Descarbonizar las industrias contaminantes, el rompecabezas de las políticas europeas. Casi 20 años después de su creación, los derechos a contaminar distribuidos de forma gratuita a las empresas más contaminantes muestran sus limitaciones y serán reformados, según ha votado el Parlamento Europeo el pasado 18 de abril de 2023. Esta investigación sobre los sectores del cemento y la siderurgia en Francia y España publicada por elDiario.es y Le Monde revela que hasta ahora este sistema ha supuesto ingentes ganancias para las empresas pero apenas ha dado resultados concretos a nivel medioambiental, a pesar de los anuncios y promesas.

En el origen de este sistema de derechos a contaminar, había una intención muy clara: incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, haciéndoles pagar cuando superaran los límites establecidos por las autoridades. Durante casi dos décadas, el sistema ha funcionado así, pero de manera atenuada: en lugar de un impuesto, se creó en 2005 un mercado donde el CO2 se negocia como una moneda. “La empresa debe darse cuenta de que contaminar le resulta costoso y que debe adaptarse. Esta es la teoría, pero en realidad, el sistema ha sido desviado”, resume Julien Hanoteau, de la Escuela de Negocios Kedge en Aix-Marsella.

Por sí solo, el sector del cemento sigue emitiendo el 4% de las emisiones de CO2 en la UE, según la Comisión Europea, y el 7% en todo el mundo, según la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (GCCA). La industria siderúrgica, que suministra vigas y armaduras para el hormigón, representa en torno al 5% de las emisiones europeas y el 7% en todo el mundo, según la Comisión Europea.

Si hasta ahora el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS, por sus siglas en inglés) se ha revelado ineficaz es en parte porque las industrias han recibido durante todos estos años derechos a contaminar gratuitos y también porque han podido obtener beneficios financieros de este sistema, lo que no se había previsto inicialmente.

El sector del cemento sigue emitiendo el 4% de las emisiones de CO2 en la UE y la industria siderúrgica, que suministra vigas y armaduras para el hormigón, representa en torno al 5% de las emisiones en Europa

La Unión Europea (UE) se ha dado diez años para eliminar gradualmente este sistema de cuotas, reemplazándolo progresivamente por un mecanismo de ajuste del carbono en sus fronteras, que se asemeja a un impuesto al carbono para las empresas no comunitarias que deseen importar sus productos. El cambio entre los dos mecanismos se producirá en 2034. Esto confirma la idea de que, en términos de lucha contra el cambio climático, los resultados hasta ahora no han estado a la altura.

En los últimos diez años, después de los efectos devastadores de la crisis financiera de 2008, las emisiones de CO2 de los dos sectores que suministran la mayoría de los materiales de construcción a los contratistas de la construcción y obras públicas (BTP) han disminuido poco en comparación con la contaminación que generan en la atmósfera.

Un resultado exiguo después de dos décadas de sistema de mercado de CO2 que, al mismo tiempo, ha proporcionado altos beneficios financieros a muchas de las empresas implicadas, como se detallaba en la primera parte de esta investigación, que ha contado con el apoyo económico del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU).

Cemento y acero siguen siendo grandes emisores de CO2

En su sitio web, el Ministerio de Transición Ecológica francés muestra que durante los primeros 11 años del sistema EU-ETS (de 2005 a 2016), las emisiones de CO2 de la UE en todos los sectores de actividad disminuyeron un 26%, principalmente debido al retroceso de la industria petrolera y gasífera. Sin embargo, según destaca la asociación European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST), fue en 2017 cuando realmente comenzó a verse un cambio de rumbo en otras industrias y en 2020, con los cierres de producción causados por la crisis sanitaria por la COVID-19, la senda se intensificó.

Pero no todos los sectores se han comportado igual. La web EUETS.info, a partir de la cual hemos trabajado, procediendo a su vez de la base de datos European Union Transaction Logs (EUTL), muestra por ejemplo que las emisiones de Arcelor Mittal en 2021 fueron del mismo orden de magnitud que en 2012, alrededor de 40 millones de toneladas de CO2. Diez años de operaciones con cuotas de CO2, pero emisiones similares.

En cuanto a la empresa suiza Holcim, que se fusionó con Lafarge en 2015, sus emisiones actuales rondan los 22 millones de toneladas al año, un nivel prácticamente estable desde 2012. El panorama es similar para Heidelberg Material (anteriormente HeidelbergCement) en Alemania: sus emisiones anuales de gases de efecto invernadero oscilan entre 21 y 23 millones de toneladas desde 2012.

En España, la mexicana Cemex experimentó un aumento de emisiones entre 2012 y 2017, para luego disminuir año tras año y volver, en 2021, a niveles similares a los de 2012. Lo mismo ocurrió con su competidor español Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, que aumentó continuamente sus emisiones de CO2 de 2013 a 2019, después de haberlas reducido significativamente tras la crisis financiera de 2008. Actualmente, sus emisiones se sitúan en 3 millones de toneladas, igual que en 2012. Por su parte, Cementos Molins se ha mantenido en un nivel estable desde 2014, con emisiones que oscilan entre las 800.000 y 1 millón de toneladas.

Solo recientemente se han comenzado a percibir cambios, impulsados por nuevas regulaciones europeas y nacionales. También ha influido el aumento del precio del carbono, que alcanzó el umbral simbólico de los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. “En la siderurgia, los altos hornos eléctricos están reemplazando gradualmente los equipos tradicionales alimentados por energías fósiles y las inversiones se centran principalmente en la reducción de los combustibles fósiles y el reciclaje de residuos”, reconoce Philippe Verbeke, coordinador nacional de la CGT-Siderurgia y miembro de la dirección de la Federación de Trabajadores del Metal, quien lamenta que las inversiones no se hayan realizado antes. “Lo que debería haber sido una restricción durante veinte años apenas comienza a tomar forma”, lamenta.

Cementos verdes y hermosas promesas

El sector del cemento reproduce este panorama: “Se están produciendo cambios. Las empresas están recurriendo cada vez más a combustibles alternativos para alimentar los hornos de combustión y están modificando las formulaciones de los cementos”, declara Bertrand Moreau, representante central de la CGT de Ciments Calcia. Los cementos verdes que han llegado recientemente al mercado prometen ser respetuosos con el medio ambiente. Su composición permite reducir el ingrediente más emisor del cemento, el clínker, un producto obtenido mediante la cocción a altas temperaturas de una mezcla de polvo de piedra caliza y arcilla. Este clínker se está reemplazando gradualmente por productos con menos emisiones.

Sin embargo, los residuos de la combustión de gases industriales, los coproductos de la siderurgia, las rocas volcánicas, entre otros, no son la solución definitiva. Según las estimaciones de los expertos, como máximo se podrían reducir las emisiones de CO2 del hormigón en un 30% o 40%. Por lo tanto, a largo plazo se requerirán otras soluciones tecnológicas si el sector desea alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050 como marca el objetivo establecido por la UE.

