El presidente Luiz Inácio Lula da Silva emprenderá mañana su primer viaje a Washington en lo que va de su tercer gobierno. El encuentro con su par Joe Biden, que responde a una invitación del jefe de la Casa Blanca, está previsto para las 17,30 del viernes. Antes, al mediodía, el mandatario brasileño -que viaja acompañado por su esposa y se hospedará en Blair House, la residencia oficial donde se hospedan presidentes invitados- se reunirá con el senador del progresismo norteamericano Bernie Sanders. También recibirá a representantes del Partido Demócrata y finalizará la serie de reuniones previas en una cita con miembros de la dirección de la ALF-CIO (la organización gremial estadounidense).

Lula y Biden se conocen desde hace años, cuando el jefe de Estado norteamericano ocupaba la vicepresidencia de su país. “El elemento principal es que será una entrevista de carácter político, con el hecho simbólico de que ocurre en el inicio del gobierno del presidente Lula”, destacó el embajador Michel Arslanian, secretario de las Américas en Itamaraty. “Será una oportunidad para fortalecer una relación que ya es próxima”, precisó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en tono muy similar al de su colega brasileño.

Tanto EE.UU como Brasil enfrentaron, con dos años y dos días de distancia, violentos ataques de la ultraderecha a los poderes. En el caso americano fue la invasión al Capitolio provocada por huestes de Donald Trump el 6 de enero de 2021. En el brasileño, el 8 de enero último con la destrucción del Palacio del Planalto, el edificio del Congreso y de la Corte Suprema, por aliados a Jair Bolsonaro.

En una entrevista publicada hoy por Jamil Chade, columnista del site UOL, el célebre intelectual Noam Chomsky sostuvo: “El apoyo de Biden al nuevo gobierno tuvo un gran significado. Los militares finalmente no intervinieron y las iniciativas del presidente demócrata tuvieron un papel significativo en eso”. Chomsky reconoció que “este viaje es una tentativa clara de Brasil de retorno al palco internacional”, pero también advirtió que “la relación con Estados Unidos será central en ese proyecto, por cuento del poder de Washington y su influencia”.

Lula debe vivir un desafío: celebrar por un lado la alianza contra la extrema derecha, pero al mismo tiempo no mencionar a China, donde debe viajar este mismo mes. Para la diplomacia de Itamaraty, la gira que emprende mañana el presidente brasileño recupera las relaciones largamente estancadas -por obra del gobierno bolsonarista- entre los dos países. Se sabe, además, que el presidente de Brasil será invitado a participar de la segunda Cumbre de la Democracia. La primera, recordaron los medios brasileños, estuvo enfocada casi exclusivamente en Beijín.

Fuentes diplomáticas indicaron que el presidente Lula da Silva lleva una iniciativa: la de instituir un Club de Paz que pueda negociar el conflicto entre Rusia y Ucrania. El proyecto sería presentado en la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Otro asunto central de la agenda es el cambio climático y la preservación del Amazonas. Brasil le pedirá a Estados Unidos que colabore con el fondo financiero destinado a ese fin. El combate al hambre y a la pobreza en el ámbito global figurará en las conversaciones, lo mismo que la lucha contra el racismo. En la delegación que acompañará mañana a Lula, está Anielle Franco, ministra de Igualdad Racial.

La comitiva es bastante restricta, ya que el presidente brasileño llevará otros tres ministros: Fernando Haddad, de Hacienda, Marina Silva de Medio Ambiente y Mauro Vieira de Relaciones Exteriores. A ellos se sumará el asesor especial del presidente, Celso Amorim. 

El presidente brasileño, Lula da Silva, propuso este lunes en su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, la creación de un grupo de países que pueda mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

“Le dije al canciller que, así como el G20 fue creado para superar la crisis económica de 2008, queremos crear un grupo de países que pueda discutir el fin de un conflicto entre Rusia y Ucrania. A nadie le interesa ese conflicto”, dijo Lula.

Una parte de la reunión con Scholz se centró en uno de los temas que Lula tiene en mente desde hace años: una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, que la saque de la actual parálisis. Incluye como punto clave la ampliación del Consejo de Seguridad, hoy restringido a 5 países de quienes dependen las soluciones.

El mandatario brasileño insistió ante Scholz que es crucial esa renovación para remontar la ineficacia, demostrada en estos tiempos en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Es ese principio lo que llevó a Lula a negarse a la entrega de municiones para el Gobierno ucraniano: “Decidimos no enviar las municiones porque no queremos que continúe la guerra con Rusia. Es preciso encontrar con urgencia a aquellos que puedan intermediar la paz, una palabra muy poco utilizada en ese conflicto”. 

Lula insistió sobre la necesidad de poner fin al conflicto bélico ruso-ucraniano en el que, a su juicio, “Europa pasa a ser una víctima de esta guerra, porque sufre las consecuencias de esa guerra”. “Al canciller alemán le dije que Brasil donará carbón a su país”, añadió el recién nombrado presidente. El carbón es el combustible que utilizan actualmente los alemanes para enfrentar el invierno, después de que la guerra provocase la interrupción de un insumo esencial: el gas procedente de los yacimientos rusos.

Lula aseguró que hoy tiene “más claridad sobre las razones de esa guerra. Y creo que Rusia cometió el error clásico de invadir otro país. Hemos propuesta la creación de un organismo que permita hacer la intermediación necesaria entre las partes en conflicto. Sé que no es fácil”. Y añadió de inmediato: “Es preciso constituir un grupo con fuerza suficiente y respetado en una mesa de negociación por los dos contendientes”.

Aunque las posiciones finales podrían acercarse, la visión que Scholz tiene de esa guerra no es exactamente igual a la del Gobierno brasileño: “Nosotros condenamos la agresión de Rusia contra Ucrania porque es una violación del derecho internacional. No podemos quedarnos con una parte del territorio de nuestro vecino por la fuerza”. El canciller alemán fue enfático al asegurar que “ese es un principio que nos ha guiado desde el inicio de este conflicto y por eso llamamos la atención para una demanda, que es que Rusia debe retirar tropas como precondición a las negociaciones de paz”.

La diferencias de interpretaciones respecto a este momento de riesgo para la paz mundial no impidieron al jefe de Gobierno alemán señalar su “gran emoción por estar aquí (en Brasilia) después de las invasiones al Congreso, al Palacio del Planalto y a la Corte Suprema, hace tres semanas”. Scholz describió la percepción de Alemania durante esos acontecimientos: “Nos dejó profundamente consternados. Inclusive ahora vimos resquicios de esa destrucción”. La conclusión fue categórica: “Esto fue una señal de que es preciso defender la democracia”.

Proteger el Amazonas

El canciller alemán terminó así su gira regional por Latinoamérica, que lo llevó antes por Argentina y Chile, en el Palacio del Planalto con Lula. Alemania es actualmente el cuarto socio comercial del gigante sudamericano y, además, hay una diversidad de temas en común entre ambos países: entre ellos, la preservación del Amazonas y los asuntos geopolíticos.

Scholz, en su declaración a la prensa, manifestó su “alegría” por la reunión con Lula, que “marca un nuevo capítulo” en las relaciones bilaterales. Para él, el foco estuvo en el combate a los cambios climáticos, la protección del Amazonas y el incentivo a la energía renovable como el hidrógeno verde. 

“Estamos muy felices de ver a Brasil de vuelta a la escena mundial, empeñados por la mayor integración de América Latina. Usted hizo falta, querido Lula. Ambos tenemos grandes planes con la expectativa de nuestra cooperación”.

A título enunciativo, Scholz y Lula informaron que se restituyó la financiación de Alemania a Brasil para todo lo que tenga que ver con la preservación de la floresta amazónica. El Gobierno alemán firmó un acuerdo para transferir a Brasil 200 millones de euros, destinados a ese objetivo y también a la preservación de las tribus indígenas.

“Tenemos un gran objetivo en común, que es avanzar en la protección climática, proteger la selva amazónica y eso solo es posible con cooperación”, aseguró Scholz en la conferencia de prensa que ofrecieron ambos mandatarios.

Alemania, al igual que Noruega, había suspendido el envío de fondos de cooperación para proteger la Amazonía a causa de la falta de políticas proteccionistas del medio ambiente durante la gestión de Jair Bolsonaro.

¿Una moneda común entre Brasil y Argentina? Lula y Alberto Fernández intentan resucitar el proyecto, aunque haya algo de confusión en los resultados de la cumbre bilateral entre el presidente de Brasil y su homólogo argentino en lo que tiene que ver con los resultados y avances en asuntos económicos.

