La legislatura se encuentra en una encrucijada, con la oposición política, judicial y mediática empujando hacia el adelanto y el bloque de investidura calibrando cuánta gasolina queda en el depósito.

La tensión constante y sensación de provisionalidad del gobierno de coalición ha sido instalada desde sus inicios por el relato de las derechas resentidas. Pero ha pasado a convertirse en hipótesis plausible cuando se ha superpuesto la crisis derivada del caso Koldo-Abalos-Cerdán-Acciona a la estrategia golpista de las togas que ya ha procesado al Fiscal General y que tiene en el punto de mira del auto del juez Hurtado a “Moncloa”, léase Pedro Sánchez.

La cumbre de la OTAN, con el plante de España a las pretensiones de Trump, da paso a otra fase de la legislatura en la que la izquierda transformadora tiene que afrontar una tarea tan imperiosa como imprescindible: subir la moral de la tropa. Frente al fatalismo, el derrotismo y la resignación hay que dar un paso al frente. Esa actitud tiene que transmitirse a una base social desconcertada y, en gran medida, asustada por la ofensiva reaccionaria.

Desde el principio, el Partido Popular ha fiado todo a la estrategia desestabilizadora de las togas y al bloqueo parlamentario a medidas sociales uniendo sus votos a los de Vox y Junts. En ningún caso el PP ha puesto encima de la mesa qué quiere para este país y, cuando ha enseñado un poco la patita, ha sido para decir que el SMI es demasiado alto. Ahora fía también su futuro a que la corrupción alcance al gobierno y a la deslegitimación de pilares del sistema democrático. Empezó deslegitimando al gobierno de coalición pero a estas alturas de la legislatura ya cuestiona la fiabilidad de los resultados electorales y, con su boicoteo de la actividad parlamentaria en la sesiones de control al gobierno, también está poniendo en solfa el propio parlamentarismo. Es trumpismo de manual.

El Partido Socialista confía en que la corrupción destapada no llegue a mayores, en que un suplicatorio a Pedro Sánchez le revalide y en mantener una posición internacional diferenciada del seguidismo europeo a Trump en aspectos tan sensibles como el rearme y el genocidio palestino.

Por su parte, Podemos ha cruzado ya la línea y se sitúa claramente en fuerza de oposición al gobierno de coalición al que dio su apoyo y que es herencia del anterior del que formó parte. Le da igual que haya una operación del estado profundo contra el gobierno o que la alternativa al mismo sea un cambio de régimen de la mano de PP y Vox (es una ingenuidad considerar que después de este gobierno de coalición lo que viene es una recomposición del viejo bipartidismo). En este caso, Podemos basa su estrategia en apuntalar la idea de que es un gobierno corrupto y un gobierno de la guerra. Y apuesta todo a que haya adelanto electoral. Ya veremos qué pasa, pero podrían estar equivocados, como ya empiezan a advertir sus propios fieles, en todas y cada una estas hipótesis: ni gobierno corrupto, ni gobierno de la guerra, ni adelanto inminente.

Nos tenemos que hacer cargo del miedo y la incertidumbre de la gente que, en el campo conservador la lleva a la anti política y el fascismo, pero en el campo progresista la está llevando a la resignación y desmovilización

Con estos mimbres, el espacio político transformador que tiene como referencia al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene una responsabilidad crucial para ser determinante en qué salida tiene la legislatura en esta encrucijada. Además, el espacio político se juega su propio futuro. En las decisiones tomadas se dirime el devenir del gobierno de coalición y el devenir de la coalición que hoy componen Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas. No hay margen para el error ni tiempo para la parálisis.

Es por esto que hay que actuar en tres direcciones. En relación al gobierno de coalición hay que dejar atrás el tran tran al que acostumbra el PSOE impulsando medidas de democratización del Estado y medidas sociales que den sentido a la legislatura más allá de ser una resistencia a las derechas reaccionarias. Esto significa que la estrategia del PSOE es insuficiente para hacer valer la legislatura, de nosotras depende presionar para que no nos lleve por delante. Y esto hay que hacerlo con pedagogía suficiente que evite la frustración de las bases progresistas cuando haya medidas que no se toman por la oposición de PP, Vox y Junts.

En relación al espacio político es una evidencia que ya no valen patadas para adelante a los cambios que han de acometerse para que las bases progresistas de este país plurinacional tengan una referencia clara de frente amplio plurinacional y de izquierdas con vocación de futuro y vocación de gobierno. Los errores de cimentación tienen que corregirse ya, y a partir ahí ponernos a trabajar para ofrecer una alternativa movilizadora a quienes hoy sufren la desafección política.

Y en relación a la sociedad hemos de coger el toro por los cuernos. Las próximas elecciones no se van a decidir solo por las cifras de empleo, desigualdad o crecimiento económico. Si así fuera podemos ir tranquilas porque ganaríamos por goleada las elecciones generales. Lo que va a determinar el resultado de la izquierda transformadora es si es capaz de conectar emocionalmente con la gente y, desde ahí, despertar la esperanza. Es decir, nos tenemos que hacer cargo del miedo y la incertidumbre de la gente que, en el campo conservador la lleva a la anti política y el fascismo, pero en el campo progresista la está llevando a la resignación y desmovilización. La gente no va a levantarse del sofá por quien pueda gestionar en el futuro el gobierno, pero sí puede hacerlo por qué sociedad quiere en el futuro. Hay que confrontar con las derechas en valores y proyectos (“man que pierdan” en el congreso). Frente a su distopía hay que ir con más utopía. Hace falta pan pero también rosas. Mejorar la vida de la gente y construir esperanza.

La conciencia creciente de que el proceso descivilizatorio que se está llevando por delante el derecho internacional en Gaza también se juega en nuestro país puede ayudar a que la gente se incorpore al proceso político. Trump tiene en el punto de mira a España desde el primer día. No fue casual su mención despectiva a nuestro país en su primer lunes como presidente. Mucho más claro ha sido a cuenta de la negativa del gobierno de coalición a desmontar el estado del bienestar para comprar armas a los EEUU. Esta posición ha sido posible porque Pedro Sánchez habría tenido que convocar elecciones si se hubiera plegado a las pretensiones de los EEUU. El Partido Popular y Vox han dejado claro que están dispuestos a cerrar escuelas públicas, bajar el SMI y las pensiones para someterse a las exigencias de rearme. Hay una conexión directa en qué modelo de sociedad queremos, si es con estado del bienestar o sin él, y la posición de España con respecto a los intereses de la pareja Trump-Netanyahu. El Partido Popular va a tener difícil soplar y sorber a la vez. Y el patrioterismo de Vox queda en evidencia actuando como cipayos de Donald Trump.

