“Nosotras habíamos nacido ya expulsadas del armario, esclavas de nuestra apariencia.” (Camila Sosa, Las malas)

En las democracias modernas, los ejecutivos se enfrentan al dilema de qué leyes impulsar durante su mandato. Numerosos estudios han indagado acerca de si los gobiernos reflejan en sus prioridades legislativas las preferencias de la ciudadanía de forma igualitaria o, por el contrario, tienden a privilegiar más a unos grupos que a otros. Los resultados apuntan a que se suelen tener más en cuenta las preferencias de algunos sectores de la ciudadanía. En concreto, se privilegian las preferencias de la ciudadanía con mayores niveles socioeconómicos y que disponen de más recursos educativos y culturales.

¿Qué ocurre cuando se aprueba una ley que otorga derechos a un grupo social históricamente discriminado? En el proyecto GENDEREDPSYCHE, el equipo que firma esta entrada, hemos realizado una encuesta online representativa de la población en España durante el mes de diciembre de 2022, con el objetivo de estudiar la existencia de estereotipos de género en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. Durante el mencionado mes se debatía en el Congreso de los Diputados la llamada Ley Trans, por lo que incluimos también una pregunta sobre la valoración de esta ley, que tanta polémica parecía suscitar en la sociedad española. Esta ley se aprobó en el Congreso de los Diputados el 22 de diciembre, con 188 votos a favor del bloque de izquierdas, 150 en contra del bloque de derechas, y 7 abstenciones, entre ellas la de la diputada del PSOE Carmen Calvo que rompió la disciplina de voto de su partido. 

Más allá del debate sobre sus contenidos específicos, en esta entrada queremos proporcionar evidencia sobre la opinión que la ciudadanía tiene de esta ley, cuyo objetivo es proteger y garantizar los derechos de las personas trans y el colectivo LGTBI (independientemente de si dicho objetivo se cumple o no, una cuestión que daría para otra entrada, si no dos). Se trata de un colectivo que históricamente ha estado estigmatizado pero que, en los últimos años y coincidiendo con el auge de la agenda social feminista, se ha movilizado para reclamar una reforma legal que asegurara el derecho a la libre autodeterminación de género, así como la despatologización de las realidades/vidas trans.

Apoyo a la “Ley Trans” en España

La Figura 1 muestra la distribución de apoyos y rechazos que esta ley ha suscitado entre la ciudadanía. Es importante destacar que un 19% del total de los participantes en esta encuesta dijeron que no conocían los contenidos de la ley (un 12,6%) o que preferían no contestar (un 6,4%). Del total de respuestas, un 23,4% contenía una valoración negativa de la ley: un 12,9% muy negativa y un 10,5% negativa. En cambio, los porcentajes de juicios positivos son mayores: 53,6% (un 27,8% emitió una valoración positiva y un 25,8% muy positiva). Las valoraciones más tibias (ni negativa ni positiva) alcanzaron un 23% del total de quienes contestaron a la pregunta. En definitiva, la figura 1 sugiere que, a pesar de la evidente división entre la ciudadanía respecto a la aprobación de la “Ley Trans”, prevalecen las valoraciones positivas o neutrales frente a las negativas.

Figura 1. Apoyo a la “Ley Trans” en España

Pero, ¿quiénes son las personas que en mayor medida apoyan esta ley? La Figura 2 resume los resultados de un análisis del perfil de quienes más apoyo muestran a esta nueva normativa. Las probabilidades de expresar una valoración muy positiva o positiva de la ley (frente a neutral, negativa o muy negativa) son mayores para las mujeres que para los hombres, para quienes declaran ser homosexual o bisexual frente a la-os heterosexuales. Asimismo, los apoyos son mayores entre los más jóvenes (entre 16 y 32 años) y los que se encuentran en la franja de edad entre 33 y 44 años en comparación con grupos de edades superiores. 

La figura 2 también muestra claramente el condicionamiento ideológico de los apoyos a esta ley, puesto que, comparados con quienes se declaran de centro (valor 5 en la escala ideológica que va de 0 a 10), aquellos que se ubican muy a la izquierda (entre el 0 y el 2) presentan una mayor probabilidad de apoyar la ley, seguidos de quienes se ubican entre el 3 y 4. En cambio, quienes se ubican en la derecha (6 y 7) o muy a la derecha (8-10) muestran una menor probabilidad de apoyar la ley. Todo ello refleja la división partidista que ha caracterizado el contexto político en el que la Ley Trans fue debatida y aprobada, con toda la derecha unida en su rechazo absoluto a la ley y una izquierda más dividida al respecto. 

