Hace apenas unos días conocíamos los resultados de PISA 2022, un análisis que evalúa las competencias matemáticas, de ciencias y lectora del alumnado de 15 y 16 años de 37 países de la OCDE, y que ha evidenciado lo que ya era previsible: el sistema educativo de Catalunya necesita mejorar, y mucho. Además de la gran caída de la Europa Occidental y de la resistencia del sistema educativo español, que registra malos resultados pero mejores que la media europea y de la OCDE, para Catalunya han sido los peores resultados PISA de la historia.

A ellos se suman los del último informe PIRLS (Estudio Internacional de Progreso de Comprensión Lectora), que ya pusieron de manifiesto el bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos catalanes de cuarto de primaria. También apuntaban a lo mismo los malos resultados de las últimas pruebas de competencias básicas organizadas por el Departament de Educación, que constataron una caída general en matemáticas y catalán entre el alumnado de primaria, así como una evolución negativa también del inglés en secundaria.

La caída de más de 30 puntos en lectura y matemáticas de Catalunya, un retroceso que nos sitúa de nuevo a la cola de España -un curso por debajo de Castilla y León- y a la altura de países como Turquía o Vietnam, ha sacudido al conjunto del país.

Desde el Partido de los Socialistas de Catalunya hace años que alertamos del abandono del sistema educativo por parte de los gobiernos independentistas de la última década, unos gobiernos que hablaron mucho de estructuras de Estado pero nunca consideraron el sistema educativo como una de estas estructuras, y que lo recortaron sin que estos recortes se hayan revertido en su totalidad.

No obstante, no son las únicas causas de la bajada de estos resultados. A día de hoy continuamos sin ver en el gobierno de la Generalitat el revulsivo necesario para corregir el rumbo de las políticas educativas de los últimos años. Y, si bien no existen soluciones mágicas, podemos saber qué funciona y qué no funciona en el sistema educativo.

Empecemos por preguntar a aquellos centros educativos que obtienen buenos resultados, especialmente aquellos que los obtienen teniendo niveles importantes de alumnado pobre o de origen inmigrante o con necesidades de apoyo educativo, de qué manera lo consiguen. Preguntemos a los equipos directivos y a los profesionales de la docencia qué necesitan para mejorar: escuchémoslos y dotémoslos de los recursos necesarios, sean profesionales de apoyo a la escuela inclusiva, aulas de acogida o más horas de tutoría. Y ayudemos y acompañemos a aquellos centros que necesitan corregir el rumbo, revisar las metodologías y el propio proyecto educativo, con un asesoramiento clave de inspección.

Ahora bien, hay algunas evidencias a tener en cuenta: no puede funcionar igual la escuela que cada día hace una hora lectiva menos que la que tiene una sexta hora; ni el instituto que hace jornada compactada que aquel que funciona también por las tardes; ni aquel centro que cada curso renueva una parte importante del profesorado y revisa constantemente las metodologías sin evaluar los resultados que el que dispone de una plantilla estable, coordinada, con formación permanente y un proyecto consolidado; o aquel que tiene profesorado especialista que aquel que no puede cubrir las bajas.

En los últimos años se han tomado decisiones polémicas sin consensuar con la comunidad educativa que pueden haber contribuido también a estos resultados: un adelanto del calendario escolar que deja poco tiempo a los equipos docentes para la planificación del curso, la aprobación de los currículums una vez empezado el curso o la modificación de la plantilla a medio curso, la eliminación de la sexta hora en los centros de máxima complejidad y la retirada de recursos en estos centros.

Y, por otro lado, se han tomado medidas que quizás no eran las más efectivas para mejorar este rendimiento educativo: la gratuidad del Infantil 2 cuando no se ha garantizado su oferta universal, la reducción de ratios en I3 cuando en la educación secundaria tenemos aulas cada vez más complejas. Tratamos con 30 o más jóvenes con necesidades diferentes sin los recursos de apoyo suficientes ni las horas de tutoría necesarias, por no mencionar un cheque escolar para adquirir libros y material escolar que se podría haber entregado únicamente al alumnado vulnerable.

Es necesario abordar la mejora del sistema educativo de manera urgente. No se hará buscando culpables ni buscando excusas, ni manteniendo la inercia que nos ha llevado hasta aquí, sino buscando soluciones viables, concretas y medidas a muy corto plazo, escuchando a los y las profesionales que están a pie de aula. No lo superaremos tampoco reabriendo debates generalistas ni elaborando planes centralizados que supongan más burocracia y poca ayuda para los centros educativos.

Centrémonos en aquello esencial que se puede hacer como muy tarde en el próximo curso escolar. Desde el PSC queremos contribuir decididamente porque solo el consenso nos permitirá dar el salto necesario que nos permita recuperar la vitalidad, la calidad y el prestigio de la educación en Catalunya, mejorar el bienestar de la comunidad educativa y ganar en equidad y cohesión social.

