La Fiscalía y la Juez de Instrucción del juzgado número 2 de Santiago han puesto las cosas en su sitio y ha quedado archivada la denuncia interpuesta por la organización ultraconservadora Abogados Cristianos contra el Sergas y la Comisión Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia sobre la prestación de ayuda para morir solicitada por una mujer de 54 años que padece esclerosis múltiple.

La organización ultraconservadora interpuso una denuncia penal por inducción al suicidio contra el contra el hospital público de Santiago y contra los expertos que participaron en el procedimiento de acceso a la prestación de ayuda para morir. Dicha organización, Abogados Cristianos, actuaba en representación de la madre de la paciente, que se opone a que le sea practicada la eutanasia a su hija.

La madre tuvo, a mi modo de ver, una desgraciada intervención cuando impidió acceder al domicilio a los funcionarios que iban a comunicar el traslado al hospital para realizar la prestación, pese a la súplica reiterada de su hija, según reflejan algunos medios. Con dicha actitud obstaculizadora y el encargo a Abogados Cristianos, la madre demostró un gran egoísmo y una absoluta falta de compasión para evitar el sufrimiento de su hija, como esta desea.

Desconozco los pormenores del caso pero puedo aventurar que, si finalmente la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia  autorizó el acceso a la prestación, es porque ha verificado, después de que hayan opinado favorablemente el médico responsable que se ha encargado de coordinar toda la información y la asistencia sanitaria de la paciente durante el procedimiento, y también el médico consultor con formación en el ámbito de la patología que padece, que se cumplen los requisitos personales, de capacidad, voluntariedad y procedimentales que exige nuestra garantista ley reguladora de la eutanasia.

Uno de los argumentos de la denuncia era la falta de capacidad jurídica de la solicitante. A este respecto hay que recordar que lo que se ha de valorar es la capacidad de hecho que deben verificar tanto el médico responsable como el médico consultor y que dicha capacidad se ha de evidenciar para la toma de la decisión concreta de solicitar la ayuda para morir, con independencia de que se hayan otorgado poderes preventivos o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

La existencia de dolor que, según los denunciantes, era inexistente porque la señora no se medica contra el mismo, no es requisito de la situación de sufrimiento que describe la ley para entender que se da el contexto eutanásico en el que se acepta prestar ayuda para morir de forma legal. El sufrimiento ha de ser grave, crónico e imposibilitante. Es decir, quien solicite acceder a la eutanasia ha de tener importantes limitaciones de su autonomía física que lleven asociado un sufrimiento físico o psíquico intolerable para quien lo padece.

Por otro lado, la actuación de los profesionales que han participado en el proceso es atípica en relación con el delito de inducción al suicidio que, según nuestro Código Penal, es una conducta que consiste en persuadir a una persona para convencerla que se quite la vida. Es atípica porque ha sido la solicitante, presunta víctima de la inducción, quien solicitó de forma expresa y reiterada la ayuda a morir y, después de un proceso deliberativo, ha prestado su consentimiento. Además, se trata de un delito de resultado, ya que no basta con intentar que otra persona se suicide, sino que es necesario conseguirlo para entender efectivamente cometido este delito

Tras el estupor, indignación y rechazo que nos produjo a muchos la interposición de la demanda de Abogados Cristianos, por suerte se ha restituido a la solicitante de la eutanasia el ejercicio de su derecho fundamental a la autodeterminación sobre el momento y modo de morir, una vez ha sido contrastado médicamente de forma reiterada su capacidad de hecho, la validez del consentimiento otorgado y la situación clínica de contexto eutanásico definida por la ley.

El otro día el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue entrevistado en el programa televisivo 'El Hormiguero' y el presentador le preguntó por la eutanasia. La respuesta del señor Feijóo fue del todo decepcionante por el desconocimiento que demostró sobre la ley reguladora de la eutanasia, sobre la legislación sanitaria en general y el tratamiento de los procesos de final de vida.