Ocurrió en la gala de los Goya de hace unas semanas. Subió a recoger un Goya un actor andaluz, Salva Reina. Un actor malagueño de El Perchel, barrio de Andrés Rodríguez, primer concejal comunista muerto a tiros en su calle del Carmen en el 36, cerca de la calle donde también mataron a Caparrós en el 77. Muy emocionado reivindicó que nadie es ilegal y el derecho a la vivienda. Si me preguntan qué sentido tiene el 28F les diría que escuchen la defensa de la fraternidad y la reivindicación de una vida digna para todas y todos que hizo un actor andaluz en el día más importante de su carrera. Defendió Andalucía sin golpes de pecho ni envolverse en la bandera haciéndose eco del sentir profundo de las capas populares a las que pertenece.

El pasado miércoles, a dos días del 28F, la consejera de hacienda del gobierno de Moreno Bonilla, junto al resto de consejeras autonómicas del PP, reventaba la reunión del Consejo de Política Fiscal dando portazo a una quita de deuda de 83 mil millones. Moreno Bonilla, el que sale tanto en los telediarios de Canal Sur agarrado a la bandera andaluza, rechazaba a una quita de deuda de casi 19.000 millones para la comunidad autónoma con las listas de espera sanitarias más largas del país. Olé.

La derecha no tiene un proyecto para Andalucía pero sí tiene un plan para hacer negocio con nuestra tierra. El plan no es nada original, desde el siglo XIX andan con lo mismo: extractivismo y rentismo

Aceptar esa quita para tener más recursos con los que fortalecer los maltrechos servicios públicos no está en los planes de Moreno Bonilla porque va en contra de la entrega paulatina, pero sin pausa, de nuestros derechos al negocio de unos pocos. Así está sucediendo en Andalucía con la entrada masiva de fondos de inversión y especuladores que se están haciendo con todo. O dicho de otra manera más científica y bien explicada por David Harvey: la acumulación por desposesión. La derecha no tiene un proyecto para Andalucía pero sí tiene un plan para hacer negocio con nuestra tierra. El plan no es nada original, desde el siglo XIX andan con lo mismo: extractivismo y rentismo.

Podemos decir que en Andalucía se gobierna para que los fondos de inversión extraigan cuantos beneficios puedan a costa de la seguridad y bienestar de la gente y a costa del medio natural y del tejido productivo. Así se evidencia en el desvío de fondos públicos que deberían ir a la sanidad pública hacia clínicas privadas; en la infrafinanciación de las universidades públicas mientras promueven las privadas sin, ni siquiera, los informes y estándares de calidad preceptivos (meras expendedurías de títulos para quien pueda pagarlos); o en la dificultad de encontrar plaza pública en la formación profesional mientras se han disparado los centros privados de FP impulsados por fondos de inversión de capital riesgo, a cuya cabeza se encuentra el fondo norteamericano KKR (el cual también está detrás de una universidad privada que ha aprobado la Junta a pesar de tener tres informes en contra).

Del mismo modo, el gobierno andaluz no aplica la ley de vivienda ni promueve la vivienda social y protegida para no trastocar la cuenta de beneficios de los especuladores que controlan el mercado inmobiliario. El derecho a la vivienda está restringido a lo que dicte la oferta, es decir, a lo que determinen los fondos que dominan el mercado.

Esta lógica del salvaje oeste y del sálvese quien pueda es la que imponen en el campo andaluz. Por todas partes están proliferando proyectos de fotovoltaicas patrocinados por fondos de inversión que reciben la consideración del gobierno andaluz de bien de interés público y con ello se permiten expropiaciones forzosas de tierras fértiles. La agricultura y ganadería socialmente necesarias están en peligro de extinción por la amenaza de fondos de inversión que se hacen con las tierras para poner placas o para poner cultivos intensivos que esquilman la tierra. Estos especuladores ya se llevan cuatro de cada diez euros de los beneficios que da el campo. Esta uberización del campo remite al modelo extractivista al que se condenó a Andalucía y que generó emigración en el pasado como hoy se genera despoblamiento del mundo rural. La falta de originalidad de la derecha andaluza le lleva también a dar un renovado impulso a la minería.

Andalucía padece un capitalismo depredador en el que los fondos de inversión desecan nuestros campos, se hacen con el parque de viviendas y con nuestro tejido productivo

En este contexto es bueno recordar la Asamblea de Córdoba de 1919 en la que se acordó el Manifiesto andalucista de Córdoba. En aquella asamblea, en los años de las luchas campesinas del trienio bolchevique andaluz, Blas Infante y quienes allí se congregaron dijeron dos cosas de plena actualidad:

“Hay que romper con el centralismo depredador”. Y así es, hoy sigue habiendo unos poderes económicos que someten a Andalucía a un rol de periferia con una economía dependiente. Andalucía padece un capitalismo depredador en el que los fondos de inversión desecan nuestros campos, se hacen con el parque de viviendas y con nuestro tejido productivo. Un capitalismo que exprime el bienestar y la calidad de vida de la gente. Por eso seguimos encabezando las tasas de precariedad de toda la UE, un tercio de los niños andaluces están en riesgo de exclusión social y diez de los quince municipios más pobres de España son andaluces. Hoy como entonces hay que romper esa relación de dependencia económica para ver progresar a Andalucía.

Y también en aquella asamblea de Córdoba dijeron “Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos”. Las derechas reaccionarias de hoy quieren enfrentar a los pueblos de nuestro país, son quienes de verdad azuzan la división para romper la convivencia. Los verdaderos separatistas son ellos.

Es la derecha del Partido Popular la que hoy rompe España generando más desigualdad cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas o cuando otorga privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras cierra plantas de hospital

Es la derecha del Partido Popular la que hoy rompe España generando más desigualdad cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas o cuando otorga privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras cierra plantas de hospital. Son los gobiernos del Partido Popular los que ponen el patrimonio de todas y todos al servicio del enriquecimiento de unos pocos mientras sacan el espantajo del independentismo catalán. Que no intenten engañar a nadie porque sus mentiras son más viejas que el hilo negro. Ya lo dijeron también en aquella asamblea de Córdoba: “cuando os inviten a luchar entre regiones hermanas, luchad por la libertad de Andalucía”.

Este 28F es de reivindicación de todas las luchas por el territorio que atraviesan Andalucía, es decir, esas luchas por aquello que nos da seguridad en tiempos de incertidumbre: nuestros servicios públicos, nuestro derecho a un techo, y nuestro derecho a trabajar y recibir los frutos de la tierra.

El tradicional homenaje a Blas Infante en el aniversario de su asesinato por los fascistas se celebra este año con la música de fondo de la financiación autonómica. El acuerdo entre PSC y ERC para formalizar la investidura de Illa en Cataluña ha (re)abierto el debate sobre el modelo de financiación autonómica que es también un debate sobre el modelo de país. Se hace con una aritmética parlamentaria compleja tanto en Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. La investidura de Illa y la estabilidad del gobierno de coalición están detrás del debate abierto, pero dada la enjundia del asunto, las propuestas de modelo de financiación (y de modelo de país al que apunten) deben tratar de abstraerse de dichas derivadas porque las consecuencias son a largo plazo.

Durante la Primera República española no se consiguió aprobar el Proyecto de Constitución Federal de 1873 pero se apuntó a la senda federalista que debía transitar la organización territorial del país. Bien queda reflejada en la Constitución Federal de Antequera de 1883, en plena restauración borbónica, y con más contundencia en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919, en la crisis de dicha restauración, que recogía las reivindicaciones llevadas meses antes a la Sociedad de Naciones.

