Un mes después continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y la ingente labor de reposición de servicios, retirada de vehículos y limpieza de calles, viviendas, comercios y equipamientos públicos en un paisaje urbano desolador. Unas 850.000 personas, similar al número de habitantes de la ciudad de València, viven en los municipios más afectados por la DANA del pasado 29 de octubre.

Los datos oficiales más recientes sobre inspecciones técnicas, daños, desalojos por problemas estructurales o de habitabilidad y demoliciones de algunas edificaciones alcanzan en conjunto cifras milenarias que van a ir aumentando. El Consorcio de seguros contabiliza unas 48.000 casas dañadas. Aún no somos conscientes de la dimensión de la emergencia habitacional surgida de la tragedia.

Miles de personas perderán sus hogares, temporal o definitivamente. Las redes familiares y vecinales no van a poder asumir semejante necesidad de acogimiento durante mucho más tiempo; tampoco son soluciones, más allá de la urgencia, los centros de acogida y albergues temporales que se han habilitado como el del antiguo Hospital La Fe en València, que también acogió en 2022 a refugiados de Ucrania.

El problema habitacional se agrava con cada situación excepcional, puesto que la crisis estructural de vivienda ya significa cientos de silenciosos desahucios diarios y miles de personas en situación de vulnerabilidad esperando años en los registros de demandantes de vivienda pública.

El espacio de refugio necesario y puerta de acceso al resto de derechos básicos como la salud o la educación sufre graves impactos desde la crisis económica del 2008 sin que las administraciones públicas hayan abordado soluciones eficientes y duraderas.

Los problemas derivados de la pandemia dieron más sentido que nunca a las políticas de vivienda impulsadas durante la pasada legislatura, inéditas hasta ese momento. En especial la agilización de la ampliación del parque público de vivienda.

Así, por citar un caso más próximo en el tiempo, las familias afectadas por el incendio en el barrio de Campanar pudieron ser realojadas en un edificio adquirido por el ayuntamiento aprovechando una de las herramientas impulsadas por la extinta Conselleria de Vivienda. El actual gobierno cerró drásticamente la posibilidad de continuar utilizándola. 

La tragedia actual ya está poniendo a prueba el mercado inmobiliario. La oferta de alquiler en el entorno de las zonas afectadas ya era escasa y con precios elevados. La ayuda de 800 euros al mes durante un año que aporta la Generalitat a las personas que han perdido su vivienda habitual será totalmente insuficiente. Según datos del Colegio de agentes inmobiliarios, en l’Horta Sud solo hay disponibles actualmente unas 30 viviendas por debajo de ese precio.

Hay que recordar que la Ley estatal de vivienda permitiría regular los precios del alquiler, pero el procedimiento también se paralizó tras las últimas elecciones autonómicas.

Mientras, la especulación propia de las zonas de catástrofe empieza a aparecer con alguna práctica inmobiliaria irregular. Pronto asistiremos a la llegada de inversores ávidos de comprar viviendas en los municipios afectados a precios reducidos con vistas a la reconstrucción.

Qué hacer, qué exigir

Todo nos recuerda ahora nuevamente la urgencia de disponer de una infraestructura de vivienda pública, sólida y estable, para atender a la población más necesitada. No solo estamos muy lejos de los estándares europeos, sino que además la inacción actual en esta materia va en dirección opuesta a este objetivo.

Ante este desalentador escenario, ¿qué acciones podrían facilitar tal cantidad de realojos? Es urgente que la Generalitat retome las herramientas más ágiles para la ampliación del parque público de vivienda. En concreto, la adquisición de vivienda pública por la Generalitat y los ayuntamientos, así como las ayudas a la rehabilitación de patrimonio municipal.

La administración tendría más capacidad de atender la demanda no satisfecha si no se hubieran detenido las compras mediante los mecanismos de concurso, tanteo y retracto, y compra directa por razones de emergencia que permitieron ampliar el parque público en 1.300 viviendas en 3 años.

Por otro lado, el artículo 13 del vigente Decreto Ley 3/2023, de 17 de febrero, permite declarar la utilidad pública de la cesión temporal obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores durante un plazo máximo de 5 años. Solo en la provincia de València constan declaradas 1.318 viviendas deshabitadas en aplicación de la normativa aprobada por el gobierno anterior. ¿A qué esperamos?

La firma de convenios de colaboración con distintos agentes (entidades financieras, patronal inmobiliaria, propietarios de pisos turísticos, agentes inmobiliarios) facilitarían también la puesta a disposición de las personas afectadas soluciones de carácter temporal con plazo mínimo de 6 a 12 meses.

¿Y qué decir de la reconstrucción de viviendas en zonas inundables? Lo vivimos hace cinco años (parece que fue hace un siglo) en la DANA de 2019 en la comarca de la Vega Baja y en el municipio de Ontinyent. El desbordamiento del río Clariano provocó uno de los mayores desastres naturales que se recordaban. Y de la catástrofe surgió la necesidad de proteger a las personas, demoliendo construcciones y realojando a sus habitantes para devolverle al río su espacio natural.