La declaración final firmada por ambos mandatarios dice sin ambigüedad: “Decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda común sudamericana, para reducir los costos operacionales y nuestra vulnerabilidad externa”.

Pero, cuatro horas más tarde, los ministros de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, y de Economía, Sergio Massa, daban una versión diferente, menos ambiciosa que la formulada por los mandatarios. 

Para ambos responsables económicos, lo que está en juego en la “cooperación en el área financiera” es un proyecto inmediato y más simple –hablaron de que podría comenzar en febrero-- de pago de las operaciones de comercio bilateral.

Mientras, a los jefes de Estado los presiona el aspecto político del asunto, es decir, tener “una moneda común” capaz de anticipar la máxima integración, a los ministros les preocupa el corto plazo.

En las palabras de Massa, “se trata de la ampliación de una línea de crédito, que ya existe, y que hace trepar el plazo a 366 días. Beneficia a las empresas brasileñas que acceden automáticamente a las importaciones desde Argentina; y da ventajas a las empresas argentinas que podrán evitar las complicaciones de financiamiento que exige el régimen SIRA”.

El ministro argentina agregó: “Se trata de un win-win para las empresas brasileñas y argentinas, para el Banco de Brasil, para el Banco Nación y, adicionalmente para el Banco Central argentino que se verá aliviado del pago de divisas en el corto plazo”.

Haddad, ante las reiteradas preguntas de los periodistas brasileños acerca de los riesgos que esa operatoria puede suponer para bancos estatales de Brasil que financian comercio exterior, específicamente para el Banco de Brasil, negó que existiera algún peligro: “No habrá ninguna clase de inseguridad por financiar exportaciones a Argentina por cartas de crédito, ya que estas contarán con un fondo de garantía. Nosotros tenemos un fondo garantizador, que es un fondo soberano, que va a respaldar las cartas de crédito de las exportaciones. Ni el Banco de la Nación ni el BB están sujetos a contingencias. Por eso, estamos acordando con Argentina ese sistema de garantías”.

De acuerdo con el Gobierno brasileño, lo que está en el centro de esa negociación entre los dos países “es el fortalecimiento del uso de Sistema de Pagos en Moneda Local (SML), a fin de proveer nuevos instrumentos de facilitación del comercio bilateral. Se trata de un sistema que ya está en operaciones, administrado por los Bancos Centrales de los dos países, y que permite el uso en pagos y en cobros, tanto de reales como de pesos”.

Gasoducto Néstor Kirchner 

Un segundo tema quedó sujeto a negociaciones futuras entre los técnicos de ambas partes: la financiación por parte de Brasil, a través del BNDES y otras entidades, del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que lleva gas desde Vaca Muerta, Argentina.

Massa admitió que es preciso trabajar en el tema y que con ese objetivo el Ministerio de Economía enviará una misión, junto a funcionarios del Banco Nación. La delegación llegará en la primera semana de febrero a Brasilia: “Si el destino final del gas es Brasil, como en el caso que citamos, nosotros iremos a comprarlo y, en ese sentido, el propio gas sirve de garantía de las inversiones. Pero no necesariamente tienen que ser del banco estatal brasileño; los recursos pueden venir de afuera, dado que el proyecto se sustenta por sí mismo”.

Alexandre de Moraes (Sao Paulo, 1968) se convirtió en una figura clave de la pacificación tras el 8 de enero, cuando un asalto ultra de seguidores bolsonaristas irrumpió en las sedes de los tres poderes constitucionales en Brasilia. Unas horas “insurreccionales” que quedarán grabadas en la historia del país como “el día del Capitolio brasileño”. El mismo domingo del asalto ultra a las sedes de los poderes federales brasileños, el magistrado, uno de los 11 jueces del Supremo y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), escribió en Twitter: “Los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán penalizados, tanto en el caso de los financiadores como de los instigadores, y de los funcionarios públicos que continúen en la conducta ilícita de las movilizaciones antidemocráticas. La Justicia no faltará en Brasil”.

Horas después realizó un movimiento clave: firmó la orden de detención del abogado y policía federal Anderson Torres, ex titular de la cartera de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro, que ha sido arrestado este sábado. Torres llevaba una semana como secretario de Seguridad de Brasilia y ahora está bajo sospecha de connivencia con los atacantes que vandalizaron el Palacio del Planalto, el plenario de la Corte y la sede del Parlamento.

En la residencia de Torres, la policía se incautó de la minuta de un posible plan para decretar el “Estado de Defensa” (más rígido que el Estado de Sitio); un instrumento previsto en la Constitución brasileña para “preservar o restablecer el orden público”. Sólo es posible decretarlo ante “amenaza de una grave e inminente inestabilidad institucional, o cuando el país alcanzado por una calamidad natural de grandes proporciones”.

El documento, un borrador sin identificación de autor, sugería ese mecanismo para anular las elecciones de octubre de 2022 y hacer una nueva convocatoria para una fecha futura. También analizaba la prohibición de reuniones públicas, la quiebra del secreto de la correspondencia de los ciudadanos y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas.

A raíz de entonces, se han ido sucediendo decisiones que estrechan el cerco al bolsonarismo. Este mismo viernes, a petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia.

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

Así, el Ministerio Público ha solicitado al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes.

De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un video compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones. El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese video horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos.

Con ello, el Ministerio Público cree que “incitó de forma pública a la práctica del crimen”. Para De Moraes, con la divulgación del video, Bolsonaro, a priori, “se posicionó una vez más” de forma “criminal contra las instituciones”, en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), “imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer” a Lula.

El magistrado también señaló que estudiará “en el momento oportuno” un posible interrogatorio a Bolsonaro ante “las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño”.

Carlos Marun –ex ministro coordinador entre 2017 y 2018 y ex diputado federal– analiza las decisiones tomadas por Moraes para desmontar el movimiento bolsonarista: “El Estado Democrático de Derecho es una cláusula pétrea de nuestra Constitución, que comenzó a funcionar en la práctica con la Ley de Defensa de la Democracia de septiembre de 2021”. A partir de esa norma, según el también destacado constitucionalista, “quedó establecido que, todos aquellos que financiaban movimientos antidemocráticos serían juzgados bajo la vara de la Justicia. Ante la inercia de los parlamentarios en el periodo electoral, le tocó a Moraes mantener el tren en las vías”.

Del otro lado del espectro político, Deltan Dallagnol, ex procurador del caso Lava Jato, elegido en octubre diputado federal, dice por su parte: “Por su intervención en los episodios de los últimos días, varias de sus acciones fueron legitimadas como medidas necesarias para proteger la democracia. Pero, debajo del paraguas de la tesis democrática militante, se justifican restricciones a derechos fundamentales”.

Insultado por Bolsonaro

Para el magistrado, la llegada de Bolsonaro a la presidencia significó desde el inicio una sucesión de conflictos. Durante 2022, en medio de un proceso electoral polarizado como no se había presenciado nunca antes en la historia brasileña, Moraes terminó por convertirse en el blanco favorito de los insultos bolsonaristas, hasta el punto de que ya el ex presidente lo insultó con frecuencia: “Infantil”, “sinvergüenza”, “canalla”, “vagabundo” y “dictador”.

Ya en mayo de 2021, Bolsonaro lo había acusado ante la propia Corte por abuso de autoridad –la demanda fue rechazada por 8 ministros sobre un total de 11–. En el trasfondo del enfrentamiento estaban las diligencias conducidas por Moraes apuntando a “milicias digitales antidemocráticas” como financiadoras y distribuidoras de fake news.

Según Bolsonaro, el juez había cercenado su derecho a la amplia defensa al no respetar el código penal y extender de forma exagerada el plazo de la investigación a raíz de que el miembro de la Corte había prorrogado por dos veces el tiempo para intentar esclarecer el asunto.

El entonces presidente, en coordinación con las redes sociales de sus seguidores, puso a las urnas electrónicas, a las que consideraba susceptibles de fraude, en el centro de la atención. Llegó a sugerir, antes de las elecciones presidenciales, que habría un ataque de hackers (que nunca existió).

Los choques entre el entonces gobierno y Moraes aumentaron cuando el juez asumió al frente la máxima autoridad electoral del país. El 12 de diciembre pasado, cuando Lula da Silva y Alckmin recibieron sus respectivos reconocimientos como presidente y vicepresidentes, Bolsonaro declaró: “Es una nueva prueba de parcialidad del STF”.

