Juliana Garrote ha necesitado casi nueve décadas para comprender quién fue realmente su padre y por qué desapareció de su vida cuando ella era apenas un bebé. Durante todo ese tiempo convivió con la idea de que aquel hombre la había abandonado. No ha sido hasta hace muy poco, cuando ya ha cumplido 87 años, que una fotografía, unas cartas y una investigación sobre memoria histórica la han obligado a rehacer por completo su propia biografía. Su padre siempre la quiso. Se propuso cuidarla con esmero en cuanto saliera de la cárcel, pero un pelotón de fusilamiento le impidió cumplir aquella promesa.

José Atienza Corrales era jornalero, estaba vinculado al movimiento obrero, a la CNT y participaba en organizaciones republicanas en Arcos de la Frontera (Cádiz). Tras el golpe militar de 1936, como tantos otros hombres señalados por su compromiso político o sindical, tuvo que huir y se sumó a distintos frentes en zona republicana. Fue en estas batallas cuando conoció a una miliciana, Guadalupe Garrote, con la que inició una relación extramatrimonial. Ella se quedó embarazada y dio a luz a Juliana en 1938. Fue, al terminar la guerra, cuando José fue detenido, sometido a un consejo de guerra y finalmente ejecutado en la plaza de toros de Jerez en el verano de 1940.

El investigador Antonio Ortega Castillo ha reconstruido su caso dentro de un trabajo más amplio sobre la justicia militar franquista en Arcos, que consiguió una de las ayudas públicas que el actual gobierno de la Diputación de Cádiz mantiene abiertas para proyectos sobre memoria histórica. Lo llamó Limpiar el pueblo de parásitos. La justicia militar en Arcos de la Frontera y arcenses en consejos de guerra. Ortega subraya que el proceso contra Atienza responde a un patrón repetido en la época: “Se le acusa de un asesinato que en ningún momento se llega a demostrar con pruebas sólidas. Es una justicia al revés, donde la acusación pesa más que la prueba y donde la pertenencia política o sindical acaba siendo, en la práctica, el verdadero motivo de la condena”.

Sin embargo, esa historia, que en los archivos puede seguirse con fechas, cargos y documentos, en la vida de Juliana fue durante décadas otra cosa muy distinta: un vacío difícil de explicar. Ni siquiera llevó los apellidos de su padre, porque cuando intentaron inscribirla él ya estaba en fuga. En la España de posguerra esa ausencia administrativa se convertía también en una marca social. “Decir que no tenías el apellido de tu padre era una deshonra”.

Pero lo más duro no fue solo la falta de un apellido, sino la construcción de un relato equivocado que Juliana asumió como propio desde niña. Durante años interpretó ese silencio, la ausencia de información sobre su padre, como la prueba de que aquel hombre se había desentendido de ella. Esa idea condicionó incluso su manera de relacionarse con el pasado. Años después, los cuatro hijos de Juliana seguían atentamente el programa de Televisión Española ¿Quién sabe dónde?, con el que el periodista Paco Lobatón buscaba en la década de los noventa a personas desaparecidas, algunas de ellas a causa de la guerra. “Mis hijos me decían que llamara para buscar a mi padre (entonces ninguno sabía que estaba muerto), pero yo les decía que si cuando era pequeña no se hizo cargo de mí, ahora no lo iba a buscar yo”.

La verdad, sin embargo, estaba más cerca de lo que parecía. Estaba en su propia casa, en forma de unas cartas que su padre le había escrito desde la cárcel. Su madre se las entregó cuando ya era adulta, pero ninguna de las dos pudo o supo leerlas en profundidad. María, una de las hijas de Juliana, incluso recuerda que jugaba con ellas, sin leerlas, sin saber que su autor era su abuelo. Y sin imaginarse, claro, que en esas cartas estaba todo.

José Atienza escribía desde la cárcel de Jerez tratando de mantener un vínculo con su hija a la que apenas había podido conocer. “Son documentos muy potentes desde el punto de vista humano”, explica Antonio Ortega. “En ellas se ve claramente que hay una preocupación por la niña, por su bienestar, por la familia que la está criando. Eso deshace por completo la imagen de desamparo con la que Juliana cargó durante décadas”. Ese gesto remite a una experiencia compartida por muchos represaliados de la época, que, como Miguel Hernández, tuvieron en esas cartas dirigidas a los hijos una forma de agarrarse a la esperanza y al futuro.

La carta más reveladora, sin embargo, no la escribió José Atienza, sino un compañero suyo. “Julianita, te escribo estas cuatro letras para hacerme lo que exige tu padre… y al mismo tiempo siento comunicarte que ha muerto de la enfermedad que padecía… Esto lo escribo porque él me lo encarga en sus últimos momentos…”. La carta está fechada el 15 de agosto de 1940 en Jerez y termina con un “mi más sentido pésame”. Pero José no había muerto por ninguna enfermedad. Lo habían fusilado.

Juliana no ha entendido el sentido de estas cartas hasta hace muy poco. Fueron sus hijos quienes empezaron a cuestionar la historia de su abuelo y a buscar respuestas. Esa búsqueda personal acabó cruzándose con la investigación histórica de Antonio Ortega. “Me llamó una de las nietas de José Atienza pidiendo información sobre José Atienza”. Y fue este feliz encuentro, casi fruto de la casualidad, el que ha permitido encajar todas las piezas. Ortega cuenta que otro investigador, Santiago Moreno, había desarrollado ya información sobre este caso en una etapa anterior, cuando en la Diputación gaditana el socialista Carlos Perales abrió una oficina de atención a las víctimas de la represión. En este mandato, con La Línea 100x100, socio de gobierno del PP, se han mantenido ayudas a la investigación sobre memoria que han contribuido al trabajo de Ortega. “Que Juliana complete la historia de su vida es una forma de reparación”.

Ese proceso culminó de la manera más emocionante hace apenas unos días, cuando Juliana viajó por primera vez a Arcos de la Frontera junto a sus hijos. Allí recorrió los lugares vinculados a su padre, visitó su entorno y, sobre todo, vio por primera vez su rostro gracias a un retrato fotográfico que se conserva de él. “He sentido emoción, rabia y todo”, confiesa Juliana. Ella, que es muy fuerte, rompe a llorar cada vez que evoca esa imagen.

Ese “todo” incluye una infancia atravesada por la ausencia, pero también por la represión. Su madre fue encarcelada y ella quedó siendo muy pequeña con sus abuelos. “Un guardia civil le dijo a mi madre que me sacara de la cárcel, que allí estaban muriendo muchos niños”, recuerda. Años después, ya en Madrid, la familia se recompondría como pudo, entre trabajos precarios, instituciones del Auxilio Social y una vida marcada por las consecuencias de la posguerra. “Ver esta foto de mi padre es una alegría, pero me da mucha rabia porque yo cuando los necesitaba, a él y a mi madre, era cuando era niña”.

Queda una parte de la historia sin cerrar. Los restos de Atienza no han sido localizados y todo apunta a que podrían encontrarse en una fosa común o en un osario en Jerez. “Es una investigación que sigue abierta”, explica Ortega, aunque reconoce la dificultad de avanzar tras tantos años. Juliana, por su parte, no se hace demasiadas ilusiones. “Me encantaría, pero no tengo esperanza”, admite. Antonio Ortega sigue trabajando en profundizar en la historia de Guadalupe, la madre de Juliana, y en la de todos esos vecinos cuyas memorias fueron segadas tras la guerra. El investigador acompañó a Juliana y sus hijos por las calles de Arcos. Se hicieron fotos en sus calles, en el portal 34 donde estaba la casa de José Atienza. Un viaje por esos barrios que son el origen de esa familia. Una alegría mezclada con rabia por tardar 87 años en descubrirlo.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

Al mediodía, cuando el casco blanco del Viking Saturn se recortaba contra el cielo limpio de Cádiz, algo no sonaba. O, mejor dicho, dejaba de sonar. El zumbido constante de los motores auxiliares, ese murmullo grave que durante años ha acompañado la presencia de cruceros en el muelle Alfonso XIII, desaparecía por primera vez. En su lugar, un gesto casi invisible: un brazo articulado, como una grúa discreta, se alzaba junto al barco y lo conectaba a tierra. Electricidad en vez de combustible. Silencio en vez de ruido. Aire más limpio en vez de humo. Ese gesto, aparentemente técnico, marca un antes y un después en la relación entre la ciudad y su puerto.

Cádiz ha inaugurado este miércoles el primer sistema de suministro eléctrico a cruceros de España, el conocido como OPS (On-shore Power Supply), una infraestructura que permite a los buques apagar sus motores mientras están atracados y conectarse a la red eléctrica terrestre. La escena tiene algo de simbólico. Durante décadas, los puertos han sido espacios de progreso y, al mismo tiempo, focos de contaminación. Lugares donde la actividad económica convivía con emisiones, partículas y ruido, especialmente en ciudades como Cádiz, donde el muelle forma parte del paisaje cotidiano. Hoy, esa tensión empieza a resolverse con tecnología.

