El tribunal federal de Retiro (Buenos Aires) denunció este lunes al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa, la abogada Romina Aldana Diago. Ritondo es actualmente jefe del bloque de los diputados de Propuesta Republicana (PRO), el partido que lidera el expresidente argentino Mauricio Macri, y ha sido un apoyo clave para la aprobación de las leyes impulsadas por Javier Milei. El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La denuncia tuvo lugar después de que una investigación periodística revelara los vinculos del matrimonio con sociedades en paraísos fiscales y Florida. Esta investigación, publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), también reveló la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida.

La presentación de la denuncia –a la que tuvo acceso elDiarioAR– se realizó en Comodoro Py 2002 (sede de la justicia federal) por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. De acuerdo con el sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ), el fiscal del caso será Eduardo Taiano.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado... o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”. Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago y, por lo tanto, está más que claro que se ocultó información de manera intencional en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188” de la Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

El caso

La abogada Romina Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por unos 2,6 millones de dólares americanos (más de 2,4 millones de euros) en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Si bien los representantes del matrimonio desligaron a ambos acusados de una parte del entramado, no respondieron a si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina.

Romina Aldana Diago, esposa de Ritondo, era mánager y miembro de la sociedad Goformore LLC, una compañía fundada el 4 de junio de 2012 en Florida y cuya traducción sería equivalente a “Vamospormás”. De acuerdo con la investigación, el 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un apartamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach –una de las avenidas principales de Miami– por un valor de 580.000 dólares (552.580 euros). Según las fuentes, Diago compró este apartamento a otra sociedad, denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, el flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y la misma entidad en la que se desconoce si los bienes de Diago y Ritondo fueron declarados.

No en vano, cuando Ritondo fue designado como presidente del PRO, el diputado celebró su cargo con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Hasta la semana anterior, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo y el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el pasado 4 de diciembre, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía Goformore hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. A partir de entonces, la abogada nunca más volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse a través de su web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, y no como manager/miembro. Desde entonoces, la nueva manager es MaríaJosé Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp) –de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en 650.000 dólares (619,413.37 euros), según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust para administrar bienes en el extranjero y también había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en 467.843 dólares (445,866.08 euros), 656.900 (626,000.61) y 446.900 (446.900), según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamento que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a 2,6 millones de dólares.

Ahora que quién dirige Goformore es María J. Pérez-Millan, esta manager que asumió el cargo en 2013, también es la representante de otra sociedad: Ilustre LLC, ubicada en Delaware y fundada en febrero de 2015. Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad: Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, tal y como revela la investigación.

Además, la esposa de Ritondo también aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y administra un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Al menos 33 empresas del Estado podrían ser alcanzadas por la ola privatizadora del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei. Desde Aysa y Aerolíneas Argentinas hasta Tandanor, la Casa de la Moneda, Correo Argentino, el Polo Tecnológico, Ieasa (ex Enarsa), Ferrocarriles Argentinos e Invap. La Administración General de Puerto, el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales, la agencia estatal de noticias Télam, Radio Nacional y la TV Pública, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (Intea), Arsat, entre otras, podrían entrar en la fase de privatización, de acuerdo con lo decretado por Milei. 

En el camino hacia las privatizaciones, el decreto anunciado este miércoles por la noche estableció la transformación de las Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas, si bien la mayoría ya lo son, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas o Aysa, pero no todas, como los ferrocarriles, Invap, Télam, Fabricaciones Militares o la Casa de la Moneda (la ex Ciccone). Además, el decreto quitó a las empresas públicas la ventaja para ser contratadas por el Estado en la provisión de servicios y bienes.

“Esta película ya la vimos en la época de (Raúl) Alfonsín, que finalmente logró muy poco”, aseguró a elDiarioAR Alfredo Vítolo, experto en Derecho Constitucional y Administrativo, socio del estudio Nicholson y Cano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia. “Luego lo vimos con (Carlos) Menem, con la ley de Reforma del Estado. Ahora lo estamos viendo fuertemente con este DNU, que al transformar Sociedades del Estado en Sociedades Anónimas facilita que se haga una privatización a través de la venta de acciones, sin procedimientos de transferencias de patrimonios o de otras estructuras que son más complejas”, sostuvo Vítolo.

“La Sociedad Anónima permite que el Estado pase a vender las acciones que son de su propiedad. Esto requeriría una reforma de los estatutos de las empresas, que no es un tema sustancialmente complejo”, explicó el experto. “El proceso de venta de las acciones debería ser un proceso transparente y con algún procedimiento público de libre competencia. Podría ser un procedimiento de oferta pública de acciones, como se hizo con YPF, o de concursos públicos”, recomendó el abogado.