También se plasmó en el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía durante la Segunda República pero, al igual que la Constitución de 1873, tampoco sería aprobado. Andalucía no tuvo Estatuto hasta 1981, después arrancarlo, por la “vía rápida” a golpe de movilización popular. Manuel José García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía y un recordatorio de que a Andalucía nunca se le ha regalado nada.

La descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España

En definitiva, la descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España. Pero desde una concepción de nuestra singularidad anclada en razones culturales y asumiendo la necesidad de poner en el centro del debate federal las cuestiones económicas y sociales de Andalucía, y la remoción de los obstáculos que no facilitaron, ni facilitan al día de hoy, una plena convergencia con el conjunto del país.

Las capas populares no se identificaron con un nacionalismo esencialista sino, como decía Blas Infante: “un nacionalismo internacionalista, universalista, lo contrario de todos aquellos nacionalismos inspirados por el Principio Europeo”.

Hoy hemos de aprovechar el debate abierto sobre la financiación autonómica para abordar ese debate amplio sobre modelo de país y organización territorial que no se circunscribe solo a Cataluña. Es más, el foco debe ponerse más en las periferias económicas maltratadas secularmente. Y las respuestas deben responder a la clase trabajadora ofreciéndole más igualdad social y equilibrio territorial mediante políticas redistributivas entre clases y mecanismos de compensación y de reequilibrio territorial, necesarios para garantizar estabilidad real al modelo territorial federal.

Porque el periodo histórico presente es el de la gran divergencia por desigualdad social. Hay una enorme ofensiva global desigualitarista desde los años setenta cuyo principal objetivo es acabar con los mecanismos de redistribución y, en nuestro país, el desequilibrio territorial es un factor que acrecienta la desigualdad social.

Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia

Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia. Pudo no haber sido así, pero en la conformación del estado liberal en España se desplegaron políticas económicas que favorecieron antes a unos territorios que a otros. Y la oligarquía terrateniente andaluza no tuvo empacho en tener como compensación mano de obra barata hasta decir basta. Invito a observar el Mapa de los ferrocarriles de España de 1917 en la Biblioteca Nacional. La red ferroviaria nos dice mucho de qué modelo de país se inició en el siglo XIX y se extendió al siglo XX: centralista (todo pasa por Madrid) y asimétrico (gran desarrollo en las periferias industrializadas como Euskadi y Cataluña).

El mapa de hoy del PIB per cápita por comunidades autónomas coloca a Madrid, Euskadi y Cataluña por encima de la media del país, debajo de la cual está Andalucía, Extremadura y otras comunidades autónomas. Ese Estado y ese modelo económico y productivo que se estaba conformando en el XIX fue provocando desequilibrios territoriales y sociales de los cuales somos herederos y que toca poner en cuestión.

No faltaron las polémicas en los inicios del estado liberal español entre los propios republicanos federalistas andaluces, que demandaban más librecambismo para favorecer la industria exportadora andaluza, frente a las políticas proteccionistas que se impusieron para favorecer a la industria catalana y a la siderurgia vasca que defendía el federalismo septentrional. Como por todos es sabido, el flujo de mano de obra desde las periferias a las regiones industrializadas ha sido una constante histórica y presente. Mano de obra que genera riqueza con su trabajo.

Digo todo esto, no por hacer un listado de agravios históricos sino para constatar tres consideraciones que se deben tener en cuenta en el debate sobre la financiación autonómica.

Cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país

La primera es que cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país. Esto es solo posible si se acompaña a la reforma del sistema de financiación en clave federal con una profunda reforma fiscal en clave progresiva, capaz de revertir las políticas de las últimas décadas.

Y, en este sentido, remar a contracorriente de las políticas desgualitaristas que van laminando las políticas redistributivas. Ejemplo de ello es el dumping fiscal promovido por Ayuso y Moreno Bonilla.

La segunda es que la depredación del litoral andaluz por el negocio inmobiliario, el vaciamiento demográfico de amplias zonas en favor de Madrid, el desierto ferroviario en Extremadura o que Navarra y País Vasco lideren el ranking de bienestar son fenómenos producto del modelo económico y productivo español que genera desigualdades sociales y territoriales y roles de centro/periferia.

La tercera es que Andalucía siempre ha defendido la descentralización y la federalidad. Queremos pactos y reconocimiento de todas las partes en un Estado plurinacional. Y defenderemos aquellos pactos que repercutan en reducir las brechas territoriales y sociales. El modelo de financiación ha de ser una herramienta al servicio del bienestar del conjunto de la clase trabajadora, viva donde viva.

Por ello nos remitimos al acuerdo del Parlamento Andaluz de 2018 que hoy pisotea el Partido Popular a golpe de exoneraciones de impuestos a los grandes patrimonios. Un acuerdo que podría aportar a la concepción de la reforma del sistema de financiación para el conjunto de comunidades autónomas y que se inspira profundamente en los pilares de justicia social e igualdad que están en la base de nuestro Estatuto de Autonomía.

El objetivo del sistema de financiación autonómico es garantizar a todas las comunidades los recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y para que su acceso universal permita avanzar en justicia social e igualdad real entre toda la ciudadanía, venga uno de la familia que venga o del barrio que venga. Esto es posible solo asumiendo las necesidades específicas de los territorios en virtud de múltiples factores geográficos, sociales y económicos.

Son las necesidades territoriales que tienen que determinar los recursos necesarios para esto, no su aportación tributaria. Esto es evidente que vale en términos de clases pero también en términos de territorios. Y es justo el espíritu de solidaridad interterritorial que sustenta y facilita cualquier acuerdo sobre el modelo territorial coherente con nuestra Constitución y nuestro Estatuto.

No se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas

Lo que sabemos del acuerdo entre PSC y ERC pone en duda que dichas pretensiones sean posibles. Queda mucho detalle por conocer, pero no se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas.

Ya durante la transición se dio la tentación de regionalizar el sur y confederalizar el norte, el tufo viene de antiguo. Sí corresponde hacer una reforma del sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos a todas las comunidades autónomas, para que atiendan a las necesidades sociales de la población y que no queden infrafinanciados en ninguna comunidad, recauden lo que recauden, introducir variables que garanticen la equidad, así como impedir las políticas fiscales que promueven el dumping fiscal.

Ciertamente, el meollo del asunto está en la política fiscal, todavía lejos de las finalidades del artículo 31 de la Constitución. Solo resolviendo bien el problema de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y el aumento de la recaudación por la vía de una fiscalidad justa y progresiva se puede acometer una reforma de la financiación autonómica que satisfaga las necesidades de los territorios, que no son otros que los de la ciudadanía que los habita.

