Lo siento. Hace falta citar por enésima vez a Thomas de Quincey: “Si uno se permite un asesinato, pronto no le da importancia al robo; el robo le conduce a beber y a faltar a misa, y desde ahí acaba cayendo en la descortesía y en dejarlo todo para el día siguiente”.

El poder siempre se ha permitido asesinatos. Dejando de lado las dictaduras, esencialmente criminales, abundan los ejemplos en democracia. La policía francesa mató a nueve personas el 8 de febrero de 1962, durante una manifestación contra la extrema derecha; el 10 de julio de 1985, los servicios secretos pusieron bombas en un barco de Greenpeace y mataron a un fotógrafo. Sería demasiado extenso enumerar las muertes que sucesivos gobiernos británicos causaron en Irlanda del Norte, o la cantidad de sangre derramada por los servicios secretos italianos durante los “años de plomo”. Para qué hablar de los asesinatos cometidos por el gobierno de Estados Unidos, dentro de su país y en todo el mundo. También ha matado el poder español, ya en democracia: los GAL son un ejemplo entre varios.

Nunca ocurre nada en estos casos. Hay razones de Estado. La lucha contra el terrorismo tiene estas cosas. La seguridad nacional es prioritaria. La democracia también se defiende en las cloacas. Etcétera.

Si el poder puede matar, y puede, porque es el Poder, ¿por qué va a darle importancia al robo? No les aburriré con una historia de la corrupción política y el latrocinio institucional: podríamos colapsar Internet. Basta con prestar atención a algunos juicios en curso.

Parece que nos hemos habituado a estos delitos. Porque, ateniéndonos a la evolución general de los centros de poder del planeta, elección tras elección, hemos dejado de preocuparnos ante la dejadez de los dirigentes. A muchísimos ciudadanos, según confirman los votos, les hacen gracia los políticos ignorantes y mal preparados. Nunca nos ha importado que beban o que no vayan a misa. Últimamente, lo fundamental es que mientan con salero.

El siguiente escalón en este descenso es la glorificación del político zafio, soez y faltón. El que llama “hijos de puta” a los “zurdos”. La que viaja a México para explicar a los mexicanos cómo escribir correctamente el nombre de su país y para recordarles que las colonizaciones son gloriosas (incluso cuando la propia nación colonizadora juzga al conquistador de turno por múltiples delitos).

Y Donald Trump, compendio de todos los rasgos de la degeneración política (y, por tanto, cívica): un presunto violador de menores mentalmente perturbado que roba a manos llenas, apaliza a sus ciudadanos y va por ahí amenazando con masacres apocalípticas.

Llegado a este punto, el político no necesita hacer ningún trabajo: sus cómplices corporativos lo hacen por él, engullendo poco a poco lo que solía ser público y destruyendo a buen ritmo el entramado institucional. El político moralmente degradado suele presumir de que, gracias a él, el país vive “una edad de oro”, aunque se caiga a pedazos. En los casos de mayor vagancia, se limita a soltar una coletilla pegadiza. Del tipo “gestionando”. Y a otra cosa.

Quizá recuerden una película de 1992 llamada A few good men, estrenada en España como “Algunos hombres buenos”. El argumento gira en torno al juicio contra dos marines estadounidenses acusados de matar a otro soldado. En el momento culminante de la historia, el abogado de los acusados, el teniente Daniel Allister Kafee (Tom Cruise) interroga en el estrado al coronel Nathan R. Jessup (Jack Nicholson), jefe de la unidad donde ocurrió el asesinato.

El teniente Kafee le exige al coronel Jessup que diga la verdad. Según el guion, Jessup debía responder: “¡Ya tiene usted la verdad!”. Pero los grandes actores no son grandes por casualidad. Sin avisar a nadie, Jack Nicholson decidió cambiar la frase que tenía asignada. Y lo que gritó Jessup-Nicholson fue: “You can´t handle the truth!”. En español, “¡Usted no puede soportar la verdad!”. Ese momento define la película. Y le valió a Jack Nicholson una nominación al Óscar.

Muchos nos hemos pasado la vida reclamando la verdad. La cuestión es: ¿podemos soportar la verdad?

Últimamente, el mundo parece iluminado por una luz más cruda. Lo que solía entreverse o intuirse, el trasfondo de la realidad, aparece ahora con sus formas bien definidas. Ya no hay disimulos ni explicaciones tan condescendientes como falsas. Tenemos la verdad ante nuestros ojos.

No se trata solamente de Donald Trump, aunque el presidente de los Estados Unidos sea el principal iluminador del nuevo mundo descarnado. Gracias a él sabemos hasta qué punto la guerra es un gran negocio. Resulta fascinante el espectáculo de su manipulación de los mercados y de sus falsas noticias sobre la guerra, gracias a la cual se enriquecen tanto él como su familia y sus próximos practicando con el mayor descaro el “insider trading”.

Trump nos exhibe cómo se deciden realmente las agresiones imperialistas, cómo funciona el nepotismo, cómo se engaña a los ciudadanos y hasta qué punto los ciudadanos aceptan el engaño, e incluso lo disfrutan.

Y ahí tienen al régimen iraní de los ayatolás: por si quedaban dudas sobre su brutalidad represiva, está aprovechando la guerra, como hizo en las anteriores agresiones israelíes, para acelerar el ritmo de los asesinatos, ejecuciones y encarcelamientos.

¿Queríamos saber cuál era exactamente la relación de la OTAN con Estados Unidos? Pues ahora podemos ver, sin velos ni disimulos, el celo con que su secretario general, Mark Rutte, lame exhaustivamente el culo de Trump en cuanto le dan ocasión.

¿Teníamos alguna duda sobre la bajeza con que la industria del fútbol mezcla negocio y política? Consideremos en su justa medida el premio FIFA de la Paz que el presidente de esa organización, Gianni Infantino, inventó para complacer al energúmeno belicista de Washington.

La nueva luz lo baña todo. ¿Sospechábamos que el cinismo es consustancial a la política? Recuerden a Pedro Sánchez diciendo que José Luis Ábalos (su compañero de Peugeot, su secretario de Organización, su ministro) era para él “un gran desconocido”. Por no hablar de sus cartas a la ciudadanía y sus teatreras reflexiones sobre si debía o no dejar la presidencia por amor, purísimo amor conyugal.

¿Temíamos que el PP fuera capaz de proferir cualquier mentira y difundir cualquier bulo con tal de erosionar al Gobierno? ¿Temíamos que el PP se abrazara a la extrema derecha sin el menor escrúpulo? Ya no hay que temer nada: no cabe sino lamentar la realidad que se despliega ante nuestros ojos.

¿Corrupción en el PP madrileño? ¿Negocios del hermanísimo de Isabel Ayuso durante la pandemia? ¿Privatización de la sanidad con grandes dividendos para el novio de la presidenta? Hubo un presidente del PP, Pablo Casado, que se atrevió a criticar el latrocinio sistemático. Ya saben lo que ocurrió: Casado demostró ser un infeliz incapaz de soportar la verdad.

Parecía obvio que Vox era una nueva versión del timo de la estampita. Y sí, lo es. Decenas de antiguos dirigentes lo reconocen. Y Santiago Abascal casi presume públicamente de ello, sin que millones de ciudadanos dejen de comprarle “estampitas”.

Quienes recelaban de la justicia pueden quedarse tranquilos: tenían razón. Basta con mentar al juez Juan Carlos Peinado (o con seguir el juicio del “caso Gürtel”, sobre el que sobrevuela aquel misterioso “M. Rajoy”) para cerrar cualquier debate sobre el asunto.

Ah, y la izquierda española. Sí, en efecto: es un magma de sectas y egos. Realmente, no hacía falta tanta luz para verificarlo.

Para qué seguir.

Ahora nos toca soportar la verdad. Es el primer paso para, quizá, intentar cambiarla un poquito.

La agonía de Haití no se detiene. Cada día es una tragedia. El presente mes de abril no ha sido del todo malo, teniendo en cuenta que el país está casi completamente en manos de bandas violentas. Y aún así: comenzó con la masacre de unas 50 personas en la localidad de Jean-Denis y siguió con una estampida humana (por causas aún no esclarecidas) que el día 13 mató a unas 30 personas en la histórica fortaleza de Laferrière. Entre los días 13 y 15, las lluvias torrenciales causaron al menos 13 muertos y grandes destrozos.

Nada nuevo. El año pasado, la violencia de las bandas dejó tras de sí unos 6.000 muertos. Es imposible disponer de cifras exactas. La administración pública colapsó hace mucho tiempo y los cadáveres suelen ser quemados con neumáticos y enterrados rápidamente, para evitar infecciones.

El gran periodista español Ricardo Ortega murió en Haití el 7 de marzo de 2004. Se había refugiado con otras personas en un callejón de Puerto Príncipe durante el ataque de una banda. Entonces llegaron tropas de la fuerza de intervención estadounidense. Ricardo se asomó mostrando la cámara y gritando que era periodista. Un marine le disparó una ráfaga mortal.

Parecía que Haití había tocado fondo y que las tropas extranjeras, con toda su brutalidad, lograrían pacificar el pequeño país. Nada de eso. Aquella fuerza militar amparada por la ONU se marchó como había venido, sin otro éxito que aumentar el número de víctimas.

El 12 de enero de 2010, un terremoto causó, según cálculos más o menos oficiales, 316.000 muertos. Lean de nuevo la cifra, por favor. En otoño de ese año se extendió una epidemia de cólera. La rumorología culpó a un destacamento de soldados nepalíes y varios de ellos fueron linchados. Los haitianos viven en un estado permanente de terror y paranoia. Que la religión más extendida sea el vudú, tan abundante en magias y maldiciones, no ayuda.

El 14 de agosto de 2021 hubo un nuevo terremoto. “Solamente” 2.500 muertos, en esta ocasión.

El último presidente electo de Haití, Juvenal Moïse, fue asesinado el 7 de julio de 2021. Un grupo de mercenarios colombianos y estadounidenses entró en su residencia, simulando un operativo policial antidroga, y tras romperle varios huesos a golpes lo acribillaron a tiros. Se ignora quién ordenó el magnicidio.

El poder (muy limitado) quedó en manos de una serie de primeros ministros provisionales hasta que el último de ellos, Alix Didier Fils-Aimée, de 55 años, dueño de una cadena de tintorerías, se autoproclamó presidente hace dos meses.

Fils-Aimée contrató en 2025 los servicios de Erik Prime, antiguo propietario de Blackwater, la empresa de mercenarios que dejó en Irak un triste recuerdo. Prime prometió acabar con los líderes de las bandas usando drones. Pese a numerosos bombardeos desde el aire, con múltiples víctimas, ningún líder ha caído hasta ahora.

El gobierno controla, relativamente, una pequeña parte de la capital, Puerto Príncipe. El aeropuerto se usa de forma exclusiva para vuelos militares o paramilitares. El puerto está en manos del Rey Micanor (ese es su apodo), uno de los señores de la guerra que encabezan Viv Ansanm (Vivir Juntos en criollo), la confederación de bandas.

