Luisa Ferrer, una anciana de casi 90 años, señaló la televisión donde se estaba emitiendo un documental sobre la Maternidad de Elna, la institución francesa que ayudó a parir a centenares de madres refugiadas de la Guerra Civil y exclamó: “¡Yo estuve allí!”. Era la primera vez que algún miembro de la familia Ferrer Casulleras rompía el silencio sobre su pasado. Tuvieron que pasar casi 80 años.

“Rápidamente, se giró, cogió el álbum de fotos familiares y me enseñó una fotografía de su madre y sus hermanas delante de la puerta de la cocina de la institución francesa”, cuenta Marc Solanes, el nieto de Luisa, sobre la conversación que tuvo con su abuela una fría tarde de invierno de 2017 y que le permitió conocer la historia de su familia enterrada por el trauma de la Guerra Civil.

En ese momento, Solanes estaba inmerso en el trabajo final del máster de Periodismo Literario y, tras la confesión de su abuela, no dudó en empezar a reconstruir un puzle familiar escondido durante ocho décadas. “¿Sería verdad lo que cuenta mi abuela? ¿Cómo podía ser que hubiesen vivido en Elna si sólo aceptaban a mujeres embarazadas? ¿No eran demasiado mayores para haber nacido allí? Todo eran dudas”, expresa. 

Luisa era la tercera de cuatro hermanas, hijas del matrimonio entre María Ferrer Ferrer y Pere Casulleras Sitjas. Su historia ha sido plasmada en el libro Las niñas de Elna (Editorial Pol·len, 2023). Con un relato que alterna escenas de los años 30 y de la actualidad, trenzadas por el sabor agridulce producido por la euforia de los pequeños avances y el dolor del recuerdo, el autor hurga en sus raíces para reconstruir la historia perdida de su familia, y, en especial, la de su bisabuela, María Ferrer Ferrer. 

“Satisfactorio, pero también muy doloroso”. Así es como define Marc Solanes, escritor y periodista, un proceso de investigación y de edición que duró más de cuatro años. “Cada día que pasaba era una cuenta atrás porque cuánto más tiempo pasaba, mayor se hacía la gente y menos quería hablar”, explica el autor. 

Romper el silencio

Madre de cuatro niñas, sombrerera de profesión y militante comunista, durante la Guerra Civil María Ferrer dejó a sus hijas en casa y se fue a luchar contra el fascismo en el frente de Aragón. En la retaguardia, las mujeres se dedicaban a tareas de cuidado de enfermos, niños, ancianos, intendencia y la educación en las escuelas. “Estaba convencida de que volvería a casa. Quizás esa fuera la única manera de convencerse de que hacía lo correcto”, relata el autor en el libro. 

María Ferrer Ferrer es la verdadera protagonista de esta historia. “Era muy zalamera, María”, coinciden la mayoría de sus familiares. Siempre estaba para arriba y para abajo. Cuando se instalaron en Lleida, empezó a trabajar en un taller improvisado en casa donde confeccionaba sombreros. “Por entonces apenas tenía veintiún años, pero irradiaba un empoderamiento impropio de una mujer de principios del siglo pasado”, relata el autor.

“María siempre llegaba tarde a casa”, explica su cuñada Neus, quien se encargaba de las niñas cuando ella no estaba. Siempre le había gustado la política, pero durante esos años se involucró aún más y participó en reuniones organizadas por grupos de izquierdas en los sótanos de algunos bares de la ciudad. Así fue como empezaron sus viajes hasta la primera línea de combate.

“Luchaba, sobre todo, por sus hijas”, confiesa Solanes. “Estaba convencida de que volvería a casa. Quizás esa fuera la única manera de convencerse de que hacía lo correcto”, añade. Tras abandonar la Maternidad en diciembre de 1940, María acabaría muriendo en el Hospital Provincial de Zaragoza de un shock cardiorrespiratorio durante una intervención médica.

Ni siquiera sus hijas recuerdan qué cara tenía. Teresa, la hija mayor, se negaba a hablar de su pasado y Núria, la más pequeña, siempre se refería a su madre como “la mujer que nació debajo de una col” por el completo desconocimiento sobre sus orígenes y los nulos recuerdos de su infancia.

Cuando María se marchó, Teresa se hizo cargo de sus hermanas. “Fuimos dando tumbos entre familiares de mi padre por toda Catalunya”, explica la pequeña. A finales de la guerra y con el territorio a manos de los franquistas, huyeron y atravesaron la frontera para entrar en el campo de Argelès. “De todo aquello no puedo acordarme mucho. O quizás es que no quiero”, confiesa Teresa a lo largo del relato. Pocos días después, las recogió un autobús y las llevó a Elna. “Era una casa preciosa, con un terreno inmenso. En esa casa todo iba bien. Fue muy bonito”, añade. 

“Siempre habíamos vivido en el decoro de hablar poco de mis abuelos o bisabuelos”, asegura el autor. Tampoco sus padres tenían apenas constancia de todos estos hechos. Los únicos indicios a los que podía aferrarse eran una foto familiar delante de la puerta de la cocina de la Maternidad y el recuerdo nublado de tres mujeres de entre 80 y 90 años. 

El libro es, según el autor, la reivindicación de la verdadera memoria histórica. Es una historia de supervivencia, pero, sobre todo, la recuperación de la figura de una mujer avanzada a su tiempo. “Las hijas de María siempre habían avalado la historia de una madre que antepuso sus ideales políticos al cuidado de la familia”, confiesa el periodista. “Necesitaba hacer justicia y decir alto y claro que María no tuvo ninguna culpa de actuar cómo lo hizo”, añade con convicción. 

Cinco años después, Marc Solanes ha conseguido encontrar sus raíces y colocar la última pieza de un rompecabezas familiar que parecía que nunca iba a encajar. Ahora, emocionado, confiesa: “Me he dado cuenta que a veces no es que la gente no quiera contarte algo doloroso de su pasado, simplemente hay cosas que se olvidan para poder sobrevivir”. 

La papelería Hija de J. Batlle Horta es un negocio de Barcelona de toda la vida. El comercio abrió en 1917 como una pequeña fábrica de libros de contabilidad y en 1925 se trasladó a donde está ahora, en Via Laietana, la concurrida calle que atraviesa el distrito céntrico de Ciutat Vella. La propietaria, Isabel Devant, es la quinta y última generación al frente del negocio. Ahora, con 61 años, ha decidido jubilarse, por lo que, después de casi un siglo, la papelería cerró este viernes 30 de junio.

Las últimas semanas, el escaparate estaba lleno de carteles amarillos que avisaban de “liquidación por jubilación”, algo que no ha pasado desapercibido entre la clientela del barrio. Lápices de colores, rotuladores, bolígrafos, cuadernos, cartulinas… Todo al 50%. Los propietarios han vendido hasta el 80% del stock de la tienda y en el almacén ya no queda casi nada. “El material restante lo daremos a una ONG para que lo entregue a la gente y las escuelas que lo necesiten”, cuenta la propietaria. 

El negocio no tiene relevo generacional, por lo que Devant y su marido, Josep Bramón, muy a su pesar, han decidido poner el local en alquiler. “Soy contraria a vender, me costó mucho comprarlo y no quiero deshacerme de él”, explica Devant. Aun así, no quieren que en el establecimiento se instale un negocio cualquiera, mucho menos uno enfocado al turismo como abundan en toda la zona. Después de estudiar diferentes opciones, la papelería se convertirá en una zapatería italiana. “Aunque gane menos dinero, cuando pase por delante de la papelería, no habrá ningún negocio relacionado con el turismo”, celebra.

Con todo, Hija de J. Batlle Horta se suma esta semana a la lista de comercios centenarios desaparecidos de la ciudad, como la reciente mercería Casa Gallofré, del barrio del Eixample. La familia ha recibido ofertas muy atractivas por parte de supermercados de veinticuatro horas, tiendas de ropa, de productos derivados del cannabis y salas de manicura. “Me ofrecían unos 5.000 euros al mes por el alquiler”, confiesa Devant. “La gente no es tonta y sabe que un local aquí tiene muy buen rendimiento”, añade. Pero, a pesar de la alta cifra, la propietaria de este local histórico y familiar, no quiere rendirse y ha decidido mantener, aunque sea un poco, la esencia de esta calle barcelonesa.

Devant reconoce que hay cierta preocupación entre los comercios tradicionales por los gastos y el precio de alquiler que tienen que pagar cada mes. “Una venta en nuestra papelería puede ser de un 1,15 euros o 1,20 y con esto no te haces millonario, vas viviendo el día a día”, aclara la propietaria. A pesar de esto, Devant espera con ganas la nueva etapa que está a punto de empezar: “Lo dejamos aquí y ¡a vivir, que también nos toca!”.

“El comercio da identidad y Barcelona la está perdiendo”

La Via Laietana está actualmente en plena transformación. Inmersa en unas obras legado del gobierno encabezado por Ada Colau, va camino de ser una calle más pacificada y con menos carriles de coche. Pero sea como sea, mantener la esencia del comercio tradicional en el centro turístico de la capital barcelonesa es ir a contracorriente. “Estoy harta del turismo y no me gustan los negocios que venden toros y sevillanas como si eso nos representara”, apunta la propietaria con indignación.  

Las palabras de Devant son una descripción fidedigna del centro de Barcelona, sobre todo las zonas del barrio Gótico y el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Las calles estrechas entre la basílica de Santa Maria del Mar y la catedral de Barcelona están llenas de tiendas de souvenirs, restaurantes exclusivos con terrazas al sol y muchos turistas. Sobre todo, turistas. Estos utilizan la via Laietana como calle de paso para llegar al casco histórico o incluso a la playa y aprovechan el trayecto para hacer fotos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como, por ejemplo, el Palau de la Música Catalana, situado a escasos metros de la papelería.

Isabel Devant no está nada satisfecha con la gestión del Ayuntamiento. La propietaria cree que es inevitable que los comercios centenarios cierren porque dice que no se ha hecho nada para impedirlo. “Se ha premiado a los negocios turísticos que cuentan con todas las facilidades del mundo a la hora de solicitar las licencias”, afirma desde el mostrador de la tienda. De hecho, la propietaria del negocio histórico cree que si todos los establecimientos se convierten en supermercados exprés o tiendas para extranjeros la ciudad será indistinguible de cualquier otra. “El comercio local da identidad a una ciudad y Barcelona está perdiendo su esencia”, lamenta. 

El día oscurece y la gente del pueblo se prepara para una de las noches más mágicas del año. La imagen es sobrecogedora: un río de fuego desciende lentamente en zigzag por la ladera desde lo alto de la montaña; como si de una serpiente dorada se tratara.

El pueblo de Durro, un municipio del Pirineo catalán de alrededor de 90 habitantes, es el primero de la Vall de Boí en celebrar la bajada de Fallas, coincidiendo con la festividad de Sant Quirc y Santa Julita, las fiestas mayores del pueblo. La siguiente es en Boí, justo la noche de San Juan. Y a éste le siguen los pueblos de Barruera, Erill la Vall, Taüll y el Pla de l’Ermita.

La fiesta, que es Patrimonio de la Humanidad, se celebra en más de 60 localidades esparcidas en todo los valles y las montañas desde el Pirineo catalán al aragonés, pasando por Francia y Andorra. Consiste en descender del monte con antorchas hechas de madera resinosa a hombros. Con distintas particularidades a la hora de confeccionar las fallas, pero con el fuego como elemento común.

A poca distancia del pueblo de Durro, siguiendo un quilómetro y medio por la carretera, se llega a la ermita de Sant Quirc, una de las iglesias románicas de la Vall reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO el año 2000. 

