciendo uso de un decepcionante pragmatismo debido a la presión de EEUU, el propio Marruecos e, incluso, del Gobierno de Pedro Sánchez, con un ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que parece más un enviado de Mohamed VI que un miembro de un Ejecutivo de la Unión Europea.

El inexplicado y unilateral cambio de posición de Sánchez en relación con la postura de España con la adopción ilegítima de las tesis de ocupación del territorio saharaui planteadas por el reino alauí, disfrazada de autonomía, ha marcado un nuevo tropiezo en el camino para una consolidación definitiva de estructurales políticas estables ysólidass para el pueblo saharaui como tendría que ser una RASD reconocida por el mundo y miembro, también de pleno derecho, de la ONU. El derecho internacional está hoy de parte de esta opción pero el pragmatismo de oscuros intereses y contrapesos debilita esa opción a corto plazo.

Todas las colonias de África han seguido y completado un proceso de descolonización salvo el Sáhara Occidental. Todos los procesos no han sido fáciles ni pacíficos, pero hoy están cerrados. Salvo el saharaui, que ha pasado de una situación colonial con España a una situación de expansión imperial con Marruecos. El Sáhara es a Marruecos lo que el el Donbás es a Rusia o Palestina a Israel. Es decir territorios mayormente ocupados 'de facto' por potencias usurpadoras 'de iure'.

Estos días se celebrarán en toda España actos y encuentros para celebrar esa proclamación republicana inconclusa. El pueblo español está muy lejos de su Gobierno en lo referido al Sáhara Occidental. La inmensa mayoría de los españoles, socialistas incluidos -conozco a muchos-, hemos reconocido durante esta cincuentena el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación y a su futuro en libertad como un nuevo Estado. El proceso puede que dure otros 50 años, pero la República Árabe Saharaui Democrática será una realidad.

Se cumplen ahora 50 años de la “Marcha Verde” que el rey de Marruecos Hassan II organizó contra España en el Sáhara Occidental (S.O.). Y también 50 años de otros acontecimientos que desembocaron en el caótico abandono por parte de España de la que hasta entonces había sido su colonia en el norte de África. La agonía y muerte de Franco, el comienzo de la huida del Ejército español, la firma del ilegal Acuerdo de Madrid (o Acuerdo Tripartito de Madrid), el comienzo de la guerra del Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania y las primeras declaraciones internacionales como la incumplida Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 16 de octubre de 1975, hacen que ese año, el final de 1975, fuese en términos políticos, diplomáticos y geoestratégicos un perfecto fracaso.

En este marco temporal de referencia se cumple también una semana del inexplicable y cobarde “giro histórico” del Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de una resolución en la que se asume la tesis marroquí de integración del S.O. en Marruecos a través de una imposible autonomía a esos territorios actualmente ocupados militar y policialmente. Parece que la “Marcha Verde” se ha convertido ahora en la “Marcha Azul” -color emblemático de la ONU- que protagonizan por la vía de hecho el club de seguidores de Donald Trump en Naciones Unidas.

Entrando en el fondo de este asunto, hay que decir que la aprobación de la Resolución 2795 por parte del Consejo de Seguridad no se puede analizar de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto internacional actual, es decir, sin tener en cuenta los conflictos internacionales, especialmente los activos. Como han dicho portavoces del Gobierno saharaui, es una resolución contradictoria en sus propios términos. Siendo ello resultado de la forzada negociación que ha supuesto su aprobación.

Plantea la propuesta de autonomía como una propuesta más, como una de las opciones que sirva como base para la negociación del proceso político que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Este derecho no es un concepto interpretable. La Corte Internacional de Justicia estableció que sin consulta no hay autodeterminación.

El Consejo de Seguridad no es la Asamblea General de la ONU; son sólo un grupo de Estados. En ningún caso cabe afirmar que es el posicionamiento de los Estados ni de la sociedad civil, la cual siempre se ha mostrado a favor del derecho de autodeterminación del pueblo del S.O. No hay que olvidar que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La autonomía puede ser una opción, y es lo que plantea la Resolución aprobada el pasado 31 de octubre, pero debe respetar el derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Puede ser una base, pero no la solución si no es lo que el pueblo saharaui decide de manera democrática. La labor de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) es la organización de ese preciso referéndum. Esa misión se mantiene en la actualidad, no ha cambiado de función y es el objetivo último porque es la garantía de que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Y en estos 50 años transcurridos desde la jugada de Hassan II uno de los elementos a tener en cuenta es que han saltado por los aires todos los argumentarios de los partidarios en España de la política de memorias. La histórica, la democrática, la civil, la humanitaria. Todas han quedado reducidas a escombro en el caso de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y su inexplicada ciaboga con la carta enviada hace algo más de tres años a Mohamed VI en la que unilateralmente asumía las tesis marroquíes de la ocupación y el destierro.