El sistema, desarrollado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Endesa, ha supuesto una inversión conjunta de más de ocho millones de euros, con apoyo de los fondos europeos NextGeneration. Pero más allá de la cifra, lo relevante está en sus efectos: se estima que en su primer año evitará la emisión de unas 5.000 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar 2.800 coches de la circulación durante doce meses.

La reducción no se limita al dióxido de carbono. Según los cálculos de Puertos del Estado, el OPS permite recortar hasta un 96% de los óxidos de nitrógeno (NOx), un 94% de las partículas y un 8% de los óxidos de azufre (SOx). Traducido a la vida cotidiana: menos aire irrespirable, menos olor a combustible, menos impacto sobre la salud de quienes viven o pasean junto al puerto. Y para los responsables de estos muelles se reducen también los motivos de quienes se quejan de tantos cruceros en la ciudad.

“Se trata de que los ciudadanos no vean la actividad portuaria como algo agresivo a su vida cotidiana”, ha defendido la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, durante la inauguración. Y en una ciudad donde el puerto está literalmente al lado de las casas, esa idea adquiere una dimensión casi doméstica. Durante años los colectivos ecologistas, vecinos y algunos partidos políticos han cuestionado la apuesta que Cádiz ha hecho por este turismo. Lo han denunciado por el humo que sale de los barcos, por los ruidos y la vibración que se cuela en las ventanas, que recuerda de forma persistente que el turismo también tiene un coste invisible. Con el OPS, según sus responsables, ese coste se atenúa. Los motores auxiliares, necesarios hasta ahora para mantener en funcionamiento sistemas como la refrigeración, la iluminación o los equipos de emergencia, pueden apagarse.

La electricidad que los sustituye, además, tiene certificado de origen renovable. Es decir, no solo se traslada la producción energética fuera del barco, sino que se hace reduciendo aún más su impacto ambiental. El resultado es un modelo que encaja con las exigencias europeas de descarbonización y con una creciente sensibilidad social hacia la sostenibilidad.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha insistido en esa idea durante su intervención: los puertos no son solo infraestructuras logísticas, sino “motores de impulso de la transición energética”. En su visión, la electrificación de los muelles es una pieza más de un cambio de modelo que afecta a toda la cadena de transporte, desde el barco hasta el tren que distribuye las mercancías tierra adentro.

Riesgos técnicos, económicos y regulatorios

Santana ha recordado que esta transformación no surge de la nada. Está respaldada por la Ley de Cambio Climático, por directivas europeas y por un plan de inversiones que prevé destinar alrededor de 1.000 millones de euros a proyectos similares en el conjunto del sistema portuario español hasta 2030. Cádiz, en ese contexto, ha llegado antes que otros puertos.

No es un detalle menor. Ser el primero implica asumir riesgos técnicos, económicos y regulatorios. La electrificación de un muelle no funciona como la de una vivienda: requiere adaptar tensiones, frecuencias, potencias y sistemas de conexión a las necesidades de cada buque. También exige un marco normativo que garantice que el modelo es viable para las empresas.

Por eso, tanto desde Puertos del Estado como desde la Autoridad Portuaria se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. “Sin la participación de Endesa, que gestionará el servicio durante 35 años, el proyecto difícilmente habría salido adelante”, han dicho los representantes de las administraciones en sus discursos.

El sistema instalado en Cádiz tiene una potencia de 16 MVA y está diseñado con un enfoque modular que permitirá ampliarlo en el futuro hasta 24 MVA y dar servicio a varios barcos simultáneamente. De momento, en esta primera fase, puede atender a un único crucero, suficiente para empezar a cambiar la dinámica del puerto.

Y esa dinámica importa. En 2025, Cádiz recibió más de 624.000 cruceristas, que generaron un impacto económico superior a los 25 millones de euros solo en gasto directo en la ciudad, según los datos aportados por Teófila Martínez. A eso habría que sumar el consumo de las tripulaciones y la actividad vinculada a la reparación de buques en los astilleros. El puerto gaditano está aguardando los resultados de un estudio encargado a la Universidad de Cádiz para actualizar los ingresos que conlleva este tipo de turismo.

La idea es contraponer esos datos a las críticas que en muchas ciudades, también en Cádiz, generan los cruceros por su impacto ambiental y su repercusión en la vida cotidiana. La electrificación de los muelles se ofrece como una manera de justificar la actividad económica reduciendo sus efectos negativos. No es una solución mágica. No elimina todos los problemas asociados al tráfico marítimo. Pero sí introduce un cambio tangible, visible. Un crucero conectado a la red es un crucero que no se oye, que no huele, que contamina menos.

Esperanza Fernández tiene dos mellizos. La niña se llama como ella. El niño se llama Francisco. Los dos nacieron con una discapacidad y son atendidos cada día en el centro de educación especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a la asociación UPACE de San Fernando. De 13:30 a 15:00 almuerzan dentro de estas instalaciones. No es solo una comida. Forma parte del aprendizaje de ambos. La Junta ha mantenido este año la misma subvención a comedores escolares, pero, al presentarse más centros, ha excluido a este y otros centros similares de Andalucía. El criterio técnico barema el número de estudiantes, pero no atiende sus necesidades especiales. Es lo que ha llevado a Esperanza, a todas las familias del colegio de sus hijos y a otros centros de la provincia a elevar su voz indignada contra la Junta de Andalucía.

“Sin comedor no hay inclusión”, comenzó a leer Esperanza. Ella ha sido la encargada de poner voz a la concentración con la que las familias se han manifestado ante la puerta de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. Asistían familias, asociaciones y profesionales del ámbito de la discapacidad para denunciar la falta de financiación para los comedores en centros de educación especial tras la última resolución de ayudas de la Junta de Andalucía. Para Esperanza Fernández, el problema no es abstracto ni administrativo: tiene nombres propios y forma parte de la rutina diaria de sus hijos.

En centros como UPACE San Fernando, el comedor no es un simple lugar donde los alumnos almuerzan antes de volver a casa. Forma parte de la atención especializada y del aprendizaje diario de niños con grandes necesidades de apoyo. Algunos requieren ayuda para mantener la postura al comer, supervisión para masticar o tragar, o asistencia completa en la alimentación, que en determinados casos se realiza mediante sonda y personal cualificado. La ausencia de financiación convierte un servicio educativo en un obstáculo diario.

“La dotación tiene que crecer”

El problema se refleja en una cifra que las familias repiten con indignación: de los 19 centros de educación especial que solicitaron la subvención en Andalucía, solo seis han recibido ayuda. 11 quedaron en lista de espera y dos fueron excluidos por completo. Para muchos, la sensación es que el sistema les está dando la espalda. “El presupuesto lleva años prácticamente congelado, mientras que el número de centros y de alumnado ha aumentado”, explica Ana Lorenzo, gerente de UPACE San Fernando. “Si cada vez hay más centros y más niños que necesitan estos servicios, la dotación tiene que crecer. Si no, inevitablemente muchos se quedan fuera”. En este caso, es la primera vez que UPACE San Fernando queda sin apoyo económico para el comedor, un golpe que las familias sienten con fuerza. Si no hay remedio, calculan que tendrán pagar más de mil euros. Son familias que ya tienen que abonar a diario las costosas terapias que reciben sus hijos.

En los centros de educación especial, el comedor no puede ser un servicio opcional o complementario: forma parte del proyecto educativo y del horario lectivo. Los alumnos necesitan apoyo profesional para adquirir y mantener habilidades básicas relacionadas con la alimentación, como controlar la postura, masticar o tragar, o seguir rutinas que fomenten su autonomía. Por eso, el manifiesto insistía en que el comedor debe considerarse un derecho educativo y no una actividad suplementaria. Las familias también denuncian que los criterios de las convocatorias no contemplan las necesidades específicas de este alumnado, que en muchos casos tiene grados de discapacidad superiores al 50%.

La situación no es nueva, según Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, quien recuerda que la falta de financiación para los comedores escolares en centros de educación especial lleva repitiéndose en los últimos diez años. Parte del problema reside en la falta de coordinación entre las ayudas del Ministerio y las de la administración autonómica. “Hay becas que son compatibles, pero los datos no se cruzan. Al final, incluso hay centros que deben devolver dinero cuando se detecta duplicidad”, explica Fernández. La burocracia, advierte, termina penalizando a quienes más dependen de la administración para garantizar servicios esenciales.