El camino por recorrer es aún incierto: las industrias apuestan por soluciones de captura de CO2 –atrapar el gas que se expulsa por las chimeneas al fabricar y almacenarlo, por ejemplo, bajo tierra para que no se añada a la capa de invernadero de la atmósfera–, cuya implementación sigue siendo difícil y costosa.

Las ambiciones son altísimas, lo que demuestra que aún queda un largo camino por recorrer. ArcelorMittal se compromete a reducir sus emisiones de CO2 en un 35% en Europa para 2030. En Francia, la siderurgia tiene como objetivo alcanzar el 40% y anunció en el 2022 una inversión de 1.700 millones de euros para lograrlo. “En España la tarea se presenta difícil, ya que el grupo solo tiene dos altos hornos en la península, ubicados en Asturias. Los demás ya son eléctricos”, señala un representante sindical del grupo en España.

Holcim es más modesto. Junto a Lafarge, apunta a reducir sus emisiones en un 10% en Francia para 2030, después de haberlas reducido en un 7% entre 2019 y 2021, en parte gracias a los confinamientos impuestos por la crisis sanitaria. En España, Holcim muestra una disminución del 27% en el mismo período, también debido a la COVID. Sin embargo, asegura estar ahora “en una fase de aceleración  en este tema”.

Lo mismo ocurre con Votorantim Cimentos de Brasil, que reconoce haber reducido sus emisiones en el país solo en un 16% entre 2013 y 2022. En cuanto a Cemex de México, también presente en la península ibérica, asegura poder reducir sus emisiones de CO2 en “al menos un 55%” para 2030 en Europa.

En esta carrera hacia la descarbonización, a veces hay confusiones, como en el caso de las escorias de alto horno, un residuo de la combustión utilizado en la fabricación del acero. Este residuo se utiliza para reducir las emisiones de CO2 y se ha valorado en el cemento, lo que ha distorsionado durante mucho tiempo la huella de carbono de este último, ya que las empresas siderúrgicas no tenían en cuenta la contaminación generada por estas escorias.

Ha sido un sistema profundamente ineficaz y contraproducente en la lucha contra el cambio climático

Yannick Jadot — Eurodiputado de Europa Ecología Los Verdes

Por otro lado, los productores de cemento minimizaban su impacto al basarse en el bajo valor de mercado de las escorias. Finalmente, el Gobierno decidió en julio de 2022 que el valor de emisión de estos sustitutos del clínker era cinco veces mayor que el calculado hasta ahora.

Sin embargo, las industrias se autodenominan campeonas del desarrollo sostenible y presumen de ser las primeras en seguir las recomendaciones de la iniciativa SBT (Science Based Targets), promovida por una asociación entre el Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Para contribuir a los esfuerzos generales, se ven obligados a hacer apuestas impresionantes sobre el futuro, ahora que el objetivo de la Unión Europea es alcanzar la neutralidad en carbono en 2050.

Herramienta financiera

El sistema de asignación gratuita de cuotas de CO2, que finalizará en 2034 según decidió el Parlamento Europeo en abril, parece haber desempeñado hasta ahora un papel secundario en el cambio hacia la descarbonización. Yannick Jadot, eurodiputado de Europa Ecología Los Verdes, ha estado siguiendo de cerca el tema de estos derechos a contaminar durante 15 años y denuncia que ha sido “un sistema profundamente ineficaz y contraproducente en la lucha contra el cambio climático”.

Debido a la influencia de los grupos de presión, se les dio a las empresas la capacidad, en condiciones que distaban mucho de ser estrictas, de no hacer esfuerzos para descarbonizar

“Debido a la influencia de los grupos de presión, las asignaciones gratuitas fueron percibidas rápidamente como un sistema de flexibilidad y laxitud. En pocas palabras, se les dio a las empresas la capacidad, en condiciones que distaban mucho de ser estrictas, de no hacer esfuerzos para descarbonizar”, denuncia Jadot.

De hecho, si la asignación de derechos a contaminar en el marco del EU-ETS debería haber permitido a las empresas adaptar sus instalaciones industriales, en la práctica, estas a menudo los han utilizado como simple herramienta financiera con la que especularon. Como muestra la primera parte de nuestra investigación, algunas empresas los venden para mejorar sus balances o resultados contables en cientos de millones o incluso miles de millones de euros.

No frenó la deslocalización ni el paro

Las asignaciones gratuitas tampoco han permitido mantener empleos en territorio europeo. Durante años, las industrias se quejaron de la competencia de países no europeos, menos rigurosos en este tema, y amenazaron con deslocalizar sus actividades fuera de la Unión Europea si se les imponían demasiadas restricciones en términos regulatorios, especialmente en el ámbito ambiental. Este argumento, de hecho, influyó en la decisión de las autoridades europeas en el reparto de estas asignaciones gratuitas.

En los últimos diez años, la industria cementera francesa ha perdido cerca del 12% de su fuerza laboral, y en España ha habido una disminución del 30% de la fuerza laboral en el sector

De hecho, en los últimos diez años, la industria cementera francesa ha perdido aproximadamente el 12% de su fuerza laboral, según los datos de la patronal francesa de la industria cementera. En España, el número de plantas de cemento se ha reducido a la mitad después de la crisis de 2008 y la producción de cemento ha caído de 54 millones de toneladas en 2008 a 13 millones en 2013, lo que ha llevado a una disminución del 30% de la fuerza laboral en el sector.

Paralelamente, las importaciones han cobrado impulso y se han multiplicado exponencialmente en los últimos tres o cuatro años. En 2016, según la federación europea de cemento Cembureau, eran inferiores a 2,5 millones de toneladas. En 2022, superaron los 10 millones de toneladas, con Turquía (44% de las importaciones europeas), Argelia (17%), Ucrania (9,3%) y Túnez (7,7%) como principales proveedores. El caso de Argelia es sintomático: según Business France, las cantidades de cemento argelino vendidas a la Unión Europea pasaron de 17.000 toneladas en 2018 a más de 1 millón de toneladas en 2021.

El interés es poder decir luego que producen cemento verde, ya que sus actividades más contaminantes se han deslocalizado. También evita tener que decir que han cerrado una planta de cemento

Marina Mesure — Eurodiputada de La France Insoumise y exsindicalista de la CFDT

“Hace unos años, se pensaba erróneamente que esta actividad no podía ser deslocalizada, ya que transportar bolsas de cemento desde el otro lado del mundo no parecía rentable a primera vista”, denuncia Marina Mesure, eurodiputada de La France Insoumise y exsindicalista de la CFDT. “En realidad, se ha implementado una estrategia real en todo el Mediterráneo. Algunas empresas han cerrado sus hornos y solo han mantenido la actividad de molienda de cemento en el territorio de la UE. ”El interés es poder decir luego que producen cemento verde, ya que sus actividades más contaminantes se han deslocalizado. También evita tener que decir que han cerrado una planta de cemento“.