Ha fallado la memoria histórica al no haberse procedido con el Sáhara Occidental como se hizo con la inmensa mayoría de las colonias en manos europeas. Ha fallado la democrática al no haber dejado al pueblo saharaui ejercer el derecho básico en los procesos de descolonización, que es el Referéndum de Autodeterminación previsto en la Resolución 1514 de la ONU. También ha fallado la memoria civil, al haber dejado al pueblo saharaui sin patria, desprotegido y desamparado en sus derechos ciudadanos, sobre todo después de haber sido “provincia” española durante unas décadas. Y ha fallado la humanitaria, al tener que estar la mayor parte de la población saharaui recluida en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia viviendo la mayor de las pobrezas en el peor de los sitios, la hammada sahariana.

De la traición de Sánchez al nuevo fracaso de Naciones Unidas, de la “Marcha Verde” a la “Marcha Azul”. 50 años después, de la descolonización a la ocupación. De la memoria al olvido. En cualquier caso, los saharauis no se cansarán y muchos les acompañaremos en su travesía del desierto.

Asistimos el jueves pasado al debate de política general en el Parlamento Vasco en el que el lehendakari ha vuelto a volcar como prioridad una obsesión, la superación del Estatuto de Gernika como eje de legislatura y como propósito a corto plazo. Sabe bien Pradales, y con él todo el PNV, que en la actualidad es imposible alcanzar un acuerdo de país en torno a un nuevo estatuto más amplio y con mejores aceptaciones que el alcanzado en la norma de 1979.

Una visión desde el Congreso de esta y otras cuestiones importantes permite que se pueda calificar la estrategia del PNV como la de un interesado y entusiasta partidario de las políticas del 'sanchismo', que han diluido buena parte de las señas de identidad e idiosincrasia de los nacionalistas.

Podemos dar un repaso en diez ideas en relación con la actitud del PNV (y su repercusión en el Gobierno Vasco) tras el análisis de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

1.- La política del Gobierno Vasco hoy está anclada estructuralmente al fondo y a las formas del Gobierno de Sánchez a través del apoyo incondicional del PNV a su política de confrontación y polarización. La definición de la realidad política de los distintos portavoces nacionalistas coincide totalmente con el “discurso del muro del presidente”.

2.- El PNV ha apoyado el proyecto de ley de Yolanda Díaz de reducción de jornada laboral, sin acuerdo de los agentes económicos y sociales, alejándose de su tan cacareado respeto al diálogo social de la concertación laboral y dando la espalda, una vez más, al empresariado.

3.- Todo el mundo ya sabe que el precio que el PNV paga por el palacete de París es un apoyo estable en el Congreso. Ahí ha perdido una reconocida capacidad crítica y ha neutralizado su tradicional ambigüedad calculada. Impera solo un criterio que asumen con soltura: el de ser “bloque progresista”.

4.- Nunca ha estado el PNV tan cerca de EH Bildu en sus postulados políticos como compartiendo el apoyo a Sánchez. En el Parlamento Vasco escenifican una distancia política que en el Congreso no existe.

5.- Ha existido una falta de exigencia del grupo nacionalista en el Congreso ante la no presentación de los Presupuesto Generales del Estado en 2 años. Esta falta de presupuestos ha perjudicado económicamente a la comunidad autónoma vasca, y a las demás, y eso se ha minusvalorado. El lehendakari también debía haber sido más beligerante con la no existencia de ese instrumento político. El PNV ha estado mudo ante ese incumplimiento.

6.- El PNV es hoy “un coladero de 'sanchismo'” en el Congreso a la busca de una autorización de Sánchez para el “nuevo estatus”. Le ha comprado, en esa obsesiva estrategia superadora del Estatuto de Gernika, el discurso del miedo a la derecha para ganar tiempo en la presente legislatura.

7.- El PNV debía de haber sido en el Congreso más exigente en el apoyo a la industria vasca, en esta época de continuo declive. También en el apoyo a las necesidades energéticas. Esa actitud, que tanto proclama en el País Vasco, hoy se pone en entredicho con los decretos y proyectos de ley de Sánchez y Díaz, con el cordón sanitario de nuevo cuño a Israel o con las críticas compartidas a Estados Unidos. Mucho hablar de internacionalización de la empresa y cada vez más estrategias de puertas cerradas.

