El grupo rebelde M23, con el apoyo inestimable del Ejército de Ruanda, sigue con su avance por el este de la República Democrática del Congo sin encontrar resistencia. En cuestión de dos semanas se han hecho con el control de las dos capitales de las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, Goma y Bukavu respectivamente, ciudades que suman más de 3,5 millones de habitantes.

En su entrada en Bukavu se ha enfrentado a menos resistencia que en Goma, donde unas 3.000 personas murieron en la ofensiva y 700.000 tuvieron que huir de la zona.

Aunque no hay datos oficiales, la ONU ha denunciado la muerte de tres niños de entre once y quince años, según informó desde Ginebra la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani. “También estamos documentando casos de malos tratos, violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, reclutamiento infantil y forzado, intimidación y amenazas de muerte”, señaló la portavoz.

Además, al menos 150.000 personas han huido en Kivu Sur ante el avance del M23, lo que eleva a casi un millón los desplazados por la ofensiva rebelde en menos de un mes. “La crisis va a peor a medida que las personas huyen a áreas donde la ayuda humanitaria no puede llegar debido a la inseguridad”, lamentó recientemente el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eujin Byun.

La organización Médicos sin Fronteras informó el jueves de que uno de sus trabajadores y un niño habían sido heridos de gravedad por las balas que alcanzaron su centro de Masisi, en Kivu Norte, donde los ataques de las fuerzas gubernamentales continúan de forma puntual para intentar recuperar sus posiciones. Este sábado, MSF ha confirmado en un comunicado que Jerry Muhindo Kavali, el trabajador herido, ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas.

Además, la ONG asegura que atendió a 48 personas con heridas de bala en Bukavu, que suman un total de 315 en toda la provincia de Kivu Sur, y expresó su preocupación por posibles brotes de enfermedades infecciosas como el cólera.

Tras entrar en Bukavu, el líder del M23, Corneille Nanga, reiteró la amenaza de llegar hasta la capital Kinsasa y deponer al Gobierno del presidente Félix Tshisekedi, si este no se sienta en la mesa a negociar una paz: “Vamos a por la liberación total del pueblo congoleño”, dijo el líder rebelde.

El martes, los insurgentes llegaron sin contestación a Kamanyola y comenzaron a desatar el pánico en Uvira, la siguiente gran ciudad en su camino, a 80 kilómetros de distancia y con más de 700.000 habitantes. En esa urbe, los vecinos reportaron el miércoles disparos entre soldados de la RDC y el grupo aliado de autodefensa wazalendo por desavenencias sobre cómo se están enfrentando al imparable M23.

Una ofensiva con implicaciones regionales

La llegada a Uvira podría implicar nuevas dimensiones regionales. La ciudad se encuentra a tan solo 25 kilómetros de Buyumbura, capital de Burundi, situada al otro lado del Lago Tanganica, situado entre la RDC y Burundi y otros países. El Gobierno de Ruanda es enemigo del de Burundi, liderado por Evariste Ndayishimiye, quien acusó a principios de mes a su homólogo ruandés, Paul Kagame, de aplicar un plan “expansionista” en la región mediante la “anexión de territorio vecino”.

De momento, ningún indicio hace pensar que el M23 podría entrar en territorio de Burundi buscando llegar a su capital, pero los 10.000 soldados burundeses desplegados en apoyo de la RDC se han retirado a su país, tras ser incapaces de proteger el aeropuerto de Kavumu, a las afueras de Bukavu, ante la llegada de los rebeldes. Además, se ha informado de que al menos 500 soldados congoleños también habrían cruzado la frontera para refugiarse en Burundi, al igual que más de 40.000 civiles, según datos de ACNUR. Los refugiados “llegan en muy mal estado”, según ACNUR, y “en muchas ocasiones ya han sido desplazados internos en varios sitios de la RDC antes de llegar a Burundi”.

El nivel de ansiedad por la ofensiva del M23 es tal que a 1.600 kilómetros de distancia, en Kinsasa, algunas embajadas extranjeras están empezando a mover a su personal en vehículos blindados y trasladando a algunos al otro lado de la frontera hacia Brazzaville, capital de la vecina República del Congo.

El avance imparable de los rebeldes ha generado rumores en la capital de un alzamiento contra el Ejecutivo de Tshisekedi, que se niega a sentarse a negociar con el grupo armado y pide hacerlo directamente con el Gobierno ruandés que, a su vez, niega cualquier involucración directa en el conflicto. El presidente de la RDC negó la caída de Bukavu, cuando ya se había producido a lo largo del fin de semana, para después admitirlo, lo cual denotó su falta de control sobre la situación y le colocó en una posición de debilidad.

El Gobierno ha negado cualquier rumor de golpe de Estado y ha pedido no dar pie a la “desinformación” que pretende debilitar al país. “El presidente Tshisekedi fue elegido por el pueblo congoleño para un mandato de cinco años. No aceptaremos ningún golpe de Estado que involucre al Ejército ruandés para desestabilizar las instituciones del país, legal y legítimamente establecidas”, dijo en la red social X el ministro de Justicia, Constant Mutamba.

Por el momento, las peticiones de la RDC para que los socios de Ruanda presionen al país no ha surtido el efecto deseado. Kinsasa acusó a los equipos de fútbol Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich de llevar camisetas “manchadas de sangre” porque en ellas aparecía el logo turístico de Visit Rwanda, pero ninguno ha cancelado el acuerdo con Ruanda y solo representantes del equipo muniqués dijeron que enviarán delegados a Kigali para monitorizar la situación. Por su parte, el Gobierno ruandés ha dicho que esas presiones amenazan con crear una guerra regional.

En la última semana, la presión sobre Kigali ha aumentado. El jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra James Kabarebe, ministro de Estado de Ruanda, a quien acusa de controlar el recurso de los minerales para financiar al M23. Días antes, Bélgica denunció que Ruanda estaba atacando la integridad territorial de la RDC y el Gobierno laborista de Reino Unido llamó a filas al Alto Comisionado de Ruanda, el máximo representante diplomático del país ante Londres.

La contestación de Kigali ha sido muy distinta: ha decidido unilateralmente suspender su acuerdo de cooperación con Bélgica, acusando al país de aliarse con la RDC; mientras que solo ha “lamentado” en un comunicado las palabras del Gobierno británico, lo mismo que con Estados Unidos, cuyas sanciones calificó de “injustificadas” sin adoptar más medidas.

El cambio de Gobierno en Londres en julio de 2024 paralizó el acuerdo para enviar a migrantes que llegaran a Reino Unido de forma irregular a Ruanda, a cambio de más de 600 millones de euros, de los cuales la mitad ya se habían desembolsado a pesar de no haber llegado todavía ningún migrante a Kigali. El 40% del presupuesto anual del Gobierno ruandés viene de los cerca de 1.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo que recibe de sus socios internacionales.

En la próxima reunión de ministros de Exteriores del G20 en Johannesburgo el día 20 de febrero no estará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio ha dicho que no irá a un país que favorece el “antiamericanismo”. La decisión viene días después de que el presidente Donald Trump confirmara a los pies del Air Force One la retirada de la ayuda directa al Gobierno sudafricano: “En Sudáfrica están sucediendo cosas terribles... están confiscando tierras y, en realidad, están haciendo cosas que quizá sean mucho peores que eso”, dijo el presidente.

El Gobierno estadounidense pagó 527,5 millones de dólares (510,6 millones de euros) en 2024 en ayuda al desarrollo en Sudáfrica, de los cuales la gran mayoría, 453 millones (438 millones de euros), fueron al programa contra el VIH conocido como PEPFAR. A eso se le suman más de 60 millones (58 millones de euros) de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) —que ha prometido cerrar Trump— para programas de igualdad de género y principios democráticos, entre otros.

Su decisión de congelar la ayuda la vincula a la nueva ley de expropiación de tierras firmada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, una polémica medida que busca restituir las desigualdades económicas entre la población negra y la blanca. A pesar de haber pasado 30 años desde el fin del apartheid, la diferencia de riqueza ha aumentado entre blancos y negros y Sudáfrica es el país con mayor desigualdad de ingresos en el mundo, según el índice Gini. La población blanca, que representa menos del 10% del total, todavía tiene el 85% de la riqueza del país, además de un 72% de las tierras agrícolas y cultivables.

Ramaphosa ha defendido la ley, que sólo esgrime la expropiación en casos de interés público justificado, cuando no hacerlo suponga un riesgo público para las personas, o si el propietario no tiene interés de construir o explotar los terrenos, diciendo que son medidas de expropiación que tienen muchos países, incluido Estados Unidos, para “equilibrar la necesidad del uso público de la tierra y la protección de los derechos de los propietarios”.

Una crítica que ha venido encabezada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo y director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dijo en su red social X que era una ley “abiertamente racista”.

Musk nació en Sudáfrica en 1971 porque su abuelo, Joshua Hadelman, decidió mudar allí a la familia desde Canadá en los años 50 porque le gustó el proyecto del apartheid. El mismo abuelo que había liderado un proyecto en los años 30, Technocracy Incorporated, que buscaba colocar a tecnócratas en la cúspide del poder político estadounidense y abolir la democracia. Elon creció en un entorno de privilegio blanco. Su padre, Errol Musk, hizo negocio en la minería sudafricana a costa de la segregación. A pesar de que se consideraba liberal y contrario al Gobierno del apartheid, prefería separar a los negros de los blancos en dos parlamentos en lugar de aplicar el principio de una persona, un voto.

A pesar de que lo criticó en algunas ocasiones por su postura, Elon mantiene buena relación con su padre, que vive en Ciudad del Cabo. Tanta es su influencia que el presidente Ramaphosa intercedió para pedirle a Errol que le pusieran en contacto por teléfono con su hijo para explicarle la ley de expropiación. Ambos pudieron charlar durante unos minutos.

Aun así, el pasado sudafricano de Musk y la ley de expropiación de tierras no es el único motivo del enfado de Trump contra Sudáfrica. Detrás está también el hecho de que el Gobierno de Ramaphosa haya sido el país más beligerante contra Israel por su invasión de Gaza. En diciembre de 2023 llevó a la Corte Internacional de Justicia a Israel acusándola de genocidio, un caso que todavía está abierto. A ello se suma que Sudáfrica ha sido uno de los principales defensores de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática y fue Trump quien precisamente dio el paso contrario al reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio en su primer mandato.

Influye también que Sudáfrica es el país que más tropas ha enviado a la República Democrática del Congo en defensa del Gobierno congoleño en su lucha contra el grupo rebelde M23. Trump, que no se ha pronunciado sobre la invasión ruandesa más que para decir que es un tema “muy grave”, mostró en campaña su rechazo al gobierno congoleño al propagar el bulo de que en el país estaban “vaciando sus cárceles y sus hospitales psiquiátricos para que sus internos vayan colándose en Estados Unidos”.

El pasado 18 de diciembre, el gobierno liderado por el presidente Félix Tshisekedi demandó oficialmente a Apple en Francia y Bélgica, acusando a la empresa de extraer ilegalmente de su territorio minerales clave para sus productos, una acusación que no sentó nada bien a Trump, quien invitó a su toma de posesión a los principales CEO de Silicon Valley, entre ellos Tim Cook. En su primer mandato, el dirigente ya suspendió la ley financiera Dodd-Frank, que obligaba a las empresas americanas a verificar que sus productos no espoleaban conflictos alrededor del mundo.

Por si fuera poco, Sudáfrica es la ese de los BRICS, esa que confundió con España en sus primeros días en el Despacho Oval. Trump ha amenazado con imponer un 100% de aranceles a los países de los BRICS ante la propuesta de estos de dejar de utilizar el dólar en las transacciones internacionales. En 2023, Sudáfrica además estuvo dispuesta a acoger a Vladímir Putin en la cumbre de los BRICS a pesar de haber una orden de arresto internacional contra él. Meses antes, Ramaphosa había autorizado a sus socios de Rusia y China a ejercer maniobras militares navales en sus aguas.

La causa contra Israel, el formar parte de los BRICS y la ley de expropiación son parte de la cruzada de la Administración Trump contra Sudáfrica. Si a todo eso se le añade que el Congreso Nacional Africano, el partido que fuera de Nelson Mandela y hoy lidera Ramaphosa, tiene fundamentos marxistas, se obtiene el caldo de cultivo perfecto para convertirse en enemigo público de los Estados Unidos de Trump y Musk.

El pasado 29 de enero, Uganda confirmó que un enfermero de 32 años fallecía en la capital del país, Kampala, a causa de un nuevo brote de ébola. En enero de 2023 se dio por erradicada la enfermedad y desde entonces no se dieron nuevos casos. Sin embargo, la muerte del enfermero ha alertado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que esa misma semana confirmó el envío de 2.160 dosis de la vacuna en pruebas a Uganda para suministrarlas a las personas que habían estado en contacto con el paciente.

Nueve días antes, Donald Trump había firmado en uno de sus primeros decretos la salida de Estados Unidos de la OMS, llegando a ser efectiva al 100% en enero de 2026 lo que complicará todavía más la situación en este país. Menos de dos semanas después, ha decidido acabar prácticamente con toda la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID). La web no funciona e indica que todos los empleados excepto aquellos en “misiones críticas” están de baja forzada hasta resolver la situación en un plazo de noventa días.

Esta decisión supone la paralización de todos los estudios para buscar avances en salud, desde programas para el tratamiento de la malaria en menores de cinco años en Mozambique, pasando por un método de detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino en Malaui o programas de nutrición a niños en Etiopía.

Trump ha decidido continuar el plan que ha trazado Elon Musk, el hombre más rico del mundo y ahora nuevo director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk acusa a la USAID de “organización criminal” y ha ordenado meter “en la trituradora” a la agencia de desarrollo más importante del mundo acusándola de ser “una operación psicológica política de izquierda radical” y un “despilfarro de dinero descabellado”. Sin embargo, la agencia supone tan solo un 1% del presupuesto anual del gobierno y de no llegar al 0,3% del PIB del país, menos del 0,7% de la recomendación de gasto de la ONU a países de altos ingresos.

Todo esto se ha alimentado de bulos como el lanzado y repetido por el presidente estadounidense de que USAID había enviado “50 millones de dólares a Gaza para comprar condones para Hamás” que además “utilizan para hacer bombas”. Tras investigar el presupuesto de USAID se vio que ese dinero no existía y que se podía estar confundiendo con un programa para frenar las enfermedades de transmisión sexual en una provincia del mismo nombre, Gaza, pero en Mozambique, a miles de kilómetros.

A pesar de estar basada en bulos, la decisión tomada supone un peligro estructural a la salud global y la ayuda humanitaria. Estados Unidos es el principal contribuyente a la OMS con un 15% del presupuesto anual, unos 723 millones de dólares en el año 2024. Por su parte, el país dedica 68.000 millones de dólares al año en ayuda al desarrollo, de los cuales 42.000 millones se canalizan con USAID. De todo ese dinero dos tercios van dedicados a la salud y a ayuda humanitaria urgente, como por ejemplo los 1,4 mil millones de dólares que se han invertido desde 2022 en la guerra civil en Sudán para ayudar a los más de un millón de desplazados.

La salida de la OMS y la USAID supone todo un reto para el futuro y un freno absoluto a los avances contra enfermedades. En 2021, la OMS aprobó la primera vacuna contra la malaria y ahora los investigadores están cerca de conseguir la del ébola, una de las más mortales del mundo. 

Pero no son las únicas, este dinero de ayuda al desarrollo de Estados Unidos es vital para evitar el peligroso regreso de enfermedades que ya se dan casi por finalizadas. La cuarta parte del presupuesto de la OMS va dedicado a la erradicación de la polio en el mundo, una enfermedad todavía endémica en países como Afganistán o Pekín. El haberla eliminado en un país no es síntoma de erradicación total, en África se dio por finalizada la polio en 2020, pero dos años después volvieron a resurgir casos en Malaui y Mozambique.

Algo similar ocurre con enfermedades que volvieron en la segunda década del siglo XX reapareciendo como brotes violentos, como por ejemplo la viruela símica (mpox), con más de 15.000 casos en países africanos y 55 muertes o el virus del Marburgo, una enfermedad similar al ébola que en 2024 volvió a aparecer en Ruanda y que ha cruzado la frontera hacia Tanzania, causando ya diez muertos en lo que va de año, el 100% de los afectados.

A ello se suma la cantidad de muertes que se están evitando y que ahora se ponen en duda. En Kenia, decenas de personas con VIH han ido a los hospitales para conseguir sus antirretrovirales y se han encontrado con que no había personal de la USAID. La organización contribuye a proyectos contra la enfermedad en todo el mundo y especialmente en el cono sur del continente, donde se concentran los ocho países con mayor tasa de prevalencia del mundo.

En Sudáfrica la USAID dedicó en 2023 527,5 millones de dólares en ayuda al desarrollo, de los cuales 220 millones fueron para programas contra el VIH con tratamientos antirretrovirales o para el estudio de una vacuna con tecnología mRNA contra el VIH, ahora paralizado.

La combinación de la salida de la OMS y el fin de la USAID supone un riesgo global para la salud. El peligro no es solo no poder frenar brotes de nuevas enfermedades, sino echar a perder los logros de las últimas décadas. 

Willy Ngoma levanta el dedo y da unas palmaditas en la espalda a un grupo de personas blancas mientras desfilan con la cabeza agachada delante de él. “No se bromea con el M23, amigo”, les avisa en inglés. Es miércoles 29 de enero y mercenarios rumanos contratados por el Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) están admitiendo su derrota ante el jefe militar y portavoz del grupo rebelde M23 tras no poder impedir que se hagan con el control de Goma.

Un día antes, los milicianos congoleños del M23 habían entrado en la ciudad de más de dos millones de habitantes sin gran resistencia tras más de un año merodeando los alrededores de la región de Kivu Norte. No es la primera vez que lo hacen: en 2012 el grupo de mayoría tutsi, financiado y apoyado con material por la Ruanda del dictador Paul Kagame, de la misma etnia, ya entró en Goma desatando una crisis regional. Ahora el M23 ha entrado acompañado por soldados del Ejército de Ruanda, cuyo presidente, Paul Kagame, jamás había admitido apoyar explícitamente al grupo hasta la fecha, a pesar de las pruebas confirmadas por la ONU.