Figura 2. Perfil del apoyo a la “Ley Trans”

La Figura 3 proporciona más detalles del perfil por grupos de edad y género a través del cálculo de la probabilidad estimada de apoyar la Ley Trans. Son las mujeres menores de 33 años quienes más apoyan dicha ley, seguidas de las mujeres de entre 33 y 44 años. Sin embargo, los niveles medios de respaldo disminuyen entre la ciudadanía mayor de 45 años. A partir de esa edad, observamos pocas diferencias entre los distintos grupos.

Figura 3. Apoyo a la “Ley Trans” por género y grupos de edad

¿Por qué esta brecha de edad y género en la predisposición a apoyar la ley?

Adelantamos dos posibles explicaciones que pretendemos comprobar empíricamente en nuestro proyecto. En primer lugar, la sensibilidad de los jóvenes por los colectivos más oprimidos puede proceder de su mayor propensión a la exposición diaria a medios digitales. Las redes sociales permiten a colectivos estigmatizados hacer públicas sus experiencias personales, lo que podría incentivar una actitud más compresiva hacia ellos, tanto de los medios de comunicación como de la opinión pública. Si corroboramos esta hipótesis, podríamos interpretar la brecha de edad en el apoyo a la Ley Trans como el resultado del acercamiento a la realidad que experimentan grupos desfavorecidos, retratada en las plataformas digitales. Estas últimas suelen estar más abiertas para dar cobertura a la descripción de situaciones de discriminación o injusticia que los medios tradicionales (cuyas audiencias son ciudadanos de mayor edad) suelen ignorar.

En segundo lugar, sabemos que la socialización en roles de género explica que las mujeres presenten una mayor capacidad de ponerse en la piel de los más desfavorecidos. Probablemente porque ellas también forman o han formado parte de un grupo social desfavorecido. Diversos estudios muestran que las mujeres apoyan en mayor medida la igualdad de derechos de grupos tradicionalmente marginados en la sociedad, tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos familiares para las parejas no heterosexuales, etc.

 Sería apresurado sacar conclusiones sobre el recorrido que tendrá la aplicación de esta ley, así como sobre sus efectos en la opinión pública a largo plazo. Algunos estudios muestran que el reconocimiento de derechos de colectivos tradicionalmente discriminados o silenciados hace que paulatinamente la sociedad aumente sus niveles de tolerancia hacia dichos colectivos, como pasó en su día con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada en 2005 en España. Tal vez no tendrá que pasar tanto tiempo como para que la cita con la que comienza esta entrada deje de ser tan relevante.

En 1978, España había recién comenzado su camino democrático y se estaba deshaciendo de algunos legados de la dictadura franquista, entre ellos, la persecución penal del adulterio y de los anticonceptivos. En este año, el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) realizó una encuesta nacional en donde el 63% de los españoles quería despenalizar el adulterio y los anticonceptivos. Sin embargo, si miramos con lupa estos resultados, nos damos cuenta de que solo un 47% de los encuestados con menores niveles de educación apoyaban esta medida mientras que un 85% de los que tenían niveles de educación más altos estaban a favor. A finales de 1978, el Congreso derogó estas leyes.

Casi 10 años más tarde, en 1989, el CIS preguntó a los españoles sobre el derecho de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. Esta pregunta encajaba dentro de un contexto político muy particular en el que ETA continuaba en activo y se habían producido las conversaciones de Argel entre el gobierno y la banda terrorista. Tan solo un 39% de los encuestados con más altos niveles económicos estaban a favor del derecho de autodeterminación a través de un referéndum frente a una mayoría de los españoles de niveles económicos bajos que se mostraban en contra. Sin embargo, ningún gobierno español ha aceptado una reforma a este respecto.

En 1997, los países miembros de la Unión Europea consideraban la entrada del euro como moneda en curso. El CIS de nuevo preguntó la opinión del público, encontrando apoyo mayoritario entre los españoles con niveles económicos altos y poca aprobación entre los que tenían menos recursos. El año siguiente, el parlamento aprobó el cambio de la peseta al euro.

Estos ejemplos sugieren un patrón. A la hora de aprobar políticas públicas en España, las preferencias de las personas con mayores niveles económicos parecen influenciar más el resultado que las preferencias de los españoles con menores niveles económicos. Tal desigualdad política iría en contra de un principio fundamental de los sistemas democráticos: que los ciudadanos deberíamos ser todos iguales, que los votos y las preferencias de ningún grupo deberían tener más peso en el proceso político que los de otro grupo.

