Debido a su importancia estratégica y posición geopolítica, los problemas políticos, sociales, económicos y legales de Turquía son de gran importancia para la comunidad internacional. Por lo tanto, aprovechando la oportunidad de la Presidencia de la Unión Europea por parte de España, y con motivo del séptimo aniversario del fallido intento de golpe de Estado en 2016, quiero abordar la reconstrucción del Estado de derecho en Turquía y las medidas que la Unión Europea puede adoptar al respecto bajo la Presidencia española.

Resulta de interés tanto para Turquía como para la Unión Europea que este país se convierta en una nación respetuosa de los derechos humanos y con una economía sólida y estable. Sin embargo, desde el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016, los derechos humanos en Turquía han sufrido una erosión considerable, encontrándose en una situación crítica. Bajo el sistema presidencial turco, la economía del país está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Esta coyuntura no solo incrementa la presión migratoria y de refugiados de origen turco en Europa, sino que también pone en peligro las inversiones de empresas españolas y europeas en Turquía.

En una reciente entrevista, Nikolaus Meyer-Landrut, jefe de la Delegación de la Unión Europea en Turquía, se expresó de manera diplomática para describir cómo Turquía se ha convertido en una prisión abierta y empobrecida, generando un deseo generalizado de huida. Estas fueron sus palabras:

“En Turquía, la definición de terrorismo es muy amplia y debe ser delimitada con claridad. Las autoridades turcas saben que no están implementando ninguna medida para cumplir con los estándares... Si llevamos a cabo la liberalización de visados en un contexto tan represivo, ¿no estaremos facilitando la salida de todos aquellos que desean abandonar el país debido a su insatisfacción o falta de libertad? Siempre se nos argumenta que la liberalización de visados beneficia a los empresarios, pero no es así. Cualquier persona que quiera abandonar Turquía encontrará una forma de llegar a Europa... Observamos dificultades económicas. Si las personas que poseen un visado ingresan en Alemania, aumenta la probabilidad de que soliciten asilo. Los poseedores de visados tienen una alta probabilidad de pedir asilo. El año pasado, por primera vez, presenciamos que estudiantes Erasmus solicitaban asilo cuando finalizaban sus períodos en Turquía”.

La Unión Europea ha pasado por alto los errores de Turquía, un país candidato que ha convertido a sus propios ciudadanos en posibles candidatos a refugiados, debido a su acogida de refugiados sirios y afganos. ¿Cuáles son, entonces, las causas de esta situación?

La intentona golpista del 15 de julio de 2016 es un acontecimiento que ha dejado una profunda huella en la historia de Turquía. Aunque aún no se ha identificado a los planificadores ni a los autores, el Gobierno turco utilizó como “cabeza de turco” y etiquetó a todos los ciudadanos relacionados con el movimiento Gülen como delincuentes comunes responsables de la intentona militar e inició una caza de brujas que ha continuado desde entonces, desafiando los convenios internacionales y el Estado de derecho. Las prácticas ilegales en Turquía tras este suceso han provocado una alarmante restricción de los derechos y libertades fundamentales. Estas son algunas de las prácticas ilegales en Turquía tras el intento de golpe de Estado:

Detenciones masivas: tras la intentona golpista, el Gobierno turco llevó a cabo detenciones masivas de todos los ciudadanos sospechosos de tener vínculos con el movimiento Gülen, funcionarios, jueces, fiscales, procuradores y abogados, políticos de la oposición, periodistas, académicos y activistas de la sociedad civil. Las detenciones y los arrestos arbitrarios, que no se basaban en pruebas legales, menoscabaron el derecho a un juicio justo.

Represión de la libertad de prensa: tras el intento de golpe de Estado, se intensificó la represión de la libertad de prensa en Turquía. Se detuvo a muchos periodistas, se cerraron medios de comunicación y se impuso la censura. Se acusó a los periodistas de estar asociados con organizaciones terroristas, aunque no tuvieran nada que ver con el golpe. Todo ello dio lugar a un entorno en el que se restringió la libertad de expresión y se aplicó la censura.