Han podido con todo y contra todos: a Ruanda y el grupo M23 le ha dado igual asesinar a 17 soldados extranjeros, entre ellos uno uruguayo, uno de Malaui y 13 sudafricanos, todos parte de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) así como de las fuerzas regionales de la Misión Comunitaria de Desarrollo del Sur de África (SAMIDRC). También han podido con los mercenarios rumanos a los que despedía Ngoma y las milicias de autodefensa congoleñas wazalendo. En el este de R.D. Congo hay más de seis millones de personas desplazadas y la ONU calcula que tan solo en lo que llevamos de 2025 otras 400.000 personas han sido desplazadas por los combates.

La situación es peor y puede derivar en un conflicto continental. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dijo en un comunicado que la muerte es por los ataques del M23 y el Ejército de Ruanda, lo que enfureció a Kagame, que respondió que había “mucha distorsión, ataques deliberados e incluso mentiras” en su declaración, negando que fueran sus fuerzas o las del M23 las que asesinaran a sus soldados, responsabilizando así al Gobierno congoleño.

Félix Tshisekedi, presidente de RDC, ha llamado a todos los ciudadanos mayores de edad a alistarse en el Ejército y ha prometido una respuesta contundente, amenazando con atacar Ruanda. Esta posibilidad es poco creíble visto que no los han podido contener en su propio país y que incluso avanzan hacia Bukavu, capital de la región de Kivu Sur.

El presidente ha cargado también contra la inacción de la comunidad internacional tras protestas en la capital que han provocado incendios en las embajadas de Estados Unidos y Francia.

Tres décadas de conflicto

El conflicto entre Ruanda y RDC no es nuevo. Ya en 1996, el Gobierno de Kagame invadió junto con la vecina Uganda el este del país vecino en lo que se consideró la Primera Guerra del Congo. Kagame acusaba al dictador congoleño Mobutu Sese Seko de dar cobijo a los milicianos hutu que habían dirigido el genocidio en Ruanda contra la minoría tutsi dos años antes y que acabaron con la vida de más de 800.000 personas y decidió apoyar al guerrillero Laurent-Desiré Kabila.

Estos ayudaron a la insurgencia a derrocar a Mobutu y vencer, pero en 1998, poco más de un año después, Kabila, ya como presidente, quiso desprenderse de la influencia de Ruanda y Uganda y acabó provocando una nueva rebelión que derivó en la Segunda Guerra del Congo, la más mortal que duraría cuatro años e involucró a nueve países africanos.

Tras la paz, la tensión ha continuado con la aparición del Movimiento 23 de Marzo, que surgió de las críticas por la falta de integración de los tutsi en el Ejército congoleño liderado por el presidente Joseph Kabila, hijo del primero. En 2012 consiguieron hacerse con Goma, pero la retirada de los más de 270 millones de ayuda internacional al gobierno de Kagame hizo que se forzara a un acuerdo tácito para dejar de financiar al M23, que acabó derrotado.

Nueve años después, el M23 resurgió de sus cenizas en 2021 tras las diferencias con Tshisekedi y ya en 2023 se rumoreaba que podrían hacerse con Goma. Ahora, vuelven a conseguirlo y ya controlan Kivu Norte, un territorio que es dos veces el tamaño de Bélgica, y buscan seguir hacia Kivu Sur, una provincia igual de grande.

El Israel africano

La retórica oficial ruandesa para invadir a su vecino está en el miedo a una posible invasión hutu que provoque un segundo genocidio, pero la realidad es el interés económico por los minerales presentes en el este de R.D. Congo.

Ruanda no tiene recursos minerales propios, mientras que su vecino tiene algunos de los minerales más valiosos del mundo como el oro, diamantes y, sobre todo, dos terceras partes del coltán y la mitad de las reservas de cobalto que hay en todo el mundo. Estos son vitales para la transición energética, especialmente para baterías eléctricas y teléfonos móviles, y se calcula que el valor de todos los minerales del Congo equivale a la economía de Estados Unidos.

Aun así, si miramos el mapa, llama la atención que un país como Ruanda, con un tamaño menor a Cataluña y una población de 15 millones de personas, pueda invadir sin contestación una región rica en minerales en un país con 100 millones de habitantes y una superficie total que suma la de todos los países de Europa Occidental.

Para poder entenderlo hay que comprender el poder geopolítico que Kagame ha sabido granjearse. Kagame ha sabido explotar la culpa de la comunidad internacional por no evitar el genocidio de 1994 contra los tutsis para obtener el apoyo y la financiación a su régimen.

El 40% del presupuesto anual del Gobierno ruandés viene de los cerca de 1.300 millones de dólares de ayuda al desarrollo que recibe de sus socios internacionales, principalmente de Estados Unidos, que aporta 174 millones, casi tres veces más que Japón y Alemania. Francia también es un socio vital tras retomar relaciones diplomáticas en 2019 y dar en cuatro años 500 millones de dólares en ayuda al desarrollo, así como Reino Unido, que más allá de los casi 40 millones de dólares anuales ha tenido una gran relación bajo gobiernos conservadores que han legitimado el país como un lugar seguro con su acuerdo para expatriar inmigrantes irregulares.

Todo ese dinero le ha servido a Kagame para limpiar su imagen bajo la propaganda Visit Rwanda, el lema turístico que se puede ver en todo el mundo en la manga de equipos de fútbol como el Paris Saint-Germain, el Arsenal. El Ejecutivo ha sabido además posicionar Kigali como una capital de eventos internacionales y ha llegado a acuerdos con la NBA para acoger las finales de la máxima competición continental de baloncesto africana, el congreso anual de la FIFA o este año el Mundial de Ciclismo en Ruta. En diciembre, Ruanda confirmó su candidatura para que la F1 volviera a África.

Ahora, todo ello podría estar en jaque. El ministro de Exteriores británico, el laborista David Lammy, ha avisado a Kagame que podría perder los 1.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo si no deja de apoyar al M23. Eso ya ocurrió en 2012, pero esta vez Kagame se considera en una posición fuerte.

El presidente ruandés ha calculado que esta vez no le darán la espalda. La llegada de Donald Trump puede haberle alentado. Trump ya criticó al Gobierno congoleño en campaña lanzando bulos sobre que enviaban a sus presos a Estados Unidos como inmigrantes irregulares. Además, el año pasado el Gobierno de Tshisekedi denunció a la tecnológica Apple por robar sus minerales de minas no autorizadas por el Gobierno. Kagame puede haber valorado que Trump, amigo de las grandes empresas tecnológicas, podría preferir asegurarse los minerales con el control del M23 y Ruanda y no del Congo, obviando con ello la integridad territorial congoleña y toda la legislación internacional. Por el momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha pedido un alto al fuego que evite una escalada de la tensión y que permita una “economía regional próspera”.

Sea como fuere, de los socios internacionales dependerá el futuro escenario regional. La posibilidad de una Tercera Guerra del Congo con participación continental es posible, aunque es difícil pensar en un ataque coordinado contra el Ejército de Kagame. Así pues, tampoco es descabellado pensar que Kagame acabe controlando con el M23 las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur de facto como Rusia ha hecho en localizaciones del Donbás o Israel con los territorios ocupados en Palestina.

Aun así, la retirada de la financiación internacional a Ruanda —y por lo tanto también al M23 como ocurrió en 2012— sigue siendo una posibilidad, pero no es de descartar que Kagame use su poder para acordar un alto al fuego que le dé concesiones sobre las zonas mineras a cambio de la retirada del país vecino.

En noviembre de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisaba de que la desaceleración del crecimiento chino iba a impactar en el África subsahariana. Había pasado apenas un mes desde el anuncio de que en 2022 los préstamos chinos al continente habían marcado un mínimo histórico, sumando 1.000 millones de dólares, muy lejos de los casi 29.000 millones de 2016. La época dorada de Pekín en África parecía dar paso a una más pragmática, de menos inversiones y más cuidadosas, tras los problemas de deuda que han llevado a muchos países a tener dificultades para devolver el dinero y a otros como Zambia y Ghana a entrar en impago.

Desde Occidente se ha culpado a China de ahogar al continente con las deudas. El Gobierno de Xi Jinping es el que más presta a los Estados africanos (un 17% de toda la deuda externa del continente), pero la mayor parte de la deuda sigue siendo interna y el 77% de la deuda externa africana es con acreedores privados e instituciones financieras como el Banco Mundial o el FMI.

En esta tesitura, el presidente chino ha querido dar un golpe sobre la mesa para echar por tierra todos los rumores de alejamiento. A principios de septiembre el presidente Xi Jinping recibió en Pekín a 50 jefes de Estado de los 54 países africanos, en el noveno Foro de Cooperación China-África (FOCAC), un evento que cada tres años define las relaciones entre el continente africano y el gigante asiático.

Durante el foro, se cerraron inversiones en agricultura, minería y, sobre todo, energías renovables, y Pekín hizo su tradicional promesa económica para los próximos tres años: 50.000 millones de dólares. El número no es baladí: en la última edición del FOCAC en 2021, China había reducido en 20.000 millones las promesas de dinero desde los 60.000 millones de dólares y, aunque ahora no hayan vuelto a los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus, las inversiones han aumentado –aunque siguen lejos de la época de mayor inversión–.

Antes del comienzo oficial del FOCAC, se publicó la noticia de que en 2023 el gigante asiático había aumentado los préstamos a África por primera vez en siete años. Ya en el discurso oficial ante los mandatarios africanos, la palabra “juntos” fue la más pronunciada por el presidente chino, quien intentó convencerles de que Pekín es un socio fiable que se preocupa por el desarrollo del continente, en contrapeso a Europa y Estados Unidos.

Las renovables, el futuro de China en África

Xi Jinping ha inaugurado una nueva etapa, alejada de la inversión desenfrenada para buscar un modelo más sostenible que apuesta por minerales críticos y las energías renovables.

En 2023, China estuvo detrás de las tres cuartas partes de la inversión mundial en fabricación de energías renovables, con más de ocho de cada diez paneles solares y baterías para coches eléctricos, y dos de cada tres turbinas de energía eólica. La apuesta del gigante asiático ha hecho que el país tenga un stock y busque mercados para invertir. 

En este contexto, África presenta una oportunidad: el continente duplicará su demanda energética de aquí al año 2050 y la gran mayoría vendrá liderada por energías renovables. En el FOCAC, China ha llegado a acuerdos para desarrollar proyectos de energía renovable. En Nigeria, construirá una planta de montaje de triciclos eléctricos y un centro de formación en energías renovables; en Zambia, instalará paneles en tejados y ampliará dos plantas solares; y en Sudáfrica, celebrará un foro de energía renovable para potenciarla en un país que todavía depende del carbón y sufre apagones diarios.

A ello se suma el renovado interés por el litio, clave para las baterías eléctricas. Zimbabue es el quinto productor del mundo y tiene el 20% de las reservas mundiales. China ya tiene allí cuatro plantas procesadoras, la última abierta en agosto, y hay interés por parte de los chinos por invertir más en un sector al alza.

El esfuerzo de Pekín por desarrollar las energías renovables lo ha reconocido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha dicho que los acuerdos anunciados entre China y África deben “liderar la revolución en energías renovables”.

China, frente al “colonialismo” occidental

Xi Jinping anunció 5.000 millones menos de los que prometió Joe Biden en Washington a los mismos presidentes africanos en diciembre de 2022 para los siguientes tres años. El renovado interés estadounidense en invertir en África para contrarrestar el poder chino ha llevado a Pekín a hacer un esfuerzo en lugares concretos.

Uno de ellos es Kenia. Biden recibió en mayo con honores al presidente keniano, William Ruto, quien le apoya además en la misión de seguridad de la ONU en Haití. China ha prometido financiar la expansión del tren Madaraka Express, vital en las exportaciones de Kenia, y ha conseguido quitarle a Francia el proyecto para la autovía entre Rironi y Malaba, en la frontera con Uganda, con 1.000 millones de dólares presupuestados.

Además, el Gobierno chino ha anunciado que invertirá 2.000 millones de dólares para reformar la dañada línea de ferrocarril Tazara, construida por Mao Zedong en 1975 para la exportación de minerales como el cobalto y el cobre del sur de la República Democrática del Congo y el norte de Zambia, a través del puerto de Dar es Salam en Tanzania. Esta línea viene a competir con el Corredor Lobito, el tren financiado por Estados Unidos y la Unión Europea entre Angola y esas mismas zonas mineras.

 Más allá de las promesas monetarias, el noveno FOCAC ha reforzado la idea de que China es el socio ideal para África. El foro se celebró entre el 4 y el 6 de septiembre bajo el lema “El futuro común” y Xi Jinping aseguró que el gigante asiático comparte con África un “pasado común” de lucha contra el imperialismo, intentando así contrarrestar la narrativa occidental de que China busca un dominio neocolonial del continente, algo que rechazan los dirigentes africanos.

“No comparto que sea una relación opresiva o neocolonial. Es una relación de beneficio mutuo que se basa en el reconocimiento, el respeto y también en el avance del propio desarrollo de cada país. China está mucho más centrada en el desarrollo de los países de nuestro continente”, declaró el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La juventud del continente tampoco ve a China con malos ojos: la Encuesta de Juventud Africana 2024 de la Fundación de la Familia Ichikowitz, realizada en 16 países, muestra que los jóvenes ven a China como el actor internacional más influyente y un 83% cree que el impacto de su presencia es positivo. China busca mostrarse como el socio que se preocupa por el verdadero desarrollo africano, por ejemplo, con la capacitación de miles de personas en sectores clave como la agricultura, la educación, la salud y la seguridad.

Al Gobierno de Pekín le interesa ganarse el favor del bloque africano, 54 países vitales en las votaciones en la ONU, organismo en el que han votado lo mismo que China en el 71% de las resoluciones, frente al 29% de afinidad con Estados Unidos. En el FOCAC, la ministra de Asuntos Exteriores china recalcó su apoyo a la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a la Unión Africana, a menos de un mes de la 79ª Asamblea General que se celebrará a finales de septiembre de Nueva York. 

El pasado domingo 11 de agosto, Rebecca Cheptegei cumplió el sueño de representar a su país en los Juegos Olímpicos de París. La atleta ugandesa, con récord nacional, iba con intención de poder optar a medalla, pero acabó desfondada y terminó en posición 44ª. Menos de un mes después, su exnovio, el keniano Dickson Ndiema, se coló en su casa de Endebess, en Kenia, le vació un bidón de cinco litros de gasolina encima y le prendió fuego. Cheptegei llegó al hospital con un 80% de quemaduras en su cuerpo y no ha sobrevivido al ataque.

Dos días antes, su familia había puesto una denuncia por violencia machista contra Ndiema ante la policía keniana. Sus padres habían decidido dar ese paso tras enterarse de que el hombre había perseguido a su hija desde Kenia hasta Uganda y que habían tenido una fuerte discusión por la propiedad del terreno donde habían construido una casa juntos, en una localidad del condado keniano de Trans-Nzoia. La atleta, que procedía de una región fronteriza de Uganda, se alojaba en la vivienda para estar cerca de los numerosos centros de entrenamiento atlético de Kenia.

La denuncia no sirvió de nada. “El Gobierno nos ha fallado porque informamos con suficiente antelación sobre su seguridad. Era evidente que su vida estaba en peligro”, dijo su padre, Joshua Cheptegei, a los medios.

El asesinato de la atleta ugandesa ha vuelto a evidenciar el grave problema de la violencia machista en el atletismo profesional en Kenia. Cheptegei no es la primera atleta asesinada. El homicidio de la joven atleta keniana Agnes Tirop en octubre de 2021 conmocionó al país y creó un movimiento por los derechos de las mujeres atletas. Con 25 años, Tirop acababa de conseguir el récord del mundo en la prueba de 10.000 metros y era la gran esperanza keniana cuando su expareja la asesinó a cuchilladas. Seis meses después, la también keniana Damaris Muthee Mutua fue asesinada por su marido. Tenía 28 años.

Un problema sistémico

Todas ellas pasaron por un sistema de abuso arraigado en el atletismo keniano. El control por parte de los hombres de la vida profesional y personal de las atletas africanas comienza desde la infancia. “A Agnes la manipularon desde que era muy pequeña”, explica a elDiario.es Violeta Cheptoo, atleta y amiga de Tirop. La séptima de diez hermanos de una familia sin recursos en el valle del Rift, Tirop comenzó a despuntar, como muchas atletas, corriendo al colegio. Con 11 años ya apuntaba maneras y unos años después conoció a Ibrahim Rotich, 15 años mayor que ella, con quien empezó a salir y quien se ofreció a ser su entrenador.

“Comienzan diciendo que te van a apoyar, que te conseguirán un agente y viajarás por el mundo. Dices que sí porque quieres huir de la pobreza y la única salida para una chica joven es ganarse la vida corriendo”, explica Cheptoo. Rotich convenció a Tirop para dejar el instituto y mudarse juntos. Cuando ella tenía 20 años ya se habían casado. “El hombre toma el control desde una edad muy temprana de tu vida. No puedes tomar ninguna decisión sin esta persona, todo depende de él”, cuenta la atleta. “Cuando las mujeres ganan dinero… los hombres son los primeros que corren al banco”.

El control de las finanzas suele estar detrás de la mayoría de casos de violencia de género en el atletismo keniano. En el condado de Elgeyo Marakwet, donde entrenan los atletas, hay una tasa de pobreza del 57% y en una sola carrera puedes ganar más que un trabajador medio en todo un año. Con su segundo puesto en la media maratón de Madrid en 2011, Rebecca Cheptegei consiguió 1.100 euros y un atleta suele correr una media de diez o doce carreras al año.

En la élite del atletismo, hacia donde apuntaba la carrera de Agnes Tirop, se puede llegar a cobrar más de un millón de euros al año. “El 90% de las veces es un tema de dinero”, explica Cheptoo. “El asesinato de Agnes fue un shock y ha abierto los ojos a muchas mujeres, sobre todo las jóvenes que ya saben que no deben dejarse aprovechar y ya toman medidas preventivas como poner sus propiedades a nombre de su madre”, añade.