Mayor competencia

La Junta de Andalucía, que ya se ha reunido con la Federación Feproami, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz, ha defendido que las ayudas para comedores en centros privados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales o que se encuentran en zonas de transformación social no habían tenido problema hasta este curso. Según ha explicado, la convocatoria ha dispuesto de dos millones de euros y ha funcionado mediante concurrencia competitiva, con un baremo público para determinar qué centros han recibido la subvención.

Educación ha señalado que este año se han presentado más centros que cumplen los requisitos, y que el listado provisional, publicado en noviembre, ha dejado al centro UPACE San Fernando entre los suplentes, con la misma puntuación que el año pasado. La diferencia, ha indicado, es que el último centro que ha entrado en la subvención este año ha obtenido 13 puntos, mientras que UPACE ha tenido 12. La resolución definitiva se ha publicado en diciembre y ha sido incluida en el BOJA en enero.

La consejera, Carmen Castillo, ha anunciado mejoras para el curso que viene. Entre las medidas que ha contemplado están aumentar ligeramente el presupuesto, para atender la creciente demanda, y revisar el baremo, que no ha cambiado en los últimos años, para garantizar que los criterios se han actualizado. Castillo ha reconocido que, aunque UPACE había recibido la subvención con la misma puntuación en cursos anteriores, este año no ha podido ser incluido por las limitaciones presupuestarias y la mayor competencia.

Luchar por la ayuda

Pero estas explicaciones no atienden lo que piden las familias. Creen que sus centros no deberían ser sometidos a una baremación ni tener que luchar entre ellos para obtener una ayuda. Porque, como han insistido en sus cánticos, sin comedor no es posible la inclusión plena. Muchas de las entidades que gestionan estos centros nacieron de la iniciativa de padres y madres. “No somos empresas privadas; los dueños somos los padres”, recuerda Javier Díaz, presidente de AFANAS Cádiz. Mantener estos centros implica un esfuerzo económico constante: pagar trabajadores, mantener instalaciones y cubrir servicios que en ocasiones no reciben financiación oficial.

La demanda de las familias es clara: ampliar la partida presupuestaria o cambiar el sistema de financiación para que el comedor deje de depender de convocatorias competitivas. Y, sobre todo, una solución urgente para este mismo año. Mientras tanto, la protesta dejó un mensaje contundente: para niños como Esperanza y Francisco, y para muchos otros, comer también forma parte de aprender.

Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

Cinco personas sin hogar han muerto en Cádiz en lo que va de año. Manuel, Miguel, Juan Manuel y Jorge fallecieron a lo largo del mes de enero. Esta semana ha muerto Juan, de 68 años, mientras pernoctaba en la puerta de un garaje del casco antiguo. La sucesión de estas pérdidas en apenas dos meses, concentrados además en el periodo más frío del año, ha provocado una fuerte conmoción social y ha forzado al PP, que gobierna en la ciudad, a aceptar una comisión de investigación para aclarar qué está sucediendo y buscar soluciones urgentes.

La última muerte fue la de Juan. Según informó el Ayuntamiento, entre la 01.10 y la 01.45 horas agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia preventiva fueron requeridos por un ciudadano que alertó de que un hombre no respondía a estímulos en el interior de un garaje situado entre la Alameda y la calle Zorrilla. Se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) y se desplazó una ambulancia con médico. Tras la valoración, la forense certificó el fallecimiento y el Cuerpo Nacional de Policía activó el protocolo de levantamiento del cadáver.

Juan, de origen sevillano, llevaba seis meses viviendo en la calle, según había contado él mismo. Era una de las 120 personas sin hogar que, según los recuentos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sobreviven en la ciudad sin un techo seguro en el que guarecerse. Su muerte eleva a cinco las registradas desde el inicio del invierno, una cifra inusualmente alta para un municipio del tamaño de Cádiz (110.000 habitantes) y que ha disparado las preguntas sobre si los recursos disponibles son suficientes y si los protocolos de actuación se están aplicando de forma adecuada.

La APDHA ha calificado la situación de “emergencia humanitaria” y sostiene que no se trata de episodios aislados sino de un fallo estructural en la protección de las personas más vulnerables. La organización insiste en que la calle no es solo un espacio de exclusión social sino un entorno de riesgo permanente para la salud física y mental. El frío, la humedad, la falta de descanso adecuado y la dificultad para acceder a atención médica agravan patologías previas y generan nuevas complicaciones. En ese contexto, advierte, cada invierno multiplica la exposición al peligro.

Entre sus reivindicaciones figura la apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia que garanticen un techo digno las 24 horas del día durante todo el año, sin condiciones que dejen fuera a parte de este colectivo. También reclama la creación de un equipo de calle específico de salud mental, capaz de intervenir directamente en los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, y el refuerzo de los dispositivos para cubrir toda la ciudad, incluidas las zonas de extramuros. La entidad pide además un impulso decidido al modelo Housing First —que prioriza el acceso estable a la vivienda como punto de partida para la intervención social— y la garantía de comedores públicos abiertos sin interrupciones los 365 días del año.

Para la organización, el problema no es coyuntural ni exclusivamente meteorológico. Insiste en que la prevención es clave: intervenir con rapidez cuando una persona empieza a perder apoyos y recursos evita que la exclusión se cronifique y reduce el riesgo de desenlaces trágicos. En su diagnóstico, la falta de coordinación y de inversión sostenida termina trasladando a la vía pública situaciones que podrían haberse abordado antes.

Al alcalde de Cádiz, Bruno García, la continua muerte de personas sin hogar se le atraganta en cada comparecencia pública. “No es que cinco muertes sean demasiadas, una ya lo es”, le respondió a un periodista esta semana cuando se confirmó el quinto fallecimiento. A García le duele especialmente que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana usen este asunto como arma política. Por eso sus mensajes se centran siempre en que el Ayuntamiento no ha aplicado ningún nuevo protocolo para atender a las personas sin hogar, y que fue su antecesor, José María González, el que promovió un documento para vigilar y desalojar parques y jardines. Se sirve de un informe que exhibe cada vez que puede, y que será su principal arma en la comisión de investigación que ha aceptado crear, convencido de que nadie podrá demostrar que su gobierno ha dejado sisn asistencia a estas personas.

García detalló que se están ampliando plazas y dispositivos y que continúan las obras para rehabilitar el futuro albergue de la calle Soledad, que permitirá incrementar el número de camas disponibles. También señaló que el nuevo pliego del servicio, previsto para noviembre, incorporará un refuerzo específico en el ámbito sanitario y de salud mental, con el objetivo de ofrecer una intervención más integral, especialmente en casos de patologías graves o trastornos mentales. El alcalde reconoce que “siguen siendo insuficientes ante la complejidad del fenómeno” y, por eso, ha dicho esta semana que ha dado orden “de no poner ningún límite económico” y ha defendido una estrategia “expansiva total” para ampliar cobertura social y equipos técnicos.

Al alcalde le desmienten los partidos de la oposición y también colectivos como los trabajadores de parques y jardines, que denuncian que desde el 10 de julio del año pasado, y no antes, se aplica un protocolo que hostiga a las personas sin hogar al forzarles a marcharse sin sus pertenencias. Un trabajador fue sancionado hace poco por la empresa, según el comité, por negarse a cumplir con esas medidas.

El actual Gobierno local mantiene que el documento en cuestión fue elaborado a petición del anterior alcalde, José María González, y que el procedimiento vigente es el mismo que ya existía, aunque con mecanismos de control añadidos. La comisión, según ha explicado el alcalde, servirá para esclarecer públicamente el origen, la elaboración y la aplicación práctica del protocolo, incluidas actuaciones como el desmantelamiento de acampadas en etapas anteriores.

Más allá de la controversia política, el foco vuelve a los fallecidos. Las entidades sociales subrayan que la cifra no puede analizarse solo como una estadística, sino como un indicador de que los dispositivos de prevención, detección temprana y atención continuada no están logrando evitar situaciones límite. Y, por tanto, hay riesgo de que la lista de nombres, la de Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan, sume otro más en cualquier momento.

Para que triunfe el mal basta con que las personas de bien no hagan nada. Manu Sánchez utilizó la oportunidad de su pregón del Carnaval de Cádiz para lanzar a la ciudad encendidos elogios, para poner a cantar a algunos de los grandes de la fiesta y hasta para pedir matrimonio a su pareja y casarse en un escenario ante miles de gaditanas y gaditanos. Pero, sobre todo, usó su profundo e intenso texto para lanzar mensajes de advertencia política que no pasaron desapercibidos en una ciudad acostumbrada a aplaudir a sus poetas más comprometidos en la llamada cuna de la libertad. “Cuidado con acunar tanto la libertad, que vamos a dejarla dormida”.