8.- Además, el PNV está perdiendo a marchas forzadas capacidad de ser actor europeo en lo político. Antes pesaba más en el Comité de las Regiones. Y la iniciativa de Urkullu en relación con el impulso al “Eje Atlantico” se ha quedado en nada (o solo en la justificación de una fundación), no ha perseverado el Gobierno Vasco en esa exigencia de conexión con Francia, siendo Euskadi el principal beneficiario. Y el PNV en el Congreso no es más beligerante con ese impulso.

9.- El complicado asunto del centro de refugiados (CAPI) de Vitoria y la intermitente oposición del PNV y el Gobierno vasco al mismo solo es una pose. No han traído al Congreso iniciativa parlamentaria en relación con su paralización, ni han negociado con el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones nada al respecto. Impulsaron un grupo de trabajo en su día que no ha trabajado en el tema.

10.- El PNV se mantiene estático y conformista en el Congreso con las conexiones de alta velocidad en Euskadi, sin exigencia alguna en las conexiones pendientes y también con la conexión navarra con Vitoria. En esta asignatura pendiente el PNV suspende aquí y en Madrid.

¿Qué hace el PNV apoyando las políticas de un Gobierno rodeado de corrupción, que ha vuelto la espalda a la sociedad, que coloniza las principales instituciones y que ha cometido graves errores en la protección de las mujeres? Y parafraseando a la más importante de las leyes de occidente estas diez claves se encierran en dos: la búsqueda urgente de la aprobación de un “nuevo estatus” y el más que inevitable forzamiento constitucional.

La andadura de Gregorio Ordóñez en el Parlamento Vasco estuvo marcada por su gran capacidad para el debate y por su particular estilo, directo y rápido en la defensa de iniciativas en pleno y comisión y en el control al Gobierno. 

Y me gustaría hoy reivindicar esa faceta parlamentaria bastante desconocida, pero tan eficaz y productiva. Coincidí con él los casi cinco años en que fue parlamentario. El Parlamento Vasco estaba aún en pleno proceso de construcción política y de arraigo democrático y social. En las elecciones autonómicas de 1990 Gregorio había salido elegido por Gipuzkoa y junto con Jaime Mayor Oreja, Enrique Villar, Leopoldo Barreda, Fernando Maura y yo mismo -Álava y Bizkaia- fuimos capaces de formar, en la IV legislatura, un grupo cohesionado, germen del avance del Partido Popular en el País Vasco. Las elecciones vascas de 1994 fueron la expresión de ese importantísimo avance: pasamos de seis a once parlamentarios y en concreto, en Gipuzkoa —cuya plancha la encabezaba Gregorio— triplicamos el resultado. 

Tres meses después de esas elecciones, celebradas el 23 de octubre, y constituida la V legislatura, la banda terrorista ETA asesinaba a Gregorio y truncaba una vida parlamentaria 'in crescendo', que nadie como él sabía compatibilizar con la de concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. A los terroristas y batasunos les incomodaba por partida doble su presencia en las dos instituciones y su “valiente capacidad de ponerles contra la espada y la pared” con sus exigencias democráticas de ciudadano vasco sin pelos en la lengua. Sabía que era un objetivo y asumió con determinación el reto de no callarse. La estrategia abertzale del “o te rindes, o te vas o te mato” no pudo quebrar una inquebrantable presencia política que le llevaba directamente a ser alcalde de San Sebastián en las siguientes elecciones municipales del 28 de mayo de 1995. Y su actividad en Vitoria era el complemento perfecto para ese objetivo

Hoy es necesario recordar al compañero parlamentario, sus trabajos en la Cámara, la aportación dinámica y sorprendente a la vida interna del grupo 'popular' y su capacidad para la oratoria directa y clara y para la confección de iniciativas parlamentarias. Participó en los debates presupuestarios, en el proceso legislativo de leyes que por primera vez elaboraba el Parlamento Vasco, como la Ley de Ordenación del Turismo, la Ley Reguladora del Juego, la Ley de Fundaciones o la Ley de Relaciones con las Colectividades Vascas en el Exterior. También en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbana, materia de la que era un gran experto, defendió la posición de nuestro grupo. 

No hay más que asomarse a sus discursos colgados en la web de la Cámara de Vitoria para darse cuenta de sus habilidades dialécticas y de la versatilidad de sus recursos argumentales y de altura política. Todo en un ámbito de profundo respeto a nuestras instituciones forales, locales y autonómicas, nuestro marco constitucional y estatutario y a la impecable lucha por la libertad y contra el terrorismo que le acabó sentenciando vilmente por parte de la intolerancia y la estrategia etarra de imponer una dictadura que aún hoy defienden quienes celebraron su muerte desde la izquierda abertzale. 