Hemos observado el mismo escenario en España. “En nuestro país, la hoja de ruta es pasar de los 700kg de CO2 por tonelada de clínker producido en la actualidad a cero en 2050. Ningún fabricante de cemento es capaz de conseguirlo manteniendo los mismos procesos de fabricación. Deberán hacer inversiones y proyectos de captura del carbono, entre otros”, afirma Felipe Borlado Ortega, delegado del sector cementero por parte de UGT-FICA.

La industria cementera podría llegar a su deslocalización, por ejemplo en el norte de África, en Turquía o China… Solo estas regiones podrían producir todo el cemento que necesitan Francia, España e Italia, emitiendo CO2 sin ningún control

Felipe Borlado Ortega — delegado del sector cementero UGT-FICA

Como resultado, agrega, “la industria cementera podría llegar a su deslocalización, por ejemplo en el norte de África, en Turquía o China… Solo estas regiones podrían producir todo el cemento que necesitan Francia, España e Italia, emitiendo CO2 sin ningún control. Incluso tendría un efecto aún peor al importar cemento, ya que lo traerían en barco, más la logística por carretera para su distribución”.

Políticos nacionales impotentes

A pesar de los numerosos testimonios, los economistas siguen siendo muy cautelosos con respecto a estas posibles “filtraciones del carbono de origen industrial”. “Hasta ahora, ningún estudio ha logrado demostrar que la implementación de regulaciones sobre el carbono sea la causa de dichas filtraciones. Al contrario, los análisis muestran que cuando las empresas se deslocalizan, incluso en el marco de regulaciones ambientales, siempre es por motivos de costes laborales”, observa el profesor Julien Hanoteau, quien también señala que el argumento de la pérdida de empleo en el territorio debido a las restricciones ambientales es principalmente “un trapo rojo agitado por las industrias”.

En cuanto a los políticos nacionales, son testigos impotentes del lento deterioro del tejido industrial. “Cuando Lafarge anunció el cierre de su horno de cemento en 2016, me sorprendió esa decisión. Estaba mirando las necesidades de cemento en nuestro territorio: en Le Havre estábamos en plena construcción de parques eólicos marinos, había una gran demanda de cemento para la construcción en nuestro territorio y en Francia”, recuerda Jean-Paul Lecoq, diputado de Seine-Maritime, quien ha alertado repetidamente a las autoridades al respecto.

Retrasar la implementación de regulaciones ambientales nunca ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista económico, al contrario

Julien Hanoteau — Profesor de Economía

Esto no sorprende a Julien Hanoteau. “Retrasar la implementación de regulaciones ambientales nunca ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista económico, al contrario. En Estados Unidos, los economistas han observado que las empresas siempre anticipan la llegada de nuevas restricciones sobre las cuales serán gravadas, tendiendo a retrasar el cierre de sus fábricas para aprovecharse al máximo durante las negociaciones con el Gobierno”, explica el profesor de economía.

Paradójicamente, los nuevos fabricantes de cemento que ingresan al mercado con un enfoque medioambiental no se benefician de las ventajas del sistema de EU-ETS. Es el caso del francés Hoffmann Green Cement. Esta empresa con sede en Vendée, que propone producir cemento con sustitutos del clínker, específicamente subproductos de la industria siderúrgica, había considerado ingresar en este mercado para “generar créditos, esperando invertir en tecnologías innovadoras y superar un déficit de competitividad en comparación con sus competidores”. “Poco a poco nos dimos cuenta de que no éramos bienvenidos, no cumplíamos con los criterios porque no éramos productores de clínker. Nos dimos cuenta de que no teníamos representación, mientras que todos los fabricantes de cemento tienen sindicatos establecidos en las instituciones europeas. Cuando eres una pequeña empresa innovadora, quedas fuera del radar y recibes poca ayuda”, explica Jérôme Caron, su director financiero.

La 'lógica del abuelo'

El sistema en sí mismo fue diseñado originalmente para incluir solo a las industrias más contaminantes, como explica Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europe en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). “El mercado de carbono se basa en la lógica del abuelo  [llamada así debido a su visión paternalista]: cuanto más CO2 emites, más cuotas te otorgan. Teníamos que empezar por algo en ese momento”.

Sin embargo, en el sector de la electricidad, esto resultó ineficaz para incentivar a las industrias a reinventarse. “Solo comenzaron a cambiar cuando se detuvieron las asignaciones gratuitas de cuotas para ellos”. “Sin embargo, el cemento y el acero siguen siendo afectados, ya que estos industriales se autodenominan sectores difíciles de descarbonizar”, agrega el especialista.

Pellerin-Carlin explica que “esto significa que sus instalaciones requieren inversiones a largo plazo para emprender su transformación industrial. Ciertamente, hay sectores ”difíciles de descarbonizar como la aviación, el sector militar... Pero para el cemento y el acero, esto sigue siendo discutible“, estima.

Las asignaciones gratuitas de cuotas también han podido ejercer un efecto perverso e inesperado sobre la inflación. Desde 2009, las compañías eléctricas fueron excluidas del sistema cuando las autoridades europeas se dieron cuenta de que, debido a sus enormes emisiones de CO2, estas empresas debían comprar excedentes de derechos de contaminación y trasladaban este gasto al precio de venta del kilovatio hora. “Esto es lo que se llama ganancias inesperadas o windfall profits” –los beneficios caídos del cielo– y representó cantidades colosales“, explica Nicolas Berghman, responsable de estudios en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri), un think tank con sede en París.

En España, José Antonio Guijarro, excoordinador estatal para el sector del cemento de la UGT, recuerda: “Cuando el sector se vio muy afectado por la crisis financiera de 2008, se encontró, en años sucesivos, con un enorme excedente de derechos de emisión y los puso a la venta. En aquel momento, las compañías eléctricas compraron enormes cantidades e inmediatamente aumentaron sus tarifas. Las compañías aéreas hicieron lo mismo y aumentaron el precio de los billetes de avión. El consumidor final pagó”, resume.

Hacia un cambio... en 2034

Consciente de las limitaciones del sistema del EU-ETS, la Unión Europea ha reformado el mercado de carbono en varias ocasiones. En 2019, se estableció una Reserva de Estabilidad del Mercado. “La lógica es que al limitar los volúmenes de derechos de contaminación subastados en el mercado del carbono, este mecanismo obliga a los propietarios de las instalaciones en cuestión a utilizar sus reservas para cubrir sus emisiones, en lugar de vender parte de sus cuotas. Con este mecanismo, se supone que los excedentes acumulados a lo largo de los años disminuirán gradualmente”, explica Ivan Pavlovic, especialista en transición energética en Natixis.

