La semana pasada se hizo público que personas y organizaciones de derechos humanos y fomento de la paz defendieron un manifiesto para reconocer la trayectoria de Ruben Wagensberg y rechazar de plano la acusación de terrorismo que pesa contra él. Destacan entre los firmantes 3 premios Nobel de la Paz, el exdirector general de la UNESCO, el especialista en mediación John Paul Lederach, así como decenas de entidades y federaciones de ONGDs de España, Siria, Afganistán, Canadá o Austria, entre otras.

Asimismo, los firmantes alertan de que las falsas acusaciones de terrorismo se están utilizando en todo el mundo para desactivar y desacreditar a disidentes políticos y movimientos sociales de protesta y exigen tomar medidas para cambiar esta realidad.

Ruben Wagensberg es un nieto de judíos polacos que huyeron de las persecuciones de los años 30 que en los peores momentos de la Guerra en Siria trabajó como voluntario en los campamentos que acogían a refugiados. A su vuelta a Barcelona impulsó y fundó, junto a Lara Costafreda, la campaña “Casa Nostra, Casa Vostra”, que culminó en la mayor manifestación realizada en Europa en apoyo a la acogida de refugiados.

Más de 500.000 personas salieron a las calles de Barcelona al son de “Volem acollir” [queremos acoger]. En 2017 decidió dar el paso a la política, incorporándose a las listas de ERC. Como miembro del Parlamento, vivió una época compleja en la que se centró en promover iniciativas de promoción de la paz social y la noviolencia que hizo compatibles con seguir trabajando, ya fuera con multitud de ONGDs o solo, en el apoyo a personas refugiadas y perseguidas en Afganistán, Ucrania, Iraq y Siria.

Tuve ocasión de colaborar con Ruben en muchas de estas iniciativas. De hecho, estábamos trabajando en una misión de apoyo a refugiados en Iraq y el Noreste de Siria cuando supo que, tras cuatro años de investigación bajo secreto de sumario, el Tribunal Supremo de España se prestaba, en plena tramitación de la Ley de Amnistía, a abrirle una causa penal por delito de terrorismo, junto a otras 11 personas, por su involucración en el caso Tsunami.

Lo que sucedió después, lo ha explicado él mismo: Ruben sintió una enorme necesidad de alejarse, de salir, de sacudirse la presión y puso rumbo a Suiza. Tras una vida dedicada a promover la paz y la noviolencia y el apoyo a los desamparados, su nombre aparecía en todos los titulares asociado al concepto de terrorismo.

Seamos claros: no existe peor estigma social que el de ser terrorista. Como palabra y concepto, “terrorismo” ha adquirido un estatus extraordinario en el discurso público de occidente. Ha desplazado, incluso, al comunismo como enemigo público número uno. Como afirmaba Edward Said: “Ha engendrado usos del lenguaje, retórica y argumentación que resultan aterradores en su capacidad para movilizar opiniones, obtener legitimidad y provocar diversos tipos de acciones represivas y violentas.”

Si te acusan de terrorismo, aún sin que exista una sentencia, tu vida será cancelada, tus cuentas bloqueadas, tus llamadas escuchadas y toda tu red pública de apoyos se va a venir abajo. Por supuesto, que se apliquen estas medidas a terroristas tiene el apoyo de gran parte de la opinión pública, pero ¿qué sucede si estas acusaciones son falsas?

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchos gobiernos de todo el mundo, también el español, han adoptado nuevos marcos legislativos que han ampliado la capacidad del Estado para controlar, aplicar medidas intrusivas de vigilancia y restringir las libertades de sus poblaciones. Esta renovada fortaleza del Estado con demasiada frecuencia no se ha utilizado con el propósito previsto, proteger a la población contra ataques violentos, sino para procesar y reprimir a movimientos sociales, disidentes, partidos políticos u organizaciones de la sociedad civil que demandan un cambio.

Según el informe 'No me llames terrorista, cuando no lo soy' de Novact, la tendencia global es que cada vez más personas son acusadas de terrorismo. Hay países con más tradición, con decenas de miles de personas acusadas en Egipto, Turquía o Israel, y otros que muestran una tendencia al alza más reciente, como es el caso de España. Pero no es solo una cuestión de números.

Existen casos, como el de Ruben, en los que las víctimas de la persecución estatal son simplemente críticos abiertos del Gobierno. Incluso si los actores son pacíficos y apuestan por la noviolencia, a menudo se les acusa de cargos relacionados con el terrorismo en los tribunales o en la esfera pública. Es el caso también de Grupos como Futuro Vegetal: 14 activistas fueron detenidos brevemente por la Brigada Antiterrorista por arrojar pintura roja en las paredes del Parlamento.

Esto es en parte posible porque no existe una definición de terrorismo que goce de un amplio consenso a nivel internacional, ya sea en instituciones intergubernamentales o en los medios de comunicación. Como resultado, “terrorismo” se ha convertido en una palabra cargada emocionalmente y de consecuencias devastadoras, utilizada como una herramienta contra los “enemigos del Estado”, ya sea que utilicen métodos violentos o no, para deslegitimarlos ante la opinión pública.

Tal y como demandan los Nóbeles y el resto de organizaciones que apoyan a Ruben Wagensberg, es hora de abrir un debate público sobre las falsas acusaciones de terrorismo al servicio de reprimir el derecho a la protesta. La elevación del terrorismo al altar de amenaza para la seguridad nacional nos ha desviado de realizar un escrutinio cuidadoso de las políticas de seguridad domésticas del Gobierno. 