Unos días antes de la celebración, la gente del pueblo planta el faro delante de la ermita de Sant Quirc, un punto visible desde el municipio. El faro es un árbol que se enciende minutos antes de la bajada y que marca el comienzo del descenso. Ese mismo día, los falleros cenan en la montaña alrededor del faro hasta el momento de bajar. 

A las 11 de la noche, los jóvenes cargan las fallas a hombros y bajan caminando hasta el pueblo. Una vez llegan a la plaza, los falleros dan tres vueltas al pueblo corriendo y amontonan las antorchas que acaban ardiendo en una gran hoguera. Allí la gente los recibe con música hasta la salida del sol. 

El gran momento es esa noche aunque la celebración empieza unos días antes con la construcción de las fallas (del latín ‘facula’, antorcha). “Montar una falla es como montar un puzle, pero las piezas te las haces tu”, cuenta Quim Visen, vecino joven de Durro. 

La tradición ancestral cuenta que, días antes de la bajada, hay que ir a buscar la madera de pino al bosque, cortarla y quitarle la corteza. De ahí se obtiene la tea, la parte interior del pino impregnada con resina que hace que queme fácilmente. “Una vez tienes todas las piezas, se sujetan a un palo de fresno o avellano con clavos y alambre creando un tipo de antorcha”, explica mientras nos enseña la falla que se ha preparado para este año. 

Desde la pandemia, cada vecino se construye su falla, pero antes se hacía de forma conjunta en la plaza del pueblo. “Antes, el día 13 de junio celebrábamos la festividad de San Antonio de Padua y aprovechábamos que no se podía trabajar la tierra para construir las fallas”, cuenta Josep Maria, vecino del pueblo de toda la vida conocido como “el Aiguana”. 

Un sentimiento 

En el mundo rural las fiestas populares están íntimamente ligadas a los ciclos agrarios y solares. Las fallas es una fiesta de orígenes paganos que celebra el solsticio de verano y la llegada del buen tiempo. La simbología de la tradición apela al hecho de arrancar el fuego de la montaña, como símbolo principal del sol, y bajarlo hasta el pueblo para purificarlo, ahuyentando a los malos espíritus.  

“Lo vivo mucho”, confiesa Dolors Farré, vecina del pueblo. “Cuando encienden el faro y tocan las campanas se me hace un nudo en la garganta de emoción y de nostalgia por el recuerdo de los antepasados”.  

La tradición va pasando de generación en generación, pero para los jóvenes siempre es muy especial: “Lo vives con mucha ilusión y te hace sentir orgulloso de vivir aquí”, explica Quim emocionado. “Cuando tenía 11 meses bajé mi primera falla, una muy chiquitita, y desde ese momento hasta ahora”. 

Después de tantos años de tradición, Farré reconoce que, aunque la fiesta ha cambiado mucho, no pierde su esencia. “Hubo muchos años que las mujeres no podían participar, pero hace 10 años que unas mujeres valientes lo retomaron”, recuerda. “Ha sido una lucha constante”. 

Unas fiestas transfronterizas

Ya es 16 de junio y nos encontramos en los Pirineo catalán. El día amanece tranquilo con la paz y el silencio habitual que transmite un pueblo de alta montaña. Los pájaros cantan mientras los vecinos abren las contraventanas de madera y dejan entrar los primeros rayos de sol. 

El campanario toca las 11 de la mañana. Llegan dos minibuses cargados de gente, la mayoría son extranjeros. Ahora, el canto de los pájaros es sustituido por un murmullo de gente hablando. Durante todo el día no dejan de subir taxis cargados de gente que viene a ver la fiesta de las Fallas. Las calles se llenan y en el único bar del pueblo no cabe ni un alfiler. 

La tradición cada vez llama a más turistas. Además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, este año celebran su octavo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. Con el título “Las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos: Fallas, Haros y Brandons”, esta tradición fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO el 1 de diciembre de 2015. 

Dicen que las tradiciones solo se mantienen vivas si las celebran año tras año y es que en Durro no se ha dejado de celebrar nunca. “Durante la Guerra Civil, el año 1939, los falleros de Durro se escondieron en las montañas y bajaron a las 4 de la mañana”, revela Josep Maria. Al final, aquello que hace que la fiesta se mantenga es que la gente pueda disfrutar de su pueblo con su gente. “Biológicamente diré una incorrección, pero parece que la celebración y la ilusión de esta fiesta esté en el ADN de la gente de aquí”, reconoce Farré. 

La exacaldesa de Vic y vicepresidenta de Junts, Anna Erra, se ha convertido este viernes en la nueva presidenta del Parlament, en sustitución de Laura Borràs, que perdió su escaño tras su condena por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo. Erra ha recibido los votos de ERC además de los de su propio partido, que le han servido para imponerse al resto de candidatos, en una votación que, en segunda ronda, solo requiere de mayoría simple. La segunda más votada ha sido la candidata socialista, Assumpta Escarp.

Con esta votación se acaba un periodo de provisionalidad de prácticamente 11 meses, desde que el Parlament suspendiese a Borràs de sus funciones por su procesamiento en un caso de corrupción. Durante este tiempo la vicepresidenta Alba Verges (ERC) asumió las funciones de dirección del Legislativo.

En su primera intervención ante el pleno, la nueva presidenta se ha referido a la judicialización que ha impactado en la Cámara en los últimos años y se ha referido en especial a su antecesora, Laura Borràs. “Recibo este encargo en unas circunstancias políticas nada habituales. En una democracia plena, este Parlament no habrá sufrido las interferencias judiciales que se ha sufrido, lo ultima retirar el escaño a Laura Borràs. Mi presidencia parte de una anomalía democrática con la que debemos acabar”, ha dicho.+

En este sentido, Erra se ha comprometido a restituir a Borràs al frente de la Cámara si la justicia llegase a revertir la sentencia condenatoria por corrupción que Borràs recibió en primera instancia. Además, la nueva presidenta ha asegurado que el Parlament mantiene aún normas contrarias a la presunción de inocencia, en referencia al artículo que obliga a suspender a diputados procesados por corrupción. Un precepto que, según ha indicado, Erra tratará de borrar del reglamento de la Cámara, como ya lo intentó Borràs.

La nueva presidenta, cercana a Jordi Turull y, por tanto, contraría al sector unilateralista, ha accedido al cargo tras meses en los que su partido se resistía a elegir una sustituta para Borràs. Pero finalmente, una vez la ya expresidenta perdió definitivamente el escaño, en Junts se impuso la opinión de que no podían quedarse sin el segundo cargo institucional de Catalunya, por lo que accedieron a la renovación.

El nombre de Erra surgió entonces como la opción mejor considerada por el sector de Turull, que ha ganado fuerza en los últimos meses. Con todo, desde el sector que lidera Junts intentaron promocionar a Toni Castellà, diputado que entra ahora precisamente en sustitución de Borràs y que forma parte de la formación Demòcrates, la escisión independentista de Unió. Pero la opción no cuajó y finalmente Carles Puigdemont acabó bendiciendo a la exalcaldesa de Vic.

Anna Erra tiene 57 años y es licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona y diplomada en Magisterio por la Universitat de Vic, su ciudad natal de la que ha sido alcaldesa desde las elecciones municipales de 2015 hasta ahora. Antes de llegar a la alcaldía también fue concejal de Educación, Cultura y Turismo, entre otros. En los últimos comicios decidió no repetir para centrarse en la política catalana, donde su figura está en ascenso desde que, de forma inesperada, fue la segunda candidata que recibió más apoyos de la militancia en el último congreso de Junts.

Una oleada de exiliados españoles presionaba la frontera francesa. Era enero de 1939 y los derrotados de la Guerra Civil cruzaban los Pirineos mientras las tropas franquistas ocupaban el territorio catalán. En solo tres semanas, 465.000 personas cruzaron el paso fronterizo entre Catalunya y Francia. En vista de la situación, se construyó el que fue uno de los primeros grandes contenedores del flujo migratorio: el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. 

Las condiciones de vida en los campos eran insostenibles. Los hospitales estaban saturados y el índice de mortalidad infantil superaba el 95%. Las embarazadas tenían muchas dificultades para dar a luz: muchas de ellas tuvieron que parir en establos llenos de paja y basura, sin ninguna medida sanitaria. Fue en este contexto cuando la activista Elisabeth Eidenbenz fundó la Maternidad de Elna, un edificio que vio nacer a 597 niños, hijos de mujeres refugiadas de la Guerra Civil. 

Pero 84 años después de su fundación, el Ayuntamiento de Elna (un municipio de los Pirineos Orientales) ha anunciado el cierre de las instalaciones tras detectar unas “fuertes” grietas en las escaleras principales. El alcalde de la localidad, Nicolas Garcia, explica que “para garantizar la seguridad del edificio se necesitan 870.000 euros, un precio que el ayuntamiento no puede pagar”. 

Aunque el consistorio espera que el Estado francés pueda hacerse cargo de la mitad, ha puesto en marcha una recogida de fondos para lograr la financiación. Los vecinos del pueblo “que tienen un cariño especial hacia la Maternidad” y otras entidades, como l’Associació d’Amigues de la Maternitat d’Elna, también se han movilizado a través de las redes. 

El edificio, que se instaló en el palacio abandonado de Bardou, fue clausurado por la Gestapo cinco años después de su creación. En 2013 se convirtió en museo y fue catalogado como monumento histórico. Antes que eso, durante los años 90, se llevaron a cabo una serie de obras para restaurar la Maternidad, que estaba perjudicada por el paso del tiempo. Según el alcalde de Elna, pudieron ser estas obras, a su parecer mal hechas, las que causaron las grietas del edificio.

García asegura que “después de varias visitas de control, los especialistas han confirmado que pronto podremos abrir la planta baja del edificio”. Además, y por si acaso, ya han diseñando una alternativa que recibir al público visitante lo antes posible.

Un edificio con historia

La Maternidad de Elna es un símbolo de la ayuda humanitaria durante la Guerra Civil y Elisabeth Eidenbenz es su máxima representante. La enfermera, activista y maestra suiza contaba ya con un historial de voluntariado en el conflicto español y conocía de primera mano las condiciones en las que los exiliados tuvieron que sobrevivir. 

Con un reducido número de enfermeras voluntarias y pocos recursos económicos, iniciaron la rehabilitación del tejado y las tres plantas del edificio, situado a las afueras de Elna. El centro atendía, de media, 20 partos mensuales y recibía el material sanitario necesario gracias a los corredores sanitarios de la Cruz Roja. 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Maternidad acogió también a madres judías que huían de la persecución nazi, permitiendo así el nacimiento de casi 200 niños. “Es un edificio, pero detrás hay un sentimiento”, recalca Eva M. Ramos, presidenta de Amigues de la Maternitat d'Elna.

Empieza la temporada alta de baño en las playas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La previsión de un verano más cálido de lo habitual viene acompañada de una coyuntura de sequía extrema. A pesar de los chubascos y las lluvias de este mes de mayo, la fase de excepcionalidad por sequía sigue vigente, por lo que se han activado una serie de medidas para reducir el consumo de agua. Entre ellas, el cierre de las duchas y los lavapiés, una medida que permitirá ahorrar 20.000 m³ de agua al mes, 80.000 m³ al final de la temporada.

En esta línea de ahorro, también se reducirá un 80% la limpieza con agua a presión del mobiliario y las instalaciones, apostando por la limpieza manual de la arena. Además, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se compromete a revisar y renovar las claves de paso interno de todas las duchas y lavapiés para limitar al máximo las pérdidas o los escapes de agua de las equipaciones. 