Fue un pregón de casi tres horas que encontró en su final un punto álgido y superficial, que amortiguó el hondo poso de tantos mensajes que Sánchez había ido dejando desde que comenzó a hablar en el escenario de la plaza de San Antonio vestido de Hércules, el fundador de Cádiz. Porque Sánchez se entregó en un texto guerrillero, pero decidió rematarlo llamando a su pareja Lorena Sánchez al escenario, junto con el alcalde, Bruno García, y la pregonera infantil, Ainhoa Morillo, para declarar amor eterno y casarse en una boda tan exprés como eterna.

Sánchez había comenzado su discurso como suele hacerse en un pregón. Llenando de piropos la plaza hacia la historia de la ciudad, citando a los grandes de la fiesta y de sus artes, derrochando humor con rima cuartetera. Se acompañó de sus dos leones, Plus y Ultra. Uno de izquierdas, y otro de derechas. El primero come pienso vegano y ecológico. El segundo escucha la palabra “pienso” y ya se echa a temblar. Y, a partir de ahí, empezó a enarbolar un discurso que quiso que fuera directo. Que fuera claro y transparente como el agua de La Caleta en sus mejores días.

La defensa de la memoria y de la libertad fueron las dos columnas sobre las que Manu Sánchez construyó su discurso. Sobre la memoria se sirvió de Bad Bunny, “aunque esto no sea la Super Bowl ni aquí esté Donald Trump, pero aquí sí hay fascistas”. Y cantó: “Si te quieres divertir, ven y canta la canción: no se dice en carnaval, con Franco se vive mejor”. Recordó que hace 51 años murió Franco “pero, muerto el perro, no se acabó la rabia. Con Franco no se vivía mejor en ningún caso, salvo que te sientes al lado de los que apretaron el gatillo asesinando a carnavaleros”.

Sánchez condenó “la nostalgia de mentira” y apeló al amor frente al odio, y a la libertad, frente al miedo. Y contra esa nostalgia, “memoria, memoria y memoria”.

Defensa de la libertad

Si impresionó su apología por la memoria, caló también hondo su apasionado texto por la libertad. “Quien mata, la resucita, quien la revienta la multiplica, quien le dispara a la libertad se salpica, quien la entierra la está sembrando, y al tiempo nace, florece con más brote, con más fuerza, con más ganas, con más hijos, con más hijas”.

Manu Sánchez recordó que libertad es una palabra de ocho letras, como ocho provincias tiene Andalucía. “Es una palabra escrita con la sangre de lesbianas, maricones, carnavaleros, copleros, comparsistas y poetas. Se conquista en siglos y se pierde en una tarde”. Para entonces, el pregón ya había asumido su mensaje político. “Libertad es un derecho y, como todos los derechos, se conquista por la izquierda. La derecha la niega, la frena, la boicotea para, luego, pasado un tiempo, cuando al final se consigue, ya te dice la derecha que, entre todos, lo habéis hecho y llevan ellos la empresa”.

El pregonero cuestionó a quien quiere controlar la libertad como si la libertad necesitase policías, cuidadores o tutores. “No se puede ser medio libre. La libertad avanza o desaparece. No se puede pasear con correa, la libertad muerde la mano que le da de comer, la libertad es más difícil con hambre”.

Y, en este encendido discurso lanzó su advertencia. “La libertad se defiende, la libertad se cuida, se protege. La libertad hasta se hereda, pero debe ser consciente. Cádiz, cuna de la libertad, cuidado por si de tanto acunarla, vamos a dejarla dormir”.

Manu Sánchez empezó su pregón a las ocho y terminó cerca de las once de la noche con una boda en directo oficiada por el alcalde de Cádiz, entre el Hércules que él representaba y la ciudad de Gades que encarnaba su pareja. Riki Rivera dirigió el intenso repertorio musical que tocó todas las modalidades carnavaleras en un escenario por el que desfilaron Pastora Soler, María Terremoto, Carli Brihuega, Miguel Nández, las comparsas La camorra y El patriota (representando al padre de la patria andaluza, Blas Infante), el coro de Julio Pardo, Jesús Bienvenido o Vera Luque encarnando a Franco (“llamadme Pacoli que es más carnavalero”...). Para demostrar que las coplas del carnaval, como un pregón, son también armas de guerra para hacer el bien. Armas por la libertad.

12 horas de coplas inéditas de forma ininterrumpida. El Teatro Falla acoge cada año un espectáculo considerado único porque no hay ninguno en el mundo con tanta duración, retransmitido en directo en radio y televisión, y capaz de ofrecer en la mitad de lo que dura un día entero repertorios inéditos de coplas cargadas de humor, crítica y actualidad. Este viernes llega la final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC 2026), en medio de los sinsabores que deja, también cada febrero, la decisión del jurado.

Las últimas horas en Cádiz han sido un debate intenso en conversaciones presenciales, por teléfono o por redes sobre la idoneidad de las 15 agrupaciones que han llegado a la final de este viernes por decisión expresa de los cinco componentes del jurado oficial. No hay unanimidad, pero como el jurado manda, esa discusión se acaba cuando el telón del Falla se abra este viernes.

La Sanidad pública, muy presente

En comparsas, la modalidad más seria y crítica, han pasado a la final ‘DSAS3’, ‘Los humanos’, ‘El patriota’ y ‘Los invisibles’. ‘DSAS3’ es, desde su nombre, una alegoría sobre la Sanidad Pública, sobre la situación del SAS (Servicio Andaluz de Salud) como un desastre. Jesús Bienvenido, creador del primer premio del año con ‘Las ratas’, aspira a repetir triunfo y gran parte de sus credenciales están en unas potentes y conmovedoras letras, como la que cantó en semifinales al pueblo de Grazalema, desalojado al completo por las intensas lluvias. El temporal y, en muy menor medida, la tragedia de Adamuz, que obligó por el luto oficial a cambiar el calendario del concurso, han estado presentes en los repertorios. Pero no tanto como Juanma Moreno.

En ‘DSAS3’ destacó el afilado cuplé en torno a la faceta literaria del presidente de la Junta. En Cádiz su libro ‘Manual de convivencia’ se lo presentó un afamado chirigotero, José Guerrero Yuyu, que también estará en la final del viernes con la agrupación ‘Los que van a coger papas’, que va disfrazada de cónclave. Al Yuyu le han caído un buen ramillete de coplas críticas por este “blanqueamiento” del líder del PP andaluz. “El Yuyu acude cuando se le llama, será porque va de papa, por eso Juanma lo llama, porque si fuera de mama, estaría esperando a que lo llamara”.

Y es que la crisis de los cribados de cáncer de mama ha sido, sin dudarlo, el tema más cantado en un concurso que empezó el 11 de enero y que terminará este viernes. Al presidente de la Junta le ha tocado escuchar todo tipo de improperios contra su gestión. Ha habido letras dolientes. “Escucha, Juanma, lo que aquí se te canta, y piensa en lo que has hecho, que la sanidad en mi tierra nos la tomamos muy a pecho. Venga mama y venga mama. Esa palabra tú estarán harto de escucharlo, pues aplícatela ya. Y te vas pronto a mamarla”, le espetó la chirigota ‘Sshhhh!!!’, la conocida como chirigota del Bizcocho, firme aspirante a llevarse el primer premio con su tipo de saeteros cantando desde un balcón.

Ha habido letras más suaves, más pretendidamente poéticas, igualmente reivindicativas, como el testimonio en primera persona que recogía la comparsa ‘Los invisibles’, de Manuel Cornejo. “No hay compasión, no hay perdón. Juanma Moreno, para esas mujeres que se quedaron en el camino, serás siempre un asesino”, interpretaron con fuerza y garra sus componentes. Esta comparsa, que, por sorpresa, estará en la final, también golpeó con sus letras contra el auge del fascismo entre los jóvenes.

El auge de la ultraderecha

La juventud y el voto al alza hacia Vox ha sido otro de los asuntos más recurrentes en este concurso. Por ejemplo, sirvió de musa a Antonio Martínez Ares para su comparsa ‘Los humanos’, en una letra crítica contra Fran Rivera, por su famoso vídeo en el que aparecía pidiendo a Donald Trump que hiciera contra Pedro Sánchez lo mismo que había hecho con Nicolás Maduro. “Vienen tiempos oscuros para una democracia que nunca ha terminado de enterrar a Franco”.

Y la cuarta comparsa que ha entrado en la final también tiene un poso político profundo. Se trata de ‘El patriota’, de Alcalá de Guadaíra, la primera agrupación de esta modalidad que llega a la última fase del concurso procedente de la provincia de Sevilla. Su idea, la de representar a Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza y asesinado por los franquistas, caló hondo con sus mensajes andalucistas y antifascistas enarbolando la bandera blanquiverde.