La situación educativa en Catalunya vive un mal momento. A pesar de que la conselleria cuenta con el mayor presupuesto de la historia y el máximo número de docentes, el sistema no destaca por sus buenos resultados ni por su estabilidad. A la tensión de la comunidad educativa propia del fin de curso, se ha sumado la angustia y la incertidumbre causada por el proceso de estabilización, la exigencia derivada de nuevos y viejos retos y el agotamiento fruto de la pandemia. De hecho, la comunidad educativa ha mostrado en los últimos tiempos un gran malestar con el Govern y la conselleria. Y esta desconfianza no ha parado de crecer.

El reciente informe PIRLS (Estudio Internacional de Progreso de Comprensión Lectora) ponía de manifiesto el bajo nivel de comprensión lectora del alumnado catalán de 4º de Primaria, a la cola de España (Catalunya sólo supera los resultados de Ceuta y Melilla, y va un curso por detrás respecto al alumnado de Asturias y Madrid) y de la Unión Europea, lo cual no difiere demasiado de los malos resultados de las últimas pruebas de competencias básicas organizadas por la propia conselleria, que constatan una caída general en matemáticas y en catalán entre el alumnado de primaria, y una evolución también negativa del inglés en la secundaria.

Por otro lado, es especialmente preocupante la elevada tasa de abandono escolar prematuro, que volvió a subir en Catalunya en la última EPA hasta situarse en el 16.9%, y que se debe especialmente al gran número de jóvenes que no acceden a la educación postobligatoria, a pesar de que la mitad de ellos se hayan graduado en la ESO. Pero también es muy alto el abandono que se registra en los primeros cursos de los ciclos formativos de Grado Medio, del entorno del 40%, que limita las oportunidades formativas y laborales de miles de jóvenes, y los arrastra a la precariedad laboral, el desempleo o a la exclusión social.

Si bien es obvio que la pandemia no contribuyó a una mejora educativa, es inaceptable un descenso constante de resultados que nos deja con un rendimiento muy por debajo del que tenía el alumnado catalán hace 10 años. Decisiones tomadas por los últimos gobiernos de la Generalitat, muy polémicas y que no han sido consensuadas con la comunidad educativa, han contribuido también a estos malos resultados: el avance unilateral del calendario escolar el curso pasado, que dejó poco tiempo a los equipos docentes para planificar correctamente el curso; la reducción de la jornada lectiva en septiembre cuando se disponían ya de datos contundentes que apuntaban a malos resultados de las competencias básicas y que no favoreció la acogida del nuevo alumnado, generando numerosas desigualdades y la exclusión de alumnado con necesidades específicas de apoyo; la reducción de la sexta hora en los centros de máxima complejidad; la aprobación de los currículos una vez comenzado el curso, y la modificación de la plantilla a mitad de curso, entre otros. 

De hecho, en mayo de 2022 las direcciones de 300 centros educativos ya habían alertado de que la calidad de la educación pública estaba en riesgo si no se tomaban medidas como la reducción de la carga burocrática, la mejora de la planificación o el incremento de la dotación de recursos y de personal.

Igualmente, preocupa mucho la disminución de la percepción de bienestar emocional en los centros educativos, tanto entre los maestros y profesorado como entre el alumnado, especialmente en su entrada a la educación secundaria y hasta la postobligatoria, etapa en la que se ha detectado un incremento de trastornos de conducta y autolesiones, y donde las tentativas de suicidio se han triplicado entre las chicas entre 2018 y 2022, y se han duplicado en el caso de los chicos.

Además, la escuela inclusiva sigue siendo un reto pendiente, especialmente por falta de formación, pero sobre todo de profesionales especializados. Si bien han incrementado los recursos en los últimos tiempos, estos siguen siendo del todo insuficientes. No ha habido un buen desarrollo del Decreto 150/2017, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo, hecho que, juntamente con el mayor número de niños y niñas con diagnósticos de trastorno del neurodesarrollo y dificultades de aprendizaje, ha añadido mucha presión tanto a la escuela ordinara como a los centros de educación especial.

Y junto a este gran reto, han emergido con fuerza otros como la coeducación para combatir los estereotipos de género y generar las mismas oportunidades para niños y niñas, la educación afectivo sexual para generar relaciones más respetuosas, seguras e igualitarias, el acoso y ciberacoso, el fomento de la lectura, o el gran debate sobre las oportunidades y amenazas de la transformación digital y el impacto que pueden tener plataformas como ChatGPT.

Así, la situación educativa en Catalunya aconseja una profunda reflexión y un cambio de modelo de gobernanza. O la inercia nos lleva a profundizar las desigualdades educativas y a consolidar un sistema de resultados mediocres, o exigimos un cambio de rumbo y trabajamos por un Pacto Catalán para la Educación que refuerce la calidad, la equidad y la gratuidad del sistema, que sea una hoja de ruta compartida por el conjunto de la comunidad educativa que genere estabilidad para promover una necesaria mejora y proporcione oportunidades. 