Las altas temperaturas también han implicado un cambio de hábitos y usos de las playas. Cada vez más usuarios tienden a ir a las playas en horario nocturno, usándolas como oasis térmicos. Por eso, el AMB ha adaptado los turnos de limpieza para hacerlos compatibles con estos horarios nocturnos. “Se atrasará la entrada de las máquinas como se hace por la verbena de San Juan”, ha explicado Ramon Torra, gerente del AMB. 

Unas dunas más extensas

El litoral del Área Metropolitana de Barcelona es un sistema caracterizado por un conjunto de playas, mayoritariamente de origen artificial, que experimentan constantemente modificaciones como respuesta natural al oleaje. 

El pasado verano, el litoral del AMB vio cómo muchas de sus playas desaparecían. Es el caso de ciudades como Barcelona, Badalona o Sitges, donde a penas quedan 500 metros de arena, cuando antes había más de 2 kilómetros. 

Por suerte, el inicio de la temporada de baño de este año coincide con un aumento de extensión de las dunas. A pesar de la regresión estructural del litoral, es decir, la pérdida de metros de playa, la superficie dunar se ha incrementado 45.100 m² en siete años, una cifra equivalente a 4,5 campos de fútbol. 

Las dunas, por ejemplo, son reservas de arena que tienen las costas para suplir los sedimentos que las tormentas se llevan de vuelta al mar. Y, además, también actúan como escudos protectores contra los temporales y el oleaje. A modo de ejemplo, las dunas de Castelldefels han crecido un 21% desde el 2013, es decir, unos 49.709 m², y en el caso de Gavà, el ecosistema se ha incrementado casi un 15%, equivaliendo a 9.176 m². 

Para dar respuesta a la regresión estructural del litoral metropolitano, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha un paquete de cinco proyectos para proteger y estabilizar las playas a través de la construcción de infraestructuras como espigones y diques emergidos y sumergidos. 

También se llevará a cabo la descontaminación de la playa del litoral de Sant Adrià de Besòs, una medida que junto al resto tiene como objetivo mantener, conservar y preservar las reservas de arena, “imprescindibles para tener playas más resilientes ante los efectos de los temporales y el cambio climático”. 

La noche del 4 al 5 de septiembre de 1988, los hermanos Isidre y Dolors Orrit, de 5 y 17 años, desaparecieron del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) sin dejar rastro. Más de treinta años después de su desaparición, el caso continúa sin resolverse. 

Este es el punto de partida del documental ‘Els Orrit’, estrenado en el marco del Festival Docs Barcelona, como la primera mirada cinematográfica a esta historia familiar. “Un documental que muestra una visión amplia, sincera y transparente de todo lo que pasó”. Así es como define Marc Solanes, director y periodista, su último trabajo, del que es director junto al cineasta Ferran Ureña. 

Se trata de un film que intenta reconstruir los hechos de 1988, pero es sobre todo “una alegoría del dolor y la pérdida” de los familiares durante todos estos años. “Era un caso del que se había hablado mucho, pero faltaba información”, explica. “Parecía que los medios de comunicación se copiaban unos a otros todo el rato”. 

Durante el proceso de documentación, les sorprendió que de todos los hermanos Orrit, solo hablara Mari Carmen. “Solo con su testimonio no teníamos documental, era un reportaje más de entre cientos”, confiesa Solanes. “Nos pusimos en contacto con Iciar Iriondo, criminóloga y abogada del caso y a partir de ahí nos ganamos su confianza hasta que la familia accedió a hablar con nosotros”, explican. 

“El objetivo era hacer un documental que huyera del sensacionalismo con el que los medios de comunicación han tratado el caso hasta ahora”, cuenta Solanes. El film intercala los testimonios de cuatro de los hermanos Orrit: Rosa, Jordi, Mari Carmen y Alfred, junto al del detective del caso y otras personalidades como el periodista Paco Lobatón, que en 1988 era presentador del programa ‘Quién sabe dónde’, un espacio televisivo que jugó un papel clave en la investigación que se estaba llevando a cabo en Manresa.  

Mari Carmen Orrit, la cuarta de los quince hermanos, explica que este enfoque pulcro y sin sensacionalismos quedó claro desde el principio. “Es la primera vez que se trata el caso con justicia y respeto”, apunta Mari Carmen. “El documental incluye todas las parte implicadas, los que no han querido hablar, ya lo han hecho sin quererlo”, añade.

Una familia numerosa 

Los Orrit Pires eran 15 hermanos. El padre, Alfredo, era un hombre portugués muy trabajador e implicado en la educación de sus hijos. La madre, Maria, una mujer entregada en las tareas domésticas. 

“Éramos una familia humilde, pero muy feliz”, explica Mari Carmen en conversación telefónica. La familia de Sallent vivía en la ‘Fàbrica Vermella’, una antigua factoría textil en las afueras de Manresa. “Todos los niños teníamos muy buena relación, íbamos juntos al colegio y jugábamos en el patio cada tarde”, cuenta. 

Tras la muerte del padre de la familia, el más pequeño de la familia, Isidre, fue ingresado en el Hospital de Manresa por una infección en la boca. Fue precisamente una de esas noches cuando desapareció junto a su hermana Dolors. Era la segunda noche que pasaba en el hospital, pero no fue hasta la mañana siguiente, a eso de las 6:00 horas, cuando se dieron cuenta de que los niños no estaban. 

Nadie les dijo nada: los niños habían desaparecido y nadie había visto ni escuchado nada extraño. El Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, señala el documental, se desentendió de la desaparición de los menores y nunca ha querido hacer declaraciones. 

Lejos del ‘true crime’  

La propuesta podría definirse más por lo ausente que por lo presente. Más allá de las fotos del archivo familiar a modo de transición, no hay dramatizaciones ni músicas llamativas. El documental mantiene las distancias respecto a las convenciones del true crime y del reporterismo de sucesos. La clave: no hay voz en off ni ningún narrador, es la voz de la familia la que conduce todo el documental. 

“El caso daba para poner voces dramatizadas y recreaciones de escenarios, pero no quisimos”, confiesa Ureña. Los directores contaban con todo el sumario del caso, un documento que, según ellos, era bastante “escatológico” y tenía detalles muy concretos sobre los menores o el informe de los servicios sociales. “Si queríamos enganchar al espectador, lo teníamos fácil, pero ese no era nuestro objetivo”, explican. 

La familia ve el estreno como una nueva difusión del caso y restan a la espera de que pueda surgir algún testimonio o alguna pista que les permita tirar del hilo para saber si Dolors e Isidre están vivos. “Tenemos la esperanza de que el documental remueva la conciencia de aquellos que saben algo sobre la desaparición y lo expliquen anónimamente”, confiesa Mari Carmen. “El delito prescribió hace 20 años, aunque los hubieran matado, no les pasaría nada”.

Los Orrit piden que la desaparición de Isidre y Dolors se revise como una desaparición y no como un delito, como se ha tratado hasta ahora. Argumentan que, desde el primer momento, la policía contempló el caso como el rapto de un niño y la inducción al abandono del hogar de la niña, pero aseguran que “no hay ninguna prueba”. 

Ahora, Mari Carmen sigue hojeando la libreta roja donde su madre anotaba cada día todos los pasos que hacía para intentar encontrar a sus hijos. Hay tristeza, dolor, culpabilidad, rabia e impotencia en el seno familiar. Pero no tira la toalla. “35 años después, sigue habiendo esperanza”, concluye. 

Entre las azoteas del barrio de Navas, en Barcelona, se esconde un oasis verde. Varios árboles frutales y una larga hilera de verduras y hortalizas: ajos, patatas, berenjenas, espinacas… Es el tejado de Joan Carulla, un abuelo que cumple 100 años esta semana, y que se siente sobre todo orgulloso de su parra. “Ahora es el supermercado de las palomas”, dice, riéndose. “Siempre vienen, cogen una uva y se van”. Ha llegado a coger cien kilos de esta fruta al año. 

Carulla es un pionero de los tejados verdes. Este hombre centenario lleva más de medio siglo, desde los años 60, dedicándose a este huerto urbano de 150 metros cuadrados, el primero que se conoce en la ciudad. Aunque sube a la azotea como quien sale a dar un paseo por el campo, reconoce que a veces le duelen las piernas. “Cojo esa caja de ahí, me siento y riego el huerto con paciencia”, explica. 

Hoy la agricultura urbana es una tendencia al alza en las grandes ciudades de todo el mundo, desde los tejados de Barcelona hasta los de Manhattan, pasando por Londres o Berlín. Pero no era así en pleno desarrollismo en los 60. Así lo cuenta este agricultor nacido en Juneda, Lleida, en las memorias que ha recopilado en el libro Mi siglo verde (Editorial Icaria), escrito inicialmente a máquina con su Olivetti y en colaboración con el periodista Carlos Fresneda. 

En el tejado de Carulla huele a tierra, un aroma difícil de encontrar en suelos urbanos como el de Barcelona, que además están a precios disparados. Mientras se agarra a los postes por los que trepa la parra de uvas, este abuelo suspira y dice: “Yo aquí me siento bien”. Y abunda, convencido: “¿Hay alguien que no se sienta bien en medio de un bosque donde se puede respirar aire cargado de oxígeno?”, se pregunta. 

Además cultivar en esta azotea, que está encima del quinto piso en el que él vive, Carulla también tiene huertos en otras dos terrazas. “Abajo ya tengo tomates”, confiesa. Presume de que puede comer de sus terrazas gran parte del año, y lo que le sobra, se lo da a su familia. Nunca ha hecho negocio con ello. “Viendo cómo de agradecida es la tierra, yo me doy por bien pagado”, admite el agricultor. 

A pesar de la sequía, el agua nunca ha sido un problema para él. Carulla recupera el agua de la lluvia a través de un sistema de acumulación en recipientes y almacena hasta 9.000 litros, lo que le permite regar con agua de lluvia casi todos los meses del año. 

Del campo de Lleida a la ciudad 

Carulla procede de una familia de campesinos, de quienes aprendió a amar la tierra. “Éramos muy pobres”, confiesa Carulla. “Nací en una habitación que tenía marco de la puerta, pero no teníamos dinero para hacer la puerta”, explica, para dar un ejemplo de las estrecheces que pasó.     

Lo que daban las tierras de la familia también eran para consumo personal. En 1931, abrieron una tienda en pueblo en la que se vendía lo básico, desde bacalao, que entonces era la comida de la gente pobre, hasta ligas, las cintas de colores que sujetan las medias al muslo. “En esa época, se pusieron de moda las ligas con el estampado de la bandera republicana. Todas las mujeres venían a comprar a la tienda de mi padre”, asegura Carulla. 

Con el estallido de la Guerra Civil, cuando él era apenas un adolescente, explica que su familia quedó “desmoralizada”. Hacía frío y no tenían suficiente leña para calentarse. Tampoco tenían dinero para comprar carne o pescado. “Con una hectárea de tierra no nos moríamos de hambre, pero a veces comíamos patata tres veces al día: al caliu para desayunar, hervida para comer y con verdura para cenar”, explica. 

La guerra convirtió a Carulla en vegetariano “por obligación”, pero hoy lo es “por convicción”. Él mismo reconoce que haber conocido “la comida de pobres” ha hecho que ahora solo le guste “lo natural”, las verduras y hortalizas que vienen del huerto. La alimentación vegetariana es, según él, el secreto de su longevidad. 

“El ecologismo siempre ha sido lo mío”, asegura. Lo aprendió de su padre y desde entonces ya no utiliza ni herbicidas ni fertilizantes químicos. Por eso muchas veces el huerto se llena de insectos. El reciclaje y el compostaje también le gustan bastante. Carulla explica que la tierra de su azotea está hecha de cartones, basura orgánica o incluso, facturas: “Todo se lo echo a la tierra, lo agradece mucho”. 