No todos estos mensajes contra la ultraderecha han terminado de triunfar. Fuera de la final ha quedado el coro ‘La carnicería’, que representa en tono crítico una corrida de toros tras la Guerra Civil y dejado sonados tangos sobre memoria histórica. Su autor, Miguel Ángel García Argüez, sí ha firmado algunas de las pocas letras que han arremetido contra Pedro Sánchez, con su comparsa ‘El desguace’ o con su coro, para pedirle que dejara de alimentar el cuento de Pedro y el lobo sobre que viene la derecha “cuando desde hace años la derecha está gobernando España”.

Sí han pasado los coros ‘El sindicato’, ‘ADN’, ‘Las mil maravillas’ y ‘La esencia’. Compartirán escenario en la final con los cuartetos ‘Crónica de una muerte más que anunciada’, que representa de forma rimada la vida de Jesús; ‘Los latin king de la calle Pasquín’, el relato irreverente de una banda callejera; y ‘Que no vengan’, una divertidísima metáfora contra la masificación del carnaval gaditano representada en unos alpinistas que quieren alcanzar el Everest.

Chirigotas

En chirigotas, el jurado ha apostado por agrupaciones muy innovadoras en su forma, dejando atrás a la representación más clásica de la modalidad que conformaban grupos como ‘Los Cádiz Sapiens’, ‘Seguimos cayendo mal’, ‘Los antiguos’, o, incluso ‘Los desconfiaos’. Su preferencia ha ido encaminada a la innovación que representa un singular autor, Ale El Peluca, que ganó el año pasado yendo del humorista Eugenio con ‘Los calaítas’, y que vuelve a tener puesto en la final con ‘Los Amish del mono’, un singular viaje hacia Cádiz de una comunidad amish.

También cantará en la fase final la chirigota más viral de este año ‘Una chirigota en teoría’, que representa al físico ya fallecido Stephen Hawking, enfermo de ELA, en silla de ruedas y cantando parte de su repertorio con voz informática. Su éxito, refrendado por el jurado, ha llegado a televisiones de todo el planeta. “Al final hemos hecho famoso a Stephen Hawking”, han ironizado en su último pase.

El jurado ha querido que pase a la final la chirigota del Yuyu, ‘Los que van a coger papas’. Su autor, comunicador en Canal Sur y que regresó el año pasado tras varios concursos ausente, sella su segunda final consecutiva, a pesar de las numerosas críticas que su gesto de presentar el libro de Juanma Moreno le ha traído. Y estará también en la final ‘Sshhhh!!!’, la del Bizcocho, capaz de levantar a todo un teatro mandando “a mamar” al presidente de la Junta con su mezcla de humor (muchas veces negro) y crítica social. Para muchos el Bizcocho, que aspiró a lo máximo con ‘No te vayas todavía’ o ‘Los mi alma’ son el primer premio de este año, lo que desterraría así el mantra de que este autor, de San José de la Rinconada, no haya ganado todavía por ser sevillano. Firma este año junto a Pablo de la Prida, otro paisano de la provincia vecina, que con ‘Daddy Cadi’ estuvo a punto también de llevarse el primer premio. El jurado, como cada año, tendrá la última palabra. Su último fallo se conocerá sobre las ocho de la mañana, casi 12 horas después de que empiece la final.

Hay un hombre en medio del escenario intentando hablar con un micrófono. Le rodea una nube de periodistas radiofónicos. El público grita de forma ensordecedora. El hombre lleva un papel en la mano. Es el acta del jurado oficial con el reparto de premios de la final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz de 1986. Un 7 febrero. El ambiente está caldeado. Los aficionados no perdonan que este jurado dejara fuera de esa final a una grandísima chirigota como fue ‘Los cubatas’. Así que entre abucheos y gritos de “jurado, cabrón” ese hombre va anunciando el reparto de galardones de cuartetos, chirigotas y comparsas. Lo último que lee es la modalidad de coros. Y entonces desvela que el primer premio se lo ha llevado ‘La viudita naviera’. Tras leerlo, corre hacia atrás y se pierde entre la multitud. Acaba de anunciar una decisión histórica. Es la primera vez que una mujer autora gana un primer premio en este concurso. Fue hace 40 años. Y nunca más ha vuelto a ocurrir.

Lo cierto es que el revuelo chirigotero que removió aquel carnaval de 1986 invisibilizó un poco, como tantas veces ocurre a los logros conseguidos por mujeres, aquel hito. Aquella victoria consolidaba a Adela del Moral como un referente del carnaval gaditano y también como un símbolo de los techos de cristal que la fiesta siempre había puesto a las mujeres. Entonces apenas algunas mujeres habían salido en agrupaciones, sí que empezaban a probar aquello del carnaval callejero, pero ninguna había dado el salto a firmar como autora.

A Adela del Moral no le gustaba mucho el carnaval hasta que en 1979 le llamó la atención el coro de Quini ‘Fantasía rusa’. En su familia, como en tantas otras de aquellos años, el carnaval era visto como algo de personas de mala vida, no tenía mucho prestigio. Pero en los compases y melodías de aquella agrupación la joven Adela descubrió un mundo nuevo que le interesó. Uno de esos años su padre le compuso un tango y junto a varias amigas y amigos se atrevieron a cantarlo en la calle. Fue una experiencia tan gratificante, tan bonita, tan divertida que Adela del Moral, que para entonces era una gran aficionada a la música y sabía tocar los instrumentos de cuerda, se atrevió a componer su primer tango.

La idea era volverlo a cantar en la calle, pero el tango tenía tanta calidad que algunos de los hombres del coro, a espaldas de las mujeres decidió inscribirlo en el concurso del Teatro Falla. Cuando se supo, hubo una enorme polémica. También una votación sobre lo que hacer. Por un voto ganó el sí. Así nació en 1981 ‘Mariscaores gaditanos’, el llamado primer coro mixto de hombres y mujeres que participaba en el concurso. Tuvieron que escuchar de todo. Que si el tango se lo había hecho en verdad el padre de Adela. Que cómo iban a cuidar esas madres de sus hijos si estaban ensayando por la noche. Lo sucias que iban a estar sus casas si ellas no tenían tiempo para limpiar. Aquellas críticas no mermaron sus ganas de carnaval y siguieron hasta que en 1986, en medio de aquella alocada lectura del fallo del jurado, lograron su primera victoria.

Adela del Moral falleció hace dos años. Su viudo, componente de aquel coro, Luis Frade, no puede olvidarla y se esfuerza cada día en que su memoria siga viva en la ciudad. Ella ya tiene una calle en Cádiz y este sábado, justo cuando se cumplirán 40 años de aquel histórico primer premio, su nombre será colocado en el particular Paseo de la Fama del carnaval, frente al Teatro Falla, junto a grandes nombres de la fiesta. Nuevamente pionera. Ella será la primera mujer tenga su estrella allí.

Solo otra autora, Marta Ortiz, ha conseguido entrar en una final desde entonces. Fue en 2022, en el inédito carnaval de verano postpandémico con la comparsa ‘We can do’. “Adela es todo para mí. Ella creó el referente de que la mujer pudiera participar en el carnaval como un sujeto activo”, cuenta Ortiz, orgullosa de sumarse a este homenaje. 40 años después de ‘La viudita naviera’, Marta Ortiz ha presentado en el Falla su comparsa ‘La camorra’, con la que reviste de crítica y denuncia sus disfraces de estamentos de la Iglesia católica. 40 años después de aquel hito de Adela del Moral hay quien ve la posibilidad de que este año se repita la hazaña de que una mujer gane el concurso.

“Es bastante improbable”, admite sin falsa humildad. “Sabemos primero la calidad que tienen las compañeras y compañeros y sabemos que la competición es dura. Y también, y quizá más importante, sabemos todas las vallas que indudablemente tenemos delante, toda la jerarquía que hay en el concurso. Lo veo difícil, aunque no imposible”, resume.

Ortiz, que ha reflexionado en su libro ‘Las ausentes’ sobre el papel de las mujeres en el Carnaval, cree que estos 40 años sin otra mujer en lo más alto del palmarés es un reflejo de la sociedad. “La que nos a nosotras un papel de crianza, de inaccesibilidad al espacio de ocio que debe ser el carnaval como un derecho. Que haya pasado tanto tiempo es significativo de lo lento que va todo”.

En estas cuatro décadas se han dado pasos adelante. La mujer ha dejado de estar representada solamente por la figura de la diosa y las ninfas. Algunas han ganado primeros premios como componentes. Y Marta Ortiz está ahora en las quinielas de posible finalista con ‘La camorra’. Hace 40 años a las mujeres que salían en el carnaval se les decía de todo. “Algunas cosas no han cambiado. En redes sociales nos han dicho que nos pusiéramos a fregar. Pero, claro, algunas cosas han mejorado. Pero persiste una sexualización, hablan de nuestros cuerpos, nos llaman chulas o prepotentes, intentan desacreditar nuestra seguridad y elocuencia”.

