Muchos lectores se harán esta pregunta al recordar que el 23 de junio CCOO celebraba la aprobación en el Congreso de la modificación de la ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Entre las mejoras que introduce la ley, la cuestión más celebrada fue la aprobación de la enmienda 59 (Disposición Adicional 10ª) que limitaba la contratación temporal exclusivamente a los proyectos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificando la Disposición Adicional 5ª de la Reforma, y asegurando la aplicación integral de la Reforma Laboral en el sector de la investigación.

¿Por qué lo celebramos? La Reforma Laboral plantea un cambio de modelo centrado en la estabilidad en el empleo. En particular, en el sector de la investigación, la contratación quedará ligada a líneas de investigación financiadas a lo largo del tiempo con distintos proyectos (nacionales, europeos, contratos, etc.) dando estabilidad al personal de todas las escalas (investigadora, técnica y de gestión). Esto permitirá consolidar grupos de investigación potentes y hacer más atractiva la carrera del personal de la investigación, mejorando sus condiciones laborales. ¿Se puede despedir cuando la línea de investigación deja de tener financiación? Sí, pero se penaliza con una indemnización mayor. Por otro lado, la contratación indefinida implica una menor cotización empresarial, una simplificación de la gestión y una menor litigiosidad, según confirman los datos.

Y ¿quién se opone a este avance en derechos? La resistencia más feroz ha venido de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), que vaticinaba un “colapso del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación” si se imponía la contratación indefinida, afirmando que “formalizar contratos indefinidos implicaría «falsear» la relación laboral con los investigadores, al generarles falsas expectativas”. En su paso por el Senado, volvían a presentar, de la mano del PP y con el apoyo de algunas direcciones de centros de excelencia Severo Ochoa y Maria de Maeztu (SOMMa), la enmienda 76, que derogaba la DA10ª, alertando de que “la contratación indefinida pondría en riesgo la ejecución de los fondos europeos”. Lo sorprendente es que ERC, que en el congreso había votado a favor de la contratación indefinida, junto con JxC y el PNV, votaron a favor de esta enmienda del PP, que devolvía la ley al Congreso, donde se debe aprobar de forma definitiva en el pleno extraordinario del 25 de agosto.

¿Y por qué esta resistencia a igualar los derechos laborales del personal de la investigación con los del resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país? En realidad, el problema no es el dinero. Es solo el pretexto para mantener un modelo laboral precario basado en la concatenación de falsos contratos por obra y servicio, suprimidos por la modificación de la Reforma Laboral. Bajo la excusa del necesario dinamismo de las líneas de investigación y la convicción de que este personal tiene suficiente con su vocación y sus logros científicos para seguir adelante, pretenden tener personal “de usar y tirar”, no sujeto a la misma normativa laboral que el resto de trabajadores y trabajadoras. En definitiva, retuercen los números y falsean argumentos sin disimulo ni vergüenza para contentar a ciertas “élites” de la investigación, que se sienten amenazadas cuando las plantillas ganan derechos, oportunidades y autonomía.  

Porque es cierto que la contratación laboral indefinida que tanto temen implica estabilidad, genera seguridad y alimentará la autonomía del personal joven investigador y técnico. Nutre la necesaria independencia de criterio que debería ser la base de toda buena ciencia, esa que se basa en la crítica y que tiene a la duda como motor esencial de avance.

Analizar esta resistencia numantina de la autodenominada “excelencia” de nuestro sistema a reconocer los mínimos derechos laborales del personal de la investigación mueve a la indignación, pero también a la tristeza. Porque queda claro que la ciencia española no puede avanzar con estos mimbres, dirigida por una élite de funcionarios bien retribuidos, más cercana al feudalismo que a instituciones del siglo XXI.

El 25 de agosto nos jugamos mucho. Veremos quiénes votan a favor de esta enmienda, y quiénes, en cambio, apuestan por la estabilidad y los derechos del personal de la investigación en igualdad de condiciones con el resto de trabajadoras y trabajadores de este país.

Por eso reclamamos a todos los diputados y diputadas del Congreso que el 25 de agosto voten en contra de esta enmienda. Porque no hay ciencia sin derechos y, sin ciencia, no hay futuro.