Después de la Guerra Civil, abandonó el pueblo para huir de la miseria y se marchó a la gran ciudad, Barcelona. Allí siguió con el oficio de comerciante y abrió uno de los primeros supermercados de la época. Sin saberlo, Carulla se convirtió en un hombre avanzado a su tiempo. “Me irritaba la idea de tener que dejar estas terrazas tan grandes sin utilizar”, apunta. 

El agricultor está convencido de que se podría hacer mucho más para recuperar el carácter rural que mantuvo la ciudad durante años, rodeada de torres y masías. El objetivo principal del huerto era convertirlo en “una escuela de agricultura” y enseñar a los niños a amar la tierra. “Al fin y al cabo, las plantas entienden el lenguaje universal del amor y el odio a través de las vibraciones. Si perciben que las cuidamos, nos lo devuelven”, reflexiona Carulla.

“Menos decir palabrotas, correr o gritar, aquí podemos hacer de todo: barro, telas, pintar…”. Ahad, Saif y Adam, alumnos de Tercero de Primaria del Instituto Escuela Arts, de Barcelona, comentan la jugada mientras moldean con sus manos lo que describen como una “fábrica de chocolate” hecha de barro. Hoy les toca bajar al Espai C y están encantados. Al otro lado del aula, su compañera Mar opina: “Podemos hacer arte libremente y es muy divertido. A mí lo que más me gusta es hacer peluches”. 

En el aula solo hay un adulto, Neus Frigola, que merodea por las mesas repartiendo consejos, ideas y muestras de admiración ante las obras que le enseña la docena de alumnos que se reparte por el lugar. Frigola no es maestra, es artista y escultora, pero lleva ya casi dos años junto a los niños y niñas de la escuela Arts. Es una de las seis beneficiarias del programa Espai C, que ofrece a creadores de la capital catalana la posibilidad de tener su taller dentro de un centro educativo a cambio de asumir algunas clases de arte con los alumnos. 

Ideado hace casi una década, el programa Espai C cierra este curso su ciclo 2021-2023 en seis escuelas públicas de Barcelona. La esencia del proyecto es el trueque. El artista gana un espacio físico en el que desarrollar su trabajo, que no es poco. “Aquí tengo calefacción y no pago alquiler”, celebra Frigola. “Antes llegaba a trabajar encima de la cama y ahora tengo un espacio grande”, describe el también artista Jaume Clotet, que tiene su taller en la escuela Aldana. 

Pese a estar en centros escolares, los talleres de Frigola o de Clotet están a su disposición las 24 horas del día y los siete días a la semana. “Tengo las llaves de la alarma y puedo venir siempre que quiera, incluso en fin de semana”, resume Frigola. Además, pueden guardar en él todo el material que quieran, y que en el caso de Frigola se traduce en una cajonera llena de bocetos y dibujos y en algunas estructuras de alambre que se acabarán convirtiendo en esculturas. 

A cambio, el trueque consiste en que Frigola recibe en su taller a grupos reducidos de alumnos de tercero y quinto de Primaria de la escuela Arts, en total cuatro horas a la semana para la artista. “Para mí es una fuente de energía, de vida y de imágenes. Su creatividad es algo impresionante”, describe. Su función durante esa hora que duran las sesiones es facilitar que los alumnos puedan crear y experimentar con autonomía. “Sobre todo nos ayuda y nos da ideas”, describe Natasha, otra niña del mismo grupo. Y añade, orgullosa: “¡Y a veces la ayudamos nosotras a ella!” 

“Es un espacio de arte, pero sobre todo de libre creación, que es algo que a los maestros nos cuesta más ofrecer”, detalla Carla Antonio Bonet, maestra de Primaria de Arts y enlace para el Espai C. “Es una suerte y un regalo tener a Neus aquí. Los alumnos ven que los artistas son reales y que se pueden tocar, que no son solo Picasso o Miró”, afirma, convencida de que introducir en las escuelas referentes y profesionales de otras disciplinas es “enriquecedor”. Desde la escuela Aldana, el integrador social Víctor Molins añade que programas como este ayudan a replantear “lo que siempre hemos entendido como la asignatura de Plástica”. “No es tan importante el resultado como el proceso”.

Los engranajes que mueven el proyecto

Detrás de un intercambio que puede parecer sencillo, no son pocos los engranajes que están en marcha para hacerlo posible. Ideado por técnicos del Consorcio de Educación de Barcelona –ente formado por el Ayuntamiento y la Generalitat, con presencia mayoritaria de esta última– y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el proyecto nació en 2015 y de forma algo “artesanal”, resume su coordinadora actual, Carme Hoyas. Sus valedores se inspiraron en el proyecto europeo Room 13, que consiste en incorporar a un artista dentro de un proyecto del centro, con la finalidad de que haga una obra, se pueda incluso vender y financiar parte del trabajo del propio creador. 

Hoyas recuerda que de aquello les interesó la fusión que se producía entre el ámbito educativo y el cultural, un objetivo que suele estar en boca de responsables de la administración, pero que es difícil de materializar. En su caso, comenzaron con los talleres a cambio de sesiones, pero con el tiempo han tenido que ir corrigiendo algunos elementos. El principal, lo que llaman “mediación” entre los artistas y el centro. “Nos pasaba que quienes acompañaban a los artistas eran solamente gente del ámbito educativo y les faltaba la mirada artística, con lo que la relación quedaba algo coja”, sostiene la coordinadora del proyecto.

De ahí que en decidieran reforzar esta estructura. En 2021 el Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), que depende del Consistorio, se incorporó a la gestión del programa y, con su entrada, decidieron implicar también a seis instituciones culturales y museos de la ciudad, uno para cada Espai C. En el Instituto Escuela Arts participa la Fundació Suñol, y en Aldana, el espacio La Capella. Otras entidades que están en el programa son Hangar, la Fundació Antoni Tàpies, Chiquita Room y la galería Àngels Barcelona. “Acompañan la apertura del espacio al alumnado, escuchan a las dos partes y participan en las comisiones. Son la necesaria mayonesa del programa”, resume Hoyas, que añade que a todas ellas hay que sumar el asesoramiento de la asociación Experimentem amb l'Art.

Este final de curso 2022-2023 servirá de balance de esta nueva fase de Espai C. Además de las valoraciones entre alumnos, artistas y docentes, Hoyas defiende: “Es una forma de desplegar el currículum en una situación de aprendizaje más real imposible”. Pero en contra de lo que cabría suponer, descarta una ampliación a corto plazo a más escuelas. Igual que en 2015, hoy siguen siendo solo seis los centros que participan –a través de una convocatoria pública– en el programa. “Requiere una alta intensidad en movilización de docentes, de recursos culturales, de estructuras de pensamiento. Queremos seguir ensayando y evaluando su impacto, en vez de crecer de forma desmedida”, argumenta. 

Una obra y una docencia distintas

Clotet solo lleva unos meses en la escuela Aldana, pero dice que ya nota algunas “chispas” de cómo esta experiencia afectará a su obra. Artista polifacético y performer, explica que el dibujo, que “fascina” a los niños y niñas, ha ganado protagonismo en sus trabajos. “Antes me servía como previa para hacer una pieza final, pero ahora estoy viendo que el dibujo ya es en sí un obra y lo estoy disfrutando”, explica. En el taller comparte con los alumnos un cuaderno gigante en el que apuntan sus ideas y cada uno tiene también otro en versión pequeña. Clotet detalla que inicialmente empezó a crear con los niños y niñas partiendo del papel como guía. “Pero ahora es todo más libre. Que hagan lo que quieran, que yo estoy aquí para ayudarles. No me gusta la libertad total, pero sí la dinámica de creación libre”, distingue el artista. 

Que Espai C influye en la obra de los artistas es algo que confirma también Neus Frigola, que pronto estrenará una exposición en la Fundació Suñol a raíz de este programa y que también está “marcada” por su paso por el Instituto Escuela Arts. La muestra que ofrecerá se llama De desbordar a sostener. Y un volcán de agua. “Hablo de conceptos como desbordarse, que son muy presentes en la infancia y también en los procesos creativos, y del sostener, de poder ofrecer espacios donde todo esto sea posible”, explica sobre esta “oportunidad profesional”.

Pero no solo la obra de los artistas se ve alterada. Espai C también despierta cambios en los alumnos y docentes. Por un lado, introduciendo unos métodos de aprendizaje de las artes visuales concretos. “Es un trabajo que no se entiende tanto desde el resultado final sino desde el proceso de creación; no es tanto la técnica como el conocimiento”, expone Antonio. “Antes, si en clase tocaba aprender puntillismo, todos tenían que hacer lo mismo”, ejemplifica esta maestra.  

Pero una de las cosas que más aprecia esta docente es que en la relación de los alumnos con la artista surgen conversaciones que con ella nunca se darían. Y esto es algo que siempre abordan en las coordinaciones que hacen semanalmente para pasarse información. “Neus ve situaciones, relaciones y expresiones que en el aula no alcanzas a ver o que sencillamente se dan con otras figuras adultas”, dice. “Pongo un ejemplo: tenemos un alumno brillante en el aula, de hacerlo todo fantástico, y que cuando le tocaba ir al Espai C se angustiaba. No sabía qué tenía que hacer, se perdía sin una guía concreta y eso le generaba angustia”, explica. “A raíz de aquello, decidimos que al menos tuviesen unas libretas que fuesen como un dietario”, concluye.

Hoyas remacha que, además de fusionar cultura y educación y de normalizar la presencia de artistas en un aula, el programa también tiene otro propósito a largo plazo. “Queremos pensar que afecta y cambia el carácter del centro, que alterna su ritmo habitual y que les ayuda a repensar los tiempos y los espacios. Pero todo esto es muy lento”, reconoce.

Un debate en el que ningún candidato pueda aportar datos falsos. Este era el objetivo del encuentro celebrado este miércoles en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) entre miembros de las distintas candidaturas que se presentan a la alcaldía de Barcelona y que ha organizado la agencia de fact-checking Verificat junto a la asociación juvenil de la UPF deba-t.org. Antes de participar, todos los grupos tuvieron que enviar a la organización los datos que se utilizarían en el debate bajo un estricto acuerdo de confidencialidad.

La información facilitada se contrastó, al menos, con dos fuentes distintas, y finalmente se calificó como verdadera, engañosa, falsa o no comprobable. La intención, según explica la codirectora de Verificat Alba Tobella, era demostrar que se puede tener un debate “abierto, democrático y honesto” entre las distintas posiciones “sin necesidad de manipular la realidad”.

Aun así, los registros de datos llegaron a ritmos distintos. Según explican desde la organización, ERC Y Barcelona en Comú fueron los primeros en enviarlos. El PP los mandó el martes por la noche, pocas horas antes del debate.

“Hay partidos que han sido super específicos y han mandado siete páginas con cifras muy concretas”, explica Tobella. “Otros en cambio no han sido tan concretos porque quieren basar su discurso en base a la retórica (con promesas de futuro, por ejemplo) o partidos con poco compromiso que no nos han enviado nada hasta ayer”.

En el debate, han participado representantes de los todos grupos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona: Ester Capella (núm. 3 d’ERC), Paula Añó (núm. 6 de Valents), Xavier Marcé (núm. 11 del PSC), Jordi Martí (núm 2. de Barcelona en Comú), Victòria Alsina (núm. 4 de Junts), Marina Bravo (núm. 3 de Ciutadans) i Tomás Ragué (núm. 8 del PP). 

El moderador, Bernat Lleixà, presidente de deba-t.org, ha formulado dos preguntas, una sobre el programa económico y otra sobre cuestiones político-sociales, a cada uno de los candidatos. Estos contaban con un máximo de 5 minutos para responder.