Constitucionalista experto

Académico de origen, graduado en abogacía y luego doctorado muy precozmente, su carrera como funcionario público se inició a los 23 años. Desde 2017 es juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil (el STF, la máxima instancia de la justicia), adonde llegó de la mano del entonces presidente Michel Temer. Temer, como vicepresidente del país en 2016, logró un lugar en la galería de retratos de primeros mandatarios tras ser uno de los impulsores del impeachment a la ex jefa de Estado Dilma Rousseff.

Moraes fue primero ministro de Justicia y Seguridad en el gabinete de Temer. Pocos meses después, entró a formar parte del Supremo y, en esa condición, llegó en agosto de 2022 a presidir el Tribunal Superior Electoral. Su promoción por parte de Temer no fue casual: el entonces presidente valoró estratégicamente el aporte político que representaba el currículum de Moraes como constitucionalista experto, que además ejercía la docencia universitaria, llevaba varios libros publicados sobre el tema y era un defensor público del equilibrio entre poderes.

En sus primeros pasos, Moraes había ejercido como abogado del Partido de los Trabajadores (PT) en tres campañas presidenciales y fue, también, asesor de la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor organización sindical de América Latina, creada por Luiz Inácio Lula da Silva.

A la gestión pública llegó de la mano de Geraldo Alckmin, el actual vicepresidente brasileño y ex gobernador de Sao Paulo por tres periodos diferentes. Alckmin, histórico miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo nombró secretario de justicia del estado paulista (lo que equivale a tener función y rango ministerial).

En 2015 decidió salir de las filas del Partido del Movimiento Democrático (PMDB), al que había permanecido afiliado hasta entonces, para ingresar en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) fundado por el exmandatario Fernando Henrique Cardoso en 1988. Ese año, los tucanos –sobrenombre que indicaba la pertenencia socialdemócrata– se aliaron al PMDB para intentar desplazar del poder al PT, en el que se mantenía desde 2003.

Como resultado de esa alianza, cuando Temer llegó el Palacio del Planalto lo nombró ministro. Sin embargo, la gran jugada de Temer, coinciden todos los analistas políticos, llegó en 2017, cuando situó a Moraes a la cúpula de la Corte Suprema brasileña. Tras haber desempeñado la cartera de Justicia al inicio de su gobierno, Temer proyectaba ahora una sombra de intervención sobre el sistema judicial.

Además, la gestión de Moraes también había atravesado una crisis del sistema penitenciario, además de haber recibido críticas por su política de combate al narcotráfico y por su participación en una fase de la operación Lava-Jato, que culminaría con la prisión de Lula da Silva –condena luego anulada– y la elección del entonces desconocido diputado Jair Bolsonaro en octubre de 2018.

Las autoridades judiciales de Brasil han ordenado la detención de altos cargos públicos después del asalto golpista de Brasilia. El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decretó este martes prisión para Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro que desempeñó durante la primera semana de enero el cargo de secretario de Seguridad de Brasilia.

El dictamen remite a una violación del Estado democrático de derecho y responde a una petición procedente del abogado general del Gobierno, Jorge Messias, quien acusó a Torres de “facilitar” los hechos de vandalismo en los edificios públicos.  Según los medios brasileños, esta es la primera decisión judicial que apunta a estrechar el cerco al expresidente, cuyos bienes ha pedido bloquear la Fiscalía brasileña.

El pasado viernes, Torres viajó con su familia a Orlando, donde también se encuentra Bolsonaro, de quien fue un fiel aliado. Torres intentó defenderse el domingo en una declaración al diario Folha de Sao Paulo. “Es la primera vez que me tomo vacaciones en mucho tiempo, y las venía planificando de hace tiempo”, dijo. Para despegarse del exmandatario y borrar las conjeturas de su complicidad en los asaltos contra el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal (STF), Torres señaló: “No vine a Estados Unidos para encontrarme con Bolsonaro. No lo vi en ningún momento porque estoy de vacaciones con mi familia. No hubo participación de mi parte en lo sucedido”. 

Dice que volverá a Brasil

Torres afirmó este martes que retornará al país para entregarse a la Policía. “Recibí la noticia de que el magistrado Alexandre de Moraes determinó mi prisión y autorizó el allanamiento en mi residencia. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y volver a Brasil para presentarme ante la Justicia y defenderme”, dijo en su Twitter.

La celeridad en el dictamen judicial obedece a las sospechas manifestadas por el magistrado con relación a las responsabilidades de Anderson en los ataques perpetrados en la Plaza de los Tres Poderes en el Distrito Federal.

Según vídeos divulgados por la prensa brasileña, algunos policías subordinados al despacho de Torres se quedaron mirando mientras los grupos extremistas invadían las instalaciones públicas y hasta tomaron fotografías del momento con sus teléfonos.

Torres tiene un largo historial de apoyo directo a Bolsonaro, cuando el expresidente procedió a denunciar un presunto fraude en el proceso electoral por cuenta de las urnas electrónicas. Como ministro de Justicia, fue blanco de una investigación del Tribunal Superior Electoral, por diseminación de mentiras contra los resultados de los comicios de octubre pasado.

“Las instituciones irán a castigar a todos los responsables”, dijo el juez Moraes, incluidos, según señaló, “aquellos que financiaron e incentivaron la movilización destructora, por acción y omisión”.

Torres fue cesado del cargo de secretario de seguridad por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde también fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista.

Arrestado el excomandante de la Policía

El mismo juez que ordenó la prisión de Torres también dictó el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fábio Augusto Vieira, efectuada este martes, en respuesta a una petición de la Abogacía General del Estado.

Se trata de las primeras órdenes de prisión de calado en el marco de la investigación por los actos golpistas. Si bien hubo 1.500 detenciones de bolsonaristas que se encontraban acampados, la mayoría eran personas “comunes”, como admitió la propia Policía al liberar por cuestiones humanitarias a 600 encarcelados, entre ellos ancianos y madres con hijos pequeños. El domingo por la noche, Moraes decidió la prisión de más de 1.000 individuos que desde hace dos meses habitaban en carpas frente al Cuartel General del Ejército. “Tenemos que combatir con firmeza a las personas antidemocráticas, que quieren dar un golpe, a esas personas que buscan implantar un régimen de excepción”, dijo el juez.

“El país camina hacia la absoluta normalización institucional a toda velocidad”, dijo el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, tras definir los acontecimientos del domingo como la experiencia del “Capitolio brasileño”. Según Dino, hay plena coincidencia entre autoridades civiles y militares sobre “la necesidad de proteger la democracia” y concuerdan en el análisis de que “golpistas y delincuentes fracasaron en la ruptura de la legalidad”.

Entre las medidas tomadas por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las que adoptó el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, fue posible el desalojo de centenares de bolsonaristas que se encontraban desde hace dos meses instalados en un campamento frente al Cuartel General del Ejército. También fueron desmontados los campamentos que se habían establecido en al menos media docena de estados brasileños.

Sin embargo, se han abierto dudas sobre algunos altos cargos. El ministro de Defensa, José Múcio, figura entre los más criticados tras haber sugerido la necesidad de garantizar una solución negociada a las movilizaciones frente a los cuarteles. Pesan ahora sobre él declaraciones que hizo la semana pasada, cuando afirmó que esas manifestaciones bolsonaristas eran “una demostración de la democracia”.

Durante la rueda de prensa conjunta, Dino salió en defensa de su colega ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre el rol del jefe de la cartera de Defensa. “El ministro Múcio optó por el camino del diálogo con las instituciones militares y no podemos en modo alguno condenarlo por esa razón. Esos son juicios precipitados que pueden inducir a errores”. Dino concluyó: “Quiero hacer una vehemente defensa de la corrección, la lealtad, la sinceridad del ministro, al mando de una de las áreas más difíciles del Gobierno”.

Investigaciones en curso

Las investigaciones en curso expondrán a la luz en los próximos días asuntos más profundos. La Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) estuvo, y aún está, paralizada, un hecho que pareció contribuir a la falta de previsión sobre la naturaleza de las operaciones bolsonaristas que se avecinaban. Según circula ahora, se sabía que algo podía suceder: Veneziano Vital do Rego, el titular del Senado, habló el sábado con el ahora suspendido gobernador de Brasilia, Ibanéis Rocha, para pedirle que reforzara la custodia del edificio del Congreso. Esa demanda fue ignorada.

“¿Se podría haber hecho algo antes de estos sucesos, para evitar los daños?”, preguntó una periodista durante la rueda con la prensa local e internacional. El ministro Dino se limitó a responder: “Desde la esfera federal no se podía hacer nada. No cabía a la Policía Federal ni a la Policía Federal Caminera hacer patrullar el Distrito Federal. Nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos. Nos reunimos con el Gobierno de Brasilia a quien le correspondía ejecutar la ley. Fue este Gobierno el que falló en su plan, que incluso habíamos acordado previamente. Justo después de ese fracaso, el Gobierno federal estuvo en condiciones de actuar. De ahí el decreto que el presidente Lula leyó el domingo por la tarde y que nos permitió intervenir el área de seguridad de Brasilia”.