Inacción y retrasos judiciales

Uno de los principales problemas es la falta de acción para prevenir y perseguir la violencia de género. La federación de Atletismo de Kenia no tiene ninguna directriz ni curso para abordarla ni tampoco el órgano rector del atletismo a nivel mundial, World Athletics.

A nivel nacional, el código penal sí castiga con un mínimo de 10 años las violaciones, pero en el caso de los abusos físicos o el asesinato no diferencia los casos de violencia de género. A ello se le suma la falta de eficiencia.

La familia de Cheptegei denunció los abusos pero no evitó que la asesinaran y el exnovio de Tirop sigue en libertad a la espera de juicio tras pasar dos años en prisión preventiva. Casi la mitad de los casos en la justicia keniana tarda más de tres años en resolverse. “Es necesario hacer justicia y debe ser rápida. Algunos casos se alargan hasta ocho años y mucha gente que no tiene recursos se da por vencida. Eso no es justicia y alienta a los violadores”, explica Cheptoo.

La Encuesta Demográfica y de Salud de Kenia de 2023 indicó que más de 11 millones de mujeres, o el 20% de la población, ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y que cuatro de cada 10 la sufrirá a lo largo de su vida. Aun así, el 42% de las mujeres todavía cree que puede llegar a ser aceptable que su marido les pegue en un contexto donde el fracaso en el matrimonio viene asociado a ser juzgada como mujer. Dar el paso de denunciar es complicado ante la falta de aceptación y protección legal.

A finales de enero de este año miles de personas se manifestaron en Nairobi ante una oleada de violencia machista que llegó hasta los 14 asesinatos en menos de un mes. “En Kenia la violencia de género es una pandemia, la sociedad ha permitido que esto ocurra durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de nuestras vidas”, dice Cheptoo.

Ante la falta de protección oficial, tras la muerte de Agnes Tirop, Cheptoo fundó junto a la familia de esta la ONG Tirop’s Angels para honrar su vida y ayudar a víctimas de violencia de género. La organización se focaliza en la educación y prevención en colegios e institutos y dos años después cuentan con un centro con dos psicólogos, en la localidad de Iten, capital del condado de Elgeyo-Marakwet, considerada una meca del atletismo porque es la localidad elegida por las grandes deportistas para entrenar.

Allí forman y dan terapia en cuatro grupos de apoyo según el perfil: mujeres, atletas retiradas, niñas con visos de futuro como atletas profesional y un último para hombres, a quienes la fundadora cree que es vital educar. “Empezamos un programa para enseñarles sobre violencia de género, cómo lidiar con el estrés y los malentendidos en las relaciones”, explica la atleta, que afirma que ve un cambio entre quienes han ido a su centro y quienes no. En su junta cuentan con atletas masculinos como Abel Kipchumba, Amos Kipruto y Lawrence Cherono que se involucran con la causa.

Ahora el siguiente objetivo es poder construir un hogar seguro para las víctimas, a las que de momento llevan a hoteles de manera temporal, y conseguir establecer un teléfono seguro con cobertura de 24 horas. “Nosotros solo somos una sola organización, si todos hicieran lo que hacemos, lograríamos un gran cambio”, dice la fundadora. “No podemos esperar hasta que alguien muera”.

El pasado 1 de julio, Biniam Girmay, conocido como 'Bini', cruzó la meta sin nadie por delante. El ciclista de 24 años se bajó de la bici, se sentó en el asfalto mientras llegaban los otros ciclistas y, con la cabeza entre sus piernas, rompió a llorar. Sabía que acababa de hacer historia: “Cuando empecé mi carrera, ni me podía imaginar llegar a competir en el Tour de Francia”, decía a los medios. Ese día se había convertido en el primer ciclista africano negro en ganar una etapa en la carrera más competitiva del mundo.

En 2022 lo había hecho en el Giro D’Italia, pero el Tour eran palabras mayores. “Quiero agradecer a todo el pueblo de Eritrea. Deberíamos estar orgullosos, este es nuestro momento. Esta es una victoria para África, para todos. Un ciclista negro brillando en el escenario más grande”, dijo.

Días más tarde, siguió rompiendo los techos. Girmay ganó otras dos etapas y dos días antes se aseguró ser el ganador del maillot verde, la clasificación por puntos. Allí le esperaban centenares de eritreos con banderas verdes, rojas y azules de su país. En la capital, Asmara, miles de eritreos tenían por primera vez un motivo de alegría. El “Rey de África”, como le han apodado, ha conseguido unir a los ciudadanos de un país del que la mayoría busca huir de la tiranía del régimen de Isaias Afwerki. Para el longevo dictador, el ciclismo ha servido como deporte nacional y para mejorar la imagen de un país considerado en Corea del Norte de África por su hermetismo.

El hermético país del que muchos quieren huir

En el pequeño país montañoso de Eritrea, el ciclismo es prácticamente religión. La capital, Asmara, está a más de 2.300 metros de altitud y allí puedes ver a ciclistas amateur con profesionales compitiendo. El ciclismo lo introdujeron los invasores italianos a finales del siglo XIX y desde que Eritrea se independizó de Etiopía en 1995, se ha intentado profesionalizar. Para muchos es la única salida para prosperar.

En el país, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, y a pesar de que la ley lo limita a 18 meses, desde principios de este siglo es indefinido. El conflicto fronterizo con el Gobierno de la vecina Etiopía llevó al dictador Afwerki a cerrar la frontera. En un país de recién creación y de tan solo seis millones de habitantes, Eritrea partía con una desventaja clara frente a Etiopía, que tiene más de cien millones de personas.

El miedo a una posible invasión vecina ha sido la excusa perfecta para Afwerki para ir reclutando a todos los jóvenes del país. Eritrea cuenta con el segundo Ejército más extenso de toda África con 201.750 militares en activo de manera oficial, tan solo por detrás de Egipto. Tiene además el ratio más alto de militares por habitante con 6.277 soldados por cada 100.000 personas y el Gobierno gasta una quinta parte del PIB en defensa.

En ese contexto, la mayoría de los jóvenes eritreos intentan huir antes de ser reclutados para el Ejército. En 2015, pico de la ruta del Mediterráneo Central, un total de 40.000 eritreos intentaron cruzar el mar para llegar a Europa, la tercera nacionalidad más numerosa tras sirios y afganos, y la primera en África.

En la actualidad existe una diáspora de 800.000 eritreos, un 20% de la población del país, de las cuales ACNUR calcula que en torno a 580.000 son refugiados. Al servicio militar esclavista se le suma las desapariciones forzosas contra quienes no opinan como el dictador Afwerki y la persecución religiosa a los que no profesan el cristianismo ortodoxo eritreo, como denuncia Humans Rights Watch. 

Tal es el alcance de los tentáculos del régimen de Afwerki que cobra un 2% de impuestos sobre la renta a la diáspora. Iniciado con la independencia, muchos contribuyeron con la idea de desarrollar su país de origen, pero en la actualidad se cobra con intimidaciones a familiares que todavía viven entre sus fronteras y la amenaza de no hacerles llegar las remesas.

El ciclismo, salida profesional a la penuria

En un contexto de falta de futuro indefinido, el ciclismo es la única ruta de escape de la miseria. La federación de ciclismo eritrea cuenta con más de dos mil ciclistas inscritos y hay ya 100 profesionales. Así como en la vecina Etiopía, Kenia o Uganda, el atletismo se ha convertido en el deporte nacional, en Eritrea el régimen de Afwerki ha apostado por el ciclismo como una bandera nacional al mundo. El Gobierno invierte unos 500.000 euros anuales en el deporte en un país donde el PIB per cápita es de 566 euros.

El esfuerzo económico ha dado sus frutos para mejorar la imagen del país. Un eritreo ha obtenido el oro en nueve de las doce últimas ediciones del Campeonato Continental Africano de Ciclismo. En 2015, Daniel Teklehaimanot llegó a llevar el maillot blanco con puntos rojos como mejor ciclista de montaña y ahora Girmay ha cogido el relevo llevándolo al siguiente nivel.

Las victorias de ciclistas eritreos como Girmay llenan de esperanzas a miles de jóvenes que buscan imitar a sus ídolos y dan al Gobierno de Afwerki una publicidad inmejorable de puertas para adentro y fuera. En casa, el ciclismo da motivos a los eritreos para quedarse en su país con la esperanza de triunfar en el ciclismo. Más allá de sus fronteras, el ciclismo es la única cara pública de un régimen que controla minuciosamente la información que sale y que con el ciclismo se posiciona con los valores positivos asociados al deporte.

Menos de una semana después de conseguir el maillot verde, Girmay salía como abanderado de su país por el río Sena. Muchos ciclistas se dieron de baja de la ceremonia inaugural ya que menos de veinticuatro horas después competían, pero él no. No consiguió medalla en la contrarreloj, pero todavía tiene opción en ruta el próximo lunes 3 de agosto. Pase lo que pase, ya ha conseguido que en todas las televisiones del mundo se vea la bandera de Eritrea ondear. Afwerki ha conseguido su objetivo.

No habían pasado ni 48 horas desde que el laborista Keir Starmer ganara con mayoría absoluta las elecciones del 4 de julio en Reino Unido que ya tenía clara su primera medida: “El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar”, afirmó, haciendo referencia al polémico Acuerdo de Asociación sobre Migración y Desarrollo Económico, por el cual el Gobierno británico buscaba enviar a solicitantes de asilo a Ruanda –aunque no procedieran de este país– y que ha sido un fiasco para su predecesor, el conservador Rishi Sunak.

Sin embargo, once días después de la derrota electoral de Sunak, su contraparte del acuerdo, el presidente ruandés, Paul Kagame, acude a las urnas y todo parece indicar que a él no le pasará factura la finalización del pacto con Reino Unido.

Kagame obtendrá con total seguridad un cuarto mandato que solidificará su poder en un país que se ha modernizado a base de mano de hierro. En 2017, el dictador ganó con un 99% de los votos y, ante un espacio político cerrado, este año repetirá números similares. En las elecciones de este lunes, el mandatario compite contra dos rivales minoritarios y benevolentes con el régimen: Frank Habineza, del Partido Democrático Verde, que obtuvo un 0,45% de votos en los últimos comicios; y Philippe Mpayimana, que consiguió un 0,72% y ha colaborado con el Gobierno de Kagame.

Según la ONG Amnistía Internacional, las elecciones tienen lugar en un contexto de represión: “La oposición política sigue enfrentándose a graves restricciones a su derecho a la libertad de asociación, así como a amenazas, detenciones arbitrarias, procesamientos por cargos falsos, asesinatos y desapariciones forzadas. La sociedad civil independiente y los medios de comunicación también enfrentan numerosos ataques, intimidación, acoso y represalias por su trabajo”.

Un cuarto mandato asegurado

Los opositores más beligerantes han sido vetados, con Victoire Ingabire a la cabeza. La líder de las Fuerzas Unidas Democráticas de Ruanda volvió del exilio para presentarse a los comicios en 2010, pero todavía no ha podido estar en las papeletas. Primero fue arrestada y condenada a 15 años de prisión en un juicio considerado “político”. En 2018, fue liberada tras obtener el perdón presidencial, pero su condena le impidió ser candidata este año. Ingabire alega que Kagame “le tiene miedo” porque representa a una “mayoría silenciosa”. Ahora, su equipo ha lanzado una petición para que le dejen salir del país para ver a su familia.

En 2015, Kagame cambió la Constitución del país para poder optar a un tercer mandato. Este será el cuarto, si nada cambia. Y no lo hará tampoco ante la ausencia de alternativas y un alto grado de apoyo popular a su favor. El presidente ha conseguido modernizar un país cuyas calles están impolutas. Tampoco hay rastro público del odio entre vecinos que derivó en una guerra civil y el genocidio contra los tutsis en 1994. En Ruanda, todos callan para seguir viviendo en paz.

“Kagame es popular porque le atribuyen la paz y la estabilidad que Ruanda ha disfrutado desde el genocidio. Dicho esto, la mayoría de los ruandeses también consideran que Kagame y el Frente Patriótico Ruandés, partido que gobierna el dictador, son demasiado controladores y desean una mayor libertad de expresión”, dice a elDiario.es Phil Clark, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres (SOAS).

El presidente ha conseguido limpiar la imagen de su país a base de un sistema de servicios sociales efectivo, una unión impuesta a la fuerza y una imagen de marca que atrae a la comunidad internacional, que prefiere no ver la persecución a la oposición ni la vulneración de los derechos humanos y libertadas básicas. Para el Norte Global, Kagame es un solucionador de problemas.

Un acuerdo que refuerza su imagen política

El acuerdo con Reino Unido era el último paso dentro del ambicioso plan del presidente para colocar a su país como un socio preferencial de Occidente. Kagame abría una vía para solucionar el rompecabezas de muchos dirigentes europeos: la migración irregular desde África.

El acuerdo se rompe ahora sin que ningún avión con solicitantes de asilo haya salido de Reino Unido rumbo a Ruanda y con una sentencia del Tribunal Supremo británico que consideró que hay un riesgo real de que los derechos humanos de estas personas sean vulnerados y que sean devueltas a países peligrosos. Todo ello podría poner en la picota a un dictador de 66 años que lleva treinta en el poder, pero no solo no será así, sino que ha reforzado su poder e imagen.

“En última instancia, Ruanda sigue siendo un ganador del acuerdo migratorio”, dice el profesor de la SOAS. “La aportación de Reino Unido, que ronda unos 300 millones de libras, ha supuesto una importante inyección de financiación para una economía pequeña como la de Ruanda”, añade.

Hasta ahora, Ruanda ha recibido 320 millones de euros y, pese a la revocación del plan, el Gobierno anunció que el acuerdo no incluía una cláusula para devolver a los solicitantes de asilo. El último pago de 60 millones de euros llegó en abril y, tras la ruptura del trato, Reino Unido tan sólo se ahorrará dos pagos anuales como ese en los años venideros. “Ruanda ha utilizado eso para establecer una infraestructura migratoria que ahora espera utilizar en otros acuerdos migratorios con los Estados del Norte Global”, asegura Clark.

El Gobierno ruandés ya había creado centros para los solicitantes de asilo y, aunque no vaya a recibir a ninguna persona, de momento, Kagame ha salido ganando. El líder autoritario ha abierto la puerta a un sistema inédito que atrae a los europeos para solucionar sus problemas de gestión la migración irregular. “Ruanda ha demostrado ser un socio capaz, listo para implementar el tipo de sistema migratorio subcontratado que probablemente se convierta en la norma global en las próximas décadas”, dice el profesor. Dinamarca y Austria ya han mostrado interés. “Ruanda ha utilizado el acuerdo con Reino Unido para convertirse en el líder africano en este ámbito, lo que le otorga una importante influencia diplomática y podría resultar muy lucrativo”, añade. “De cualquier manera, no podía perder”. Kagame nunca pierde.

Sudáfrica ha votado cambio. Cuando en dos semanas el Congreso vote para elegir presidente lo más probable es que sea el mismo, Cyril Ramaphosa, pero ni esto está claro. Por primera vez en democracia el Congreso Nacional Africano (CNA) tendrá que sentarse a pactar tras perder la mayoría absoluta en el país y la continuidad de Ramaphosa tras perder quince puntos está en entredicho.

Aun así, el CNA ha obtenido el 40%, casi el doble que su rival más cercano, el liberal Alianza Democrática (AD) con un 21%. Tercero ha quedado el uMkhonto weSizwe (MK), partido del ex presidente Jacob Zuma con cerca de un 15% y cuarto los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) de Julius Malema, que aunque ha perdido votos y se ha quedado con un 9,5% podría ser el próximo vicepresidente.

El partido de Nelson Mandela, que abogó siempre por la unión de todos los sudafricanos tras el apartheid y puso a su partido como símbolo nacional, ha acabado por perder la mayoría precisamente por su desunión. Con el nombre del brazo armado que fundó Mandela para luchar contra el apartheid, uMkhonto weSizwe (MK), el expresidente Jacob Zuma ha acabado por dinamitar a su antiguo partido. Obligado a dimitir en 2018 ante la amenaza de una moción de censura de su propio partido por la corrupción que dañaba la imagen del CNA, Zuma acabó por unirse este año al partido de nueva creación.

El MK ha arrasado en la región de KwaZulu Natal donde tenía su bastión Zuma con un 4X% de los votos en la provincia que le han aupado hasta el tercer puesto a nivel nacional. Con una agenda más radical de izquierdas que el CNA, de tradición socialista pero amable con el libre mercado, el MK le ha robado votos al partido Luchadores por la Libertad Económica, que no esperaba perder apoyos..

Su candidato a presidente, Julius Malema, es el exlíder de las juventudes del CNA y defiende impulsar políticas marxistas y nacionalizar empresas en sectores clave, así como expropiar las tierras privadas de personas blancas para compensar las que perdió la población negra durante el apartheid.

En la oposición, la AD, el tradicional partido de los afrikáners blancos ha conseguido retener la mayoría absoluta en el Cabo Occidental, pero allí ha perdido votos ante la subida de partidos de extrema derecha como la Alianza Patriótica o el Frente para la Libertad (FFP). El primero ha centrado su campaña contra la inmigración irregular de africanos y el segundo, que nació en 1994 buscando continuar con el apartheid, abogando por la autodeterminación de los blancos afrikáners en un Estado aparte.

Los pactos definirán el rumbo del gobierno

La legislación indica que el nuevo presidente de Sudáfrica debe ser nombrado dos semanas después de las elecciones, por lo que comienza una carrera contra-reloj para ver quién formará gobierno con el CNA. Una opción es que el partido de Ramaphosa intente gobernar en solitario si no llega a un acuerdo, pero lo más probable es que sí lo haga.

Las dos opciones más plausibles es que se una con el EFF de Malema o con el MK de Zuma. Al fin y al cabo ambos dirigentes vienen del CNA y representan a antiguos votantes descontentos del partido descontentos con el gobierno y atraídos por nuevas formas políticas.

Ahora, ambos han mencionado ya expresamente que no entrarían en coalición con un gobierno encabezado por Ramaphosa. Debilitado por los resultados, él mismo podría dar un paso al lado en favor del vicepresidente Paul Mashatile. La otra opción es que su partido acabe por forzarle a irse contra su voluntad, una maniobra similar a lo que ocurrió con Zuma, quien desde fuera le devolvería la moneda. Ahora, como se ha visto con el expresidente, esto corre el riesgo de dividir aún más al partido y podría ser un tiro en el pie.

