Las empresas españolas que llevan años haciendo negocio con las cuotas de emisiones que la UE les da gratis
Recibir algo gratis y después venderlo, para engordar las ganancias. La comercialización de las cuotas de CO2 que la Unión Europea concedió a algunas de las empresas más contaminantes del continente les permitió ingresar cientos de millones de euros. Compañías españolas (o que operan en el país) como Arcelor Mittal, Cementos Portland, Cemex o Heidelberg Materials obtuvieron grandes beneficios a base de colocar sus derechos a contaminar en el mercado. Unos derechos que nunca caducaban y podían ser vendidos cuando la situación económica o el precio del carbono más les conviniera.
La investigación que está publicando elDiario.es junto al diario francés Le Monde, explica cómo funciona este sistema originalmente pensado para que industrias como las del cemento o el acero bajaran las emisiones pero que se ha convertido en un fiasco de miles de millones de euros.
Y muestra por ejemplo cómo un grupo como ArcelorMittal siempre ha recibido más asignaciones gratuitas del CO2 de las que supone su producción. Algo que sigue siendo así caso hoy en día. El gigante del acero las ha revendido en grandes cantidades en 2008, luego en 2011 y 2012. Y ha continuado en 2022. Sin embargo, por motivos de optimización financiera, también adquirió otros algunos años, cuando el precio del carbono bajaba.
En total, según los registros EUTL de la Unión Europea, el gigante de la siderurgia ha vendido asignaciones por valor de 3.700 millones de euros y ha comprado por valor de 1.800 millones, obteniendo un beneficio de 1.900 millones. Contactada ArcelorMittal France, se negó a confirmar estas cifras.
Comparativa entre ventas y compras de cuotas de CO2
Cuotas concedidas gratuitamente a la empresa
Venta
Compra
Holcim
(ex LafargeHolcim)
ArcelorMittal
Heidelberg Materials
(ex HeidelbergCement)
Cemex
Cementos Portland
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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ
Comparativa entre ventas y
compras de cuotas de CO2
Cuotas concedidas
gratuitamente a la empresa
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(ex LafargeHolcim)
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GRÁFICO: LE MONDE. ADAPTACIÓN: IGNACIO SÁNCHEZ
También según los registros EUTL de la Unión Europea, el fabricante de cemento Holcim tenía un excedente de derechos a contaminar hasta 2017. Vendió muchos entre 2008 y 2012, antes de su fusión con Lafarge, que también vendía muchas asignaciones por su cuenta. En total, las dos compañías fusionadas han vendido por valor de 1.300 millones de euros y comprado por valor de 339 millones hasta la fecha, lo que resulta en un saldo positivo de 986 millones. Estas cantidades quedan ocultas en los informes del grupo y resulta imposible encontrarlas como tales en los informes anuales. “Los datos de las transacciones son datos comerciales, que no divulgamos”, afirma Lafarge France.
Por su parte, a su competidor Heidelberg Materials le sobraron cuotas hasta 2016. También se deshizo de una cantidad considerable de asignaciones después de la crisis financiera de 2008, por un total de 732 millones de euros, pero dejó de hacerlo en el 2016 y también compró por valor de 364 millones, lo que resulta en un beneficio neto de 368 millones. Según un portavoz, la empresa alemana “lamentablemente no dispone de esta información”.
Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o 2018, cuando cambió en la regulación o a los precios del carbono eran altos. Otras vendieron después de la crisis de 2008, probablemente para hacer frente a la inestabilidad económica del momento
En España, la empresa Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, es uno de los mayores emisores de CO2. De 2008 a 2012 recibió cada año una gran cantidad de derechos a contaminar, sin relación con el nivel real de sus emisiones. No dejó de tener excedentes hasta 2021. Vendió parte de ellos, obteniendo 288 millones de euros, y compró por valor de 11 millones: una ganancia final de 277 millones. La empresa ha rechazado comentar estas cifras. “No está en nuestra previsión participar en reportajes de prensa”, ha contestado.