Las privatizaciones de las Sociedades Anónimas no deberán pasar por el Congreso, dijo Vítolo. “Salvo en casos específicos, como el de YPF, en principio, la venta de acciones de una empresa pública es un acto de gestión del Poder Ejecutivo, que deberá respetar procesos transparentes de selección, los estatutos y la legislación específica”.

El decreto firmado por Milei “no cumple los requisitos constitucionales ni pasa los mínimos controles republicanos. Es para saquear nuestros recursos naturales, para entregar la soberanía, precarizar el trabajo y restringir nuestros derechos”, afirmó Vilma Ibarra, ex secretaria legal y técnica del expresidente Alberto Fernández.

Mapa de empresas públicas

El Ministerio de Economía de la Nación informó en su último Boletín Fiscal –del primer trimestre de 2023– que existen 33 empresas públicas. Entre las más importantes se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), publicó Chequeado en septiembre.

Si se incluye a YPF y sus empresas satélites el número aumenta a 36, de acuerdo con el libro Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal (SABIE), de Juan José Carbajales. Existe una discusión sobre si YPF debe ser incluida o no en esta lista debido a que cotiza en bolsa y su financiación no depende, así, del Ejecutivo, explicó a Chequeado Gonzalo Dieguez, exdirector del área de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

“El 33% de las empresas estatales se dedican al transporte y almacenamiento (como Aerolíneas Argentinas); mientras que el 18% son de Telecomunicaciones (ARSAT); el 12% de Industria (Tandanor); otro 12% de Energía (Energía Argentina S.A.); el 9% de Intermediación Financiera (Casa de la Moneda) y el restante 16% se dedica a actividades como la Construcción (Coviara), la Enseñanza (Educ.ar) y el suministro de agua y cloacas (Aysa)”, explicó Chequeado en base al informe de Cippec. 

“Desde 2008 hasta 2022, el déficit operativo de las empresas públicas (es decir, cuando los ingresos por el servicio que prestan son inferiores a los gastos de operación) se multiplicó por 6 en términos reales, según datos oficiales”, informó Chequeado. 

“El pico de aportes del Estado a las empresas públicas ocurrió en 2014, cuando el Tesoro destinó el equivalente al 2,4% del PBI en recursos. En 2019 se redujeron al 0,7%, pero luego volvieron a aumentar hasta el 1,7% en 2021”, concluyó el medio especializado.

Aysa tiene actualmente la concesión en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia; unos 7.800 empleados; casi 15 millones de usuarios y más de 25.000 kilómetros de cañerías de red de agua potable; y 18.000 kilómetros de red de desagües cloacales para casi 10 millones de personas, de acuerdo a la compañía. 

Aerolíneas Argentinas

Una de las decisiones del descreto es desprenderse de la participación estatal en la aerolínea de bandera. “Que Aerolíneas Argentinas sea para los trabajadores no sé si es una decisión tomada, esto prepara el terreno legal por si Javier (Milei) quiere avanzar en ese sentido. Nosotros dijimos que los empleados pueden tener hasta el 100% de las acciones (antes era el 10%). Si el presidente quiere avanzar con esa ley, antes no podía hacerlo”, dijo el padre del decreto y de la desregulación del Estado impuesta por Milei, Federico Sturzenegger, en una entrevista de radio Mitre.

El decreto deroga la “utilidad pública” de Aerolíneas Argentinas. La participación de los trabajadores es opcional y los empleados que participen en más de una de estas empresas deberán optar por su participación en sólo una.

El jueves 1 de septiembre un hombre apuntó con un arma de fuego al rostro de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y apretó el gatillo. La pistola no funcionó y la misma noche del ataque se detuvo a un sujeto acusado de intentar asesinar a la política. Días más tarde, la jueza que investiga el caso, María Eugenia Capuchetti, decretó el secreto de sumario y se produjo una segunda detención. Según la Justicia del país, los dos principales acusados del intento de homicidio planificaron el atentado, tenían intención de matarla, y estudiaron el momento y lugar precisos. Sin embargo, la investigación sigue en curso y todavía se siguen analizando los mensajes que intercambiaron ambos para planificar la agresión, según ha podido conocer elDiarioAR, que ha tenido acceso de manera directa a los chats.