La nueva fuerza de intervención organizada por la ONU, compuesta por unos 5.500 soldados procedentes de Chad, Guatemala y Bangladés, no podrá desplegarse hasta el próximo otoño. La anterior fuerza de intervención apenas logró éxitos y fue acusada de perpetrar múltiples casos de violencia sexual.

En el país más pobre del hemisferio occidental, con una renta per cápita que no alcanza los 800 dólares anuales, pertenecer a una banda asegura la alimentación. A los señores de la guerra les cuesta poco reclutar jóvenes. Como una de las tácticas de las bandas consiste en hacer pasar guerrilleros por refugiados (hay 1,4 millones de desplazados en Haití) para infiltrarse en los barrios y atacar desde dentro, cualquier persona mínimamente sospechosa es objeto de linchamiento. Se vive en una continua paranoia colectiva.

Haití fue la primera república independiente del Caribe (1803). Y la primera república creada por esclavos que habían logrado sublevarse. Desde entonces no cesaron las desgracias. Tomó el poder Jean-Jacques Dessalines, un fanático que se proclamó emperador y ordenó la ejecución de todos los blancos. Una conjura de mulatos acabó con él. Hasta hoy, mulatos (identificados con la oligarquía) y negros (identificados con las clases populares) mantienen su enfrentamiento.

La que había sido la colonia más rica de Francia, gracias al azúcar, fue boicoteada por las principales potencias del siglo XIX. Los motivos, obviamente, eran raciales. Haití no logró salir de la pobreza. La pobreza engendró violencia y una sucesión de intervenciones militares, acompañadas de expolios, por parte de Estados Unidos.

Las dictaduras de François Duvalier (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), entre 1957 y 1986, acabaron de arrasar el país. Su brutal policía política, los Tonton Macoutes, está en el origen de las bandas: tras el fin de la dictadura, los antiguos policías se dedicaron a la delincuencia.

Durante años, el genial Antonio Fraguas, Forges, incluyó en un rincón de sus viñetas un mensaje invariable: “No te olvides de Haití”. No nos olvidemos.

La venganza de Dios se publicó en 1991. Su autor, Gilles Kepel, licenciado en árabe y filosofía, doctor en Sociología, miembro del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, llevaba años estudiando el desarrollo de un nuevo islamismo social y político en los suburbios de París y Lyon.

Mientras trabajaba en el asunto, creyó percibir que en el cristianismo y el judaísmo se desarrollaban fenómenos muy parecidos. Y escribió un libro que entonces parecía exagerado y, con el tiempo, ha resultado profético.

Según Kepel, en los años 60 del siglo pasado culminó el proceso que Max Weber llamó “desencantamiento”, es decir, el arrinconamiento de la religión en el ámbito privado, la desaparición de la “magia” religiosa y la primacía de la laicidad. Pero ya en los años 70 se hizo perceptible una reacción integrista por parte de las tres religiones bíblicas.

Esta reacción se basaba en la interpretación literal de las escrituras sagradas, en el contacto directo entre el creyente y la divinidad (el catolicismo, que tiene a la Iglesia como mediadora, quedó bastante al margen) y en la recuperación de los sentimientos apocalípticos.

En Estados Unidos, la mayor parte de los movimientos evangélicos y pentecostalistas se hicieron furibundamente sionistas: el regreso de los judíos a su tierra era, según las escrituras, una de las condiciones previas para el retorno triunfal de Jesús. Entre los judíos, los éxitos bélicos de Israel se interpretaron como confirmación de que eran, realmente, el pueblo elegido de Dios. Y entre los musulmanes la religión se convirtió en instrumento para la emancipación social y política.

Asistimos ahora a una guerra en la que participan las tres religiones bíblicas. Una guerra en la que no deja de invocarse a Dios. Una guerra obscena de rasgos anacrónicos: los mensajes de exterminio que se cruzan cristianos, judíos y musulmanes parecen remitirnos a muchos siglos atrás. Pero son de hoy.

El secretario de Defensa, o de Guerra, de los Estados Unidos, Pete Hegseth, celebra oficios religiosos en el Pentágono. Pide a sus compatriotas que recen por la victoria “en nombre de Jesucristo” y promete la aniquilación de los “salvajes bárbaros” iraníes. Donald Trump reúne predicadores en el Despacho Oval. Su asesora espiritual, Paula White-Cain (acusada de robar fondos del grupo de rock Journey, del que formaba parte su tercer marido), le compara con Jesús.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, inicia una conferencia de prensa con la declaración de fe del judaísmo: “Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios y Dios es uno”. En una entrevista dice: “La fe late dentro de mí, y el sentido de misión [”shlichut“, el término con que la secta mesiánica de los Lubavitch define a sus misioneros] late dentro de mí”. Su ministro de Justicia, Itamar Ben-Gvir, predica la necesidad de matar a los árabes y considera que escupir a los cristianos es “una costumbre tradicional judía”.

Y qué decir de Irán, el régimen teocrático de los ayatolás chiíes, más execrable incluso que el régimen teocrático suní de Arabia Saudí. Desde el primer ayatolá, Ruhollá Jomeini, el régimen iraní mata en nombre de Dios.

Efectivamente, Dios ha vuelto. Con ánimo de venganza.

No es lo mismo un país que un imperio. Cuanto más poderoso el imperio, más peculiar es la situación del emperador. Conviene recordar la reflexión de Calígula ante un senador que le recriminaba su arbitrariedad. “Tenga en cuenta”, dijo el tercer emperador de Roma, “que puedo tratar a cualquiera exactamente como me apetezca”. El poder embriaga. Cuando el poder se extiende más allá de cualquier frontera, embriaga definitivamente.

Puestos en arbitrariedades, fijemos el nacimiento del imperio estadounidense en 1898, cuando se hace con las últimas posesiones (Cuba y Filipinas) del moribundo imperio español. Y repasemos (sin entrar en éxitos o fracasos internos) la sucesión de presidentes y su política exterior, es decir, imperial.

Teddy Roosevelt (1901-1909). Se proclamaba imperialista y tenía como objetivo conseguir la hegemonía naval (entonces en manos británicas) para dominar el mundo. Como aventurero independiente, combatió a los españoles en Cuba. Ya como presidente, forzó la independencia de Panamá (hasta entonces territorio colombiano) para construir y controlar un canal estadounidense. En 1904 decidió que la llamada Doctrina Monroe, “América para los americanos”, proclamada en 1823 para rechazar el imperialismo europeo, requería una actualización: en adelante, Estados Unidos podría intervenir en cualquier país latinoamericano “que hiciera las cosas mal”, y, de ser “necesario”, ejercer como “fuerza de policía internacional”. En 1906, ocupó Cuba. Un año antes, en 1905, había recibido el Premio Nobel de la Paz.

William Taft (1909-1913). Creó la “diplomacia del dólar”, consistente en usar el poder militar para favorecer la expansión de empresas estadounidenses por todo el mundo.

Woodrow Wilson (1913-1921). Como idealista, propuso tras la Primera Guerra Mundial la creación de la Sociedad de las Naciones, pero no logró que Estados Unidos se integrara en ella. Como jefe del imperio, envió varias expediciones militares a México.

Warren Harding (1921-1923). Sus intentos de desarme quedaron ocultos por la gigantesca corrupción de su gobierno. Murió a mitad de mandato.

Calvin Coolidge (1923-1929). En 1928 proclamó que la economía era sólida y la Bolsa lo era aún más. Intentó no hacer nunca nada: creía que los problemas se arreglaban solos.

Herbert Hoover (1929-1933). El colapso bursátil le estalló en las manos. En 1930 dijo que resolvería la Gran Depresión en un par de meses y declaró la guerra comercial al mundo, imponiendo aranceles altísimos. El mundo, incluyendo Estados Unidos, se empobreció aún más.

Franklin Roosevelt (1933-1945). Empezó su mandato prometiendo que nunca interferiría en los asuntos de Latinoamérica. Tras el ataque japonés contra Pearl Harbor (1941), Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt impuso a sus aliados el objetivo de la “rendición incondicional” de Alemania y Japón.

Harry Truman (1945-1953). Ordenó el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Japón. Inició la “guerra fría” contra la Unión Soviética. En 1950, cuando Corea del Norte, comunista, invadió Corea del Sur, Truman envió tropas. Pero se negó a usar de nuevo la bomba atómica, como reclamaba el general Douglas MacArthur. En 1946 creó la Escuela de las Américas, para formar militares latinoamericanos al gusto estadounidense. En 1948 reconoció, sin entusiasmo, la creación de Israel.

Dwight Eisenhower (1953-1961). El héroe de la Segunda Guerra Mundial se comprometió a proteger el Sureste asiático del avance comunista. Tras la derrota de las tropas coloniales francesas en Indochina (Vietnam, Laos y Camboya), Estados Unidos empezó a enviar asesores a la región. Eisenhower fue el único presidente que advirtió sobre el riesgo de que la formidable maquinaria militar del imperio asumiera progresivamente el poder real.

John Kennedy (1961-1963). Recién instalado en la Casa Blanca, aprobó un desastroso intento de invasión de Cuba. Logró resolver la crisis provocada por el envío de misiles soviéticos a Cuba, evitando un posible conflicto nuclear. Incrementó la presencia militar en Vietnam del Sur.

Lyndon Johnson (1963-1969). Utilizó un supuesto enfrentamiento (que nunca existió) entre buques estadounidenses y norvietnamitas en el golfo de Tonkín (1964) para multiplicar el número de soldados en Vietnam del Sur. En 1965 empezó a bombardear el norte del país.

Richard Nixon (1969-1974). Ordenó la invasión de Camboya (1970). En 1972 estableció relaciones con la China de Mao para alejarla de la URSS. Patrocinó el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en Chile (1973). También en 1973 aceptó con los Acuerdos de París, tras 20 años de guerra y casi tres millones de muertos, la derrota estadounidense en Vietnam. Apoyó a Israel en la guerra de 1973.

Gerald Ford (1974-1977). Intervino junto a la Suráfrica del “apartheid” en la guerra civil de Angola, enésimo episodio de la guerra fría. Amparó el golpe de Estado en Argentina (1976). Firmó los acuerdos de Helsinki y ratificó las fronteras creadas en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Jimmy Carter (1977-1981). Patrocinó los acuerdos de Camp David (1979) entre Israel y Egipto. En 1980, cuando el nuevo régimen iraní de los ayatolás asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán, intentó una operación militar que acabó en desastre.

Ronald Reagan (1981-1989). Financió desde 1982 la guerrilla contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Vendió secretamente armas a un país enemigo, Irán, para liberar rehenes en Oriente Próximo. En 1983 invadió la pequeña isla de Granada (población inferior a 100.000 personas) por ser “un bastión comunista”. Aceleró la carrera armamentista con la llamada Guerra de las Galaxias. Respaldó con firmeza el régimen racista surafricano y proporcionó armas legales e ilegales al presidente de Irak, Sadam Hussein, en su guerra contra Irán. Armó la guerrilla islamista que combatía a los soviéticos en Afganistán, futuro núcleo de Al Qaeda.

George H. W. Bush (1989-1993). En 1989 invadió Panamá para capturar a su dictador, Manuel Noriega, antiguo agente de la CIA cuando la dirigía el propio Bush. Encabezó la coalición militar que en 1991 liberó Kuwait de los invasores iraquíes y animó una revuelta de los kurdos contra Irak (poco después los abandonó a su suerte). Tras la disolución de la Unión Soviética (1991), proclamó que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría.