El mismo sábado que Adela del Moral recibe un homenaje junto al Falla, dentro estarán cantando las agrupaciones infantiles celebrando su particular final. Es un concurso donde niñas y niños conviven de igual manera, donde se forja una competición en absoluta igualdad. Es en el salto a adultos donde esa valla vuelve a levantarse. Marta Ortiz les habla a esas niñas carnavaleras. “Son unas artistas y pueden llegar donde quieran. Pero yo les digo que no tienen la eobligación de nada, no tienen que sentir ningún peso”. Y les da un consejo porque en ese concurso de la cantera también hay una mayoría de autores hombres. “Que cojan la rienda de su palabra porque la necesitamos. Necesitamos la palabra de esas niñas”.  

En Grazalema, el pueblo gaditano conocido por ser el lugar donde más llueve de España, está lloviendo más que nunca. Pocos vecinos, ni siquiera los más veteranos, recuerdan algo parecido. “Han aparecido arroyos que no sabíamos que existían. El suelo está tan saturado que no soporta más agua”, explica Carlos García, su desbordado alcalde. El agua ha empezado a salir desde los enchufes de las casas y las calles son cascadas. La cercanía al cauce de los ríos ha provocado el desalojo de más de 3.000 personas en la provincia.

Las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, que azota Andalucía con una violencia histórica, han superado en pocas horas los escenarios más extremos previstos por los meteorólogos y han hecho brotar agua desde lugares insólitos: por el suelo de las viviendas, por los muros y hasta por los orificios de los enchufes en casas de gente mayor que jamás había visto tal fenómeno en su memoria colectiva.

Cuando eran niños, han relatado los vecinos más ancianos, las casas tenían incluso canales por donde discurría el agua; era lo normal en épocas de lluvias intensas, pero eso hace más de 60 años. Ahora las viviendas no están preparadas para esto, y el agua ha ganado por sorpresa. Grazalema se halla en aviso rojo por lluvias, con registros que han superado ya los 200 litros por metro cuadrado en pocas horas, y pronósticos que hablan de incluso 500–700 litros en dos días, cifras que equivalen a lo que en otras latitudes sería una temporada completa.

El subsuelo está tan saturado que la lluvia ya no baja: sube. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos rojos en Grazalema, en el Campo de Gibraltar y en buena parte de la provincia de Cádiz, ante precipitaciones que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas, con riesgo extremo de inundaciones y desbordamientos de cauces.

En Jerez de la Frontera, la situación se ha tornado igualmente grave aunque por otras razones. El río Guadalete, que discurre próximo a zonas densamente pobladas, ha aumentado su caudal de forma preocupante, obligando a desalojar a centenares de familias de barriadas bajas y rurales para prevenir tragedias. Caminamos por calles todavía sin agua, pero con el cielo encapotado como amenaza constante. En algunas casas la gente ha hecho barricadas improvisadas con sacos de arena; en otras, las persianas siguen bajadas desde que el aviso rojo entró en vigor.

Si en la sierra el agua viene de arriba, en el Campo de Gibraltar viene por todas partes. En localidades como Algeciras, San Roque o Los Barrios, el viento y las olas golpean con fuerza, y las precipitaciones acumuladas suman una amenaza extra a la ya latente crecida de ríos y ramblas. Allí también se han registrado desalojos preventivos: en Los Barrios decenas de personas han tenido que dejar sus hogares por la acumulación de agua en urbanizaciones bajas, y en San Roque siguen activos dispositivos de emergencia para seguir la evolución del temporal.

En esta zona se han desplegado miles de efectivos de emergencias, incluidos bomberos, agentes del Infoca y unidades de la UME. Tanto la Junta como los ayuntamientos han suspendido clases y servicios no esenciales, mientras se mantienen centros de acogida preparados para alojar a quienes pierdan sus hogares o no puedan regresar a ellos. En las grandes industrias como Navantia, Dragados o Airbus se ha seguido trabajando, aunque a algunos empleados se ha dado la opción de teletrabajo o pedir el día libre.

El agua también ha rugido en el mar, que se ha comido chiringuitos y paseos marítimos. Ha ocurrido en La Barrosa, en Chiclana, donde la arena ha tapado su acera. O en Los Caños de Meca, que ya venía sufriendo antes del pasado verano una pérdida de arena, y ahora el mar se come las rocas que protegen el histórico faro de Trafalgar. O en Cádiz, donde las olas han cruzado la carretera arrastrando su espuma y numerosas piedras de grandes dimensiones. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y técnicos de la Demarcación de Costas han coincidido en el mismo lugar evaluando los daños. Ahora se teme la subida de la próxima marea. La provincia de Cádiz sigue pendiente con inquietud el avance de la borrasca.

El jurado del Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz se enfrenta a su primer reto. De 124 agrupaciones, tienen que elegir un máximo de 56 que pasen a la siguiente fase. Tras 17 días de preliminares, comenzarán el viernes 30 de enero los cuartos de final. Esta primera fase del certamen de coplas en el Teatro Falla ha dejado claro un destinatario principal de letras críticas: Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de la Junta acumula pasodobles y tangos muy severos sobre los cribados de cáncer de mama. Le sigue el exobispo de Cádiz acusado de pederastia. Un concurso que, por primera vez en muchos años, suspendió una jornada por el luto oficial tras la tragedia de Aldamuz, lo que ha llevado a alterar el apretado calendario de esta batalla de coplas.

Que la situación de la sanidad pública ha dominado el repertorio de asuntos cantados en el Falla lo muestra la propia concepción de una de las comparsas más esperadas cada año, la de Jesús Bienvenido. Los bufones que representan sus componentes son los usuarios y empleados de centros de salud y hospitales de Andalucía, maltratados por quien llaman “malparido, miserable rapaz, embustero, ilustre fanfarrón, un próspero y patético ratero, señorito andaluz, que le ha robado la salud al pobre cambiándole el oro por cobre”. Es la comparsa que este año han llamado ‘DSAS3’, un juego de palabras con las siglas del Servicio Andaluz de Salud.

Moreno Bonilla ha ido a por dos o tres letras en cada sesión en el Falla. Incluso le han cantado las niñas y los niños de la cantera infantil. Aunque tiene el consuelo de haber compartido golpes con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijoo, por haber dicho aquello de que los andaluces no saben contar cuando estaba tratando de defender que Galicia tiene más costa que Andalucía. Al PP le han llovido ataques hasta de autores que solían ser afines a este partido como los coros de Julio Pardo y Luis Rivero.

Otro hombre en el punto de mira de las autoras y autores ha sido el exobispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, apartado hace unos meses del cargo tras conocerse la denuncia por pederastia que caía sobre él durante su etapa en Getafe (Madrid). Por ejemplo, le dedicó un elaborado pasodoble la comparsa ‘Los locos’ mencionando a las principales hermandades y cofradías de la ciudad. “No vas a encontrar ni la paz, no esperes amparo, no resurrección, ni la clemencia, son sus barrios coronas de espinas sobre tu conciencia, porque su santa pasión será tu penitencia”, le cantaron.

Contra los estamentos de la Iglesia ha llegado este año la comparsa ‘La camorra’, de Marta Ortiz, quien, sin abandonar su encendido mensaje feminista de años anteriores, centra su diana contra las instituciones católicas al dedicarle prácticamente todo su repertorio vestidas de papisas, mujeres cardenales o sacerdotisas. Aunque también hubo en uno de sus pasodobles un duro ataque a Moreno Bonilla por su trato a las mujeres de AMAMA, que terminó animando a parte del público a gritar “Bonilla dimisión” al terminar la copla.

¿Y Pedro Sánchez? Se preguntan algunos que echan en falta más coplas contra el Gobierno central. Han sido muchas menos. Ha habido toques por lo de Ábalos y Cerdán y, sobre todo, una letra de una de las comparsas favoritas este año ‘OBDC. Me quedo contigo’ que centró uno de sus pasodobles en lamentar las dificultades para acceder a una vivienda responsabilizando al presidente del Gobierno.

Las chirigotas, las agrupaciones destinadas principalmente a hacer humor, además de chistes sobre Andy y Lucas y su abrupta separación, han jugado este año a rizar el rizo de lo imposible con sus disfraces. Los más virales han sido los componentes de ‘Una chirigota en teoría’ vestidos de Stephen Hawking en silla de ruedas y cantando en modo robótico. Sobre el Falla ha aparecido un tanatorio, un cementerio de nichos con sus muertos cantando tumbados, una funeraria, algas asiáticas de la playa de La Caleta y un avión estrellándose. Para los que piensen que en el carnaval de Cádiz ya se ha inventado todo.