Además, las autoridades planean reducir gradualmente las asignaciones gratuitas a partir de 2026, detener su distribución definitivamente en 2034 y finalmente someter a los industriales a las reglas de este mercado sin subsidios. Al mismo tiempo, la UE decidió extender la lógica del mercado del carbono a las empresas fuera de la UE mediante el establecimiento de un mecanismo de ajuste en las fronteras. Ahora, una empresa no europea que desee vender sus productos en Europa también deberá comprar cuotas para compensar sus emisiones de CO2. Es una forma de limitar la competencia desleal con la que tienen que lidiar los industriales europeos.

Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes, según Marina Mesure. “Esta reforma no servirá de nada mientras el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas estén cubiertas por estos derechos de contaminación. ¿Cómo esperan que estas empresas se reformen si no tienen motivos para hacerlo?”, denuncia la parlamentaria europea. Otros actores exigen contrapartidas, pero los industriales argumentan que una regulación demasiado restrictiva perjudicaría su competitividad.

Los derechos gratuitos son un apoyo indispensable para la industria europea, pero están lejos de cubrir todas las emisiones de los productores de acero de la Unión Europea. Actualmente, estos compran alrededor de 3.500 millones de euros en cuotas al año

AcerlorMittal

“Los denominados derechos de contaminación gratuitos son un apoyo indispensable para la industria europea, pero es importante tener en cuenta que están lejos de cubrir todas las emisiones de los productores de acero de la Unión Europea. Actualmente, estos compran alrededor de 3.500 millones de euros en cuotas al año, y esa cifra debería aumentar considerablemente con la reforma, llegando a más de 8.000 millones de euros al año, lo cual no es sostenible”, se defiende ArcelorMittal.

¿Qué podemos esperar del cambio adoptado recientemente por la UE respecto a las cuotas de CO2? Apenas unos días antes de la votación del 18 de abril de 2023, en la cual el Parlamento Europeo aprobó el fin de los derechos de contaminación gratuitos, se convocó a 46 de las 50 plantas con mayor emisión de CO2 de Francia en el Ministerio de Finanzas para presentar su estrategia de descarbonización. Tanto el Gobierno como los interesados se mostraron escépticos sobre una inminente revolución industrial.

Yannick Jadot, por su parte, sigue siendo escéptico mientras los grandes industriales tengan “libre acceso en Bercy, Matignon o el Elíseo” –las sedes del poder político francés–. “Al pretender defender el interés general, se están creando máquinas para hacer dinero. Y, al hacerlo, se socava la política y se mata la democracia”, concluye el político ecologista a la luz de los desvíos financieros que la política europea ha experimentado en los últimos veinte años.

Un lobby delirante

Suzana Carp recordará durante mucho tiempo el 15 de febrero de 2017. Aquel día, según cuenta esta especialista en política climática europea que dirigía entonces las actividades de la ONG Sandbag en Bruselas, el Parlamento Europeo votó la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS). Unos días antes de la votación, las industrias del acero organizaron una comida con 120 invitados, incluidos miembros del Parlamento Europeo, con la esperanza de influir en su voto crucial.

“Recuerdo las intimidaciones que recibí por parte de algunos lobbistas aquel día. En el momento del café, en particular, una señora vestida con un mono de cuero negro me siguió y me bombardeó con preguntas para saber con quién me estaba reuniendo”, dice la antigua activista. Finalmente, se mantuvieron las cantidades de cuotas distribuidas por la Unión Europea. “Justo después de la votación, vinieron a la mesa en la que estaba sentada en el Parlamento Europeo junto a otros tres activistas de ONG. Nos rodearon y espetaron: 'Parece que la Navidad ha llegado antes este año'. Les respondí que si bien la Navidad quizás había llegado antes, sus hijos ya nunca más podrían ver una Navidad a este ritmo de destrucción del planeta”, recuerda.

Suzana Carp no es la única activista que se queja del peso de los grupos de presión en Bruselas, especialmente en los sectores del cemento y el acero, entre los más influyentes. “La revisión de la directiva del EU-ETS ha sido una de las que más reuniones han requerido entre los lobbistas y los miembros del Parlamento Europeo. Estas asignaciones gratuitas se han convertido en algo que se da por sentado. Los industriales consideran que es un derecho”, admiten Camille Maury y Romain Laugier, técnicos en el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Bruselas.

El 1 de febrero de 2017, justo antes de la votación sobre la reforma del EU-ETS, se organizó otra velada de prestigio en el Parlamento Europeo con Cembureau, la federación patronal europea del cemento, bajo los auspicios del diputado belga Ivo Belet (democracia cristiana) y el español José Blanco López (PSOE), en presencia de otros sesenta diputados.

Los responsables y exempleados de las ONG que hemos entrevistado explican que la relación de fuerzas entre los industriales y ellos sigue siendo desproporcionada, ya que el número de empleados de los grupos de presión industriales se cuenta por decenas, frente a un representante de ONG dentro de las instituciones europeas. WWF explica que, a nivel del Parlamento Europeo, los diputados no están obligados a declarar todas sus reuniones.

Solo los ponentes y los presidentes de comisión están obligados, para cada informe que redactan, a publicar en línea, en el registro de transparencia, información sobre las reuniones programadas con representantes de intereses que entran en el ámbito de aplicación de un futuro acuerdo interinstitucional. Sin embargo, todos los demás miembros, incluidos los vicepresidentes de comisión, los presidentes de delegación o los coordinadores, no tienen ninguna obligación legal de hacerlo.

En cuanto a la Comisión Europea, tampoco brilla por su transparencia: solo se exige dar información pública para cualquier reunión con partes interesadas a nivel del director general del área relacionada con la reforma, los miembros de su gabinete o el propio comisario europeo. “Por el contrario, no encontrarás ninguna referencia a las reuniones con personas de un nivel inferior, explica el WWF.

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Recibir algo gratis y después venderlo, para engordar las ganancias. La comercialización de las cuotas de CO2 que la Unión Europea concedió a algunas de las empresas más contaminantes del continente les permitió ingresar cientos de millones de euros. Compañías españolas (o que operan en el país) como Arcelor Mittal, Cementos Portland, Cemex o Heidelberg Materials obtuvieron grandes beneficios a base de colocar sus derechos a contaminar en el mercado. Unos derechos que nunca caducaban y podían ser vendidos cuando la situación económica o el precio del carbono más les conviniera.

La investigación que está publicando elDiario.es junto al diario francés Le Monde, explica cómo funciona este sistema originalmente pensado para que industrias como las del cemento o el acero bajaran las emisiones pero que se ha convertido en un fiasco de miles de millones de euros.

Y muestra por ejemplo cómo un grupo como ArcelorMittal siempre ha recibido más asignaciones gratuitas del CO2 de las que supone su producción. Algo que sigue siendo así caso hoy en día. El gigante del acero las ha revendido en grandes cantidades en 2008, luego en 2011 y 2012. Y ha continuado en 2022. Sin embargo, por motivos de optimización financiera, también adquirió otros algunos años, cuando el precio del carbono bajaba.