Marcelo Godoy, columnista del diario Estado de Sao Paulo, dijo que la acción desplegada en la Plaza de los Tres Poderes, con la ocupación vandálica del Palacio del Planalto, del Congreso y el Tribunal Supremo, tenía como objetivo “provocar un golpe de Estado que derribara al presidente Lula da Silva. Así lo muestran los mensajes divulgados por los organizadores del movimiento”.

Para Godoy, una de las voces más respetadas del periodismo político brasileño, una de las grandes dificultades que afrontará el nuevo Ejecutivo en los próximos días es “la acefalía” en el organismo de inteligencia del Gobierno federal. El funcionamiento de esa dependencia ya había sido puesto bajo la lupa de lo que se llamó el Grupo de Transición, dirigido por el ahora vicepresidente Geraldo Alckmin, durante la transición entre el gobierno saliente y el entrante. Un directivo de la Policía Federal y un especialista en bancos de datos, además de tres agentes de inteligencia, formaban parte de ese grupo. Entre ellos figuraba Bruno Marques, conocido por haber actuado como coordinador general de la ABIN durante los dos años de Gobierno de Michel Temer (tras el impeachment contra Dilma Rousseff).

Ya con Bolsonaro en el poder, Marques continuó en funciones hasta el 2020. Su salida vino cuando el expresidente se enteró que Marques había aportado a la campaña de un candidato del PT, en 2018.

Godoy subraya que el nuevo Gobierno carece todavía de equipo de inteligencia. Afirma que no pudieron ocupar a la fecha los cargos de aquellos directores que fueron exonerados. Según su descripción, en la semana que precedió al asalto de este domingo, la ABIN “era un caos total”, lo que podría explicar la ausencia de prevención contra manifestaciones de la ultraderecha.

Para defenderse de la ineficacia, la Agencia Brasileña de Inteligencia afirma que emitió una alerta el domingo por la mañana, al identificar que las personas acampadas frente al cuartel del Ejército convocaban a otros manifestantes a dirigirse a la sede los Poderes. Uno de los que recibió la advertencia fue el ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que desde hace una semana ejercía funciones de secretario de Seguridad en el Gobierno de Brasilia. Torres está desde finales de la semana pasada en Estados Unidos, donde se reunió con Bolsonaro.

“Sabemos que (los bolsonaristas) fueron financiados, pero no quiénes los financiaron”, dijo el ministro de Justicia. El Gobierno de Lula ya tendría identificados a los sectores de donde habrían salido los fondos para subvencionar a los cientos de manifestantes que se mantuvieron durante más de dos meses en los campamentos.

En ese contexto, la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores divulgó un comunicado sobre los “atentados terroristas y fascistas” ocurridos en la capital brasileña. “El objetivo de los delincuentes era claro: agredir el funcionamiento de las instituciones y, por medio del golpe de Estado, intentar paralizar al Gobierno”. Sugiere que es necesaria una “actuación firme” del Gobierno, especialmente del Ministerio de Defensa, “para garantizar la disciplina y jerarquía de las Fuerzas Armadas”.

El primer acto presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva fue “revocar” un decreto firmado por Jair Bolsonaro que en la práctica liberaba la compra de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas. La nueva resolución suspende el registro de ese tipo de adquisiciones e impide establecer nuevos clubes de tiro, hasta que sea elaborada una nueva ley.

También ha reducido a tres el número de pertrechos en manos de un ciudadano común. Bolsonaro había elevado a seis la cantidad de armas que podía tener un civil. Ha ordenado, por último, que aquellas armas que fueron registradas al amparo del decreto bolsonarista deben volver a ser inscritas en un máximo de 60 días en el Sistema Nacional de Armas.

Consistente con esa prisa, el nuevo presidente de Brasil ha liberado de inmediato el pago de 600 reales a los brasileños que reciben el subsidio “Auxilio Brasil”. Y para evitar fricciones, los próximos dos meses se prorrogará la exención de los impuestos que gravan los combustibles.

En el apartado medioambiental, revocó un decreto que permitía la explotación mineral en tierras indígenas y reactivó el llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega para contribuir con la protección de la selva y que había sido suspendido por decisión de Bolsonaro en 2019.

Otra de las garantías presidenciales que ha entrado en vigencia a partir de este domingo ha sido la restauración de la Ley de Acceso a la Información, que su antecesor había anulado en los hechos, aunque no en lo formal. Lula ha señalado que la ley se vuelve a cumplir “desde este momento”. Se reactivará el Portal Transparencia y, según Lula, “retornarán los controles republicanos para defender el interés público”. 

Lula: “Queremos democracia para siempre”

Luiz Inácio Lula da Silva se emocionó durante su investidura. No fue frente a diputados y senadores, cuando prometió por la Constitución. En la ceremonia del Congreso, el flamante presidente de Brasil se ajustó al derrotero que marca el ritual y pronunció su discurso con precisión, sin interrupciones. Una hora después, ya en el Palacio del Planalto, subió la empinada rampa y recibió la banda presidencial de manos de representantes de movimientos sociales, entre ellos un cacique indígena y una persona trans. Esa rareza, sin precedentes, tuvo una explicación en cierto modo lógica: su antecesor, Jair Bolsonaro, no quiso transferirle el símbolo más vistoso del mandato y optó por viajar a miles de kilómetros para disfrutar de las playas de Orlando, en Estados Unidos. Pero hubo un momento que impactó con fuerza en el corazón del gobernante, que inicia su tercer mandato: fue el momento en que subió al “Parlatorio” para hablar ante las personas que, desde temprano, habían acudido para ver y escuchar a su líder. Fue entonces cuando Lula lloró.

Con una notable claridad, el hombre que fue detenido en abril de 2018 y liberado 19 meses después, sostuvo: “Si estamos aquí, hoy, es gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña y al frente democrático que formamos a lo largo de esta histórica campaña electoral”. Insistió, entonces, que la gran victoria es “de la democracia, que superó la mayor movilización de recursos públicos y privados a favor de las más violentas amenazas contra el voto libre; y la más abyecta campaña de mentiras y de odio”. En ese contexto abogó por la recuperación de los derechos individuales y sociales de su país: “Queremos democracia para siempre”.

Desde muy temprano, y nada menos que en la víspera de año nuevo, un nuevo cántico sorprendió a los vecinos de Brasilia. Por donde fuera, en esta capital se escuchaban los ecos de los gritos de centenares de ciudadanos: “Lula lá”, que traducido significa “Lula en el Palacio del Planalto”. El clamor de los miles de lulistas, que vinieron a esta capital para ver a su ídolo en vivo y en directo, acalló de una vez las voces de los bolsonaristas. Estos han bramado durante dos meses por la “intervención militar” y un golpe de Estado.

El líder saliente, Jair Bolsonaro, decidió desistir de la batalla que mostraba un destino inexorable: la derrota. Y que además ponía en jaque su situación legal, por lo que decidió hacer caso a sus abogados. Ha cogido un avión oficial, que en apariencia todavía le correspondía, y se ha marchado raudamente hacia Florida, Estados Unidos. Poco después del mediodía llegó al aeropuerto de la ciudad de Orlando, el país de Disneylandia, donde lo recibieron algunos simpatizantes. 

Bolsonaro supo que su imagen va a quedar “manchada” con lo que, aceptan todos, fue una huida. Antes de salir corriendo, vía aérea claro, dejó un mensaje atribulado para sus fieles, que lo habían seguido con una lealtad asombrosa. Les dijo: “Es injusto que se enfaden conmigo”. Y agregó: “No imaginan lo difícil que fue quedarme callado durante dos meses, tiempo en el que busqué alternativas”.

Ahora es el turno de Lula, el hombre que estuvo preso entre abril de 2018 y noviembre de 2019, por unas condenas vinculadas al caso Lava Jato que luego se mostrarían “artificiales”. Si al expresidente brasileño que gobernó entre 2003 y 2010 no lo hubieran encarcelado, difícilmente Jair Messias habría conseguido se elegido como el presidente número 38 de su país, hace cuatro años. Hasta entonces, y mientras el nombre de Lula se mantuvo como presidenciable, Bolsonaro no lograba salir del segundo puesto en la guerra electoral. Pero como escribieron los periodistas Aguirre Talento y Bela Magale en el libro “El fin del Lava-Jato”, el caso habría de crear un “escenario de tierra arrasada, de completo descrédito de la política tradicional”. Para los autores, la prisión de Lula trajo entonces las consecuencias conocidas: “Era el ambiente perfecto para el surgimiento de un outsider, una persona que estaba fuera del sistema político tradicional y que se presentaba como la renovación”. 