Su capacidad de trabajo era ejemplar en el tiempo del madrugón, el teléfono y el telefax. Siempre redactaba de su puño y letra iniciativas y comunicados que tenían un importante reflejo en nuestros medios de comunicación. En los pasillos parlamentarios, en la época de una efervescente presencia en la Cámara de periodistas, le buscaban y encontraban como diputado cercano, hábil, dispuesto, certero y sincero.

Y qué voy a decir de los almuerzos después de las sesiones parlamentarias. En la cafetería del Parlamento o en el restaurante Xixilu, al que le encantaba ir a comer esas litiruelas con pimientos del país que descubrió en sus jornadas gasteiztarras, las sobremesas y las charlas de los más variados asuntos, de la vida interna del partido, de la situación política vasca o de la internacional, siempre le convertían en una fuente de ideas y sorprendentes análisis. Era una referencia política sin discusión y sus enemigos lo sabían. 

Todos los días en 'hall' parlamentario podemos encontrar a Gregorio en la placa de recuerdo, junto con las de Buesa, Casas y Brouard. El terror nos arrancó una figura emergente en la política vasca. Todos los grupos parlamentarios nos arroparon con su afecto esos días, todos menos uno: HB no lo condenó, y tuvo a Arnaldo Otegi como miembro también en esa legislatura. Y eso no lo olvidaremos nunca sus compañeros, que también fuimos sus amigos. Hoy tienen una nueva oportunidad para decir que matar al adversario estuvo mal. Ya sabemos que no lo harán.

Pero nosotros continuaremos encontrándonos con Gregorio Ordóñez en su placa de recuerdo en el Parlamento… y en cada uno de los rincones de la casa de todos los vascos.

Siempre recordaré aquel 3 de febrero de 1991 cuando, ante el árbol de Gernika, tuve que proceder a la petición de juramento de José Antonio Ardanza como lehendakari de todos los vascos. Era yo, por aquel entonces, un joven secretario primero del Parlamento Vasco y junto con el presidente, Joseba Leizaola, abandonábamos momentáneamente los tres la sala de juntas para proceder a ese acto de jura en la IV legislatura.

Luego fueron nueve años en los que el lehendakari Ardanza tuvo buenos gestos en el liderazgo del pacto de Ajuria Enea y en una contestación personal clara a la política criminal de Herri Batasuna y todo el entorno de ETA, ante una terrible ofensiva terrorista que iba arruinando nuestra sociedad con el “o te rindes, o te vas o te mato”.

Fue persona de principios, humana e íntegra, y tuvo una buena relación, de la que yo fui testigo privilegiado, con nuestro partido político y con nuestro sufrimiento en aquellos años. Y también en aquel momento agradecimos sinceramente su cercanía. Fueron muchos los funerales, las capillas ardientes, las manifestaciones y los minutos de silencio que pudimos compartir.

Ardanza tuvo el mérito de no descalificar el Estatuto de Gernika de 1979, de valorarlo y de utilizarlo como elemento básico del autogobierno y convivencia democrática. Fue a partir de su mandato cuando el PNV empezó a poner en cuestión el elemento político que más y mejor nos ha desarrollado institucional, económica y socialmente.

Formó un buen tándem institucional con Leizaola, presidente del Parlamento Vasco, ambos moderados y dialogantes desde su nacionalismo pragmático. Y en el Parlamento Vasco tuvo que tragar algún sapo con la constitución y trabajos de la comisión de investigación del escándalo de la OPE de Osakidetza de 1990, cuando miembros de la parte socialista de su gobierno en la III legislatura organizaron un inmenso fraude en el acceso al empleo público que acabó con destacados altos cargos en la cárcel.

Se rodeó de algunos buenos consejeros como Iñaki Azkuna en Sanidad, Joseba Arregi en Cultura, Jon Azúa en Industria, o Rosa Díez en Comercio en momentos en que Euskadi era la avanzadilla española en determinadas políticas, en concreto Salud o industria. ¡Cuánto ha cambiado el panorama y la realidad!

Fueron dos las legislaturas que yo compartí con el lehendakari Ardanza en la Cámara vasca. Como miembro de la Mesa, me tocaron muchos encuentros parlamentarios e institucionales y recuerdo con especial cariño el encuentro en Lehendakaritza que mantuvimos cuando nos visitó el entonces presidente del Parlamento Saharaui, Abdelkader Taleb Omar. Con Ardanza comenzó una fructífera y sólida cooperación con el pueblo saharaui tras la resolución de la ONU sobre el derecho al referéndum de autodeterminación para ese pueblo hermano.

Ardanza ha sido reconocido -y lo seguirá siendo- como un buen lehendakari y un buen gestor, como 'a posteriori' en el mundo empresarial y de las tecnologías al frente de Euskaltel. También en esa responsabilidad siempre estuvo receptivo, acogedor y colaborador.

¡Hasta siempre lehendakari!