En total, según los registros EUTL de la Unión Europea, el gigante de la siderurgia ha vendido asignaciones por valor de 3.700 millones de euros y ha comprado por valor de 1.800 millones, obteniendo un beneficio de 1.900 millones. Contactada ArcelorMittal France, se negó a confirmar estas cifras.

Comparativa entre ventas y compras de cuotas de CO₂

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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

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También según los registros EUTL de la Unión Europea, el fabricante de cemento Holcim tenía un excedente de derechos a contaminar hasta 2017. Vendió muchos entre 2008 y 2012, antes de su fusión con Lafarge, que también vendía muchas asignaciones por su cuenta. En total, las dos compañías fusionadas han vendido por valor de 1.300 millones de euros y comprado por valor de 339 millones hasta la fecha, lo que resulta en un saldo positivo de 986 millones. Estas cantidades quedan ocultas en los informes del grupo y resulta imposible encontrarlas como tales en los informes anuales. “Los datos de las transacciones son datos comerciales, que no divulgamos”, afirma Lafarge France.

Por su parte, a su competidor Heidelberg Materials le sobraron cuotas hasta 2016. También se deshizo de una cantidad considerable de asignaciones después de la crisis financiera de 2008, por un total de 732 millones de euros, pero dejó de hacerlo en el 2016 y también compró por valor de 364 millones, lo que resulta en un beneficio neto de 368 millones. Según un portavoz, la empresa alemana “lamentablemente no dispone de esta información”.

Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o 2018, cuando cambió en la regulación o a los precios del carbono eran altos. Otras vendieron después de la crisis de 2008, probablemente para hacer frente a la inestabilidad económica del momento

Florian Rothenberg — Analista especializado en mercados del carbono en la consultora ICIS

En España, la empresa Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, es uno de los mayores emisores de CO2. De 2008 a 2012 recibió cada año una gran cantidad de derechos a contaminar, sin relación con el nivel real de sus emisiones. No dejó de tener excedentes hasta 2021. Vendió parte de ellos, obteniendo 288 millones de euros, y compró por valor de 11 millones: una ganancia final de 277 millones. La empresa ha rechazado comentar estas cifras. “No está en nuestra previsión participar en reportajes de prensa”, ha contestado.

Sin embargo, algunas de sus transacciones se pueden encontrar en los informes anuales presentados en el registro mercantil por su filial Cementos Alfa. Hasta el 2021, una línea explícitamente titulada “venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero” aparece en los balances de esta empresa, confirmando que las asignaciones se consideran un activo y son gestionadas por el departamento financiero de la empresa, no por su departamento de medio ambiente o desarrollo sostenible.

Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, es uno de los mayores emisores de CO2: vendió parte de sus derechos a contaminar obteniendo 288 millones de euros, y compró por 11 millones: una ganancia final de 277 millones

La mexicana Cemex, a través de las plantas de cemento anteriormente propiedad de Cimpor, ha vendido asignaciones por valor de 477 millones de euros y comprado por valor de 96 millones, obteniendo un beneficio de 381 millones. Por otro lado, Cementos Molins recibió excedentes considerablemente altos de derechos a contaminar hasta el 2012. Sin embargo, a partir del 2014, experimentó un déficit y consumió los excedentes que había conservado, vendiendo solo por valor de 12 millones de euros en el mercado y comprando por 4 millones. Queda un beneficio de 8 millones.

La Unión Europea también ha sido muy generosa con las plantas de cemento españolas de la empresa turca Cimsa, que algunos años recibió asignaciones de derechos a contaminar  tres veces más altas que sus emisiones de CO2. Mantuvo todas las asignaciones guardadas, excepto en el 2014, cuando vendió por 9 millones de euros. Además, en dos ocasiones compró asignaciones por valor de 2 millones, lo que finalmente le permitió embolsar 7 millones.

En2008, la única preocupación de nuestros directivos era salvar los muebles. En este clima de crisis, algunas empresas cementeras comenzaron a vender los derechos de CO2, que ya no necesitaban debido a la drástica bajada del mercado

Daniel López Carro — Representante sindical de UGT-FICA en el sector cementero

En cuanto a Cementos Tudela Veguín, también tuvo un excedente después de la crisis de 2008, pero en menor medida. Siguió un enfoque muy cauteloso, vendiendo solo por valor de 7,2 millones de euros en asignaciones. A pesar de eso, tuvo que adquirir asignaciones por valor de 7,3 millones de euros para cubrir sus emisiones de CO2 y, por lo tanto, no obtuvo ningún beneficio en sus asignaciones gratuitas. Un caso único en España.

El “secreto comercial” que protege el negocio

Las ventas de cuotas, rodeadas de misterio, están protegidas por el  “secreto comercial”. Es el argumento que han esgrimido varias empresas entrevistadas, para no confirmar ni negar la información procedente de nuestra base de datos. En España, los fabricantes de cemento nos han remitido a su federación patronal, Oficemen, para obtener datos sectoriales consolidados. Sin embargo, dicha federación elude el tema. “Oficemen no dispone de datos. Estas preguntas se refieren a problemas específicos de las empresas y son ellas las que responderán”, explicó un portavoz. Ninguna de ellas lo ha hecho.

Otra dificultad radica en que las transacciones financieras realizadas por cada una de las 18.000 instalaciones industriales que han recibido cuotas gratuitas son publicadas retrospectivamente por la Unión Europea con tres años de retraso. Actualmente, aunque las asignaciones de cuotas gratuitas son conocidas hasta 2022, las últimas cifras disponibles sobre las reventas corresponden a 2019.

Y aún así, no son exhaustivas. Algunas fábricas han cambiado de manos, por lo que es imposible reconstruir el historial de transacciones planta por planta. La base de datos EUETS.info permite rastrear, por fecha y hora, los intercambios de cuotas. Sin embargo, no muestra los posibles cambios de propietario de las instalaciones industriales que puedan haber ocurrido durante el período estudiado (2005-2019), lo que contribuye a la opacidad de este mercado.

Por esta razón, el fabricante de cemento suizo Holcim se niega a comentar las cifras, argumentando que su alcance ha cambiado desde su fusión en 2015 con Lafarge, lo que ha dado lugar a la venta de algunas plantas de cemento por parte de la nueva entidad. Lo mismo ocurre con la empresa alemana Heidelberg Materials (anteriormente HeidelbergCement), que ha realizado cambios significativos en su red de plantas de cemento en Europa, después de adquirir en el 2016 a la empresa italiana Italcementi y su filial francesa Ciments Calcia.

Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o incluso 2018, años que corresponden a períodos de cambio en la regulación o a períodos en los que los precios del carbono eran altos

Florian Rothenberg — analista especializado en mercados del carbono en la consultora ICIS

La española Cementos Portland Valderrivas, por su parte, se convirtió en líder en la península ibérica tras adquirir Uniland en 2006, recuperando la totalidad de su capital en 2013 después de vender su filial Cementos Lemona a la irlandesa CRH. Su competidor Cementos Molins recuerda que adquirió una instalación de la empresa mexicana Cemex en Barcelona en 2013, lo que “distorsiona”, según su criterio, el balance de intercambios de cuotas. Su colega de origen brasileño, Votorantim Cimentos, se halla frente a la misma problemática, ya que accedió al mercado ibérico en el 2012 al adquirir las instalaciones de la empresa portuguesa Cimpor.

“Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o incluso 2018, años que corresponden a períodos de cambio en la regulación o a períodos en los que los precios del carbono eran altos”, observa Florian Rothenberg, analista especializado en mercados del carbono en la consultora ICIS. “Por el contrario, otras empresas vendieron principalmente después de la crisis de 2008, probablemente para hacer frente a la inestabilidad económica del momento. Se trata de una estrategia menos sofisticada. Es muy probable que hayan considerado que tenían suficientes reservas de cuotas para asegurar su futuro”.

Sobre el terreno, los testimonios confirman que la crisis financiera de 2008 precipitó las ventas de cuotas. “En aquel momento, la única preocupación de nuestros directivos era salvar los muebles. En este clima de crisis, algunas empresas cementeras comenzaron a vender los derechos de CO2, que ya no necesitaban debido a la drástica bajada del mercado. Desde entonces, tanto la regulación europea como la española han cambiado mucho. Esto promovió la paulatina reducción de las emisiones de CO2 en la industria, para evitar la especulación en el mercado del carbono”, afirma Daniel López Carro, representante sindical de UGT-FICA en el sector cementero.

¿Dónde ha ido el dinero?

Varios sindicalistas franceses y españoles afirman que los representantes del personal que asisten a las reuniones con la dirección están obligados a guardar el secreto más absoluto sobre el tema. Se les hace firmar acuerdos de confidencialidad que ninguno se atreve a incumplir por miedo a ser demandados, como ya ha ocurrido en el caso de ArcelorMittal.

Una fuente contactada por elDiario.es que ha tenido acceso a las cuentas de una de las empresas involucradas, afirma que esta práctica todavía está en curso: “En 2022 vendieron cuotas por decenas de millones de euros. Estas sumas permiten mejorar el resultado neto de la empresa cuando el año ha sido mediocre”.

“Sé cuánto dinero ha obtenido mi empresa al vender en subasta cuotas obtenidas de forma gratuita, pero en el comité de empresa he jurado no revelar dichas cifras. Solo puedo decir que el dinero ha servido para arreglar las cuentas con entre 6 y 10 millones de euros al año, cuando la situación era difícil”, confía, bajo secreto, un sindicalista español.

Todo el mundo sabe dónde ha ido el dinero, pero desafortunadamente es imposible demostrar el vínculo directo entre las ventas de cuotas y los dividendos distribuidos a los accionistas de estas empresas

Judith Kirton-Darling — Secretaria general del sindicato europeo de trabajadores de la industria IndustriALL Europe

Otra fuente sindical anónima confirma esta práctica en las empresas siderúrgicas: “Durante la crisis, en Florange, ArcelorMittal recibía cuotas gratuitas mientras la planta estaba parada. Este dinero no se utilizó para reducir las emisiones de CO2 o invertir en energías limpias. Fue un maná inesperado sobre el que, por supuesto, se lanzaron”, revela.

“Nos daban cifras verbalmente y la mayoría de las veces no decíamos nada porque la dirección nos explicaba que, al vender las cuotas, había salvado nuestros empleos. Por lo tanto, cerrábamos los ojos. Preferíamos no saber”, reconoce un ex empleado de Holcim España. “Todo el mundo sabe dónde ha ido el dinero, pero desafortunadamente es imposible demostrar el vínculo directo entre las ventas de cuotas y los dividendos distribuidos a los accionistas de estas empresas ”, lamenta Judith Kirton-Darling, secretaria general de IndustriALL Europe, el sindicato europeo de trabajadores de la industria.

Un sistema indecente, pero legal

Según Sam Van den Plas, director de campañas en Carbon Market Watch, una ONG que ha estado siguiendo el tema de las cuotas gratuitas durante varios años, el misterio se ha resuelto: “Finalmente sabemos qué han hecho las empresas con sus derechos a contaminar. Hasta ahora solo barajábamos suposiciones”, dice refiriéndose a un estudio del CE Delft que estimó en 2016 que las ventas de cuotas gratuitas ascendían a varios miles de millones de euros.

Para Yannick Jadot, el sistema de cuotas gratuitas va “más allá del juicio moral”. “ Esta historia es escandalosa, al igual que la posibilidad de comprar derechos a contaminar en países africanos. Es una forma de evadir responsabilidades y practicar una falsa descarbonización”, critica. “Las empresas han pervertido el concepto de cuotas gratuitas para obtener beneficios, lo cual plantea una cuestión ética. Ahora que estamos tratando de salvar el planeta, algunos se están llenando los bolsillos, es indecente”, resume Ana Isabel Martínez García, especialista en el sector del acero en la consultora y empresa de contabilidad Syndex. Indecente, pero legal.

Más contaminas, más ganas

Los criterios en los que se basa la asignación de las cuotas gratuitas de CO2 han favorecido durante mucho tiempo los abusos. “Hasta 2021, el número de cuotas asignadas a las empresas cementeras se dividía teóricamente por dos si la producción del año anterior era inferior al 50% de la producción histórica promedio. Este umbral pudo haber incentivado a las empresas a producir más de lo necesario para seguir recibiendo cuotas”, explica Frédéric Branger, coautor en el 2015 de un informe sobre el tema llamado “The Devil lies in the details” (El diablo se encuentra en los detalles), publicado en Journal of the Association of Environmental and Resource Economists.

Al principio, las empresas tenían derecho a cuotas gratuitas siempre que sus instalaciones funcionaran, al menos, un mes al año. Algunas ponían en marcha las fábricas durante esos 30 días y paraban el trabajo inmediatamente después

José Antonio Guijarro — ex coordinador estatal para el sector del cemento de UGT

De las 50 instalaciones industriales analizadas por este experto, alrededor de 30 habían inflado intencionadamente sus niveles de producción en comparación con la realidad. “La mayoría se encontraba en el sur de Europa, en los países más afectados por la crisis económica y sus repercusiones inmobiliarias, especialmente España”, recuerda.

El hecho de que las cuotas se asignen planta por planta también ha dado lugar a fraudes. “Al principio, las empresas tenían derecho a cuotas de emisiones gratuitas siempre que sus instalaciones funcionaran, al menos, un mes al año. Como consecuencia, algunas empresas ponían en marcha las fábricas durante esos treinta días y recibían las cuotas según la media de sus asignaciones anuales, aunque paraban el trabajo inmediatamente después”, afirma José Antonio Guijarro, ex coordinador estatal para el sector del cemento de UGT.

Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan, pueden convertirse en auténticas minas de oro: el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero, y algunas previsiones lo sitúan en 700 euros en unos años

Pero el criterio más criticado en la industria del cemento es el de calcular las asignaciones de cuotas considerando solo la producción de clínker, el componente que más gases invernadero produce del cemento. “Esto significa que tienes que producir clínker, es decir, contaminar, para recibir cuotas. ¿Quién buscaría reducir voluntariamente su producción de cemento en estas condiciones?”, cuestiona Adrien Assous, director ejecutivo de Sandbag, una ONG con sede en Bruselas muy involucrada en el tema.

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Es una historia de treinta años que se cifra en miles de millones de euros. Treinta largos años que no quedarán en los anales de la Unión Europea (UE) como los más memorables frente al cambio climático. Durante estas tres décadas, las industrias más contaminantes como el acero, el cemento, el petróleo o el aluminio han recibido de forma gratuita cuotas de emisión de CO2, una especie de derecho a contaminar, para incentivar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La idea general era que estos derechos a contaminar descenderían con los años. En realidad, las industrias más contaminantes recibieron estas cuotas en grandes cantidades, muy superiores al CO2 que emitían, por lo que acabaron teniendo excedentes que pudieron revender.

El sistema se desvió así de su objetivo original y se convirtió en una herramienta financiera que permitió a los beneficiarios aumentar sus ganancias comerciando con las cuotas. Solo entre 2013 y 2021, según estima el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), las industrias emisoras más grandes han obtenido 98.500 millones de euros y solo han destinado una cuarta parte de esta cantidad (25.000 millones) a la acción climática.

Tras una investigación que se ha desarrollado durante ocho meses, con el apoyo financiero del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), elDiario.es y el periódico francés Le Monde revelan las zonas oscuras de un sistema que pretendía ser beneficioso para la transformación sostenible de la industria y ha acabado alimentando la rentabilidad de las empresas más contaminantes. Las pesquisas se centran en las siderúrgicas y cementeras en Francia y España, dos de los sectores que más se han beneficiado de estas cuotas, e implican a compañías como Arcelor Mittal, Cemex, Cementos Portland Valderrivas, Holcim o Heildelberg Materials.

El Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas han revendido parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros

El análisis detallado de sus transacciones financieras registradas en el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) confirma lo que algunos sospechaban desde hace tiempo: las empresas han revendido parte de sus cuotas gratuitas por cientos de millones de euros, e incluso miles de millones en algunos casos.

En 2009 la operación Blue Sky destapó un fraude millonario a través del IVA de estas cuotas de emisiones. De hecho, la Audiencia Nacional va a juzgar a ocho grupos internacionales por el desfalco que, se calcula, causó una pérdida de 6.000 millones de euros a los países de la UE. Ese caso ha acabado en la justicia, algo que no sucederá en esta ocasión. El negocio de las empresas con la venta de los derechos de emisiones se lleva a cabo de manera completamente legal.

Las cuotas gratuitas, una mina de oro para contaminadores

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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ

Las cuotas gratuitas, una mina de oro

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El sistema de cuotas gratuitas, lanzado el 1 de enero de 2005, aún está vigente. Está destinado a desaparecer en 2034. El pasado 18 de abril, el Parlamento Europeo adoptó un nuevo plan climático que prevé reemplazarlo gradualmente por un “mecanismo de ajuste del carbono en las fronteras” de la Unión, con el objetivo de hacer más verdes las importaciones de los sectores con mayores emisiones de CO2. Optar por un sistema más simple es una especie de mea culpa de la UE, aunque oficialmente no haya admitido su error.

Río de Janeiro, Kyoto, Al Gore...

El origen de esta historia se remonta a la cumbre de Río en 1992. Fue en aquel momento cuando surgió la idea de un impuesto al carbono al cual estarían sujetas las industrias europeas para hacer que la economía fuera más responsable frente al medio ambiente. La iniciativa no obtuvo unanimidad entre los Estados miembros. Francia, entre otros, bloqueó esta decisión.

En 1997, el Protocolo de Kyoto volvió a poner este tema sobre la mesa. Al Gore, en aquel entonces vicepresidente de los Estados Unidos, consideró la idea interesante, pero dijo que los republicanos no la aceptarían. Por lo tanto, era necesario imaginar algo más compatible con el modelo capitalista para complacer a los estadounidenses y preparar una posible integración de los mercados transatlánticos en el futuro.

El Viejo Continente creó entonces un mercado europeo de carbono en el cual las industrias podrían comprar y vender cuotas para regular sus emisiones de CO2. “La UE creó desde cero un mercado que nunca antes había existido. Es la primera vez en la historia de la humanidad ”, señala Thomas Pellerin-Carlin, director del programa Europa en el Instituto de Economía para el Clima (IC4E). Hoy en día, este mercado es el más grande de su tipo en el mundo, aunque están surgiendo otros, como en China.

Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento

Eric Bourdon — Director general adjunto de la cementera francesa Vicat

“Desde el principio, se plantearon cuestiones centrales. ¿Bajo qué modelo se asignarán las cuotas que las empresas intercambiarán entre sí? ¿Deben ser otorgadas de forma gratuita o vendidas? ¿Quiénes estarán cubiertos por el mecanismo? ¿Las empresas podrán ahorrar cuotas de un año para otro?”, enumera Julien Hanoteau, profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille.

El modelo se desarrolló rápidamente, aunque no de manera uniforme. Cada año, la Unión Europea decide asignar de forma gratuita a las industrias cuotas de CO2, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que estiman que generarán en los siguientes doce meses. Una cuota equivale a una tonelada de CO2. Al final del año, las instalaciones industriales deben devolver la cantidad de cuotas equivalente a las emisiones de CO2 que realmente han realizado.

Si han emitido más CO2 de lo previsto, pueden comprar cuotas adicionales a empresas que no han utilizado todas las suyas, siguiendo el principio de “contaminador-pagador” ideado por los creadores de este mercado. Por el contrario, si han emitido menos CO2 de lo previsto, pueden revender las cuotas sobrantes. Las cuotas asignadas a una instalación –una planta, una fábrica...– no tienen fecha límite de venta. Una vez vendidas, se convierten en simples activos financieros que las empresas pueden utilizar sin contrapartidas reales.

La fase piloto en 2005, con una lógica inicial que resulta sorprendente a posteriori: cuanto más CO2 prevé emitir una instalación industrial, más derechos a contaminar recibe. A partir de 2008 y hasta 2012, se añade otra rareza: las cuotas se asignan refiriéndose a los años de producción anteriores a la crisis económica, cuyas cifras son mayores. Como resultado, los industriales reciben muchas más cuotas de las que realmente emiten. Cuotas que, como se decía más arriba, luego pueden vender a terceros.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo”

Algunas empresas expresaron rápidamente reservas sobre los métodos del sistema EU-ETS, como la española Cementos Tudela Veguín, de Asturias, o la francesa Vicat. “Nos dimos cuenta de que estábamos en terreno resbaladizo, que potencialmente tendríamos que devolver las cuotas asignadas en exceso. Éramos conscientes de que esto no podía durar, que alguien iba a poner fin a la diversión en algún momento”, admite Eric Bourdon, director general adjunto de la cementera francesa.