Según advierten Magale y Talento, “el resultado del Lava Jato fue el ascenso de un viejo político, sin ninguna relevancia en la escena nacional, pero que de repente pasó a canalizar toda la insatisfacción popular con el sistema”. No se puede en consecuencia calificar las últimas horas de Bolsonaro en la presidencia como melancólicas. Su fuga es el resultado lógico de un ex diputado, que pretendió asumir los destinos de su país pero sin mostrar ningún afán por comandarlo.

Este domingo decenas de miles de brasileños procedentes de los cuatro puntos cardinales van a saludar a Lula: para ellos termina una pesadilla, sembrada de espantos ya fuera por la acción u omisión del gobierno saliente. La historia de este período revela el grave daño ocasionado a la salud de la población por su Gobierno, como por ejemplo el ex ministro del área, el general Eduardo Pazuello (quien a partir de ahora pasará a ocupar el cargo de diputado federal, por obra y gracia de los votos de un remanente bolsonarista). Ni hablar del papel jugado por el propio jefe de Estado, para quien tomar la vacuna frente al COVID era equivalente a ponerse dentro de la boca de un yacaré. Fue él quien dijo que esa epidemia, causante de 700.000 muertes en el país, era apenas una “gripecita”.  

Ante el panorama “desolador” en lo económico y social, al presidente Lula da Silva le esperan urgencias inmediatas e impostergables. Las fundamentales: paliar el hambre de más de 30 millones de brasileños, que no comen y lo hacen salteado; garantizar la recomposición del sistema de salud y volver a invertir en un segmento tan indispensable como la educación. Por la habilidad política de ese hombre que ocupará ahora el sillón presidencial, el nuevo gobierno cuenta ya con una ley del Congreso que decidió aprobar recursos para esa misión por una cifra superior a los 35.000 millones de dólares.

Los desafíos, desde luego, abarcan el universo brasileño. Al punto que se precisará recuperar el país de una debacle, inclusive, de las relaciones con el resto del mundo. La expectativa es gigantesca: 60 delegaciones extranjeras estarán en la ceremonia, y 17 de ellas encabezadas por sus presidentes y jefes de gobierno. Por parte de España acuden a la ceremonia el rey Felipe VI, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Entre los sudamericanos, estará Alberto Fernández, quien visitó a Lula en la cárcel cuando estaba en campaña por las presidenciales argentinas. De nada sirvió que el político detenido le aconsejara abstenerse de ese viaje: “Yo le respondí que quería hacerle la visita de cualquier manera, sin pensar en eventuales consecuencias” le comentó Fernández a esta periodista, que lo entrevistó justo a la salida de la prisión.

Habrá otros sudamericanos destacados, como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro. El uruguayo Luis Lacalle Pou incluyó, en la delegación, a otros dos ex presidentes de su país, Julio María Sanguinetti y José María Mujica. Hay que decir, también, que estará la mandataria peruana Dina Boluarte, quien acaba de reemplazar al ex mandatario Pedro Castillo, destituido por un golpe. No se sabe, en cambio, si podrá asistir el venezolano Nicolás Maduro. Ocurre que recién este jueves, Bolsonaro decidió anular la medida que le impedía el ingreso a Brasil.

En la ceremonia en la que recibió su diploma de presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva colocó de nuevo en el escenario nacional la antinomia democracia o barbarie. Durante su discurso, con momentos muy emotivos, destacó que el acto era una auténtica “celebración de la democracia”. Y, entre lágrimas, advirtió: “Pocas veces en la historia de nuestro país la democracia estuvo tan amenazada; jamás en nuestra historia la voluntad popular fue tan colocada a prueba y exigió vencer innumerables obstáculos para finalmente ser oída”. 

En presencia de los once miembros de la Corte Suprema, de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y de más de un centenar de diputados y senadores, el futuro mandatario señaló que “la democracia no nace por generación espontánea. Ella precisa ser sembrada y cultivada con mucho cuidado día a día, para que la cosecha sea generosa para todos”. “Todos los días precisa ser defendida de aquellos que a cualquier costo la quieren sujetar a sus intereses particulares y a las ambiciones de poder”, sostuvo.

Lula estuvo acompañado de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, quien recibió también su título de consagración en el cargo, y más de medio centenar de personalidades, entre quienes se encontraron los futuros ministros ya designados y aquellos que pronto serán nombrados en los puestos de mayor peso. El clima en la sala del Tribunal Superior Electoral (TSE) fue festivo, y los invitados, cerca de 500, cantaron la ya clásica consigna “Lula lá” (en el Palacio del Planalto) y formaron la letra L, con el pulgar y el índice. Una de las autoridades más aplaudidas fue el magistrado Alexandre de Moraes, titular del TSE, que encaró una lucha sin cuartel contra los cuestionamientos “infundados” de los resultados electorales. 

El presidente brasileño resaltó que “felizmente no faltó quien defendiera en este momento tan grave nuestra democracia. Quiero destacar el coraje de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, que enfrentaron toda suerte de ofensas, amenazas y agresiones, para hacer valer la soberanía del voto popular”. Más aún, describió los comicios “no como una elección entre candidatos de partidos políticos con programas diferentes”, sino como “una disputa entre dos visiones del mundo: de un lado, el proyecto de reconstrucción del país, con amplia participación popular. Del otro, un proyecto de destrucción de nuestro país anclado en el poder de una industria de mentiras y calumnias jamás vista”.

Por eso, Lula no vaciló en saludar con emoción a los miembros de la Corte Electoral, “por la firmeza en defensa de la legitimidad del proceso electoral, en estos tiempos tan difíciles” y destacó que su elección fue resultado también del frente armado por una docena de organizaciones partidarias, pertenecientes a un arco tan amplio que circula desde la izquierda a la centroderecha.  

Esta fue una disputa entre dos visiones del mundo: de un lado, el proyecto de reconstrucción del país, con amplia participación popular. Del otro, un proyecto de destrucción de nuestro país anclado en el poder de una industria de mentiras

Lula — Presidente electo de Brasil

El líder brasileño dio un toque especial al proceso político vivido estos año por el país. “Hubo un desmonte de las políticas públicas y de los instrumentos de desarrollo, que llevó adelante en forma sistemática el gobierno (de Jair Bolsonaro)”. En ese sentido, alertó que las amenazas a la democracia no son un fenómeno exclusivo de Brasil. “Por el contrario, enfrenta un inmenso desafío alrededor del planeta, tal vez mayor que en el período de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos como Europa y América Latina, donde los enemigos de la democracia abusan de las manipulaciones y mentiras, en plataformas digitales que actúan de manera absolutamente irresponsable”, dijo.

Para Lula, los “ataques contra la democracia no tienen patria ni frontera. El combate, por lo tanto, precisa ser armado desde una trinchera de gobernanza global, por medio de una legislación internacional más dura”.

Lula volvió a insistir en ese punto: “No fue apenas un hombre que puso en jaque la democracia en nuestro país. Hoy enfrentamos un inmenso desafío alrededor del mundo”.  En un momento de mayor emoción y con la voz quebrada, el sindicalista y dos veces presidente de Brasil, recordó: “Cuando recibí el diploma por primera vez en 2002, pensé en la osadía del pueblo brasileño cuando le concedió el diploma presidencial a alguien tantas veces cuestionado por no tener un título universitario”.

Las “fuerzas de choque” del bolsonarismo, integradas por camioneros y aliados, han abandonado los bloqueos, pero las protestas continúan en el centro de las grandes ciudades: Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Miles de manifestantes, envueltos en banderas brasileñas, se reunieron frente a edificios del Ejército para pedir “intervención federal”, una forma disimulada de exigir alguna acción militar. Hubo, además, un cambio de consignas y de los carteles desapareció cualquier mención específica a Jair Messias Bolsonaro para evitar que el “líder” se vea eventualmente involucrado en algún proceso legal. 

En lugar del apoyo específico al presidente brasileño, se mostraron carteles con el lema “Lula a prisión”. El cambio de orientación fue una orden de los dirigentes bolsonaristas que circuló a través de las redes sociales. Les preocupa el hecho de relacionar al jefe de Estado con “acciones antidemocráticas”. 