Pareciera que el PSOE, lejos de atreverse a afrontar ese desafío de hacer pagar más a quienes más tienen (y más se enriquecen a costa del resto) prefiere coger el camino “fácil”. Sabe que para una reforma fiscal progresiva se va a encontrar con toda la derecha, independentista y españolista, y con las grandes empresas en frente, y prefiere hacer un mal apaño de consecuencias imprevisibles. La descentralización no puede poner en riesgo la redistribución de rentas entre clases y territorios sino hacerla efectiva. 

Toni Valero es coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso

Con pompa y boato se conmemoran en Madrid los diez años de reinado de Felipe VI, ya de paso, se permitirá la visita al Patrimonio Real en un ejemplo de la consustancial generosidad borbónica con el vulgo.

Felipe VI llegó precipitadamente al trono antes de que el mismo trono y su ocupante fueran defenestrados por los escándalos que le rodeaban. Fue necesaria una conspiración palaciega, largamente pergeñada, para tirar el agua sucia del baño pero en este caso también con el niño dentro. Porqué y cuando comenzó a romperse la protección numantina al emérito se sitúa en su operación en favor de las empresas rusas Lukoil y Gazprom para comprar Repsol. Su inviolabilidad para hacer lo que quisiera en paraísos fiscales tenía un límite que no supo calibrar: EEUU no iba a dejar que las empresas rusas entraran en América Latina a través de Repsol. Saltaron alarmas, saltaron escándalos y se preparó su relevo del que ahora se cumplen diez años.

Felipe VI es un rey de transición, como lo fue su padre. Tiene un papel claro en esta coyuntura de crisis y cambios. Dar seguridad a la vieja oligarquía erigida en el régimen del 78, cada vez más ligada al capital financiero e intermediaria de fondos de inversión extranjeros; dar seguridad a los magistrados que ejercen su independencia judicial para alcanzar objetivos políticos, bien expresada en esos actos de comunión, entre judicatura y monarquía, cada mes de septiembre en el acto de apertura de tribunales; dar cobertura a la estrategia política reaccionaria con la que se gestionó el conflicto catalán con su infame discurso del 3 de octubre; y, como corresponde a su papel transicional, blanquear la monarquía para legarla a su hija llegado el momento. Porque este reinado de Felipe VI tiene que salir bien para Leonor.

En la tensión entre avances democráticos y reacción, no por casualidad las fuerzas reaccionarias y ultraderechistas son las más monárquicas. Saben bien qué papel juega y jugará Felipe VI cuando llegue el caso. En sus diez años de reinado ha consolidado su posición en ese campo reaccionario y a ello fía que salga bien la transición a Leonor

Por eso, corresponde señalar que el poder monárquico se conforma por el rey pero también por una minoría privilegiada que se parapeta detrás de los aparatos del Estado y de los consejos de administración. Una minoría privilegiada reaccionaria que se opone sistemáticamente a todas las transformaciones que necesita nuestro país. La contradicción entre los intereses de esa minoría presidida por el rey y los intereses de la mayoría social son evidentes.

El lawfare y acoso mediático tienen claros intereses políticos: frenar avances que puedan limitar los privilegios de los de siempre. Y en esta tensión entre avances democráticos y reacción, no por casualidad las fuerzas reaccionarias y ultraderechistas son las más monárquicas. Saben bien qué papel juega y jugará Felipe VI cuando llegue el caso. En sus diez años de reinado ha consolidado su posición en ese campo reaccionario y a ello fía que salga bien la transición a Leonor.

No sé cuántos republicanos y republicanas hay en nuestro país, no tenemos la suerte de que el CIS pregunte por ello. Pero sí sé que hay una serie de transformaciones imprescindibles para afrontar una transición ecosocial justa, la crisis del estado del bienestar, la modernización el modelo productivo, una reforma fiscal a la altura de la fractura social y un pacto de convivencia entre los pueblos de España que garantice la cohesión territorial y un futuro común. Quienes en nuestro país quieren empujar para esos avances se encuentran con unas resistencias conjuradas con la monarquía borbónica y así convierten en ineludible el horizonte republicano para mejorar nuestro país.

El referéndum del 28 de febrero de 1980 para el acceso a la Autonomía de Andalucía se produjo bajo unas durísimas condiciones, pero arrojó un aplastante apoyo popular mayoritario. Votaron a favor 2.2481.792 personas frente a 152.778 que votaron en contra. Se planteó con una pregunta retorcida y se exigía la mayoría absoluta, no ya de los votos emitidos, sino del censo electoral pero no fue suficiente para frustrar el resultado. Aquel 28F institucionalizó el éxito de las movilizaciones del 4D de 1977 en las que fue asesinado el joven sindicalista de las Comisiones Obreras, Manuel José García Caparrós. Al referéndum se llegó tras un intenso proceso de acumulación de fuerzas protagonizado por los sindicatos de clase, el movimiento campesino, el movimiento vecinal, el mundo de la cultura y los partidos de izquierdas y andalucistas, muy especialmente el Partido Comunista. En este contexto de toma de conciencia y movilización popular se rompió el guion de la transición que dejaba fuera a Andalucía del marco competencial del resto de nacionalidades históricas.

Hoy, que está en boga hablar de soberanía, corresponde advertir que aquel proceso de conquista del autogobierno andaluz fue un ejercicio de soberanía popular. De facto fueron las capas populares andaluzas las que decidieron e impusieron por la vía democrática, en las calles y en las urnas, en papel de Andalucía en la construcción del modelo territorial del país. Se hizo trizas con el encorsetamiento a su rol de subalternidad política y de pueblo pasivo como pretendía la derecha. 

Aquel ejercicio de soberanía popular fue más allá del reconocimiento competencial en tanto expresó la existencia de una realidad nacional andaluza. La derecha no quería el autogobierno ni quería al pueblo organizado y con conciencia de sus intereses propios, y perdió por partida doble. La derecha suponía a un pueblo consentidor del subdesarrollo económico y social y se encontró con evidencia de que el pueblo andaluz se reclamaba como nacionalidad histórica. 

El modelo productivo asigna un rol de periferia a Andalucía y esta padece un capitalismo extractivista en el que los fondos de inversión tienen cada vez más peso en los sectores económicos

Por eso el 28F sigue escociendo a la derecha y esta necesita reescribir la historia. Se envuelven en la bandera, romantizan la conquista del autogobierno, esconden su nefasto papel histórico y relegan al pueblo andaluz al papel de comparsa en aquel proceso. No es casualidad que Moreno Bonilla confronte cada vez que puede con Cataluña, solo desde esa polarización artificial se hace el hueco para hablar en nombre de Andalucía. Pero ya lo advirtieron los andalucistas congregados en la Asamblea de Córdoba de 1919 (entre ellos Blas Infante): “Cuando os inviten a luchar entre regiones hermanas, luchad por la libertad de Andalucía”.

En aquella asamblea de Córdoba de 1 d enero de 1919, en el contexto de las luchas campesinas de nuestro trienio bolchevique, se dijeron dos cosas de plena actualidad.