Dijo que si un enfermo de ELA no quería la eutanasia se tendría que respetar su voluntad. Faltaría más que no se respetara en cualquier situación la voluntad de un paciente competente. Rechazar tratamientos es un derecho fundamental regulado por la ley de autonomía del paciente. Con esta afirmación y otros disparates que dijo como la de elaborar una ley para facilitar la dignidad de los enfermos de ELA (sic), ponía en evidencia su más absoluto desconocimiento sobre la regulación de la eutanasia en España. Para empezar la eutanasia es una prestación sanitaria que no se puede prescribir, tiene que ser solicitada por el enfermo.

No es el médico quien dice al paciente “mira, ya te ha llegado la hora y toca producirte la muerte”, y ante esta prescripción le reconocemos al paciente el derecho a rechazar la prestación prescrita por el facultativo, sino todo el contrario. Es el paciente quien tiene que solicitar de forma libre, consciente e informada el acceso a la prestación de ayuda a morir y podrá acceder a ella si cumple con los requisitos personales que establece la ley y se encuentra en la situación de enfermedad grave e incurable o de sufrimiento grave, crónico e imposibilitante que la ley describe. Y para verificar con todas las garantías que la situación clínica del paciente es la que permite acceder a la eutanasia intervienen en el procedimiento dos médicos y una Comisión de Garantías y Evaluación que finalmente autoriza el acceso a la prestación de la persona solicitante.

Por cierto, señor Feijóo, para que la solicitud de la eutanasia no se base en un capricho del enfermo, que puede cambiar de opinión de una semana a la otra, se ha instaurado un proceso deliberativo e informativo y la persona solicitante tiene que prestar reiteradamente su consentimiento. Es cierto que una vez realizada la prestación su consecuencia –la muerte– es irreversible, pero la solicitud es revocable en cualquier momento del procedimiento hasta el mismo instante de la realización una vez autorizada.

Finalmente, en el colmo del despropósito, el candidato a la presidencia del gobierno puso como ejemplo de práctica eutanásica la sedación terminal de su padre a la que él y su hermana accedieron. Sedación terminal y eutanasia no tienen nada a ver aunque ambas se pueden producir en un contexto de curas paliativas y final de vida. 

La sedación lo que persigue es el confort del paciente que se encuentra en fase terminal o de agonía y de sus familiares, aliviando los síntomas refractarios que no pueden ser tratados, aunque eventualmente la sedación puede acelerar el proceso de morir. La sedación paliativa ha sido considerada desde hace ya mucho tiempo como una buena práctica clínica que puede ser prescrita por el médico responsable del paciente y consentida por el propio enfermo o, en su caso, por sus familiares. La eutanasia lo que pretende es causar directamente la muerte del paciente a petición expresa y reiterada de este, en un situación clínica grave que provoca unos sufrimientos físicos o psíquicos intolerables para la persona que lo padece.

Para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico este derecho fundamental de carácter prestacional ha hecho falta la aprobación de una ley orgánica para despenalizar la ayuda a morir y regularla. Recientemente la ley reguladora de la eutanasia ha tenido el aval del Tribunal Constitucional que ha reconocido el derecho fundamental de las personas a decidir el momento y la manera de morir cuando se encuentran en una situación médicamente contrastada que la ley describe y denomina contexto eutanásico.

Si fuera cierto que la sedación terminal del padre del Feijóo hubiera sido una práctica eutanásica habríamos asistido a la confesión pública en el plató televisivo de la comisión de un delito que el líder del PP y su hermana habrían cometido en grado de autoría, participando como inductores. Si se hubiera producido la sedación y muerte del padre antes de la entrada en vigor de la ley reguladora de la eutanasia, porque esta estaba penalizada, y si se hubiera producido con posterioridad a la entrada en vigor, continuaba penalizada porque su realización no habría cumplido los trámites y requisitos establecidos por la ley.