Entre los políticos opositores, pero también oficialistas, se interrogaban este miércoles cuánto tiempo podrían prolongarse las movilizaciones callejeras, que cuestionan la legitimidad de los resultados electorales del domingo. Algunas respuestas, como las del intendente de Río de Janeiro Eduardo Paes, un político que se alió con Lula da Silva y que ya fue diputado federal, dan poco tiempo de vida a las manifestaciones: “Estamos viviendo el último suspiro del bolsonarismo, que ni de cerca tiene la mayoría de las personas que votaron a Bolsonaro”, señala Paes.

En su visión, el actual presidente “es un hombre que muestra, en su salida, que es cierto todo aquello que se habló de él: no consigue entender el juego de la democracia”. Más categórica aún es la opinión de que no ve al gobernante “como un líder político de la oposición”. “Dudo incluso que se mantenga por mucho tiempo en el partido que lo albergó como candidato presidencial, el PL”, señaló en una entrevista con la prensa local.

Varios juicios abiertos

Con todo, no es posible ignorar su capacidad para interpretar personajes que lo acerquen con algún carisma a los sectores más populares. “Él es principalmente un altavoz de las frustraciones de parte de la sociedad”. Desde luego, no se puede menospreciar esa capacidad. Pero el mandatario tendrá que cuidar su situación judicial en cuanto termine el mandato el 31 de diciembre próximo: junto con sus hijos es el blanco de varias causas que se tramitan en la Corte Suprema. Según un magistrado citado por el diario O Globo, “Bolsonaro precisa actuar en dos frentes: primero, cuidar personalmente de él y sus hijos por las investigaciones judiciales; luego, preservar su grupo político, que a pesar de derrotado consiguió fortalecerse en estas elecciones”. 

Por otro lado, es clave la actitud asumida por varios de sus aliados más próximos: Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que actuó junto al gobernante, se apresuró el domingo a reconocer la victoria de Lula. Otro tanto hizo el gobernador electo de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, quien fue ministro del gobierno de Bolsonaro. 

A modo de interpretación de lo que ocurrirá en los próximos meses y la capacidad del presidente electo para “unificar” su país, extremadamente polarizado, el carioca Paes sostuvo: “Lula tiene una exacta dimensión de lo que significa su victoria y de la oportunidad que se abre por delante”. Su triunfo es “fruto de un frente muy amplio” de políticos que decidieron apoyarlo convencidos que el dilema social era “democracia o barbarie”.

Esto explica y justifica la frase que se tornó ya reiterativa en el discurso lulista: “Mi gobierno no será del PT [Partido de los Trabajadores]”. De hecho, Lula ha demostrado casi de inmediato que está dispuesto a cumplir con ese principio y ha nombrado a su número dos y antiguo rival, Geraldo Alckmin, para coordinar el proceso de transición entre el gobierno actual y el futuro, tal como lo establece una ley de 2002.

Por otro lado, también ha indicado que el nuevo gobierno no será sin el PT y ha designado para acompañar al vice en esa tarea a dos de sus personas más próximas: el exministro Aloysio Mercadante y la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. Otra figura del partido se hará cargo de negociar con el Congreso algunos cambios en la ley presupuestaria.

Las movilizaciones y bloqueos aún continúan por las rutas brasileñas. En esta ciudad, hace poco menos de una hora, la policía estatal logró desalojar con gases lacrimógenos a los manifestantes del bolsonarismo que mantenían clausurada una de las vías de acceso. Las fuerzas de seguridad indicaron que, dos días y medio después del fin de los comicios, hay todavía 150 localidades brasileñas con autopistas sitiadas. 

En cada uno de los 600 puntos de obstrucción de carreteras, que se verificaron a lo largo y ancho de Brasil entre el lunes y el martes, los manifestantes no pasaban de algunas centenas. No obstante, contaron con la inestimable fuerza de los camioneros, que con sus vehículos pudieron encerrar ómnibus y automóviles en gigantescos embotellamientos.  

Los episodios ponen de relieve que una parte de los 58 millones de votantes de Jair Bolsonaro creen que en el futuro —y con Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil— el país podrá convertirse “en una Venezuela”. Por ello, no dudaron en batallar con convicción por los principios ultraderechistas que todavía intentan imponer el jefe de Estado saliente y sus huestes políticas. Así, su movimiento es “libertario”, religioso y “defensor de la propiedad y la familia”.

Desde luego, ninguna de las manifestaciones de estos días surgió de forma espontánea. Hasta lo admitió ayer la propia Policía Caminera Federal (PRF) en conferencia de prensa. “Hubo una organización estructurada”, dijo la cúpula. Abundan los relatos que testimonian esa preparación previa. “Un manifestante, que ocultaba su rostro con una bandera de Brasil, le avisó al conductor de un ómnibus de larga distancia para que las empresas dejaran enviar sus flotas, ya que los bloqueos irían a intensificarse las próximas horas”, relató un pasajero. “Al lado había otro hombre, también envuelto en una bandera, que dirigía el tránsito como si fuera un policía”, contó.

Los mensajes en Twitter y en WhatsApp fueron los mecanismos predilectos para transmitir órdenes entre los movilizados. Eso se observó, por ejemplo, cuando convocaron a los bolsonaristas a reunirse delante de los cuarteles militares: allí fueron a pedir anoche la “intervención”. Para el presidente Bolsonaro, ese movimiento fue “el fruto de una indignación y sentimiento de injusticia de cómo ocurrió este proceso electoral”, donde los resultados le dieron el triunfo a Lula. En el lenguaje presidencial “las manifestaciones pacíficas son siempre bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, con la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio y el cercenamiento del derecho de ir y venir”. Eso fue lo que dijo sobre los piquetes en las rutas, en su brevísima declaración de dos minutos en el Palacio del Planalto, ayer por la tarde. Vale recordar que con un silencio de dos días, sin admitir su fracaso, incentivó precisamente a los manifestantes a provocar un desorden inédito, que ha llevado a la falta de provisiones en los supermercados, a la cancelación de vuelos y a la permanencia durante horas de pasajeros de ómnibus en las rutas bloqueadas.

El Gobierno brasileño no tiene cómo esconder su participación en estos hechos, que se prolongaron desde el domingo por la noche hasta este miércoles. Directores de la Policía Caminera Federal dijeron el martes que habían identificado vídeos, donde se observó que agentes de la corporación “colaboraban” con los grupos de camioneros bolsonaristas. Uno de los directores, Wendel Benevides Matos, sostuvo que esos casos serán investigados: “No dimos ninguna orden para que cumplieran ese papel. Tendrán que responder sobre lo ocurrido”. Pero, no es posible ocultar que Silvinei Vasques, comandante de la PRF, declaró su voto a Bolsonaro el mismo domingo de los comicios. 

Al mismo tiempo, hubo sectores de extrema derecha de los evangélicos, que convocaron a clausurar autopistas porque esa era “una declaración de guerra”. Así lo reveló un seguimiento de las redes sociales realizado por investigadores.

Como ocurre casi siempre en Brasil, el fútbol también tuvo participación, pero esta vez funcionó en el sentido contrario: una caravana de hinchas del club Corinthians, se desplazó sobre la autopista Dutra, que une São Paulo con Río de Janeiro. Así fueron desmontando los piquetes bolsonaristas y dejaron libre la ruta. Había una razón de fondo: hoy se enfrentan en la ciudad carioca con el Flamengo.

Jair Bolsonaro ha evitado reconocer explícitamente su derrota en las elecciones presidenciales de Brasil pero ha asegurado que pretende cumplir con la Constitución. No ha felicitado, ni siquiera mencionado, a su sucesor: el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Pero sí ha garantizado: como “presidente de la República y como ciudadanos continuaré cumpliendo los mandatos de nuestra constitución”. Inmediatamente después, el gobierno brasileño anunció que dará inicio a la transición.

El todavía presidente del país ha justificado las protestas de sus seguidores, que este martes han bloqueado los puntos de acceso del país para mostrar su disconformidad con los resultados de los comicios. “Los actuales movimientos son fruto de la indignación y sentimiento de injusticia del procedimiento electoral”, ha asegurado en su primera rueda de prensa tras la derrota.

El domingo ganó el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, por una ventaja de prácticamente dos puntos porcentuales: con un 50,9% de los votos, frente al 49,1%, y desde entonces el ultraderechista no había roto su silencio, ni en redes sociales, ni a través de la prensa. Bolsonaro ha hecho esperar un buen rato a periodistas, funcionarios y ministros, en el Palacio de Planalto, y finalmente este martes ha pronunciado un brevísimo discurso en el que ha criticado a la izquierda y ha asegurado que los “valores” de sus seguidores siguen todavía “fuertes”.