Ciertamente, las reglas de asignación se modificaron en 2009 y luego en 2018. Pero los abusos continuaron, como muestra el último informe sobre el estado del sistema EU-ETS publicado en 2022 por la Asociación Mesa Redonda Europea sobre Cambio Climático y Transición Sostenible (ERCST). Los excedentes acumulados de cuotas gratuitas solo se estabilizaron en 2013 y aun así, a un nivel muy alto. Solo en 2017 las emisiones de CO2 comenzaron a disminuir significativamente en todos los sectores.

El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, permitió que las empresas operaran libremente

Julien Hanoteau — Profesor de economía en la Kedge Business School de Aix-Marseille

Para el diputado europeo ecologista Yannick Jadot, quien ha estado exigiendo la eliminación de las cuotas gratuitas durante años, el diagnóstico resulta amargo. “El poder público creó un mercado desde cero, aceptando de antemano todos los abusos inaceptables de la financiarización de la economía”, denuncia el antiguo candidato a las elecciones presidenciales de 2022 en Francia. El investigador Julien Hanoteau comparte este análisis: “El Estado podría haber recuperado fácilmente el dinero generado por la venta de cuotas para compensar las actividades contaminantes, reducir el IVA o disminuir el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no se tomó esta decisión, sino la de permitir que las empresas operaran libremente”, lamenta.

Un sistema financiero complejo y opaco

Las cuotas se subastan todos los días a las 11 de la mañana. Al principio, las transacciones representaban diariamente alrededor de un millón de toneladas de CO2. Desde entonces, el mercado ha ganado profundidad y se ha vuelto más sofisticado. Se extiende a cerca de 18.000 instalaciones y los industriales, a través de bancos, fondos de inversión, corredores y una docena de sociedades mercantiles, ahora intercambian entre 20 y 30 millones de toneladas de CO2 al día, anticipando las futuras fluctuaciones en el precio del carbono.

“El mercado se ha vuelto muy interesante para los inversores. Hay que decir que el precio del carbono era inicialmente de 7 euros por tonelada, luego subió a 24 euros en agosto de 2008 y ahora ronda los 100 euros. Algunos predicen que alcanzará los 150 euros en 2030 y, mientras tanto, más del 80% de las transacciones son especulativas y ya no se relacionan con problemas medioambientales”, indica Ismael Romeo, director de SendeCO2, una sociedad mercantil con sede en Barcelona.

Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas: en 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros

Ivan Pavlovic, especialista en transición energética de Natixis, lo confirma: “Estas cuotas son un inventario, un activo que se puede monetizar. Son intercambiables y no tienen límite de uso en el tiempo. Ahora existen fondos de cobertura especializados en los mercados del carbono que especulan con estas cuotas, aunque por el momento siguen siendo minoritarios”, explica. En 2021 se intercambiaron casi 11.000 millones de toneladas de CO2 en el mercado, con un valor de 683.000 millones de euros, según la empresa británica de análisis financiero Refinitiv.

Muy rápidamente, el sistema se reveló defectuoso. Las transacciones son difíciles de rastrear, incluso para los expertos en el sector. “El sistema es bastante opaco. En todos los niveles, incluida la Comisión Europea, nadie tiene una visión global y unánime. Es una caja negra. Solo los directores financieros o los directores industriales de las empresas involucradas saben exactamente qué se hace con dichas cuotas”, reconoce el líder de una empresa de comercio de cuotas de CO2.

Valores que dependen del clima o del precio del gas

A veces, las transacciones no están justificadas únicamente por razones financieras. “También pueden estar inspiradas en eventos climáticos o políticos. Los proveedores de energía, excluidos del sistema de cuotas gratuitas desde 2013 porque lo utilizaban para aumentar el precio de la electricidad, ahora se ven obligados a comprarlas por su cuenta. A veces las revenden al final del invierno si la temperatura ha sido más alta de lo esperado y, por lo tanto, sus emisiones de CO2 han sido menores. Lo mismo ocurre si hay inflación en los precios de la energía, como durante el verano de 2022, cuando el precio del gas se disparó”, señala Gregory Idil, comerciante en Vertis Environmental Finance, una empresa con sede en Bruselas.

En cualquier caso, las empresas se resisten a divulgar esta información, la consideran confidencial para su competitividad industrial. “Las transacciones son un reflejo de la actividad económica. Si una empresa dice que ha vendido cuotas, potencialmente está reconociendo que su producción ha disminuido”, explica el trader barcelonés Ismael Romeo.

Vendedor, comprador... No todos son iguales en cuanto a los derechos a contaminar. El acerero británico British Steel lo aprendió a su costa. Después de deshacerse de sus cuotas gratuitas para compensar sus pérdidas financieras, tuvo que volver a comprarlas a un precio muy alto para poder seguir emitiendo carbono. Al final, se endeudó en exceso y se declaró en quiebra en 2019.

'Minas de oro' de varios millones de toneladas

Las empresas adoptan diversas estrategias frente a las cuotas gratuitas. Algunas han vendido en gran parte sus excedentes para obtener beneficios, otras han optado por conservarlas y otras las han recomprado. “Vendimos un poco al principio, pero pronto dejamos de hacerlo. Ahora tenemos 4,5 millones de toneladas de cuotas de CO2. Tendremos que tomar decisiones sobre su buen uso”, explica Eric Bourdon, subdirector general del fabricante de cemento francés Vicat.

Las empresas que vendieron cuotas a discreción tampoco se quedaron atrás, especialmente cuando las recompraron. Solicitada en el marco de nuestra investigación, la organización internacional de periodistas Finance Uncovered, con sede en Londres, confirmó el fenómeno de la financiarización aplicada a estas cuotas de CO2, tras examinar la base de datos global Orbis, que proporciona acceso a información empresarial pasada o reciente. ArcelorMittal, por ejemplo, indica en su informe anual de 2022 que tenía 154 millones de euros en “activos financieros intangibles” relacionados con cuotas de CO2 al 31 de diciembre de 2021 y 691 millones de euros al 31 de diciembre de 2022. Según explica la empresa, esto es resultado de compras que han “madurado”, lo que le ha permitido fortalecer el activo de su balance con cantidades considerables.

Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan con el tiempo, estas existencias pueden convertirse potencialmente en auténticas minas de oro, dado que el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero de 2023. Algunas previsiones incluso lo sitúan en 700 euros por tonelada en unos años.

En la siguiente entrega: Las empresas españolas que llevan años haciendo negocio con las cuotas de emisiones que la UE les da gratis

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