Si acaba pactando con el EFF o el MK Sudáfrica emprendería un viraje a la izquierda en lo económico. Ambos apuestan por engrandecer el Estado con la nacionalización de sectores clave como la energía o la minería. Mientras que el EFF defiende políticas marxistas, el MK bebe más del tradicionalismo zulú y buscaría concesiones para la región de KwaZulu-Natal y reivindicaciones históricas para reconocer la importancia para Sudáfrica de los zulúes, el grupo étnico mayoritario del país.

En el plano internacional esto confirmaría el viraje hacia el Sur Global con el apoyo de los BRICS+ de Sudáfrica. En la época de Zuma como presidente, Sudáfrica ya comenzó a virar hacia Oriente y eso se ha confirmado con la guerra de Ucrania, con Estados Unidos acusando al gobierno de Ramaphosa de dar armas a Vladimir Putin. Malema del EFF apoya la invasión rusa como una “guerra contra el imperialismo” y esto puede alejar a Occidente de un socio histórico en África.

La otra opción sería formar una gran coalición con la Alianza Democrática, aunque es menos probable por varios motivos. Primero, porque el Congreso Nacional Africano tendría de socio al segundo partido del país y debería ceder más peso en sus decisiones en el Ejecutivo que con los otros partidos. Segundo, porque si el CNA ha perdido votos ha sido precisamente por su izquierda con la aparición del EFF y el MK, mientras que la AD se ha mantenido en un nivel de votos similar en las últimas elecciones.

Es decir, si el CNA quiere recuperar al electorado que le daba la mayoría absoluta debe mirar a su izquierda y no a los liberales de la AD. Pactar con ellos podría mejorar la previsión económica y la visión del país por parte de los inversores, pero significaría perder todavía más su esencia y probablemente caer todavía más en futuras elecciones.

Sea con quien sea, Sudáfrica se enfrenta a una situación inédita en su corta historia democrática. Ramaphosa tendrá que sentarse a negociar y ceder por primera vez para poder ser reelegido presidente. El legado del apartheid ya no pesa tanto en un país con una edad mediana de 28 años y una generación nacida ya en democracia que ansía trabajos y un futuro económico próspero.

En 1994, Nelson Mandela fue a votar en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica. Llevaba un mensaje de alegría y esperanza, pero tras dar su voto avisó de la importancia de la tarea que tenían por delante. “Debemos abordar las necesidades básicas de las masas: la creación de empleos, viviendas, la ampliación de la electricidad, la construcción de escuelas y hospitales, la provisión de educación gratuita y obligatoria de calidad, agua corriente y carreteras pavimentadas. Esas deben ser nuestras prioridades”, dijo. 

Treinta años después, las prioridades que marcó Mandela para su Congreso Nacional Africano (CNA) no se han cumplido. Sudáfrica se descompone paulatinamente acuciado por el crimen, el desempleo y la corrupción que han dejado vetustos los servicios públicos y han erosionado la confianza en la tan ansiada democracia. 

Millones de sudafricanos están llamados este miércoles a las urnas en las elecciones generales. Según todas las encuestas, el CNA perderá la mayoría absoluta que ha cosechado en los seis comicios en democracia y el país se enfrentará a una situación inédita con la necesidad de formar coalición. Lo más probable es que el presidente Cyril Ramaphosa pueda repetir gobierno con un socio minoritario. A su favor está la división de una oposición segmentada en torno a la ideología y la raza en un país que todavía no ha superado las divisiones del sistema racista del apartheid.

La extrema izquierda, a un paso del poder

Julius Malema ya se posiciona para ser la llave que pueda formar gobierno en Sudáfrica. El exlíder de las juventudes del CNA y fundador del partido de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) prevé hasta duplicar sus resultados de las elecciones de 2019, donde ya le quitó 19 asientos en el Parlamento a su antiguo partido. El EFF lleva en su agenda una política de redistribución de la riqueza para acabar con lo que consideran que es el “apartheid económico”.

En Sudáfrica, la población blanca, que supone un 8% del total, todavía cobra hasta tres veces más de media que la mayoría negra, que forma el 80% del país. Si bien hace una década era hasta seis veces más, la desigualdad de ingresos en los años en democracia no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado, según los datos del coeficiente Gini.

Malema defiende que sus ideales socialistas son los que tuvo un día el CNA, pero que no llegó a cumplir acomplejado por el orden occidental. Entre sus principales medidas se incluyen la expropiación de las tierras sin compensación, la nacionalización de sectores clave como la minería y la energía y la creación de trabajos públicos en estas para la juventud.

La oposición ha criticado sus medidas como populistas y alega que nacionalizar las empresas privadas y expropiar la tierra sin compensación llevará al país al caos económico. Muchos ponen el ejemplo de la eléctrica estatal Eskom, que desde 2007 lleva a cabo apagones de electricidad diarios que llegaron hasta las 12 horas el año pasado ante la falta de capacidad energética de un país que todavía depende del carbón y no ha ampliado su red, con proyectos condenados por la corrupción.

El problema de la propiedad de la tierra ha sido clave en la política. Las expropiaciones durante el apartheid no han sido compensadas y en 2017, una auditoría especial elaborada por el Gobierno mostró que todavía el 72% de las tierras estaban en manos de la población blanca. Malema llegó a pedir a sus seguidores que ocuparan las propiedades de sudafricanos blancos y fue llevado a juicio acusado de incitar la violencia.

Tras la pérdida de votos en las últimas elecciones, el CNA hizo suya la medida de expropiación de la tierra sin compensación del EFF. En febrero de este año, el Parlamento la aprobó y está a expensas de que el presidente Ramaphosa firme la ley.

La posible llegada del líder del EFF al gobierno preocupa en Occidente por su visión económica y su acercamiento a Rusia. Las relaciones entre Washington y Pretoria no están en su mejor momento tras los titubeos del CNA, que no condenó la invasión rusa en la ONU y al que han acusado de suministrar armas al Kremlin. Malema ha justificado que se arme al Ejército ruso y la invasión de Ucrania como algo necesario para “combatir al imperialismo”.

Tampoco ha gustado en la Casa Blanca que Sudáfrica lidere la demanda por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. El CNA busca aprovechar la popularidad de su medida en estas elecciones ante el rechazo al apoyo de la oposición de la Alianza Democrática, pero está por ver si el electorado recompensa una cuestión que no es doméstica.

La división racial sigue marcando la política

Sin embargo, lo que más preocupa de Malema son sus salidas de tono contra la población blanca. En los mítines del EFF se ha cantado en repetidas ocasiones la canción Dubul' ibhunu, originada para protestar contra el Gobierno del apartheid que en lengua xhosa significa “mata al bóer”, es decir, a los blancos sudafricanos. El propio líder del partido rechazó descartar que él mismo pidiera asesinar a personas blancas en un futuro.

Malema defiende una ideología de favorecer activamente desde el Estado a la población negra, una visión más radical que defendía el movimiento de liberación Congreso Panafricanista de Azania (PAC), en contraposición con la política de no racialidad del CNA.

El color de la piel sigue marcando la política de un país que a día de hoy todavía clasifica a sus ciudadanos en el censo según las categorías raciales del apartheid. El segundo partido que más creció en 2019 fue el Frente para la Libertad, una organización xenófoba de extrema derecha creada en 1994 que rechazaba el fin del apartheid y ahora busca crear un Volkstaat, un país independiente para los blancos afrikáners. Desde entonces han duplicado sus votos en las elecciones municipales, robándole terreno a la Alianza Democrática (AD), el histórico partido liberal comandado por empresarios afrikáners del Cabo Occidental. 

La AD tampoco ha sabido separarse de su vínculo racial. En 2019, su primer líder negro, Mmusi Maimane, dimitió asegurando que había líderes en el partido que no compartían su visión y que era difícil apelar a una mayoría negra. Tras su salida volvió al liderazgo interno del partido Helen Zille, la histórica líder de la oposición que tan solo dos años antes había afirmado que la colonización en Sudáfrica no fue del todo mala. En estas elecciones, su candidato, John Steenhuisen, vuelve a ser un afrikáner blanco y a pesar de sus críticas al Gobierno no descarta formar una coalición minoritaria con el CNA para evitar “el Día del Juicio Final” como llama a un potencial gobierno con el EFF.

La novedad en estas elecciones es la división del CNA con la creación de uMkhonto we Sizwe (MK) por parte del expresidente Jacob Zuma. Obligado a dimitir en 2018 tras su vínculo con casos de corrupción de los hermanos Gupta, ahora busca su revancha con un nuevo partido que lleva la marca del brazo armado del CNA en la época del apartheid. La Justicia le ha impedido presentarse ante su condena en 2021 por desacato al no ir a juicio, pero aún así las encuestas le dan un 12% de los votos aupado por la población de mayoría zulú que todavía lo apoya y que pueden ser decisivos para evitar la mayoría absoluta de su antiguo partido.

La juventud, decisiva pero desencantada

En estas elecciones, la juventud será vital. El CNA ha sustentado su poder en el recuerdo de la liberación, pero la generación born-free, aquellos con menos de 30 años ya nacidos en democracia, no le interpela la gratitud por liderar la lucha como a sus padres y abuelos. 

Para ellos, la prioridad es la falta de oportunidades: con un 45% de desempleo juvenil, Sudáfrica es el país africano con mayor crimen callejero y el quinto del mundo, con Pretoria, Durban y Johannesburgo en el top cinco mundial del índice de criminalidad de Numbeo, elaborado con aportaciones públicas de usuarios.

Ramaphosa prometió combatir la corrupción de la época de Zuma pero el escándalo donde se le acusó –aunque acabaran retirando los cargos– de esconder hasta cuatro millones de dólares en efectivo en una finca suya ha dañado su imagen entre los jóvenes, que tampoco ven en la oposición una opción a futuro.

A pesar de que los nuevos votantes entre 18 y 19 años suben, tan solo 4,4 de los 11 millones de los jóvenes sudafricanos en su veintena se han registrado para votar. En las elecciones municipales de 2021 por primera vez la participación bajó del 50% y aunque en estas elecciones generales se prevé que se supere, algunas encuestas calculan que en el peor de los escenarios podría bajar al 41%. Los jóvenes serán vitales para evitarlo, pero su apatía por la democracia es la seña de identidad de la generación born-free de Sudáfrica.

Ruanda quiere borrar la asociación de su país con el genocidio. Hace 30 años, las únicas noticias que salían de este pequeño país africano eran de vecinos matándose unos a otros a machetazos. El odio intercomunitario explotó en 100 días en los que la mayoría de ciudadanos de la etnia hutu, que representaban el 85% del país, se volvieron contra los tutsis, que eran una minoría del 14%. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas, el 70% de la población tutsi. La masacre de Gikondo, donde 110 tutsis fueron quemados vivos en una iglesia, dio la vuelta al mundo.

El país tenía una dura tarea para recomponer su imagen, pero, tres décadas después, para ver algo de Ruanda solo hay que enchufar la televisión y poner la Champions League. El eslogan “Visit Rwanda [Visita Ruanda]” se puede leer en los brazos de las camisetas del Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Bayern de Múnich, tres de los ocho equipos que compiten en cuartos de final de la máxima competición continental de fútbol. Al más puro estilo Marca España, el Gobierno ruandés está consiguiendo, a base de millones y una cuidada campaña en el deporte internacional, cambiar su imagen y proyectarse como un país desarrollado y pacífico. De paso, consiguen lavar la imagen de un régimen autoritario amigo de Occidente.

El dictador que explota la culpa occidental

Paul Kagame ha sabido aprovechar la culpa de Occidente –que perdura tres décadas después– por no haber intervenido en su momento para evitar el genocidio contra su pueblo. Desde que sus tropas acabaran con las matanzas, Kagame ha dirigido el país con mano de hierro y millones de euros de ayuda internacional para reconstruirlo. Desde la Unión Europea, Estados Unidos o instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dedican miles de millones de euros cada año al desarrollo del país.

Una de las políticas más recientes y sonadas ha sido el acuerdo con Reino Unido para acoger a los refugiados que llegan a sus islas a cambio de 432 millones de euros repartidos en cinco años. Finalmente la Justicia británica ha frenado el pacto por no considerar a Ruanda “un país seguro”. El Estado africano aparece a la cola en los principales índices de criminalidad, y está entre los más seguros del continente. Esa es la sensación en las calles de Kigali, la capital, donde caminar es seguro hasta de noche.

Sin embargo, nada de eso sería posible sin el férreo control gubernamental. Hay policías prácticamente custodiando cada calle y puedes llevarte una buena reprimenda incluso por aparcar en doble fila un par de segundos. La organización Freedom House dice que Ruanda no es un país libre y The Economist lo lista como una dictadura en su índice de democracia. Salirse de la línea oficialista es peligroso incluso en el exterior: se han registrado asesinatos a opositores en países como Sudáfrica, además de intentos a otros opositores en Australia o Reino Unido.

Aun así, hay quienes se niegan a irse, como la opositora Victoire Ingabire. La junta electoral le ha prohibido presentarse a las elecciones de julio, a las que Kagame opta a un cuarto mandato tras cambiar la Constitución, que le permite ahora continuar presentándose hasta el año 2034. “Kagame no quiere competir contra mí porque soy popular entre los ruandeses, lidero una mayoría silenciosa que no está con el Gobierno, pero tiene miedo a hablar”, dice Victoire Ingabire en una entrevista telefónica con elDiario.es. Ella fue una de las más críticas con el acuerdo propuesto con Reino Unido, y eso le costó recibir amenazas de muerte. “Lo que el Gobierno de Reino Unido debería hacer es esforzarse por ayudar a Ruanda a mejorar la situación de los derechos humanos”, argumenta la opositora, que cree que los socios internacionales tienen responsabilidad en la situación del país africano. “Apoyan financieramente a Ruanda y tienen derecho a presionar al Gobierno para que impulse sus políticas y abra el espacio político”.

“Visit Rwanda”, el arma de márketing del Gobierno

Hasta el año 2000, la práctica totalidad de los 100 millones de dólares que Ruanda ingresaba por turismo venían de los gorilas de montaña, una belleza natural solo disponible en su frontera montañosa con República Democrática del Congo y Uganda. En 2018, sin embargo, el Gobierno quiso dar un giro y potenciar el turismo del país con la campaña “Visit Rwanda”. El primer patrocinio fue al Arsenal, el equipo del que el presidente Kagame es fanático. Desde entonces, el deporte ha sido la punta de lanza para lavar la imagen del país y atraer turismo. 

Actualmente el turismo de negocios es responsable de 93 de los 600 millones de dólares percibidos por el turismo cada año. En 2018, el deporte no era ni un 1% del ingreso por esa partida. Seis años más tarde ya es del 14%. “El turismo de deportes tiene un gran valor económico”, asegura Ariella Kageruka a este diario desde su oficina en Kigali. Es la directora de Turismo y Conservación de la Agencia de Desarrollo de Ruanda, una entidad pública vinculada al Gobierno, y defiende que los entre ocho y 12 millones de dólares invertidos en cada temporada por equipo de fútbol tienen sus frutos. “Cuando Messi fichó por el PSG se podía leer 'Visit Rwanda' en todos los medios”, añade. El Gobierno calcula que los patrocinios han tenido un impacto mediático del valor de 500 millones de dólares. 

Pero la campaña no se queda ahí. La organización de eventos deportivos ha sido uno de los brazos más importantes para mejorar la imagen. Desde 2021, Kigali es la sede de las finales de la Basketball África League, el equivalente a la Euroliga de baloncesto, financiada e impulsada por la NBA estadounidense. Además, en 2023, Ruanda fue el primer país africano en acoger el Congreso Anual de la FIFA, el máximo órgano deportivo, y en 2025 está previsto que aterricen los mejores ciclistas para el mundial de Ciclismo en Ruta.

“El deporte se utiliza para cubrir la imagen de abuso de los derechos humanos en Ruanda. Siempre me sorprende que los países democráticos acepten estas actividades deportivas ignorando los abusos”, critica Ingabire. En 2023, cuando el Bayern de Múnich cambió el patrocinio de Qatar Airways por el de “Visit Rwanda” llovieron las críticas al acuerdo, pero el equipo se defendió. “Queremos apoyar el desarrollo del fútbol allí. Está claro que quieren promover el turismo en Ruanda, pero no veo que por eso nosotros estemos promoviendo el sportswashing [el lavado de imagen por medio del deporte]”, dijo Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del equipo alemán.

Una imagen para el turista

La política de “Visit Rwanda” está consiguiendo atraer al turismo y convencer a grandes empresas para invertir en el país. En 2021, Ruanda llegó a un récord de inversiones de 3.700 millones, de acuerdo a datos de la Agencia de Desarrollo del país. Sin embargo, los réditos no llegan a la gran mayoría de ciudadanos. El 48,8% de la población todavía vive bajo el umbral de la pobreza, según la ONU, y la brecha entre ricos y pobres es abismal: Ruanda es el decimoquinto país del mundo con mayor desigualdad de ingresos, según el coeficiente Gini.

“La gente elogia al país solo por Kigali, pero desarrollar un país no es celebrar reuniones internacionales ni pagar a empresas para que visiten Ruanda. Necesitas gente educada y trabajando”, critica Ingabire. Casi dos tercios de la población sigue dedicándose a la agricultura y el 90% de los ruandeses vive de la economía informal, sin acceso a la seguridad social. “El desarrollo es solo en Kigali, hay que ver todo el país”, añade. 

La imagen de Ruanda como un país avanzado y desarrollado se desvanece conforme te alejas de la capital. Los edificios altos y modernos de Kigali cambian por casas de piedra y chapa en zonas rurales que se asemejan a otros países de su alrededor. Incluso en las vallas de chapa de los pueblos se puede ver el distintivo de “Visit Rwanda”, una campaña publicitaria que da sus réditos al Gobierno, pero no tanto a sus ciudadanos.

En Gisenyi todo está demasiado tranquilo. En las orillas del lado ruandés del precioso lago Kivu, la gente sigue con su vida diaria, trabajando con normalidad. Cuando acaba su jornada laboral en una empresa de diamantes, Junior, que prefiere no decir su apellido, vuelve cada día al puesto fronterizo para que le estampen uno más de las decenas de sellos que tiene en su permiso de trabajo y poder volver a casa.

