El Congreso aprueba la ley de Ciencia con una enmienda para aumentar los contratos indefinidos a investigadores

Novedades en la Ley de Ciencia, que ya va camino del Senado. El Pleno del Congreso ha aprobado a última hora algunas enmiendas de Unidas Podemos y Más País que mejoran ciertos aspectos que los científicos rechazaban de la nueva ley.

Los principales cambios respecto al texto que entró esta mañana en la Cámara Baja son que se extiende la obligatoriedad de firmar contratos indefinidos a los investigadores que trabajan en proyectos financiados con fondos europeos competitivos –un grupo que se había quedado fuera de esta medida, que viene de la reforma laboral– y dos cambios destinados a considerar al personal técnico y de gestión como parte del personal de investigación para que puedan desarrollar su carrera laboral.

Con el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 14/2021, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Gobierno pretende aumentar la financiación del sector científico, reducir la precariedad obligando a la contratación indefinida para casi todos los supuestos y simplificar la burocracia, entre otras cuestiones.

Mientras se debatían las últimas enmiendas en el Pleno, medio centenar de investigadores se manifestaba frente a la Cámara Baja convocados por CC OO para protestar por lo que consideran una reforma fallida que se queda corta, aunque admiten que las enmiendas aprobadas mejoran el texto. Los bajos sueldos de los investigadores predoctorales, que no se establezca un plan plurianual para garantizar la inversión o la, consideran, insuficiente apuesta por el retorno del talento emigrado son algunos de los elementos que aún rechazan los investigadores.

“Con las enmiendas que se acaban de aprobar se mejoran sustancialmente las condiciones laborales del personal de investigación. Le da una vuelta total a lo que teníamos ayer, si bien quedan cosas importantes que se deben mejorar que esperamos que se hagan aparte de la ley”, valora Elisa Fernández, delegada de Empleo en la Administración General del Estado de CCOO. “La lucha sindical del personal de investigación y el esfuerzo en la negociación colectiva han dado sus frutos”, reivindica. Desde la Federación de Jóvenes Investigadoras / Precarias (FJI) se coincide en la idea: la ley es mejor que la que había y este proyecto también es mejor que el anterior con las enmiendas, pero le siguen faltando cosas.

La ley sale adelante sin un solo voto en contra.

Indefinidos para (casi) todos

La probablemente medida estrella, que ya está notando el sector científico, no emana estrictamente de la ley, aunque esta la recoge también. Tras la reforma laboral, los investigadores pasarán de tener contratos temporales por obra y servicio a contratos indefinidos. Hasta hoy aquellos que conseguían fondos de proyectos europeos competitivos a través de convocatorias como las Marie Curie o el Horizonte Europa se habían quedado fuera de esta mejora; la enmienda presentada por UP y aprobada por el Pleno corrige esta disfunción. “Es el mayor logro que hemos podido lograr, no tenía sentido que para las convocatorias nacionales se firmaran contratos indefinidos pero para las europeas no”, valora Fernández.

Esta medida, explican desde UP, afecta al 45% de los investigadores e investigadoras en España. “Según datos de CC OO, esta enmienda reducirá la temporalidad a menos de la mitad. Por ejemplo en el Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC), con 13.500 trabajadores, se espera pasar del 45% de temporalidad al 20%-24%. Los restantes son los contratos de convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación, predoctorales y posdoctorales, que son inherentemente temporales”, argumentan. Estos y los contratos ligados a los fondos Next Generation de la UE –temporales por definición– son los que se quedan fuera de la aplicación de la reforma laboral, que restringió el uso de contratos temporales en muchos casos.

Desde el ministerio destacan que “estos contratos en el sector público no requerirán autorización previa cuando estén financiados en su totalidad con fondos externos o competitivos, lo que agilizará la contratación de estas personas” y, respecto a los contratos temporales, “que se interrumpirá el cómputo de duración estos contratos temporales durante el tiempo dedicado a permisos y excedencias por motivos de conciliación (maternidad, paternidad, permisos o excedencias por cuidado de menores o familiares dependientes, entre otras circunstancias)”.

El departamento que dirige Diana Morant también pretende aclarar la carrera investigadora y que esta sea más corta y previsible hasta la estabilización (actualmente pasa de los diez años tras el doctorado). Para ello, se introducen evaluaciones a partir del segundo año de contrato que podrá conllevar un aumento salarial y la posibilidad de obtener un certificado, denominado R3, que otorga ventajas como evitar algunas de las pruebas necesarias para acceder a un puesto de científico titular y que tienen cuotas reservadas en los contratos de reposición (para sustituir a jubilados) tanto en Organismos Públicos de Investigación (OPIs) como en las Universidades.

Mejoras para el personal técnico y de gestión

La otra gran novedad introducida en la ley esta mañana ha sido la incorporación del personal técnico y de gestión en la norma, quizá la otra gran reivindicación sindical además de la ampliación de los contratos indefinidos. Una de las enmiendas aprobadas modifica el Estatuto Básico del Empleado Público para cambiar el término “personal investigador” por “personal de investigación”, una sutil diferencia que conlleva la inclusión de estos perfiles, básicos también para el proceso de investigación, en ciertas mejoras y que abre la puerta, desarrollo normativo mediante, a una carrera investigadora.

Otra de las cuestiones más celebradas por la comunidad científica es que la ley recoge por primera vez el derecho a indemnización por fin de contrato de los investigadores predoctorales (los que están elaborando su tesis), una reivindicación histórica del sector y que beneficiará a los nuevos contratos, pero también a los actualmente vigentes.

Pero la parte de los predoctorales es una de las más criticadas por las asociaciones de investigadores. Fernández, de CCOO, lamenta que “los salarios de los predocs siguen rozando el Salario Mínimo Internacional (SMI), no es lógico que personas con la mayor preparación educativa empiece a trabajar en investigación con menos de mil euros al mes”, lamenta, queja que comparte con la FJI.

De financiación y burocracia

En el apartado de debes, Fernández lamenta que la ley no establezca un plan de inversión plurianual porque estas partidas se fijarán cada año a través de los presupuestos, lo cual deja la financiación del sector al albur “de los ciclos económicos”, sostiene. Desde el Ministerio de Ciencia explican que la disposición adicional sexta sí habla de “plurianualidad del marco presupuestario” y se especifica la cifra del 1,25% del PIB como objetivo de financiación para 2030, lo que igualaría a España con la media europea.

Otras medidas incluidas en la ley son el desarrollo de la carrera del personal investigador del Sistema Nacional de Salud (SNS), medidas para la atracción del talento emigrado (¿expulsado por la precariedad?), de mejora de la transferencia del conocimiento, como la creación de un sexenio de transferencia o de reducción de la burocracia (permitirá justificar las subvenciones por muestreo y no en su totalidad) y medidas para fomentar la igualdad en el sector, como la obligatoriedad de que “los agentes públicos del sistema” dispongan de protocolos contra el acoso sexual o la creación de de un distintivo de igualdad de género para los centros de investigación, universidades o centros de innovación que les reportarán beneficios.