En primer lugar, que el centralismo era un lastre para el progreso social y económico de Andalucía. El modelo productivo asigna un rol de periferia a Andalucía y esta padece un capitalismo extractivista en el que los fondos de inversión tienen cada vez más peso en los sectores económicos (ya se han hecho con el sector inmobiliario y ahora van a por el sector agrícola). Un capitalismo extractivista que lo primero que exprime es el bienestar y la calidad de vida de la gente: seguimos encabezando las tasas de precariedad de toda la UE, un tercio de los niños andaluces están en riesgo de exclusión social y 10 de los 15 municipios más pobres de España son andaluces. 

En segundo lugar, también en aquella asamblea de Córdoba, hace 104 años, dijeron “aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos”. Así es, la derecha extrema y la ultraderecha quieren enfrentar a los pueblos de nuestro país, son quienes de verdad azuzan la división para romper la convivencia. Los verdaderos separatistas son ellos. Es la derecha del Partido Popular la que hoy rompe España y más desigualdad genera cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas, cuando otorga privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras cierra plantas de hospital.

El 28F sigue escociendo al Partido Popular porque las aspiraciones de aquel referéndum dejan en evidencia las políticas antisociales de la derecha

Hoy Andalucía necesita acometer grandes transformaciones para resolver sus problemas estructurales, unas transformaciones que necesitan políticas valientes y menos propaganda como a la que nos tiene acostumbrado el gobierno andaluz de Moreno Bonilla. En el 28F se ganó el autogobierno porque debía servir para desplegar un estado del bienestar con sanidad y educación públicas de calidad, justo las que está desmantelando el gobierno andaluz para que unos pocos puedan hacer negocio. El 28F sigue escociendo al Partido Popular porque las aspiraciones de aquel referéndum dejan en evidencia las políticas antisociales de la derecha.  

Mujeres y hombres del campo votaron sí a la Autonomía. Recordemos que más del 45% de la población andaluza de 1980 vivía en pueblos de menos de 20.000 habitantes, es decir, el mundo rural fue protagonista en la consecución de la Autonomía. Si hoy reivindicamos el 28F ha de ser también para hablar del futuro de la agricultura social y familiar que necesita protección frente al funesto impacto de la entrada de los fondos de inversión y del dominio de la agroindustria, y para hablar de una política hídrica valiente que gestione el agua en función de la oferta (el agua de la que realmente disponemos) y no de la demanda de un modelo de desarrollo insostenible.

El país afronta un debate en torno a su modelo productivo, a la transición energética, al estado del bienestar y al modelo territorial en el que tiene que estar Andalucía. Somos una nacionalidad histórica, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y debemos jugar un papel en ese debate como se hizo en aquellos 4D y 28F.

Todos los días comemos. La especie humana tiene esa manía congénita a la que no fallamos tres veces al día. Por eso, decidir qué llevamos a la mesa por encima de los intereses de la agroindustria tiene enormes efectos en nuestra salud, pero también en qué agricultura propiciamos y en la propia pervivencia del mundo rural. Qué, cómo y dónde se producen los alimentos son objeto de una decisión cada vez más ajena a nuestra voluntad con consecuencias nefastas para los consumidores, para los agricultores y para el medio natural. Hay que transitar hacia la soberanía alimentaria para decidir socialmente sobre el qué, el cómo y el dónde se produce.

La agricultura social y profesional ligada al territorio sufre una grave crisis recurrentemente abordada en los medios de comunicación. Los efectos del cambio climático están provocando pérdida de cosechas y jornales, desplazamientos de cultivos y aumento de plagas. También la especulación sobre la tierra y los productos atenaza a los productores. Sin ir más lejos, en estas semanas no se han recogido los limones en el Valle del Guadalhorce por sus precios irrisorios, unos 20 céntimos el kilo, que se pagaban en origen mientras se vendían en los supermercados a unos 2 euros el kilo. Algo tiene que ver también la trampa del comercio internacional porque a pocos kilómetros del Valle del Guadalhorce se descargan cítricos provenientes de Sudáfrica.

En todo caso, crisis climática y especulación son dos grandes amenazas para la agricultura reconocibles por la gente. Sin embargo, poco se pone el foco en los cambios en el modelo agrícola que se está propiciando en esta crisis. En tanto la gente sigue encontrando los productos agrícolas en su mercado de abastos, fruterías del barrio o supermercados no advierte que el qué, el cómo y el dónde está cambiando aceleradamente. Esto es así porque la crisis climática, la especulación y la trampa del comercio internacional están poniendo el sector agrícola en bandeja de plata a la agroindustria y a los fondos de inversión. Se llama ‘uberización’ del campo. Muchas y muchos agricultores y ganaderos, pequeños y medianos productores no están pudiendo aguantar. Esto, unido a la creciente industrialización del campo, está provocando que muchos agricultores pasan de trabajar sus propias tierras a ser empleados de grandes empresas que acaparan las tierras. Es decir, se está dando un proceso de concentración de la tierra en manos de grandes empresas y fondos de inversión mientras se expulsa de las mismas a los pequeños y medianos productores.

Es un sector envejecido con serios problemas para el relevo generacional pero lo que no se denuncia es que muchos jóvenes no pueden acceder a la tierra porque la especulación sobre la misma se lo impide

Poco se habla de esto en los medios de comunicación. La imagen corriente es la de un agricultor mayor clamando por la escasez de agua y la falta de rentabilidad. Y es cierto, es un sector envejecido con serios problemas para el relevo generacional pero lo que no se denuncia es que muchos jóvenes no pueden acceder a la tierra porque la especulación sobre la misma se lo impide, ya que la tierra que debería ser accesible a las jóvenes generaciones está siendo acaparada por los fondos de inversión.

Hace unas semanas Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar, señalaba en el artículo “¿Por qué debe preocuparnos la presencia de Blackrock en España?” la penetración de los fondos de inversión en los sectores económicos de la economía española. Las consecuencias de este proceso, propio de la financiarización de la economía neoliberal, son particularmente graves en el sector primario y no están encontrando una respuesta a la altura por parte de las administraciones. Muy al contrario, como indican Óscar García y Yayo Herrero en el artículo “Los nuevos señoritos del campo” el Gobierno andaluz del Partido Popular está propiciando que los fondos de inversión se hagan con las tierras agrícolas. Unos fondos que protagonizan la mayoría de las compras de fincas rústicas en Andalucía aprovechándose de la crisis del sector. 

En consecuencia, la ‘uberización’ del campo y las consiguientes dificultades para el relevo generacional están empujando a la desaparición de la agricultura social y profesional y consiguiente despoblamiento del mundo rural. Evitarlo debe ser prioritario para el país para que esta crisis no ponga definitivamente el sector en manos de la agroindustria y de los fondos de inversión. Transitar hacia la soberanía alimentaria supone decidir sobre nuestra alimentación cuestionando la concentración de poder en manos de multinacionales que absorben a los pequeños y medianos agricultores.

Este mes se cumplen 46 años de las históricas manifestaciones del 4D por la libertad, la amnistía y la autonomía y 104 años de la Asamblea de Córdoba de 1919 en la que se acordó el Manifiesto andalucista de Córdoba en pro de la patria andaluza.