Independencia judicial socavada: la preocupación por la independencia del poder judicial en Turquía aumentó tras la intentona golpista. El gobierno creó tribunales especializados para actuar con rapidez y eficacia en el procesamiento de las personas presuntamente vinculadas al golpe nombrando a nuevos jueces y fiscales a nuevos inexpertos. La independencia e imparcialidad de estos tribunales son cuestionables. Además, los nombramientos y destituciones judiciales han suscitado serias dudas sobre la independencia del poder judicial.

Restricción de la libertad de expresión: Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron tras la intentona golpista. Activistas de la sociedad civil, académicos y políticos de la oposición se enfrentaron a investigaciones penales por expresar opiniones críticas. Además, el control de las redes sociales y las prácticas de censura también han provocado restricciones a la libertad de expresión.

Estos ejemplos concretos reflejan algunas de las prácticas ilegales en Turquía tras la intentona golpista del 15 de julio de 2016. Estas prácticas han dado lugar a restricciones de los derechos y libertades fundamentales y han socavado el Estado de derecho. La comunidad internacional debe exigir a Turquía que reafirme su compromiso con los valores democráticos y restaure el Estado de derecho. Es importante que España, durante su Presidencia de la Comisión de la UE, ayude a Turquía a promover reformas democráticas planteando estas cuestiones.

Las relaciones de Turquía con la UE se basan en valores compartidos. Estos valores incluyen el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Una de las prioridades de España debería ser exigir a Turquía que haga más por defender y aplicar estos valores.

El Estado de Derecho está reconocido como un elemento fundamental de la democracia. Los juicios justos, un poder judicial independiente y la libertad de expresión son requisitos del Estado de Derecho. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos de Turquía desempeñan un importante papel en la defensa del Estado de derecho. Estas organizaciones informan a la comunidad internacional sobre la situación jurídica en Turquía y transmiten llamamientos a la reforma.

No obstante, la represión de las organizaciones de la sociedad civil en Turquía va en aumento. Periodistas, académicos y defensores de los derechos humanos que apoyan la libertad de expresión están en el punto de mira. Esto hace temer que los progresos realizados en el proceso de adhesión de Turquía a la UE estén retrocediendo. España, debe plantear estas preocupaciones y exigir la protección de la sociedad civil en Turquía.

Es necesario, además, apoyar las reformas jurídicas en Turquía. La atención debe centrarse en la independencia del sistema jurídico, la independencia judicial y la imparcialidad. Turquía debería tomar medidas para reforzar su democracia y restaurar el Estado de Derecho. España, durante su Presidencia de la Comisión Europea, debería apoyar y ayudar al proceso de reforma de Turquía.

La situación política y jurídica de Turquía es una cuestión importante que ha atraído la atención de la comunidad internacional. El proceso de adhesión de Turquía a la UE y las relaciones basadas en valores compartidos son cuestiones que deberían abordarse durante la Presidencia española de la Comisión de la UE. La Comisión de la UE liderada por España debe pedir y apoyar a Turquía en su compromiso con los valores democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Los derechos humanos también deben respetarse en la lucha contra el terrorismo. Contribuir al proceso de reforma democrática de Turquía mediante el diálogo y la cooperación ayudará a construir una Turquía más justa, libre y democrática.

Turquía se encuentra en una encrucijada histórica que demanda la restauración de la democracia. A medida que se acercan las próximas elecciones, los ciudadanos turcos anhelan un cambio que revierta las graves deficiencias en el ámbito democrático y garantice el respeto por los derechos y libertades fundamentales. Como ciudadano turco y español, tengo serias preocupaciones acerca de las deficiencias democráticas que han surgido sobre todo durante la última década bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), liderado por Recep Tayyip Erdogan en los últimos 20 años.

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por Reporteros sin Fronteras (RSF), Turquía ha caído en la categoría más baja y ahora ocupa el puesto 165 de 180, junto con Tayikistán e India. RSF ha constatado que el Gobierno de Erdogan ha intensificado la persecución de periodistas en vísperas de las elecciones previstas para el 14 de mayo. “Turquía encarcela a más periodistas que cualquier otra democracia”, ha declarado RSF. Esta situación refleja el alarmante deterioro de la libertad de prensa y la falta de respeto por la libertad de expresión en el país.