Bill Clinton (1993-2001). Amparó la depredación económica de Rusia por parte de empresas occidentales y oligarcas locales. En 1998, agobiado por el “escándalo Lewinski”, ordenó bombardeos contra supuestas posiciones de Al-Qaeda en Afganistán y Sudán. Impulsó los bombardeos de la OTAN sobre Serbia (1999) para acabar con las guerras balcánicas.

George W. Bush (2001-2009). Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, invadió Afganistán e Irak. Lanzó una guerra mundial contra el terrorismo que incluyó un programa internacional de espionaje electrónico sin límites, detenciones ilegales, torturas y la creación de una cárcel en Guantánamo (Cuba) para prisioneros que nunca serían juzgados.

Barack Obama (2009-2017). Aumentó la financiación a Israel para que pudiera completar su escudo antimisiles, pero condenó en la ONU los asentamientos israelíes en territorio palestino. Pareció animar las “primaveras árabes” con un discurso en El Cairo (2009), aunque se desentendió de ellas. Se mantuvo pasivo ante la cruenta guerra civil en Siria.

Donald Trump (2017-2021). Se comportó como Donald Trump.

Joe Biden (2021-2025). Apoyó la guerra total de Israel contra Gaza. Favoreció la acogida de refugiados e inmigrantes en Estados Unidos, combinada con una intensa política de deportaciones. La suya fue una presidencia claramente marcada por los síntomas de senilidad.

Donald Trump (2025-…). Se comporta como Donald Trump, aunque sus problemas mentales parecen muy agravados.  

¿Es posible aplicar en España una política económica de izquierdas? La experiencia dice que no. Al menos, hasta la fecha. Bajo la vigilancia de la burocracia de Bruselas, de las élites locales y, sobre todo, de los poderosísimos mercados financieros internacionales, la política económica española ha mantenido, bajo gobiernos del PSOE y del PP, una notable continuidad. Con especial énfasis en la contención de los salarios.

El libro “Las élites que dominan España”, del profesor Andrés Villena Oliver, no descubre nada nuevo. Pero resalta, y eso es importante, las redes políticas, empresariales y técnicas que han hecho que las cosas sean como son, y no como podrían haber sido. Desde la Transición y los Pactos de la Moncloa hasta hoy, las líneas maestras no han cambiado.

Se podría aventurar, aunque Villena no se extiende sobre el asunto, que el de Pedro Sánchez ha sido el gobierno más izquierdista (dentro de lo posible) de la democracia. Probablemente por la presión de socios de gobierno como Podemos, al principio, y luego Sumar. Quizá también porque Sánchez es el único presidente del PSOE formado en la Federación Socialista Madrileña, desde antiguo la más escorada a la izquierda (y la más turbulenta) de España.

En lo esencial, en cualquier caso, las directrices básicas permanecen inmutables.

Hubo un momento paradójico, en los estertores del franquismo, en que la economía favoreció a los trabajadores. Fue puramente accidental. El régimen se sentía frágil cuando estalló la primera crisis del petróleo, en 1973, y en lugar de aplicar medidas de ajuste, como en otros países europeos, incrementó el gasto público y toleró que los salarios crecieran al ritmo de la elevadísima inflación (14,2% anual en 1973, 26,3% anual en 1977).

Eso, unido a los controles oficiales sobre una banca protegida, permitió que muchísimos ciudadanos tomaran hipotecas a tipo fijo que eran licuadas con rapidez por una inflación siempre al alza. España empezó a convertirse en un país de propietarios. Cuando alguien cree recordar que con Franco se vivía mejor, recuerda probablemente esa época final.

A partir de 1977 y de los Pactos de la Moncloa, uno de cuyos fundamentos era la contención de los salarios para combatir la inflación, no se ha abandonado la ruta. La llegada del PSOE al poder con una mayoría absolutísima, en 1982, marcó el ajuste más duro desde el plan de estabilización de 1959.

El objetivo de Felipe González era el ingreso de España en las Comunidades Europeas, y eso parecía justificarlo todo: desde el cierre de empresas públicas a la liberalización financiera, desde el desempleo salvaje a unos tipos de interés no menos salvajes.

La “beautiful people” formada en el tardofranquismo que dirigía la economía gubernamental veía en un desempleo alto el mecanismo más eficaz para mantener bajos los salarios. En aquella época se puso de moda un palabro, NAIRU (siglas inglesas de Tasa de Desempleo no Aceleradora de la Inflación). Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, calculó en 1992 que la NAIRU mínima estaba en el 12%. Es decir, que con un paro inferior al 12%, los salarios tendían a subir. Por tanto, resulta evidente que el PSOE de González (ay, aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo) nunca tuvo interés en fomentar el empleo.

En 1989, cuando la peseta entró en el Sistema Monetario Europeo, Carlos Solchaga decidió darle a la moneda española un tipo de cambio exageradamente alto. Él mismo explicó después que el objetivo de esa sobrevaloración era reducir la competitividad de las empresas exportadoras y obligarlas a compensar esa dificultad por otra vía: la contención salarial, obviamente.

Entre 1996 y 2004, la era de José María Aznar, las privatizaciones, la euforia inmobiliaria y el euro (“España va bien”) crearon un espejismo de riqueza, mantenido durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El retorno del PSOE a las tareas de gobierno no supuso cambios notables en lo económico: Pedro Solbes prevaleció sobre Miguel Sebastián y mantuvo la ortodoxia. Ya estaba establecido como mantra que la Unión Europea y los mercados financieros no permitían otra cosa.

En 2010, con la Gran Recesión devastando las economías mundiales y dejando a la española al borde de la quiebra, Zapatero tuvo un reflejo socialdemócrata e intentó elevar el gasto público para paliar las consecuencias sociales de la crisis. Solbes lo rechazó y dimitió.

Sobre el brutal ajuste ejercido desde 2012 por Mariano Rajoy no hay mucho que decir: recorte salarial a los funcionarios, congelación de las pensiones y una devaluación interna (como no era posible devaluar el euro, se devaluó a los ciudadanos) que bajó drásticamente los sueldos. A día de hoy, aún no se han recuperado.

El gobierno de Pedro Sánchez ha intentado mejorar la capacidad adquisitiva de los asalariados con el único instrumento a su alcance, el salario mínimo, y dar aire a la economía con el alza de las pensiones. El salario mínimo (17.094 euros brutos anuales) se acerca cada vez más al salario medio (en torno a los 27.000 euros). Los sueldos se mantienen bajos. Y la guerra en Oriente Próximo eleva la inflación, erosionando de nuevo, por enésima vez, la capacidad adquisitiva.  

Umberto Eco murió hace ya 10 años. Y hace casi 60 de la publicación de Apocalípticos e integrados, una obra clarividente que, pese al tiempo transcurrido, sigue siendo útil para comprender, o al menos intentar comprender, la compleja relación entre identidad, cultura y comunicación de masas.

Eco distinguía entre los apocalípticos, aquellos para quienes la masificación y la popularización del mundo contemporáneo conducían a la estupidez colectiva, la inanidad y el conformismo, y los integrados, que asumían estos fenómenos como resultado natural y esencialmente benéfico de una cierta democratización del poder y del saber.

El gran semiólogo, crítico y escritor italiano no acababa de tomar partido entre apocalípticos e integrados. Reconocía que ambos bandos contaban con argumentos válidos. Más que ambigua, su posición era bastante parecida a la adoptada por José Ortega y Gasset en otra obra clarividente, La rebelión de las masas: el objetivo de ambos consistía en describir una realidad que, como suele ocurrir, abundaba en contradicciones.

No cuesta demasiado, hoy, situar a los medios de comunicación convencionales, lo que en inglés y con mala leche se denomina a veces legacy press, en el bando de los apocalípticos. Y a las redes sociales como hábitat idóneo para los integrados.

Los apocalípticos tenemos (me incluyo) datos, argumentos y convicciones. Entre las convicciones, la de estar en el bando correcto. De ahí una cierta propensión a valorar como graves o leves determinados asuntos, según el ámbito en que se produzcan. Más leves si se trata del ámbito propio, más graves si se trata del ajeno. Hablo de campos ideológicos.

Pongamos un ejemplo. Un apocalíptico más o menos de derechas considerará gravísimos casos de corrupción como los que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García: hablamos de dos secretarios de organización del PSOE y del círculo más próximo a Pedro Sánchez, el que le acompañó en su conquista del poder. Ese mismo apocalíptico apenas verá algún pequeño pecadillo en la orgía de comisiones y enriquecimientos personales que caracteriza la gestión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Un apocalíptico más o menos de izquierdas adoptará la posición contraria. Se horrorizará ante la desfachatez de Ayuso y se mostrará, en cambio, comprensivo ante las cosas que afectan a Pedro Sánchez y al PSOE. Lo mismo si nos referimos al feminismo: como se trata de una causa justa (lo es), el apocalíptico progresista propende a minimizar los posibles efectos no deseados de leyes aprobadas para promocionar y proteger a las mujeres.

Por supuesto, los apocalípticos tienen algo de integrados y no hay integrado sin momento apocalíptico. Umberto Eco detestaba la Wikipedia, plagada de errores, y, sin embargo, recurría a ella con frecuencia.

¿Quiénes son los integrados? Quienes nos manejamos como podemos por la vida, quienes prescindimos de nuestros principios cuando nos conviene (estamos contra los abusos laborales, pero compramos camisas sospechosamente baratas procedentes del sureste asiático), quienes ignoramos mucho más de lo que creemos saber. Y quienes mantenemos un higiénico recelo hacia ciertas élites, sean políticas, intelectuales o económicas. O sea, todos.

El integrado, a la vez empoderado e imbécil, a la vez razonable e inconsecuente, es en esencia pragmático. Está más pendiente de sus prejuicios que de la realidad, con sus detalles aburridos y sus contradicciones, y ahí coincide a veces con el apocalíptico. A diferencia del apocalíptico, acepta como principal marco de referencia su vida cotidiana.

El integrado vota a Isabel Díaz Ayuso, o votaba a Jordi Pujol, o votaba a cualquier socialista que aspirara a la Junta de Andalucía, porque considera o consideraba que, descontados los dramas de los apocalípticos, las corruptelas y las deficiencias de gestión (sanidad, ferrocarriles, etcétera), las cosas en general funcionan, o funcionaban.

El integrado tiende a optar por la estabilidad y la amenidad. El integrado, fácilmente confundible como eso que algunos llaman “pueblo” y otros “gente”, compone una fuerza mansa. Cuando se transforma en elector, el integrado, incluso si se orienta por motivos erróneos, suele tener razón.

La estrategia de Vox se parece muchísimo a la que desarrolló en su momento el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), más conocido como Partido Nazi.

No quiero decir con ello que Vox sea nazi. Vox es, hasta donde puede saberse, un partido ultraconservador y neoliberal que sigue reconociéndose, de alguna forma, en lo que fue el Partido Popular de José María Aznar. A diferencia del NSDAP, su enemigo no son los judíos, sino los musulmanes. Sólo disfruta del belicismo por delegación: aplaude cualquier bombardeo que se le ocurra a Donald Trump. Su líder, a diferencia del cabo Adolf Hitler, ni siquiera ha hecho la mili. Estamos en otros tiempos.