Sin embargo, algunas de sus transacciones se pueden encontrar en los informes anuales presentados en el registro mercantil por su filial Cementos Alfa. Hasta el 2021, una línea explícitamente titulada “venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero” aparece en los balances de esta empresa, confirmando que las asignaciones se consideran un activo y son gestionadas por el departamento financiero de la empresa, no por su departamento de medio ambiente o desarrollo sostenible.
Cementos Portland Valderrivas, filial del gigante de la construcción FCC, es uno de los mayores emisores de CO2: vendió parte de sus derechos a contaminar obteniendo 288 millones de euros, y compró por 11 millones: una ganancia final de 277 millones
La mexicana Cemex, a través de las plantas de cemento anteriormente propiedad de Cimpor, ha vendido asignaciones por valor de 477 millones de euros y comprado por valor de 96 millones, obteniendo un beneficio de 381 millones. Por otro lado, Cementos Molins recibió excedentes considerablemente altos de derechos a contaminar hasta el 2012. Sin embargo, a partir del 2014, experimentó un déficit y consumió los excedentes que había conservado, vendiendo solo por valor de 12 millones de euros en el mercado y comprando por 4 millones. Queda un beneficio de 8 millones.
La Unión Europea también ha sido muy generosa con las plantas de cemento españolas de la empresa turca Cimsa, que algunos años recibió asignaciones de derechos a contaminar tres veces más altas que sus emisiones de CO2. Mantuvo todas las asignaciones guardadas, excepto en el 2014, cuando vendió por 9 millones de euros. Además, en dos ocasiones compró asignaciones por valor de 2 millones, lo que finalmente le permitió embolsar 7 millones.
En2008, la única preocupación de nuestros directivos era salvar los muebles. En este clima de crisis, algunas empresas cementeras comenzaron a vender los derechos de CO2, que ya no necesitaban debido a la drástica bajada del mercado
En cuanto a Cementos Tudela Veguín, también tuvo un excedente después de la crisis de 2008, pero en menor medida. Siguió un enfoque muy cauteloso, vendiendo solo por valor de 7,2 millones de euros en asignaciones. A pesar de eso, tuvo que adquirir asignaciones por valor de 7,3 millones de euros para cubrir sus emisiones de CO2 y, por lo tanto, no obtuvo ningún beneficio en sus asignaciones gratuitas. Un caso único en España.
El “secreto comercial” que protege el negocio
Las ventas de cuotas, rodeadas de misterio, están protegidas por el “secreto comercial”. Es el argumento que han esgrimido varias empresas entrevistadas, para no confirmar ni negar la información procedente de nuestra base de datos. En España, los fabricantes de cemento nos han remitido a su federación patronal, Oficemen, para obtener datos sectoriales consolidados. Sin embargo, dicha federación elude el tema. “Oficemen no dispone de datos. Estas preguntas se refieren a problemas específicos de las empresas y son ellas las que responderán”, explicó un portavoz. Ninguna de ellas lo ha hecho.
Otra dificultad radica en que las transacciones financieras realizadas por cada una de las 18.000 instalaciones industriales que han recibido cuotas gratuitas son publicadas retrospectivamente por la Unión Europea con tres años de retraso. Actualmente, aunque las asignaciones de cuotas gratuitas son conocidas hasta 2022, las últimas cifras disponibles sobre las reventas corresponden a 2019.
Y aún así, no son exhaustivas. Algunas fábricas han cambiado de manos, por lo que es imposible reconstruir el historial de transacciones planta por planta. La base de datos EUETS.info permite rastrear, por fecha y hora, los intercambios de cuotas. Sin embargo, no muestra los posibles cambios de propietario de las instalaciones industriales que puedan haber ocurrido durante el período estudiado (2005-2019), lo que contribuye a la opacidad de este mercado.
Por esta razón, el fabricante de cemento suizo Holcim se niega a comentar las cifras, argumentando que su alcance ha cambiado desde su fusión en 2015 con Lafarge, lo que ha dado lugar a la venta de algunas plantas de cemento por parte de la nueva entidad. Lo mismo ocurre con la empresa alemana Heidelberg Materials (anteriormente HeidelbergCement), que ha realizado cambios significativos en su red de plantas de cemento en Europa, después de adquirir en el 2016 a la empresa italiana Italcementi y su filial francesa Ciments Calcia.
Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o incluso 2018, años que corresponden a períodos de cambio en la regulación o a períodos en los que los precios del carbono eran altos
La española Cementos Portland Valderrivas, por su parte, se convirtió en líder en la península ibérica tras adquirir Uniland en 2006, recuperando la totalidad de su capital en 2013 después de vender su filial Cementos Lemona a la irlandesa CRH. Su competidor Cementos Molins recuerda que adquirió una instalación de la empresa mexicana Cemex en Barcelona en 2013, lo que “distorsiona”, según su criterio, el balance de intercambios de cuotas. Su colega de origen brasileño, Votorantim Cimentos, se halla frente a la misma problemática, ya que accedió al mercado ibérico en el 2012 al adquirir las instalaciones de la empresa portuguesa Cimpor.
“Algunas empresas vendieron masivamente en 2012, 2014 o incluso 2018, años que corresponden a períodos de cambio en la regulación o a períodos en los que los precios del carbono eran altos”, observa Florian Rothenberg, analista especializado en mercados del carbono en la consultora ICIS. “Por el contrario, otras empresas vendieron principalmente después de la crisis de 2008, probablemente para hacer frente a la inestabilidad económica del momento. Se trata de una estrategia menos sofisticada. Es muy probable que hayan considerado que tenían suficientes reservas de cuotas para asegurar su futuro”.
Sobre el terreno, los testimonios confirman que la crisis financiera de 2008 precipitó las ventas de cuotas. “En aquel momento, la única preocupación de nuestros directivos era salvar los muebles. En este clima de crisis, algunas empresas cementeras comenzaron a vender los derechos de CO2, que ya no necesitaban debido a la drástica bajada del mercado. Desde entonces, tanto la regulación europea como la española han cambiado mucho. Esto promovió la paulatina reducción de las emisiones de CO2 en la industria, para evitar la especulación en el mercado del carbono”, afirma Daniel López Carro, representante sindical de UGT-FICA en el sector cementero.
¿Dónde ha ido el dinero?
Varios sindicalistas franceses y españoles afirman que los representantes del personal que asisten a las reuniones con la dirección están obligados a guardar el secreto más absoluto sobre el tema. Se les hace firmar acuerdos de confidencialidad que ninguno se atreve a incumplir por miedo a ser demandados, como ya ha ocurrido en el caso de ArcelorMittal.
Una fuente contactada por elDiario.es que ha tenido acceso a las cuentas de una de las empresas involucradas, afirma que esta práctica todavía está en curso: “En 2022 vendieron cuotas por decenas de millones de euros. Estas sumas permiten mejorar el resultado neto de la empresa cuando el año ha sido mediocre”.
“Sé cuánto dinero ha obtenido mi empresa al vender en subasta cuotas obtenidas de forma gratuita, pero en el comité de empresa he jurado no revelar dichas cifras. Solo puedo decir que el dinero ha servido para arreglar las cuentas con entre 6 y 10 millones de euros al año, cuando la situación era difícil”, confía, bajo secreto, un sindicalista español.
Todo el mundo sabe dónde ha ido el dinero, pero desafortunadamente es imposible demostrar el vínculo directo entre las ventas de cuotas y los dividendos distribuidos a los accionistas de estas empresas
Otra fuente sindical anónima confirma esta práctica en las empresas siderúrgicas: “Durante la crisis, en Florange, ArcelorMittal recibía cuotas gratuitas mientras la planta estaba parada. Este dinero no se utilizó para reducir las emisiones de CO2 o invertir en energías limpias. Fue un maná inesperado sobre el que, por supuesto, se lanzaron”, revela.