 “Siempre he sido rotulado como antidemocrático”, ha continuado Bolsonaro en su discurso, “pero siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución” ha asegurado, para añadir que seguirá “cumpliendo” con los mandatos de la Carta Magna brasileña.

Tras el mensaje del presidente, Ciro Nogueira, ministro de la Casa Civil, confirmó que el gobierno cumplirá con la ley de transición. “Cuando se convoque con base en la ley, vamos a iniciar el proceso y la transición”, ha agregado. “Esperaremos a que esto se formalice para cumplir con la ley en nuestro país”.

Quienes sí se habían pronunciado eran los aliados de Bolsonaro, que han bloqueado a lo largo de este martes los accesos a las principales carreteras del país. El Supremo Tribunal Federal -equivalente al Tribunal Constitucional- ha exigido a la Policía Federal de Rutas (PRF) y a las policías militares de los diferentes estados del país que intervengan de manera urgente para poder liberar las rutas bloqueadas por los camioneros.

Sobre estas protestas, Bolsonaro ha indicado que toda “manifestación pacífica” será “bienvenida”, a pesar de que los manifestantes han bloqueado las vías de acceso a las principales ciudades del país, también a aeropuertos como el de Sao Paulo, lo que ha provocado la cancelación de vuelos al país.

Al igual que Bolsonaro, no han hecho mención alguna a los resultados de los comicios dos de sus hijos que se dedican a la política. Como su padre, suelen ser activos en las redes sociales, pero tras la victoria de Lula han desaparecido completamente. Sí lo ha hecho el senador Flavio Bolsonaro. En un mensaje en Twitter, ha agradecido a quienes ayudaron “a rescatar el patriotismo” y votaron al actual mandatario. “¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil! Dios a cargo!”, ha zanjado.

El Supremo Tribunal Federal -equivalente al Tribunal Constitucional- exigió a la Policía Federal de Rutas (PRF) y a las policías militares de los estados brasileños que intervengan en forma urgente para liberar las rutas bloqueadas por los camioneros brasileños, movilizados en apoyo del presidente Jair Messias Bolsonaro. Los manifestantes obstruyen las principales autopistas de ingreso a las capitales del país y han generado dificultades en los accesos a los grandes aeropuertos, con la consiguiente cancelación de numerosos vuelos domésticos e internacionales. 

Mientras tanto, el todavía jefe de Estado continúa sin dar señales respecto de su pronunciamiento para reconocer la victoria de su adversario, Luiz Inácio Lula da Silva, ya consagrado como presidente electo. La Secretaría de Comunicación ha anticipado que no hay horario previsto para ese mensaje, exactamente un día y medio después del cierre de las urnas. Según informaciones procedentes de la casa de Gobierno en Brasilia, Bolsonaro debe mantener durante el día diversas citas con altos mandos militares; esta mañana ya estuvo reunido con comandante de la Aeronáutica, brigadier Carlos de Almeida Baptista; donde abordaron temas de “seguridad pública”.

La movilización de estas bases bolsonaristas, que impacta en 20 estados brasileños, es una réplica a los resultados de las elecciones del domingo, y tiene como principal consigna el “impedir que el comunismo llegue al poder”. La medida adoptada hoy por la Corte apunta, además, contra el director general de la Policía Federal caminera, Silvinei Vasques, un “bolsonarista” confeso. Fija contra el funcionario el pago de una multa de 20.000 dólares por hora, a partir de hoy a medianoche, en caso de incumplimiento del mandato. Prevé, además, su exoneración y su prisión por “desobediencia”. 

La mayoría de la Corte Suprema respaldó, esta mañana, la decisión que había tomado ayer lunes el magistrado Alexandre de Moraes, al autorizar el uso de tropas de las policías militares (provinciales) para “desobstruir de inmediato todas las vías públicas que ilegalmente tengan interrumpido el tránsito”. En su sentencia, Moraes indica que “hay un nítido delito de abuso del derecho constitucional de reunión. La acción (de los camioneros) acarrea un impacto desproporcionado e intolerable para la sociedad, que depende del funcionamiento pleno de las cadenas de distribución de productos y servicios”.

La resolución adoptada por el STF intenta desmontar un escenario de creciente tensión originado desde el propio jefe de Planalto, que persiste en silenciar su fracaso en los comicios. Moraes indicó que los “paros ilegales” de los camioneros, con incendios de barricadas, colocan “en riesgo la seguridad pública en todo el territorio nacional” por medio de delitos “contra las instituciones democráticas”.

Las manifestaciones en la autopista Marginal Tieté, una de las vías que conduce hacia el aeropuerto de Guarulhos, a 35 kilómetros de la capital paulista, obligó a las autoridades aeroportuarias a suspender 25 vuelos. Hasta ahora, en todo el país fueron cancelados 40 vuelos por esa causa.  La Policía Federal que controla las rutas nacionales, acaba de informar que se mantienen 220 puntos con piquetes al tránsito, en todo el país. La dirección de ese organismo policial afirma que los agentes actúan desde ayer para desmantelar los bloqueos. “En cuanto surgieron las primeras dificultades, la PF tomó todas las providencias para garantizar el retorno a la normalidad del flujo. Sus agentes fueron a los locales para negociar la liberación de rutas y autopistas” indica esta fuerza de seguridad.

Pero hasta ahora, la acción de las fuerzas de seguridad ha tenido un efecto muy limitado. 

El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, Joao Galassi, se dirigió al presidente Jair Bolsonaro para pedirle que intervenga en lo que se preanuncia como una rápida escasez de alimentos. “Ya comenzamos a enfrentar” esa situación declaró.

El panorama político continúa incierto en Brasil. Mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota en los comicios del domingo, en los que ganó Lula Da Silva, las manifestaciones de los camioneros brasileños en apoyo crearon ya un problema grave en el transporte aéreo de pasajeros.

Un grupo de ellos bloqueó la autopista Marginal Tieté, una de las vías que conduce hacia el aeropuerto internacional de Guarulhos, municipio vecino a la capital paulista. Y por esa causa fueron suspendidos 40 vuelos. Esa movilización de las bases bolsonaristas, contra los resultados de las elecciones del domingo, tienen como principal consigna “impedir que el comunismo llegue al poder”.

Este martes por la mañana la Policía Federal que controla las rutas nacionales, reveló que hay 183 puntos en todo el país con interrupciones de tránsito. La dirección de ese organismo policial afirma que actuó para desmantelar los bloqueos. “Desde ayer, cuando surgieron las primeras dificultades, la PF tomó todas las providencias para garantizar el retorno a la normalidad del flujo. Sus agentes fueron a los locales para negociar la liberación de rutas y autopistas”.

Hasta ahora, la acción de las fuerzas de seguridad no tuvo efecto alguno. El presidente de la Asociación Brasileña de Supermercados, Joao Galassi, se dirigió al presidente Jair Bolsonaro para pedirle que intervenga en lo que se preanuncia como una rápida escasez de alimentos. “Ya comenzamos a enfrentar” esa situación declaró.

En Argentina, los vuelos que debían llegar esta mañana desde Brasil aparecían demorados, tanto los arribos para el Aeroparque metropolitano como al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

EG/MG

“En estas elecciones no tenga dudas: vote a Lula, porque él va a mejorar su vida”. Esta convocatoria fue pronunciada hace cinco días por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, jefe histórico del Partido de la Socialdemocracia de Brasil. Tal vez haya quienes se sorprendan por el tono asertivo de un exmandatario que compitió con Luiz Inácio Lula da Silva y triunfó, primero en 1994 y después en 1998.

En esa línea, la posición de José Serra, exministro de Cardoso y excanciller de Michel Temer, también podría resultar desconcertante: figuró entre las primeras personalidades en dar su aval al actual candidato del Partido de los Trabajadores (PT). Y eso a pesar de haber rivalizado con él nada menos que en 2002.

Y ¿por qué no hablar de Geraldo Alckmin? Varias veces gobernador del estado de San Pablo, este político tucano fue quien desafió a Lula en las presidenciales de 2006. Pero ahora es su aliado más estrecho y ocupará la vicepresidencia de su país. 

El ascenso de Bolsonaro

Algunos hilos de esta historia deben buscarse en la última década; particularmente en aquellas manifestaciones estudiantiles, que comenzaron en 2013 en la célebre avenida Paulista, contra la entonces presidenta Dilma Rousseff. Desde fines de 2014 en adelante, aquellas primeras expresiones derivaron en movilizaciones gigantescas contra su Gobierno; cuyo punto final fue el impeachment parlamentario que la derribó en 2016.