El equipo de fact-checking ha hecho verificaciones ex-ante y durante el mismo debate cuando los participantes han ofrecido datos incorrectos, o incluso no verificados. En un momento del debate, por ejemplo, la representante de Valents ha criticado que se “generalice” diciendo que “todos los hombre son violadores” y ha añadido que el 90% de los hombres no ha pegado nunca a una mujer. Los fact-checkers han precisado al público que no podían verificar este porcentaje porque los datos sobre violencia machista se contabilizan con el número de denuncias.

A pesar de que los partidos habían mandado antes los datos que iban a utilizar, algunas formaciones han aportado nuevas referencias que no habían transmitido para su previa comprobación, como por ejemplo el precio de la electricidad o el número de Mossos d'Esquadra que hay en Barcelona. También ha habido un notable baile de datos sobre las cifras de vivienda pública en Viena, otro dato que no se había mandado para su verificación. En estos casos los verificadores han anunciado que lo comprobarían durante los próximos días.

Las valoraciones del experimento son positivas. “Eventos como este permiten acabar con la sensación tóxica de que todos los partidos mienten y hacen que la ciudadanía y el electorado vuelvan a confiar en la política”, asegura Tobella. Desde la entidad que lidera también han creado la base ‘Barcelona en dades’ y han analizado los discursos de campaña de los candidatos a la alcaldía “para detectar los temas con los que están frecuentemente haciendo declaraciones falsas o engañosas”, cuenta Tobella. 

Agricultores y ganaderos llegados de distintos municipios de la provincia de Lleida han protagonizado este martes una tractorada hasta la subdelegación del gobierno español para exigir una respuesta “sólida y urgente” ante “la mala gestión del agua” que consideran que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Desde el sindicato Unió de Pagesos y con el lema “La agricultura dice basta” alertan de que si la coyuntura no mejora, los agricultores abandonarán sus tierras. 

Cinco columnas de tractores han circulado en marcha lenta hasta las diferentes entradas principales de la ciudad en busca de ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía. En la posterior concentración de tractores delante de la subdelegación del gobierno, un grupo de agricultores ha talado un árbol muerto para mostrar simbólicamente lo que tendrán que hacer con los árboles frutales si no pueden regar durante todo el verano. 

Inicialmente, se había previsto un encuentro con el subdelegado del gobierno español, José Crespín, para entregarle en mano las reivindicaciones, pero este no se encontraba en la sede.  

Tal como ya pusieron de manifiesto en la rueda de prensa de este lunes, el sindicato señala la CHE como la principal responsable del cierre de los canales de riego del Urgell y Segarra-Garrigues por “la falta de planificación y improvisación” en la gestión de los recursos. 

La marcha también se ha reproducido de manera simultánea en otras ciudades como Tarragona, Girona o Vic para reivindicar medidas específicas del Gobierno para hacer frente a la sequía, así como para parar y escalar la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación agrícola (CUE). Se trata de un registro digitalizado de las actuaciones fitosanitarias de cada explotación agrícola. Esto, según colectivos del sector, supondrá un aumento de la burocracia para la que, dicen, los campesinos no tienen suficiente formación.

La segunda tractorada convocada por Unió de Pagesos está prevista para el próximo 16 de mayo. La marcha lenta saldrá de varios puntos de Catalunya y acabará en Zaragoza, delante de la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), donde Unió de Pagesos espera poder reunirse con los representantes de la entidad. 

Por su parte, en una entrevista en TV3, la vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado que la Confederación del Ebro hace meses que trabaja con las Comunidades de Regantes del Canal de Urgell para garantizar el abastecimiento humano y para maximizar la eficiencia del recurso antes de entrar en limitaciones. 

Ribera cree que tiene “poco sentido” discutir sobre la responsabilidad de la situación actual y ahora toca “gestionar las cosas de otro modo” e “invertir” en infraestructuras.

Además, ha afirmado que el Gobierno “es consciente” de la situación “muy complicada” a que se enfrentan muchos agricultores y ha recordado que el Ministerio de Agricultura trabaja para dar cobertura a los agricultores que se han visto afectados por la sequía para que “la carencia de producción no afecte la viabilidad de las familias dedicadas al sector”.

La fuga de agua potable en el barrio de Canyet de Badalona, que se convierte en una riera al aire libre, pierde 180.000 litros diarios, es decir, dos litros de agua por segundo desde hace 18 años. Este es uno de los ejemplos más flagrantes de los problemas de escapes que tiene la red de distribución en Catalunya, que pierde el 24% de su agua debido a este y otros motivos y que cobra mayor trascendencia en plenas restricciones derivadas de la sequía. 

“Es un despropósito brutal y necesitamos una solución ya”, exclama Francesc Alfambra, miembro de la asociación de Els Verds de Badalona. La indignación vecinal con el escape hace años que dura y las obras definitivas para arreglarlo, que tienen un coste de unos 36 millones de euros, no se prevé que estén acabadas hasta dentro de dos cursos. “No podemos esperar a 2025”, lamenta Alfambra. 

El tubo que pierde agua a su paso por Badalona es uno de los canales de distribución del agua de boca más importantes de la ciudad de Barcelona, ya que conecta la potabilizadora del río Ter, en Cardedeu, con la estación distribuidora de agua de la Trinitat, en el área metropolitana barcelonesa. La Agencia Catalana del Agua (ACA) explica que es una cañería muy antigua con unos tres metros de diámetro –se podría circular en coche por dentro– y que cuenta con un flujo de 4.000 litros por segundo. Su gestión está externalizada a Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa que gestiona el abastecimiento en alta de todo el sistema que forman estos dos ríos. 

Según el ACA, si la fuga no se ha arreglado todavía es debido a “la dificultad técnica y la envergadura económica de la reparación”. Para reparar la parte dañada del conducto es necesario cortar el suministro, lo que dejaría sin agua a millones de personas de Barcelona y el resto de municipios metropolitanos durante varios días. Por ello, explican, es necesario desdoblar el tramo del acueducto en cuatro canalizaciones para poder desviar la corriente de agua y así llevar a cabo la reparación. 

Las obras no estarán antes de 2025

Las obras de tres de los cuatro tramos que estaban previstas en la canalización se llevaron a cabo entre 2003 y 2009. Pero hay un cuarto tramo que queda pendiente “aunque tenía que estar terminado en 2012”, denuncia Pepe Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Canyet, haciendo referencia a compromisos de la Agència Catalana de l’Aigua. Aun así, las obras de este tramo están en fase de licitación y se prevé que no estén finalizadas hasta 2025. Sánchez recuerda que hace ya quince años, en agosto de 2008, se detectaron hasta once puntos de fuga en la canalización, lo que les llevó a presentar una primera denuncia. Pero la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la archivó porque el escape no suponía un riesgo real para el medio ambiente. 

A raíz de las denuncias de la asociación de vecinos se empezaron a estudiar soluciones. Entre ellas, el ACA y el Ayuntamiento de Badalona acordaron crear dos conducciones, una de ellas a cielo abierto –la que aparece en la imagen–, para recoger el agua desperdiciada y conducirla a zonas de huertos, para el riego, y a un depósito construido expresamente para ello en el barrio de Montigalà. Este permite reaprovechar el agua para usos municipales como el riego de jardines o la limpieza de calles, pero es solo una solución parcial, porque el depósito tiene una capacidad limitada, de 200 metros cúbicos. 

Las pérdidas en toda Catalunya podrían llenar un pantano

La semana pasada, el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, y el gerente del Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATLL), José Miguel Diéguez, se comprometieron a trabajar conjuntamente para resolver la incidencia. Ambas partes consensuaron que durante “los próximos días” llevarán a cabo varias tareas de comprobación del estado de las instalaciones para determinar su reparación y mejora. 

Desde la Generalitat reconocen que las pérdidas de agua potable por culpa de las fugas son importantes, pero aseguran que el porcentaje de Catalunya es “ligeramente inferior” a la cantidad de agua potable que se desperdicia en el resto de España.

Por comparar, el total de pérdidas anual en Catalunya, de 135 hectómetros cúbicos, permitiría casi llenar el pantano de Sau, hoy prácticamente vacío, que tiene un volumen máximo de 165 hectómetros cúbicos.

“Me metieron en una habitación parecida a una carnicería, con ganchos y cadenas por todas partes. Me ataron a una cama y me empezaron a verter agua pestilente a la cara mientras me daban con un látigo en la planta de los pies y en los muslos”. Este es el testimonio de una víctima de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen marroquí en el Sáhara que se relatan en el documental ‘Insumisas - Mujeres en lucha en el Sáhara Occidental’.

“Un documental que hay que ver, digerir y después comentar”. Así es como define Laura Dauden, guionista y periodista brasileña, su último trabajo, del que es directora junto al cineasta Miguel Ángel Herrera. Una obra audiovisual que ofrece “una lectura en clave de género sobre los impactos de la ocupación y el colonialismo”. Todo ello a través de las voces de cinco protagonistas en su triple rol de víctimas, investigadoras y activistas internacionales en la lucha por los derechos de su pueblo.

La historia parte de las estadísticas y los testimonios de 81 víctimas recogidos en el informe ‘Que Salga Todo a la Luz. Violaciones de derechos humanos de las mujeres en el Sáhara Occidental ocupado (1975-2021)’, publicado por el Instituto Hegoa y coordinado por las mismas activistas que están en la primera línea de la resistencia saharaui. 

Se trata del primer informe que documenta, con gráficos y relatos detallados, los patrones de violencia “sistemática, ininterrumpida e impune” contra las madres, hermanas e hijas del pueblo saharaui. Es un documento que “quiere sacar a la luz todo lo ocurrido desde 1975 hasta ahora”, detalla Dauden. 

El documental quiere dar un paso más allá del informe y “ser una herramienta de movilización en la lucha por los derechos del pueblo saharaui”, advierte la directora. “El proceso de producción no ha sido nada fácil”, apunta. El difícil acceso a los territorios ocupados y el bloqueo mediático que existe ha alargado el proceso y dificulta el retrato de este territorio, “una realidad totalmente distinta a la de los campamentos de refugiados, que aparecen mucho más en pantalla”, añade la guionista. 

El cortometraje de 26 minutos se estrena este jueves en los cines Golem Alhóndiga de Bilbao y estará disponible próximamente en las plataformas digitales. A la presentación asistirán Ghalia Abdalahe, Omeima Mahmud y Jadiyetu El Mohtar, tres de las cinco protagonistas del film. 

Desapariciones forzadas y otros abusos

En promedio, las mujeres saharauis han sido víctimas de entre 6 y 7 tipos de violaciones de derechos humanos a lo largo de su vida. Según el informe, las más recurrentes son la tortura física y psicológica (el 90% de las víctimas lo refieren), violencia sexual (68%) o vulneración de los derechos a la vida, la cultura, la libertad y la seguridad personal. 

“Me encerraron con los ojos vendados en una celda de un metro de ancho y cuatro de largo”, relata una de las protagonistas del documental, que estuvo tres años y siete meses en este “centro secreto”, secuestrada por el régimen marroquí en 1987. A pesar de eso, sigue en el Sáhara porque no quieren renunciar a vivir en el país que es su hogar. 

El 75% de los testimonios recogidos en el informe apuntan a las fuerzas de seguridad y los colonos marroquíes como responsables de estos abusos. Y es que las mujeres saharauis tienen negado su derecho a la justicia por lo que, a día de hoy, “todas las violaciones documentadas permanecen en la impunidad”. 

Las víctimas narran episodios de dolor crónico, alteraciones del sueño, miedo, depresión y un deterioro de sus condiciones de vida como las principales consecuencias de los abusos.  “Yo misma, víctima de la desaparición forzada y la tortura a finales de los años 80, sigo siendo víctima de actos de intimidación y represalias por nuestra actividad de denuncia”, cuenta una de ellas. 

El documental traduce en ilustraciones artísticas algunos de los casos “para proteger la identidad de las mujeres que siguen en los territorios ocupados”, explica Dauden. Las protagonistas ven el activismo como una forma de explicarle al mundo que el pueblo saharaui es un “pueblo libre, que quiere formar parte del concierto de naciones”. 

“Los saharauis nos sentimos doblemente traicionados por España”, asegura Omeima Mahmud, protagonista del documental y delegada saharaui en Suiza: “Nos traicionaron en 1975 con la ocupación de lo que entonces era una colonia y provincia española y ahora, con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio por parte de Pedro Sánchez”. 

“Si nos dan un solo riego al mes, tiraremos la cosecha al suelo, ya solo queda salvar los árboles”. La advertencia la lanza el agricultor Jaume Gardeñes, que tiene campos de cereal y pera. La sequía que afecta a toda España tiene efectos devastadores en el campo de Lleida, donde la falta de agua de riego pone en peligro la cosecha de este año y la supervivencia de los árboles frutales. 

Las previsiones más pesimistas se han cumplido y este martes el Canal d’Urgell (Lleida), una de las áreas de producción agrícola más importantes de Catalunya, cerrará el riego a 50.000 hectáreas de cultivos de las 70.000 que tiene. La comunidad general de regantes ha tomado una decisión inédita hasta ahora porque las reservas de agua que quedan en los embalses de Oliana y Rialb están bajo mínimos. 

Los agricultores tendrán que hacer la cosecha en verde, es decir, tirarán la fruta al suelo para poder salvar el árbol y asegurar así la producción de las próximas campañas de verano. 

A partir de ahora, el agua solo bajará por el canal esporádicamente (cada tres semanas) para abastecer las 121 poblaciones de la zona y garantizar la supervivencia de los árboles frutales, no del fruto. El presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, también especifica que “se garantizará la supervivencia de los frutales tal como recoge el decreto de sequía”.

Después del raleo o aclareo –’aclarir’, en catalán–, es decir, la eliminación de los frutos inmaduros del árbol para que los que quedan sean de mejor tamaño y calidad, las frutas restantes necesitan agua para crecer. Estas toman los recursos hídricos del árbol generando un estado de estrés hídrico que no solo perjudica la cosecha de este año, sino que también provoca el secado del árbol y amenaza su supervivencia. Los agricultores explican que si el árbol muere, se necesitarían entre seis y siete años más de trabajo para que vuelva a crecer. 

Hace apenas un mes que empezó la campaña de riego en el Canal d’Urgell y, a día de hoy, se estima que las pérdidas serán millonarias. Los agricultores pedirán a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la declaración de zona catastrófica, lo que les permitirá reclamar ayudas públicas. 

“Esta campaña será un desastre para los agricultores catalanes. Si quieren mantener vivo el sector primario, u ofrecen ayudas desde el Estado, la Generalitat o Europa o no quedarán agricultores”, exclama el responsable del sector de la fruta dulce del sindicato Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes.

Desde Unió de Pagesos o la asociación de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) piden un plan de ayudas para hacer frente a una campaña que describen como “catastrófica”. Más aún cuando el seguro agrario, agregan las organizaciones del campo, no incluye los daños por sequía en zonas de regadío como el Canal d’Urgell. 

La superficie en riego de los canales de Urgell es de 70.000 hectáreas, 50.000 de las cuales dependen del Canal d’Urgell (el principal) y 20.000 del Canal Auxiliar que, por el momento, tiene plena dotación de agua. La superficie está ocupada por cultivos de regadío tanto herbáceos (alfalfa, maíz o cereal de invierno) como frutales (manzana, pera, melocotón o nectarina). Junto a las hectáreas dependientes del canal de Aragón y Catalunya, el Canal d’Urgell constituye una de las zonas productoras más importantes del país.

Santi Caudevilla, agricultor de Gimenells (comarca del Segrià, Lleida) y responsable del sector de los cereales y los cultivos herbáceos de Unió de Pagesos, asegura que las pérdidas en las plantaciones de secano serán del 90% o incluso del 100%, porque son cultivos que ya dependen indirectamente de la meteorología, es decir, de si llueve o no. “Lo raro es que esta situación de sequía extrema se genere también en el regadío”, agrega Caudevilla.

El productor de Gimenells recuerda cómo el 18 de agosto de 1991 el canal de Aragón y Catalunya también tuvo que cerrar, pero entonces la falta de agua de riego no era tan extremada como se vaticina esta campaña. “No se valora la agricultura”, añade Caudevilla. “Nos limitamos a importar productos que no cumplen un estándar de calidad básico y nos da igual”, sentencia. 

Durante todo el año, los agricultores de las fincas de regadío hacen inversiones “muy elevadas” en sistemas de riego y maquinaria agrícola, cuenta Jaume Gardeñes. El problema es que sin lluvias ni agua en los embalses estas inversiones son inútiles: “Ya no podemos más. Llevamos tres años muy malos: precios irracionales, heladas que impiden recoger los frutos, granizo… Las familias están hartas porque el esfuerzo de todo el año no sirve para nada”, asevera el agricultor.

Reacción en cadena

Josep Maria Pou es el guarda-canal del canal de Urgell, una figura clave en las zonas de regadío, en especial durante la campaña de riego, donde todo debe salir a pedir de boca para que los cultivos crezcan a su debido tiempo. Pou se ocupa de controlar los turnos de riego, repartir equitativamente el agua y así evitar su desperdicio. Sin embargo, este año “estamos frente a una campaña de agua muy mala, que pasará factura en todos los sectores”, vaticina el guarda.

Lo poco que tenemos se va a pagar a precio de oro, y esto obligará a matar parte del ganado porque no tenemos para darles de comer

Santi Caudevilla — Agricultor

La crisis del campo genera una reacción en cadena. Los ganaderos prevén dificultades de alimentación, sobre todo de las explotaciones bovinas que se abastecen de la fibra que les aportan cereales como la alfalfa. La Plana de Lleida es una zona exportadora de cereales. 

Con la caída de la producción, los agricultores no solo dejarán de exportar sino que tendrán graves problemas para alimentar al ganado del resto de Catalunya. “Lo poco que tenemos se va a pagar a precio de oro, y esto obligará a matar parte del ganado porque no tenemos para darles de comer”, asegura Caudevilla.

La agricultura de regadío es un sector económico que da trabajo a miles de personas y del cual dependen muchas empresas que temen sufrir fuertes pérdidas económicas por la falta de producción de este año. “Es como si una fábrica con miles y miles de trabajadores se paraliza”, compara el guarda-canal. “Los almacenes, las empresas productoras y distribuidoras de abonos, fitosanitarios, semillas, maquinaria… todos se verán afectados”.

Los agricultores coinciden en que es imposible mirar hacia delante sin perspectivas y sin saber cómo afrontarán los costes de la actual campaña. “¿Qué haremos cuando la gente, cansada de trabajar sin recibir nada a cambio, lo deje y no queden agricultores?”, concluye Gardeñes.

La campaña forestal de este año puede ser una de las más complejas de los últimos lustros. Tres de los diecinueve embalses de Catalunya están demasiado secos como para que los aviones de extinción de incendios puedan operar con total seguridad. Este es el caso de la Baells (Berguedà, Barcelona), la Llosa del Cavall (Solsonès, Lleida) y Sau (Osona, Barcelona). 

La larga sequía que Catalunya arrastra desde hace más de 30 meses ha hecho saltar todas las alarmas. El caso de Sau es especialmente grave. El pantano, uno de los emblemas de Catalunya, está sólo al 6,6% de su capacidad, un porcentaje que se asemeja mucho a su mínimo histórico: un 6,5% en abril de 1990.  

Catalunya tiene 19 embalses, diez están en la parte catalana del Ebro y nueve en las cuencas internas. Estos últimos pueden almacenar alrededor de 700 hectómetros cúbicos (hm3) de agua y satisfacen tanto la demanda industrial como doméstica y de riego. Aun así, y según la última actualización de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), las reservas en los embalses de las cuencas internas están ahora en el 26%, mientras que hace un año estaban al 57,6%.

Según la media de los últimos años, la cantidad de agua de los embalses de la Llosa del Cavall y la Baells corresponde a una tercera parte de lo que hay habitualmente en estas fechas. 

A escasos kilómetros de la Baells se encuentra el municipio de Cercs, un pueblo de 1.100 habitantes rodeado de bosques, siguiendo con el paisaje marcado por la muralla natural de piedra calcárea que rodea todo el valle de los Cingles de Vallcebre. El alcalde del pueblo, Jesús Calderer, explica que están muy preocupados porque desconocen cuáles serían las alternativas en caso de incendio: “Es muy triste ver cómo estamos perdiendo uno de los recursos más importantes a la hora de luchar contra los incendios”. 

Otro de los municipios próximos a estos puntos de carga inoperativos es Solsona, situado entre los embalses de la Llosa del Cavall y Sant Ponç, que, de momento, sigue operativo.

La alcaldesa del municipio, Judit Gisbert, cree que estamos frente a una situación de sequía muy grave, pero que se trata de poder compensar la falta de agua de un sitio con otro: “La Llosa del Cavall tiene una orografía complicada y nunca ha sido un sitio prioritario en nuestra zona. Sant Ponç es un embalse con una superficie de agua más amplia y apta para los hidroaviones”.

El jefe de la unidad de medios aéreos de los Bomberos de la Generalitat, Francesc Serra, asegura con tranquilidad que el hecho de que estos tres embalses no estén operativos no tendrá consecuencias en las tareas de extinción: “El agua llegará, pero más tarde”. “La dificultad de tener puntos de carga previstos no operativos supone que tengamos que ir a por agua en puntos más lejanos como, por ejemplo, el mar”, añade Serra. 

El cuerpo de Bomberos de la Generalitat cuenta con dos tipos de medios aéreos: helicópteros y aviones, que pueden ser de carga en tierra y otros de carga anfibia. Los helicópteros pueden cargar en cualquier superficie de agua con un diámetro superior a 5 metros, pero los aviones de carga anfibia necesitan unas condiciones de espacio y amplitud óptimas que solo las pueden ofrecer los pantanos, los embalses, los estanques, el mar y algunas zonas del río. 

El problema es que, mientras los depósitos de los aviones anfibios pueden realizar cargas de hasta 3.000 litros en 30 segundos, los cubos exteriores de los helicópteros tan solo cargan 1.000 litros de agua. De esta forma, se necesitan tres helicópteros para compensar la cantidad de agua que carga un hidroavión: “Deberemos poner a disposición más medios aéreos porque, si no podemos cargar agua en los puntos más cercanos y tenemos que desplazarnos, por ejemplo, hasta el mar, los aviones tardarán más en realizar su recorrido”, comenta Serra. 

Además, también ha explicado que de las 1.450 balsas públicas que hay por todo el territorio y los Bomberos de la Generalitat utilizan para llenar los camiones y los helicópteros, 150 se encuentran fuera de servicio por averías o por otros factores no relacionados con la sequía. 

Después de un fin de semana con incendios forestales en la Franja de Aragón y en Portbou y la Catalunya norte, las predicciones meteorológicas para los próximos días e incluso semanas no prevén lluvias en Catalunya. El cuerpo de Bomberos de la Generalitat reconoce que si no llueve en mayo, “entraremos en una situación que no hemos visto nunca”.

Con un crucifijo en la mano y mandando a su propio pelotón de ejecución, el general Antonio Escobar (Ceuta, 1879) murió en el Castillo de Montjuïc de Barcelona un amanecer de febrero de 1940. El mismo piquete que le acababa de matar rindió a continuación honores militares a su cadáver. De poco sirvió que algunos cardenales hubieran intercedido para evitar su muerte: el dictador Francisco Franco ordenó personalmente su asesinato.