Además, según varios informes de ONG internacionales de derechos humanos, después del fallido golpe de Estado en julio de 2016, entre 2016 y 2021 se iniciaron en Turquía un total de 1.768.000 investigaciones por presunta pertenencia a una organización terrorista armada. Estas cifras revelan un uso excesivo y desproporcionado de las leyes antiterroristas como herramienta de represión y control político, socavando así los principios básicos de un sistema legal justo.

Freedom House anunció que Turquía seguía siendo considerada “no libre” con una puntuación de 32/100 en 2022. Este informe destaca la falta de avances en materia de derechos humanos y democracia en el país y la persistencia de restricciones en la libertad de prensa, la libertad de expresión y la independencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que Turquía encabeza la lista de países con casos pendientes de sentencia, con casi 20.100 solicitudes en 2022, correspondientes al 26,9% del total. Esto pone de manifiesto la preocupante falta de respeto por los derechos humanos y la justicia en el país.

Este domingo, Turquía elegirá entre la democracia y más represión bajo el gobierno autoritario populista-islamista del AKP de Erdogan. La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso. La Unión Europea, como defensora de los valores democráticos, debe utilizar todos los instrumentos a su disposición para presionar al Gobierno turco a respetar los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de derecho. Esto incluye el monitoreo cercano de las elecciones y la denuncia de cualquier irregularidad o falta de transparencia.

Además, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también deben desempeñar un papel activo en la supervisión de las elecciones y garantizar que se respeten los principios democráticos. Estas instituciones internacionales deben estar preparadas para tomar medidas concretas en caso de violaciones de los derechos fundamentales o manipulación de los resultados electorales.

La restauración de la democracia en Turquía no solo beneficiaría a los ciudadanos turcos, sino que también enviaría un mensaje poderoso a otros países de la región. Turquía, como una de las principales democracias musulmanas en Oriente Medio, desempeña un papel crucial en la estabilidad y el equilibrio de la región. Una Turquía democrática y respetuosa de los derechos humanos podría convertirse en un modelo a seguir para otros países y promover un cambio positivo en toda la región.

Sin embargo, esta meta no puede lograrse solo a través de la presión externa. Es esencial que el pueblo turco también se una en defensa de los derechos fundamentales y exija un cambio real. Los ciudadanos turcos merecen vivir en un país donde se respeten sus derechos y libertades fundamentales, donde la diversidad política sea valorada y donde la voz de la oposición sea escuchada y respetada.

La lucha por la democracia no debe ser tomada a la ligera. Requiere el compromiso y la solidaridad de todos los actores políticos y sociales en Turquía. Es necesario que los ciudadanos turcos se movilicen, se involucren en el proceso político y defiendan sus derechos y libertades de manera pacífica pero decidida.

El futuro de Turquía está en juego en estas elecciones. Es una oportunidad crucial para el pueblo turco de expresar su voluntad y determinar el rumbo del país. Pero también es una oportunidad para que la comunidad internacional muestre su apoyo y solidaridad hacia la restauración de la democracia en Turquía.

En resumen, Turquía se encuentra en una situación crítica que requiere una restauración de la democracia. La erosión de los pilares democráticos, la falta de libertad de prensa, las restricciones en la libertad de expresión y los abusos en materia de derechos humanos son preocupantes. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo turco en su búsqueda de un cambio real y garantizar elecciones libres y justas. La restauración de la democracia en Turquía no solo es crucial para el bienestar y los derechos de sus ciudadanos, sino que también tiene implicaciones significativas para la estabilidad regional y la promoción de los valores democráticos en todo el mundo. Es hora de unir fuerzas, tanto a nivel nacional como internacional, para impulsar un cambio positivo y asegurar que los principios democráticos y los derechos humanos sean respetados en Turquía. Solo a través de un compromiso conjunto y una determinación inquebrantable podemos allanar el camino hacia un futuro más democrático y libre para el pueblo turco. El momento de la restauración de la democracia en Turquía es ahora, y debemos perseverar en esta lucha por un futuro mejor y más justo.

Es hora de actuar y presionar por un cambio positivo en Turquía. El destino del país y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos turcos dependen de ello.