Entre los coros ha sobresalido ‘La carnicería’, que representan una corrida taurina tras el golpe de estado. La temida llegada de la ultraderecha ha sido también uno de los asuntos más cantados como el pasodoble a la juventud que está orgullosa de que la llamen facha de la comparsa ‘Los hijos de Cádiz’ o la aplaudida letra que Jesús Bienvenido utilizó para ‘DSAS3’, comparando los malos tratos a una mujer con lo que la ultraderecha quiere hacer a España.

En cuartetos, la modalidad con menos número de agrupaciones pero con calidad reconcentrada, ha vuelto a destacar el grupo de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, que, con el nombre de ‘Que no vengan’ se sirven de un Everest masificado para hablar de un concurso de carnaval deslocalizado y con riesgo a la saturación. Aunque no provocó el impacto del año pasado de la chirigota negacionista, ha sido muy cuestionada la participación de una chirigota procedente de Tenerife, que cantó en el Falla sin respetar los cánones básicos del carnaval gaditano.

La tragedia de Aldamuz obligó a parar el concurso un día, algo que no ocurría desde 2021 con la pandemia o desde la huelga general de 1994. A sus víctimas y a los que las ayudaron les regaló Antonio Pedro Serrano, el Canijo de Carmona, un emocionado pasodoble con la comparsa ‘Los pájaros carpinteros’, que el público remató entonando el himno de Andalucía. Esta interrupción ha provocado que la sesión prevista aquel lunes por luto haya sido trasladada a este miércoles. Eso ha provocado que una de las agrupaciones más esperadas, la comparsa de Antonio Martínez Ares, sea la última en cantar en la fase preliminar. Expectación hasta el final. Martínez Ares no estuvo el año pasado por enfermedad tras haberse llevado tres primeros premios seguidos, así que su regreso se aguarda con ganas. Con los cuartos de final, que empiezan el viernes, se abre otra competición. Lo mejor del concurso, en principio, todavía no ha ocurrido.

El agua cristalina y pura del Guadiana que describió en sus versos Cristóbal de Mesa es acompañante continuo en esta ruta de leyenda, naturaleza e Historia. Recorrer la Vía Verde del Guadiana es dejarse llevar por ese mismo río y los relatos mineros que pesan en el Andévalo, la comarca onubense que abraza este itinerario. Entre la Sierra de Aracena, la frontera con Portugal y la Tierra Llana.

Esta ruta verde sigue los pasos del viejo tren minero que unió, durante casi un siglo, la Mina de La Isabel con el Puerto de La Laja, junto al río Guadiana. Ese tren, símbolo de la actividad minera del Andévalo, parece ahora transformado en un susurro que acompaña al caminante o al cicloturista a lo largo de unos 17 km de naturaleza serena y caminos fáciles.

Comenzando en la aldea minera de La Isabel, el recorrido surge como un sendero que ondula entre arroyos que vierten sus aguas al Guadiana, bosque mediterráneo y restos de la actividad industrial que moldeó estas tierras. El firme compactado hace que la ruta sea accesible para todo tipo de caminantes, ciclistas de montaña e incluso personas en silla de ruedas, sin exigencias técnicas más allá de la resistencia propia al paseo.

A medida que se avanza, el antiguo poblado minero de El Sardón y la estación casi en ruinas permiten recordar la memoria de un pasado industrial intenso. Más adelante, el Puente del Lobo, con vistas panorámicas al valle y al bosque, invita a detenerse y contemplar la quietud de un paisaje que ya no tiene el ruido de las locomotoras.

La Vía Verde atraviesa un túnel excavado en la roca y cruza carreteras con el murmullo del Guadiana acercándose, hasta desembocar, finalmente, en el Puerto de La Laja, donde el macizo del río dibuja la línea del horizonte. Aquí, los silos y el embarcadero que un día fueron punto de carga de minerales contrastan con su entorno natural, creando una imagen poética que resume la esencia del Andévalo: naturaleza y huella humana en un abrazo silencioso.

La ruta permite adentrarse en el Andévalo: sus encinas, sus productos gastronómicos y pueblos en que el tiempo parece discurrir al ritmo de las estaciones hacen de esta comarca un destino para quienes buscan paisajes auténticos y experiencias profundas.

“Moreno Bonilla dice que para la sanidad no hay solución, que la sanidad sale muy cara, pero para los toros sí hay subvención”. Los veteranos usuarios de la playa de La Caleta que representa la chirigota ‘Los hombres de Paco’ tiran de populismo y de hipérbole para disparar una de sus primeras letras directamente contra el presidente de la Junta de Andalucía. “Me voy a tener que disfrazar de torero para que me hagan una prueba”, cantan con desvergüenza. Lo cierto es que la primera sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha dejado claro que la crisis de los cribados de cáncer y la gestión sanitaria van a ser centro de las coplas durante todo el certamen.

En la primera de las 17 jornadas de preliminares el Falla se llenó de ovillos de lana coloridos, palabras de Cádiz, caleteros de pro, chatarreros, unos trabajadores de baja, inteligencias artificiales y hasta unos secuestrados en un zulo. Porque cada idea de agrupación riza el rizo del ingenio y, aunque algunos disfraces y tipos, suenen ya de otros años, siempre hay algún nuevo hallazgo al que darle la vuelta. Pero vayan vestidos como vayan vestidos los repertorios viven de lo que ha sucedido en las semanas anteriores en Cádiz, Andalucía, España y el mundo. Y una de las cosas más importantes para los carnavaleros han sido los fallos en los cribados del cáncer de mama.

El coro de Ceuta ‘Al lío’, encargado de abrir el concurso vestidos de mil colores, como madejas de lana, dedicó el segundo de sus tangos a la situación de la sanidad pública en la ciudad autónoma, comparándola con un barco “lleno de parches”, pero donde ese navío termina siendo su mejor doctor. El primer golpe seco contra la gestión del PP en esta materia llegó de la comparsa de El Puerto de Santa María ‘La palabra de Cádiz’, una exaltación del vocabulario puramente gaditano. Su primer pasodoble fue un imaginativo repaso a las diferencias entre el rosa y el azul para terminar vinculando el lazo rosa reivindicativo para la lucha contra el cáncer de mama y el PP que representa el PP, “el partido maldito que desahuciado a 2.000 mujeres andaluzas”.

La chirigota “Los hombres de Paco”, la más aplaudida de la noche en su divertido tipo de habitantes habituales en La Caleta, selló la bofetada más sonora contra el presidente de la Junta. “Si te hacen una prueba, no te avisan y el cáncer te llega... pero para poner como nueva a la Macarena, ahí la Junta sí es la primera”. Fue una letra muy aplaudida.

También la chirigota que cerró la noche se acordó de Juanma Moreno, para el que pidió que se marchara porque “no hay nada más sagrado que los pechos de una madre”. Este grupo, procedente de Dos Hermanas, presentó el tipo más arriesgado e irreverente con el nombre “Ozú no me esperes pa almorzá”, vestidos atados a una silla, como secuestrados en un zulo.

Fue una noche en la que se aguardaba con expectación a la comparsa de Miguel Ángel García Arguez y Raúl Cabrera, que mantiene parte del último grupo que concursó con el mítico autor ya fallecido Juan Carlos Aragón. ‘El desguace’ pretende ser una alegoría de la chatarrería o ciudad oxidada en la que se ha convertido Cádiz. Sus pasodobles se reservaron a una crítica al concurso y una exaltación a la pasión que despierta cada año, y un ataque político sin nombres contra quienes gobiernan con corrupción mientras son ajusticiados 12 trabajadores del metal por las protestas del verano pasado.

En esta agrupación canta Andy Morales, de Andy y Lucas, y plenamente consciente de que su abrupta ruptura será tema de mofa de otras agrupaciones, su comparsa se adelantó a todas las demás también un cuplé sobre la importancia de las terapias de pareja, aunque al dúo no les haya servido de mucho y hayan terminado a piñas. Andy no cantó el remate de esta letra.

El exobispo de Cádiz y Ceuta Rafael Zornoza, destituido hace unos meses tras ser denunciado por pederastia, se llevó también en esta primera jornada sus primeras letras. Donald Trump y su acción en Venezuela se estrenó como musa con la comparsa ‘Los artificiales’. Gustó mucho también la chirigota del Sheriff ‘Los semicuraos’, que se burlan con su tipo de las bajas laborales, como hombres escayolados al lado de un chiringuito. Ellos también se acordaron de la sanidad pública en su repertorio con un cuplé que habla de un fantasma que dicen que habita el Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana. “Lleva desde 1984 esperando el resultado de la biopsia”.

En Tarifa (Cádiz) una olla pequeña se convirtió en el único refuerzo para atender a 30 alumnos más. Así arrancó allí el nuevo modelo de la Junta de Andalucía: más alumnado, pero las mismas manos para atenderlos. Ni más personal ni más medios, salvo esa cazuela para hacer más comida. Lo que para la administración es una solución a la falta de plazas, para trabajadoras y familias es el inicio de un deterioro silencioso: más niños en las mismas aulas, con los mismos recursos.