Seguramente la primera ley española de la época poscolonial que habla del Pueblo Saharaui ha sido la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, aprobada el pasado 15 de febrero en el Parlamento Vasco. Es una importante mención que hace poder identificar en este pueblo hermano lo que han sido los movimientos solidarios y de cooperación en torno no sólo a la ayuda al desarrollo sino también a la esencia política de las claves que han desplegado esos esfuerzos de solidaridad, hermanamiento y vínculo por su libertad.

La cooperación vasca con el Sáhara Occidental simboliza lo mejor de nuestra cooperación por su dimensión política, social, de desarrollo y también humanitaria y de cumplimiento del derecho internacional. La Ley contiene la siguiente referencia en su Exposición de Motivos: “Las organizaciones vascas de la sociedad civil, que se articulaban alrededor de la solidaridad internacional en los años ochenta, provenían de dos tradiciones fuertemente arraigadas en Euskadi: la tradición misionera y el internacionalismo. Las administraciones públicas vascas, de forma incipiente, materializaron en iniciativas concretas los compromisos de una sociedad dinámica, movilizada y diversa. La situación del pueblo saharaui, y de otros pueblos y realidades humanas, ha sido entendida por la sociedad vasca a través del liderazgo asumido por municipios vascos y el propio Parlamento Vasco, que han impulsado y establecido hermanamientos y estrechas relaciones de reconocimiento de sus complicadas situaciones políticas, sociales, humanitarias y de desarrollo”.

Importante expresión, más allá de lo simbólico, en una ley que se ha negociado con la búsqueda del consenso y que ha sabido recoger, a través de la transacción y de la inspiración de una enmienda, esa importante expresión en un texto que sale enriquecido con esa mención tan significativa. 

Desde el abandono por parte de España del territorio del Sáhara Occidental, su ilegal entrega a Marruecos y Mauritania, la guerra emprendida por estas causas y las siguientes resoluciones y posicionamientos de las Naciones Unidas para completar el inconcluso proceso de descolonización una de las expresiones de afecto y cercanía con la situación saharaui han sido los importantes esfuerzos y compromisos de muchas entidades, asociaciones e instituciones vascas los que han mantenido viva la reivindicación de que el Sáhara Occidental vivía una situación injusta y que era necesario mantener y sostener un apoyo en todos los sentidos desde el político al de enviar alimentos y medicinas a una población que se repartía entre el exilio argelino del desierto en Tinduf, la ocupación más brutal y represiva en los territorios que invadió Marruecos, a una diáspora extendida por África, Europa, fundamentalmente España y América. 

El Sáhara Occidental es hoy un “territorio no autónomo” que se autoproclamó como República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 14 de noviembre de 1975, habiendo sido reconocida por cerca de 80 estados del mundo. Y la RASD es miembro fundador de la Unión Africana (UA), organización continental semejante a la Unión Europea. Marruecos no se incorporó a la UA hasta 2017. Argelia y Sudáfrica, junto a otros países africanos, son los grandes apoyos de los saharauis en el concierto internacional.

El derecho internacional y las resoluciones de la ONU, así como las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, han reconocido la legitimidad del pueblo saharaui a ser dueño del territorio. La incapacidad de llevar a cabo este anhelo y este derecho por la situación de invasión militar y policial ha hecho que exista una importante y ya histórica ola de solidaridad y estrechos lazos con los y las saharauis.

Hoy hay cientos de ayuntamientos e instituciones vascas hermanadas con las dairas y wilayas, miles de misiones y viajes de cooperación y apoyo políticos a los campamentos de refugiados y a los territorios ocupados, la mayoría de estos últimos frustrados e impedidos. Existe un sinnúmero de lazos surgidos entre familias vascas y saharauis tras las entrañables experiencias del programa 'Vacaciones en paz'. Destaco también el trabajo del intergrupo 'Paz y Libertad' en el Parlamento Vasco desde 1991, la aportación presupuestaria del Gobierno vasco, la Agencia Vasca de Cooperación y decenas de administraciones municipales y forales, la incansable dedicación de las históricas asociaciones vascas de amistad con el Pueblo Saharaui o la labor de voluntarios, juristas, universitarios, sanitarios, oenegés. Todo esto constituye la expresión más amplia y transversal de lo que se puede considerar cooperación y solidaridad con mayúsculas.

Se van a cumplir dos años de la insólita, por lamentable e injusta, actitud del presidente Pedro Sánchez en relación con el Sáhara Occidental y su incomprensible declaración de marroquinidad. Nuestra sociedad funciona en claves diametralmente opuestas a este despropósito internacional y, por ello, la ley vasca mencionando la realidad saharaui resalta lo mejor de los principios que rigen la solidaridad, sobre todo, cuando los destinatarios son nuestros hermanos.   