El detenido inicial por empuñar la pistola fue Fernando Sabag Montiel, un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años que había criticado anteriormente al Gobierno en la televisión argentina. Sin embargo, cuando los peritos intentaron abrir su teléfono móvil, comprobaron que estaba “reseteado de fábrica”, con lo que borró toda la información del teléfono, lo que hizo sospechar a la jueza. Finalmente, se consiguió extraer el contenido de la tarjeta SIM y del chip del dispositivo y se produjo una segunda detención gracias a la revisión de las cámaras de seguridad de la noche del ataque. Se trataba de Brenda Elisabeth Uliarte, una mujer de 23 años considerada como coautora de los hechos y que mantenía una relación sentimental con Montiel. Según Capuchetti, ambos están procesados como coautores de homicidio en grado de tentativa y se encuentran en prisión preventiva.

Los mensajes de WhatsApp sacados del teléfono de la joven han sido fundamentales para reconstruir los hechos y definir qué roles cumplían cada uno de los acusados. Gracias a los mensajes que intercambió con Sabag Montiel y al menos otros tres contactos, la jueza pudo determinar que fue Brenda Uliarte quien compró la pistola Bersa calibre 32 y que ella también participó de manera activa en el intento de asesinato. Los mensajes originales están escritos sin tildes ni comas, así como con otros errores ortográficos, pero elDiarioAR ha considerado conveniente mantenerlos intactos en el texto.

El arma

La primera incógnita con la que se encontró la magistrada fue la de no poder acceder a los mensajes de Sabag Montiel. La jueza dedicó varias páginas del escrito firmado este jueves para explicar por qué no cuenta con esa prueba: por primera vez se pronunció ante las partes sobre la pericia fallida del dispositivo Samsung A50 realizada por un perito de la Policía Federal Argentina (PFA) y el borrado de fábrica del teléfono, que provocaron un enfrentamiento entre la magistrada y la fuerza de seguridad. El fiscal Carlos Rívolo le solicitó ordenar una pericia para determinar qué falló en la apertura del teléfono. 

La segunda fue la de por qué si la intención fue la de asesinar a Fernández de Kirchner, el atentado no llegó a producirse. Según una fuente cercana al caso consultada por elDiarioAR, la respuesta solo puede ofrecerla el propio Sabag Montiel, pero se ha negado a declarar hasta en tres ocasiones.

La pistola semiautomática que empuñó Montiel –con ADN del detenido en gatillo, empuñadura y corredera– resulta ser “apta para producir disparos, de funcionamiento anormal”, debido a que el “retén de la corredera no se eleva correctamente” por un “desgaste de la pieza elevador de cartuchos”. Es decir, después de “efectuar el último disparo, la corredera queda cerrada, cuando debería quedar abierta”, según explicó la jueza. Pero esto “no afecta el ciclo de disparo de arma”, según el perito que analizó el arma. El experto probó uno de los cartuchos secuestrados a Sabag Montiel y Uriarte y también resultó “apto para fines específicos”. “Todo lo expuesto permitió concluir a los expertos de la División Balística de la Policía Federal Argentina que ‘el uso conjunto del arma y munición bajo estudio, resultan aptos para producir disparos en forma conjunta’”, dijo la jueza. Esto es lo que saben hasta el momento los investigadores.

Tampoco está claro el origen de la pistola, otro dato secundario pero que puede terminar de esclarecer el rol de cada uno de los imputados. La investigación determinó que el “plan criminal” para matar a la vicepresidenta comenzó el 22 de abril, según el texto del procesamiento. Ese día, Uliarte “habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado”, según surge de las conversaciones en su teléfono peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Es la primera vez que se informa que fue la acusada y no su cómplice quien adquirió la pistola utilizada en el atentado. La pistola Bersa estaba registrada a nombre de un hombre fallecido que fue vecino de Sabag Montiel en el barrio de Paternal, según los registros del arma, pero hasta el momento no se ha precisado si fue robada a su dueño original o comprada. 

Uliarte le contó a un contacto identificado como “Serena” que había adquirido un arma de fuego: “Si tengo un fierro [el arma de fuego] lo compre porque mi ex está jede” (sic). El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como “Fran”, a quien le afirmó: “Tranqui no va a pasar nada. No careteo nada. Es mio (sic) el fierro. Lo compré para asustar a un ex que bardio (sic). Se burló de mi hijo”. 

El plan: “¿Sabes que hace falta? Un francotirador. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda”

La primera referencia de Uliarte sobre querer asesinar a la vicepresidenta apareció en julio, según los mensajes.