Junior es congoleño y forma parte de las 5.000 personas que cruzan la frontera diariamente entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda por trabajo, en ambas direcciones. “Estamos preocupados por los rebeldes, pero prefiero seguir viviendo en Goma”, dice a elDiario.es con una risa nerviosa.

La frontera que cruza cada día es ahora la única salida que tienen los más de dos millones de habitantes de Goma, la capital de la región de Kivu Norte, en el este de la RDC. Allí llegan cada vez más personas huyendo de la violencia del grupo rebelde M23, que controla todas las salidas por carretera. La única alternativa es huir por el aeropuerto o por el lago Kivu.

El M23 ha asegurado que no busca entrar en la ciudad y, de hecho, la última localidad con la que se hicieron el pasado 6 de marzo fue la ciudad de Nyanzale, un enclave a 100 kilómetros de Goma, más alejado que otras zonas de su influencia. Allí había muchos refugiados de otras áreas cercanas y se calcula que huyeron alrededor de 100.000 en pocos días, la mayoría en dirección a Goma.

En febrero, 144.000 personas fueron desplazadas por enfrentamientos entre el M23 y fuerzas congoleñas y de la ONU en enclaves como Sake, Ndumba, Ngumba y Rutobogo, todos a pocos kilómetros de Goma. En total, ya hay más de 2,5 millones de desplazados en la región de Kivu Norte por los ataques de esa milicia, que controla al menos la mitad de la rica región minera, con más de siete millones de desplazados en todo el país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El Fondo para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas han pedido que se proteja sobre todo a los niños, la mitad de todos los desplazados el pasado febrero, y han dicho que se necesitan hasta 700 millones de dólares en los próximos seis meses para atajar la emergencia humanitaria.

El M23, entre la RDC y Ruanda

El M23 debe su nombre a una fecha: el 23 de febrero de 2012. Ese día 300 combatientes en la segunda guerra del Congo acusaron al Gobierno de no cumplir lo pactado para el fin del conflicto, incluida su integración en el Ejército. En pocos meses, sorprendieron por su capacidad operativa y consiguieron capturar la ciudad de Goma, pero en 2013 fueron derrotados y desaparecieron del mapa, hasta 2021, cuando el grupo armado anunció su vuelta a la actividad y comenzó a recuperar territorios en Kivu Norte.

Para entender el papel de Ruanda hay que retrotraerse a la historia del genocidio cometido allí en 1994 por la mayoría hutu contra la minoría tutsi. Cuando las fuerzas de Paul Kagame, tutsis, se hicieron con el control y frenaron el genocidio, muchos hutus se escondieron en los bosques de la RDC. El M23 está compuesto mayoritariamente por congoleños de la etnia tutsi y se enfrentan a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo considerado terrorista por Ruanda y liderado por miembros hutu que participaron en el genocidio.

Ruanda acusa a la RDC de dar cobijo a las FDLR y armarlas. Y la RDC acusa, a su vez, a Ruanda de financiar y apoyar al M23 para causar violencia y caos en el país. “Nos están utilizando como chivo expiatorio”, afirma a este diario el portavoz del Ejército ruandés, el general Ronald Rwivanga, en la sede central en Kigali, capital del país.

Rwivanga reafirma la posición ruandesa de que el Gobierno de Kinsasa está armando a las FDLR. “El gobierno del Congo está armando a estos genocidas para que regresen a Ruanda”, afirma, y amenaza sobre una próxima escalada de la tensión. “En algún momento, realmente tendremos que ser más proactivos para lidiar con estos elementos de las FDLR”, añade.

Sin embargo, el presidende de la RDC, Félix Tshisekedi, acusa a Ruanda de usar el genocidio como pretexto para armar a la insurgencia con el objetivo de controlar los minerales del este del país. Ruanda no tiene recursos minerales propios, pero al otro lado de la frontera, en la región de Kivu Norte, hay materias primas valiosas como oro, coltán, uranio, diamantes y minerales raros como la turmalina o el wolframio, utilizados en la industria cosmética y para fabricar circuitos eléctricos. 

La RDC tiene dos terceras partes del coltán y un 50% del cobalto de todo el mundo, minerales vitales para las baterías de teléfonos móviles y otros aparatos. En total, el valor de todos los minerales del Congo se estima en 24 billones de dólares estadounidenses, casi cien veces más que el PIB de Estados Unidos.

No sólo la RDC acusa a Ruanda. La ONU, Francia y Estados Unidos han pedido al país que deje de financiar y armar al M23, que puede con todos sus rivales: el Ejército nacional, los wazalendo (combatientes que se han unido recientemente a las tropas regulares), las fuerzas regionales —antes, de la Comunidad de África Oriental y, desde el pasado diciembre, de la Comunidad de Desarrollo de África Austral— e, incluso, los 13.500 cascos azules de la Misión de Paz de la ONU (MONUSCO).

En 2022, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, tuvo que admitir resignado que “el M23 es un ejército moderno con armamento pesado y equipamiento más avanzado que el de la MONUSCO”. Desde 1999, la MONUSCO ha sido incapaz de garantizar la seguridad y ha recibido graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Ante su inefectividad, el presidente Tshisekedi pidió su retirada. Las primeras tropas abandonaron el país a finales de febrero y se espera que todos los soldados de la ONU se marchen antes de final de año. 

Amenazas cruzadas

El 17 de febrero, el Gobierno congoleño acusó a Ruanda de lanzar desde su territorio un ataque con dron dirigido contra el aeropuerto de Goma. Tras la acusación, se informó de la llegada de tropas ruandesas a Gisenyi, un despliegue que confirmó a elDiario.es el portavoz del Ejército ruandés. “Las fuerzas se han desplegado en situación de defensa”, dijo el General Rwivanga. “Sería un error desde el punto de vista táctico quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que jefes de Estado nos amenazan con atacarnos. Estamos preparados para cualquier cosa”, añadió el portavoz.

En diciembre del año pasado, Tshisekedi, dijo en campaña electoral que si ganaba la reelección pediría la autorización para invadir Ruanda. “Estoy harto de las invasiones y de los rebeldes del M23 respaldados por Kigali”, dijo en un mitin el mandatario. “Si me reeligen y Ruanda persiste… solicitaré al Parlamento y al Congreso que autoricen una declaración de guerra. Marcharemos sobre Kigali. Dígale a Kagame que esos días de jugar con los líderes congoleños han terminado”, gritó a sus seguidores. Tshisekedi ganó la reelección, pero desde entonces sólo se ha recrudecido la violencia del M23.

La 37ª Cumbre de la Unión Africana reunió a Tshisekedi y a Kagame en Etiopía, a mediados de febrero, pero los esfuerzos de otros líderes del continente, como el angoleño, Joao Lourenço, no llevaron a un acuerdo entre los dos rivales.

A pesar de la escalada de tensión dialéctica entre ambos países y los crecientes ataques alrededor de Goma, la frontera restituye una imagen de aparente calma.

En la llamada Corniche, puesto fronterizo del lado ruandés, siguen trabajando con normalidad funcionarios de ambos países, unos al lado de otros, tramitando entradas y salidas. “Lo que piensen para sí mismos no lo sabemos, pero a nosotros no nos lo dicen”, señala un funcionario ruandés que prefiere ocultar su identidad. “Sólo cuando hay rumores de que puede haber ataques o manifestaciones, se ve un incremento sobre todo de trabajadores internacionales que trabajan en Goma, pero es algo temporal”, asegura.

En la Grand Barriere, del lado congoleño, el paso de camiones es constantes y un funcionario asegura que todo sigue igual que siempre con sus homólogos ruandeses.

A pesar de lo que se rumorea, a Bosco Ruranganwa no le preocupa que cierren la frontera: “Pueden decidir cerrarla, pero es poco práctico”, afirma este camionero que lleva cinco años transportando productos de un lado a otro. Asegura que ser ruandés no le ha afectado a la hora de trabajar en la RDC, aunque en el país vecino todo el mundo sepa que es ruandés por su altura, una característica de este pueblo. Aun así, admite que prefiere estar en su país, por lo que pueda pasar. “Hay algo de temor por lo que ocurre, por eso es mejor estar en tu país. Si ves que hay guerra al otro lado de la frontera, es mejor quedarse aquí”.

Iya Werimba sospechaba que si William Ruto era elegido no saldrían bien parados. “Sabíamos que si llegaba al poder trabajaría por quitarnos de en medio a los homosexuales en este país. Ese era nuestro miedo. Y nuestros miedos se han confirmado”, dice Werimba en conversación con este diario.

A sus 31 años, Werimba trabaja desde hace tres en el equipo de comunicación de Galck+, una asociación LGTBI creada en 2006 cuyas siglas en inglés significan “Coalición de Gays y Lesbianas de Kenia +”. “Ha habido una regresión en nuestros derechos y ha ocurrido en un espacio muy corto de tiempo, desde 2022”, asegura.

Durante su carrera política, Ruto ya se había pronunciado varias veces contra la comunidad gay. En todas ellas, la religión estaba de fondo. En 2015, como vicepresidente, dijo que “no hay cabida para los homosexuales en este país”, en un discurso en una iglesia. En la campaña de 2022 reiteró su posición: “Mi posición como cristiano es que la Biblia nos enseña contra la homosexualidad”, dijo. 

Kenia es oficialmente un Estado laico, pero en la ceremonia de inauguración, Ruto rezó junto a su mujer. Días más tarde, invitó a predicadores evangélicos a purificar el palacio presidencial. “Ha envalentonado a los religiosos, y las líneas entre religión y política se están desdibujando”, dice Werimba. 

En junio de 2023, Uganda aprobó una de las leyes contra la comunidad LGBTI más duras del mundo, con pena de muerte incluida por “homosexualidad agravada”. Tres meses después, el diputado keniano Peter Kaluma propuso una Ley de Protección Familiar por la que se endurecería la criminalización de la homosexualidad en Kenia con hasta 50 años de cárcel.

Sin embargo, la comunidad LGBTI no le ve mucho futuro a esta iniciativa y no es lo que más preocupación le genera. “El proyecto de ley aún no existe. Pueden estar amenazando, pero no existe un proyecto de ley impreso, presentado al Parlamento y discutido. Nuestras prioridades ahora mismo siguen siendo que no salga adelante, que no vea la luz”, asegura Werimba. 

La responsable de comunicación de Galck+ asegura que las numerosas sentencias judiciales a favor suyo han dado fuerza al colectivo. Entre ellas se incluyen sentencias a favor de cambiar el género de una persona transexual en un examen oficial en 2015, o cuando en 2022 la Justicia reconoció a las personas intersexuales como tercer género oficial. La última llegó en marzo de 2023, cuando la Corte Suprema reprendió al gobierno por impedir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC) se pudiera registrar como una ONG oficial. La justicia dijo que era inconstitucional discriminar por orientación sexual. El presidente, Ruto, dijo que respetaba la orden, pero la criticó diciendo que su “cultura y religión no permite los matrimonios del mismo sexo”. 

“Tenemos un gran número de victorias judiciales que nos hacen sostenernos como comunidad. Esto nos está volviendo más envalentonados y audaces, por lo que no diría que la gente se ha retractado. Ahora, eso no significa que no estén tomando precauciones para preparar la aceptación exterior”, añade la responsable de comunicación de Galck+.

En octubre del año pasado, cientos de personas se movilizaron convocadas por un grupo religioso musulmán en una marcha anti-LGTBI en el centro de Nairobi para criticar la decisión de la Justicia. En las pancartas se leía “LGTBI no es africano” y “Abrís las puertas del infierno, la abominación y la demonización de la institución familiar en Kenia”. Después de esos casos hubo ataques e intimidación contra miembros homosexuales. Eso es lo que más inquieta. “Fue preocupante, había incluso un vídeo de un niño diciendo que se debería decapitar a las personas LGTBI”, dice Werimba. “La verdad es que me vuelvo a traumatizar si pienso en ello”.

La importancia de la religión en este movimiento es enorme, desde el movimiento musulmán a, sobre todo, el evangelismo ultraconservador. “La religión cristiana es un remanente del colonialismo… ser homosexual no es algo importado de fuera. Lo que sí se ha importado es la homofobia”, apunta Werimba. 

El vínculo ultraconservador

Los evangélicos kenianos han tejido relaciones y han sido financiados por grupos ultraconservadores occidentales. En 2020, Open Democracy publicó una investigación en la que acusó a 20 grupos ultraconservadores cristianos de Estados Unidos de financiar movimientos religiosos africanos con hasta 54 millones de dólares desde el año 2007. Dos terceras parte de ese dinero venían de una sola institución: la secta The Fellowship, una organización religiosa con vínculos con la Casa Blanca como comprobó la miniserie documental en Netflix La Familia.

“Sabemos que existe un vínculo muy claro entre la derecha evangélico-estadounidense para retroceder en los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos de género y la comunidad LGTBI que ha inspirado odio hacia las minorías sexuales y hacia la sexualidad integral”, dice Damaris Parsitau, teóloga keniana y directora del Instituto Nagel para el Estudio del Cristianismo en el Mundo, de la Universidad Calvin de Estados Unidos.

La académica estudió los vínculos financieros y descubrió que mucho dinero venía de la organización CitizenGo, creada por los fundadores del grupo ultraderechista español HazteOír. “Cada vez más actores se suman a la agenda antihomosexual. Esto, que también ocurre en Uganda, Nigeria o Ghana, no pasa por casualidad”, dice Werimba. “Nombres como La Familia o la española CitizenGo han creado redes por diferentes regiones kenianas”, añade. 

En 2018, el Gobierno de Kenia cerró las clínicas reproductivas de la ONG inglesa Marie Stopes tras la presión de CitizenGo, que la acusaba de ofrecer abortos y anticonceptivos a menores sin consentimiento de los padres. Un mes después, se levantó el veto al comprobar que era falso.

Para Werimba, es entendible que las familias quieran proteger a sus hijos y tengan miedo de que acaben muertos por culpa de la retórica contra la comunidad LGBTI impulsada desde las iglesias y la política. Ella, que se define como mujer y tiene sus pronombres bien escritos en su firma de correo, es consciente de que tiene suerte. “Mi familia sabe quién soy y me aceptan, lo cual es un privilegio que reconozco. También conocen el trabajo que hago y les parece bien”, y acaba con un mensaje positivo. “Conozco muchas familias que aceptan a los niños LGTBI”, cierra.

“¿A qué edad leíste tu primer libro?”, pregunta Abdullahi Mire. “No te acuerdas. Yo me leí mi primer libro con 10 años y me acuerdo perfectamente, era el libro Hello, children. Eso habla del privilegio que tenéis en Europa”.

Mire tiene la mirada cansada. Bosteza y pide un capuccino para espabilarse mientras se disculpa por sus constantes miradas al móvil. “Lo siento, no es que pase de ti, es que estoy agotado. Ayer hice ocho entrevistas, ahora iba a empezar otra y he dormido cuatro horas”, contaba desde la sede de ACNUR en Nairobi pocos días antes de viajar a Ginebra, donde este miércoles ha recogido el Premio Nansen para Refugiados de 2023 por su labor como creador del Centro de Educación para Jóvenes Refugiados, la organización que promueve la donación de libros al campo de refugiados de Dadaab, en el este de Kenia.

“Me sorprendió mucho, es algo enorme. Este premio lo ganan presidentes, el año pasado fue la excanciller de Alemania Angela Merkel”, dice, aún abrumado una semana después. A sus 36 años, Mire vivió en el campamento de Dadaab dos tercios de su vida tras llegar con tan solo tres años con sus padres, que huyeron en 1991 de la guerra en Somalia.

“Al principio pensábamos que sería corto y semi-permanente, pero no”, dice. Ese año se creó el campamento para refugiados somalís como él en la zona árida del este de Kenia, pero más de treinta años después la violencia, las sequías y las hambrunas han hecho que no paren de incrementar sus habitantes hasta las 378.000 personas en la actualidad. De ellos, la mitad son niños y todavía, a día de hoy, sólo el 58% puede ir a uno de los colegios en la zona.

En su época, Mire calcula que eran en torno a un 40% de niños los que, como él, iban al colegio. “No había espacio para más en los colegios. Compartíamos un libro entre cincuenta personas y en las clases había 200 alumnos por profesor, estaban saturadas”, recuerda Mire. A pesar de ello, él no sólo acabó primaria y secundaria, sino que incluso estudió Relaciones Públicas en la sede de la Universidad Kenyatta en el campo de Dadaab y empezó su carrera como periodista.

“Mi madre me empujó mucho para ello, trabajó duro como matrona y me consiguió clases particulares con profesores”, dice. Solo el 7% de los refugiados llega a tener estudios terciarios.

Hace diez años, su familia fue acogida por el Gobierno de Noruega en Oslo. A sus 26 años, Mire se fue con ellos, pero el frío de Oslo no le gustaba y tardó menos de dos años en regresar, esta vez con destino a Nairobi. Allí empezó a trabajar de freelance para medios como Al Jazeera o la agencia francesa AFP. Un día, en el campamento de refugiados de Dadaab, una chica se le acercó.

El libro de biología

“Me sorprendió porque en la cultura somalí no es habitual que una mujer se te acerque”, dice Mire. Acabó siendo el inicio de un importante cambio en su vida. Esa adolescente, Hodan Bashir, le dijo que su sueño era ser médica y le pidió que le comprara un libro de biología. El que tenían, decía, lo compartían entre 15 compañeras de clase. “Se pensaba que era un hombre importante con mucho dinero, pero tengo corazón y cuando tienes corazón eres rico”, explica el galardonado.

Ese encuentro se convirtió en una llamada a la acción. “Cuando volví a mi casa en Nairobi, pensé: esta chica necesita un libro y sí, se lo puedo comprar por unos siete dólares, pero hay miles como ella”. El periodista cogió su teléfono y empezó a llamar a amigos y compañeros de trabajo. Consiguió reunir 20 libros entre amigos en su primer envío, pero a partir de ahí quiso llegar a más.