Hablamos de estrategia. De cómo acercarse al poder sin dejarse desgastar por el poder.

Entre 1920 y el intento de golpe de estado de 1923, que llevó a Hitler a prisión, el NSDAP fue muy marginal. Tenía mucha más presencia en la calle, gracias a los matones de la Sturmabteilung (SA), que en el Parlamento o el debate político general. En las primeras elecciones de 1924, el NSDAP obtuvo el 6,5% de los votos y entró con 30 diputados en el Reichstag. Hubo nuevas elecciones en diciembre de ese año y el NSDAP, coaligado esta vez con otro partido, perdió votos y escaños: se quedó sólo con 12.

A partir de ahí, con alzas y bajas, el NSDAP fue subiendo paulatinamente. En un ambiente político violento y febril, con frecuentes elecciones que no resolvían gran cosa, Hitler podía haberse aliado con el conservador Henrich Brüning, con el general Kurt von Schleicher (muy cercano al presidente Paul von Hindemburg) o con el monárquico Franz von Papen. Pero no lo hizo. Hubo acuerdos puntuales, que el NSDAP se esforzó en disimular. Lo suyo era la actividad callejera.

Hitler no tuvo prisa. Esperó a tener el mayor grupo en un Reichstag muy fragmentado y, sobre todo, esperó a que Papen se desgastara. Entonces forzó a Hindemburg y al propio Papen y logró convertirse en canciller como si fuera un “hombre nuevo” en la política, pese a que llevaba diez años politiqueando con unos y con otros. Diez años en los que el NSDAP había desarrollado una campaña electoral permanente, sin enfangarse en la gestión. Lo que sucedió luego es otra historia.

Esa es probablemente la explicación de por qué Vox no se desgasta: está siempre en campaña electoral, es decir, en el ambiente idóneo para la demagogia. Siempre en la calle y en las redes, lo más lejos posible de los despachos.

Cuando ha entrado junto al PP en gobiernos autonómicos, ha escogido las consejerías más folclóricas (en su llamada “guerra cultural”, las decisiones más graves son cosas como cuánto se subvenciona a los toros o quién actúa en las fiestas locales) y ha dejado en manos de sus socios los asuntos peliagudos, como, por ejemplo, la sanidad.

Y, en cuanto ha encontrado la menor excusa, se ha largado. Para seguir haciendo campaña. Es posible que Santiago Abascal sea, como dicen, más bien vago. El caso es que como no necesita dedicar la jornada al trabajo real de un político, la gestión de los asuntos públicos o el ejercicio de la oposición parlamentaria, puede permitirse viajar por todos los rincones de la geografía española. Vale, es fácil andar por ahí prometiendo todo y lo contrario. Pero a eso, al menos, le echa horas. A eso, y a purgar sin pausa a cualquiera que le lleve la contraria dentro del partido.

La posición de Vox resulta muy cómoda. El PP le necesita para gobernar y tiene prisa. Abascal, en cambio, podría pasarse la vida prometiendo “echar a Sánchez” mientras debilita al PP. Como resulta evidente, eso tampoco le va mal a Pedro Sánchez.

Habrá que ver qué ocurre si algún día Abascal y los suyos tienen que ponerse a trabajar y gestionar. Es decir, entran por fin en contacto con la realidad.

La propaganda sionista, la hasbará, no era del todo descabellada en 1948, cuando se creó Israel, y en los años siguientes. Dejando al margen la cuestión palestina, y eso es dejar mucho al margen, era cierto que Israel estaba rodeado por países que deseaban su destrucción. E Israel era, ciertamente, la única democracia laica y parlamentaria de Oriente Próximo.

Han pasado muchos años. Israel es, desde hace al menos medio siglo, la única potencia nuclear de la región, y su ejército ostenta una superioridad abrumadora sobre cualquiera de sus vecinos.

Unos vecinos que, por otra parte, ya no desean su destrucción. Israel mantiene estrechas relaciones diplomáticas, militares y económicas con Egipto y Jordania. Comercia con Arabia Saudí, que exige como única condición para normalizar la relación (una condición que estaba a punto de retirarse cuando la guerra de Gaza detuvo las conversaciones) es el reconocimiento formal de un Estado palestino. Queda como “enemigo” el pobre y desgarrado Líbano, que, pese a la decadencia de Hezbolá, vuelve a ser masivamente bombardeado. Y el Irán de los ayatolás, evidentemente.

La hasbará, que invierte fortunas en reclutar propagandistas y manipular las redes sociales, sigue sin embargo presentando a Israel como una víctima, como un país bajo permanente amenaza existencial, como una pequeña democracia valiente y digna. Se trata de un relato grotescamente falso. Puro terraplanismo. Pero aún hay quien se lo cree. Y, peor aún, hay aún quien dice creérselo sin cobrar por ello.

Israel está en manos de un aventurero corrupto, Benjamin Netanyahu, que ya era trumpista cuando Donald Trump se limitaba a protagonizar “realities” en televisión, y una coalición teocrática de ultraderechistas e imperialistas. Gran parte de la sociedad israelí ha acabado creyéndose su propia propaganda.

Cabe reconocer que Israel sigue rodeado de regímenes infames (no enemigos) y que, mientras mantenga una conciencia crítica (desde los periodistas de Haaretz hasta los ex soldados de 'Breaking the Silence', pasando por los miles de ciudadanos que se oponen a la guerra) podrá seguir luciendo la etiqueta democrática.

La guerra contra Irán, según reconoce la propia administración estadounidense, es una guerra de Israel. El objetivo de Netanyahu consiste en destruir Irán para asegurarse la hegemonía absoluta. Vale. Mientras, sigue expandiendo sus colonias, martirizando a los palestinos de Cisjordania y bombardeando Gaza, porque el objetivo, desde siempre, es el Gran Israel desde el Jordán hasta el mar. Vale. Y bombardea el sur del Líbano, fuerzas de la ONU incluidas, porque puede permitírselo: el mundo, libaneses incluidos, ya se ha acostumbrado.

El gobierno israelí, respaldado por la mayoría de la sociedad israelí, está dispuesto a destruir lo que sea. Ahora cuenta con un presidente de Estados Unidos completamente entregado, por la razón que sea. El propio Netanyahu lo reconoce: “Hemos esperado cincuenta años a que llegara un presidente como este”. Pues ya lo tienen. El resultado está a la vista.

¿Alguien se atreverá algún día a fijar un límite a los desmanes israelíes? ¿Caerá algún día esta patraña de la superpotencia disfrazada de víctima? ¿Hasta dónde debe llegar tanto frenesí destructivo?

Habrán notado ustedes lo que falta en los papeles desclasificados del 23-F. Hemos encontrado algunas novedades, como las charlas de la esposa de Tejero (que podrían llevarse al teatro como un monólogo tragicómico) y las órdenes (“disparar a matar”) transmitidas a los asaltantes de Televisión Española. En general, se confirma lo que ya sabíamos. Pero ahí sigue la ausencia clamorosa.

¿Dónde están los documentos sobre la movilización popular? ¿Por qué no se habla de las multitudes que salieron a la calle en Valencia para enfrentarse a los tanques? ¿Qué se hizo del gentío que rodeó el Congreso en aquella noche fatídica?

No hay nada sobre eso porque nada de eso ocurrió. Y los ciudadanos más jóvenes, lo que no vivieron aquel momento espeluznante, deberían reparar en el detalle.

Con el tiempo se ha construido un relato, comúnmente aceptado, sobre el decisivo papel de la ciudadanía en la transición a la democracia. El relato no es falso: las manifestaciones contra el régimen y la lucha sindical tuvieron peso (y heroicidad) en los últimos años de la dictadura. Sin que la dictadura, con Franco agonizante, aflojara.

El 26 de enero de 1977 hubo masas silenciosas en las calles de Madrid tras el asesinato de los abogados de Atocha, y el 11 de septiembre de ese mismo año, ya celebradas las primeras elecciones democráticas, hubo masas clamorosas en las calles de Barcelona.

Pero en la noche más terrible las calles permanecieron vacías. Algunos quemaban documentos. Otros se refugiaban en casas de amigos o planeaban una fuga al extranjero. Casi todos escuchaban la radio. Todos, menos los golpistas y sus simpatizantes, teníamos miedo.

(Yo, sin radio y convencido de que todo estaba perdido, cargaba un fusil, ochenta balas y unos galones de cabo tomatero en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros en Monzalbarba, Zaragoza, y tenía el doble de miedo: por las mismas razones que todo el mundo, y por la posibilidad de que me ordenaran salir por ahí a disparar contra la gente: moriré sin saber qué habría hecho).

Está muy bien recordar que al día siguiente, el 24 de febrero, ya escuchado el mensaje del rey, ya concluido el secuestro del Congreso y rendidos los secuestradores, cientos de miles de españoles se manifestaron por la democracia y la Constitución.

También está muy bien recordar que, en el momento crítico, nos escondimos.

Aquella noche, quienes salvaron las libertades fueron las élites. Un puñado de personas. El rey. Los jefes militares, que acabaron obedeciendo. Aquellos dos franquistas redomados, Adolfo Suárez y Manuel Gutiérrez Mellado, que se negaron a doblegarse. Aquel viejo comunista, Santiago Carrillo, que se quedó sentado impasible en su escaño y encendió un cigarrillo. Aquella Comisión de Subsecretarios, puro franquismo sociológico, que mantuvo la autoridad constitucional mientras el Gobierno y los diputados eran encañonados por los sublevados.

Recordemos, recordemos. En la noche más oscura faltamos nosotros.

Una parte de las variopintas izquierdas españolas intenta conseguir un pacto electoral. Y la parte que de momento no se aviene, Podemos, plantea una pregunta interesante: ¿para qué?

La coalición que gobierna España desde 2018 hasta la fecha ha venido denominándose “la izquierda” (o “los socialcomunistas” si se mira desde la lejanía ultramontana), pero depende de un partido que tiende al centro (Esquerra Republicana), de otro históricamente asentado en el centro-derecha (PNV) y de un tercero (Junts) rotundamente conservador. Y eso no ha dejado de notarse.

Ahora, cuando los sondeos predicen un tsunami de derecha extrema, todo son prisas. Parece razonable trabajar para que tantos votos de izquierda no sigan perdiéndose por las rendijas de la ley d'Hondt. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos, más allá de ese asunto de pura mecánica electoral?

La izquierda, incluyendo en ella al PSOE, ha fallado a millones de sus votantes naturales, básicamente los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. No es fácil hacer políticas progresistas cuando se depende de los votos de Carles Puigdemont, pero el asunto se complica definitivamente cuando no se definen con claridad los grandes problemas (salarios y vivienda) y cuando no se plantean soluciones lo bastante ambiciosas.

España sufre, desde la gran crisis de 2008 y el “austericidio”, una grave hipotensión salarial. No hacen falta estadísticas, aunque las haya y con datos rotundos, para percibir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Subir el salario mínimo es mejor que no subirlo, aunque, en realidad, resuelve poca cosa cuando el salario mínimo (17.094 euros anuales) tiende a converger con un salario medio (28.049 euros) objetivamente escaso.

