Sin demoras ni ambigüedades, el 20 de diciembre comenzó la batalla política que definirá el futuro inmediato de Argentina. A diez días de tomar el mando, el Gobierno de Javier Milei presentó un plan de reorganización nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de fuerte contenido neoliberal y que avasalla históricas conquistas democráticas. El anuncio fue precedido por la implementación de un protocolo represivo particularmente severo. Sin embargo, una masiva y espontánea protesta ciudadana rechazó de inmediato la prepotencia gubernamental, ocupó la calle por sorpresa y dejó en ridículo la pretensión ordenancista del Ejecutivo.

Una de las piezas principales de esa prepotencia gubernamental es “el protocolo antipiquetes” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 14 de diciembre en rueda de prensa. Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial, con nombre oficial Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. Y fue duramente cuestionado por destacados organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero su presentación en sociedad fue pautada para el 20 de diciembre, jornada en la que se celebra la histórica rebelión ciudadana que tuvo lugar en el año 2001 contra el antipopular Gobierno de Fernando de la Rúa. Para recordar aquel acontecimiento, cada año, las organizaciones de izquierda organizan una marcha en el centro de Buenos Aires. Esta vez era una cita de honor. Había que demostrarle al Gobierno de ultraderecha que no iban a lograr amedrentar a la protesta.

No fue tarea fácil. Quienes viajaron en tren a Capital Federal para participar en la movilización debieron escuchar por los altavoces de las estaciones el amenazante audio del Ministerio de Capital Humano: “El que corta no cobra”, decía. El mensaje estaba dirigido a quienes perciben un programa social y fue reproducido también en las pantallas de información, en la app para gestionar trámites MiArgentina y en carteles pegados en las paredes. Hubo un plus: se habilitó la línea 134 para denunciar si algún beneficiario estaba siendo obligado por las organizaciones a movilizarse, bajo pena de perder la asistencia. Algunos días más tarde se sabría que la invitación oficial a delatar irregularidades había sido un fracaso.  

Desde las primeras horas de la mañana, quienes acudieron en autobuses de línea desde el conurbano bonaerense difundieron videos en los que se veían controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), algo inédito y altamente agresivo. La policía subía, revisaba si tenían carteles o camisetas de organizaciones políticas, y los grababa sin motivo aparente.

Mientras tanto, efectivos de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) se apostaron en diferentes puntos de acceso con la intención de impedir la movilización, pautada a las 15:00 horas. Y la ministra Bullrich, junto al presidente Milei, difundieron imágenes donde se los veía en la “sala de situación” del Departamento General de la Policía de la Ciudad, monitoreando con actitud bélica la protesta pacífica.

La tensión se incrementó cuando las columnas de manifestantes que se acercaban a la Casa Rosada crecieron hasta el punto de cortar la calle. La Policía no pudo evitarlo, pero hubo forcejeos y dos personas fueron detenidas: Héctor Adolfo Ganzo, de 63 años, integrante de la organización Polo Obrero, al que se le inició una causa por “desobediencia”; y Ulises Nicolás Fernández, de 25 años, que quedó arrestado por “atentado, resistencia a la autoridad y lesiones”. 

A las 16:00 horas unos 15.000 manifestantes escucharon el documento que se leyó en la Plaza de Mayo. Nacho Levy, integrante de la organización La Poderosa, destacó la protesta “por la masividad, responsabilidad y compromiso pacífico de la dirigencia”. Remarcó que hubo un “despliegue espectacularizado de la Policía”, con una cantidad innecesaria de provocaciones a las que las personas que se manifestaron no respondieron. “Sobre Avenida Belgrano, la policía empezó a presionar a la gente contra la pared, se buscó por todas las vías que se desmadrara, pero no lo lograron”, aseguró.