El verdadero cambio fue cuando consiguió el contacto del embajador de Catar en Nairobi, quien donó 20.000 libros. Era 2017 y entonces se planteó profesionalizarlo. Un año después formalizó la organización del Centro de Educación para Jóvenes Refugiados, donde colaboran como voluntarias unas cincuenta personas que él coordina.

En cinco años han conseguido donar más de 100.000 libros de todo tipo a Dadaab: desde libros educativos hasta novelas de ficción. Todos ellos los donan desde el extranjero y la gran mayoría están en inglés, suajili y somalí, lo cual dificulta la gestión. “La clave es que lleguen a tiempo. Aquí los colegios empiezan en enero, por lo que tienes que asegurarte que en diciembre tengan los libros, no en junio, porque si no no sirve de nada”, asegura.

Las bibliotecas de Daadab

Además de los libros, Mire ha creado tres bibliotecas donde los alumnos pueden estudiar, leer y prestar sus libros. El lugar sirve a su vez como un espacio seguro para muchas chicas adolescentes. “Así las niñas no son violadas, se sienten seguras. Es una bendición y te sientes feliz”, dice Mire. En Somalia, la tasa de embarazos adolescentes supera los 90 por cada 1.000 mujeres.

El galardón recibido viene acompañado de 100.000 dólares. Mire tiene claro en qué va a empezar a invertir el dinero: “Lo primero que voy a hacer es poner electricidad e Internet en las librerías”, dice. Su visión, eso sí, es mucho mayor. “Mi plan es construir bibliotecas por toda África, la siguiente será en el campo de refugiados de Kakuma, luego Sudán, Somalia, Etiopía… Desafortunadamente tenemos problemas en todo el continente, así que tengo un gran peso sobre mis hombros”, dice Mire. “El problema de África viene de sus guerras. No necesitamos armas, necesitamos libros. El gran problema del mundo es el analfabetismo. Nuestros líderes buscan niñas y niños soldados para matarse entre ellos, pero yo estoy buscando un libro”, añade.

Su siguiente objetivo es encontrar una beca para que Bashir, la joven que le inspiró y que ahora es enfermera en el campo de refugiados de Dadaab, pueda cursar sus estudios de Medicina y cumplir su sueño de ser doctora: “La siguiente generación a la mía cambiará Somalia. Si los de mi edad no la podemos cambiar, quiero que otros lo hagan”.

El somalí se ilusiona cada día por ese futuro a través de la mirada de sus tres hijos. A pesar del estrés, las maratonianas jornadas de entrevistas y el peso de conseguir llevar libros antes de que comience el curso, Mire se olvida de todo al caer el sol. “Cuando llego a casa y mi hija viene corriendo a abrazarme, me olvido de todo. Eso es terapéutico”, sonríe.

En 1994, el Consejo Nacional de Deportes de Sudáfrica votó para eliminar el nombre y emblema del Springbok del equipo de rugby, la gacela sudafricana de cara blanca utilizada como símbolo nacional del gobierno del apartheid. Cuando Nelson Mandela se enteró, fue allí para evitar el cambio. El rugby, símbolo de opresión por parte de los afrikáneres hacia la mayoría de población negra, se convirtió en un arma para reconciliar a blancos y negros para el recién elegido presidente del país. Su objetivo se cumplió: en 1995, Sudáfrica venció en su primer Mundial de Rugby como anfitrión y en 2023 se ha convertido en el país más laureado con cinco títulos.

Pero el rugby es el único símbolo de unión. En el décimo aniversario de la muerte del Premio Nobel de la Paz, los valores de reconciliación racial y unidad se están resquebrajando. El 50% de los sudafricanos entrevistados en el Barómetro de Reconciliación de 2021 del Instituto por la Justicia y Reconciliación consideran que la división racial es un problema para el país, siendo la segunda mayor preocupación tras la económica entre ricos y pobres.

Sudáfrica es el país con más desigualdad de ingresos del mundo, el crimen no para de crecer y la ineficiencia del sector público, con notorios casos de corrupción, ha disparado la xenofobia y la popularidad de partidos populistas y extremistas. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que el Estado está “colapsando”.

La situación económica, política y social de Sudáfrica daña el legado de un Mandela cuya figura había recibido prácticamente unanimidad de apoyo. Hoy, algunos jóvenes sudafricanos nacidos ya en democracia lo acusan de ser “un vendido” y ha surgido la pregunta de si su política de reconciliación con los blancos estaba equivocada.

La desigualdad, el gran problema

Tras 46 años de un control total de la minoría blanca de la economía durante el apartheid, Mandela consideró que necesitaba asegurar tranquilidad a los blancos para evitar su huida y un colapso a corto plazo de la economía. Para involucrar a la población negra en la economía, su Gobierno lanzó el programa de Empoderamiento Económico Negro (BBE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reducir el control de la población blanca en la economía incentivando la transferencia de la propiedad y gestión a personas negras.

Sin embargo, esta política solo acabó beneficiando a las élites cercanas al partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano, quienes se enriquecieron mientras la mayoría de la población no veía los frutos. Por ejemplo, el actual presidente Cyril Ramaphosa pasó de ser uno de los negociadores clave para el fin del apartheid y parte del sindicato nacional a un empresario que combinaba posiciones en el CNA con participaciones en la minera británica Lonmin e incluso con la licencia de todos los McDonalds del país, lo que le ha dado un patrimonio de 450.000 millones de dólares.

En 2003, el Gobierno amplió la ley y añadió el término “de base amplia”, incluyendo una tarjeta de puntos que busca favorecer también el empleo y la contratación con proveedores locales de raza negra, obligando a empresas que busquen contratar a extranjeros a justificar por qué un sudafricano no puede hacer ese trabajo.

Casi tres décadas después del comienzo de la democracia, Sudáfrica es el país con mayor desigualdad de ingresos del mundo, según el coeficiente Gini. El 7,3% de la población del país, que es blanca, todavía ocupa dos tercios de los puestos de mandos, tiene una tasa de desempleo cinco veces menor y hasta tres veces más ingresos que la mayoría negra, que supone más del 80% de los sudafricanos.

Crimen y xenofobia al alza

La falta de oportunidades laborales y la desigualdad han llevado a una tensión social y económica sin precedentes. Entre 2022 y 2023, más de un millón de hogares sudafricanos sufrieron robos, un 5,7% del total, y los secuestros se triplicaron en menos de una década hasta los 11.000 casos en 2021.

La falta de recursos para la población local unida a la alta criminalidad ha llevado a un aumento exponencial de la xenofobia. En 2021 se fundó en Soweto, barrio de origen de Mandela, Operación Dudula, un grupo comunitario que decía crearse con el objetivo de afrontar la alta criminalidad y drogas.

La realidad es que el grupo es abiertamente xenófobo –Dudula significa “tirar fuera” en zulú– y sus miembros han contribuido más a la criminalidad que a reducirla, atacando negocios regentados por extranjeros de otros países. Sin embargo, su popularidad ha crecido en un país donde más de un un tercio de los ciudadanos admite que impediría que africanos de otros países accedan a los servicios públicos y un 21% se muestra “neutral”. Envalentonado, el grupo comunitario se ha registrado como partido político de cara a las elecciones generales de 2024 con el objetivo de conseguir representación parlamentaria.

Extremismos políticos entran a escena

La situación económica en Sudáfrica, unida a otros factores como la corrupción, ha hecho que crezcan en popularidad partidos extremistas. Los sudafricanos sufren cuatro horas diarias de apagones ante la falta de potencia en la eléctrica estatal Eskom y la situación cada vez va a peor. A ello se suman casos de corrupción por partido de miembros del partido. En 2018, Jacob Zuma se vio obligado a dimitir como presidente antes de que el CNA, su propio partido, le echara en una moción de censura. En su etapa se considera que se desvaneció hasta un tercio del PIB, 240.000 millones de euros, en lo que se dio a conocer como “captura del Estado” tras negocios fraudulentos con los hermanos empresarios Gupta.

Su sustituto, el entonces vicepresidente Cyril Ramaphosa, había mejorado la imagen de su partido, hasta que en junio de 2022 se filtró el robo en 2020 de 500.000 dólares en metálico en su finca de Limpopo. El fiscal le eximió del cargo de no haber declarado ese dinero ni informado del robo a la Policía tras asegurar que era por la venta de búfalos a un empresario sudanés, pero estuvo a punto de enfrentarse a una moción de censura por ello.

Las encuestas pronostican que por primera vez el CNA bajará del 50% de los votos en las elecciones generales de 2024 y se verá obligado a buscar apoyos para gobernar ante el crecimiento de partidos extremistas. El más viable para formar coalición es el EFF, cuyo líder Julius Malema, que dirigió las juventudes del CNA, simboliza una política contraria a la de Mandela.

Con un discurso anticapitalista, muchos le acusan de populista con propuestas como ocupar las tierras propiedad de los blancos como solución a los problemas de la mayoría negra, una política que en la vecina Zimbabue causó el caos económico con una caída inmediata del 40% del PIB y una inflación del 500.000% ocho años después. Sus continuos ataques a la población blanca han llegado al punto de utilizar la canción Matar al Bóer, nombre que se da a los afrikáneres. Ahora el 18% de los votos previstos le aúpan al tercer puesto.

La alternativa no ofrece un futuro más halagüeño con los valores arcoíris. Por primera vez, varios partidos de oposición se han unido bajo el nombre Carta Multipartita con el objetivo de evitar un nuevo gobierno del CNA con el apoyo del EFF. La unión la lidera el tradicional partido liberal de la oposición Alianza Democrática, quien decidió echar en 2019 a Mmusi Maimane, su primer líder negro, y volver a aupar a Helen Zille, histórica dirigente afrikáner, quien ha llegado a decir que “hay más leyes racistas ahora que en el apartheid”.

Para gobernar debería apoyarse en partidos como el Frente Libertario, una organización nostálgica del apartheid que utiliza los colores de la bandera del sistema racista y cuyo origen se remonta a 1994, cuando afrikáneres que rechazaban la democracia buscaron crear un Estado aparte únicamente de blancos.

Casi 30 años después de su elección como presidente y en el décimo aniversario de su muerte, los valores de reconciliación y la promesa de coexistencia de Mandela se desvanecen. La duda sobre si su elección de reconciliación racial ha sido positiva emerge ante los pocos avances, pero analistas aseguran que, sin su mano, Sudáfrica habría acabado con una “guerra civil sangrienta”. Sin embargo, su legado también se ve afectado por las promesas inacabadas de cambio en un país que reniega de la nación arcoíris y va camino de un fundido a negro.

Esther Njoki tenía ocho años cuando su prima recién nacida empezó a quedarse en casa. Su madre, Rose Wanyua, le explicó que su tía, Agnes Wanjiru, de 21 años, había desaparecido y tenían que cuidar de la bebé hasta que la encontraran. Wanyua dejó su trabajo y junto con su marido se pusieron a hacer turnos para cuidar a la pequeña y poder a su vez buscar a su hermana por toda la ciudad de Nanyuki, en el corazón de Kenia.

La última vez que la habían visto había sido la noche del 31 de marzo de 2012 en el hotel Lion’s Court, un lugar donde los soldados británicos iban a beber y se acostaban con prostitutas locales. Wanjiru era peluquera de profesión, pero los ingresos eran insuficientes con su hija recién nacida y había ido acompañada de sus amigas Florence Mugo, también peluquera, y Susan Nyambura. La última vez que la vieron estaba acompañada de dos soldados británicos del Regimiento Duque de Lancaster de la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia. Después, el silencio.

Wanyua buscó a su hermana por toda la ciudad y fue al hotel en múltiples ocasiones, pero desde la dirección le dijeron que allí no sabían nada del caso. No fue hasta tres meses después que un trabajador del hotel abrió una fosa séptica en el jardín y encontraron su cuerpo desfigurado. Vestía tan solo un sujetador blanco, tenía un preservativo colgando.

Para aquel entonces, los soldados con los que se la había visto por última vez estaban ya en otro destino. Seis días después de su muerte, el regimiento acabó su entrenamiento de ocho semanas en Kenia y volvió a Reino Unido antes de volar a Afganistán.

“Fueron tres meses de profundo dolor. Stacy [la bebé de Wanjiru] no paraba de llorar y no podía darle de comer de mi pecho”, dice Wanyua. El cuerpo lo habían encontrado, pero el calvario para traer a los responsables ante la justicia todavía sigue. “Llevamos once años de sufrimiento y trauma”, explica la joven Njoki.

La hermana de Wanjiru adoptó a la pequeña, a la que comenzaron a tratar como la séptima hermana de la familia. Stacy siempre la ha llamado “Mamá” y la ha considerado su familia, pero conforme ha ido creciendo, el caso de su madre se ha hecho presente. “Tiene doce años ya y empieza a hacerse preguntas”, asegura su prima, que actúa de hermana.

A sus 19 años, Njoki habla desde el salón de su casa con una madurez y entereza sorprendente. Desde el asesinato, adoptó el rol de hermana mayor de Stacy, protegiéndola del ruido. Hacía años, Wanyua había adoptado un rol similar con su hermana tras la muerte de sus padres fallecieron cuando ella era joven. Wanyua fue la tutora legal de su hermana y ahora lo es también de su sobrina, Stacy.

Wanyua tiene la mirada triste, perdida en el suelo y deja hablar a su hija. La adolescente cuenta que su madre todavía rompe a llorar cuando ve a soldados británicos por la calle y le cuesta respirar cuando tiene que contar la historia. Ella está ahora escribiendo un libro para honrar a su tía. “De los últimos recuerdos que tengo suyos es que me regaló un suéter y que me cortó el pelo”, dice. Ahora, lidera la búsqueda de justicia.

Investigaciones sin fin

La misteriosa muerte de Wanjiru no levantó ningún litigio entre Kenia y Reino Unido. La potencia colonial tiene estrechas relaciones diplomáticas y desde 1964, un año después de la independencia del país africano, tiene establecida varias bases militares en el país, la mayor de ellas en Nanyuki. En 2021, el renovado Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa entre el Reino Unido y Kenia calculaba el impacto económico de la presencia militar en el país en más de 36 millones de euros.

En 2012, la División de Investigación Especial del Reino Unido llevó a cabo investigaciones, dando el nombre del personal británico a la policía keniana, pero aseguraron que no recibieron más solicitudes. No fue hasta casi dos años después, en 2014, que la Fiscalía keniana mandó una investigación formal ante el asesinato. Las pesquisas no acabaron hasta 2019.

En una sentencia de 25 páginas, la jueza Njeri Thuku, afirmó que Wanjiru había sido asesinada por “uno o dos” soldados británicos. El informe médico aseguró que había sido apuñalada en su abdomen y que la herida de dos centímetros podría no haber sido suficiente para su muerte, por lo que cabe la posibilidad de que estuviera con vida cuando la metieron en la fosa séptica.

La jueza hizo público el nombre de nueve soldados británicos que reservaron esa noche una habitación en el hotel, así como sus cargos y números de soldado. En el informe, Thuku acusó al hotel de encubrir el caso. Dos días después, un guarda de seguridad le había confesado a sus amigas, Mugo y Nyambura, que había escuchado una pelea y había vasos rotos y sangre, pero la dirección “negó que hubiera nada inusual en el hotel”. Para finalizar, la jueza solicitó la apertura de dos investigaciones posteriores: una dirigida hacia el Comité Intergubernamental de Enlace, un órgano militar compartido entre los Ejércitos británicos y kenianos para resolver litigios, con respecto al asesinato de Wanjiry y otro a la fiscalía para procesar al hotel por el encubrimiento.

Aun así, en las últimas páginas, escribió un párrafo revelador: “Es posible que incluso después de tomar esta decisión, ninguna acción se tome por parte de ninguno de los acusados”. La jueza llevaba razón. A pesar de ello, ni el Ejército británico empezó ningún caso ni en Kenia se iniciaron las investigaciones posteriores. No fue hasta que el diario británico The Times publicó una investigación periodística en 2021 en la que localizó a los soldados británicos que estuvieron esa noche con Wanjiru que el caso se hizo popular en Reino Unido. Fue entonces cuando la Policía Real Militar, órgano judicial militar, comenzó sus investigaciones y el caso se retomó también en Kenia.

La alegría fue inmensa para la familia, pero dos años después, todo sigue igual y han decidido denunciar al Gobierno keniano por la falta de avances y no darles ninguna información sobre cómo va el caso. “Desde 2021 no ha pasado nada. Ese hombre todavía está vivo, trabajando y dejó atrás un bebé huérfano del que debía haberse hecho cargo, pagándole las tasas escolares”, dice Njoki. “A veces siento que ya vale, la verdad es que es muy injusto. ¿Nos hacen esto porque somos africanos? ¿No les importamos a los británicos?”, se queja.

La visita oficial del rey Carlos III y la reina Camila a Kenia ha llevado a la luz de nuevo este abuso en un momento en el que los monarcas han perdido perdón por los abusos coloniales. En el viaje, la reina Camila se ha reunido con mujeres supervivientes de violencia de género, pero los monarcas han obviado el caso de Wanjiru.

Desde la Casa Real no se pusieron en contacto con la familia, quien sí decidió contactar con la Alta Comisión del Reino Unido y enviar una carta abierta al Rey Carlos III invitándole a visitar a su familia, pedir perdón y tomar acción: “El Rey Carlos podría cambiar esto. Es el comandante en jefe de las fuerzas armadas británicas. Todos los soldados hacen un juramento de lealtad para obedecerlo. Como tal, tiene la responsabilidad especial de garantizar que sus hombres no se salgan con la suya. Debe reunirse con nosotros y decirles a los hombres responsables que hagan lo decente: que se entreguen”.

Una vida rota y cambiada

En su barrio, pocos se acercan a su pequeño kiosco por miedo a la represión de los británicos y quien lo hace, tienen que tener cuidado si lo hace por interés. “Somos un objetivo fácil. Se nos acercan porque piensan que tenemos dinero o que cuando nos paguen una indemnización les daremos dinero por estar a nuestro lado”, asegura Njoki.

Tras hacerse notorio el caso en 2021, la diputada británica Jess Philips, Ministra en la Sombra de Violencia Doméstica por el Partido Laborista, comenzó un crowdfunding que recaudó 10.500 euros. “La gente dice: mira, tienen dinero y aún viven en Majengo. Ese dinero está en una cuenta de Stacy y lo podrá utilizar cuando cumpla 18 años”, afirma Njoki. Desde su sofá, la adolescente asegura que no quieren dinero, sino justicia. “Nosotros solo pedimos que lo traigan a Kenia, sería una lección enorme para el resto de soldados”.