Hablamos de una economía, la española, cuyos sectores más dinámicos (turismo y hostelería, construcción, servicios y atención doméstica) se caracterizan por la baja productividad y los salarios rácanos. Es cierto. El tren de las nuevas tecnologías parece haberse perdido definitivamente, en España y en el conjunto de la Unión Europea. Eso es igualmente cierto.

Pero no deja de ser también cierto que sin un gran pacto salarial entre la derecha realmente existente (la empresa) y la izquierda, a cambio de lo que sea (normalmente, aún más ventajas fiscales), las nuevas generaciones están condenadas a la precariedad. Incluso sin contar con los estragos que hará la Inteligencia Artificial.

La izquierda, por tanto, debe comprometerse a luchar, con una mezcla razonable de pragmatismo y ambición, por un gran pacto sobre los salarios que aúpe a España, al menos, hasta la media europea.

Lo otro es la vivienda, y ahí está el ejemplo de Viena, donde el 60% de los pisos son sociales y protegidos. Se trata de un objetivo a largo plazo con enormes inversiones públicas y, por tanto, requiere de otro gran pacto con la derecha realmente existente (sí, la empresa) para evitar que un vaivén electoral, como el que parece aproximarse ahora, descarrile el proyecto.

¿Para qué ha de unirse la izquierda? Para ofrecer, con un mínimo de solvencia, mejores salarios y más viviendas. Para mirar a largo plazo. Y para no perder tiempo en cuestiones muy secundarias. La civilización europea se basa en el progreso y el bienestar. Cosas como el burka corresponden a las ordenanzas municipales.

¿Ha entrado el gobierno de Pedro Sánchez en fase terminal? Probablemente sea prematuro formular ese diagnóstico. Ya hemos visto increíbles pruebas de resistencia y recuperaciones casi milagrosas. Pero los síntomas negativos se acumulan.

Los gobiernos que se descomponen suelen errar en sus cálculos. Fue el caso de Margaret Thatcher en 1988. Se empeñó en cambiar la financiación de las entidades locales y crear un solo tributo, el “poll tax”, idéntico para todos los ciudadanos, fueran cuales fueran su renta y sus circunstancias. Thatcher sabía que el “poll tax” resultaría impopular, pero había calculado que dañaría más a los municipios ricos con mayoría laborista (sobre todo en Londres y su entorno) y que cualquier reacción en contra desembocaría, como otras veces, en la impotencia electoral de la oposición, dirigida por Neil Kinnock. Sus ministros la advirtieron. Ella siguió adelante. En 1990, las protestas contra el “poll tax” causaron los disturbios más graves en Londres desde 1888. Su propio partido hizo caer a Thatcher.

No es muy distinto el “cálculo del miedo a Vox”. Pedro Sánchez cree que el auge de la ultraderecha movilizará a los votantes de izquierda, como sucedió, hasta cierto punto, en 2023. Sucesivas elecciones autonómicas parecen indicar, sin embargo, que esa reacción es cada vez menos perceptible.

Los gobiernos que se descomponen cambian el debate interno por las trifulcas. En 1995, François Mitterrand estaba a punto de concluir su segundo y último mandato. El cáncer le acercaba también al final de su vida. Pero se obstinó en colocar a su amigo Jack Lang (hoy retirado y denostado por su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein) como candidato presidencial del Partido Socialista. Mitterrand, según su costumbre, no dijo nada abiertamente: se limitó a favorecer la bronca interna en el partido con la idea de perjudicar al líder natural, Lionel Jospin. Consiguió arruinar cualquier opción de la izquierda.

Estos días ha brotado en el entorno de Pedro Sánchez una absurda polémica en torno a la responsabilidad por la tremenda derrota en Aragón. Óscar López, ministro y futuro candidato socialista en las autonómicas madrileñas, ha culpado a Javier Lambán, dirigente regional del partido que falleció el pasado año. Otros (no Sánchez) han tenido que salir en defensa de Lambán. Y, mientras, las críticas de Felipe González a Sánchez han vuelto a causar urticarias.

Los gobiernos que se descomponen acumulan deudas políticas. Alberto Fernández, presidente peronista de Argentina (2019-2023) no cometió ningún error gravísimo. Pero encadenó problemas. Muchos de ellos, relativos a la corrupción, heredados del mandato de Cristina Fernández de Kirschner. Cuando comenzó la pandemia, en 2020, proclamó que la salud era más importante que la economía y ordenó un confinamiento que duró dos meses. El Estado se encargó de pagar salarios. Con el regreso a la normalidad, el FMI y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, preconizaron un ajuste fiscal para aliviar la deuda acumulada por el Covid. Fernández consideró que el ajuste perjudicaría especialmente a la clase trabajadora y optó por emitir dinero. La inflación se disparó hasta el 12 por ciento mensual, la más alta desde 1991. En las elecciones presidenciales de 2023, los argentinos dieron la victoria al candidato de la motosierra y el ajuste brutal.

No es difícil deducir que los problemas de los ferrocarriles españoles comenzaron con el “austericidio” en el mandato de Mariano Rajoy. Pero le han estallado a Pedro Sánchez. Y lleva ya demasiado en el cargo como para culpar a otros. A la crisis ferroviaria (puro veneno electoral) se suma el hecho de que José Luis Ábalos, presuntamente implicado en notorios casos de corrupción, fuera ministro de Transportes durante tres años. Cosas que pasan.

Hay otros factores exógenos que contribuyen a descomponer un gobierno. Un mal invierno climático, por ejemplo. O un entorno internacional adverso. O un debilitamiento de sus socios de coalición. Todo suma. Es decir, todo resta.

A Rocío Jurado se le rompió el amor, de tanto usarlo. Son cosas que pueden pasar. Y en esas está el sistema autonómico, una de las vigas maestras de lo que algunos llaman “régimen del 78” y otros consideran un arreglo pasablemente democrático que ha permitido a los españoles, por primera vez en siglos, vivir 50 años sin guerras ni dictaduras.

La fiebre nacionalista, en su variante de postureo, ha llegado incluso a Aragón. Me refiero a un postureo casi acrobático. Jorge Azcón, presidente del Partido Popular aragonés, presidente de la comunidad autónoma y candidato a la reelección, ha conseguido azuzar los instintos tribales por un lado y por otro.

Es capaz de prometer que, mientras él mande, no habrá ningún trasvase del Ebro, porque ese río es maño y de nadie más. Lo cual suena poco español. Pero también es capaz de rechazar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, porque no está dispuesto a “pagar las deudas de los catalanes”. Y eso, a según quién, le sonará españolísimo y altamente patriótico.

A veces habla de “las deudas de los catalanes”. Y otras veces, de “las deudas de los independentistas catalanes”. Con lo que “catalanes” e “independentistas” se convierten en términos intercambiables. Desde el desastre de 2017, aquella brillante maniobra encabezada por Carles Puigdemont que concluyó en sentimiento de derrota para unos y para otros, lo de los “catalanes” da mucho juego electoral a la derecha española.

Mientras Aragón se dispone a acudir a las urnas, con la izquierda (supuestamente “vendida” a los catalanes en general) cruzando los dedos para que su derrota no alcance la condición de calamitosa, en Cataluña vuelven las manifestaciones de protesta por el funcionamiento de Rodalies, la red ferroviaria regional.

Cabe recordar que la primera manifestación masiva contra el desastre de Rodalies data de 2007, hace casi 20 años. La organizó la Plataforma por el Derecho a Decidir y abrió camino al independentismo. Casi 20 años ya, y Rodalies no ha hecho más que empeorar. Un año tras otro, las inversiones presupuestadas para adecentar la red se han quedado en el papel porque sólo se ha ejecutado una pequeña parte de las obras previstas.

El accidente mortal en Gelida, la paralización completa del tráfico ferroviario y su reanudación, parcial y deficiente (tan parcial y deficiente que no hay estómago para cobrar a los viajeros), sin perspectivas de mejora a la vista, demuestra que ciertos agravios largamente denunciados por los catalanes, sean independentistas, españolistas o mediopensionistas, tienen mucho fundamento.

Hay que ser usuario de Rodalies para comprender hasta qué punto el caos ferroviario complica la vida colectiva.

Y ahí estamos. Todos humillados y ofendidos, todos jugando la carta de la insolidaridad, todos abusando del tribalismo y la demagogia. Y todos tironeando, indiferentes a los problemas reales de los ciudadanos, de un sistema autonómico que nunca acabó de construirse (la inutilidad del Senado) y que, a este paso, tiene complicado sobrevivir como mecanismo funcional. ¿Alguien ha pensado qué pasará si llega a romperse? 

Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

Construir una federación cuesta lo suyo. La Unión Europea lo demuestra: sigue siendo una confederación laxa en la que el centro burocrático, eso que llamamos “Bruselas” para abreviar, percibe de forma directa poco más del 1% del total de los ingresos fiscales. Y esa es una de las claves de la dificultad con que la Unión Europea afronta el nuevo mundo.

El proceso de construcción comienza siempre con la deuda. En 1790, poco después de la guerra de independencia contra el imperio británico (1775-1783), Alexander Hamilton, secretario del Tesoro cuando aún no existía ningún tesoro propiamente dicho, decidió que la única manera de unificar una colección de estados dispares consistía en unir las deudas causadas por el conflicto.

Los estados del sur, encabezados por Virginia, debían muy poco. Los del norte debían hasta la camisa. Para convencer a los sureños de que aportaran su solvencia a la insolvencia norteña, se les ofreció albergar la capital federal. Y empezó a construirse Washington junto a Virginia.

(La Unión Europea ya ha dado algunos pasos en esa dirección. Tiene una capital entre Francia y Alemania y, con los eurobonos de la crisis de 2008 y la emisión de deuda europea emitida durante la crisis pandémica, ha conseguido crear una pequeña suma, en términos relativos, de deuda común. También existe un Banco Central Europeo que, a día de hoy, es la única institución federalizada).

Pero, tras la gesta de Hamilton, el país denominado Estados Unidos permanecía aún poco unido. Lo demostró la guerra civil (1861-1865), causada por la secesión de los estados sureños, agrícolas y esclavistas. La elección como presidente de Abraham Lincoln, norteño, antiesclavista y favorable a la industria, causó la ruptura.

El norte unionista ganó la guerra, pero la unidad sólo pudo consolidarse porque Lincoln, en 1861, había creado (con grandes dificultades legales) el primer impuesto federal sobre la renta, “a pagar por cada persona residente en Estados Unidos”. Hasta entonces, el gobierno central se financiaba con los aranceles portuarios y algunas tasas sobre el consumo.

(La burocracia central de la Unión Europea se financia fundamentalmente, como los Estados Unidos previos a la secesión y la guerra, a través del IVA, un impuesto sobre el consumo que recaudan los países miembros).

De una forma instintiva, los ciudadanos sabemos quién nos manda y a quién debemos exigir responsabilidades: es quien nos cobra el impuesto sobre la renta. Eso ha quedado muy claro tras los recientes accidentes ferroviarios. Incluso las quejas más chuscas, las de “se lo gastan en putas en lugar de mantener las vías” (he hecho un cálculo somero y la frase no puede ser completamente cierta: harían falta 350.000 prostitutas, a razón de un millón de euros anuales, para fundir la recaudación fiscal española), suponen un reconocimiento de poder.