La publicación en la página web promovida por el Ayuntamiento de Galdakao de un documento-informe donde obscenamente se confunden a las víctimas del terrorismo con los criminales que lo ejercieron provoca un nuevo paso atrás en la construcción de la convivencia en el País Vasco. Se pueden hacer diez consideraciones de lo que esta actitud indigna significa en la actualidad:

1- Se constata que EH Bildu, formación a la que pertenece el alcalde, Iñigo Hernando, promotor del documento, de Galdakao se encuentra a años luz de poder ser un factor de convivencia en el país y que sigue sumergido en la disciplina ideológica y memorística de lo que fue el mayor obstáculo a la democracia, que fue ETA.

2- Ha sido una decepción ver a una institución cultural como es la Sociedad de Ciencias Aranzadi participar en esta nueva escenificación de la irracionalidad y la desmesura. No se puede esconder detrás de justificaciones imposibles y “estandarizaciones internacionales”. Debe reconocer su error.

3- El Instituto Gogora, de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco, no puede quedarse de perfil. Lo preside Urkullu y debe de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo como función primordial. Es necesario que la dirección de Gogora se dirija al Ayuntamiento de Galdakao para que quede bien claro lo que supone este nuevo atentado e instarles a retirar la web ofensiva.

4- El Plan Udaberri 2024, para la convivencia, los derechos humanos y la diversidad, aprobado por el Gobierno vasco, hace aguas, una vez más, a la hora de la deslegitimación del terrorismo y fracasa en el cumplimiento de su línea de acción 1 “Avanzar y consolidar las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”. El Gobierno vasco no practica con hechos lo que proclama en sus escritos. La alfombra roja que tiende a EH Bildu constantemente y el blanqueamiento de su personalidad política arrastran a toda la sociedad vasca.

5- EUDEL, Asociación de Municipios Vascos, actualmente presidida por el alcalde de Vitoria (PNV), debe de ser estricta con la exigencia democrática. No puede tener cabida en esa institución un municipio que vulnera los principios más elementales de la convivencia. Debe haber un pronunciamiento claro y contundente condenando la actuación de Hernando y su equipo.

6- Los partidos políticos socios de EH Bildu en diferentes ámbitos institucionales, nacional, municipal, foral, presupuestario, es decir PNV y PSE-EE, mantienen sus vínculos políticos perfectamente activos en Madrid, Iruña de Oca, Navarra o Eibar. ¿No debieran plantearse cerrar sus acuerdos aún vigentes con ese partido y dar una señal inequívoca de exigencia y repulsa de actitudes contra la convivencia democrática?

7- 'Txapote' y Bienzobas son tan víctimas de vulneración de derechos como Hitler o el “violador del ensanche”. Sigue siendo muy duro para la sociedad vasca, que tanto ha sufrido el terrorismo, ver que persisten resquicios de infame justificación y de grosera equiparación hacia un colectivo que tanto mal ha hecho y del que no se arrepienten ni abjuran.

8- El delegado del Gobierno en el País Vasco debe tomar cartas en el asunto. Hay ofensa y humillación a las víctimas con este tipo de comportamientos amparados desde determinadas instituciones y con responsables políticos definidos. Las leyes de víctimas del terrorismo (Ley 29/2011 art.61 y Ley 4/2008 art. 4.b) y el Código Penal (artículo 578.1) describen ilícitos y situaciones por las que las administraciones públicas puedan actuar contra los responsables de la humillación a las víctimas.

9- Asociaciones de víctimas como Covite, y su Observatorio de la Radicalidad, han constatado que lo que ahora sucede en Galdakao no es un hecho aislado y que ya se han producido actuaciones indignas en otros foros institucionales. Este Informe Galdakao se suma a otras expresiones de radicalidad amparadas por ayuntamientos y regidores municipales en homenajes, ongi etorris, exposiciones, aurreskus de honor, makilas o partidas presupuestarias municipales para la estrategia del colectivo de presos de ETA.

10- El Parlamento como representante de la sociedad vasca debe de analizar este tipo de situaciones y obrar en consecuencia. Por eso la actitud de EH Bildu no puede verse reconocida por PNV y PSE con la aprobación de una futura Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi que no declare que ETA fue un proyecto excluyente y totalitario. Ese proyecto político criminal causó muchas víctimas inocentes ya antes de 1978 y quienes hoy aún se mueven en esa órbita ideológica no pueden verse beneficiados por la exclusión de ETA de la descripción de los proyectos totalitarios que ha tenido este país.