“Nos daban cifras verbalmente y la mayoría de las veces no decíamos nada porque la dirección nos explicaba que, al vender las cuotas, había salvado nuestros empleos. Por lo tanto, cerrábamos los ojos. Preferíamos no saber”, reconoce un ex empleado de Holcim España. “Todo el mundo sabe dónde ha ido el dinero, pero desafortunadamente es imposible demostrar el vínculo directo entre las ventas de cuotas y los dividendos distribuidos a los accionistas de estas empresas ”, lamenta Judith Kirton-Darling, secretaria general de IndustriALL Europe, el sindicato europeo de trabajadores de la industria.
Un sistema indecente, pero legal
Según Sam Van den Plas, director de campañas en Carbon Market Watch, una ONG que ha estado siguiendo el tema de las cuotas gratuitas durante varios años, el misterio se ha resuelto: “Finalmente sabemos qué han hecho las empresas con sus derechos a contaminar. Hasta ahora solo barajábamos suposiciones”, dice refiriéndose a un estudio del CE Delft que estimó en 2016 que las ventas de cuotas gratuitas ascendían a varios miles de millones de euros.
Para Yannick Jadot, el sistema de cuotas gratuitas va “más allá del juicio moral”. “ Esta historia es escandalosa, al igual que la posibilidad de comprar derechos a contaminar en países africanos. Es una forma de evadir responsabilidades y practicar una falsa descarbonización”, critica. “Las empresas han pervertido el concepto de cuotas gratuitas para obtener beneficios, lo cual plantea una cuestión ética. Ahora que estamos tratando de salvar el planeta, algunos se están llenando los bolsillos, es indecente”, resume Ana Isabel Martínez García, especialista en el sector del acero en la consultora y empresa de contabilidad Syndex. Indecente, pero legal.
Más contaminas, más ganas
Los criterios en los que se basa la asignación de las cuotas gratuitas de CO2 han favorecido durante mucho tiempo los abusos. “Hasta 2021, el número de cuotas asignadas a las empresas cementeras se dividía teóricamente por dos si la producción del año anterior era inferior al 50% de la producción histórica promedio. Este umbral pudo haber incentivado a las empresas a producir más de lo necesario para seguir recibiendo cuotas”, explica Frédéric Branger, coautor en el 2015 de un informe sobre el tema llamado “The Devil lies in the details” (El diablo se encuentra en los detalles), publicado en Journal of the Association of Environmental and Resource Economists.
Al principio, las empresas tenían derecho a cuotas gratuitas siempre que sus instalaciones funcionaran, al menos, un mes al año. Algunas ponían en marcha las fábricas durante esos 30 días y paraban el trabajo inmediatamente después
De las 50 instalaciones industriales analizadas por este experto, alrededor de 30 habían inflado intencionadamente sus niveles de producción en comparación con la realidad. “La mayoría se encontraba en el sur de Europa, en los países más afectados por la crisis económica y sus repercusiones inmobiliarias, especialmente España”, recuerda.
El hecho de que las cuotas se asignen planta por planta también ha dado lugar a fraudes. “Al principio, las empresas tenían derecho a cuotas de emisiones gratuitas siempre que sus instalaciones funcionaran, al menos, un mes al año. Como consecuencia, algunas empresas ponían en marcha las fábricas durante esos treinta días y recibían las cuotas según la media de sus asignaciones anuales, aunque paraban el trabajo inmediatamente después”, afirma José Antonio Guijarro, ex coordinador estatal para el sector del cemento de UGT.
Aunque se espera que los volúmenes de cuotas disminuyan, pueden convertirse en auténticas minas de oro: el precio del CO2 alcanzó los 100 euros por tonelada en febrero, y algunas previsiones lo sitúan en 700 euros en unos años
Pero el criterio más criticado en la industria del cemento es el de calcular las asignaciones de cuotas considerando solo la producción de clínker, el componente que más gases invernadero produce del cemento. “Esto significa que tienes que producir clínker, es decir, contaminar, para recibir cuotas. ¿Quién buscaría reducir voluntariamente su producción de cemento en estas condiciones?”, cuestiona Adrien Assous, director ejecutivo de Sandbag, una ONG con sede en Bruselas muy involucrada en el tema.
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