Desde el PSC, insistiremos en el despliegue de un sistema educativo inclusivo, bien dotado; un plan de mejora del éxito educativo para mejorar el rendimiento escolar, reducir el fracaso y el abandono prematuro; en mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras; en la universalización y gratuidad de la oferta educativa 0-3 años; en un sistema de FP integrado, moderno, flexible y accesible; en unos equipamientos educativos dignos y adaptados para afrontar la emergencia climática, y en un nuevo modelo de gobernanza. Desde aquí, nuestra mano tendida para avanzar en todo aquello que suponga mejorar nuestro sistema educativo, pilar de progreso, de igualdad de oportunidades y de cohesión.

Faltan pocos días para que termine un curso escolar de alta tensión en Catalunya, que ya empezó con el profesorado exhausto por la gestión de la pandemia -que este invierno causó el triple de bajas en los centros educativos respecto a cursos anteriores. Este año también ha estado marcado por el malestar de la comunidad educativa ante las decisiones tomadas por el Departament de Educación, al margen del diálogo y del acuerdo, y que han causado -y aún causan a día de hoy- incertidumbre, frustración e impotencia.

El pasado 9 de junio transcurría la séptima jornada de huelga educativa en Catalunya, después de otros dos paros parciales y protestas sociales que hacía años que no se vivían con tanta intensidad, en respuesta a la actitud de menosprecio hacia el sistema educativo por parte del conseller de Educación. Una actitud arrogante que le ha costado la petición de dimisión generalizada en el sector.

El detonante fue el anuncio unilateral de avanzar el calendario escolar del próximo curso, condicionado a la implementación de la jornada compactada el mes de septiembre, una decisión muy contestada por las familias debido a las dificultades de conciliación y a la ampliación de las diferencias horarias entre centros educativos, en detrimento de la escuela pública.

Esta decisión, que afecta a la organización y al funcionamiento de los centros educativos y las familias, fue anunciada sin hablar previamente con las direcciones, ni los sindicatos, ni las asociaciones de familias, ni con el propio Consejo Escolar de Catalunya, el órgano más representativo de participación de la comunidad educativa.

Este ha pedido reiteradamente -aunque sin éxito- aplazar la medida un año para prever las actuaciones, recursos y modificaciones normativas necesarias para garantizar un mejor funcionamiento de los centros educativos y la equidad educativa en relación con la jornada y a la oferta de las tardes.

A todo esto se ha sumado la exigencia de un profesorado ya fatigado por la pandemia y tensionado por los cambios y la burocracia asociada, y que el próximo curso deberá desplegar, además, los nuevos currículos educativos derivados de la nueva ley orgánica de educación -que todavía no se han publicado y que requerirían una preparación previa y formación generalizada.

Otra de las demandas que tiene el profesorado es la de recuperar las condiciones laborales anteriores a los recortes de 2012: Catalunya es la única Comunidad Autónoma que aún los mantiene. Principalmente, la recuperación del horario lectivo acordado en 2017 para la etapa de educación primaria y secundaria.

Después de muchos años de infrafinanciación educativa y de recortes no revertidos, la improvisación y la falta de planificación está en el orden del día. Hasta tal punto que las direcciones lanzaron un serio aviso a finales de mayo: “Existe un riesgo real de que todo el sistema público colapse y no se pueda garantizar el funcionamiento de la escuela pública con unos estándares mínimos de calidad”.

Además, siguen pendientes otros importantes retos educativos desde hace una década. La escuela inclusiva todavía no es una realidad, a pesar de la existencia de un decreto de 2017, que no se ha desplegado con los recursos necesarios para garantizar el acompañamiento a lo docentes ni la atención adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE).

La oferta pública de Formación Profesional, de grado medio y superior sigue siendo insuficiente y muy probablemente excluirá de nuevo el próximo curso a jóvenes y no tan jóvenes procedentes del Bachillerato o del mundo laboral que requieren una formación especializada y optan por iniciar una carrera profesionalizadora. Por lo tanto, la oferta pública de Formación Profesional sigue sin estar a la altura del modelo productivo catalán.

Por otro lado, se mantiene la incertidumbre en relación con la etapa educativa de 0-3 años, un servicio del modelo de bienestar que durante años han sostenido los ayuntamientos después de que el Govern abandonara su financiación, a pesar de su importancia, no solo para el desarrollo de la infancia, sino también para la conciliación de las familias y de las mujeres en particular.

Uno de los anuncios estrella -y también unilateral- del Govern fue el de la gratuidad del I2 el próximo curso, pero hay que saber que la gratuidad no será posible para todas las familias mientras no existan las plazas públicas necesarias y no se apueste decididamente por la universalización. Y, en cualquier caso, será una realidad gracias a la aportación extraordinaria de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que más tarifación social han aplicado los años anteriores.

Finalmente, tampoco se cumplen los propios compromisos del Departament en relación a la construcción de centros educativos pendientes: de los 44 anunciados para 2022, solo se ejecutarán la mitad, con suerte.

En definitiva, termina un curso en el que ha faltado diálogo, acuerdo y planificación, y ha sobrado improvisación y arrogancia. Desde el PSC, la mano sigue tendida para impulsar un plan de choque educativo para dar al sistema educativo la prioridad que merece, abordando los retos educativos pendientes y garantizando un buen funcionamiento del próximo curso escolar.