La vuelta de las cacerolas

Tras las escaramuzas, esa misma noche a las 21:00 horas, Javier Milei hizo público en cadena nacional el DNU 70/23. La reacción popular fue inmediata, sorprendente y espontánea: en la Ciudad de Buenos Aires brotaron cacerolazos primero en las casas y balcones, luego la ciudadanía se volcó a las esquinas, y finalmente una multitud se desplazó hacia los centros del poder político a manifestar el descontento. Un masivo corte se realizó en la Plaza de los dos Congresos, hasta pasadas las 3:00 horas de la madrugada.

Carola Gómez, historiadora, 55 años, llevaba una espátula y una cacerolita mientras enfilaba por Entre Ríos hacia el Congreso. Ya tenía pensada la excusa por si la detenían con el protocolo Bullrich, al que consideraba un virtual estado de sitio: “Voy a decir que estoy haciendo una tarta”. La gente se colgaba de las rejas del Parlamento, se agolpaba en la explanada, subía a los postes y a los kioscos de revistas. Sonaban cánticos nuevos y remixes de los clásicos: “La patria no se vende”, “Milei, basura, vos sos la dictadura” y “Paro general”.

Jhon Pineda, con una mochila de la app PedidosYa en la espalda y la cara cubierta con un casco de bicicleta, grababa con incredulidad toda la escena subido a una reja sobre la calle Yrigoyen. Este venezolano de 39 años que vive hace ocho en Argentina nunca había visto una marcha así. No quiere que se derogue la Ley de Alquileres. “A nosotros, los inmigrantes, nos mata”, dice a Crisis. “Los propietarios nos cobrarían lo que quieran y en dólares”. Tampoco está de acuerdo con que las medidas se hayan tomado “de un plumazo”: cree que Milei es autoritario. “Yo siempre dije que era como un Chávez de derecha”.

Amparo, que tiene 25 y trabaja en una empresa de recursos humanos, exigía al máximo sus cuerdas vocales mientras golpeaba una botella de agua con la mano: su improvisada cacerola. “Solamente tengo esta botella, mis manos y mi voz, que casi perdí completamente”, dijo a la revista. “Y lo hice con gusto, incluso si mi trabajo consiste básicamente en hablar por teléfono. No me importa nada”. Argumenta que el DNU es inconstitucional, que ataca los derechos más básicos y que Milei es violento. “Matar a la gente de hambre y quitarles el techo, y el absurdo y vergonzoso despliegue de la Gendarmería y la Policía hoy es una muestra de violencia”.

El historiador Ezequiel Adamovsky estuvo en los cacerolazos de diciembre de 2001 y también se sumó a estos, 22 años después. Al día siguiente publicó sus impresiones en un artículo titulado El regreso de las cacerolas. “Acaba de ganar un candidato que despertó esperanzas en un sector importante de la población y en la medida en que esas esperanzas se vean frustradas, que obviamente va a suceder de acá a poco, los cacerolazos van a ser la expresión de un sector de la población, aunque aún no tienen la característica disruptiva que tuvieron en 2001”, dice a Crisis. 

Durante la intempestiva protesta nocturna no hubo ninguna respuesta policial concreta. Unos pocos patrulleros rondaron la zona y algunos agentes de tráfico cortaron las calles a unas manzanas del Congreso para evitar el avance de vehículos hacia la zona. El protocolo antipiquetes había fracasado estruendosamente el mismo día de su promocionada presentación en sociedad.

El despertar de Córdoba y Rosario

Al día siguiente, 21 de diciembre, los cacerolazos tronaron en otras ciudades del país. La primera protesta masiva contra Milei en Córdoba terminó con cinco detenidos, incluido un periodista que se había identificado como tal. La policía provincial disparó balas de gomas y gases lacrimógenos.

En Rosario, la movilización contra el DNU juntó muchísima gente en el Monumento a la Bandera, mientras se escuchaban cacerolazos en el centro de la ciudad en rechazo a las medidas del Gobierno. El Concejo Deliberante aprobó una resolución de rechazo al Decreto presidencial, impulsado por los concejales del partido Ciudad Futura, casi en paralelo a las marchas. 