La historia de este hombre católico y conservador contiene todas las contradicciones en las que se vieron inmersos una parte de los ciudadanos de este país durante la Guerra Civil. Fue hijo, hermano y padre de militares. A pesar de ser un hombre de derechas, luchó en el bando republicano durante toda la contienda y tuvo un papel clave para apagar el levantamiento fascista en Barcelona durante las primeras horas de la contienda. 

Fue herido tanto por las balas fascistas en Madrid como por los anarquistas en Barcelona y los dos bandos recelaron de él: los golpistas por haberse mantenido fiel a la República. La extrema izquierda por ser un hombre de misa y tener a un hijo luchando en el bando sublevado.

El Gobierno ha homenajeado este miércoles a este general republicano en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, en un acto al que han acudido tanto sus familiares como el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Ha sido la primera vez que el Gobierno reconoce a este militar ceutí, en un acto al que también han acudido numerosos agentes de la benemérita. 

Una hilera de guardias civiles recorría cuesta arriba el acceso de Sant Lluís del cementerio de Montjuic. Al final se encontraba el nicho n.º 8179, el de Antonio Escobar Puerta. “En posición”, gritaba uno de los guardias y, con el sonido de una corneta, se daba comienzo al homenaje al general republicano. 

Han sido dos los guardias civiles encargados de hacer la ofrenda floral y descubrir la placa que, a partir de ahora, reconocerá a Escobar como una persona ilustre de la necrópolis. “Es un momento muy emotivo. Estamos muy agradecidos de estar aquí”, reconocía Patricia Escobar, bisnieta del general. “No lo conocía, pero me siento muy honrada de pertenecer a la misma sangre que él. Creemos que debemos seguir los mismos valores que tenía mi bisabuelo”, añadía.  

El coronel Escobar vivió dos guerras: la que se produjo durante años en las calles de España, y la de sus entrañas, esa angustia interna que le produjo contemplar el enfrentamiento entre la República y la Iglesia católica. Fue uno de los 47 militares ejecutados en Barcelona tras la Guerra Civil por haberse mantenido fieles a la República. Más de la mitad de ellos pertenecían a la Guardia Civil.

“El episodio más crítico y por el que lo acusaron [en el consejo de guerra que acabó decretando su ejecución] fue la toma de la Iglesia de las Carmelitas en Barcelona, dónde se refugiaron un grupo de oficiales sublevados durante las primeras horas del golpe de Estado”, explica Daniel Arasa, periodista y autor de la biografía Entre la cruz y la República. Vida y muerte del general Escobar. El guardia civil comandaba a su grupo de agentes y, tras un corto asedio, lograron que los alzados se rindieran. Escobar garantizó a los rendidos que se respetarían sus vidas, pero un sector de los amotinados los atacó y murieron varios militares y religiosos. “Él en realidad lo intentó evitar, pero no sirvió de nada”, sostiene su biógrafo. 

Militar desde los 17 años, cuando ingresó como voluntario en el cuerpo armado, en julio de 1936 puso a los agentes bajo su mando al servicio del entonces president de la Generalitat, Lluís Companys, cuando en algunos puntos de España triunfaba el alzamiento fascista. A los pocos meses se incorporó al Ejército del Centro y luchó en Talavera de la Reina y Navalcarnero para detener el avance de las tropas fascistas hacia Madrid, donde posteriormente fue herido en los combates en la Casa de Campo.

Tras recuperarse fue nombrado el responsable de orden público en Catalunya, teniendo bajo su mando todas las fuerzas de seguridad regionales y nacionales de la zona. De nuevo fue gravemente herido durante los llamados hechos de mayo de 1937, cuando en Barcelona se enfrentaron los anarcosindicalistas de la CNT y POUM con la Generalitat y el PSUC.

El presidente Azaña lo autorizó entonces a peregrinar hasta el Santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia, en un hecho que también contribuyó a generar suspicacias entre sus compañeros en el bando republicano: muchos pensaron que no regresaría nunca. Volvió a España contra todo pronóstico y fue destinado al Ejército de Levante, donde participó en la batalla de Brunete y en varios combates en la zona de Teruel.  

En octubre de 1938 fue nombrado Jefe del Ejército de Extremadura, donde se hizo cargo de la última resistencia republicana. Se acabó rindiendo ante el general franquista Juan Yagüe -conocido como el carnicero de Badajoz- en Ciudad Real a finales de marzo de 1939. Fue el último general republicano que se rindió ante el fascismo.

“Ha sido un camino muy largo, muy triste y muy incomprendido, el que la Familia del General Escobar ha recorrido desde aquel trágico 8 de febrero de 1940, fecha en la que un pelotón de fusilamiento de guardias civiles cumplimentó una injusta sentencia de condena a la pena de muerte”, ha declarado el portavoz de la familia, el coronel Núñez Calvo, durante un acto posterior en la Delegación del Gobierno en Barcelona. 

Para su biógrafo, Escobar representa tanto la fidelidad como la reconciliación con la memoria histórica porque aunque podía huir del país, no quiso y se mantuvo fiel a sus principios. “Antonio pidió a sus hijos que no odiaran y que perdonaran todo lo que había pasado”, explica. “Era consciente de que había sido injustamente condenado, pero sabía perdonar”.

Entre el 16 y el 18 de marzo de 1938, la Aviación Legionaria de Italia bombardeó intensamente el centro de Barcelona. Sin una planificación clara, la ciudad empezó a tejer una red de protección inédita hasta entonces en Europa: más de 20 kilómetros de túneles con 1.322 refugios para resistir el asedio aéreo. Ahora, 85 años después de aquellos, una exposición fotográfica explora la red de defensa con 170 imágenes inéditas y cerca de 50 objetos encontrados en los refugios. 

La exposición 1.322 Refugios antiaéreos de Barcelona ocupa 42 celdas de las galerías 3 y 4 de la antigua cárcel de La Modelo, y puede visitarse de forma gratuita hasta el 31 de julio. La obra artística y fotográfica resume la investigación de la fotógrafa Ana Sánchez, y el historiador Xavier Domènech, que durante tres años han trabajado en la documentación de 400 refugios de los 1.300 que se encuentran en la ciudad catalana.

“Ocho décadas después de la construcción de esos escondrijos, hemos entrado y fotografiado por primera vez 40 refugios antiaéreos que, a pesar de aparecer en un censo de 1938, se desconocían sus accesos”, explica Ana Sánchez. Algunos de estos son el de la sede de la Junta de la Defensa Pasiva, situado en el Paseo de Gràcia, el de la Escuela Popular de Guerra, ubicado en las Escuelas Pías de Sarrià, o el de la fábrica Damm. 

Barcelona se convirtió en un laboratorio y campo de experimentación bélica para la Segunda Guerra Mundial recibiendo 1.903 impactos de más de un millón de kilos de bombas, que provocarían más de 2.700 muertos y 7.000 heridos. El historiador Xavier Domènech, comisario de la muestra, recuerda que “los bombardeos sobre Barcelona son el comienzo de una larga cadena del desarrollo del terror, pero la reacción de la ciudadanía es ejemplo los valores de la ciudad, y sus gentes”.

La exposición enseña diferentes modalidades de refugios que se construyeron atendiendo a las necesidades de la población: los refugios comunitarios, los privados, los que se encontraban en las fábricas o espacios de trabajo colectivizados y los institucionales o de dirigentes políticos, como Juan Negrín o Lluís Companys. Además, la red subterránea de metro también se habilitó para acoger entre 200.000 y 300.000 personas, lo que supondría el 30% de la población de Barcelona. 

El trabajo fotográfico está acompañado de un conjunto de objetos encontrados durante las excavaciones y conservados en el Centro de Colecciones de la Zona Franca. Entre ellos hay tanto juegos infantiles y utensilios de cocina como también la sirena de Can Jorba, que servía para avisar a la población de los ataques aéreos cuando se escuchaba: “Atención, catalanes: hay peligro de bombardeo, diríjanse a sus refugios, con calma y serenidad. La Generalitat vela por vosotros”. Y la gente corría a refugiarse. 

Refugios comunitarios: el “modelo Barcelona”

“El subsuelo es un testimonio extraordinario de la solidaridad y la resistencia antifascista para salvar vidas”, explica la fotógrafa. Mujeres, ancianos y niños participaron en la tarea de construcción de un sistema de defensa que sería bautizado en el Parlamento británico como “modelo Barcelona”. 

De los 1.322 refugios inventariados, tan solo un 5% fueron construidos directamente por las instituciones, mientras que otro 10% recibiría subvención pública. El resto fue obra de la ciudadanía. Así pues, los refugios muestran otra memoria de la Barcelona en tiempos de guerra y de la sociedad organizada en asociaciones vecinales “sin las que no sería posible la construcción organizada de estos espacios”, añade Sánchez. 

En la exposición se incluyen diecisiete ejemplos, entre los que destacan el de la plaza Tetuán, el Hospital Sant Pau, las plazas de Gràcia Revolució y Diamant o el Refugio 307, estos dos últimos abiertos a visitas desde hace años. De esta forma, “la ciudadanía puede acercarse a un patrimonio civil bastante desconocido e inaccesible”, añade Xavier Maese, arqueólogo del servicio de Arqueología de Barcelona. 

Documentar el subsuelo 

Encontrar el acceso a los refugios tras ocho décadas no fue una tarea fácil, porque muchos de estos espacios no aparecían en el último censo de 1938 y la mayoría son lugares con falta de oxígeno. “La casuística es bastante variada; encontramos refugios en muy buen estado, otros mal conservados o incluso inacabados. Cada año encontramos nuevos espacios, pero la mayoría tienen las galerías derrumbadas o a medio construir porque encontraron alguna veta de tierra que les impidió terminar”, comenta Maese. 

La fotógrafa también explica que cuando los vecinos les abrían las puertas de sus casas, para adentrarse en los refugios privados bajo inmuebles de particulares, se encontraban con espacios bastante limpios. “La imagen que no tiene nada que ver con la que se imagina la gente, que cree que son espacios sucios y llenos de ratas”, detalla.

Iluminar los refugios tampoco ha sido una tarea fácil. “La humedad y las aguas freáticas bloqueaban el disparador de la cámara de fotos”, confiesa Sánchez. Aun así, el agua terminó siendo un aliado que le permitió utilizar la técnica del claroscuro para dar una luz un tanto barroca a las fotografías. 

La red de 1.322 refugios bajo los pies de los barceloneses es un símbolo de lucha colectiva, resistencia y solidaridad de toda la ciudadanía que “transmite una sensación de fragilidad y vulnerabilidad de nuestras vidas, también en el presente”. 

Los espacios verdes reducen la contaminación atmosférica, el ruido, el calor y el estrés de los ciudadanos, además de llegar a reducir cada año un 13% las visitas a profesionales de la salud y el uso de antidepresivos. Este es el resultado de un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “La Caixa”.

La investigación, realizada por un equipo científico y publicada en la revista ‘Environment International’, ha analizado el impacto que tiene la implementación de un trazado urbano con mayor espacio verde en la salud, especialmente la salud mental, de los ciudadanos de grandes ciudades como Barcelona. 

“Barcelona tiene un problema que debe solucionar de manera urgente. Actualmente, solo el 11% de la ciudad está ocupado por espacio verde, y eso contando Collserola, que aglutina el 60% del espacio verde municipal”, explica Natalie Mueller, investigadora de ISGlobal y última autora del estudio.

La transformación de una de cada tres calles en corredores o ejes verdes está en la  agenda del Ayuntamiento de la ciudad y pertenece al proyecto de las supermanzanas que se está llevando a cabo de manera focalizada en el centro de la ciudad, concretamente, en las calles de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona. 