Su madre posa sus ojos en el suelo, le cuesta aguantar la mirada. Su expresión es triste. Su marido falleció hace unos meses y ahora lucha sola con su hija. Está cansada de contar la historia y que no pase nada, pero sigue con fuerzas en busca de justicia. “Nuestra única fuerza es Dios, aunque a veces piensas en dejarlo todo”, dice Wanyua. Para su hija, todo tiene sentido cuando ve a su prima, convertida en su hermana. “No para de bailar y la queremos tanto, es nuestra alegría”.

Saituk Katuto Kaparo estaba en su pequeña casa el 24 de marzo de 2021 cuando escuchó un ruido como una explosión. Cuando salió de casa vio que la ladera de la montaña Lolldaiga ardía. Allí, en la reserva natural de Kenia, estaban sus reses pastando, así que no se lo pensó. Cogió una vara, se enfundó el ol alem, el machete típico de los pastores masai, y salió corriendo a sus 66 años a apagar el fuego. Junto a él, una horda de vecinos y compañeros se aproximaron a la zona para proteger a sus reses.

“Utilizábamos el machete para cortar las ramas y generar cortafuegos, intentando apagar el fuego con las propias ramas”, dice a elDiario.es desde su casa. Más de dos años después, tiene los ojos rojos y entorna la mirada para poder encontrar en su móvil un vídeo que les muestra luchando contra el fuego. En él se ve cómo un grupo de masáis intenta contener el fuego entre una humareda mientras les sobrepasa por el cielo un helicóptero militar. “Los británicos tenían máscaras, material de protección y cascos, nosotros no teníamos nada, tenías que correr por tu vida para tratar de contenerlo en otras áreas”.

El fuego se originó en la base militar de entrenamiento que el Reino Unido tiene en Nanyuki desde 1964. Allí hay 380 soldados, 280 de los cuales se desplazan a Kenia por cortos periodos de seis a ocho semanas a entrenar en situaciones de combate con ejercicios como el polémico lanzamiento de bombas con fósforo blanco, un químico peligroso cuyo residuo se queda en el parque nacional. La población local está acostumbrada a escuchar estas explosiones por las noches, pero el fuego amenazaba su vida.

En la cultura masái, las vacas son la fuente de ingresos y reputación, por lo que Kaparo pagaba 150 chelines kenianos al mes, un euro aproximadamente, por cada una de sus 200 reses para que pastaran en las tierras verdes de Lolldaiga. “Algunas vacas huyeron, otras volvieron pero tenían infecciones respiratorias y murieron”, cuenta mientras entorna su mirada. 

Sus ojos están rojos y en su mano sujeta un bote de Ciproken, unas gotas para los ojos, y su recibo de 250 chelines kenianos [1,55 euros] en cuyo prospecto se lee que es un medicamento “para las úlceras corneales y las infecciones oculares superficiales” y que “se usa para tratar infecciones oculares asociadas con escozor”. El pastor es uno de los pocos a los que se pudo permitir visitar a un médico, que le recetó las gotas y le recomendó visitar un especialista para hacerse pruebas, pero no ha podido ir por falta de ingresos.

Dos años y medio después, a Kaparo solo le quedan cuatro reses. En su máximo peso, de unos 600 kilos, una res puede valer hasta 500 euros, aunque el precio fluctúa. En época de sequía algunos masái tuvieron que malvender para obtener ingresos. Por una vaca pequeña hembra cobraban por ejemplo una baja cantidad como 63 euros. Ahora, su fuente de ingresos ha desaparecido. 

“Los británicos han hecho mi vida muy dura”, dice. Kaparo es uno de las cerca de siete mil personas que siguen peleando por recibir compensación por parte de los británicos, pero dos años y medio después todavía no hay respuestas. “La verdad se puede ver, es muy visible y deberían tener humanidad”.

Un difícil litigio

Kelvin Kubai estaba en su casa cuando ocurrió el fuego, a escasos kilómetros de la base militar. Al principio le pareció que serían pastores quemando hojas, pero al cuarto día se dio cuenta de que no era un fuego habitual: iba a más y el cielo entero estaba negro. Decidió acercarse a las poblaciones cercanas de las montañas y se dio cuenta de que venía de la reserva natural donde entrenan los militares británicos. 

Por aquel entonces tenía solo 24 años y estaba acabando sus estudios universitarios en derecho, pero decidió hablar con las comunidades locales y ofrecerse a presentar una demanda en su representación contra los británicos. Consiguió 900 firmas y en abril presentó el caso ante los jueces, alegando que los militares habían violado los artículos 42, 69 y 70 de la constitución keniana que “garantizan el derecho a un medio ambiente limpio y saludable”.

Las causas del fuego todavía no se han investigado, pero un informe instigado por Lolldaiga Hills Limited, la propiedad privada de la reserva natural, reveló que el fuego emitió 178.179,52 toneladas de CO2. Las emisiones per cápita en Kenia al año son de 0,4 toneladas, lo que implica que en dos semanas se produjo lo mismo que emiten 445.000 kenianos en un año. Además, el informe añadía que en condiciones normales, sin mayores imprevistos, el estado natural de Lolldaiga tardaría 36 años en recuperarse del incendio.

El Reino Unido reclamó su inmunidad diplomática, pero un año después, la jueza Antonina Kossy Bor dictó una sentencia histórica: ni los soldados ni el Ejército británico tenían inmunidad tras el Acuerdo de Cooperación en Defensa firmado en 2016 y ratificado en 2021. La jueza refirió el caso a un órgano militar creado para estos litigios conocido como el Comité Intergubernamental de Enlace, en el que participan tanto el Ejército keniano como el británico.

Sin embargo, esta entidad ha estado dilatando una resolución. Desde la resolución en marzo de 2022 tardaron seis meses en emitir un comunicado. En octubre publicaron una nota en el diario local The Standard para que quienes se consideraran afectados reclamaran “los detalles de sus reclamaciones para su consideración” antes de final de año.

La petición no venía firmada por ninguna persona física, simplemente con el nombre del comité al pie. “No tienen ni una cara visible, ni oficina, ni una dirección física ni email propio”, critica Kulbai sobre la opacidad de un comité que no sigue la legislación keniana y que solo se comunica a través de sus abogados. 

El abogado de las víctimas no recibió una nueva respuesta hasta otro año después. El 3 de octubre de 2023, el comité les instó a mostrar más pruebas. “Es una estrategia sacada de las reglas coloniales, cansar a la gente, dividir y gobernar”, dice Kulbai. El artículo 70 de la constitución de Kenia especifica que ante casos de medio ambiente “el solicitante no tiene que demostrar que alguna persona ha sufrido pérdidas o daños”, por lo que la petición es anticonstitucional.

Más víctimas

En estos dos años y medio se han ido multiplicando las víctimas que han reclamado compensación conforme las afectaciones han ido aumentando. A los que sufren problemas respiratorios y de visión como Kaparo se suman quienes han sufrido pérdidas de propiedad, como las reses y sus cultivos. El abogado representa ya a alrededor de 7.000 solicitantes, para los que reclama un total de un millón de chelines por persona, unos 6.300 euros. 

La pérdida del modo de vida es una de las consecuencias más duraderas y dañinas. Cuando ocurrió el fuego, muchos animales salvajes huyeron de la montaña, destruyendo los cultivos de personas como Christine Mugo.

La campesina forma parte del Grupo de Mujeres de Nabulo, un grupo de una veintena de mujeres que se organizaban para cultivar y tener unos ingresos propios que reduzcan la dependencia de sus maridos, pastores masai. En sus tierras sembraban patatas, espinacas, tomates y otras hortalizas para su venta, además de producir miel y aloe vera con el que vendían jabones artesanales en el mercado. 

En la mesa de la pequeña habitación de la asociación, Mugo saca la última tirada de jabones de los moldes. Tienen formas de flor, corazón, mandala y hasta de un oso. Antes producían con facilidad cien jabones cada día y los vendían en el mercado, pero tras el fuego su vida ha cambiado. “Teníamos un depósito enorme de agua pero los elefantes lo destrozaron y ahora dependemos de la lluvia para tener agua limpia”, dice. 

Las vallas están rotas, el invernadero tiene un agujero enorme y el depósito de agua está aplastado. El grupo consiguió reparar hasta en tres ocasiones la valla eléctrica gracias a donaciones, pero la cuarta vez que los elefantes destrozaron se dieron por vencidas ante la falta de dinero: “Ya no podemos cultivar y hacemos menos jabón porque no podemos hacerlo con agua sucia de los pozos”, lamenta Mugo. Ella también busca la compensación de los británicos, pero todavía sin éxito.

No quieren a los británicos

A pesar de la falta de respuestas, el Ejército británico no ha parado su actividad en la reserva natural. Para Mugo, convivir con las explosiones nocturnas ya es habitual, pero si fuera por ella no estarían allí: “Yo prefiero que se vayan porque yo tampoco voy a su país”, asegura. Coincide Kaparo: “Si nos hubiesen compensado aún podrían seguir, pero duele verles seguir entrenando con todo el dolor causado”, afirma. “Los soldados toman drogas y alcohol y se comportan de manera temeraria”, añade.

El abogado repite la acusación de que los soldados que causaron el fuego habían consumido cocaína, aunque no hay ninguna prueba que verifique esta información. Para Kulbai, el problema de fondo es que no se prepara a unos soldados que ven sus semanas de entrenamiento en Kenia como una aventura: “Son jóvenes con mentalidades racistas que vienen por primera vez a África con una mentalidad colonial. No podemos esperar que nos traten como seres humanos a los locales”, dice.

Aprovechando la visita oficial de los Reyes Carlos III y Camila a Kenia del 31 de octubre al 3 de noviembre, el abogado organizó una rueda de prensa para repetir sus reclamaciones, pero el Gobierno keniano la prohibió. “El problema es también del Gobierno keniano, que protege más sus relaciones diplomáticas que a sus ciudadanos, su silencio es una traición”, afirma.

Las disculpas

Durante su visita, el Rey Carlos III ha pedido perdón este martes por la represión colonial contra la rebelión armada de los Mau Mau conocida como la Emergencia por los británicos. Tan solo seis meses después de que su madre, la Reina Isabel II, se enteró del fallecimiento de su padre y su ascenso al trono desde Kenia, comenzó una rebelión que duró ocho años, donde las fuerzas británicas coloniales asesinaron a 11.000 personas. 

“Debemos reconocer los momentos más dolorosos de nuestra larga y compleja relación”, ha afirmado el rey este martes en un discurso pronunciado en el banquete oficial ofrecido por el presidente de Kenia, William Ruto, en el primer día de su visita de Estado a la excolonia británica, que durará hasta el próximo viernes. “Se cometieron actos de violencia abominables e injustificables contra los kenianos mientras libraban una dolorosa lucha por la independencia y para eso no puede haber excusa”, ha añadido el monarca.

“Lo más importante para mí al regresar a Kenia es profundizar mi propia comprensión de estos males y conocer a algunas de esas personas cuyas vidas y comunidades se vieron tan gravemente afectadas”.

Sin embargo, en su agenda no está el pasar por Nanyuki a visitar a las tropas y pedir perdón. “Sí, he escuchado que vienen”, contesta Saituk a la pregunta de si sabía de la visita británica. “El rey es responsable por lo que han hecho, debería asumir su responsabilidad por lo que hacen sus ‘hijos’”, añade el pastor masai en referencia a los soldados.

A pesar de los impedimentos, el abogado no desiste en su esperanza de conseguir justicia. Su abuelo era Musa Mwariama, un general Mau Mau que consiguió escapar de los británicos: “Él luchó durante trece años y yo no llevo ni tres, sería una pena decepcionarlo”.

A Ali Bongo no le ha dado tiempo ni a festejar la victoria. Minutos después de que la comisión electoral le declarara vencedor de las elecciones en Gabón con el 64,2%, una decena de militares ha salido en televisión anunciando la cancelación de los resultados y el fin de la dinastía de los Bongo.

Ali Bongo esperaba disfrutar de su tercer mandato. En 2009 había cogido el testigo tras la muerte de su padre, Omar Bongo, quien gobernó el país desde 1967. Sin embargo, su permanencia en el poder se había vuelto más difícil tras la oposición en 2016 y el infarto sufrido en 2018, por el que se temió por su vida y el cual le mantuvo meses tratándose en Arabia Saudí. Ahora está en “arresto domiciliario” y ha pedido ayuda a sus “amigos de todo el mundo”.

En el comunicado en televisión nacional, los militares se han proclamado como el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI), pero no se sabe quiénes son ni cuáles son sus intenciones más allá de “acabar con el régimen”. El medio Jeune Afrique ha dicho en exclusiva que son miembros de la guardia presidencial liderados por el general Brice Clotaire Oligui-Nguema quien, a su vez, es primo de Ali Bongo. Este, sin embargo, todavía no se ha pronunciado.

Se desconoce todavía si estos militares representan a todo el Ejército y si podrían tener resistencia, pero por el desarrollo de los acontecimientos y las imágenes difundidas, el golpe de Estado ha sido un éxito. Uno más que se suma al dominó en África.

Amenaza a las dictaduras familiares

Lo ocurrido en Gabón es el noveno golpe exitoso entre África Occidental y Central desde el año 2020. Se suma a los alzamientos en Mali (2), Burkina Faso (2), Sudán, Guinea, Chad y Níger. Este último, hace tan solo un mes. El triunfo de los militares en estos países sin una respuesta efectiva por parte de las instituciones continentales e internacionales sirve como un aliento para el dominó de sublevaciones, pero las causas son distintas.

Este es el primer golpe de Estado en África Central y sus características son muy distintas al de los otros países. Primero, Gabón no está en el Sahel como el resto de países, epicentro de la violencia yihadista, por lo que los problemas de inseguridad no son el motivo del golpe. Segundo, en todos esos países ha habido un largo historial de golpes de Estado desde sus independencias hace décadas. Tan solo Chad se asemeja a Gabón con una dinastía familiar, pero el golpe fue un autogolpe del Ejército para continuar esa dinastía colocando al hijo de Idriss Déby, Mahamat Déby.

Esta es, por lo tanto, la primera vez en la época reciente que unos militares deciden alzarse para derrocar una dinastía familiar por la fuerza. Los militares han alegado que la sublevación se debe a “una gobernanza irresponsable e impredecible que se traduce en un continuo deterioro de la cohesión social, con el riesgo de llevar al país al caos”.

La realidad es que los Bongo han gobernado con la connivencia del Ejército durante décadas y esta sublevación marca una señal a otros países sobre cómo los militares ya no temen a sus jefes, hasta el punto de que se consideran más poderosos y capaces echarlos y gobernar por sí mismos el país. El golpe de Estado en Gabón abre una puerta a golpes en otro tipo de países. Si hasta ahora estos se daban en países con inestabilidad política y terrorismo yihadista como en el Sahel, ahora también se pueden dar en dictaduras familiares.

La caída de la familia Bongo es un aviso para otros países vecinos con gobiernos familiares similares, como el de Paul Biya en Camerún, el jefe de Estado más anciano del mundo con 90 años, en el poder desde 1982; Denis Sassou-Nguesso, quien gobierna en República del Congo desde 1979, con un parón de cinco años; la familia Gnassingbé en Togo, que gobierna desde 1967 el país, primero Gnassingbé Eyadéma y desde 2005 su hijo Faure; y por último Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, en el poder durante 44 años. El presidente de Camerún ha anunciado este jueves nuevos nombramientos en la unidad administrativa central del Ministerio de Defensa.

A excepción de Guinea Ecuatorial, excolonia española, el resto son excolonias francesas. Eso sí coincide con los otros países golpistas del Sahel y confirma la creciente pérdida de influencia del Elíseo en el continente.

Francia, mucho que perder

Las primeras imágenes que llegan de Libreville, capital del país, muestran manifestaciones a favor de los golpistas. En un país con una media de edad de 21 años, los Bongo llevaban gobernando 56 años ininterrumpidamente y la mayoría de ciudadanos no conocían otro poder.

Durante todo este tiempo, Gabón se ha mantenido como un aliado francés aunque, desde la llegada de Ali Bongo al poder, las relaciones se habían maltrecho. Su padre, Omar Bongo, se había acercado al Elíseo para afianzar su poder.

En 1975, Francia abrió a las afueras de la capital la base militar Camp de Gaulle. En su periodo de grandeza, llegó a tener más de 900 soldados de la 6ª División de Infantería, pero Macron había anunciado en febrero la reducción de tropas en África, incluyendo Gabón, donde hay estacionados en torno a 350 militares.

El futuro de la base militar está en entredicho, pero por el momento no hay señales de una presión para la salida de las tropas francesas por parte de los nuevos gobernantes militares. Así como en Níger y otros países se vieron banderas rusas en las primeras manifestaciones a favor del alzamiento, en este caso no ha sido así.

Por el momento, la primera consecuencia es económica. La empresa francesa Eramet ha anunciado que ha suspendido sus operaciones en la mina de Comilog, la mayor productora de manganeso del mundo, un mineral vital para el acero. Más de la mitad de las importaciones francesas de manganeso vienen de Gabón que, junto al petróleo crudo, suponen la mayoría de las exportaciones de este país a Francia.

Ahora, Francia se encuentra ante una situación complicada. El portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, ha condenado el golpe y ha pedido “respetar el resultado de las elecciones”, pero la realidad es que tiene poco margen de maniobra. A partir de aquí, mostrar un apoyo más firme significaría legitimar unas elecciones fraudulentas y una dictadura dinástica que ellos mismos han señalado como corrupta. En 2022 la justicia francesa imputó a cinco hijos de Omar Bongo por apropiación indebida de bienes públicos, lavado de dinero y corrupción “activa y pasiva”, calculando un valor de 85 millones de euros invertidos en propiedades en Francia.

Por el momento, las reacciones internacionales han sido diversas. La Unión Europea, en boca del alto representante de exteriores, Josep Borrell, ha dicho que el golpe “hace a la región más inestable” y que debatirán la ola de golpes de Estado en África con los ministros de Defensa de los países europeos, reunidos en Toledo.