“Se trata de que lo que generamos en las calles vaya teniendo un repliegue desde la institucionalidad”, dice Caren Tepp, referente del partido municipalista que estuvo a punto de ganar en 2023 la intendencia. Hace diez años que la concejal y su espacio hablaron de una “democracia bloqueada”. Hoy, Milei intenta desbloquearla “por arriba”.

Sin embargo, considera que puede anidar una oportunidad en el hecho de que todo esté puesto en discusión: “Tenemos que definir si vamos a defender para reconstruir el sistema existente que nos trajo hasta acá o si nos animamos a pensar nuevos modelos de sociedad para nuestro país, basados en la solidaridad y la cooperación”, dice. Tepp cree que, para tal propósito, se debe tejer una plataforma común que articule luchas que hoy parecen “fragmentadas, sectoriales y desarticuladas”. Y completa: “Si hoy la democracia está siendo atacada desde arriba es necesario poder defenderla desde abajo”.

Marcha de la CGT y huelga

Los cacerolazos y la ocupación de la calle por el descontento operó como un clic para destrabar la contractura y la inercia que inmovilizan a los grandes actores organizados del campo popular. El miércoles 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización al Palacio de Justicia de la Nación, acompañando la presentación de un amparo para declarar inconstitucional el DNU, que intenta limitar los derechos laborales. Fue otro desafío al protocolo de Bullrich.

Esta vez sí se movilizaron los movimientos sociales mayoritarios, pero lo hicieron sin distintivos y fue una marcha a medio gas: no se puso toda la carne en el asador. Las dirigencias de las organizaciones gremiales (varias de ellas en plena negociación) pidieron a sus integrantes ir sin ropa de trabajo o distintivos. Y convocaron principalmente a los delegados y delegadas. 

La manifestación fue convocada a las 11:00 horas y no hubo oradores. Se leyó un documento consensuado y se retiraron rápidamente. Durante la marcha no hubo represión contra los manifestantes, pero en la dispersión se produjeron algunos escarceos y hubo cuatro detenidos a varias manzanas de la localización del acto. La cantidad de efectivos concentrados casi igualaba a quienes protestaban.

El caso de Martin Brunas, encargado de la prensa de la Central de Trabajadores Argentinos, fue registrado por un video en el que se lo ve grabando, sin cometer ningún tipo de delito, cuando un agente policial lo agarra desde atrás y junto a otros efectivos lo reducen en el suelo.

Al día siguiente, luego de una larga reunión del Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, la CGT convocó a un Paro General con movilización para el 24 de enero contra el mega DNU de Javier Milei. La central obrera más grande de la Argentina resolvió llevar adelante la medida de fuerza en esa fecha, para presionar al Parlamento que durante esos días debería tratar el decreto. También protestarán contra la ley Ómnibus. La última huelga general de la CGT fue en mayo de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Uno de los pocos dirigentes políticos de primera línea que participó en la manifestación convocada por la CGT y los movimientos sociales fue Juan Grabois, precandidato a presidente del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado y referente del partido Patria Grande. Al momento de concluir la protesta, fue entrevistado por los medios de comunicación que se encontraban en el acto y desplegó fuertes críticas a las propuestas del Gobierno. Denunció que, de aprobarse, el presidente podría convertirse en tirano y cuestionó a los principales dirigentes de la oposición por no participar en la oposición callejera.

¿Qué tipo de estrategia puede ser la más conveniente durante los próximos días? “Todavía el deterioro material en las condiciones de existencia de las clases medias y bajas de la Argentina no ha pegado de lleno, y si bien los sectores organizados tienen reserva y capacidad de lucha, todavía no hay una masificación del repudio”, dijo a Crisis. “Los que tienen una obligación principalísima hoy son los dirigentes políticos”. Para Grabois, es imperativo que el peronismo, la izquierda y sectores de Juntos por el Cambio y de la Unión Cívica Radical luchen para que el DNU no se apruebe, de manera coordinada o dispersa, eso no importa. Para el dirigente social, tanto el DNU como la Ley Ómnibus son “leyes de demolición del Estado social argentino y del régimen republicano, representativo y federal” y no deben “pasar las instancias constitucionales”, es decir, el Congreso y la Corte Suprema. 