En aquella asamblea, en el contexto de las luchas campesinas del trienio bolchevique andaluz, Blas Infante y quienes allí se congregaron dijeron dos cosas de plena actualidad:

 1. “Hay que romper con el centralismo depredador”. Y así es, hoy sigue habiendo unos poderes económicos que someten a Andalucía a un rol de periferia con una economía dependiente. Andalucía padece un capitalismo depredador de recursos humanos y naturales. Un capitalismo extractivista en el que los fondos de inversión desecan nuestros campos, se hacen con el parque de viviendas y con nuestro tejido productivo. Un capitalismo extractivista que lo primero que exprime es el bienestar y la calidad de vida de la gente. Por eso seguimos encabezando las tasas de precariedad de toda la UE, un tercio de los niños andaluces están en riesgo de exclusión social y diez de los quince municipios más pobres de España son andaluces. Hoy como entonces hay que romper esa relación de dependencia económica para ver progresar a Andalucía. La historia de Andalucía es la historia de sus campesinos y campesinas, por eso que no le quepa duda a nadie: habrá futuro para Andalucía si hay futuro para el campo andaluz.

2. También en aquella asamblea de Córdoba dijeron: “Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede a Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos: los que esparcen recelos”. Así es, las derechas reaccionarias de hoy quieren enfrentar a los pueblos de nuestro país, son quienes de verdad azuzan la división para romper la convivencia. Los verdaderos separatistas son ellos. Es la derecha del Partido Popular la que hoy rompe España generando más desigualdad cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas, cuando otorga privilegios fiscales a las grandes fortunas mientras cierra plantas de hospital. Son los gobiernos del Partido Popular los que ponen el patrimonio de todas y todos al servicio del enriquecimiento de unos pocos. Que no intenten engañar a nadie porque sus mentiras son más viejas que el hilo negro. Ya lo dijeron también en aquella asamblea de Córdoba: “cuando os inviten a luchar entre regiones hermanas, luchad por la libertad de Andalucía”.

Hoy nuestro país afronta un debate territorial en el que tiene que estar Andalucía. Somos una nacionalidad histórica, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y debemos jugar un papel en ese debate

Hoy nuestra tierra necesita acometer grandes transformaciones para resolver sus problemas estructurales, unas transformaciones que necesitan políticas valientes y menos propaganda como a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. Necesitamos dar futuro al sector agroganadero mediante la protección de la agricultura social y profesional frente al expolio de los fondos de inversión. Hay que tener una política hídrica valiente gestionando el agua en función de la oferta que hay, es decir, del agua de la que realmente disponemos, y no de la demanda, mucho más alta que los recursos hídricos disponibles.

Hemos de luchar por el tren público y social, que vertebre nuestro territorio, que contribuya a evitar la despoblación del medio rural, que reduzca la huella ecológica y que sea un motor económico para fortalecer el tejido de pymes y cooperativas. El tren de cercanías y de media distancia es hoy una formidable palanca de transformación en nuestra tierra.

Y se tiene que extender una potente red de servicios públicos. Para garantizar nuestros derechos a la salud, a la educación, a la dependencia hacen falta servicios públicos fuertes. El gobierno andaluz está desmantelando nuestros servicios públicos para que los fondos de inversión hagan negocio con ellos. Están regando de dinero público a clínicas privadas mientras aumentan las listas de espera.

Y hoy nuestro país afronta un debate territorial en el que tiene que estar Andalucía. Somos una nacionalidad histórica, como consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y debemos jugar un papel en ese debate. Para situar bien a Andalucía en el futuro demandamos un nuevo modelo de financiación y el despliegue de las competencias de nuestro autogobierno que hoy tiene amordazado el gobierno andaluz.

Para todo eso hay que apelar al andalucismo que defiende los intereses de nuestra tierra, sin folclore ni pandereta. Interpelamos a los jóvenes, a las mujeres, a las trabajadoras y trabajadores, a quienes madrugan para levantar la persiana de sus negocios, a quienes trabajan la tierra y a quienes han llegado de muy lejos buscándose la vida y hoy contribuyen con su esfuerzo a que todo funcione porque son todos ellos y ellas quienes tiran de Andalucía.

Es ese andalucismo popular el que debe liderar el debate territorial. Lo que hace Moreno Bonilla es envolverse en la bandera para atizar al gobierno central o para hablar de Cataluña. Usa la bandera para tapar los problemas de Andalucía. Su pretendido andalucismo de pandereta es un fraude. Por eso pretende reescribir la historia.

Cualquier persona, incluso las más jóvenes, pueden entrar en internet y comprobar que el 4 de Diciembre de 1977 el pueblo andaluz salió a las calles para reivindicar su autonomía, mientras los “padres políticos” del PP se posicionaron en contra

La estratagema del PP para usar el 4D en su campaña para deslegitimar al Gobierno de coalición es un intento muy burdo de querer reescribir la historia. Se agarra al clavo ardiendo que le ofrece la ultraderecha saliendo a la calle para torpedear a un proceso de entendimiento en Cataluña y entre Cataluña y España.

Cualquier persona, incluso las más jóvenes, pueden entrar en internet y comprobar que el 4 de Diciembre de 1977 el pueblo andaluz salió a las calles para reivindicar su autonomía, mientras los “padres políticos” del PP se posicionaron en contra. Ver a la derecha intentando encabezar el 4D es como ver a Vox intentando encabezar el día del orgullo LGTBi. El falso andalucismo del PP sirve más para hablar de Cataluña que de los problemas reales de nuestra tierra. Resulta un tanto ridículo escuchar al partido de los privilegiados venir a reivindicar la igualdad. Es hipócrita envolverse en la bandera andaluza y clamar por la igualdad de los españoles mientras se otorgan privilegios fiscales a las familias enriquecidas mientras se recortan los servicios públicos de los que depende el bienestar de las familias trabajadoras.

Hoy en la sociedad andaluza hay malestares y aspiraciones que debemos representar o lo harán otros para remar en favor de sus intereses y no de los intereses de las mayorías sociales. Hay una indignación generalizada, algo difusa en sus planteamientos, que puede ser el caldo de cultivo de la reacción o del avance progresista en función de cómo actúen los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda.

Nosotras y nosotros tenemos que conseguir que esa indignación no se hunda en posiciones estériles o frustradas sino muy al contrario, brindar la oportunidad para que sea motor de cambios y avances sociales en Andalucía.

La calle debe ser un espacio de disputa en el que las fuerzas progresistas movilicen a su base social. Sería una absoluta imprudencia dejar ese terreno político a las fuerzas reaccionarias

La derecha quiere ocupar la calle para frenar avances, como intentaron contra el matriminio homosexual, para acosar a mujeres que van a clínicas a interrumpir su embarazo o, como quieren hacer ahora, para instalar la idea de que el Gobierno de coalición será provisional e ilegítimo.