El estudio parte de un análisis previo que cuantificaba la superfície de espacio verde el año 2015 y el aumento de espacios verdes que se produciría con la implementación del plan de los Ejes Verdes en el municipio. Además, los datos relativos a la salud mental de la población pertenecen a la Encuesta de Salud de Barcelona (2016-2017). Analizando la relación entre ambos, el estudio ha calculado cómo el aumento de este tipo de superficies repercute en varios indicadores de salud mental de la población. 

La investigación ha concluido que el plan de Ejes Verdes impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona reportaría un incremento del 5,67% de superficie verde de la ciudad y supondría la prevención anual de un 14% de los casos de mala salud mental autopercibida, un 13% de las visitas a profesionales de la salud mental y del uso de antidepresivos y un 8% del uso de tranquilizantes o ansiolíticos. 

De acuerdo con las cifras, la coautora del estudio, Diana Vidal ha señalado que “el estudio ayuda a ilustrar que el reverdecimiento es una estrategia pertinente para promover la salud y, en particular, la salud mental, en entornos urbanos”. Aun así, Evelise Pereira, investigadora de ISGlobal y coautora del estudio cree que queda mucho trabajo por hacer porque “actualmente solo el 20% de la población de Barcelona cuenta con el acceso a espacios verdes recomendado por la OMS”.  

La Generalitat ha presentado un plan contra la presión estética sobre las mujeres que tiene como la medida más llamativa obligar a las marcas de ropa a que tengan una oferta de tallas más amplia. “Queremos que las mujeres dejen de estar en guerra con su cuerpo. No hay cuerpos imperfectos o fuera de la norma, todos son diversos”, ha afirmado la consellera del departamento de Igualdad y Feminismos, Tània Verge.

El plan de acción, dotado con 12,5 millones de eurosmm incluye más de sesenta medidas en ámbitos como la moda o la publicidad. Su objetivo, ha detallado Verge, es sensibilizar al conjunto de la población sobre el impacto que la presión estética tiene en la autoestima de las mujeres. Meritxell Benedí, presidenta del Institut Català de les Dones, ha añadido que “la presión estética convierte a las mujeres en objetos de consumo, reclamo y negocio, perpetúa los estereotipos de género y puede provocar problemas de salud, especialmente en las mujeres, los adolescentes y los niños”. 

Para hacer efectiva la variedad de tallas en los escaparates y en los estantes, el Govern está trabajando en la actualización del Código de Consumo. Pretenden incluir en la norma la obligación de que las empresas de venta de ropa que operen en Catalunya, incluidas las multinacionales, tengan una oferta de tallas más amplia.

La consellera ha puesto como ejemplo de esta mayor sensibilización la sanción impuesta a la compañía aérea de Vueling por imponer tacones y maquillaje a sus auxiliares de vuelo, pero a la vez ha advertido de que, a pesar de la capacidad sancionadora que tienen a través de legislaciones como el Código de Consumo, la ley de trato y no discriminación o la normativa de ámbito laboral, “el objetivo no es sancionar, sino provocar cambios, denunciar, concienciar y revocar las causas de la presión estética”.  

Asimismo, tanto la consellera como la presidenta del Institut Català de les Dones han añadido que también trabajarán con el comité organizador de la 080 BarcelonaFashion y la Barcelona Bridal Fashion Week para promover la diversidad de cuerpos y no promocionar cánones de belleza imposibles en los desfiles.  

Según han recordado desde la Generalitat, el 60% de las jóvenes de 18 a 24 años se sienten insatisfechas con el propio cuerpo, una cifra que se sitúa entre el 40% y 50% en las mujeres de hasta 65. El 47% de las chicas de 12 a 16 quieren adelgazar y entre los 8 y los 11 años, un 15% ya expresan insatisfacción con su cuerpo.

El plan, según ha defendido Verge, es pionero a nivel internacional, porque tan solo Francia y Noruega tienen algunas medidas que inciden en el abordaje de la presión estética. Aun así, la consellera ha remarcado que es el único plan que tiene en cuenta tanto las causas como las consecuencias “de esta forma de violencia simbólica contra las mujeres”. Sobre la puesta en marcha, ha añadido que se aprobará en abril y sus acciones se desplegarán hasta el 2026.

Además, la acción coordina los distintos departamentos del Govern y ofrece “por primera vez una respuesta coordinada y transversal a esta forma de violencia machista y simbólica contra las mujeres”, ha añadido Benedí.  

Diversidad corporal en el sector audiovisual 

El plan también prevé impulsar un acuerdo con los medios de comunicación, anunciantes y otros agentes implicados en la actividad publicitaria para identificar el uso de imágenes o partes del cuerpo que hayan estado manipuladas o retocadas. Además, también pretende incorporar la diversidad corporal en los anuncios publicitarios y en la programación del canal SX3 de la CCMA y otros operadores públicos y privados con la creación de contenidos hechos por y para jóvenes. 

Siguiendo con el sector digital, Verge ha explicado que las redes sociales son un espacio importante para la difusión de cánones estéticos imposibles a través de los filtros y retoques que se pueden utilizar. Aun así, ha detallado que la capacidad reguladora es estatal y europea, no del Govern. “Hay países como Francia y Noruega que lo han llevado a cabo, el estado español también lo podría hacer”. 

Según la encuesta de salud de Catalunya (ESCA), el 5% de chicas jóvenes de Catalunya están afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), por este motivo, el plan del Govern pretende mejorar la accesibilidad y la atención a los trastornos de conducta alimentaria a través de acciones que impliquen la atención primaria de salud o los servicios de salud mental. 

Para evitar la discriminación laboral, el plan ofrecerá recomendaciones para regular el uso de los uniformes y así evitar las equipaciones sexistas, y pondrá en marcha los currículos ciegos, una prueba piloto para promover procesos de selección de personal no condicionados por el físico normativo. 

Finalmente, el plan incluye la formación a docentes, profesionales de los centros deportivos públicos, asociaciones de familias de alumnos o profesionales del ámbito de la salud, entre otros, como un eje clave para la prevención de la presión estética.

“Si no hubiéramos pagado, estaríamos fuera del piso”. Alba Martínez, vecina del Eixample de Barcelona, se refiere así a los honorarios que les cobró la inmobiliaria en 2020 como gastos de gestión para renovar el contrato del alquiler de su piso. Fueron 1.800 euros, algo más de una mensualidad, lo que tuvo que desembolsar de golpe. “Éramos conscientes de que nos estaban estafando, pero no podíamos hacer nada”, asegura la joven.

En aquel momento, explica Alba, ella y sus dos compañeros de piso sabían que los honorarios debía pagarlos el propietario del piso, no ellos. Lo regula la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada en 2019. Cuando el titular del piso es un particular, no hay nada escrito, pero cuando es una empresa –una persona jurídica–, le corresponde a ella asumir los “gastos de la gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”. Este es su caso. Su casero es Monpa SA, una firma que junto con otras de la familia Monleón Pagès gestiona cientos de viviendas a través de la administradora de fincas Rentaz. 

Aunque inicialmente se resignaron a pagar, en casa de Alba se enteraron recientemente de que no eran los únicos. El Sindicato de Inquilinas de Barcelona, tras recibir algunas quejas por el pago de estos honorarios, ha contabilizado hasta 400 hogares que dependen de este mismo gran propietario, de los cuales al menos 80 han decidido pasar a la acción y reclamar que les devuelvan lo abonado. 

Acostumbrados a forzar negociaciones colectivas para impedir subidas del alquiler o desahucios, esta es la primera gran demanda que gestiona el Sindicato en cuanto al pago de honorarios. Con pancartas y megáfonos, decenas de inquilinos de estas empresas se han plantado este martes con activistas de la entidad frente a la sede de Rentaz. Su intención era entregarles unas 200 firmas de las familias que piden la devolución de esos cobros, pero nadie les ha abierto la puerta. Según los cálculos del Sindicato, si en todas sus viviendas ha actuado igual, la propiedad se habrá ahorrado unos 200.000 euros. 

Este diario ha tratado de ponerse en contacto tanto con la inmobiliaria como con la propiedad, pero solo en este último caso ha obtenido respuesta. “A la propiedad todavía no le ha llegado ninguna reclamación. Todas las que lleguen, se analizarán”, se ha limitado a afirmar su abogado.

Piden que los honorarios los asuma siempre el propietario

Según Enric Aragonès, portavoz del Sindicato, es “muy habitual” que las inmobiliarias traten de cargar la factura al inquilino, incluso cuando la propiedad es una empresa y la ley lo prohíbe. “Es un hecho visiblemente injusto y que no tiene ningún sentido”, advierte, y lamenta que además de haber “mucha desinformación” sobre el tema, los inquilinos y aspirantes a entrar en un piso están demasiado indefensos como para cuadrarse. “Saben que si plantean exigencias, aunque sean para cumplir la ley, pueden quedarse fuera. Las inmobiliarias se aprovechan aquí de un desequilibrio de poder muy bestia”, argumenta Aragonès. 

“Te sientes muy vulnerable al tener que decidir entre pagar una cantidad enorme de dinero o dejar el piso en un momento en el que el mercado en Barcelona está imposible”, describe Alba Martínez. “Pagar eso es un palo y más en los tiempos que corren. Todas las compañeras del piso nos dedicamos al sector cultural y con la pandemia era difícil poder ganar algo de dinero”, comenta Alba. 

Junto a ella, decenas de vecinos que han participado en la acción de este martes han explicado cómo Rentaz les cobró entre 1.000 y 1.800 euros de honorarios por nuevos contratos o renovaciones. En el caso de Julia y su pareja fueron 1.340 euros. Ella vive en un bloque en la plaza Tetuán donde las 24 viviendas son propiedad de la misma familia. “Después de asesorarnos, la inmobiliaria nos dijo que el propietario lo hacía así y que si no estábamos de acuerdo, que iban a romper el documento”, afirma. Como los demás, acabó pagando y firmando.

La disputa sobre quién debe pagar los honorarios viene de lejos. Organizaciones de consumidores y el propio Sindicato de Inquilinos argumentan que debería ser siempre el propietario –sea particular o empresa–, que es a quien el administrador le presta el servicio. “Al final tenemos a inquilinos que acaban pagando los honorarios de unas empresas que representan los intereses de la otra parte”, lamenta Aragonès, quien lo califica de “especialmente absurdo” cuando se trata de renovaciones de contratos. “Todo lo que hacen es preparar un papel que dice que continúa vigente el contrato”, afirma. 

Tampoco es esta una cuestión resuelta en la Ley de Vivienda que tiene pendiente de aprobación el Gobierno y que sigue encallada. De hecho, es uno de los escollos (aunque el principal tiene que ver con la regulación de los precios). Algunos grupos parlamentarios han pedido que se añada a la norma que los honorarios debe asumirlos la propiedad y cuentan con el sí de Unidas Podemos. “Que tengan que correr a cargo del arrendador, del que se beneficia del alquiler, es una de las cuestiones que han puesto sobre la mesa y que a mi me parecen razonables”, aseguraba a finales de enero la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Salvados.

A la espera de ver cómo se resuelve en la ley, las asociaciones de inmobiliarias ya han dejado claro que se oponen al cambio. Según la federación que las aglutina a todas, la FAI, el agente presta servicio tanto al arrendador como al arrendatario. “Prohibir el cobro de honorarios por la prestación de un servicio a una agencia inmobiliaria es una forma de intervención del libre mercado que causará el efecto contrario al perseguido. No evitará que el coste acabe repercutiendo indirectamente al inquilino”, afirmaron tras las declaraciones de Belarra.