Tras haber dicho que tenía consigo el arma, pasaron más de dos meses hasta que Uliarte se comunicó con otro contacto, agendado como “Amor de mi vida”, para manifestar su intención de asesinar a la vicepresidenta. Ese contacto fue identificado por los investigadores como Agustina Díaz, detenida esta semana e indagada el miércoles.

Fue el día 4 de julio último, cuando Uliarte le dijo a Díaz: “Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es como (sic) porque la vieja tiene seguridad” (sic).  

“Para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida” de Fernández de Kirchner, “iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución, lo cual ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado”, estableció Capuchetti. 

Al día siguiente, en otra conversación con un contacto identificado como “Nacho”, Uliarte le dijo que “para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder se puede hay que encontrar la manera … no necesito pagarlo yo puedo serlo ... se (sic) usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… hay que encontrar un hueco ser estratega” (sic). Su interlocutor le sugirió que no lo hiciera y le dijo que estaba delirando.

El 23 de agosto, Sabag Montiel le dijo en una conversación: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique (sic) le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”. 

Uliarte le contestó: “¿No te gusta el depto.?”, a lo que Sabag Montiel respondió: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo” (sic).  

Uliarte le envió entonces un audio: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue… Alto depto ese de Recoleta, amore. Si vieras dónde vive Cristina, entendés. Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Si, hay que ir y pegarle un corchazo. ¿Sabes que hace falta? Un francotirador. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda” (sic). 

27 de agosto: el primer intento de homicidio

El 27 de agosto, Uliarte y Sabag Montiel mantuvieron otra conversación por WhatsApp, que reconstruye el procesamiento:

Sabag Montiel: No, ya se me… metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo… le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada. 

Uliarte: Estoy llegando a casa. 

Sabag Montiel: Al pedo q vengas (sic)… No va a salir… Ya se metió adentro. 

Uliarte: Que hija de puta la Cristi… Se da cuenta. 

Sabag Montiel: No, no es que se da cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente, y la gente ya se está yendo, y el momento era ese, ahora ya es tarde, o sea ya son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido, ¿entendes? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió acá, la siguieron y ahí tendría que haber sido. 

Fue la noche de un primer intento de homicidio que Sabag Montiel decidió abortar. La conversación continuó. Esta es la transcripción que aparece en el escrito del procesamiento, textual:

Sabag Montiel: Que gracia me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulos, haciéndose los peronistas con la “V” vos llegas a tirar con el fierro ahí y llegas a arrancar a los tiros ¿Vos sabes cómo salen todos corriendo? Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil… O sea, si yo disparo, después de los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador y me van a tener que sacar el fierro, pero no van a tener las balas, entonces eh me van a cagar a piñas, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios, pero otros van a correr y va a ser muy difícil que se yo. 

Uliarte: Ya llegué amor… ¿Vos decís que no te van a agarrar? La onda es que metas el corchazo y te escapes. 

El entorno: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”

Quiénes colaboraron con Uliarte y Sabag Montiel es otro de los puntos que la investigación dejó abierto, por ahora. En la causa hay otros dos detenidos: Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Carrizo, quien se presentó en la Justicia como “el jefe” de los “copitos”, el grupo de fabricantes y vendedores ambulantes de algodones de azúcar o copos de nieve que integraban Uliarte y Sabag Montiel.

Sin embargo, ni el juzgado ni la fiscalía descartan que la pareja pueda haber contado con más cómplices y se investiga el círculo social de ambos, el contacto con “libertarios” radicalizados y al resto de los “copitos”, informaron tres fuentes directas de la investigación. Se espera que Carrizo, quien ya había declarado como testigo sea indagado como imputado este viernes.

Ese mismo 27 de agosto, cuando Fernández de Kirchner habló a la multitud en la puerta de su domicilio, Uliarte intercambió mensajes de Whatsapp con el contacto “Amor de mi Vida”. Este fue el diálogo, textual, sin correcciones ortográficas ni de puntuación: 

Uliarte: Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro. 

Amor de mi vida (Díaz): ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? 

Uliarte: Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi. 

Amor de mi vida (Díaz): Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?

Uliarte: No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.

Amor de mi vida (Díaz): Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos complice de la muerte de la Vicepresidenta. 

Uliarte: Por eso mandé a alguien. 

Amor de mi vida (Díaz): –Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea. 

Uliarte: Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada. 

Amor de mi vida (Díaz): –¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites. 

Uliarte: Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país. 

ED