“Pobreza más autoritarismo es la consolidación de un esquema represivo que viola todos los estándares internacionales de derechos humanos, incluso nuestra Constitución”, dice. “Frente a esto hay que tener una posición inteligente, equilibrada, pero de firme oposición a la instalación de una suerte de totalitarismo policial en Argentina”.

Sin demoras ni ambigüedades, el 20 de diciembre comenzó la batalla política que definirá el futuro inmediato de Argentina. A diez días de tomar el mando, el Gobierno de Javier Milei presentó un plan de reorganización nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de fuerte contenido neoliberal y que avasalla históricas conquistas democráticas. Una semana después, envió al Congreso el proyecto de ley Ómnibus. Con estas normas, la nueva administración ha demostrado que no se conforma con imponer una brutal política de austeridad, sino que el objetivo prioritario de la ultraderecha y sus aliados consiste en cambiar de raíz el modelo de acumulación y el Estado social de derechos, para lo cuál necesita poner patas para arriba leyes y garantías fundamentales de la Constitución.

La pregunta queda planteada: ¿podrán el Parlamento y la Justicia poner un freno al atropello?

¿Cuál puede ser el desenlace de esta primera y fundamental batalla política propuesta por el Gobierno de Milei? En el centro de la disputa aparece el DNU propuesto por el Gobierno de ultraderecha. La resolución sucederá durante el verano austral y se define en dos escenarios principales. Por una parte en el Poder Judicial, que deberá decidir próximamente si suspende su aplicación o confirma la vigencia, decidiendo sobre la constitucionalidad de la norma. Al mismo tiempo, en el Congreso Nacional se dilata el tratamiento del decreto, porque el Poder Ejecutivo ha logrado darle prioridad al proyecto de ley Ómnibus. ¿Podrán poner las instituciones republicanas un freno a la prepotencia presidencial? ¿Querrán realmente hacerlo?

La trama judicial

Casi un mes después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, hay decenas de acciones legales para intentar detener su vigencia, en distintos juzgados en todo el país. Un gobierno provincial, el de La Rioja, presentó una demanda directa a la Corte Suprema de Justicia. Algunas de estas acciones legales cuestionan al decreto en general, otras lo hacen en representación de colectivos sociales afectados por las reformas que se introducen. Este último es el caso de las demandas iniciadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la organización Inquilinos Agrupados, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas y la Confederación Farmacéutica Argentina, entre otras. Las solicitudes exigen que la aplicación del decreto sea suspendida por una medida cautelar y que se declare su inconstitucionalidad y nulidad.

Hasta el momento, varios jueces en distintos lugares del país abrieron el trámite. La suspensión cautelar solo fue otorgada al capítulo del DNU que afecta los derechos laborales. Concretamente, el decreto restringe el derecho a huelga, flexibiliza la jornada laboral y altera el régimen de indemnizaciones por despido en beneficio de los empleadores. 

Los argumentos principales para impugnar la constitucionalidad del intento del presidente Milei de hacer uso del DNU para refundar el país, pueden agruparse en tres grandes ejes. El primero: el Poder Ejecutivo se arroga facultades del Poder Legislativo, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. O sea, el DNU no respeta la división de poderes y se apropia de esta atribución respecto a decenas de leyes, lo que implica una expropiación masiva de facultades que son de los legisladores.