En España está bastante arraigada la sensación de que los políticos no escuchan a los ciudadanos en sus demandas. Y no es algo reciente. Desde los mismos inicios de la democracia, los votantes han criticado la falta de respuesta de las élites políticas en el contexto político español. ¿Pero son estos ejemplos unos casos aislados, o es la desigualdad política más bien un patrón sistemático en la política española?

Una mirada más amplia

Para responder a esa pregunta, revisamos todos los datos de opinión pública que están disponibles en la base del CIS, desde 1976 hasta 2016. En ese período, el CIS preguntó al público español más de 200 veces su opinión sobre ciertas políticas públicas que se estaba discutiendo en el discurso político y en el parlamento. Éstas incluyen medidas económicas, reformas constitucionales, medidas contra el terrorismo, asuntos exteriores como la Unión Europea, y asuntos culturales como el matrimonio homosexual o las políticas de género, entre otros. Para cada pregunta realizada por el CIS, calculamos el porcentaje de encuestados que se muestran a favor o en contra de cada propuesta, divididos por nivel socioeconómico según su nivel de educación y ocupación. Luego, investigamos qué sucedió con esas políticas: si fueron aprobados por el gobierno o no dentro de unos años.

La idea es ver qué pasa con un proyecto político cuando tiene el apoyo de un grupo socioeconómico y no de otro. Los ejemplos con los que empezamos sugieren que cuando los grupos difieren en sus preferencias, los políticos suelen responder a las preferencias de los ciudadanos de niveles económicos altos.

Nuestro estudio encuentra que efectivamente es así. El gráfico 1 muestra la probabilidad de que una política sea aprobada según la brecha entre las preferencias de los ciudadanos con mayores niveles socioeconómicos y las preferencias de los que tienen menores niveles socioeconómicos. Cuando los ciudadanos de clase social baja apoyan una propuesta más que los de clase alta (la brecha es negativa), la propuesta tiene poca probabilidad de ser aprobada. Cuando los dos la apoyan igual (la brecha es cero), la probabilidad es cercana al 50%. Pero cuando los españoles de clase alta la apoyan mucho más que los de clase social baja (la brecha es positiva), la probabilidad de que se apruebe sube dramáticamente. Podemos medir esos niveles socioeconómicos usando la educación o la ocupación del encuestado, pero el resultado es siempre lo mismo.

Gráfico 1: Probabilidades predichas de aprobación de políticas públicas según la brecha de preferencias entre las clases sociales más altas y las más bajas

Los españoles con mayor clase social influencian sustancialmente más el proceso de adopción de políticas públicas. Así, cuando las preferencias entre grupos colisionan, son los ciudadanos con mayor clase social los que acaban obteniendo lo que quieren, incluso yendo en contra de las demandas de los grupos sociales más bajos. Y lo contrario también es cierto. Las políticas públicas que son muy apoyadas por clases sociales más bajas, pero que encuentran mucha resistencia en clases sociales más altas, tienen menor probabilidad de adoptarse.

¿Por qué hay desigualdad política?

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los políticos son más propensos a adoptar las medidas preferidas por los ciudadanos más ricos? Una posibilidad es que tiene que ver con el color del gobierno de turno. Si los gobiernos responden a sus seguidores, entonces quizás los gobiernos de derecha responden a los sectores socioeconómicos altos y los gobiernos de izquierda a los más bajos. Nuestra base de datos no cubre tantos gobiernos distintos como para poder testear esto de manera decisiva, pero sí cubre gobiernos del PSOE y del PP en estos cuarenta años de democracia que podemos comparar. Y allí no vemos ninguna diferencia entre los gobiernos de distinta ideología. La desigualdad de respuesta a favor de las clases sociales más altas se da de manera igual bajo gobiernos del PSOE tanto como bajo los del PP, sin importar la legislatura o el presidente.

Otras posibles explicaciones también existen. Una es que las preferencias de los sectores altos son más representadas por los grupos de interés y que aquellos tienen cierta influencia en el proceso de elaboración de políticas públicas. Otra es que tiene que ver con las propias preferencias de los políticos mismos. Ellos mismos suelen pertenecer a clases sociales altas y puede ser que por eso sean más conscientes de las preocupaciones y preferencias de estos grupos. De hecho, hay estudios que demuestran que precisamente es lo que pasa en otros países.

No sabemos cuál de estas sea la explicación. Hacen falta muchos más estudios para poder llegar a una respuesta definitiva. Pero el primer paso es reconocer que la desigualdad política ha sido una característica sistemática del contexto democrático español de las últimas cuatro décadas. Y si muchos ciudadanos sienten que los políticos no los escuchan, es porque tienen razón.