La única vía para iniciar la federalización europea y crear servicios comunes eficientes, como un sistema defensivo lo bastante disuasorio frente a los imperios agresivos, es la creación de un tramo del IRPF europeo: dinero que “Bruselas” sacaría de nuestro bolsillo sin intermediarios.

Los mecanismos fiscales directos funcionan de maravilla. Quien paga, manda, aunque no siempre lo parezca, y la ciudadanía de la Unión empezaría a reclamar a “Bruselas”, incluyendo su apéndice parlamentario, eficacia, transparencia y, sobre todo, democracia.

En cuanto alguien, en Mondoñedo o en Ámsterdam, se queje de que “en Bruselas se gastan nuestro dinero en putas”, estaremos al cabo de la calle.

O la Unión Europea se federaliza, y rápido, o nos vamos a hacer puñetas.  

Hacen falta siglos para que un imperio asimile su decadencia. Recuérdese el periplo descendente de España entre el XVII y el XX. En el caso de los países europeos, cuya antigua hegemonía mundial colapsó en un doble suicidio colectivo (1914-1918 y 1939-1945), la decadencia ha dejado dos rasgos característicos: la hipocresía y la ofuscación.

Vamos con la hipocresía. Hace un par de semanas, la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, reaccionó al secuestro de Nicolás Maduro y su esposa con una frase esperable: “Bajo cualquier circunstancia, los principios de la legalidad internacional y la Carta de las Naciones Unidas deben ser respetados”.

Por supuesto, añadió que desde Bruselas los acontecimientos eran “seguidos con atención”. Esa es una especialidad europea: la atención como sustituta de la acción.

¿Legalidad internacional? La Unión Europea no se obsesionó con ella cuando Bill Clinton aprobó, en 1993, las “extraordinary renditions”, es decir, el secuestro de ciudadanos (presuntos terroristas) en cualquier lugar del mundo y su traslado a un tercer país (Egipto y Libia, sobre todo), donde podían ser interrogados bajo tortura. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush hizo un uso intensivo de las “extraordinary renditions”. Como el objetivo consistía en desarticular Al-Qaeda, la UE cooperó.

La OTAN estableció pasillos aéreos (encubiertos) para los vuelos de los secuestrados, con el asentimiento de sus países miembros, mayormente europeos. Los servicios secretos italianos cooperaron con la CIA para secuestrar en Milán al egipcio Abu Omar. El Reino Unido ofreció sus aeropuertos. Polonia acogió secuestrados en la base militar de Stare Kiejkuty.

Para qué recordar el bombardeo de Serbia. Para qué recordar el bombardeo de Libia (iniciado por aviones franceses, poco después de que Gadafi financiara la campaña electoral de Nicolas Sarkozy).

La hipocresía, dirán algunos, es parte de la diplomacia. Cierto. Pero no encaja con los alardes de “superioridad moral”, tan frecuentes entre los dirigentes europeos. Con la presunta superioridad moral, en este caso, se intenta disimular la inferioridad física.

Un monumento a la hipocresía ha sido la actitud europea respecto a la OTAN a partir de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética y la alianza atlántica dejó de ser útil para Estados Unidos. Pese a ser conscientes de lo contrario, los dirigentes europeos simularon (y prometieron a los ciudadanos) que el paraguas defensivo iba a durar para siempre y, además, seguiría saliendo baratísimo. Ahora, cuando Donald Trump ha dejado las cosas claras, todo son caras de sorpresa.

Vayamos con la ofuscación. Que tiene causas históricas y dignísimas raíces ideológicas, pero no deja de ser ofuscación. Y viene de antiguo. En 1933, por ejemplo, el Partido Laborista británico patrocinó una huelga general destinada a forzar el desarme del país. Y el sindicato de estudiantes de Oxford proclamó su rotunda negativa a combatir. Era comprensible. El Reino Unido estaba traumatizado por la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Todos querían la paz. Pero Adolf Hitler se había hecho con el poder en Alemania, y su libro “Mein Kampf” no dejaba dudas sobre sus intenciones.

Una parte considerable de la élite conservadora europea admiraba en esa época a Benito Mussolini (“el máximo legislador entre los hombres”, según Winston Churchill) y a Adolf Hitler. También ahora hay, por distintas razones, admiradores de Donald Trump o Vladimir Putin. Otra parte de la élite temía a los nuevos dictadores del continente, pero preconizaba el apaciguamiento o directamente el desarme. Ofuscación generalizada.

Hoy en Europa conviven, como entonces, quienes aplauden a Trump y quienes le temen. Cabe suponer que organizaciones trumpistas como Vox desplegarían también en la calle, si pudieran, a los nuevos “camisas pardas” (lo que en Estados Unidos llaman ICE) para eliminar a los inmigrantes y amedrentar al resto. Los trumpistas, incluyendo esos que reclaman a Trump que olvide la soberanía española y secuestre a Pedro Sánchez, son precisamente quienes califican a los demás de “felones” y “vendepatrias”.

Quienes temen a Trump, o a Putin, o razonablemente a ambos, procuran no hacer nada. Cierran los ojitos, aprietan los puñitos y se escudan en sus principios: no al gasto militar, no al belicismo, vivan la paz y la democracia. Igual que en el pasado, creen que la propia indefensión (y los comunicados, y la atención al seguir los acontecimientos) disuadirán a los predadores. Ofuscación. 

Estamos ante la caricatura de una caricatura: Donald Trump no se parece tanto a Adolf Hitler como al mafioso de “La resistible ascensión de Arturo Ui”, la obra con la que Bertold Brecht diseccionó, entre la sátira (el primer objetivo de Ui consiste en monopolizar el mercado de la coliflor) y la tragedia, el acceso al poder del dictador nazi.

Brecht escribió su célebre pieza en 1941, cuando el ejército de Hitler invadía de forma arrolladora la Unión Soviética y parecía destinado a dominar el mundo, con la excepción de las Américas. Pero Brecht no se centró en eso, sino en cómo la corrupción y el miedo pueden dejar una sociedad entera, la alemana, a los pies de un dictador sin escrúpulos.

Y en eso, deslumbrados por la delirante arrogancia de la política exterior de Trump, no estamos fijándonos demasiado.

Donald Trump tiene planes a largo plazo. El control remoto del petróleo venezolano, la voluntad de anexión (“por las buenas o por las malas”) de Groenlandia, un territorio perteneciente a uno de los más fieles aliados de Washington (desde 1801) y, en general, el establecimiento de un sistema de relaciones internacionales “realista”, o sea, basado en la fuerza, implica tiempo y dinero.

Y que haya tiempo y dinero no depende de Trump, sino de los ciudadanos estadounidenses.

En noviembre se celebrarán elecciones parlamentarias y se renovará parcialmente el Congreso. Trump es impopular. Lo sabe él y lo sabe el Partido Republicano. Puede sufrir una derrota y perder su actual mayoría absoluta en ambas cámaras. Ya sabemos que Trump asume mal los fracasos: su primer mandato presidencial acabó con un asalto violento al Capitolio de Washington.

¿Qué hará si el Congreso deja de validar sus decisiones? Eso está por ver. También está por ver si el trumpismo será capaz de prolongarse más allá de la presidencia de Trump, algo que a veces damos por descontado con demasiada facilidad.

Habrá quien piense que Trump asumirá poderes dictatoriales y seguirá su camino. No es descartable. Pero resultaría complicado.

En “La resistible ascensión de Arturo Ui”, Brecht describe cómo el mafioso Ui, caricatura de Hitler, se gana al empresariado mediante la corrupción, al sindicalismo mediante el miedo y a la gente mediante la demagogia. Brecht habla de Alemania. Y conviene recordar que Alemania no se parece en nada a Estados Unidos.

Dentro de la lista casi infinita de diferencias, destaca una, básica y fundacional. Alemania se unificó en 1870 no como estado, sino como imperio, en torno al poder prusiano, y su organización política y social se caracteriza históricamente por el orden jerárquico, la disciplina cotidiana y la confianza en quien manda.

Estados Unidos, por el contrario, nació como proyecto bélico (eso es la Declaración de Independencia) opuesto al imperialismo británico y, sobre todo, como una asociación de ciudadanos recelosos frente al poder. De ahí la cultura de las armas: en su origen, y hasta cierto punto aún hoy, se supone que el ciudadano debe estar armado para protegerse ante cualquier abuso del gobierno federal.

Los más feroces partidarios de la posesión de armas han venido componiendo, precisamente, la base electoral de Trump.

Quizá para el destino inmediato del mundo lo más relevante no haya ocurrido en Venezuela, o pueda ocurrir en Groenlandia, sino en las calles de Estados Unidos. El despliegue armado del ICE (Immigration and Customs Enforcement), un servicio federal, atenta directamente contra los instintos más primarios del trumpismo, además de vulnerar los principios más básicos de la civilización.

Al neoconservadurismo estadounidense, por llamarlo de alguna forma, no ha de desagradarle en absoluto que se persiga con violencia a los inmigrantes, a los extranjeros o, ya puestos, a los “izquierdistas trastornados”, como llama la Casa Blanca a sus víctimas con pasaporte estadounidense (incluso si se trata de mujeres blancas, con hijos rubios y viudas de un veterano de guerra). Sin embargo, que una agencia federal patrulle las calles con tanta arrogancia como mala preparación toca un nervio del trumpismo.

Los estadounidenses llevan años siendo azuzados hacia el enfrentamiento interno e incluso hacia la guerra civil. Las redes sociales, en manos de oligarcas entregados a Trump, han hecho todo lo posible por difundir el odio al vecino. En mi opinión, resulta más verosímil (aunque improbable) un violento conflicto entre estadounidenses que la implantación de una dictadura. Es decir, lo contrario a lo ocurrido en Alemania hace casi un siglo.

Una mitad de Estados Unidos odia desde siempre a Trump. En la otra mitad, la trumpista, con muy variados grados de adhesión al líder, empiezan a abrirse grietas. Hay senadores rebeldes, pocos de momento. Hay cuadros del Partido Republicano que sienten vértigo. Hay votantes desencantados.

No será la Unión Europea con un comunicado, ni siquiera China con su inquietante silencio, quien restablezca un mínimo de sensatez en las relaciones internacionales. Eso está en manos de un granjero de Iowa con un arsenal en el granero, un desprecio profundo por lo que ocurre en Washington y un absoluto desinterés por eso que llamamos orden mundial. 

Donald Trump puede ser acusado de muchas cosas, y muy graves. Pero no de dinamitar un derecho internacional que, históricamente, las grandes potencias han ignorado siempre que les ha convenido. De hecho, lo que llamamos derecho internacional nunca ha sido más que una concesión de los más fuertes y, secundariamente, un recurso optativo al que los más fuertes han recurrido cuando les ha resultado fácil y conveniente.