Rusia por el momento no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, mientras que China solo lo ha hecho para pedir que se garantice la seguridad de Ali Bongo. “No sacaría ninguna conclusión general (sobre la situación en varios países africanos), pero la situación en Gabón es motivo de profunda preocupación, estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo allí”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

El fin de los Bongo muestra la debilidad francesa y europea en el continente y el fracaso de una política que se apoyaba en élites dictatoriales cuyo amparo exterior ya no es suficiente para mantenerse en el poder.

Los militares, envalentonados ante el éxito de otros como ellos en países vecinos, se lanzan a acabar con gobiernos cleptómanos con el apoyo ciudadano. Esta ola de golpes muestra una estacada a la democracia, que deja de ser considerada una opción para acabar con dictaduras, en beneficio de la fuerza militar.

Henry Mukiibi no olvida la llamada que recibió a las 9:00 de la mañana del 29 de marzo de 2020. Era la segunda semana de cuarentena por la pandemia de COVID-19 y estaba en su casa cerca de Kampala, la capital de Uganda, con su novio cuando le contaron que la Policía había entrado en las oficinas de su organización, apaleando a sus miembros.

Las restricciones de movimiento le impidieron ir con rapidez y tardó tres horas en llegar. Cuando llegó, vino lo peor. “Los policías me dijeron: ‘Así que tú eres el líder de esta panda de gais, ¿eh?’”, cuenta Mukiibi. “Llegó el alcalde y con un palo empezó a golpearnos, a mí en el brazo derecho. Entonces abrió la puerta y dijo: ‘Os vamos a matar”.

A Mukiibi y a las otras 20 personas que estaban ese día en el refugio LGTBI de la Fundación Hijos del Sol se los llevaron atados con cuerdas “como esclavos”, dice. El activista había fundado seis años antes esta organización para dar servicios médicos y sociales a la comunidad LGTBI. La idea le vino, según su testimonio, tras un episodio en el que una compañera transgénero no fue tratada de una infección causada por una herida en un hospital. En su lugar, le dijeron que rezarían para curar su enfermedad. “Me sentí pequeño y decidí dejar ese trabajo”, dice.

Mukiibi decidió no testificar y cuando llamó a sus abogados, también fueron arrestados. El día que fueron detenidos les dijeron que los acusaban de homosexuales, pero ante la falta de un mecanismo legal y de pruebas fehacientes cambiaron los cargos a desobediencia de las restricciones de la COVID-19. Al día siguiente, fueron a un juicio rápido donde les condenaron a 28 días de prisión, según explica: “Los otros presos veían nuestras caras en la televisión y en los periódicos y se corrió la voz que éramos gais. Sufrimos mucha discriminación”. 

Al vigésimo octavo día, nada pasó. Tampoco al trigésimo. El 14 de mayo, día 49 de prisión, el caso se hizo internacional. Tres ONG de derechos humanos presentaron una demanda ante el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias y esta acusó al Gobierno de Uganda de perseguir a la comunidad LGTBI bajo el pretexto de la COVID-19. 

Ese día era el principio del fin, pero no iba a ser fácil salir de allí. “Empezaron a pegar a mis compañeros a las 14:00 de la tarde y estuvieron dos horas. Yo me escondí y dijeron a mis compañeros que si me encontraban me quemarían vivo”, cuenta. Cuando fue a por agua, se encontró con lo peor, según su testimonio. “Algunos tenían los ojos negros. Una mujer transgénero lloraba porque le habían bajado los pantalones y puesto un palo de madera por debajo de su ropa interior”. Mukiibi se libró de lo peor y a los tres días fueron liberados.

Aun así, su pesadilla no terminó en prisión. Los han amenazado de muerte, han tenido que mover su sede y el refugio y siguieron recibiendo golpes de las fuerzas de seguridad. Ahora, temen por su vida tras la aprobación de una polémica ley antihomosexualidad, criticada ampliamente como “draconiana”, que prohíbe los actos sexuales entre personas del mismo sexo entre adultos con consentimiento y prevé largas penas de cárcel y la aplicación de pena de muerte. “Ya solo nos quedaba esperar a que el presidente firmara esta ley”, lamenta Mukiibi.

Criminalización y miedo

La semana pasada, tres años y dos meses después del arresto de Mukiibi, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la nueva legislación. El marco jurídico castiga con la muerte a personas por lo que denomina “homosexualidad agravada”. El documento oficial lo define como personas que cometan un “delito de homosexualidad” con familiares, menores, personas con discapacidad y terceros sin consentimiento, pero también simplemente por cometer ese delito “en serie”.

En 2014, el país ya había intentado aprobar una ley similar, aunque la presión por incluir la muerte hizo que se retirara de la propuesta, que finalmente se firmó como cadena perpetua. Meses después, el Tribunal Constitucional la derogó por el tecnicismo de no tener quórum suficiente en la cámara de representantes. Aun así, seguían prohibidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 

Nueve años después, las leyes son incluso más severas que las propuestas entonces: ya no solo criminalizan a la comunidad LGTBI, sino también a quienes amparan a estas personas, las apoyan o incluso hablan de ellas. La denominada “promoción de la homosexualidad” se penaliza con hasta 20 años de cárcel y si una persona es propietaria de un lugar donde haya homosexuales, puede enfrentarse a siete años entre rejas.

“Mi arrendador ya me ha pedido que me vaya”, cuenta Mukiibi. “Todavía no me he marchado porque no tengo donde ir y debo buscar una casa donde no me conozcan”, asegura el activista, cuyo perfil público hace todavía más difícil su vida.

La ley infunde miedo. Los medios de comunicación tampoco pueden informar y se enfrentan a una multa de 250.000 euros y diez años sin licencia en caso de que se considere que su noticia es una promoción de la comunidad LGTBI. En todo caso, antes de publicar cualquier noticia sobre una víctima homosexual se debe tener la autorización previa de un juez.

La adopción de esta legislación llega tras un repunte de la retórica homófoba entre políticos, líderes religiosos y otros sectores de la sociedad ugandesa y exacerba la estigmatización, la violencia, el acoso y la discriminación continuos contra las personas LGBTI, según los expertos internacionales.

“La peor ley del mundo”

Museveni ha tardado más de dos meses en firmar la ley, aprobada el 22 de marzo por 444 de los 557 parlamentarios en la cámara baja de Uganda. La ralentización de la firma se produjo bajo la presión internacional por frenar lo que la ONU describe como la que es “probablemente la peor ley del mundo” contra los derechos LGTBI y dice que convierte a las personas lesbianas, gais y bisexuales “en criminales simplemente por existir, por ser quienes son”, dando “carta blanca para la violación sistemática de casi todos sus derechos humanos”.

El Programa Conjunto de la ONU contra el VIH/sida (ONUSIDA), junto a otras organizaciones sanitarias internacionales, considera que el progreso de Uganda en su respuesta al VIH está ahora en grave peligro y teme que la ley “obstaculice la educación en salud y el compromiso necesarios para acabar con el sida como una amenaza sanitaria pública”.

La Unión Europea y Estados Unidos también han condenado la legislación. El Parlamento Europeo pidió en abril a la Comisión que usara “todos los medios diplomáticos, jurídicos y financieros necesarios para convencer al presidente” de que no firmara la ley. “El Gobierno de Uganda tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos. De lo contrario, se socavarán las relaciones con los socios internacionales”, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que es “una trágica violación de los derechos humanos” y avisó de que su aprobación “amenaza el desarrollo económico de todo el país”. También le apoyó el senador republicano Ted Cruz, que tuiteó que es “grotesco y una abominación” considerar la muerte por ser homosexual.

Tan solo EEUU dedica 950 millones de euros cada año en ayuda al desarrollo al país, que en 2021 recibió un total de 2.520 millones de euros del exterior, según datos de la ONU. Las políticas del país no podrían salir adelante sin la financiación de los socios externos, que pagan el 40% del presupuesto público.

El Gobierno de Uganda ya dicho que las amenazas de cortar la financiación son una forma de “chantaje” que no van a aceptar, ya que consideran que la homosexualidad es “una desviación sexual” y no un derecho constitucional.

A pesar de lo que dice el Gobierno, los activistas LGBTQ sí la consideran inconstitucional y pretenden combatir la ley ante la Justicia. La coalición Convocatoria por la Igualdad, formada por diversas asociaciones, comunicó que recurrirá la firma como anticonstitucional y recordó que la intentona de 2014 produjo recortes en ayuda exterior por valor de más de 12 millones de dólares de socios europeos y Estados Unidos.

Mukiibi tiene esperanza en que si los socios exteriores cumplen su palabra, la ley pueda ser revertida. “Si cortan las donaciones nos ayudarían, porque Uganda depende del apoyo de Occidente”, dice el activista. Esta ley, dice, pone en peligro su vida. “Esto nos va a dificultar mucho el trabajo porque apoyar es promover lo LGTBI y eso es prisión. Realmente nos ha hecho la vida superdifícil”.

Aunque no pierde la esperanza, Mukiibi ya busca alternativas con su pareja, con la que lleva nueve años de relación. “En este momento estamos planeando ir a otro país”, cuenta. Pero la realidad les golpea cuando se lo plantean: “No tenemos suficiente dinero y tendríamos que conseguir un visado. Ahora mismo tenemos miedo”.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la criminalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo continúa en 67 países de todo el mundo, y diez aún imponen la pena de muerte.

Jacqueline Nanungo estaba recogiendo habas en su terreno el pasado mes de junio en Mparangasi, al oeste de Uganda, cuando escuchó un ruido y se asustó. Al ver a tres chimpancés acercándose, corrió a coger en brazos a su bebé de siete meses, Richard Keswa. Su movimiento los alteró, golpearon el suelo y la tumbaron de un empujón. Ella se puso a gritar pidiendo auxilio, pero fue peor. Una chimpancé hembra, asustada, intentó coger al bebé, pero le arañó con sus uñas en la cabeza y le mató.

Keswa era el más pequeño de sus cuatro hijos con su marido, Fred Batin, quien a sus 23 años se sienta en su pequeña casa en silencio mientras su padre, James Klochukuru, cuenta cómo murió su nieto. Los hombres de la familia llevan la voz cantante. En una sociedad heteropatriarcal como la ugandesa no es extraño, pero también es así por el conflicto que generó la muerte del bebé entre ambas familias. “Hubo malentendidos entre ambas familias. Ella todavía sufre dolores en su hombro y espalda de la caída”, explica Klochukuru sobre su nuera, que no se deja ver en ningún momento.

“Los chimpancés cada vez vienen más a nuestros hogares y tememos por nuestros niños”, añade Batin. La muerte del pequeño Richard no ha sido la primera ni la última ocasionada por el creciente conflicto entre humanos y primates en las zonas rurales del oeste de Uganda. En el primer semestre de 2022, cuatro niños fallecieron en ataques de chimpancés. Aunque no hay datos oficiales de muertes, los ataques han incrementado en los últimos años, según cuentan conservacionistas locales.

“Los conflictos entre humanos y primates han aumentado en los últimos 12 años”, asegura el Dr. Joshua Rukundo, veterinario y director ejecutivo de la organización de conservación Chimpanzee Trust. “Además, sólo se cuentan las muertes si el que fallece es un humano, no si es un chimpancé”, critica. En esos mismos seis meses de 2022 murieron 15 chimpancés, diez de ellos envenenados por locales.

La deforestación, principal causa

La deforestación es la principal causa del aumento de conflictos entre humanos y chimpancés. El oeste de Uganda tenía una de las zonas tropicales más frondosas del continente, con una masa boscosa continua entre lo que hoy son los bosques de Budongo y Bugoma. En todo el país viven unos 5.000 chimpancés, con alrededor de 600 de ellos solo en Bugoma.

La tala de árboles para obtener carbón vegetal para cocinar, el incremento de población y la llegada de las industrias multinacionales extractivas han ido reduciendo los hogares de los chimpancés, quienes se ven forzados a coexistir con los humanos.

En los primeros veinte años del siglo XX, Uganda perdió un total de 1,05 millones de héctareas, el 23% del total de su masa forestal. Budongo y Bugoma fueron de las zonas más afectadas, perdiendo un 3,3% de masa forestal cada año. “La región ha atraído a muchas personas por la fertilidad de las tierras”, asegura el Dr. Rukundo. En 2002 vivían poco más de seis millones de personas en la región occidental y 20 años más tarde ya eran más de 10,5 millones de habitantes. “Esta gente es más emprendedora y vendieron sus tierras a grandes corporaciones de azúcar, tabaco, arroz y maíz. Estas les ofrecieron maquinaria a los campesinos y despejaron grandes extensiones de terreno”, añade el conservacionista.

En octubre de 2022, la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda ordenó a la corporación Hoima Sugar Company a reponer los 57 kilómetros cuadrados de terreno que habían talado en el bosque de Bugoma al tener actividad ilegal en dos de sus terceras partes.

El desarrollo de otros proyectos extractivos como el Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), liderado por la empresa francesa Total Energies, amenaza con reducir el área de los chimpancés. La tubería pasará cerca del bosque de Budongo y cruzará entre los bosques de Bugoma, Wambabya e Itohya, cortando el paso entre ellos. En este último pequeño bosque vive una comunidad de unos 60 chimpancés.

Los chimpancés machos se quedan en sus comunidades toda su vida, pero las hembras migran entre comunidades, pudiendo recorrer hasta 100 kilómetros. Al hacerlo, aseguran el intercambio genético que hace posible su supervivencia, algo vital en peligro con el desarrollo industrial y el freno de los corredores, según explican los conservacionistas.

“Es difícil frenar el desarrollo. Va a ocurrir y los chimpancés se verán afectados, así que debemos centrarnos en cómo minimizar ese impacto”, asegura el Dr. Rukundo. Es por ello que el siguiente paso es conocer más sobre los chimpancés para poder cohabitar en paz.

Aprender a convivir

Cuando Batin vio a su bebé muerto, no decidió tomarse la venganza por su propia mano. “Los chimpancés son una parte importante para el Gobierno, por lo que si los atacamos sería peor”, dice.

Los chimpancés son una fuente de ingresos. En 2018 –último año con datos pre-pandemia–, Uganda ingresó 1,3 mil millones de euros por turismo en un sector en el que las rutas para observar a chimpancés cada vez son más demandadas.

Desde asociaciones como Chimpanzee Trust buscan educar a la población local sobre el comportamiento de los chimpancés. Entre otras cosas, enseñan que tienen comportamientos similares a los humanos al compartir un 98% del ADN y que son las hembras quienes suelen coger a los bebés y niños pequeños si los ven solos por un instinto maternal de protección. Estos suelen morir al no poder agarrarse como un primate a la espalda y caer al suelo. También pueden fallecer cuando son agarrados demasiado fuerte por las chimpancés.

Es por ello que la mayoría de muertes son de niños pequeños, por lo que educarlos desde bien pequeños es vital. “Enseñamos a los niños cómo deben responder cuando ven a los chimpancés, a cómo leer la naturaleza y cómo reaccionar”, explica el Dr. Rukundo.

Cómo actuar

Uno de los programas es una obra de teatro que ha triunfado en los colegios y ahora se emite en la radio local. “Hicimos una serie sobre cómo se destruía el bosque y a partir de ahí hablamos de la convivencia con animales. ¿Cómo coexistimos? Los niños están acostumbrados a ver chimpancés, no son niños de ciudad”, dice la maestra Lucy Muhuruzi, que lidera este programa. “Los niños más pequeños son fáciles, ese es el deber con la educación primaria, pero la mayoría de los padres son irresponsables”, añade.

Ahora, no se trabaja solo con los niños. Con ayuda de financiación externa, han creado asociaciones de agricultores para ayudarles a plantar cultivos que son mejores para el medio ambiente y menos atractivos para los chimpancés como las patatas, cebollas, soja o jengibre. “Antes solíamos plantar maíz, yaca, mandioca y plátanos”, dice Robert Kyaligonza, que preside la Asociación de Conflicto entre Humanos y Fauna de Munteme. “Ahora sabemos lo que hay y lo que no hay que hacer, lo que los chimpancés quieren y lo que no. Hemos aprendido a manejarnos con ellos sin conflicto”, asegura.

Margaret Nakyanzi es una de las agricultoras que forman parte de la organización que se ha beneficiado de los cursos y financiación de la asociación para poder cambiar los usos de sus tierras. Ahora planta patatas en lugar de mandioca y asegura que ahora los chimpancés si vienen remueven la tierra pero no se llevan el cultivo. “Al vecino sí que entran más porque tiene maíz, pero a mi terreno cada vez entran menos”, dice Nakyanzi, que asegura que solía verlos unas tres veces por semana.

El cambio climático lo complica

A pesar de los esfuerzos por educar, el cambio climático dificulta todavía más la coexistencia. “Antes a mitad de julio cultivábamos pero ahora lo hacemos como mínimo en agosto. Los ríos solían tener mucha agua pero esta se ha reducido”, dice Kyaligonza. Ante la falta de agua, los chimpancés se acercan a los pozos donde cogen agua los humanos para poder beber.

Más allá del conflicto, esto genera el temor a la aparición de nuevas enfermedades transmitidas por chimpancés a humanos como el ébola o el VIH, originarias en primates. Un 75% de las enfermedades infecciosas provienen de animales, y ante la falta de salubridad en entornos rurales como el del oeste de Uganda, las probabilidades aumentan. “Hay personas que tocan o pisan las heces de los chimpancés, vuelven a las comunidades y no tienen medidas de higiene en sus casas, provocando enfermedades. Creo firmemente que hay infecciones que se están cogiendo de animales”, asegura el Dr. Rukundo, quien afirma que no se documentan porque los servicios médicos y las investigaciones clínicas son muy pobres. El problema no es solo para los humanos, sino también al revés. “Los chimpancés no tienen inmunidad natural y se ponen muy malos en la temporada de gripe”, añade el veterinario.

Batin dice que las enseñanzas de las formaciones permiten que le tenga menos miedo a los chimpancés, pero aún así planean vender el terreno donde falleció su bebé. Por más que aprenda a no atacarlos y coexistir con ellos, hay algo que no logra borrar: “El dolor. La verdad es que todavía sentimos ese dolor”.