En segundo lugar, la Constitución Nacional otorga al presidente la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, pero en determinadas condiciones que el DNU no cumple. La principal de estas condiciones es “la emergencia”, es decir una circunstancia excepcional que impida el proceso legislativo. La amplitud de las reformas introducidas por el DNU hace estallar este principio por los aires. Y la convocatoria a sesiones extraordinarias parlamentarias por parte del Ejecutivo confirma que el ámbito para innovar en materia legislativa está en funcionamiento. En resumen, si el DNU se aplica, se estaría aceptando un cambio de la Constitución Nacional a través de un decreto presidencial. El inicio formal de un camino que conduce a la autocracia.

El tercer eje está vinculado con los contenidos de las reformas introducidas por el DNU: una gran cantidad de las medidas reforman leyes en un sentido regresivo para los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es el caso de la derogación de la ley de alquileres, de la desregulación de la medicina privada, de los cambios en el sistema de acceso a los medicamentos y su control de precios, de las reformas laborales, entre otros. Estas modificaciones violan el principio de no regresividad en materia de derechos, que está asentado en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en las convenciones internacionales de derechos humanos. 

La gran pregunta es qué hará el poder judicial con esta batería de argumentos que parecen contundentes. Por ahora, reina la incertidumbre. En especial, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde donde también se presentó una demanda, reflexiona ante la consulta de Crisis: “La Corte Suprema podría intervenir por el recurso de salto de instancia o per saltum, ahí la Corte tiene otra espalda para resolver el caso. Eso dependerá mucho del tipo de lugar que quiera ocupar el tribunal en esta etapa histórica: podría asegurar mejores condiciones para que el debate que se dé en el Congreso lo sea sin el DNU aplicable. Es decir, suspenderlo. La jurisprudencia previa de la Corte Suprema sugiere una respuesta de este tipo, más proactiva, deferente de las reglas de la Constitución que aseguran que el órgano que regula los derechos es el Congreso y no el Ejecutivo”.

Poco después, la Corte dio señales: decidió no levantar el receso de verano, llamado “feria” en Argentina, para tratar la demanda de la provincia de La Rioja. Resta despejar la incógnita, cuando el año judicial comience, sobre si el máximo tribunal continuará con la tradición de hacer respetar la Constitución, o si la decisión será otra en este momento histórico.

Lo cierto es que el DNU finalmente entró en vigencia el sábado 30 de diciembre, sin que ninguna instancia judicial se haya dignado a interrumpirlo. Un inquietante dilema aparece en el caso de que dentro de unos días, o semanas, el Parlamento y/o la Corte Suprema rechacen el DNU. ¿Qué ocurrirá con un inquilino a quien le redactaron el nuevo contrato con aumentos mensuales o a quienes le desconocieron sus contratos previos a pesar de que la ley no es retroactiva? ¿Qué pasa si un extranjero ya compró miles de hectáreas en el sur del país? ¿O con los despedidos a los que se les computen sus indemnizaciones según la normativa que emana del DNU? ¿Y los aumentos de las prepagas volverán a la escena anterior? Todo parece indicar que una avalancha de litigios taponará los juzgados federales en ese caso.

Los ojos, en el Congreso

Todas las miradas estarán puestas ahora en el Congreso de la Nación, que es el poder del Estado al que la enjundia presidencial le sustrae atribuciones. Y donde además, el partido gubernamental está en una amplísima minoría.

Aquí aparece algo clave para comprender en qué consiste la prepotencia de la ultraderecha: el Gobierno de Javier Milei es en realidad más frágil de lo que aparenta. Conviene recordar que el partido del presidente, La Libertad Avanza, perdió las elecciones generales celebradas el 22 de octubre, es decir salió segunda con apenas el 29,9% de los votos, por lo que su representación parlamentaria es escuálida: cuenta con apenas 38 diputados de un total de 257 y siete senadores de un total de 72. Aun así, logró acaparar la presidencia de las dos Cámaras en la primera sesión del nuevo Congreso, ubicando a Martín Menem (sobrino del expresidente neoliberal) a cargo de la Cámara de Diputados y a Victoria Villarruel en la titularidad del Senado, lo que le permite controlar los procesos administrativos concretos. 

Y esto fue posible debido a un segundo dato no menor para dilucidar el debate que vendrá: la oposición política está sumida en la impotencia, apabullada, sin energía ni talante para reaccionar. Ese es el gran dique que solo la calle puede romper.

Técnicamente, para dejar sin efecto el DNU presidencial, el rechazo debe ser votado por la dos cámaras parlamentarias, un criterio exigente impuesto por el kirchnerismo en 2006, cuando precisaba hacer uso de los decretos para su propia causa. Según la Ley 21.622, el jefe de gabinete deberá enviar el decreto en un plazo máximo de diez días desde su publicación en el Boletín Oficial (que fue el 20 de diciembre), para que sea tratada por la Comisión Permanente de Trámite Legislativo en un plazo máximo de diez días hábiles. A partir de ese instante, los plenarios de Diputados y Senadores podrán dar su veredicto. Los cálculos ubican a la semana que comienza el 22 de enero como el momento indicado para la definición.

La Comisión de Trámite legislativo es bicameral y está integrada por ocho diputados y ocho senadores. También es permanente, pero se conforma cada año otra vez. Por eso, lo primero que debe suceder es que se constituya para el período 2024. El 28 de diciembre, Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados peronistas, pidió formalmente que se designen de manera urgente a los nuevos comisionados. Al día siguiente la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, designó a los representantes de la Cámara Alta para dicha comisión. Son tres de Unión por la Patria, dos pertenecen al peronismo federal, un libertario, el cordobés Luis Juez (de la escudería macrista) y un radical. A juzgar por las declaraciones públicas, cinco de ellos están en contra del DNU, es decir la mayoría. Ahora falta la designación de los diputados, que debería ser inminente y donde la relación de fuerzas sería similar. Al momento del cierre de este artículo, el presidente de la Cámara Baja seguía demorando dicha confirmación, en una clara muestra de la voluntad del oficialismo de dilatar el debido tratamiento de la normativa.

Van a ser días de presiones y debates álgidos, realmente decisivos. Un verdadero juego de póker, en el que por el momento reina la desorientación y la incertidumbre sobre cuál podría ser el resultado. Amanda Alma es una experimentada reportera de Radio Nacional en los vericuetos parlamentarios, donde trabaja desde 2010. “Realmente no me animaría a pronosticar qué puede suceder con el DNU 7023 en el Congreso, porque Argentina ha dado muestra de gran creatividad política para torcer voluntades de legisladores cuando los gobiernos quieren aprobar leyes que son antipáticas para las grandes mayorías. Pero sí avizoro que un lugar más factible para que el oficialismo de La Libertad Avanza consiga el acompañamiento para aprobar este decreto, es el Senado, donde el pasado 13 de diciembre la vicepresidenta Victoria Villaruel demostró capacidad para reunir a 39 legisladores, en su gran mayoría de las provincias. Hay que decir que ninguna provincia está gobernada por La Libertad Avanza y muchas dependen de los fondos del Estado Nacional para la continuidad de sus actividades cotidianas, así que el factor económico va a jugar un peso específico”, dice. “Aunque hay que decir también que la mayoría de los legisladores que están en el Senado de la Nación no representan directamente a algún gobernador, debido a la diversidad de gobernadores de distintos partidos políticos, por lo que puede haber sorpresas en el sentido de un rechazo a la iniciativa. En la Cámara de Diputados es más complejo lograr el número para el oficialismo, principalmente porque ha habido pronunciamientos públicos de la mayoría de los sectores en rechazo de la forma más que nada, es decir por el hecho de haber modificado tantas leyes por DNU. En definitiva, el desenlace es incierto y se torna imposible de arriesgar un resultado por la dinámica que adquiere hoy la vida pública en Argentina”.

Crisis conversa también con uno de los senadores designados por la oposición para la Comisión de Trámite Legislativo, que tiene un presentimiento: “Yo creo que ni siquiera la van a constituir, no sería la primera vez que ocurra”. En efecto, la inactividad e inoperancia de aquella relevante comisión permanente es un verdadero uso y costumbre durante los últimos años, incluso cuando al peronismo le tocó gobernar. De hecho, hay varios decretos del presidente Alberto Fernández que ni siquiera fueron tramitados y quedaron en un limbo. Desde Unión por la Patria argumentan, con razón, que el megadecreto de Milei no tiene nada que ver con las normas presidenciales anteriores, pero así son (precisamente) las famosas inercias que un día te benefician y otro se te vuelven en contra.

En manos del radicalismo

Al margen de las estratagemas reglamentarias, también es una incógnita cómo votarán los distintos bloques. Se presume que los 108 diputados y los 35 senadores de la principal fuerza de oposición se inclinarán de manera homogénea en contra del DNU. También el pequeño bloque de diputados de izquierda trotskista. Mientras que a favor estarían el reducido sector de La Libertad Avanza, junto a la mayoría de los legisladores del PRO que se integraron en el oficialismo. Hay un puñado de bloques federales de diverso signo, conformado por peronistas que rompieron con Unión por la Patria, liberales que se consideran opositores y representantes de gobiernos provinciales, cuya postura es particularmente oscilante: se trata de un sector dispuesto siempre a la negociación, los llamados “dadores voluntarios de gobernabilidad”.

Así las cosas, la clave estará en el radicalismo (34 diputados y 13 senadores), el otro partido histórico de la política moderna argentina, hasta hace poco aliado de Macri pero que ahora está ensayando una oposición centrista, el famoso 'opoficialismo'.

Tras hablar con distintos dirigentes radicales, el panorama ofrece tres posturas diferenciadas. La conducción del partido, a cargo del actual senador Martín Lousteau, propone articular una posición común en torno a la propuesta de no aprobar el decreto tal y cómo lo envió el Ejecutivo, pero ofrecerle al Gobierno nacional vías de solución negociada para avanzar en una parte de las transformaciones propuestas.

Por otra parte, aparece el sector más afín a las ideas neoliberales, expresado por el jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, que están de acuerdo con el fondo de la norma pero no con la forma, y quieren hacer “una cooperación republicana, ya que tenemos ánimos de colaborar para que el Gobierno pueda hacer las reformas”, incluyendo la laboral. La respuesta pública del presidente Milei a estas propuestas de negociación fue totalmente descalificadora, llegando incluso a acusarlos de querer recibir sobornos a cambio del voto afirmativo.

Por último, existe un grupo importante al interior de la UCR que pretende recuperar el espíritu alfonsinista y se opone al DNU tanto por su fondo como por su forma, por lo que planea votar en contra. Hay quienes en este sector, cuya figura más conocida quizás sea el actual diputado nacional Facundo Manes, consideran que no habría que descartar la intencionalidad libertaria de forzar el rechazo de la normativa para polarizar con el Parlamento, en un conflicto de poderes que puede poner en riesgo el ordenamiento democrático. La amenaza de convocar un plebiscito en caso de que el Congreso rechace el cuestionado decreto, formulada por el propio presidente, parece avalar esa sospecha.

Si el Gobierno logra finalmente imponer su plan de reorganización nacional, el retroceso social va a ser inédito. Y la ultraderecha podrá cantar victoria, sentando un precedente importantísimo sobre la conveniencia de avanzar contra los derechos adquiridos por la ciudadanía a través de una estrategia de shock, sin miramientos por la división de poderes. A prepotencia pura.

En los próximos días sabremos si el Parlamento y la Justicia tendrán la capacidad de ofrecerse como un contrapoder efectivo ante el abuso del Ejecutivo. Por lo que hemos visto en este artículo, esa posibilidad depende de la presión social callejera, y de la vigencia de una tradición democrática que está latente, pero hay que ver si logra desatarse en este momento de intenso peligro. Estamos viviendo una encrucijada histórica y desde la revista Crisis vamos a ocupar un lugar en este lío.