Estados Unidos contó con el aval de la ONU para invadir Kuwait en 1991. En 2003 no lo obtuvo para invadir Irak, y la guerra (acompañada por la gran patraña de las armas de destrucción masiva, en la que cooperaron Tony Blair y José María Aznar) ocurrió de todas formas. La Unión Soviética apeló al Pacto de Varsovia para justificar la invasión de varios países europeos de su órbita (Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968), pero en 1979 invadió Afganistán simplemente porque lo creyó apropiado.

Durante la guerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética (y en menor medida la República Popular China) batallaron por delegación en Asia (Corea, Vietnam o Camboya), África (no hay aquí espacio para detallar los conflictos patrocinados por unos y otros) e Iberoamérica. Baste citar los golpes de Estado en Chile (1973) y Argentina (1976), dirigidos desde Washington, o la invasión en 1983 de la pequeña isla de Granada, ordenada por Ronald Reagan.

Pero ya antes de la guerra fría la doctrina Monroe (América para los americanos, bajo el sobreentendido de que América, la de todos, es para los americanos de Estados Unidos) había sido invocada para decenas de intervenciones militares en Iberoamérica: Panamá, República Dominicana, Colombia, Honduras…

¿Y terminada la guerra fría? Lo mismo. El 3 de enero de 1990, hace exactamente 36 años, George Bush padre lanzó la invasión de Panamá y secuestró al dictador Manuel Noriega, que había sido agente encubierto de la CIA cuando el mismo Bush padre dirigía la agencia. En 1998, Bill Clinton mandó bombardear Sudán sin otro motivo aparente que distraer la atención de los estadounidenses en pleno escándalo Lewinsky.

Y así han venido funcionando el derecho internacional y la llamada multilateralidad. No hace falta que hablemos del genocidio que Israel inflige a los palestinos, con el apoyo de Estados Unidos y la aquiescencia de varios países europeos, empezando por Alemania. Ahí, en la cuestión palestina, las potencias impotentes (la Unión Europea es el ejemplo más claro) no sólo invocan el derecho internacional. También insisten en la fantasmagoría de “la solución de dos Estados”, algo ya imposible porque Israel se ha comido todo el territorio disponible.

La única diferencia con el pasado es la desfachatez. Hasta hace poco, la simple mención de una deportación masiva retrotraía a episodios muy oscuros de la historia humana: el genocidio de los nativos en Norteamérica, el comercio de esclavos, el genocidio armenio a manos de los turcos o las atrocidades cometidas por Josif Stalin contra su propia población, por citar algunos ejemplos.

Ahora se ganan elecciones con la promesa (o la ejecución) de deportaciones masivas de inmigrantes. O de nativos, como en el caso de Palestina.

La Unión Europea y un puñadito de países tan civilizados como impotentes se han quedado solos invocando el derecho internacional. En el mundo no rige otra ley que la fuerza, como saben muy bien Donald Trump y Vladímir Putin. Ya puestos en el sarcasmo, el próximo Premio Nobel de la Paz debería ser entregado, ex aequo, a los dos.

En otras páginas de esta revista se habla de amor, sentimientos y emociones. Aquí hablaremos de matrimonios. Es decir, de política. Y de por qué el sistema, cualquier sistema, a lo largo de la historia y ahora mismo, favorece a las parejas unidas por alguna forma de contrato.

“Hasta finales del siglo XVIII, la mayoría de las sociedades en todo el mundo consideraban el matrimonio una institución política y social demasiado importante como para dejarla en manos de las apetencias de dos individuos”, dice Stephanie Coontz en su ‘Marriage, a History’, no traducida aún, creo, al español.

¿Hasta finales del siglo XVIII? No, hasta hoy mismo. Stephanie Coontz se refiere a la irrupción del amor y de la gratificación sexual como motivos para contraer matrimonio. Efectivamente, la Edad de la Razón y de los derechos individuales altera la sociedad y, con ella, la institución matrimonial. Pero la pareja estable y legalizada (y los hijos que suele acarrear consigo, eso que llamamos familia) sigue siendo considerada la célula básica de la organización social.

Tendemos a pensar, cuando dejamos los sentimentalismos al margen, que el matrimonio es un mecanismo ideado por los humanos para canalizar los apetitos sexuales y facilitar la crianza y educación de los cachorros de la especie. En parte, es cierto. Pero contemplémoslo desde otra perspectiva. El antropólogo británico Edmund Leach lo ve como un regulador de la propiedad, como el conjunto de leyes y costumbres que permiten que la riqueza y el prestigio social se perpetúen de generación en generación.

Si viajamos al principio de la historia humana comprobamos que el matrimonio, en efecto, servía para crear, acumular y perpetuar riqueza y poder. En las antiguas sociedades, superada la etapa tribal y nómada, solo se casaba la gente importante y lo hacía con fines políticos y económicos: unir dinastías, forjar alianzas, ensamblar territorios. Las personas de a pie se limitaban a juntarse, sin ceremonias ni aspavientos, sin promesas de amor eterno ni compromisos de fidelidad. No eran todavía células básicas de nada, porque, dada su carencia de patrimonio, se consideraban irrelevantes.

(Una advertencia obvia: en este texto no se contemplarán instituciones sociales como la poligamia patriarcal entre los musulmanes o los mormones ni los miles de fórmulas distintas y altamente imaginativas con que se arreglan las sociedades tribales aún existentes).

¿Por qué desde el principio de la civilización humana se juntaba la gente en parejas? Olviden el sexo, para el que nunca han hecho falta emparejamientos estables. La teoría que podríamos denominar “machista” dice que la mujer buscaba unirse a un hombre por necesidad de protección en un ambiente hostil. Otra teoría, de tendencia opuesta, afirma que el hombre, válido como cazador y poco más, necesitaba la “tecnología” (en alimentación, en curtido de pieles, en los balbuceos de la agricultura, en crianza) que poseían las mujeres, y por tanto buscaba la compañía femenina estable. Según esa idea, con el tiempo el hombre transformó el matrimonio en instrumento de opresión para adueñarse de toda la aportación femenina.

Una tercera teoría, que no parece insensata, apunta a que el matrimonio neolítico se establecía realmente entre hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el novio se “casaba” con su suegro y sus cuñados a través de la novia, convertida en “contrato” de carne y hueso, para integrarse en un clan. Esa es la tesis del antropólogo estructuralista Claude Levi-Strauss.

La célebre Atenas de los filósofos no era muy partidaria del matrimonio, considerado un engorro, un obstáculo para la cohesión social. Aristóteles pensaba que el ciudadano debía fidelidad a la Polis, no a su mujer o a su familia. Platón llegó a sugerir la abolición de la familia. En general, entre los antiguos griegos se valoraba positivamente la pareja homosexual entre un hombre mayor y un muchacho: se consideraba una buena fórmula educativa. Y también militar. El famoso Batallón Sagrado de Tebas, de gran efectividad bélica, estaba compuesto por 150 parejas homosexuales.

Los romanos, siempre más prácticos que nadie, dejaron el matrimonio de las clases populares en manos de cada uno: las parejas podían unirse o separarse mediante una simple declaración privada. Ese no era el caso, por supuesto, en las familias importantes. El Derecho romano, cuya influencia llega hasta hoy, formaliza la relación, no solo fonética, entre “matrimonio” y “patrimonio”: volvemos al concepto de la pareja como mecanismo de transmisión de riqueza y prestigio.

La irrupción del cristianismo convirtió el matrimonio, por un tiempo, en una especie de mal menor que idealmente debería evitarse. El cristianismo de los primeros tiempos pensaba que el fin del mundo estaba próximo, que era fundamental prepararse para el juicio divino y que, en tales circunstancias, la mujer (o el hombre) y los hijos suponían una distracción inconveniente. El papa Gregorio Magno (540-604) afirma que “la unión conyugal no puede darse sin placer carnal, y ese placer bajo ninguna circunstancia carece de culpa”.

El cristianismo primigenio hizo, paradójicamente, menos énfasis en la promoción del matrimonio que en la prohibición estricta del divorcio (admitido tanto en la sociedad judía como en la romana): “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”, se dice en el Evangelio de Marcos. La poligamia quedó también muy prohibida.

Dijera lo que dijera el papa Gregorio, la población de la alta edad media siguió por supuesto uniéndose en parejas. Incluyendo a los sacerdotes. En 742, el papa Zacarías tuvo que prohibir la celebración de la Eucaristía a los clérigos que cometieran adulterio y bigamia; los que contaban con parejas estables (casi todos) podían seguir con lo suyo. El celibato sacerdotal no se impuso hasta mucho después, en el siglo XII.

En la Edad Media, el matrimonio o la simple pareja constituían una necesidad económica de primer orden. Se trataba de una sociedad fundamentalmente agraria. El señor feudal, laico o eclesiástico, tenía interés en la división doméstica del trabajo entre hombre y mujer. Uno producía, la otra manipulaba y comercializaba.

El señor también tenía interés en que los matrimonios se realizaran dentro de su propia comunidad feudal, para evitar la emigración de personas jóvenes a otros feudos. Y tenía muchísimo interés en que los hijos se mantuvieran sometidos al orden jerárquico y obedecieran a sus padres, que a su vez obedecían al terrateniente. En el siglo XIV, los señores feudales alemanes, con la amenaza de la multa o la cárcel, podían imponer el matrimonio a los hombres mayores de 18 y a las mujeres mayores de 14. Y podían también cobrar un impuesto especial a las mujeres que tuvieran vida sexual sin casarse: constituían una distorsión en la jerarquía de una sociedad hecha a medida de la aristocracia y la iglesia. La pareja oficializada y con hijos ofrecía bastantes garantías de obediencia. 

Hay quien se queja de la laxa moralidad contemporánea, pero en la Inglaterra de los siglos XIII y XIV uno de cada dos niños nacía fuera del matrimonio.

El gran fenómeno del siglo XIV en Europa (el continente del que nos ocupamos por ahora) fue la peste negra: más de 100 millones de muertos, quizá hasta 200, lo que suponía al menos la mitad de la población continental. El desastre demográfico encareció una mano de obra muy escasa, lo cual tuvo como efecto secundario un incremento en el valor patrimonial del matrimonio: floreció la artesanía y las parejas empezaron a interesarse en acumular algún capital antes del casamiento, normalmente mediante el trabajo, tanto ellos como ellas, en el servicio doméstico de las clases altas. Ahorrar para montar un comercio o un taller llevaba algún tiempo. Eso retrasó hasta los 27 años, en promedio, la edad en que se establecía un hogar conjunto.

Y en esto llegó la reforma protestante. En 1517, Martín Lutero expuso sus tesis críticas con el papado. El movimiento religioso se extendió con rapidez, glorificando el matrimonio (también entre los curas y las monjas) y el enriquecimiento (como señal de benevolencia divina hacia quien se hacía rico). Mientras Roma insistía en la supremacía del celibato, Lutero proclamaba que el matrimonio era el estado natural del ser humano. “Hasta los árboles se casan, incluso hay matrimonio entre las piedras y las rocas”, escribió Lutero en un arrebato lírico.

El protestantismo coincidió con un progresivo auge del individualismo. El pronombre “yo” empezó a predominar. Las familias y las comunidades perdieron influencia a la hora de decidir quién se casaba con quién. Y las nuevas condiciones económicas favorecieron la aparición de gentes “sin dueño” (ese era el término usado en Francia y Alemania): emigrantes, mercenarios, vagabundos… Muchas ciudades europeas prohibieron la residencia a las mujeres solas, a no ser que se emplearan en el servicio doméstico. Los hombres solos eran vistos como una amenaza sobre el orden público. La opción de la soledad autónoma se consideraba subversiva.