El vicepresidente Temer asumió el cargo en su lugar y colocó, en puestos claves, figuras de la socialdemocracia cardosista. La expectativa era retornar al poder en las elecciones de 2018. No imaginaron, entonces, que aquel proceso de años contra Lula y el PT, a quienes acusaron de actos de corrupción, de robo de fondos públicos, de destrucción de la empresa estatal Petrobras, entre otras cosas, terminaría con la victoria de un outsider, el actual presidente Jair Bolsonaro. 

A partir de ese momento, con el líder petista en la prisión, el imaginario bolsonarista se impuso sobre las concepciones del centro y la derecha tradicionales. Formado según el guion del neofascismo, por los mismos que dieron letra al estadounidense Donald Trump, Bolsonaro logró desplazar y hundir en el anonimato aquella fuerza socialdemócrata de centro, que había crecido y prosperado desde 1994 en adelante. 

El Partido de la Socialdemocracia de Brasil intentó recuperar protagonismo cuando Bolsonaro llevaba un año y cuatro meses al mando del Poder Ejecutivo. En abril de 2020, buscó con desesperación el impeachment del actual presidente. Pero esta vez el Parlamento, que se encontraba en una negociación confortable con el presidente, decidió bloquear cualquier intento de destitución. Para los tucanos sobrevinieron tiempos tristes. En las elecciones de medio mandato, perdieron muchos intendentes y concejales. Y en estos comicios, mostraron un notable retroceso en cuanto al número de diputados y senadores. 

“No será un gobierno del Partido de los Trabajadores”

Fue entonces cuando los líderes históricos del Partido de la Socialdemocracia de Brasil percibieron que el único político en condiciones de enfrentarse y ganar a Bolsonaro era Lula da Silva. Y allí comenzaron a “trenzar”. A la vez, el actual candidato sabía que tendría dificultades para triunfar, sobre el oponente ultraderechista, a menos que contara con un frente muy amplio. El plan de presentarse con diez agrupaciones de centro y un vicepresidente nombrado por ellos surgió de las reuniones que mantuvieron Lula y Cardoso en los primeros meses de 2021. Se entiende así que Lula insista, ahora, en un tema clave: “Nuestro gobierno no será un gobierno del Partido de los Trabajadores”. 

De este modo busca calmar a sus nuevos socios, que se desesperan por el retorno a la “política grande”. El establishment, desde luego, está detrás de ese proyecto; y ya pide a Lula respuestas específicas.

“Tiene que decir cómo va a reorganizar el Presupuesto de 2023 después de la farra fiscal electoralista del bolsonarismo. Sin esa respuesta, el cambio no se estabilizará y será mucho más difícil reducir la inflación y la tasa de interés”, dijo Gustavo Franco, expresidente del Banco Central en los gobiernos de Cardoso. En la misma línea se pronunció otro reconocido miembro de los dueños del poder económico, el también ex presidente del BCB, Persio Arida. Para ellos, está en juego en principio “construir una regla fiscal creíble”.

Es lo que vendrá en los dos meses que faltan para terminar el azaroso 2022: Lula tendrá que negociar a diestra y siniestra. El dirigente dice: “Esto lo sé hacer muy bien”. Habrá que confiar en sus fuerzas para imponer, en ese contexto, sus planes contra el desempleo, el hambre, el desamparo y el colapso medioambiental.

“No sé cuál es el estado psicológico del presidente, pero hay incompetencias de parte de su equipo. Creo que están un poco desesperados al percibir que tienen posibilidades de perder las elecciones”, dijo este jueves Luiz Inácio Lula da Silva, durante una de las últimas entrevistas concedidas a diarios y emisoras de radio de Brasilia antes de las elecciones del domingo. “Él encarga y estudia las encuestas y sabe que va a perder”, apuntó.

El líder del Partido de los Trabajadores, que se presenta para volver al poder, achacó el nerviosismo del presidente actual, Jair Messias Bolsonaro, al último episodio protagonizado por su cuartel general, que presentó una demanda al Tribunal Superior Electoral (TSE) por “irregularidades” en las transmisiones de radio y televisivas obligatorias y gratuitas de propaganda electoral. Para Bolsonaro, ese trato desigual podrá tener repercusiones en los votos recibidos por cada uno. Y ese hecho justificaría una suspensión temporal del escrutinio. 

La idea de suspender las elecciones marca la incertidumbre con la que se llega a la segunda vuelta por la presidencia de Brasil. Incertidumbre y ansiedad en las vísperas de unas elecciones decisivas y que marcarán el futuro del país más grande de América del Sur. 

Las encuestas dan como ganador a Lula. Pero la última, publicada por Datafolha, indica un margen más ajustado que en anteriores sondeos para un posible victoria del expresidente: un 49% de intención de voto para Lula y un 45%, para Bolsonaro.

¿Una tercera vuelta?

Más allá de los modelos económicos en pugna, de la violencia diaria, de la inflación, del desempleo, de la pobreza y del futuro de la Amazonia, lo que está en juego es la democracia. Este domingo, más de 150 millones de personas votarán entre dos opciones muy diferentes. Una es una alianza socialdemócrata que rodea a Lula da Silva con sectores políticos que incluso fueron adversarios en otros tiempos. Por otro lado, una extrema derecha encabezada por Bolsonaro con simpatías claras por los regímenes militares y que hizo de la crueldad una marca. Solo hace falta recordar cómo el actual presidente durante la pandemia se burlaba imitando en público a quienes morían asfixiados por falta de oxígeno por la COVID-19.

Por eso, hay pocas elecciones como estas en términos de lo que se juega. De ahí también la duda sobre qué hará el actual presidente ante una posible derrota. En el último tramo de campaña, Bolsonaro pidió a la justicia electoral que investigara el caso de las irregularidades en las publicidades electorales. El magistrado Alexandre de Moraes, presidente del TSE, rechazó la solicitud. Y este miércoles, todos los jueces de esa instancia respaldaron la resolución. 

Los analistas políticos sugieren que Bolsonaro trata de encontrar, estos días, un elemento que le permita revertir la ventaja de su oponente. Apostaría así a crear las condiciones de lo que la prensa ha definido aquí como “una tercera vuelta”. Sería algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Trump asaltaron el Capitolio durante la certificación formal de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. 

El expresidente Lula da Silva ante la inestabilidad que representa su adversario, se presenta como la posibilidad de un Gobierno predecible, algo que logró en su anterior mandato. Con la educación como pilar central y la no discriminación en el acceso al sistema educativo de los más vulnerables como motor de una movilidad social que sacó a millones de la pobreza. 

“Por su cuenta y riesgo”

Ante los intentos de una tercera vuelta, son los aliados de Bolsonaro quienes aluden a la “inutilidad” de ese tipo de acciones. Señalan que el actual presidente no sólo no consiguió algo “bueno” para conquistar más espacio, sino que su campaña está manchada “con acontecimientos muy negativos”. Como, por ejemplo, lo ocurrido el pasado domingo, cuando el ex parlamentario Roberto Jefferson, un aliado íntimo, se enfrentó con ráfagas de ametralladora y granadas de mano a una patrulla de la Policía Federal que fue a detenerlo por atentar contra el orden democrático. 

Es esa percepción la que llevó a los políticos asociados a su campaña a pedirle al presidente que frene sus actitudes de cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones. Esta nueva crisis entre el Poder Ejecutivo y los máximos niveles de la Justicia fue interpretada por la Corte como un “factor creado artificialmente” con el objetivo de favorecer la impugnación de los resultados del domingo, en caso de derrota del mandatario. El abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, indicó al diario Folha de Sao Paulo que todavía estudia “posibles nuevas medidas” al respecto, pero “desde un punto de vista estrictamente jurídico”. 

No obstante, el gobernante no cuenta con el apoyo de todos sus aliados. Muchos de ellos, como el presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira, le pidieron que desista de crear situaciones de ruptura: “Si Bolsonaro apuesta a pedir el atraso de la segunda vuelta, será por su cuenta y riesgo”.

En estas horas que quedan de campaña, crece la sensación de derrota inminente entre los partidarios de Bolsonaro. Lula, que presidió el país entre 2003 y 2010, obtuvo el miércoles un respaldo fuerte del también expresidente Fernando Henrique Cardoso. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el fundador del Partido Socialdemócrata de Brasil pidió: “Amigos y amigas, ustedes que mejoraron su vida con el Plan Real y cree en Brasil, vote en el número 13 (el de Lula)”. Estas son las circunstancias que rodean unas elecciones trascendentales para Brasil y también para América Latina.