La calle debe ser un espacio de disputa en el que las fuerzas progresistas movilicen a su base social. Sería una absoluta imprudencia dejar ese terreno político a las fuerzas reaccionarias. Unas derechas que llevan adelante un proceso destituyente de los consensos democráticos, derechos sociales y concepción territorial del Estado anclados en la Constitución del 78. Por eso seguimos advirtiendo que la encrucijada actual está entre la involución o el avance progresista. Y en esa encrucijada el impulso de Andalucía es crucial para seguir la senda del avance progresista.

Conmemoramos aquel 4 de diciembre en el que el pueblo andaluz rompió el guion previsto en la Transición y lo hacemos comprometiéndonos a seguir luchando por aquel ideal que sigue tan vivo: la justicia social y la igualdad. Manuel José García Caparrós no dio su vida para nada. Fue una víctima de un franquismo que se resistía a los avances democráticos que traía la lucha obrera, campesina y del mundo de la cultura. Ni su muerte ni aquellas luchas se hicieron para ver ahora cómo la derecha horada nuestro Estatuto de Autonomía, cómo maltrata nuestro Estado del Bienestar o cómo pretende utilizar la bandera andaluza para confrontar con los avances progresistas en nuestro país. Hay que poner a Andalucía en las nuevas coordenadas antineoliberales que defiendan lo común. Seamos dignos herederos de la lucha de Caparrós. Viva Andalucía Libre.

Fue inesperado allende Despeñaperros. Un domingo, 4 de diciembre de 1977, en plena Transición, salían a las calles de Andalucía cerca de un millón y medio de andaluzas y andaluces a pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Lo que vino después ya lo conocemos y se resume en que el pueblo andaluz rompió el guion previsto que pretendía confederalizar el norte y regionalizar el sur del país. No se entenderían los avances progresistas en las cuatro décadas posteriores sin aquel punto y aparte. El sentido común andaluz, escorado hacia los valores colectivos y su conciencia trabajadora ha estado y está ahí. 

Inesperado también fue el resultado del pasado 23 julio. También en domingo se dio una sorpresa y se rompió otro guion en virtud del cual este país iba a retroceder décadas en derechos y libertades. Dos millones de andaluzas y andaluces votaron a las candidaturas del bloque progresista contribuyendo decisivamente a parar la ola reaccionaria que venía crecida desde las elecciones autonómicas y municipales. El Partido Popular andaluz lo sabe: comienza su descenso. Moreno Bonilla tocó techo en una coyuntura postpandemia que le fue muy favorable, pero hemos pasado de pantalla. 

La fortaleza de la izquierda que movilizó al pueblo andaluz aquel 4 de diciembre se nutría de su arraigo en la vida cotidiana de la gente y de su pluralidad. El movimiento obrero y campesino, el movimiento vecinal, el andalucismo y, cómo no, el papel del partido fueron determinantes. El partido era el Partido Comunista, al cual no hacía falta referirlo más que diciendo “el partido” dada su hegemonía aplastante en la resistencia antifranquista. En cualquier caso, fue el arraigo popular, el hilo rojo y la conciencia de que Andalucía era una tierra condenada a relaciones de dependencia que debía romper por sí misma lo que explica aquella expresión de poder popular que marcó la historia reciente de nuestro país. 

Hoy el motor de avance de nuestra tierra -y de resistencia mostrada el 23J- sigue ligado al arraigo de la izquierda en el mundo rural andaluz, en el cual se siguen dando experiencias exitosas de municipalismo transformador; a las conciencias que movilizan los sindicatos de clase; a la defensa de nuestro medio natural del movimiento ecologista, el cual ha sintonizado con los malestares e incertidumbres de cada vez más andaluces preocupados por la escasez de agua, por la proliferación de macroproyectos insostenibles de energías renovables -sí, no es un oxímoron la insostenibilidad de un macroproyecto de renovables- y, muy especialmente, al movimiento lgtbi+ y al movimiento feminista. Muchas mujeres andaluzas salieron a votar el 23J en defensa propia, no en vano es determinante el apoyo mayoritario de las mujeres a las fuerzas progresistas. 

Tras el 23J se abre un ciclo nuevo que ha de ser una oportunidad para Andalucía. El gobierno de mayoría absoluta de Moreno Bonilla y otros gobiernos autonómicos del PP con Vox tienen un denominador común por encima de matices: son más neoliberales que otra cosa. Ante todo, siguen la ortodoxia neoliberal en lo económico y social y, a partir de ahí, nos encontramos con más o menos batalla cultural en sus políticas y más o menos discursos explícitamente machistas, negacionistas y revisionistas de nuestra historia. En lo que todos coinciden y lo que más une al PP y la ultraderecha es la agenda neoliberal que en el caso andaluz se traduce en un capitalismo extractivista: exportamos productos agrícolas (es decir: exportamos el agua tan escasa que tenemos), vendemos nuestro suelo (a fondos de inversión que explotan la tierra o a fondos de inversión que promueven pelotazos urbanísticos), quebramos los servicios públicos (se cierran líneas de educación pública, se maltrata la formación profesional desde lo público, se infrafinancia la universidad, se despiden sanitarios…) mientras, de nuevo, fondos de inversión invierten en el negocio de la salud y la educación, y, sorpresa, reciben ingentes cantidades de recursos de las arcas públicas. En lugar de diversificar nuestra economía, de fortalecer los servicios públicos y de proteger los sectores económicos y pymes éstos se ponen en bandeja de plata a los fondos de inversión. El papel de los nuevos señoritos es, precisamente, hacer de manijeros en esa renovada relación de dependencia que sufre Andalucía. 

Decía que este nuevo ciclo ha de ser una oportunidad para Andalucía porque atravesamos una coyuntura excepcional para acometer una transición energética justa, una industrialización verde y el blindaje de los servicios públicos. En este sentido es clave que no se cierre ni un aula, ni un centro de salud más en el mundo rural andaluz, que se invierta decididamente en la formación profesional prestada desde lo público y que se fortalezca el sistema sanitario público y de dependencia. Esta coyuntura debe servir para afrontar eso sabiendo que tenemos un gobierno andaluz que va a remar en contra.

Esta legislatura debería también servir para actualizar la financiación autonómica y la financiación local (la gran olvidada). Será difícil dada la posición de la derecha que ostenta tantos gobiernos autonómicos y que se ha puesto en la senda de horadar las cuentas públicas. En Andalucía el Partido Popular va en contra del espíritu del Estatuto de Autonomía y del acuerdo de financiación autonómica suscrito por el Parlamento Andaluz en 2018 cuando promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas y da privilegios fiscales a las grandes fortunas. Eso no es, ni más ni menos, que detraer recursos para Andalucía y enflaquecer el Estado del bienestar. Andalucía tiene que jugar su papel en este debate para garantizar la cohesión social y territorial pero no será posible desde los objetivos neoliberales de la derecha. 