Era el año 2001, un año aturdido en términos de guerra y paz, cuando Jan Petersen se hizo cargo de la cartera de Exteriores de un flamante gobierno de centro-derecha en Noruega. El Sr. Petersen había mostrado su escepticismo sobre la importante inversión que realizaba Noruega para promover una política exterior orientada a la paz. Se habían conseguido éxitos importantes, él lo sabía. Todavía eran recientes el Acuerdo de Paz entre la OLP Palestina e Israel, así como la contribución a un Acuerdo de Paz en Sri Lanka.

Pero el Sr. Petersen, fiel al ideario de su gobierno, proponía recortes en el gasto público dedicado a la promoción de la paz y un mayor alineamiento con las políticas de Estados Unidos, gobernado entonces por George W. Bush (es decir, centrado en aumentar el gasto militar). El momento sorprendente vino más tarde.

Dispuesto a compartir este ideario, en su primera visita a Washington, el Sr. Petersen descubrió que sus homólogos norteamericanos tenían más interés en la tarea por la paz que realizaba Noruega que en su contribución a la inminente escalada militar después del 11-S. Irónicamente, acabó siendo el Sr. Petersen quien estableció la Sección por la Paz y la Reconciliación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, profesionalizando así la tarea por la paz del país.

Es tan sólo una anécdota, cierto, pero nos es útil para abrir un debate: ¿existe un enfoque también pragmático y realista que aconseje que la acción exterior de Catalunya se oriente hacia la promoción de la paz, la mediación en conflictos internacionales y la promoción de los derechos humanos? ¿Pueden las políticas de paz ofrecer un espacio de influencia en la arena internacional en Catalunya?

Lejos de ser extraño, el debate entre el idealismo y el pragmatismo ha marcado el paso de nuestra acción exterior durante este siglo XXI. En el lado del idealismo hay que destacar que Catalunya acogió algunas de las manifestaciones más importantes contra la guerra en Irak. Aquí se encuentran algunas de las principales ONG y centros de investigación dedicados al fomento de la paz, la intervención civil en conflictos y el control del gasto militar y el comercio de armas a nivel estatal.

Además, Catalunya es pionera al aprobar una Ley de Fomento de la Paz (2003). Confiando en que no sea necesario repetir el conocido discurso de Pau Casals ante la ONU, hay que destacar también que Catalunya se ha identificado históricamente como una nación de paz, antimilitarista, que reivindica la noviolencia y se postula como defensora de los derechos civiles y políticos.

Aunque también existe un lado pragmático que mira con simpatía a las opciones pacifistas, pero entiende que la “alta política” tiene que alinearse con una política de seguridad y militar que consideran hegemónica y necesaria. Ya sea para seguir las prioridades geoestratégicas del Gobierno o por voluntad de aparecer como un socio fiable que aspira a dotarse de una arquitectura de estado, en Catalunya nunca han faltado analistas que defienden comprometerse con la seguridad común de nuestros aliados, que defienden la importancia de la OTAN y su función e, incluso, que defienden la necesidad de establecer un ejército catalán en caso de independencia.

Con la ambición de arrojar un poco de luz a este debate, quienes firmamos este artículo hemos sido invitados por el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) a realizar un estudio comparativo del papel que ejercen los estados, las regiones y la sociedad civil en la prevención de crisis, la resolución de conflictos y la construcción de paz. El informe quiere aportar conocimiento y reflexión para actualizar la política de paz de Catalunya en el momento actual de preparación del Fòrum Català per la Pau, que está impulsado en Consell Català de Foment de la Pau y que tendrá lugar en 2024.

Después de analizar las políticas orientadas a la paz de Alemania, Suecia, Noruega y Suiza y de las regiones de Emilia-Romaña (Italia), Gales (Reino Unido) y los estados federados de Hesse y Renania (Alemania), hemos identificado algunos elementos que pueden ser relevantes para pensar y diseñar las políticas que podría realizar la acción exterior catalana.

En primer lugar, hay que destacar que todos los países y regiones analizadas tienen intereses y motivaciones pragmáticas para promover políticas de paz. Una apuesta que, además, se refleja en un amplio soporte social que se ha mantenido, de forma genérica, a pesar de la alternancia política. Entienden que un mundo pacífico va en interés de los pequeños estados, que tienen menos probabilidades de sufrir las disputas entre grandes potencias y verse implicados en conflictos armados.

En el caso de Alemania, por ejemplo, la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial llevó a adoptar políticas pacifistas como una estrategia centrada en recuperar la confianza de la comunidad internacional. Todos entienden que la influencia internacional no se consigue repitiendo lo que ya hacen otros, sino con un valor añadido diferencial. Eso es lo que les ofrece la apuesta por las políticas de paz.

En segundo lugar, el debate internacional en torno a la paz y la seguridad internacional liderado por el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pone en valor los instrumentos civiles al servicio de la prevención de conflictos y la construcción de paz.

Identificar y desactivar los conflictos antes de que se desencadenen debe ser el enfoque de una acción exterior responsable. Ya sea mediante la mediación, impulsando encuentros internacionales de actores regionales, locales o de la sociedad civil al servicio de una agenda de paz, impulsando reformas del sector de la seguridad o defendiendo defensoras de los derechos humanos. Se pueden hacer aportaciones muy relevantes a una geopolítica basada en la seguridad humana.

Finalmente, nuestro estudio ha podido identificar una serie de iniciativas e instrumentos políticos de éxito que se podrían aplicar a Catalunya. La Generalitat no dispone de las competencias en política exterior para contribuir a la defensa de la seguridad común, pero sí las tiene para desarrollar una acción exterior orientada a la prevención de crisis, la resolución de conflictos y la construcción de paz.

A principios de este siglo, Catalunya ya hizo un esfuerzo considerable por poner los embriones de una política de paz. Después de un paro de más de una década, parece deseable (y casi pragmático) que desde Catalunya apostemos hoy por actualizarlas, darles coherencia e impulso.