Una DANA que ha dejado obsoletos los peores escenarios de riesgo de inundaciones, nos ha de hacer reflexionar sobre la planificación territorial imperante las últimas décadas y valorar, donde sea posible, la restauración del paisaje frente a la reconstrucción.

Y es que, como titulaba Rosa Pardo aquí mismo, La protección del territorio salva vidas. Pero la complejidad de esta cuestión requiere de otro análisis más reposado.

En todo caso, la inacción de las administraciones en estas materias no es una opción. 

Mucho se ha escrito y debatido durante el último año sobre políticas públicas de vivienda y su trascendencia para garantizar a la ciudadanía un proyecto de vida digno. El llamado quinto pilar del Estado de Bienestar, puerta de entrada al resto de derechos como la salud o la educación, sufre graves impactos desde la crisis del 2008, empeorados por la pandemia de la covid-19.

La tardía tramitación de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda, coincidiendo con la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas y locales de mayo 2023, propició su aparición en la acalorada agenda política y social, convirtiéndose, al menos en el discurso, en una prioridad para las formaciones políticas. La próxima será la legislatura de la vivienda, decían, prometiendo cada semana la construcción de miles de viviendas asequibles nuevas.

Pocos artículos tan atinados como el de la profesora de Derecho Civil de la UV, María Dolores Mas  La vivienda, ese derecho incómodo, han retratado mejor, a través de un nostálgico y a la vez tan actual recorrido cinematográfico, la realidad del problema estructural de la crisis habitacional de nuestro país, fruto de un modelo caduco y alejado del interés general.

El salto de una década en cuatro años

En nuestro territorio, al gobierno del Botànic le han bastado cuatro años para dar un salto de una década, desarrollando por primera vez legislación, normativa y acciones de calado. Dirigidas a cimentar un nuevo y avanzado modelo: con la agilización de la ampliación del parque público; la reactivación de la vivienda protegida no descalificable; la movilización de viviendas vacías; el impulso de nuevos modos de habitar; iniciativas contra la despoblación y la priorización de protección de la población en situación de emergencia residencial…

Además, con el impulso de los fondos europeos se han creado innovadores programas de promoción de vivienda pública y de rehabilitación energética para mejorar el tan envejecido parque edificado. Añadamos el ambicioso Plan de Barrios de regeneración urbana de entornos residenciales vulnerables, de la mano de los ayuntamientos.

Pese a los esfuerzos seguimos con décadas de retraso, lejos de los estándares europeos avanzados, lo que sitúa a nuestra Administración en franca desventaja frente al feroz mercado inmobiliario. Por eso era tan necesario ampliar los cimientos construidos, con el horizonte puesto en la creación de un verdadero sistema público de vivienda, sólido y estable, como se defiende para la sanidad y la educación.

Hasta entonces, mientras el acceso a la vivienda siga dependiendo de los ciclos inmobiliarios y su especulación característica, cada vez más capas de la población verán dificultado este derecho y seguirá siendo urgente actuar desde lo público considerando todos los horizontes temporales.

Lamentablemente, el derecho a la vivienda ha vuelto a desaparecer del debate público, de la misma manera que con el cambio de ciclo político han desaparecido las ambiciosas políticas públicas de vivienda en la Generalitat Valenciana. Víctima de la reducción del mal entendido, a mi juicio, “gasto político”, la anterior Conselleria de Vivienda ha quedado diluida en una única dirección general adscrita a la Conselleria de Servicios Sociales. Toda una declaración de intenciones.

Los derechos básicos requieren de recursos públicos, tanto presupuestarios como técnicos y humanos. Actualmente, los destinados por las administraciones a vivienda son totalmente insuficientes.

Sin duda, disminuyendo y dificultando la capacidad de gestión de las administraciones, también se contribuye a mantener desigualdades, y en este caso a seguir consolidando la segregación urbana y social. Es el modelo de la derecha funcionando a pleno rendimiento, tal como diría Jorge Dioni, periodista y autor del libro El malestar de las ciudades.

Se suele decir que en vivienda no hay recetas únicas, pero sí caminos y medidas con buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Desde que se abrió el nuevo ciclo inmobiliario hace una década, los movimientos sociales vienen reclamando medidas coyunturales mientras se asientan las políticas de fondo. Véase la actividad de las plataformas de afectados por la hipoteca, y la reciente creación de los sindicatos de inquilinas.

Actualmente, la alerta está puesta en la crisis del alquiler. Y aunque la ley estatal de vivienda abre la puerta a frenar los desorbitados precios de los arrendamientos, el nuevo Gobierno Valenciano se suma a recurrirla y a su vez anuncia la “reforma” (¿derogación?) de toda la normativa de vivienda impulsada durante los últimos años y una nueva “ley autonómica que incluya medidas de protección a la propiedad y lucha contra la ocupación”.

Las noticias hacen prever que muchas medidas van a ir en dirección contraria a las impulsadas por el Botànic durante la pasada legislatura. Lo cual significa que se seguirá ampliando la brecha de las desigualdades en el acceso a la vivienda por varias generaciones.

*Elena Azcárraga Monzonís, arquitecta urbanista. Exdirectora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana.