La aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática dará un paso inédito en Cádiz el próximo 17 de junio. Ese día comenzarán en los juzgados de San José las primeras vistas destinadas a declarar ilegítimas y nulas las condenas y represalias sufridas por cinco víctimas del franquismo, en unos procedimientos impulsados por la Asociación para la Recuperación y la Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz y la Fiscalía de Memoria Democrática. Es un paso que los colectivos memorialistas consideran histórico porque abre una vía judicial novedosa para reparar, aunque sea simbólicamente, a quienes fueron represaliados tras el golpe militar de julio de 1936.

No habrá acusados en el banquillo ni responsabilidades penales que depurar. Lo que se juzgará será la posibilidad de que el Estado reconozca oficialmente que cinco víctimas de la represión franquista nunca debieron ser perseguidas, condenadas o castigadas. La iniciativa parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cádiz, creada al amparo de la legislación estatal aprobada en 2022.

Según explica el presidente de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz, Felipe Barbosa, el origen de estos procedimientos se remonta a una reunión celebrada en otoño de 2024 con el entonces recién nombrado fiscal de Memoria, José Miguel Ruiz de Molina. Los memorialistas plantearon entonces una cuestión evidente: si la persecución penal de los responsables era ya imposible por el tiempo transcurrido, ¿qué mecanismos quedaban para hacer justicia?

La respuesta fue explorar la vía de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Un procedimiento civil que permite revisar y declarar ilegítimas las actuaciones represivas sufridas por determinadas personas durante la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino restaurar oficialmente el honor y la dignidad de quienes fueron convertidos en enemigos por defender la legalidad republicana o por su actividad profesional, sindical o política.

“Fueron asesinados, apartados de sus trabajos, humillados, y sus familias tuvieron que pasar un calvario muy grande”, resume Barbosa. Lo que se busca ahora es “recuperar su anterior estatus profesional y familiar”.

Una represión sistemática

Los colectivos memorialistas ven en estas vistas la apertura de una vía judicial que nunca existió para cientos de represaliados gaditanos. Durante décadas, historiadores, investigadores y familiares han reconstruido sus historias en libros, archivos y testimonios. Ahora será un juez quien reciba esa documentación, la incorpore a un procedimiento y determine institucionalmente que aquellas condenas y represalias fueron ilegítimas.

La historia de estos expedientes comienza en una provincia donde la violencia franquista se desplegó con rapidez tras el golpe militar de julio de 1936. Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer en manos de los sublevados. La resistencia apenas pudo sostenerse durante unas horas. Hubo barricadas, enfrentamientos armados, el Gobierno Civil cercado y el Ayuntamiento convertido en uno de los objetivos prioritarios de los golpistas. Después llegó la represión sistemática. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina han documentado cómo jueces, abogados y fiscales militarizados instruyeron en 1937 un total de 456 procedimientos sumarísimos de urgencia que afectaron a unas 1.300 personas. Muchos otros represaliados nunca llegaron siquiera a tener un juicio formal.

Los cinco casos seleccionados pretenden representar distintas formas de esa represión. Uno de ellos es Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz cuando se produjo el golpe de Estado. Como máxima autoridad del Gobierno de la República en la provincia, intentó coordinar la resistencia frente a los militares sublevados. Su caso simboliza el derrumbe violento de las instituciones democráticas y la persecución de quienes intentaron mantener la legalidad constitucional en aquellos días decisivos de julio de 1936. Barbosa lo define como la figura que trató de organizar la respuesta de ciudadanos y fuerzas leales frente a unos golpistas que contaban con una aplastante superioridad militar.

El diputado y el médico

Junto a él figura Manuel Muñoz Martínez, probablemente el dirigente republicano más relevante de la provincia de Cádiz durante la II República. Diputado en Cortes y una de las figuras políticas más influyentes del republicanismo gaditano, su incorporación a estas diligencias ha sido promovida también por su familia, encabezada por su nieta Lola Esteban. Su caso representa la persecución contra quienes encarnaron el proyecto político derrotado por la fuerza de las armas.

La historia más detalladamente documentada es quizás la de Pablo Bauzano Guillén. Nacido en Chipiona en 1904, médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927, fue jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. Tras el golpe siguió atendiendo a heridos en la Casa de Socorro. Primero fue sometido a arresto domiciliario y después detenido de nuevo. Entre los hechos utilizados contra él figuraba la escucha de emisoras gubernamentales a través de un aparato de radio instalado en el Parque de Desinfección Municipal.

Aquellas acusaciones desembocaron en un consejo de guerra celebrado en mayo de 1937. Bauzano fue condenado a muerte por “rebelión militar”, una paradoja jurídica que convirtió en rebeldes a quienes permanecieron fieles al Gobierno legítimo. La sentencia fue anulada por defectos formales, pero la persecución continuó. Volvió a ser juzgado, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sometido a un expediente de responsabilidades políticas y depurado profesionalmente. Su trayectoria resume el funcionamiento de una maquinaria represiva que no se limitó a los fusilamientos, sino que buscó la exclusión social, profesional y económica de los vencidos.

El capitán y el sindicalista

Otro de los expedientes corresponde a Julio Ramos Hermoso, capitán de Artillería destinado en Cádiz. Fue condenado a seis años de prisión. Su presencia en estas vistas recuerda que la represión también alcanzó a militares que permanecieron leales a la República y que fueron castigados precisamente por no secundar el golpe.

La quinta historia es la de José Díaz Díaz, secretario del metal de UGT de Cádiz. Fue asesinado y se ha convertido en el representante simbólico de miles de trabajadores, sindicalistas y dirigentes obreros perseguidos tras el triunfo de los sublevados. Su nombre lleva ahora ante los tribunales la memoria de un movimiento obrero que sufrió una de las represiones más intensas de toda la provincia.

Felipe Barbosa reconoce el carácter simbólico de estos procedimientos, pero rechaza que se trate únicamente de un gesto. Él y miembros de la asociación comparecerán como testigos para ratificar la documentación histórica aportada a la Fiscalía. También participarán familiares de las víctimas. El objetivo es que los tribunales declaren la ilegalidad y la ilegitimidad de las sanciones y condenas impuestas a estas personas y que esa declaración sirva de precedente para otros muchos casos.

La importancia de lo que ocurrirá el 17 de junio reside precisamente ahí. Durante décadas, estas historias sobrevivieron en archivos, investigaciones académicas y recuerdos familiares. Ahora pasarán a formar parte de un procedimiento judicial. La aspiración de quienes han impulsado el proceso es sencilla y ambiciosa al mismo tiempo: que un juez afirme oficialmente que aquellas personas no fueron culpables de nada. Fueron víctimas. Que se haga justicia, aunque sea 90 años después.

“Cuando hace viento, la casa se mueve”, se lamenta Estefanía Reyes. Asienten otra decena de vecinos que ven temblar sus viviendas cada vez que sopla con fuerza el levante o el poniente, algo habitual en Cádiz. Es solo uno de los numerosos problemas que sufren las 60 viviendas de la promoción conocida como Matadero Sur, a la entrada de la capital gaditana. Filtraciones de agua, cortocircuitos, puertas que se desploman o facturas de suministros básicos desorbitadas. Podría parecer que son deficiencias provocadas por el paso del tiempo, pero estas casas apenas tienen un año y medio. Las llaves se las entregó en mano el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un día en el que presentó este edificio como un “símbolo de calidad y eficiencia energética”. Era la primera construcción de vivienda pública de la Junta en Cádiz tras 12 años. “El presidente nos dio coba”, resume Estefanía.

Las 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en la calle Nelson Mandela, fueron entregadas el 30 de septiembre de 2024. El presidente andaluz había estado en la colocación de la primera piedra y no quiso perderse el momento en que los vecinos accedían por primera vez a estas casas en alquiler. “Es una promoción de última generación, diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas de la ciudad: humedad, viento y salinidad”. Apenas un año y medio después, los vecinos aseguran convivir con goteras, filtraciones, problemas eléctricos, humedad, puertas descuadradas y cortes de agua.

Las denuncias han sido canalizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que ha decidido, junto a varios afectados, denunciar públicamente la situación y reclamar una actuación urgente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promotora pública de la obra. “Las viviendas son de pésima calidad”, sostiene Rafael Lara, portavoz de la APDHA en Cádiz.

La directora de AVRA, Susana Cayuelas, llegó a afirmar entonces que “la calidad del aire está garantizada en el interior de las viviendas” y que el diseño del inmueble había tenido en cuenta las singularidades climáticas de Cádiz, con una especial mención a “la protección térmica y acústica”. Los vecinos están hartos de escuchar ruidos extraños procedentes de las tuberías o del silbido del viento que se cuela por sus ventanas mal selladas.

“No había pasado ni un mes cuando me entró agua por el techo del cuarto de baño, la cocina y la ventana principal del salón”, relata Najat Abdelouarten. Según explica, los operarios acudieron en varias ocasiones, pero nunca solucionaron el problema. “Siempre dan largas”, lamenta.

Estefanía Reyes enumera una cadena de incidencias que comenzó prácticamente desde el día en que recibió las llaves. “Me vine a mi casa con un cortocircuito”, cuenta. Después llegaron las filtraciones, un agujero en el techo del baño, placas de pladur empapadas, una tubería de agua caliente reventada y cortes de suministro durante horas. Describe también situaciones difíciles de asociar a un inmueble recién construido: “Los pomos de las puertas están rotos, los marcos se caen, la placa de ducha se mueve… mi casa está llena de humedad”.

“O te asas de calor o te mueres de frío”

En las casas, que iban a ser un icono de climatización, “o te asas de calor o te mueres de frío: no hay término medio”. Además, no se pueden colocar aparatos de aire acondicionado porque las paredes de pladur no resisten. “No podemos poner ni cuadros ni estanterías porque se caen”.

Una de las anomalías que más inquietud genera es que “salen corrientes de aire por los enchufes”. Según la APDHA, no es un caso aislado y apunta a defectos de mayor alcance. “Para que salgan corrientes de aire por los enchufes debe haber un problema estructural en la construcción”, advierte Lara. Por eso, reclama un informe técnico independiente que evalúe el estado del edificio.

La APDHA sostiene que los defectos aparecieron desde el primer momento, por lo que rechaza cualquier argumento relacionado con un supuesto mal uso por parte de los inquilinos. Además, recuerda que las viviendas siguen dentro de los plazos legales de garantía.

La Junta ha argumentado que está a la espera de un informe de AVRA para determinar quién y cómo debe arreglar estos desperfectos. El Ayuntamiento ha derivado, hasta el momento, a los vecinos a la Consejería de Vivienda, al ser la competente, aunque los beneficiarios proceden del listado municipal de demandantes. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador debe acometer las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad. “Los vecinos están cumpliendo con sus contratos y pagando sus alquileres; la Administración también tiene obligaciones”, sostiene. Temen que la Junta esté dejando pasar el tiempo de garantía para no reclamarle los daños a la constructora.

La entidad asegura haber remitido escritos detallados a AVRA, solicitado reuniones con la delegada territorial de Vivienda, Carmen Sánchez, y enviado incluso una carta firmada por los vecinos al presidente andaluz. Pero no han obtenido respuesta. Ese silencio ha llevado a la APDHA a acudir al Defensor del Pueblo Andaluz y a estudiar posibles acciones judiciales. Aunque reconocen que la vía judicial supondría un gran esfuerzo económico para familias con recursos limitados, advierten de que podría acabar siendo inevitable si la Junta no interviene.

Otros edificios con problemas

Las quejas por el estado de las viviendas públicas se acumulan, ya que otros edificios de su competencia en Cádiz también presentan problemas. Los vecinos de la calle Explanada, en el barrio de Puntales, denuncian desde hace años el grave deterioro estructural de varios bloques, con grietas, hundimientos, apuntalamientos y desprendimientos que mantienen a decenas de familias viviendo “con miedo” ante un posible colapso. La situación se ha agravado en los últimos meses con el precinto y desalojo de algunas casas por motivos de seguridad, lo que ha incrementado la indignación vecinal en una zona donde varias familias llevan demasiado tiempo soportando condiciones de infravivienda. La diferencia es que estas casas tienen más de 60 años. Las de Matadero no llegan a dos.

La promoción de Matadero Sur tenía como objetivo ofrecer un respiro a familias expulsadas del mercado privado del alquiler en una ciudad donde la presión turística y la proliferación de viviendas vacacionales han disparado los precios. Cuando se entregaron las llaves, algunos adjudicatarios explicaban que llevaban hasta 20 años esperando una vivienda pública y que pagaban alquileres inasumibles en el mercado libre.

“Mi alquiler es de 425 euros, pero estoy pagando más de 600 al mes por la luz y el agua”, asegura Vanessa Lois, otra de las vecinas. Sus facturas de suministros básicos superan en algunos meses los 200 euros debido al sistema de bombeo o al mal funcionamiento de las placas solares instaladas. Por eso añade: “Yo invito a Moreno Bonilla a que venga aquí, que los 60 vecinos lo estamos esperando. Que venga y vea lo que vino a vender y lo que hay realmente”.

Juan Carlos Aragón iba a entrar este domingo en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz con una estrella frente al Gran Teatro Falla. Menos de 24 horas antes del acto, una carta enviada por una de sus exparejas, acompañada de documentación judicial y una sentencia firme por malos tratos de 2010, frenó el homenaje y abrió una de las mayores sacudidas culturales y políticas que recuerda el carnaval gaditano. Caía el mito de una leyenda que nacía tras su temprana muerte en 2019.

El terremoto ha terminado este lunes de explotar. El alcalde de Cádiz, Bruno García, del PP, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará al próximo pleno la retirada de los honores concedidos al autor, solicitará la revisión del nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón y exigirá responsabilidades políticas a quienes “sabiendo que existía esta sentencia no hicieron nada”.

“Con una persona condenada, en este caso como se ha documentado, nuestra propuesta va a ser retirar esos honores”, ha afirmado el alcalde, quien asegura que el gobierno municipal ha decidido colocar “una frontera muy evidente en la sentencia”. “Cuando uno tiene la sentencia, tiene que elegir si está de un lado o del otro”, añadió.

El alcalde explicó cronológicamente cómo se produjo la suspensión del homenaje previsto para este domingo. Según detalló, el jueves recibieron una primera petición de una mujer identificada como Lola, a la que describió como “la primera esposa” de Aragón, alertando de que “la situación que ella había vivido no casaba con lo que iba a pasar el domingo”. El viernes, añadió, recibieron otra comunicación de Paqui Pino, madre del segundo de los hijos del autor, que posteriormente remitió documentación judicial, incluida una sentencia condenatoria firme.

“En ese mismo momento tomamos la decisión de aplazarlo”, aseguró García, que explicó además que mantuvieron una videollamada con la viuda del autor y promotora del homenaje, Luisa Tejonero, antes de anunciar públicamente la suspensión.

El alcalde ha confirmado que el gobierno municipal propondrá revocar definitivamente la estrella prevista frente al Gran Teatro Falla. “La estrella se va a quitar”, afirmó. También anunció que el Ayuntamiento pedirá al Consejo Escolar que revise el nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón, un centro educativo donde habitualmente suena el Credo carnavalero, una de las coplas más emblemáticas del autor.

Hematomas en brazos y piernas

“Estamos hablando de si el Ayuntamiento tiene que ponerle de referente en la ciudad de Cádiz y darle un honor”, sostuvo el regidor. “No estamos evaluando su capacidad artística ni siquiera su reinserción en la sociedad”. También evitará cualquier colaboración con la Fundación que llevaba realizando desde 2024 actos como convocatorias de premios literarios y carnavalescos, además de organizar el homenaje en cada aniversario.

La documentación remitida por Paqui Pino Fernández incluye una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz que condenó a Juan Carlos Aragón por un delito de lesiones en el ámbito familiar, otro de amenazas leves y una falta de vejaciones injustas.

La resolución judicial, fechada el 23 de marzo de 2010, considera probado que Aragón golpeó a su entonces pareja durante una discusión ocurrida el 30 de agosto de 2005 en presencia del hijo menor de ambos. La sentencia describe lesiones consistentes en “hematomas en el brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pie izquierdo y erosiones en el cuello”.

El fallo añade que posteriormente el autor envió “diversos mensajes con carácter intimidatorio” a la denunciante. Entre ellos, uno remitido el 26 de septiembre de 2005 en el que escribió: “En una tienda de deporte venden un rifle demasiado... sobre todo cuando me acuerdo de lo que habéis hecho con él... menos mal que ya no me queda dinero...”. El mismo documento recoge además insultos enviados a la víctima, a la que llamó “vieja, gorda, adúltera, mentirosa, mala madre, estafadora, choriza”, además de “hija de puta” en distintos mensajes y llamadas.

La sentencia condenó a Aragón a un año de prisión por lesiones en el ámbito familiar, once meses de prisión por amenazas leves y cuatro días de localización permanente por vejaciones injustas. También le impuso prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, así como privación de tenencia de armas. La propia resolución judicial señala además que el acusado mostró “su conformidad con los hechos, la calificación jurídica y la pena solicitada”.

Junto a la sentencia se ha difundido también un parte médico fechado el 2 de septiembre de 2005 que recoge lesiones compatibles con malos tratos: hematomas en brazos y piernas, rasguños y erosiones en el cuello.

Además de la causa penal, la documentación aportada incluye la demanda de guarda y custodia presentada por la denunciante en 2005. En ese procedimiento civil —cuyos contenidos son alegaciones de parte y no hechos probados judicialmente— la expareja del autor afirmaba que Aragón padecía adicción “al alcohol y otras drogas, como la cocaína”, relataba episodios de violencia física y aseguraba que había tenido que abandonar precipitadamente el domicilio familiar.

El escrito sostiene que el comportamiento del autor “se achacaba a su adicción a las drogas” y afirma que había sido tratado “por médicos y psicólogos”. La demanda describe además situaciones relacionadas con el cuidado del hijo común, entonces un bebé de pocos meses. Según ese documento, Aragón decía que el niño “le da mucho calor y no lo puede coger” y necesitaba ayuda de terceros para cambiar pañales o darle el biberón.

Duro enfrentamiento político

La documentación económica incorporada a esa demanda aporta además una imagen muy concreta del momento de máximo auge creativo y popular de Aragón. Según el escrito, el autor dirigía personalmente la comparsa El Cojo de Loreto y una chirigota, además de escribir repertorios para otras agrupaciones. La demanda afirmaba que percibía de la SGAE “unos altos ingresos anuales” que en 2004 “alcanzaron en torno a los 90.000 ó 120.000 euros”.

La controversia ha provocado además un duro enfrentamiento político. Adelante Izquierda Gaditana afirmó que “hace tiempo que en los mentideros corría la voz de que era un maltratador y, sin embargo, se ha querido hacer como que no nos enterábamos”. El PSOE respaldó la suspensión del homenaje y sostuvo que “ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos”.

Pero el alcalde fue mucho más allá y dirigió gran parte de su comparecencia contra el anterior gobierno municipal de Adelante, al que acusó de haber conocido la existencia de la sentencia sin actuar. “Prefirieron mirar para otro lado”, afirmó. Es, por eso, que en el pleno de este jueves pedirá responsabilidades a su antecesor, José María González. Ha sido durante el gobierno del PP cuando se han ejecutado los homenajes permanentes a Aragón como la creación de premios en su memoria o la instalación, aunque frustrada, de su estrella. “La diferencia es que cuando yo he accedido a la sentencia, he actuado”, se ha defendido el alcalde.

El PP de Alcalá de Guadaíra ha metido en un enorme lío a sus compañeros en Cádiz a dos días de que termine la campaña electoral a las autonómicas al presentar una denuncia ante la Junta Electoral para intentar prohibir que el sábado, durante la jornada de reflexión, canten mensajes políticos las agrupaciones invitadas a un certamen de carnaval organizado por el Ayuntamiento (gobernado por el PSOE). La enorme polémica que se estaba creando, con ataques al PP por este intento de censura sin precedentes en democracia, llevó al presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, Bruno García, a pedir a primera hora de hoy a la dirección sevillana de su partido a reclamar la retirada de la denuncia.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla inició este miércoles 13 de mayo un expediente tras la denuncia presentada por el PP contra el festival Carnaval de Primavera, previsto para el próximo 16 de mayo, jornada de reflexión de las elecciones andaluzas, en Alcalá de Guadaíra. En el escrito remitido al órgano electoral, los populares sostienen que varias de las agrupaciones anunciadas — un coro, una chirigota y dos comparsas— incluyen en sus repertorios letras de contenido político y crítica social que, interpretadas durante la jornada previa a la votación, podrían vulnerar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que limita los actos de propaganda electoral durante ese día.

La denuncia, según recoge el acuerdo firmado por el secretario de la Junta Electoral, adjunta vídeos y letras de algunas agrupaciones para justificar la petición. Entre ellas figura la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, cuyo repertorio de este año gira en torno a la defensa de la sanidad pública andaluza y las críticas al deterioro del sistema sanitario y al SAS.

Impedir opinión política

El PP no solicita la suspensión del festival, pero sí reclama que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra impida que las agrupaciones incluyan “letras con alusiones políticas” o expresen “opinión política de cualquier signo” durante sus actuaciones. Además, pide que se identifique a las delegaciones municipales y personas responsables de la organización del evento “para su posible individualización de responsabilidades” en caso de incumplimiento.

La Junta Electoral, por el momento, no ha adoptado ninguna medida cautelar. Ha incorporado la denuncia al expediente y ha dado traslado al Ayuntamiento, al que concede un plazo de 24 horas para presentar alegaciones antes de resolver si procede actuar sobre el contenido del espectáculo. Pero en cuanto la denuncia se ha hecho pública en Cádiz la polémica no ha hecho más que crecer. Varios de los componentes de la comparsa DSAS3 y reconocidos autores y personalidades de la fiesta gaditana han denunciado una censura “sin precedentes”. Y varios colectivos se estaban movilizando para inundar el sábado de coplas de carnaval las redes sociales.

Bruno García comparecía en rueda de prensa muy temprano y, sin esperar a preguntas de la prensa, tomaba la palabra para intentar detener la polémica, que ya le había acarreado más de un disgusto político. “Me he enterado de esta denuncia por la radio. Y en cuanto lo he sabido he llamado a la dirección provincial del PP de Sevilla y he pedido que se retire. Y me consta que la van a retirar. El carnaval es libertad”.

“Querían silenciarnos y nos han puesto un altavoz. Gracias al PP por la campaña de marketing. Si no queríais que se escuchara, este sábado vamos a cantar con los pulmones en la mano”, ha escrito en sus redes sociales el guitarrista de la comparsa, Pedro Campos.

El Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PSOE, ha confirmado que seguirá adelante con el evento carnavalesco. Asegura que el recital estaba previsto desde antes que el presidente de la Junta convocara las elecciones, de ahí que niegue voluntad política en el día y las agrupaciones escogidas. No le consta que el PP haya retirado la denuncia y ha alegado a la denuncia de manera formal aludiendo al artículo 20 de la Constitución Española, que defiende y protege la libertad de expresión.

Tras 28 días encaramados a una grúa de Navantia San Fernando (Cádiz), los soldadores Manuel Barber y Jesús Galván pusieron este martes los pies en tierra firme. Lejos de dar por cerrado un conflicto, aseguran que su protesta va mucho más allá de su caso personal. Horas después de bajar, acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para conocer los cargos derivados de la denuncia presentada por la empresa pública. Ya anuncian que devolverán la denuncia a Navantia por maltrato y delito de odio.

La primera noche fuera de la grúa no fue una celebración. “Dormimos poco, pero tranquilos”, resumen. Aún conservaban la voz ronca, el gesto endurecido y el cansancio de casi un mes expuestos al frío, al viento y a la intemperie, a 25 metros de altura. Llegaron escoltados por sus compañeros, que en los últimos días han tenido que seguirles desde lejos. Cada vez más lejos. “Al principio nos dejaban estar en el aparcamiento del astillero, pero lo han vallado y en los últimos días no era posible”, explican varios de ellos.

En las puertas de la comisaría isleña, Barber y Galván relatan una protesta complicada, pero que aseguran haber llevado con entereza. “Nos conocemos bien, hemos vivido muchos años fuera y hemos compartido muchas situaciones difíciles”, explican. “Nosotros hubiéramos aguantado lo que hiciera falta. Sabíamos que éramos fuertes mentalmente, pero incluso a nosotros mismos nos ha sorprendido la capacidad de resistencia que hemos tenido”.

El encierro comenzó el 8 de abril como una acción límite para denunciar la existencia de supuestas listas negras en Navantia y en empresas auxiliares contra trabajadores vinculados a la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM). Barber y Galván sostienen que llevan cerca de una década sin poder trabajar en los astilleros de la Bahía de Cádiz pese a contar con alta cualificación y experiencia en el extranjero y en otras partes de España. Según su versión, varias empresas intentaron contratarlos, pero la entrada les fue vetada desde la empresa pública. “Tenemos la declaración del jefe que nos iba a contratar diciendo que Navantia le comunicó que éramos personal no grato y que estábamos en listas negras”, asegura Galván. “Eso ya lo tiene la Inspección de Trabajo”.

Durante semanas, la imagen de ambos sobre la grúa se convirtió en parte del paisaje del astillero isleño y en un símbolo incómodo para una empresa pública con elevada carga de trabajo. La protesta fue creciendo con el respaldo de CTM y concentraciones en distintos puntos del estado, en paralelo a un contexto político marcado por la campaña electoral andaluza. “Antes había dos en la grúa y mil organizando. Ahora hay mil y dos más que vamos a seguir dando la pelea”, resume Galván.

Los primeros días fueron los más duros. “Dormíamos sobre chapas estriadas y húmedas, con los huesos pegando en el suelo”, recuerda Barber. “Pasamos mucho frío, dormíamos muy poco y también comíamos poco”. Ambos relatan que la situación llegó a ser extrema por las dificultades iniciales para subir alimentos y material básico. “Si no llega a ser por la intervención de nuestra abogada y de los compañeros, aquello era inhumano. Nos dejaron sin luz y no podíamos usar nuestros móviles. Hasta los presos de Puerto II estaban más comunicados que nosotros”, afirma Galván. Por eso hablan de maltrato por parte de Navantia. La empresa ha insistido en los últimos días en que ambos fueron alimentados convenientemente y se les suministró abrigo y material de descanso.

El desenlace llegó con un amplio despliegue policial alrededor de la grúa. “Estábamos tranquilos hasta que vimos todo cercado”, explica Barber. “Nos dijeron que, si no bajábamos, subirían a por nosotros”. La escena les dejó una sensación que repiten varias veces: “Como si fuéramos terroristas”. La intervención policial atendía una denuncia presentada por Navantia a finales de abril, en la que se alertaba de la presencia de dos trabajadores en una grúa en condiciones meteorológicas potencialmente peligrosas. Finalmente, descendieron de manera voluntaria. “Nos querían llevar detenidos, pero al final nos dejaron dormir en casa si acudíamos a comisaría al día siguiente. Somos dos trabajadores honrados”, insiste Galván. “No hemos robado, no somos terroristas. Nos dijeron que viniéramos hoy a las nueve y media y aquí estamos”.

Buena parte de sus críticas se dirigen al PSOE. “Está evidenciando que no se comporta como socialista obrero”, afirma Galván. “Se comporta como un partido de derechas que vuelve a reprimir a los trabajadores”. Tampoco se salva la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. “Dice que desde el primer día atendió nuestros llamamientos y eso es mentira. Ni siquiera cogió el teléfono”, sostienen. Contra el PSOE hay convocadas este jueves 7 de mayo concentraciones en las sedes del partido en las capitales andaluzas.

El conflicto ha servido, en su opinión, para desenmascarar a los actores del sector. Acusan a UGT y CCOO de haberse alejado de los trabajadores eventuales y precarizados. “Esto ha puesto de relieve quién defiende a los obreros y quién no”, señala Barber. Ambos vinculan las listas negras a un modelo basado en el miedo. “Las factorías se han convertido en campos de concentración”, llega a decir Galván. “La gente entra ya con autorrepresión, con miedo a perder el puesto”.

Pese a la trascendencia de su protesta, remarcan que nunca buscaron paralizar la producción. “Pedimos a los compañeros que siguieran trabajando”, explica Barber. “Para perder ya estábamos nosotros”.

Durante el conflicto, relatan, se les hicieron dos ofertas de empleo. La primera, anterior al encierro, fue vetada por Navantia. La segunda la consideran una maniobra para desactivar la protesta. “Querían mandarnos a Burgos y cambiaban continuamente las condiciones”, dice Barber.

A la espera del recorrido judicial del caso, anuncian nuevas denuncias contra Navantia y Dragados Offshore, e incluso la posibilidad de acciones legales por delito de odio por el trato recibido durante estos años.

Lejos de asumir la bajada como una derrota, la presentan como un cambio de fase. “Esto no acaba aquí”, repiten. Antes de entrar en comisaría, Galván resume el sentido de la protesta: “No pedimos privilegios. Pedimos trabajar en nuestra tierra y hacerlo con dignidad”. Confían en que la documentación enviada a la Inspección de Trabajo, “con audios y documentos”, sirva para demostrar que las listas negras son reales y se adopten medidas para acabar con ella.

A 25 metros de altura, sobre una grúa del astillero de Navantia en San Fernando, dos colchones, comida que les hacen llegar desde abajo y un teléfono sin cámara ni Internet marcan la rutina diaria de Manuel Balber y Jesús Galván. Los dos soldadores han cumplido 20 días encaramados en una protesta extrema que ha convertido su conflicto laboral en un foco político de alcance nacional.

Su reivindicación es conocida: denuncian que existen “listas negras” en el sector del metal de la Bahía de Cádiz que les impiden trabajar por su actividad sindical en los últimos años, cuando como miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han participado en recientes paros y huelgas. Sostienen que, pese a su experiencia en otras zonas de España, llevan años sin ser contratados en un contexto de alta carga de trabajo en la industria naval de la Bahía de Cádiz.

Esa denuncia, apoyada por la CTM y otros sindicatos minoritarios, ha sido el motor de una protesta que no ha dejado de crecer en visibilidad, mientras que la empresa y los comités mantienen una posición tajante: niegan la existencia de cualquier veto laboral.

El conflicto estalla en un momento de especial actividad para los astilleros de la Bahía de Cádiz, que afrontan una de las mayores cargas de trabajo de las últimas décadas. Los programas de construcción naval, tanto civiles como militares, junto al volumen de reparaciones y trabajos auxiliares, sostienen miles de empleos directos e indirectos y han convertido al metal en uno de los principales motores industriales de la comarca. Este contexto de demanda de mano de obra es el que los dos trabajadores esgrimen para cuestionar por qué no logran ser contratados pese a su cualificación y trayectoria.

Navantia ha rechazado “de forma tajante” que existan listas negras en sus procesos de contratación y defiende que no interviene en la selección de personal de las empresas auxiliares, además de subrayar que atraviesa una etapa de elevada actividad y necesidad de mano de obra cualificada. La singular protesta ha generado una notable incomodidad entre sus responsables.

Primero, porque la entrada de ambos en el astillero ha evidenciado un fallo de seguridad inédito, ya que ni Balber ni Galván tenían permiso para entrar en una factoría que tiene especiales restricciones de acceso por su carácter militar. Segundo, por la dificultad de ponerle fin, dado que resulta complejo plantear un desalojo a 25 metros de altura. Y tercero, por las denuncias que reciben del trato “inhumano” dispensado a los dos operarios: sin luz, sin teléfonos móviles propios y bajo un control estricto de lo que reciben del exterior. La compañía insiste en que las condiciones en la grúa están condicionadas por criterios de seguridad, como la imposibilidad de conectar suministro eléctrico directamente a la estructura para no poner en riesgo a los manifestantes.

Dimensión política

En la misma línea se ha expresado el comité intercentros de la empresa, que engloba a los sindicatos mayoritarios como CSIF, UGT y CCOO. En un comunicado interno que trascendió públicamente en los primeros días de la protesta, la representación sindical aseguró que “no existe constancia ni pruebas” de persecución o discriminación por motivos sindicales en la contratación. El texto añade que dentro de la compañía “no consta ningún tipo de veto o discriminación” y que los procesos de incorporación se rigen por criterios de igualdad, mérito y capacidad, además de estar sometidos a control y normativa.

Mientras tanto, la protesta ha ido escalando en dimensión política. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, visitó el pasado viernes a los trabajadores después de un primer intento frustrado y tras obtener el amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Allí denunció una posible vulneración de derechos laborales y reclamó la necesidad de investigar las supuestas listas negras. El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se reunió la pasada semana con la Coordinadora de Trabajadores del Metal. También Adelante Andalucía ha respaldado la protesta y considera necesario amplificar la repercusión de un conflicto que, a su juicio, no se limita al ámbito industrial.

En el otro lado, el PSOE interpreta la escalada política como una estrategia de desgaste en plena antesala electoral andaluza, especialmente contra la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (responsable política de Navantia), y ahora candidata a presidir la Junta.

En paralelo, el desarrollo de la protesta sigue condicionado por la resistencia física de los dos trabajadores. Viven en una estructura elevada, sin baño, con acceso limitado a la comunicación y dependiendo de la logística que les hacen llegar desde abajo. La situación se ha prolongado durante semanas, con episodios de tensión y negociaciones que, por ahora, no han desembocado en una solución.

Durante estos días ha habido intentos de mediación y dos ofertas laborales que no han prosperado. La CTM asegura que eran “engañosas”. Se mantiene la vía del diálogo para intentar reconducir el conflicto por vías institucionales y laborales, aunque no parece que Balber ni Galván tengan intención de bajar de la grúa. De hecho, para este miércoles se ha convocado una protesta por la tarde en Cádiz, que recorrerá la sede de la patronal gaditana, el astillero de Navantia en Cádiz y la sede de los sindicatos UGT y Comisiones en la capital gaditana. El objetivo será recordar que dos trabajadores llevan 20 días subidos a una grúa a 25 metros de altura.

Durante siglos, el fondo de la bahía de Cádiz ha guardado historias apenas visibles, fragmentos de madera sumergidos en silencio que apenas dejaban entrever su pasado. Uno de ellos, el conocido como pecio Delta I, ha salido literalmente a la luz para cambiar lo que se sabía, que era muy poco, sobre la construcción naval del siglo XVII. El hallazgo se produjo durante las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto gaditano, pero lo que vino después ha sido lo verdaderamente excepcional: una intervención que ha permitido acceder a un nivel de detalle inédito en este tipo de investigaciones y que sitúa a Cádiz en el mapa de la arqueología subacuática internacional.

Por primera vez en España, un barco histórico fue extraído del mar para su estudio en tierra, en una operación impulsada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y ejecutada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), dependiente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. “Fue el primer barco que se trasladó desde el fondo marino a tierra para poder estudiarlo en detalle”, explica la investigadora del CAS Nuria Rodríguez. Estudiar un pecio fuera del agua permite acceder a niveles de información que bajo el mar resultan prácticamente inalcanzables, desde la observación directa de las conexiones entre piezas hasta la posibilidad de desmontar la estructura.

Durante diez meses y medio, el equipo trabajó sobre los restos en una zona habilitada en los astilleros, bajo condiciones controladas de humedad para evitar el deterioro de las maderas, extremadamente sensibles tras siglos bajo el agua. Allí pudieron desmontar, analizar y documentar cerca de 400 piezas de la embarcación, en un trabajo minucioso que ha requerido combinar técnicas arqueológicas con criterios de conservación.

A partir de ese puzle de madera, los investigadores han logrado identificar hasta cuatro niveles constructivos distintos y han podido seguir la lógica interna del ensamblaje, entendiendo cómo se conectaban las piezas entre sí y cómo se organizaba la construcción. “La deconstrucción del barco es lo que te permite entender cómo se construyó”, resume Rodríguez, que subraya la importancia de este tipo de análisis en un siglo XVII del que, paradójicamente, existe una notable escasez de información arqueológica directa.

El proceso constructivo arranca con la quilla, la pieza longitudinal que actúa como columna vertebral del barco, sobre la que se levantan las cuadernas principales, formadas por varias piezas ensambladas lateralmente. A partir de ahí se completa la estructura transversal y, finalmente, el casco se reviste tanto por el interior como por el exterior.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que ha permitido identificar el carácter atlántico de la embarcación. El grosor de las maderas, su disposición y la robustez general de la estructura indican que se trata de un barco preparado para largas travesías oceánicas y grandes cargas, muy distinto de las embarcaciones mediterráneas. “Son barcos muy sólidos, construidos para soportar rutas largas y exigentes”, apunta Rodríguez. Esta conclusión encaja con el papel que Cádiz desempeñaba en el siglo XVII como nodo clave en los grandes circuitos marítimos, en un momento de intensa actividad comercial y conexión con América.

La propia localización del pecio dentro de la Bahía refuerza esa idea. Lejos de la imagen actual de un puerto con infraestructuras fijas, el Cádiz de la época funcionaba como una especie de “Cádiz flotante”, un espacio abierto lleno de barcos fondeados que no atracaban directamente en tierra. “El Delta I formaba parte de esa Cádiz flotante”, señala Rodríguez, que destaca cómo este tipo de hallazgos permiten conectar la evidencia arqueológica con lo que ya se conocía por fuentes documentales. La imagen que emerge es la de una bahía intensamente ocupada, donde el trasiego de embarcaciones era constante.

Más allá de la estructura, algunos hallazgos permiten acercarse a la vida cotidiana de la tripulación. Entre ellos, la aparición de semillas de frutas como melón, sandía o uva, un detalle que aporta información valiosa sobre la alimentación a bordo. “Son alimentos perecederos que solo se consumen cuando el barco está fondeado o muy cerca de la costa”, explica la investigadora. Su presencia indica que el Delta I llevaba un tiempo en la bahía, abasteciéndose desde tierra mediante pequeñas embarcaciones que trasladaban tanto víveres como mercancías, en un sistema logístico que formaba parte del funcionamiento habitual del puerto.

Otro elemento especialmente significativo son las marcas encontradas en la madera, pequeñas señales realizadas por los propios carpinteros de ribera durante el proceso de construcción. Estas marcas, aún en estudio, podrían indicar la posición de las piezas o reflejar fases del montaje, pero sobre todo tienen un valor añadido: permiten observar la intervención directa de los artesanos. “Es como ver la mano del carpintero, cómo organizaban el trabajo, cómo distribuían las tareas”, explica Rodríguez. Se trata de una información difícil de obtener por otras vías y que abre nuevas perspectivas sobre la organización de los astilleros.

Tras el intenso trabajo en tierra, el proyecto afrontó uno de sus momentos más delicados: decidir el destino de los restos del barco. La madera, estabilizada durante siglos en un medio húmedo, se deteriora rápidamente al exponerse al aire, lo que obliga a mantener condiciones muy estrictas de conservación. Ante la falta de recursos para garantizar su preservación integral en tierra, se optó por devolver el pecio al mar, en una zona controlada. “No es una renuncia, es una medida de protección”, aclara la investigadora, que insiste en que el objetivo es asegurar la conservación a largo plazo.

Lejos de cerrarse, la investigación continúa abierta y plantea nuevos interrogantes. Uno de los principales objetivos es identificar la “firma constructiva” del barco, es decir, los rasgos que permitan determinar su lugar de origen y, eventualmente, su nacionalidad. A partir de ahí, cruzando estos datos con la documentación histórica, podría ser posible conocer el nombre de la nave, sus rutas y las circunstancias de su hundimiento. “Si sabemos dónde se construyó, puede ayudarnos a identificar el nombre del barco y explicar por qué se hundió y en qué momento”, explica Rodríguez.

El Delta I no solo aporta respuestas, sino que también cuestiona algunas ideas previas sobre la construcción naval del siglo XVII. “Hay aspectos que dábamos por hecho y que no se están confirmando”, reconoce la investigadora. Porque la Historia es también una materia en permanente construcción.

Mayte y Antonio llevan más de 20 años viviendo en la calle Botica, a escasos metros del número 12, un inmueble que esta misma semana ha sido tapiado por el Ayuntamiento de Cádiz tras ser señalado por los vecinos como un punto de venta de sustancias estupefacientes. Ambos superan los 70 años y, como tantas otras personas del barrio de Santa María, han empezado a cambiar rutinas. “Antes bajábamos tranquilos”, cuenta ella. “Ahora ya no”. Mayte ha dejado de llevar bolso por miedo a un tirón. Como ella, son muchos los mayores que evitan salir de noche y las familias que ya no dejan a sus hijos ir solos a comprar a las tiendas cercanas. El pasado viernes, Mayte y Antonio encabezaron la manifestación con la que el barrio quiso escenificar su rechazo a un mal que sienten de nuevo en sus calles: la droga.

Desde hace unos días, Santa María —el primer barrio del casco antiguo tras cruzar las Puertas de Tierra— está cubierto de pancartas hechas a mano, colgadas de los balcones. “Nuestro barrio no es un punto de venta”, se lee en una de ellas. La iniciativa ha sido fruto de una acción comunitaria acordada por una representación vecinal cansada de incidentes violentos, visitas indeseadas y una creciente sensación de inseguridad.

En los últimos meses se han sucedido los episodios que han colmado la paciencia del vecindario. La ocupación de una vivienda en la plaza de la Merced, que acabó derivando en una reyerta. Peleas con armas blancas. Y la detección de distintos puntos de compraventa de droga en pisos del barrio. La intervención policial en la finca de la calle Botica, con el desalojo y posterior tapiado del inmueble, ha sido el último ejemplo de una situación que ya había desbordado la convivencia.

El clamor vecinal se hizo visible el viernes pasado en una manifestación multitudinaria que recorrió todas las calles del barrio, sin dejarse ni una. El Ayuntamiento ha reforzado desde entonces la seguridad y la presencia policial en la zona.

“Menos menudeo y más menudo”

“Menos papelinas y más papelillos. Menos menudeo y más menudo”, reza otra de las pancartas, tirando de humor como forma de resistencia. Porque la inseguridad no solo está alterando hábitos y rutinas: también amenaza una de las señas de identidad de Santa María: su alegría.

Cuna de grandes flamencos y sede del Nazareno, alcalde perpetuo de Cádiz, en Santa María siempre se ha vivido todo con intensidad. Ha sido tradicionalmente uno de los núcleos más densamente poblados de la ciudad. Llegaron a concentrarse en torno a 5.000 en sus momentos de mayor ocupación repartidos en casas de vecinos, fincas antiguas y patios compartidos que alimentaban una vida comunitaria intensa. Hoy esa cifra ha descendido de forma notable: se estima que residen entre 2.000 y 3.000 personas, en un parque de viviendas compuesto por varios centenares de fincas, muchas envejecidas o transformadas por el auge del alquiler turístico.

“Lo más triste es que haya vuelto lo que conseguimos que desapareciera hace tiempo”, lamenta Antonio Setién, antiguo propietario de un comercio de alimentación emblemático del barrio y encargado de leer el comunicado final de la manifestación. En los años 80 y 90, Santa María protagonizó movilizaciones similares para expulsar el tráfico de droga de sus calles. Algunas de las personas que hoy vuelven a concentrarse ya estuvieron entonces.

“A nuestro barrio le han dado palos de sobra. Hemos visto cómo se marchaban los vecinos de toda la vida por problemas con las casas. Cómo cerraban las tiendas, entre ellas la mía. Y cómo nuestras plazas se quedaban sin niños. Nos han dejado de la mano de Dios. Pero después de todo lo que hemos pasado no vamos a permitir que la droga nos vuelva a robar la tranquilidad”, proclamó Setién entre aplausos. Las protestas actuales apelan a la memoria colectiva de un barrio que aún recuerda los estragos de la heroína, las vidas truncadas y las noches en vela.

“Los camellos, al desierto”

“Los camellos, al desierto”, se lee en otra tela que cruza de balcón a balcón. “Antes mandaban a los niños a comprar, ahora ya no bajan solos”, explica uno de los tenderos desde detrás del mostrador. Habla de consumidores que buscan dinero o cualquier objeto de valor con urgencia, y de un clima de amenaza constante que afecta tanto a los negocios como a la vida cotidiana.

Desde hace una semana, los vecinos se organizan en brigadas nocturnas para impedir que compradores y vendedores de droga actúen con impunidad. Cuando detectan movimientos sospechosos, avisan a la Policía. La presión vecinal ya ha tenido un efecto inmediato: tras la repercusión mediática, el Ayuntamiento ha incrementado la presencia de la Policía local. El alcalde, Bruno García (PP), que asistió a la protesta junto a concejales de su gobierno, recuerda no obstante que la lucha contra la droga y la seguridad ciudadana son competencias de la Policía Nacional, dependiente del Gobierno central.

Más allá del reparto de responsabilidades, los mensajes que cuelgan hoy de las fachadas del barrio insisten en una misma idea: frente al miedo, la unidad. Santa María ya sabe lo que es perder demasiado y no está dispuesta a repetir la historia. El barrio que un día se organizó para expulsar la droga vuelve ahora a hacerlo, con la memoria intacta y el miedo controlado. Para que las pancartas ya no hagan falta. Para que Mayte y Antonio puedan bajar otra vez tranquilos por la calle Botica.

Juliana Garrote ha necesitado casi nueve décadas para comprender quién fue realmente su padre y por qué desapareció de su vida cuando ella era apenas un bebé. Durante todo ese tiempo convivió con la idea de que aquel hombre la había abandonado. No ha sido hasta hace muy poco, cuando ya ha cumplido 87 años, que una fotografía, unas cartas y una investigación sobre memoria histórica la han obligado a rehacer por completo su propia biografía. Su padre siempre la quiso. Se propuso cuidarla con esmero en cuanto saliera de la cárcel, pero un pelotón de fusilamiento le impidió cumplir aquella promesa.

José Atienza Corrales era jornalero, estaba vinculado al movimiento obrero, a la CNT y participaba en organizaciones republicanas en Arcos de la Frontera (Cádiz). Tras el golpe militar de 1936, como tantos otros hombres señalados por su compromiso político o sindical, tuvo que huir y se sumó a distintos frentes en zona republicana. Fue en estas batallas cuando conoció a una miliciana, Guadalupe Garrote, con la que inició una relación extramatrimonial. Ella se quedó embarazada y dio a luz a Juliana en 1938. Fue, al terminar la guerra, cuando José fue detenido, sometido a un consejo de guerra y finalmente ejecutado en la plaza de toros de Jerez en el verano de 1940.

El investigador Antonio Ortega Castillo ha reconstruido su caso dentro de un trabajo más amplio sobre la justicia militar franquista en Arcos, que consiguió una de las ayudas públicas que el actual gobierno de la Diputación de Cádiz mantiene abiertas para proyectos sobre memoria histórica. Lo llamó Limpiar el pueblo de parásitos. La justicia militar en Arcos de la Frontera y arcenses en consejos de guerra. Ortega subraya que el proceso contra Atienza responde a un patrón repetido en la época: “Se le acusa de un asesinato que en ningún momento se llega a demostrar con pruebas sólidas. Es una justicia al revés, donde la acusación pesa más que la prueba y donde la pertenencia política o sindical acaba siendo, en la práctica, el verdadero motivo de la condena”.

Sin embargo, esa historia, que en los archivos puede seguirse con fechas, cargos y documentos, en la vida de Juliana fue durante décadas otra cosa muy distinta: un vacío difícil de explicar. Ni siquiera llevó los apellidos de su padre, porque cuando intentaron inscribirla él ya estaba en fuga. En la España de posguerra esa ausencia administrativa se convertía también en una marca social. “Decir que no tenías el apellido de tu padre era una deshonra”.

Pero lo más duro no fue solo la falta de un apellido, sino la construcción de un relato equivocado que Juliana asumió como propio desde niña. Durante años interpretó ese silencio, la ausencia de información sobre su padre, como la prueba de que aquel hombre se había desentendido de ella. Esa idea condicionó incluso su manera de relacionarse con el pasado. Años después, los cuatro hijos de Juliana seguían atentamente el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?, con el que el periodista Paco Lobatón buscaba en la década de los noventa a personas desaparecidas, algunas de ellas a causa de la guerra. “Mis hijos me decían que llamara para buscar a mi padre (entonces ninguno sabía que estaba muerto), pero yo les decía que si cuando era pequeña no se hizo cargo de mí, ahora no lo iba a buscar yo”.

La verdad, sin embargo, estaba más cerca de lo que parecía. Estaba en su propia casa, en forma de unas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel. Su madre se las entregó cuando ya era adulta, pero ninguna de las dos pudo o supo leerlas en profundidad. María, una de las hijas de Juliana, incluso recuerda que jugaba con ellas, sin leerlas, sin saber que su autor era su abuelo. Y sin imaginarse, claro, que en esas cartas estaba todo.

José Atienza escribía desde la cárcel de Jerez tratando de mantener un vínculo con su hija a la que apenas había podido conocer. “Son documentos muy potentes desde el punto de vista humano”, explica Antonio Ortega. “En ellas se ve claramente que hay una preocupación por la niña, por su bienestar, por la familia que la está criando. Eso deshace por completo la imagen de desamparo con la que Juliana cargó durante décadas”. Ese gesto remite a una experiencia compartida por muchos represaliados de la época, que, como Miguel Hernández, tuvieron en esas cartas dirigidas a los hijos una forma de agarrarse a la esperanza y al futuro.

La carta más reveladora, sin embargo, no la escribió José Atienza, sino un compañero suyo. “Julianita, te escribo estas cuatro letras para hacerme lo que exige tu padre… y al mismo tiempo siento comunicarte que ha muerto de la enfermedad que padecía… Esto lo escribo porque él me lo encarga en sus últimos momentos…”. La carta está fechada el 15 de agosto de 1940 en Jerez y termina con un “mi más sentido pésame”. Pero José no había muerto por ninguna enfermedad. Lo habían fusilado.

Juliana no ha entendido el sentido de estas cartas hasta hace muy poco. Fueron sus hijos quienes empezaron a cuestionar la historia de su abuelo y a buscar respuestas. Esa búsqueda personal acabó cruzándose con la investigación histórica de Antonio Ortega. “Me llamó una de las nietas de José Atienza pidiendo información sobre José Atienza”. Y fue este feliz encuentro, casi fruto de la casualidad, el que ha permitido encajar todas las piezas. Ortega cuenta que otro investigador, Santiago Moreno, había desarrollado ya información sobre este caso en una etapa anterior, cuando en la Diputación gaditana el socialista Carlos Perales abrió una oficina de atención a las víctimas de la represión. En este mandato, con La Línea 100x100, socio de gobierno del PP, se han mantenido ayudas a la investigación sobre memoria que han contribuido al trabajo de Ortega. “Que Juliana complete la historia de su vida es una forma de reparación”.

Ese proceso culminó de la manera más emocionante hace apenas unos días, cuando Juliana viajó por primera vez a Arcos de la Frontera junto a sus hijos. Allí recorrió los lugares vinculados a su padre, visitó su entorno y, sobre todo, vio por primera vez su rostro gracias a un retrato fotográfico que se conserva de él. “He sentido emoción, rabia y todo”, confiesa Juliana. Ella, que es muy fuerte, rompe a llorar cada vez que evoca esa imagen.

Ese “todo” incluye una infancia atravesada por la ausencia, pero también por la represión. Su madre fue encarcelada y ella quedó siendo muy pequeña con sus abuelos. “Un guardia civil le dijo a mi madre que me sacara de la cárcel, que allí estaban muriendo muchos niños”, recuerda. Años después, ya en Madrid, la familia se recompondría como pudo, entre trabajos precarios, instituciones del Auxilio Social y una vida marcada por las consecuencias de la posguerra. “Ver esta foto de mi padre es una alegría, pero me da mucha rabia porque yo cuando los necesitaba, a él y a mi madre, era cuando era niña”.

Queda una parte de la historia sin cerrar. Los restos de Atienza no han sido localizados y todo apunta a que podrían encontrarse en una fosa común o en un osario en Jerez. “Es una investigación que sigue abierta”, explica Ortega, aunque reconoce la dificultad de avanzar tras tantos años. Juliana, por su parte, no se hace demasiadas ilusiones. “Me encantaría, pero no tengo esperanza”, admite. Antonio Ortega sigue trabajando en profundizar en la historia de Guadalupe, la madre de Juliana, y en la de todos esos vecinos cuyas memorias fueron segadas tras la guerra. El investigador acompañó a Juliana y sus hijos por las calles de Arcos. Se hicieron fotos en sus calles, en el portal 34 donde estaba la casa de José Atienza. Un viaje por esos barrios que son el origen de esa familia. Una alegría mezclada con rabia por tardar 87 años en descubrirlo.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

Al mediodía, cuando el casco blanco del Viking Saturn se recortaba contra el cielo limpio de Cádiz, algo no sonaba. O, mejor dicho, dejaba de sonar. El zumbido constante de los motores auxiliares, ese murmullo grave que durante años ha acompañado la presencia de cruceros en el muelle Alfonso XIII, desaparecía por primera vez. En su lugar, un gesto casi invisible: un brazo articulado, como una grúa discreta, se alzaba junto al barco y lo conectaba a tierra. Electricidad en vez de combustible. Silencio en vez de ruido. Aire más limpio en vez de humo. Ese gesto, aparentemente técnico, marca un antes y un después en la relación entre la ciudad y su puerto.

Cádiz ha inaugurado este miércoles el primer sistema de suministro eléctrico a cruceros de España, el conocido como OPS (On-shore Power Supply), una infraestructura que permite a los buques apagar sus motores mientras están atracados y conectarse a la red eléctrica terrestre. La escena tiene algo de simbólico. Durante décadas, los puertos han sido espacios de progreso y, al mismo tiempo, focos de contaminación. Lugares donde la actividad económica convivía con emisiones, partículas y ruido, especialmente en ciudades como Cádiz, donde el muelle forma parte del paisaje cotidiano. Hoy, esa tensión empieza a resolverse con tecnología.

El sistema, desarrollado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Endesa, ha supuesto una inversión conjunta de más de ocho millones de euros, con apoyo de los fondos europeos NextGeneration. Pero más allá de la cifra, lo relevante está en sus efectos: se estima que en su primer año evitará la emisión de unas 5.000 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar 2.800 coches de la circulación durante doce meses.

La reducción no se limita al dióxido de carbono. Según los cálculos de Puertos del Estado, el OPS permite recortar hasta un 96% de los óxidos de nitrógeno (NOx), un 94% de las partículas y un 8% de los óxidos de azufre (SOx). Traducido a la vida cotidiana: menos aire irrespirable, menos olor a combustible, menos impacto sobre la salud de quienes viven o pasean junto al puerto. Y para los responsables de estos muelles se reducen también los motivos de quienes se quejan de tantos cruceros en la ciudad.

“Se trata de que los ciudadanos no vean la actividad portuaria como algo agresivo a su vida cotidiana”, ha defendido la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, durante la inauguración. Y en una ciudad donde el puerto está literalmente al lado de las casas, esa idea adquiere una dimensión casi doméstica. Durante años los colectivos ecologistas, vecinos y algunos partidos políticos han cuestionado la apuesta que Cádiz ha hecho por este turismo. Lo han denunciado por el humo que sale de los barcos, por los ruidos y la vibración que se cuela en las ventanas, que recuerda de forma persistente que el turismo también tiene un coste invisible. Con el OPS, según sus responsables, ese coste se atenúa. Los motores auxiliares, necesarios hasta ahora para mantener en funcionamiento sistemas como la refrigeración, la iluminación o los equipos de emergencia, pueden apagarse.

La electricidad que los sustituye, además, tiene certificado de origen renovable. Es decir, no solo se traslada la producción energética fuera del barco, sino que se hace reduciendo aún más su impacto ambiental. El resultado es un modelo que encaja con las exigencias europeas de descarbonización y con una creciente sensibilidad social hacia la sostenibilidad.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha insistido en esa idea durante su intervención: los puertos no son solo infraestructuras logísticas, sino “motores de impulso de la transición energética”. En su visión, la electrificación de los muelles es una pieza más de un cambio de modelo que afecta a toda la cadena de transporte, desde el barco hasta el tren que distribuye las mercancías tierra adentro.

Riesgos técnicos, económicos y regulatorios

Santana ha recordado que esta transformación no surge de la nada. Está respaldada por la Ley de Cambio Climático, por directivas europeas y por un plan de inversiones que prevé destinar alrededor de 1.000 millones de euros a proyectos similares en el conjunto del sistema portuario español hasta 2030. Cádiz, en ese contexto, ha llegado antes que otros puertos.

No es un detalle menor. Ser el primero implica asumir riesgos técnicos, económicos y regulatorios. La electrificación de un muelle no funciona como la de una vivienda: requiere adaptar tensiones, frecuencias, potencias y sistemas de conexión a las necesidades de cada buque. También exige un marco normativo que garantice que el modelo es viable para las empresas.

Por eso, tanto desde Puertos del Estado como desde la Autoridad Portuaria se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. “Sin la participación de Endesa, que gestionará el servicio durante 35 años, el proyecto difícilmente habría salido adelante”, han dicho los representantes de las administraciones en sus discursos.

El sistema instalado en Cádiz tiene una potencia de 16 MVA y está diseñado con un enfoque modular que permitirá ampliarlo en el futuro hasta 24 MVA y dar servicio a varios barcos simultáneamente. De momento, en esta primera fase, puede atender a un único crucero, suficiente para empezar a cambiar la dinámica del puerto.

Y esa dinámica importa. En 2025, Cádiz recibió más de 624.000 cruceristas, que generaron un impacto económico superior a los 25 millones de euros solo en gasto directo en la ciudad, según los datos aportados por Teófila Martínez. A eso habría que sumar el consumo de las tripulaciones y la actividad vinculada a la reparación de buques en los astilleros. El puerto gaditano está aguardando los resultados de un estudio encargado a la Universidad de Cádiz para actualizar los ingresos que conlleva este tipo de turismo.

La idea es contraponer esos datos a las críticas que en muchas ciudades, también en Cádiz, generan los cruceros por su impacto ambiental y su repercusión en la vida cotidiana. La electrificación de los muelles se ofrece como una manera de justificar la actividad económica reduciendo sus efectos negativos. No es una solución mágica. No elimina todos los problemas asociados al tráfico marítimo. Pero sí introduce un cambio tangible, visible. Un crucero conectado a la red es un crucero que no se oye, que no huele, que contamina menos.

Esperanza Fernández tiene dos mellizos. La niña se llama como ella. El niño se llama Francisco. Los dos nacieron con una discapacidad y son atendidos cada día en el centro de educación especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a la asociación UPACE de San Fernando. De 13:30 a 15:00 almuerzan dentro de estas instalaciones. No es solo una comida. Forma parte del aprendizaje de ambos. La Junta ha mantenido este año la misma subvención a comedores escolares, pero, al presentarse más centros, ha excluido a este y otros centros similares de Andalucía. El criterio técnico barema el número de estudiantes, pero no atiende sus necesidades especiales. Es lo que ha llevado a Esperanza, a todas las familias del colegio de sus hijos y a otros centros de la provincia a elevar su voz indignada contra la Junta de Andalucía.

“Sin comedor no hay inclusión”, comenzó a leer Esperanza. Ella ha sido la encargada de poner voz a la concentración con la que las familias se han manifestado ante la puerta de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. Asistían familias, asociaciones y profesionales del ámbito de la discapacidad para denunciar la falta de financiación para los comedores en centros de educación especial tras la última resolución de ayudas de la Junta de Andalucía. Para Esperanza Fernández, el problema no es abstracto ni administrativo: tiene nombres propios y forma parte de la rutina diaria de sus hijos.

En centros como UPACE San Fernando, el comedor no es un simple lugar donde los alumnos almuerzan antes de volver a casa. Forma parte de la atención especializada y del aprendizaje diario de niños con grandes necesidades de apoyo. Algunos requieren ayuda para mantener la postura al comer, supervisión para masticar o tragar, o asistencia completa en la alimentación, que en determinados casos se realiza mediante sonda y personal cualificado. La ausencia de financiación convierte un servicio educativo en un obstáculo diario.

“La dotación tiene que crecer”

El problema se refleja en una cifra que las familias repiten con indignación: de los 19 centros de educación especial que solicitaron la subvención en Andalucía, solo seis han recibido ayuda. 11 quedaron en lista de espera y dos fueron excluidos por completo. Para muchos, la sensación es que el sistema les está dando la espalda. “El presupuesto lleva años prácticamente congelado, mientras que el número de centros y de alumnado ha aumentado”, explica Ana Lorenzo, gerente de UPACE San Fernando. “Si cada vez hay más centros y más niños que necesitan estos servicios, la dotación tiene que crecer. Si no, inevitablemente muchos se quedan fuera”. En este caso, es la primera vez que UPACE San Fernando queda sin apoyo económico para el comedor, un golpe que las familias sienten con fuerza. Si no hay remedio, calculan que tendrán pagar más de mil euros. Son familias que ya tienen que abonar a diario las costosas terapias que reciben sus hijos.

En los centros de educación especial, el comedor no puede ser un servicio opcional o complementario: forma parte del proyecto educativo y del horario lectivo. Los alumnos necesitan apoyo profesional para adquirir y mantener habilidades básicas relacionadas con la alimentación, como controlar la postura, masticar o tragar, o seguir rutinas que fomenten su autonomía. Por eso, el manifiesto insistía en que el comedor debe considerarse un derecho educativo y no una actividad suplementaria. Las familias también denuncian que los criterios de las convocatorias no contemplan las necesidades específicas de este alumnado, que en muchos casos tiene grados de discapacidad superiores al 50%.

La situación no es nueva, según Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, quien recuerda que la falta de financiación para los comedores escolares en centros de educación especial lleva repitiéndose en los últimos diez años. Parte del problema reside en la falta de coordinación entre las ayudas del Ministerio y las de la administración autonómica. “Hay becas que son compatibles, pero los datos no se cruzan. Al final, incluso hay centros que deben devolver dinero cuando se detecta duplicidad”, explica Fernández. La burocracia, advierte, termina penalizando a quienes más dependen de la administración para garantizar servicios esenciales.

Mayor competencia

La Junta de Andalucía, que ya se ha reunido con la Federación Feproami, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz, ha defendido que las ayudas para comedores en centros privados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales o que se encuentran en zonas de transformación social no habían tenido problema hasta este curso. Según ha explicado, la convocatoria ha dispuesto de dos millones de euros y ha funcionado mediante concurrencia competitiva, con un baremo público para determinar qué centros han recibido la subvención.

Educación ha señalado que este año se han presentado más centros que cumplen los requisitos, y que el listado provisional, publicado en noviembre, ha dejado al centro UPACE San Fernando entre los suplentes, con la misma puntuación que el año pasado. La diferencia, ha indicado, es que el último centro que ha entrado en la subvención este año ha obtenido 13 puntos, mientras que UPACE ha tenido 12. La resolución definitiva se ha publicado en diciembre y ha sido incluida en el BOJA en enero.

La consejera, Carmen Castillo, ha anunciado mejoras para el curso que viene. Entre las medidas que ha contemplado están aumentar ligeramente el presupuesto, para atender la creciente demanda, y revisar el baremo, que no ha cambiado en los últimos años, para garantizar que los criterios se han actualizado. Castillo ha reconocido que, aunque UPACE había recibido la subvención con la misma puntuación en cursos anteriores, este año no ha podido ser incluido por las limitaciones presupuestarias y la mayor competencia.

Luchar por la ayuda

Pero estas explicaciones no atienden lo que piden las familias. Creen que sus centros no deberían ser sometidos a una baremación ni tener que luchar entre ellos para obtener una ayuda. Porque, como han insistido en sus cánticos, sin comedor no es posible la inclusión plena. Muchas de las entidades que gestionan estos centros nacieron de la iniciativa de padres y madres. “No somos empresas privadas; los dueños somos los padres”, recuerda Javier Díaz, presidente de AFANAS Cádiz. Mantener estos centros implica un esfuerzo económico constante: pagar trabajadores, mantener instalaciones y cubrir servicios que en ocasiones no reciben financiación oficial.

La demanda de las familias es clara: ampliar la partida presupuestaria o cambiar el sistema de financiación para que el comedor deje de depender de convocatorias competitivas. Y, sobre todo, una solución urgente para este mismo año. Mientras tanto, la protesta dejó un mensaje contundente: para niños como Esperanza y Francisco, y para muchos otros, comer también forma parte de aprender.

Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

Cinco personas sin hogar han muerto en Cádiz en lo que va de año. Manuel, Miguel, Juan Manuel y Jorge fallecieron a lo largo del mes de enero. Esta semana ha muerto Juan, de 68 años, mientras pernoctaba en la puerta de un garaje del casco antiguo. La sucesión de estas pérdidas en apenas dos meses, concentrados además en el periodo más frío del año, ha provocado una fuerte conmoción social y ha forzado al PP, que gobierna en la ciudad, a aceptar una comisión de investigación para aclarar qué está sucediendo y buscar soluciones urgentes.

La última muerte fue la de Juan. Según informó el Ayuntamiento, entre la 01.10 y la 01.45 horas agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia preventiva fueron requeridos por un ciudadano que alertó de que un hombre no respondía a estímulos en el interior de un garaje situado entre la Alameda y la calle Zorrilla. Se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) y se desplazó una ambulancia con médico. Tras la valoración, la forense certificó el fallecimiento y el Cuerpo Nacional de Policía activó el protocolo de levantamiento del cadáver.

Juan, de origen sevillano, llevaba seis meses viviendo en la calle, según había contado él mismo. Era una de las 120 personas sin hogar que, según los recuentos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sobreviven en la ciudad sin un techo seguro en el que guarecerse. Su muerte eleva a cinco las registradas desde el inicio del invierno, una cifra inusualmente alta para un municipio del tamaño de Cádiz (110.000 habitantes) y que ha disparado las preguntas sobre si los recursos disponibles son suficientes y si los protocolos de actuación se están aplicando de forma adecuada.

La APDHA ha calificado la situación de “emergencia humanitaria” y sostiene que no se trata de episodios aislados sino de un fallo estructural en la protección de las personas más vulnerables. La organización insiste en que la calle no es solo un espacio de exclusión social sino un entorno de riesgo permanente para la salud física y mental. El frío, la humedad, la falta de descanso adecuado y la dificultad para acceder a atención médica agravan patologías previas y generan nuevas complicaciones. En ese contexto, advierte, cada invierno multiplica la exposición al peligro.

Entre sus reivindicaciones figura la apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia que garanticen un techo digno las 24 horas del día durante todo el año, sin condiciones que dejen fuera a parte de este colectivo. También reclama la creación de un equipo de calle específico de salud mental, capaz de intervenir directamente en los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, y el refuerzo de los dispositivos para cubrir toda la ciudad, incluidas las zonas de extramuros. La entidad pide además un impulso decidido al modelo Housing First —que prioriza el acceso estable a la vivienda como punto de partida para la intervención social— y la garantía de comedores públicos abiertos sin interrupciones los 365 días del año.

Para la organización, el problema no es coyuntural ni exclusivamente meteorológico. Insiste en que la prevención es clave: intervenir con rapidez cuando una persona empieza a perder apoyos y recursos evita que la exclusión se cronifique y reduce el riesgo de desenlaces trágicos. En su diagnóstico, la falta de coordinación y de inversión sostenida termina trasladando a la vía pública situaciones que podrían haberse abordado antes.

Al alcalde de Cádiz, Bruno García, la continua muerte de personas sin hogar se le atraganta en cada comparecencia pública. “No es que cinco muertes sean demasiadas, una ya lo es”, le respondió a un periodista esta semana cuando se confirmó el quinto fallecimiento. A García le duele especialmente que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana usen este asunto como arma política. Por eso sus mensajes se centran siempre en que el Ayuntamiento no ha aplicado ningún nuevo protocolo para atender a las personas sin hogar, y que fue su antecesor, José María González, el que promovió un documento para vigilar y desalojar parques y jardines. Se sirve de un informe que exhibe cada vez que puede, y que será su principal arma en la comisión de investigación que ha aceptado crear, convencido de que nadie podrá demostrar que su gobierno ha dejado sisn asistencia a estas personas.

García detalló que se están ampliando plazas y dispositivos y que continúan las obras para rehabilitar el futuro albergue de la calle Soledad, que permitirá incrementar el número de camas disponibles. También señaló que el nuevo pliego del servicio, previsto para noviembre, incorporará un refuerzo específico en el ámbito sanitario y de salud mental, con el objetivo de ofrecer una intervención más integral, especialmente en casos de patologías graves o trastornos mentales. El alcalde reconoce que “siguen siendo insuficientes ante la complejidad del fenómeno” y, por eso, ha dicho esta semana que ha dado orden “de no poner ningún límite económico” y ha defendido una estrategia “expansiva total” para ampliar cobertura social y equipos técnicos.

Al alcalde le desmienten los partidos de la oposición y también colectivos como los trabajadores de parques y jardines, que denuncian que desde el 10 de julio del año pasado, y no antes, se aplica un protocolo que hostiga a las personas sin hogar al forzarles a marcharse sin sus pertenencias. Un trabajador fue sancionado hace poco por la empresa, según el comité, por negarse a cumplir con esas medidas.

El actual Gobierno local mantiene que el documento en cuestión fue elaborado a petición del anterior alcalde, José María González, y que el procedimiento vigente es el mismo que ya existía, aunque con mecanismos de control añadidos. La comisión, según ha explicado el alcalde, servirá para esclarecer públicamente el origen, la elaboración y la aplicación práctica del protocolo, incluidas actuaciones como el desmantelamiento de acampadas en etapas anteriores.

Más allá de la controversia política, el foco vuelve a los fallecidos. Las entidades sociales subrayan que la cifra no puede analizarse solo como una estadística, sino como un indicador de que los dispositivos de prevención, detección temprana y atención continuada no están logrando evitar situaciones límite. Y, por tanto, hay riesgo de que la lista de nombres, la de Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan, sume otro más en cualquier momento.

Para que triunfe el mal basta con que las personas de bien no hagan nada. Manu Sánchez utilizó la oportunidad de su pregón del Carnaval de Cádiz para lanzar a la ciudad encendidos elogios, para poner a cantar a algunos de los grandes de la fiesta y hasta para pedir matrimonio a su pareja y casarse en un escenario ante miles de gaditanas y gaditanos. Pero, sobre todo, usó su profundo e intenso texto para lanzar mensajes de advertencia política que no pasaron desapercibidos en una ciudad acostumbrada a aplaudir a sus poetas más comprometidos en la llamada cuna de la libertad. “Cuidado con acunar tanto la libertad, que vamos a dejarla dormida”.

Fue un pregón de casi tres horas que encontró en su final un punto álgido y superficial, que amortiguó el hondo poso de tantos mensajes que Sánchez había ido dejando desde que comenzó a hablar en el escenario de la plaza de San Antonio vestido de Hércules, el fundador de Cádiz. Porque Sánchez se entregó en un texto guerrillero, pero decidió rematarlo llamando a su pareja Lorena Sánchez al escenario, junto con el alcalde, Bruno García, y la pregonera infantil, Ainhoa Morillo, para declarar amor eterno y casarse en una boda tan exprés como eterna.

Sánchez había comenzado su discurso como suele hacerse en un pregón. Llenando de piropos la plaza hacia la historia de la ciudad, citando a los grandes de la fiesta y de sus artes, derrochando humor con rima cuartetera. Se acompañó de sus dos leones, Plus y Ultra. Uno de izquierdas, y otro de derechas. El primero come pienso vegano y ecológico. El segundo escucha la palabra “pienso” y ya se echa a temblar. Y, a partir de ahí, empezó a enarbolar un discurso que quiso que fuera directo. Que fuera claro y transparente como el agua de La Caleta en sus mejores días.

La defensa de la memoria y de la libertad fueron las dos columnas sobre las que Manu Sánchez construyó su discurso. Sobre la memoria se sirvió de Bad Bunny, “aunque esto no sea la Super Bowl ni aquí esté Donald Trump, pero aquí sí hay fascistas”. Y cantó: “Si te quieres divertir, ven y canta la canción: no se dice en carnaval, con Franco se vive mejor”. Recordó que hace 51 años murió Franco “pero, muerto el perro, no se acabó la rabia. Con Franco no se vivía mejor en ningún caso, salvo que te sientes al lado de los que apretaron el gatillo asesinando a carnavaleros”.

Sánchez condenó “la nostalgia de mentira” y apeló al amor frente al odio, y a la libertad, frente al miedo. Y contra esa nostalgia, “memoria, memoria y memoria”.

Defensa de la libertad

Si impresionó su apología por la memoria, caló también hondo su apasionado texto por la libertad. “Quien mata, la resucita, quien la revienta la multiplica, quien le dispara a la libertad se salpica, quien la entierra la está sembrando, y al tiempo nace, florece con más brote, con más fuerza, con más ganas, con más hijos, con más hijas”.

Manu Sánchez recordó que libertad es una palabra de ocho letras, como ocho provincias tiene Andalucía. “Es una palabra escrita con la sangre de lesbianas, maricones, carnavaleros, copleros, comparsistas y poetas. Se conquista en siglos y se pierde en una tarde”. Para entonces, el pregón ya había asumido su mensaje político. “Libertad es un derecho y, como todos los derechos, se conquista por la izquierda. La derecha la niega, la frena, la boicotea para, luego, pasado un tiempo, cuando al final se consigue, ya te dice la derecha que, entre todos, lo habéis hecho y llevan ellos la empresa”.

El pregonero cuestionó a quien quiere controlar la libertad como si la libertad necesitase policías, cuidadores o tutores. “No se puede ser medio libre. La libertad avanza o desaparece. No se puede pasear con correa, la libertad muerde la mano que le da de comer, la libertad es más difícil con hambre”.

Y, en este encendido discurso lanzó su advertencia. “La libertad se defiende, la libertad se cuida, se protege. La libertad hasta se hereda, pero debe ser consciente. Cádiz, cuna de la libertad, cuidado por si de tanto acunarla, vamos a dejarla dormir”.

Manu Sánchez empezó su pregón a las ocho y terminó cerca de las once de la noche con una boda en directo oficiada por el alcalde de Cádiz, entre el Hércules que él representaba y la ciudad de Gades que encarnaba su pareja. Riki Rivera dirigió el intenso repertorio musical que tocó todas las modalidades carnavaleras en un escenario por el que desfilaron Pastora Soler, María Terremoto, Carli Brihuega, Miguel Nández, las comparsas La camorra y El patriota (representando al padre de la patria andaluza, Blas Infante), el coro de Julio Pardo, Jesús Bienvenido o Vera Luque encarnando a Franco (“llamadme Pacoli que es más carnavalero”...). Para demostrar que las coplas del carnaval, como un pregón, son también armas de guerra para hacer el bien. Armas por la libertad.

12 horas de coplas inéditas de forma ininterrumpida. El Teatro Falla acoge cada año un espectáculo considerado único porque no hay ninguno en el mundo con tanta duración, retransmitido en directo en radio y televisión, y capaz de ofrecer en la mitad de lo que dura un día entero repertorios inéditos de coplas cargadas de humor, crítica y actualidad. Este viernes llega la final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC 2026), en medio de los sinsabores que deja, también cada febrero, la decisión del jurado.

Las últimas horas en Cádiz han sido un debate intenso en conversaciones presenciales, por teléfono o por redes sobre la idoneidad de las 15 agrupaciones que han llegado a la final de este viernes por decisión expresa de los cinco componentes del jurado oficial. No hay unanimidad, pero como el jurado manda, esa discusión se acaba cuando el telón del Falla se abra este viernes.

La Sanidad pública, muy presente

En comparsas, la modalidad más seria y crítica, han pasado a la final ‘DSAS3’, ‘Los humanos’, ‘El patriota’ y ‘Los invisibles’. ‘DSAS3’ es, desde su nombre, una alegoría sobre la Sanidad Pública, sobre la situación del SAS (Servicio Andaluz de Salud) como un desastre. Jesús Bienvenido, creador del primer premio del año con ‘Las ratas’, aspira a repetir triunfo y gran parte de sus credenciales están en unas potentes y conmovedoras letras, como la que cantó en semifinales al pueblo de Grazalema, desalojado al completo por las intensas lluvias. El temporal y, en muy menor medida, la tragedia de Adamuz, que obligó por el luto oficial a cambiar el calendario del concurso, han estado presentes en los repertorios. Pero no tanto como Juanma Moreno.

En ‘DSAS3’ destacó el afilado cuplé en torno a la faceta literaria del presidente de la Junta. En Cádiz su libro ‘Manual de convivencia’ se lo presentó un afamado chirigotero, José Guerrero Yuyu, que también estará en la final del viernes con la agrupación ‘Los que van a coger papas’, que va disfrazada de cónclave. Al Yuyu le han caído un buen ramillete de coplas críticas por este “blanqueamiento” del líder del PP andaluz. “El Yuyu acude cuando se le llama, será porque va de papa, por eso Juanma lo llama, porque si fuera de mama, estaría esperando a que lo llamara”.

Y es que la crisis de los cribados de cáncer de mama ha sido, sin dudarlo, el tema más cantado en un concurso que empezó el 11 de enero y que terminará este viernes. Al presidente de la Junta le ha tocado escuchar todo tipo de improperios contra su gestión. Ha habido letras dolientes. “Escucha, Juanma, lo que aquí se te canta, y piensa en lo que has hecho, que la sanidad en mi tierra nos la tomamos muy a pecho. Venga mama y venga mama. Esa palabra tú estarán harto de escucharlo, pues aplícatela ya. Y te vas pronto a mamarla”, le espetó la chirigota ‘Sshhhh!!!’, la conocida como chirigota del Bizcocho, firme aspirante a llevarse el primer premio con su tipo de saeteros cantando desde un balcón.

Ha habido letras más suaves, más pretendidamente poéticas, igualmente reivindicativas, como el testimonio en primera persona que recogía la comparsa ‘Los invisibles’, de Manuel Cornejo. “No hay compasión, no hay perdón. Juanma Moreno, para esas mujeres que se quedaron en el camino, serás siempre un asesino”, interpretaron con fuerza y garra sus componentes. Esta comparsa, que, por sorpresa, estará en la final, también golpeó con sus letras contra el auge del fascismo entre los jóvenes.

El auge de la ultraderecha

La juventud y el voto al alza hacia Vox ha sido otro de los asuntos más recurrentes en este concurso. Por ejemplo, sirvió de musa a Antonio Martínez Ares para su comparsa ‘Los humanos’, en una letra crítica contra Fran Rivera, por su famoso vídeo en el que aparecía pidiendo a Donald Trump que hiciera contra Pedro Sánchez lo mismo que había hecho con Nicolás Maduro. “Vienen tiempos oscuros para una democracia que nunca ha terminado de enterrar a Franco”.

Y la cuarta comparsa que ha entrado en la final también tiene un poso político profundo. Se trata de ‘El patriota’, de Alcalá de Guadaíra, la primera agrupación de esta modalidad que llega a la última fase del concurso procedente de la provincia de Sevilla. Su idea, la de representar a Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza y asesinado por los franquistas, caló hondo con sus mensajes andalucistas y antifascistas enarbolando la bandera blanquiverde.

No todos estos mensajes contra la ultraderecha han terminado de triunfar. Fuera de la final ha quedado el coro ‘La carnicería’, que representa en tono crítico una corrida de toros tras la Guerra Civil y dejado sonados tangos sobre memoria histórica. Su autor, Miguel Ángel García Argüez, sí ha firmado algunas de las pocas letras que han arremetido contra Pedro Sánchez, con su comparsa ‘El desguace’ o con su coro, para pedirle que dejara de alimentar el cuento de Pedro y el lobo sobre que viene la derecha “cuando desde hace años la derecha está gobernando España”.

Sí han pasado los coros ‘El sindicato’, ‘ADN’, ‘Las mil maravillas’ y ‘La esencia’. Compartirán escenario en la final con los cuartetos ‘Crónica de una muerte más que anunciada’, que representa de forma rimada la vida de Jesús; ‘Los latin king de la calle Pasquín’, el relato irreverente de una banda callejera; y ‘Que no vengan’, una divertidísima metáfora contra la masificación del carnaval gaditano representada en unos alpinistas que quieren alcanzar el Everest.

Chirigotas

En chirigotas, el jurado ha apostado por agrupaciones muy innovadoras en su forma, dejando atrás a la representación más clásica de la modalidad que conformaban grupos como ‘Los Cádiz Sapiens’, ‘Seguimos cayendo mal’, ‘Los antiguos’, o, incluso ‘Los desconfiaos’. Su preferencia ha ido encaminada a la innovación que representa un singular autor, Ale El Peluca, que ganó el año pasado yendo del humorista Eugenio con ‘Los calaítas’, y que vuelve a tener puesto en la final con ‘Los Amish del mono’, un singular viaje hacia Cádiz de una comunidad amish.

También cantará en la fase final la chirigota más viral de este año ‘Una chirigota en teoría’, que representa al físico ya fallecido Stephen Hawking, enfermo de ELA, en silla de ruedas y cantando parte de su repertorio con voz informática. Su éxito, refrendado por el jurado, ha llegado a televisiones de todo el planeta. “Al final hemos hecho famoso a Stephen Hawking”, han ironizado en su último pase.

El jurado ha querido que pase a la final la chirigota del Yuyu, ‘Los que van a coger papas’. Su autor, comunicador en Canal Sur y que regresó el año pasado tras varios concursos ausente, sella su segunda final consecutiva, a pesar de las numerosas críticas que su gesto de presentar el libro de Juanma Moreno le ha traído. Y estará también en la final ‘Sshhhh!!!’, la del Bizcocho, capaz de levantar a todo un teatro mandando “a mamar” al presidente de la Junta con su mezcla de humor (muchas veces negro) y crítica social. Para muchos el Bizcocho, que aspiró a lo máximo con ‘No te vayas todavía’ o ‘Los mi alma’ son el primer premio de este año, lo que desterraría así el mantra de que este autor, de San José de la Rinconada, no haya ganado todavía por ser sevillano. Firma este año junto a Pablo de la Prida, otro paisano de la provincia vecina, que con ‘Daddy Cadi’ estuvo a punto también de llevarse el primer premio. El jurado, como cada año, tendrá la última palabra. Su último fallo se conocerá sobre las ocho de la mañana, casi 12 horas después de que empiece la final.

Hay un hombre en medio del escenario intentando hablar con un micrófono. Le rodea una nube de periodistas radiofónicos. El público grita de forma ensordecedora. El hombre lleva un papel en la mano. Es el acta del jurado oficial con el reparto de premios de la final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz de 1986. Un 7 febrero. El ambiente está caldeado. Los aficionados no perdonan que este jurado dejara fuera de esa final a una grandísima chirigota como fue ‘Los cubatas’. Así que entre abucheos y gritos de “jurado, cabrón” ese hombre va anunciando el reparto de galardones de cuartetos, chirigotas y comparsas. Lo último que lee es la modalidad de coros. Y entonces desvela que el primer premio se lo ha llevado ‘La viudita naviera’. Tras leerlo, corre hacia atrás y se pierde entre la multitud. Acaba de anunciar una decisión histórica. Es la primera vez que una mujer autora gana un primer premio en este concurso. Fue hace 40 años. Y nunca más ha vuelto a ocurrir.

Lo cierto es que el revuelo chirigotero que removió aquel carnaval de 1986 invisibilizó un poco, como tantas veces ocurre a los logros conseguidos por mujeres, aquel hito. Aquella victoria consolidaba a Adela del Moral como un referente del carnaval gaditano y también como un símbolo de los techos de cristal que la fiesta siempre había puesto a las mujeres. Entonces apenas algunas mujeres habían salido en agrupaciones, sí que empezaban a probar aquello del carnaval callejero, pero ninguna había dado el salto a firmar como autora.

A Adela del Moral no le gustaba mucho el carnaval hasta que en 1979 le llamó la atención el coro de Quini ‘Fantasía rusa’. En su familia, como en tantas otras de aquellos años, el carnaval era visto como algo de personas de mala vida, no tenía mucho prestigio. Pero en los compases y melodías de aquella agrupación la joven Adela descubrió un mundo nuevo que le interesó. Uno de esos años su padre le compuso un tango y junto a varias amigas y amigos se atrevieron a cantarlo en la calle. Fue una experiencia tan gratificante, tan bonita, tan divertida que Adela del Moral, que para entonces era una gran aficionada a la música y sabía tocar los instrumentos de cuerda, se atrevió a componer su primer tango.

La idea era volverlo a cantar en la calle, pero el tango tenía tanta calidad que algunos de los hombres del coro, a espaldas de las mujeres decidió inscribirlo en el concurso del Teatro Falla. Cuando se supo, hubo una enorme polémica. También una votación sobre lo que hacer. Por un voto ganó el sí. Así nació en 1981 ‘Mariscaores gaditanos’, el llamado primer coro mixto de hombres y mujeres que participaba en el concurso. Tuvieron que escuchar de todo. Que si el tango se lo había hecho en verdad el padre de Adela. Que cómo iban a cuidar esas madres de sus hijos si estaban ensayando por la noche. Lo sucias que iban a estar sus casas si ellas no tenían tiempo para limpiar. Aquellas críticas no mermaron sus ganas de carnaval y siguieron hasta que en 1986, en medio de aquella alocada lectura del fallo del jurado, lograron su primera victoria.

Adela del Moral falleció hace dos años. Su viudo, componente de aquel coro, Luis Frade, no puede olvidarla y se esfuerza cada día en que su memoria siga viva en la ciudad. Ella ya tiene una calle en Cádiz y este sábado, justo cuando se cumplirán 40 años de aquel histórico primer premio, su nombre será colocado en el particular Paseo de la Fama del carnaval, frente al Teatro Falla, junto a grandes nombres de la fiesta. Nuevamente pionera. Ella será la primera mujer tenga su estrella allí.

Solo otra autora, Marta Ortiz, ha conseguido entrar en una final desde entonces. Fue en 2022, en el inédito carnaval de verano postpandémico con la comparsa ‘We can do’. “Adela es todo para mí. Ella creó el referente de que la mujer pudiera participar en el carnaval como un sujeto activo”, cuenta Ortiz, orgullosa de sumarse a este homenaje. 40 años después de ‘La viudita naviera’, Marta Ortiz ha presentado en el Falla su comparsa ‘La camorra’, con la que reviste de crítica y denuncia sus disfraces de estamentos de la Iglesia católica. 40 años después de aquel hito de Adela del Moral hay quien ve la posibilidad de que este año se repita la hazaña de que una mujer gane el concurso.

“Es bastante improbable”, admite sin falsa humildad. “Sabemos primero la calidad que tienen las compañeras y compañeros y sabemos que la competición es dura. Y también, y quizá más importante, sabemos todas las vallas que indudablemente tenemos delante, toda la jerarquía que hay en el concurso. Lo veo difícil, aunque no imposible”, resume.

Ortiz, que ha reflexionado en su libro ‘Las ausentes’ sobre el papel de las mujeres en el Carnaval, cree que estos 40 años sin otra mujer en lo más alto del palmarés es un reflejo de la sociedad. “La que nos a nosotras un papel de crianza, de inaccesibilidad al espacio de ocio que debe ser el carnaval como un derecho. Que haya pasado tanto tiempo es significativo de lo lento que va todo”.

En estas cuatro décadas se han dado pasos adelante. La mujer ha dejado de estar representada solamente por la figura de la diosa y las ninfas. Algunas han ganado primeros premios como componentes. Y Marta Ortiz está ahora en las quinielas de posible finalista con ‘La camorra’. Hace 40 años a las mujeres que salían en el carnaval se les decía de todo. “Algunas cosas no han cambiado. En redes sociales nos han dicho que nos pusiéramos a fregar. Pero, claro, algunas cosas han mejorado. Pero persiste una sexualización, hablan de nuestros cuerpos, nos llaman chulas o prepotentes, intentan desacreditar nuestra seguridad y elocuencia”.

El mismo sábado que Adela del Moral recibe un homenaje junto al Falla, dentro estarán cantando las agrupaciones infantiles celebrando su particular final. Es un concurso donde niñas y niños conviven de igual manera, donde se forja una competición en absoluta igualdad. Es en el salto a adultos donde esa valla vuelve a levantarse. Marta Ortiz les habla a esas niñas carnavaleras. “Son unas artistas y pueden llegar donde quieran. Pero yo les digo que no tienen la eobligación de nada, no tienen que sentir ningún peso”. Y les da un consejo porque en ese concurso de la cantera también hay una mayoría de autores hombres. “Que cojan la rienda de su palabra porque la necesitamos. Necesitamos la palabra de esas niñas”.  

En Grazalema, el pueblo gaditano conocido por ser el lugar donde más llueve de España, está lloviendo más que nunca. Pocos vecinos, ni siquiera los más veteranos, recuerdan algo parecido. “Han aparecido arroyos que no sabíamos que existían. El suelo está tan saturado que no soporta más agua”, explica Carlos García, su desbordado alcalde. El agua ha empezado a salir desde los enchufes de las casas y las calles son cascadas. La cercanía al cauce de los ríos ha provocado el desalojo de más de 3.000 personas en la provincia.

Las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, que azota Andalucía con una violencia histórica, han superado en pocas horas los escenarios más extremos previstos por los meteorólogos y han hecho brotar agua desde lugares insólitos: por el suelo de las viviendas, por los muros y hasta por los orificios de los enchufes en casas de gente mayor que jamás había visto tal fenómeno en su memoria colectiva.

Cuando eran niños, han relatado los vecinos más ancianos, las casas tenían incluso canales por donde discurría el agua; era lo normal en épocas de lluvias intensas, pero eso hace más de 60 años. Ahora las viviendas no están preparadas para esto, y el agua ha ganado por sorpresa. Grazalema se halla en aviso rojo por lluvias, con registros que han superado ya los 200 litros por metro cuadrado en pocas horas, y pronósticos que hablan de incluso 500–700 litros en dos días, cifras que equivalen a lo que en otras latitudes sería una temporada completa.

El subsuelo está tan saturado que la lluvia ya no baja: sube. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos rojos en Grazalema, en el Campo de Gibraltar y en buena parte de la provincia de Cádiz, ante precipitaciones que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, con riesgo extremo de inundaciones y desbordamientos de cauces.

En Jerez de la Frontera, la situación se ha tornado igualmente grave aunque por otras razones. El río Guadalete, que discurre próximo a zonas densamente pobladas, ha aumentado su caudal de forma preocupante, obligando a desalojar a centenares de familias de barriadas bajas y rurales para prevenir tragedias. Caminamos por calles todavía sin agua, pero con el cielo encapotado como amenaza constante. En algunas casas la gente ha hecho barricadas improvisadas con sacos de arena; en otras, las persianas siguen bajadas desde que el aviso rojo entró en vigor.

Si en la sierra el agua viene de arriba, en el Campo de Gibraltar viene por todas partes. En localidades como Algeciras, San Roque o Los Barrios, el viento y las olas golpean con fuerza, y las precipitaciones acumuladas suman una amenaza extra a la ya latente crecida de ríos y ramblas. Allí también se han registrado desalojos preventivos: en Los Barrios decenas de personas han tenido que dejar sus hogares por la acumulación de agua en urbanizaciones bajas, y en San Roque siguen activos dispositivos de emergencia para seguir la evolución del temporal.

En esta zona se han desplegado miles de efectivos de emergencias, incluidos bomberos, agentes del Infoca y unidades de la UME. Tanto la Junta como los ayuntamientos han suspendido clases y servicios no esenciales, mientras se mantienen centros de acogida preparados para alojar a quienes pierdan sus hogares o no puedan regresar a ellos. En las grandes industrias como Navantia, Dragados o Airbus se ha seguido trabajando, aunque a algunos empleados se ha dado la opción de teletrabajo o pedir el día libre.

El agua también ha rugido en el mar, que se ha comido chiringuitos y paseos marítimos. Ha ocurrido en La Barrosa, en Chiclana, donde la arena ha tapado su acera. O en Los Caños de Meca, que ya venía sufriendo antes del pasado verano una pérdida de arena, y ahora el mar se come las rocas que protegen el histórico faro de Trafalgar. O en Cádiz, donde las olas han cruzado la carretera arrastrando su espuma y numerosas piedras de grandes dimensiones. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y técnicos de la Demarcación de Costas han coincidido en el mismo lugar evaluando los daños. Ahora se teme la subida de la próxima marea. La provincia de Cádiz sigue pendiente con inquietud el avance de la borrasca.

El jurado del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz se enfrenta a su primer reto. De 124 agrupaciones, tienen que elegir un máximo de 56 que pasen a la siguiente fase. Tras 17 días de preliminares, comenzarán el viernes 30 de enero los cuartos de final. Esta primera fase del certamen de coplas en el Teatro Falla ha dejado claro un destinatario principal de letras críticas: Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de la Junta acumula pasodobles y tangos muy severos sobre los cribados de cáncer de mama. Le sigue el exobispo de Cádiz acusado de pederastia. Un concurso que, por primera vez en muchos años, suspendió una jornada por el luto oficial tras la tragedia de Aldamuz, lo que ha llevado a alterar el apretado calendario de esta batalla de coplas.

Que la situación de la sanidad pública ha dominado el repertorio de asuntos cantados en el Falla lo muestra la propia concepción de una de las comparsas más esperadas cada año, la de Jesús Bienvenido. Los bufones que representan sus componentes son los usuarios y empleados de centros de salud y hospitales de Andalucía, maltratados por quien llaman “malparido, miserable rapaz, embustero, ilustre fanfarrón, un próspero y patético ratero, señorito andaluz, que le ha robado la salud al pobre cambiándole el oro por cobre”. Es la comparsa que este año han llamado ‘DSAS3’, un juego de palabras con las siglas del Servicio Andaluz de Salud.

Moreno Bonilla ha ido a por dos o tres letras en cada sesión en el Falla. Incluso le han cantado las niñas y los niños de la cantera infantil. Aunque tiene el consuelo de haber compartido golpes con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, por haber dicho aquello de que los andaluces no saben contar cuando estaba tratando de defender que Galicia tiene más costa que Andalucía. Al PP le han llovido ataques hasta de autores que solían ser afines a este partido como los coros de Julio Pardo y Luis Rivero.

Otro hombre en el punto de mira de las autoras y autores ha sido el exobispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, apartado hace unos meses del cargo tras conocerse la denuncia por pederastia que caía sobre él durante su etapa en Getafe (Madrid). Por ejemplo, le dedicó un elaborado pasodoble la comparsa ‘Los locos’ mencionando a las principales hermandades y cofradías de la ciudad. “No vas a encontrar ni la paz, no esperes amparo, no resurrección, ni la clemencia, son sus barrios coronas de espinas sobre tu conciencia, porque su santa pasión será tu penitencia”, le cantaron.

Contra los estamentos de la Iglesia ha llegado este año la comparsa ‘La camorra’, de Marta Ortiz, quien, sin abandonar su encendido mensaje feminista de años anteriores, centra su diana contra las instituciones católicas al dedicarle prácticamente todo su repertorio vestidas de papisas, mujeres cardenales o sacerdotisas. Aunque también hubo en uno de sus pasodobles un duro ataque a Moreno Bonilla por su trato a las mujeres de AMAMA, que terminó animando a parte del público a gritar “Bonilla dimisión” al terminar la copla.

¿Y Pedro Sánchez? Se preguntan algunos que echan en falta más coplas contra el Gobierno central. Han sido muchas menos. Ha habido toques por lo de Ábalos y Cerdán y, sobre todo, una letra de una de las comparsas favoritas este año ‘OBDC. Me quedo contigo’ que centró uno de sus pasodobles en lamentar las dificultades para acceder a una vivienda responsabilizando al presidente del Gobierno.

Las chirigotas, las agrupaciones destinadas principalmente a hacer humor, además de chistes sobre Andy y Lucas y su abrupta separación, han jugado este año a rizar el rizo de lo imposible con sus disfraces. Los más virales han sido los componentes de ‘Una chirigota en teoría’ vestidos de Stephen Hawking en silla de ruedas y cantando en modo robótico. Sobre el Falla ha aparecido un tanatorio, un cementerio de nichos con sus muertos cantando tumbados, una funeraria, algas asiáticas de la playa de La Caleta y un avión estrellándose. Para los que piensen que en el carnaval de Cádiz ya se ha inventado todo.

Entre los coros ha sobresalido ‘La carnicería’, que representan una corrida taurina tras el golpe de estado. La temida llegada de la ultraderecha ha sido también uno de los asuntos más cantados como el pasodoble a la juventud que está orgullosa de que la llamen facha de la comparsa ‘Los hijos de Cádiz’ o la aplaudida letra que Jesús Bienvenido utilizó para ‘DSAS3’, comparando los malos tratos a una mujer con lo que la ultraderecha quiere hacer a España.

En cuartetos, la modalidad con menos número de agrupaciones pero con calidad reconcentrada, ha vuelto a destacar el grupo de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, que, con el nombre de ‘Que no vengan’ se sirven de un Everest masificado para hablar de un concurso de carnaval deslocalizado y con riesgo a la saturación. Aunque no provocó el impacto del año pasado de la chirigota negacionista, ha sido muy cuestionada la participación de una chirigota procedente de Tenerife, que cantó en el Falla sin respetar los cánones básicos del carnaval gaditano.

La tragedia de Aldamuz obligó a parar el concurso un día, algo que no ocurría desde 2021 con la pandemia o desde la huelga general de 1994. A sus víctimas y a los que las ayudaron les regaló Antonio Pedro Serrano, el Canijo de Carmona, un emocionado pasodoble con la comparsa ‘Los pájaros carpinteros’, que el público remató entonando el himno de Andalucía. Esta interrupción ha provocado que la sesión prevista aquel lunes por luto haya sido trasladada a este miércoles. Eso ha provocado que una de las agrupaciones más esperadas, la comparsa de Antonio Martínez Ares, sea la última en cantar en la fase preliminar. Expectación hasta el final. Martínez Ares no estuvo el año pasado por enfermedad tras haberse llevado tres primeros premios seguidos, así que su regreso se aguarda con ganas. Con los cuartos de final, que empiezan el viernes, se abre otra competición. Lo mejor del concurso, en principio, todavía no ha ocurrido.