25 años después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco ninguno de los 21 parlamentarios de EH Bildu del Parlamento Vasco condena o, ni siquiera, rechaza ese crimen de ETA asumiéndolo como un elemento más en la construcción histórica de su planteamiento político para este país. Además el posicionamiento de la formación abertzale, sucesora de la banda, en relación con este y otros crímenes ha formado parte de un inexplicable retroceso. Eusko Alkartasuna, formación integrada hoy en Bildu, condenó el secuestro y asesinato al día siguiente de producirse pero pasados los años rectificó, hoy no lo hace en lo que ha sido la victoria de la expresión más radical del abertzalismo en relación con la continuidad intelectual de ETA en los principios inspiradores de la coalición. Principios que uno de los firmantes del Pacto de Ajuria Enea, EA, ha asumido olvidándose de lo que promovió antes y después de aquel crimen de julio de 1997.

No quiero hacer un recuerdo integral de las posiciones políticas en aquella época, pero la actitud del partido de Garaikoetxea fue tan abyecta y ruin, por una simple oportunidad política, que pasados los años me parece de una relevancia suficiente para ver cómo se presenta parte de la sociedad vasca 25 años después, y lo poco que se avanza en un auténtico proyecto de convivencia por mucho que, antes, Jonan Fernández o, ahora, José Antonio Rodríguez Ranz, ambos al servicio del PNV gubernamental,  llenen páginas de frágiles documentos con llamamientos a una empatía que ni ellos han sabido practicar, con justificaciones que desisten de una estrategia de presionar a la izquierda abertzale hacia la asunción del suelo ético o con la construcción de un magma de violencias para no identificar de una manera determinante al mayor enemigo de nuestra convivencia, ETA, y su continuidad en EH Bildu y Sortu.

25 años después del secuestro y asesinato, ninguno de los 21 parlamentarios de EH Bildu del Parlamento Vasco condena o, ni siquiera, rechaza ese crimen asumiéndolo como un elemento más en la construcción histórica de su planteamiento político para el país

También, 25 años después, y en otra mala noticia para la concordia y la convivencia, el presidente del Gobierno de España sella un pacto con la formación de Otegi para aprobar una Ley de Memoria Democrática que solamente es precisa para fijar con cálculo y sectarismo una mayoría parlamentaria contraria a la conciliación necesaria. Sánchez ha pactado con los enemigos de España ampliar la extensión del franquismo en lugar de haber incluido en la pretendida ley un capítulo sobre el proyecto totalitario que ETA quiso imponer a la sociedad con la ruptura nacionalista y el asesinato del adversario. 25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco el presidente convierte a quienes celebraron el crimen en corredactores de una Ley de Memoria Democrática que se proyecta contra la transición. Un inconcebible y manipulado experimento de amnesia inducida para que se olvide la historia antidemocrática de ETA.

Las victimas del terrorismo deben de permanecer en el frontispicio de nuestra democracia por el papel que han jugado en la defensa del estado de derecho y es muy injusto que haya movimientos políticos, como el que se fragua hoy en el Congreso de los Diputados, que distorsionen en una confusión de memorias lo que han representado en la transición y en la consolidación democrática de España.

Pero, también, 25 años después, Miguel Ángel es el gran símbolo que se iza contra la reciente barbarie que nos trató de machacar, sigue vivo en muchos corazones, en muchos recuerdos y también en la memoria viva y democrática de una sociedad por la que fue asesinado. Miguel Ángel Blanco aún sacude de una manera esencial conciencias y razones, y su memoria vencerá y se impondrá a la intolerancia, y también a la amnesia que procuran algunos. Está claro que tarde o temprano la convivencia, como proyecto común y compartido en Euskadi, se construirá, pero con la derrota intelectual y moral de quienes asumieron el legado de sus asesinos.

PD: Viví, junto a Carlos Iturgaiz y con el resto de mis compañeros, los momentos más duros de nuestra experiencia política. Era secretario general del PP del País Vasco. Llegamos a casa de Miguel Ángel pocas horas después de su secuestro el día 10 de julio, compartimos esos primeros momentos, y todos los demás con Consuelo y Miguel, sus padres, recorrimos las calles de Ermua y Eibar en manifestaciones multitudinarias cargadas de emoción y repulsa, recibimos el cariño y la solidaridad de la gente de una manera increíble, pusimos velas en la plaza de Ermua rogando que la sucia ejecución no se produjese, lloramos junto a su familia y compañeros de corporación. Consolamos y fuimos consolados, nos enfrentamos con las manos blancas a una cobarde y criminal Herri Batasuna, apoyamos al Gobierno de España ante el chantaje, reivindicamos el Pacto de Ajuria Enea, que al final fue traicionado por el PNV y su pacto de Estella y, finalmente, tuvimos que grabar con letras de oro el nombre de nuestro compañero junto con otros nombres en la relación de las personas que lo entregaron todo por un país que aún no reconoce suficientemente su esfuerzo y su valentía.