¿Quién debe empujar hacia esas transformaciones impostergables para Andalucía? Las fuerzas políticas y sociales conjuradas en Sumar y la gente que se ha incorporar al proceso político. Sumar es un impulso que deber ser continuado con la articulación de las izquierdas en pro de una agenda política de futuro pero que encuentra eco en las históricas reivindicaciones del pueblo andaluz expresadas aquel 4 de diciembre y, aunque con menos decibelios, en una latente y perenne conflictividad social en una tierra que tiene las tasas de desigualdad y precariedad más elevadas de la UE 

Sumar para Andalucía significa que Sumar tiene que ser una herramienta útil para las demandas de Andalucía y, por tanto, tiene que estar arraigada en la sociedad andaluza a través de los múltiples sujetos políticos que la componen. Insertarse en el conflicto y organizarse con quienes están dispuestos a dar un paso al frente para defender el agua, los derechos y libertades, los servicios públicos, nuestra economía, nuestra memoria y la igualdad. Sumar en Andalucía tiene que ser la defensa de lo común. Ahí está el sentido profundo de las necesidades de Andalucía. 

Sumar a Andalucía significa que Andalucía tiene que ser protagonista en la configuración del nuevo país que ha de brotar, a pesar de las resistencias y palos en las ruedas que pongan las fuerzas reaccionarias. Es imposible un nuevo país edificado sobre las esperanzas de igualdad, libertad y justicia social sin el empuje de Andalucía en donde siguen presentes en su memoria y en su sentido común los mimbres de una visión progresista para (y del) país. 

La extensión de Doñana es 1.000 veces la del Parque del Retiro. Además de ostentar insignes catalogaciones, como la de Parque Nacional o la de Patrimonio Mundial, Doñana es el mayor humedal de Europa. Una joya ambiental sin parangón en nuestro continente sobre la que se ciernen, desde hace años, intereses particulares que ponen en riesgo su supervivencia. Si antes lo fue el proyecto del gaseoducto de Gas Natural, hoy la principal amenaza de Doñana es el gobierno de Juanma Moreno. Amparado en los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox, el presidente de la Junta ha impulsado una proposición de ley que pretende ampliar la superficie de cultivos de regadíos en el entorno del Parque Nacional. O lo que es lo mismo: regularizar la extracción ilegal de agua, que está acabando con las reservas hídricas del acuífero que nutre Doñana.

Paradójicamente, los mismos cálculos electorales que hicieron a Juanma Moreno impulsar esta proposición de ley, a fuerza de competir con Vox en la Corona Norte de Huelva, pueden salvar a Doñana. O, al menos, salvar la de momento. El adelanto electoral en Andalucía, de producirse antes del próximo Pleno (27-28 de abril), impediría la aprobación de la ley. Sería la consumación de un engaño anunciado. El presidente del Gobierno andaluz ha generado una expectativa a los agricultores que pudieran verse afectados por esta ampliación de regadíos que no puede cumplir. O bien se justificará en el adelanto para no aprobar la norma o, de aprobarse, serán otras instituciones las que impedirán, por ser claramente contraria a ley, su posterior desarrollo. Véase el Gobierno de España o la propia Comisión Europea.

Su llamada ‘Revolución Verde’ responde precisamente a esto: marca distancias con la ultraderecha por el mero hecho de llamar a las cosas por su nombre. Y, desde luego, no es cosa menor, pero tampoco suficiente

Lo que ya no es objeto de hipótesis es que, desde que el Partido Popular diera rienda suelta a esta ocurrencia, un chaparrón de malas noticias ha caído sobre la provincia de Huelva, sobre Andalucía y, en realidad, sobre España. En la zona ha aumentado la conflictividad social. Quienes desempeñan su labor agrícola conforme a regla están sufriendo la competencia desleal de quienes extraen agua ilegalmente en la zona, además de la pérdida del prestigio de sus productos por esta iniciativa. Han saltado las alarmas en todas las instituciones con una modesta sensibilidad ambiental y varias cadenas de supermercados han amenazado ya con dejar de importar los frutos rojos que exporta la agricultura onubense. Y España ha vuelto a ser amenazada con severas multas por parte de la Unión Europea de llevarse a término esta proposición de ley.

Someramente, estos acontecimientos deberían acercarnos a tres reflexiones:

 En primer lugar, la singularidad de que sea la propia Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, la administración más beligerante con Doñana. Más si cabe en un contexto de sequía pertinaz. Juanma Moreno y la parte del PP que quiere hacerse denominar moderada han asumido parte de los consensos dialécticos del siglo XXI. Su llamada ‘Revolución Verde’ responde precisamente a esto: marca distancias con la ultraderecha por el mero hecho de llamar a las cosas por su nombre. Y, desde luego, no es cosa menor, pero tampoco suficiente. Aunque el Partido Popular hoy reconoce la emergencia climática, sus políticas son diametralmente opuestas a lo que requieren las circunstancias. Doñana es el paradigma de esta pose, pero también lo es su Ley de Suelo, que devuelve a Andalucía al ladrillazo y la especulación. Y lo son los macroproyectos urbanísticos que la Junta ha acelerado en varias playas protegidas de Andalucía. La revolución verde de Juanma Moreno son los campos de golf. 

 En segundo lugar, el desprecio de Juanma Moreno por la pronta y abrumadora contestación social e institucional de la que fue objeto esta iniciativa. De hecho, parece palpable que, a pesar de que Unidas Podemos por Andalucía fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la tramitación de esta iniciativa en el Parlamento andaluz, la correlación de fuerzas más allá de la Cámara andaluza es a la inversa. Ya han mostrado un rotundo rechazo la UNESCO, la Comisión Europea, el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organizaciones ecologistas como WWF, Greenpeace, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, o el Director del Consejo de Participación de Doñana, entre otras. Además, hasta un millar de investigadores y científicos que, junto a 25 sociedades científicas, han firmado un manifiesto alertando sobre el grave impacto que tendrá la regularización de regadíos en la que trabaja el Parlamento andaluz.

Sin agua no sobrevivirá Doñana, pero tampoco lo hará la agricultura de su entorno. La lógica del máximo beneficio para unos pocos es incompatible con el medioambiente

Es decir, un rechazo abrumador que, sin embargo, no ha sido suficiente para que el presidente del Gobierno andaluz ordenara paralizar esta ley. El Partido Popular de la oposición que hace unos años arengaba a los agricultores a pinchar agua en pozos ilegales sigue desde el Gobierno utilizando a los agricultores prometiéndoles un agua que ni hay, ni habrá. Porque está en una carrera desenfrenada con Vox en busca de votos, aunque el precio a pagar sea la mayor reserva ecológica de Europa.

 Y por último, la conciencia medioambiental que todavía está por construir. Sin aspavientos, con humildad, pero sin descanso. Las generaciones más jóvenes lo hacen saber y no es capricho: preservar nuestro patrimonio natural, hacer el desarrollo compatible con la sostenibilidad no solo no es un tributo a la naturaleza, es que es el único camino posible para que la vida siga. Sin agua no sobrevivirá Doñana, pero tampoco lo hará la agricultura de su entorno. La lógica del máximo beneficio para unos pocos es incompatible con el medioambiente y lo es también, por ende, con el futuro. Ya no cabe preguntarse si seremos capaces de dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor, cabe preguntarse si les dejaremos un planeta, que no tiene alternativa, que se pueda habitar. Quienes no quieren verlo son enemigos del futuro.