Todo esto afectaba casi exclusivamente a lo que luego se denominó proletariado. Las clases pudientes (que, por pudientes, podían permitirse ciertas dosis de libertinaje) seguían concentradas en el matrimonio-empresa. Va un ejemplo. Thomas Pepys estaba casado con una hermana del famoso escritor inglés Samuel Pepys (1633-1703). Cuando ella murió, Thomas pidió a Samuel que le ayudara a buscar una nueva esposa, “viuda, sin hijos pero con una buena renta, abstemia, trabajadora y tacaña”. No lo decía en broma. Era el sentido común imperante en la época.

¿Cómo se mezcló el amor en todo esto? Siempre hubo enamoramientos, pero solían considerarse tonterías juveniles o episodios pasajeros. La literatura medieval está llena de amores imposibles (recuérdese la Dulcinea del Quijote, parodia de las novelas de caballerías) y de adulterios. La literatura de la edad moderna tiende a asociar el gran amor con la tragedia: piensen en Romeo y Julieta o en Otelo y Desdémona, en las obras de William Shakespeare.

Sin embargo, a finales del siglo XVIII, el individualismo y la Ilustración generan un anhelo novedoso, “la búsqueda de la felicidad”, incluido por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de las colonias americanas (1776). Según el historiador Jeffrey Watt, el matrimonio dejó de ser un instrumento económico, un arreglo para facilitar la vida o un sacramento: “El amor se convirtió en el criterio esencial para elegir cónyuge”. El absolutismo entraba en proceso de desaparición. En 1789, la Asamblea Nacional revolucionaria aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1791, la intelectual feminista Olympe de Gouges (de verdadero nombre Marie Gouze) escribió una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

Olympe de Gouges despreciaba personalmente la institución matrimonial (“tumba de la confianza y del amor”, la llamaba). Desde un punto de vista político, sin embargo, concedía al matrimonio una función fundamentalísima. En el artículo 3 de su Declaración se decía: “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación, que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos”. Y ahí tenemos la pareja como fuente última de la soberanía.

La feminista revolucionaria exigía que las mujeres tuvieran el mismo protagonismo político que los hombres: “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de subir a la tribuna”. El gobierno de Maximilien Robespierre no se mostró de acuerdo con uno de los dos enunciados. La condenó en 1793 por “traicionar a su sexo” y por pretender erigirse en “hombre de Estado”, la hizo subir al cadalso y la guillotinó.

Y en estas llegó el amor.

Con el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, el matrimonio, siempre considerado como la célula básica de la sociedad, dejó de ser tan estable como solía. Había irrumpido el amor. El sociólogo británico Anthony Giddens, inspirador de la “tercera vía” plasmada en Tony Blair, habla del “carácter intrínsecamente subversivo del amor romántico”. En 1800 ya estaba legalizado en países como Francia, Prusia, Dinamarca o Suecia el divorcio por razones de incompatibilidad, es decir, por desamor. La pasión producía el matrimonio y la falta de pasión lo disolvía. Para cualquier sistema político se trataba de un cambio alarmante.

Hubo intentonas de contrarreforma casi en todas partes. Napoleón prohibió que las mujeres casadas firmaran contratos o abrieran cuentas bancarias y, ante el riesgo de que, con la proliferación del amor y el divorcio, se rompiera la ancestral cadena de transmisión patrimonial a través del matrimonio, afirmó que “la sociedad no tiene interés en que sean reconocidos los bastardos”.

A lo largo del siglo XIX, el esfuerzo de la política por mantener estable la institución matrimonial (y evitar cualquier otro tipo de unión extraoficial) tuvo dos aspectos. Uno, el moral, perfectamente ejemplificado por la época victoriana: se insistió en la pureza intrínseca de la mujer y en su papel como reina del hogar. Otro, el patrimonial: en Europa y Estados Unidos, las leyes que regían las herencias fueron modificadas a favor del cónyuge, en detrimento de los demás miembros de la familia. Ese cambio constituyó un eficaz mecanismo disuasorio contra los divorcios.

Llegado el siglo XX, dos nuevos fenómenos hasta cierto punto ligados, el feminismo y la difusión de los métodos anticonceptivos (muy elementales), reventaron las costuras sociales, es decir, matrimoniales. Los anticonceptivos permitían poner en duda la castidad extramarital de las mujeres. El feminismo exigía que la fidelidad o infidelidad de las mujeres se rigiera según los mismos criterios que valían para los hombres: se trataba de una cuestión personal que no debía tener consecuencias legales.

Las dos guerras mundiales, en especial la segunda, desplazaron masivamente a la mujer desde el hogar hasta el puesto de trabajo. Mientras los hombres combatían, sus esposas trabajaban, gestionaban las cuentas domésticas y se erigían en “cabeza de familia”. En 1946, existía una unanimidad casi total entre los sociólogos: el matrimonio podía darse por finiquitado debido a la emancipación femenina.

Ocurrió justo lo contrario: en las siguientes décadas, el matrimonio convencional (el hombre en el trabajo, la mujer en casa y a cargo de los hijos) cobró nuevas fuerzas y, muy importante, recobró la estabilidad. El número de divorcios descendió con rapidez: en 1955 eran más o menos la mitad que en 1945 en todas las sociedades occidentales (nunca hablamos de España porque gracias a monarquías y dictaduras permanecía encadenada al pasado), y bajaban año tras año. El poder político no tuvo que hacer nada para restablecer el vigor de la pareja oficializada hasta la muerte. Fueron la prosperidad posbélica y el aumento del poder adquisitivo de los salarios los que propiciaron que solo uno de los cónyuges (el marido, salvo rarísimas excepciones) trabajara fuera de casa. El matrimonio se consideró definitivamente a salvo.

Y entonces, con los movimientos de liberación sexual de los 60 y la crisis económica de los 70, entró de nuevo en crisis. En 1980, uno de cada dos matrimonios estadounidenses acababa en divorcio. Y, más significativo, cada vez menos divorciados se casaban de nuevo. Las mujeres fueron perdiendo el miedo a ser “madres solteras”: en 1999, siguiendo con Estados Unidos, uno de cada tres niños carecía oficialmente de padre. Y había tantas parejas con hijos que cohabitaban sin papeles como parejas con hijos formalmente casadas.

Esta revolución social indujo a los gobiernos a introducir nuevas medidas para favorecer el matrimonio por diversas vías (fiscales, patrimoniales, etcétera) y, últimamente, también hasta cierto punto a las parejas no casadas pero estables. Mientras las sociedades occidentales habían evolucionado paulatinamente, en España las cosas llegaron de golpe.

Tras el largo y muy desagradable paréntesis de la dictadura franquista, en 1981 se legalizó por fin el divorcio. Poco antes, en 1978, se había instaurado el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que a través de mecanismos como la declaración conjunta y la reducción de las bases imponibles para los matrimonios con hijos trata de favorecer la unidad conyugal, aún vista como “célula básica” de la sociedad.

El sistema político, o el poder si prefieren llamarlo así, sigue apostando por el matrimonio. Hay muchas razones para ello. Las “economías de escala” cuando ambos cónyuges trabajan (gastos como los de vivienda y alimentación suelen ser compartidos) y la “seguridad económica” (se supone que un cónyuge ayudará al otro si pierde el trabajo o enferma) destacan entre las razones “prácticas”. A ellas se añaden consideraciones de tipo moral. Una, la referente a la manida “célula básica” que aporta estabilidad a la sociedad. Otra, la idea de que los hijos se benefician de la estabilidad matrimonial, tanto en lo relacionado con la crianza y la educación como (y volvemos a lo mismo) en lo relacionado con las herencias y las transmisiones de patrimonio.

Por supuesto, la moral cambia con los tiempos. En España y en casi todos los países donde se ha legalizado el matrimonio homosexual, ambos cónyuges, sean hombres o mujeres, tienen derecho a ventajas fiscales muy similares a las aplicadas sobre los matrimonios heterosexuales. El mensaje del sistema político es claro: hagan lo que quieran con su sexualidad, pero firmen papeles y cásense.

Hubo una época muy parecida a la presente. Eran distintos el contexto y los protagonistas, evidentemente, porque era otra época. Pero entre 1993 y 1996, la última legislatura de Felipe González, imperó lo que llamábamos “crispación”, porque aún no se nos había ocurrido lo de la “polarización”.

Muchos de los que ahora elogian a González como gran estadista le llamaban “dictador” y cosas mucho peores. Se creó una Asociación de Periodistas y Escritores Independientes, que Juan Luis Cebrián denominó “sindicato del crimen”, con el objetivo de derribar a Felipe González por cualquier medio.

Fueron tres años turbulentos. El director de la Guardia Civil, Luis Roldán, resultó un ladrón y se fugó de España. El Ministerio del Interior al completo rezumaba corrupción (se hacía un uso obsceno de los fondos reservados) y sangre: la irrupción en la prensa de los policías José Amedo y Michel Domínguez hizo imposible seguir manteniendo que los GAL eran cosa de “elementos incontrolados”. La economía se tambaleaba. En 1993, el desempleo afectaba a uno de cada cuatro españoles.

La campaña electoral de 1996 quedó marcada por el anuncio de los dóberman: sin mucho disimulo, el PSOE identificaba al PP con unos perros aterradores. El PP de José María Aznar acabó ganando, por poco.

Bajo el griterío y la tensión de aquella gravísima crisis existía, sin embargo, al menos una política de Estado en la que coincidían PSOE y PP: España tenía que cumplir los criterios establecidos en Maastricht (déficit presupuestario, deuda pública, etcétera) para adoptar el euro como moneda a partir del 1 de enero de 2002. Había discusión sobre los métodos, no sobre la finalidad.

Dudo que ahora, con el PP atado a Vox (eso dicen tanto los sondeos como sucesivos resultados electorales), sea posible algún tipo de pacto de Estado. La sanidad pública, antaño un ámbito relativamente consensuado, sufre un creciente desgaste por el empeño del PP en favorecer la sanidad privada: véase Madrid. Algo parecido ocurre con la enseñanza superior y universitaria: véase de nuevo Madrid.

La lista de temas en los que convendría un pacto de Estado resulta muy larga: desde algo tan elemental como conceder por fin al Senado las competencias que le atribuye la Constitución, hasta imponer la transparencia en los partidos políticos (y acabar con los aforamientos absurdos), pasando por algo tan vital como el cambio climático. Hacen falta políticas estables y de larga duración, al margen de luchas partidistas, para evitar que las inundaciones y los incendios destruyan poco a poco el país. Por no hablar de cuestiones judiciales y militares.

Importantísimo, y realmente urgente, sería un pacto de Estado sobre la vivienda. Un pacto que permitiera destinar grandes cantidades de fondos públicos y privados (a largo plazo, porque el problema no puede resolverse en una o dos legislaturas) a un programa de transformación de la construcción, el urbanismo y los transportes.

Nada de esto parece posible. Y cabe suponer que pagaremos cara esta absoluta falta de rumbo.