Desde que el Gobierno de Franco en 1975 entregó ilegalmente, en el Acuerdo Tripartito de Madrid, la colonia a Marruecos y Mauritania, provocando una guerra entre el Frente Polisario y las dos naciones ocupantes, no habían recibido los saharauis una bofetada a sus legítimas aspiraciones de libertad y autodeterminación como la que les ha propinado el presidente Sánchez y su lamentable y unilateral ocurrencia. Y digo ocurrencia, por no decir traición o estrategia de mentiras y falsas oportunidades. La insólita actitud de Sánchez puede conducirnos a varias situaciones.

La primera será a una mayor irrelevancia internacional. España es la “potencia administradora de facto” del Sáhara Occidental y aunque haya hecho dejación de sus compromisos y sus responsabilidades tiene ante Naciones Unidas y el derecho internacional una misión que cumplir y ahora, como hizo en el 75 Franco, el presidente español vuelve a entregar el Sáhara a sus enemigos, esta vez en forma de reconocimiento de una supuesta autonomía que no se sostiene -más que en el imaginario alauita- si antes no existe un referéndum de autodeterminación. La segunda situación es que la voracidad marroquí es insaciable. La cesión de Sánchez, en su carta a Marruecos, en lo relativo a acatar sus aspiraciones respecto al Sáhara Occidental no va a rebajar las obsesiones expansionistas del vecino régimen teocrático en relación con Ceuta, Melilla y Canarias. Al revés, la marcha atrás del Gobierno, y la carta de Sánchez es la mayor expresión de debilidad y vulnerabilidad en 46 años, y será aprovechada por la dictadura de Mohamed VI para seguir presionando 'sine die' a nuestro estado y a la Unión Europea. Esas obsesiones expansionistas serán moduladas o disfrazadas pero nunca renunciará a ellas, como Bildu no renuncia a la violencia de ETA.

¡Piénselo, presidente! No puede ser que quien traicione hoy a los saharauis le coja el testigo a Franco

La tercera es que la ONU recibe de uno de sus estados miembros, España, un palo injustificado. La organización internacional tiene una misión de boinas azules en la zona, la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).Y además la posición se basa en la Resolución 690 en la que se definió el referéndum por el Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991. La Resolución 690 también creó la MINURSO. Si se confirma la postura de Sánchez el revés que daremos a la ONU solo tendrá parangón en las imposturas de Donald Trump ante la comunidad internacional. La cuarta situación a la que nos conduce la iniciativa del presidente es la del olvido de que saharauis y españoles estamos unidos por íntimos lazos fraternales. Miles de familias acogen a los niños todos los veranos, miles de ciudadanos saharauis tienen la nacionalidad española fruto del vínculo colonial y laboral, miles de españoles nacieron en la colonia, en el Sahara el castellano es lengua oficial y se habla, a veces mejor que en España, además la cooperación ejemplar con el Sahara revela que España es responsable de su brutal desalojo al desierto argelino y que muchos españoles son conscientes de ello. Para finalizar no hay que minusvalorar la dependencia energética que España ha tenido, tiene y tendrá de Argelia, el principal aliado del pueblo saharaui, y de su imprescindible suministro de gas. Sánchez ha provocado con mentiras y falta de información al Gobierno de Argel y las consecuencias de este error las podemos pagar muy caro.

En el País Vasco los lazos con los saharauis son históricos y entrañables. A la mencionada acogida de niños del programa “vacaciones en paz”, se une la ejemplar cooperación de ONG vascas y de las asociaciones de amigos de la RASD, y, también, la constitución y funcionamiento desde 1991 de un intergrupo parlamentario llamado 'Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui' que ha funcionado ininterrumpidamente en claves de solidaridad y apoyo político en un marco de trabajo de consenso y de respeto a las decisiones de los congresos del Frente Polisario. Sánchez se ha cargado ese escenario de acuerdo y unanimidad ya que obligará al PSE a desdecirse de lo defendido durante tantos años que no es otra cosa que el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

España tiene una deuda pendiente son el Sáhara Occidental. La deuda de una incompleta e ilegal descolonización. La traición de Sánchez no puede poner fin a ese vínculo histórico, sería aumentar la deuda, y sobre todo para contentar a un país que nos oprime con sus oleadas migratorias, con la droga, con la inseguridad en nuestras fronteras, con la amenaza yihadista y con sus pataletas diplomáticas, que tanto amargan a nuestros ministros de Exteriores. ¡Piénselo, presidente! No puede ser que quien traicione hoy a los saharauis le coja el testigo a Franco.