El pasado curso se matricularon en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía 89.382 menores (6.110 en cero años; 34.749 en un año; y 48.253 en dos), lo que supuso un aumento de 923 escolares con respecto al anterior curso. En muchas ciudades existe lista de espera para entrar.

Tarifa es uno de ellos, con el problema de que su única escuela infantil pública no tiene alternativa privada ni concertada. Cuando creció la demanda, la administración optó por ampliar el número de niños matriculados: de 80 a 110. Desde fuera, la medida parecía razonable. Suponía reducir considerablemente la lista de espera. Desde dentro, supuso un cambio drástico: más alumnado de entre 0 y 3 años en las mismas aulas, con las mismas profesionales y sin apoyos adicionales.

“En ningún caso se incumplen las ratios fijadas por normativa”, explican fuentes del Gobierno andaluz en Cádiz. Es decir, que en ninguna de las clases se ha excedido los ocho matriculados de entre cero a un año; ni los 13 de uno a dos años; ni los 20, de entre dos y tres años.

Educación defiende que aumentar el número de estudiantes “da la posibilidad a más familias para escolarizar a sus hijos, sin superar la ratio máxima, y sin generar necesidad de más recursos, porque las escuelas infantiles de la Junta tienen más recursos que las privadas o adheridas”.

Las mismas fuentes aseguran que esos recursos son suficientes porque, aunque haya subido el número de niños, en estas escuelas públicas ya se trabajaba con los medios de un aula con más alumnado. “Es decir, que si la clase de un año pasa de 10 a 13 niños, el número de monitores que ya tenían con 10 era el que correspondía a una clase de 13”, detallan.

“No hay ojos para ver a todos los niños”

Pero, tal y como recuerdan los sindicatos, en la educación infantil, cada gesto cuenta: una caída que se evita, una rabieta que se acompaña, una comida que llega a tiempo. Ese equilibrio frágil ha empezado a romperse en Cádiz. “Lo que trajeron para asumir el aumento fue una olla más”, explica Francisco Carrascal, responsable de Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar. “Una ollita. Nada más. Ni personal, ni apoyo educativo, ni refuerzo en limpieza o cocina. Una olla”. Para Carrascal, esa escena condensa el problema: se reconoce una necesidad real de plazas, pero se responde sin evaluar qué implica atenderla en condiciones dignas.

Hasta ahora, cualquier incremento llevaba aparejado un refuerzo de plantilla. Así se hacía desde 1991, cuando se firmó un acuerdo que regulaba las ratios en las escuelas infantiles públicas. Ese marco garantizaba una atención adecuada en una etapa educativa especialmente sensible, donde la vigilancia constante no es un añadido, sino una necesidad básica. La aprobación este año de un nuevo decreto autonómico ha permitido aumentar el número de niñas y niños sin que el refuerzo de personal sea obligatorio, rompiendo ese equilibrio histórico.

Lo ocurrido en Tarifa ha encendido todas las alarmas. En otros municipios, como La Línea, las direcciones de los centros han sido advertidas de que el mismo modelo podría aplicarse a partir del próximo curso. Esa posibilidad ha puesto en alerta a toda la red de escuelas infantiles públicas de Cádiz: 33 centros en total, con alrededor de 650 trabajadoras y trabajadores. Son 170 escuelas de la Junta en toda la comunidad.

Para quienes están cada día en las aulas, el debate sobre ratios no es técnico ni abstracto. Es físico. “No hay ojos para ver a todos los niños, no hay manos para atenderlos”, explica Carmen Marcos, educadora infantil. “Estamos hablando de aulas con 20 escolares y una sola persona. Ante cualquier situación de riesgo no puedes reaccionar como deberías”.

Necesidades específicas, problemas agravados

La educación infantil, recuerdan las trabajadoras, no es solo un servicio asistencial ni un recurso de conciliación, aunque también cumpla esa función. Es educación desde el primer momento. Cada rutina, cada juego, cada comida forma parte del aprendizaje emocional, social y cognitivo del niño. Cuando se incrementa el número de alumnos sin refuerzos, ese acompañamiento se convierte en una carrera contra el tiempo.

El problema se agrava cuando hay niños con necesidades específicas. “Cuando te meten a algún nuevo estudiante con dificultades sin apoyos, eso no es inclusión”, denuncian. “Eso es abandono disfrazado de derechos”. La inclusión real, insisten, requiere tiempo, atención individualizada y personal suficiente. Sin ello, la sobrecarga recae sobre profesionales que ya trabajan al límite.

Los sindicatos y los trabajadores vienen protagonizando protestas desde el inicio del curso. Hasta ahora la respuesta de la Junta ha sido que estas movilizaciones no están justificadas. Los sindicatos insisten en la olla comprada en Tarifa como símbolo. “No hablamos de números ni de muebles, no estamos hablando de tornillos de Ikea”, resumen las educadoras. “Hablamos de niños muy pequeños, con ritmos y necesidades que no se pueden comprimir”. Creen que el aumento se está gestionando desde un despacho, sin evaluar lo que implica en el día a día.

A este conflicto se suman reivindicaciones históricas nunca resueltas. Las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años no disfrutan de los mismos festivos locales que el resto de centros educativos, lo que dificulta la conciliación familiar y refuerza la sensación de que este ciclo sigue siendo tratado como una etapa menor. Pese a que la ley reconoce su carácter educativo pleno, la equiparación con el resto del sistema sigue siendo incompleta.

El temor ahora es que lo ocurrido en Tarifa sea solo el primer paso. Si este modelo se consolida, advierten los sindicatos, se extenderá allí donde haya listas de espera, sin reforzar plantillas ni adaptar espacios. Por eso, aunque el calendario de movilizaciones tuvo su última escenificación el 3 de diciembre, con una concentración frente a la delegación de Educación en Cádiz, se anuncian más protestas, con carácter regional, en enero. Para evitar que la olla en ebullición de Tarifa se extienda por toda Andalucía.

En 15 años, la flota artesanal andaluza ha perdido 600 barcos y busca en Senegal la mano de obra que no encuentra. La falta de relevo generacional, la invasión del alga asiática y la caída de especies clave han llevado al sector al límite. Ahora, los pescadores reclaman más cuota de atún rojo y acuerdos para incorporar trabajadores extranjeros para evitar desaparecer por completo.

La crisis que está hundiendo a los pescadores artesanales andaluces avanza más rápido que las decisiones que se toman en cualquier consejo de gobierno o reunión ministerial. Hay un alga que lo devora todo. Faltan trabajadores. Se pierden barcos. No hay suficiente cuota para compensar los gastos. El cambio climático aleja las especies más rentables...  La enumeración de problemas que hace Nicolás Fernández, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz y presidente de la Red Iberoamericana de Pesca Artesanal de Pequeña Escala, parece interminable. Pero no por eso deja de pelear.

Fernández habla con indignación y hastío cuando se le pregunta por el papel de Europa en una crisis que ha pasado de coyuntural a estructural. “Es urgente que Europa conozca la realidad del sector pesquero y deje de guiarse por burócratas con buenos lobbies en Bruselas. Algunos no han visto el mar ni para bañarse, pero están dirigiendo nuestro futuro”, protesta.

Hace 15 años la flota andaluza contaba con más de 2.000 embarcaciones; hoy apenas quedan registradas 1.400. Según Fernández, “toda esta flota da empleo directo a unas 7.300 personas y cinco veces más de forma indirecta. La comercialización en primera venta supera los 181 millones de euros en nuestros puertos, pero son cifras que han ido cayendo poco a poco”.

Se pierden barcos y los pescadores que se jubilan no encuentran relevo. “El sector primario se ha vendido a la juventud como profesiones de castigo: si no estudias, te vas al mar o al campo. Eso nos ha convertido en portadores de malas noticias, cuando debería ser un orgullo ser profesional de la pesca”, lamenta.

“Serios y trabajadores”

Propone “una política de reconocimiento del sector, dándolo a conocer en centros educativos y dignificando la profesión”, además de buscar mano de obra extranjera. En ello trabajan organizaciones pesqueras, la federación Fecopesca, la Junta y el Gobierno central. “Sería muy importante formar a profesionales de zonas como Senegal que están acogidos en centros y ya conocen el sector porque han trabajado en él. Son serios y trabajadores”, defiende Fernández.

Faltan pescadores y también falta pescado. Al menos, las especies más habituales. “Han desaparecido especies clave para la flota artesanal como el pez sable, el voraz, el jurel de fondo, la gallineta, la cherna, el pulpo... y otras se han reducido, como el borriquete, el bocinegro, la urta, el salmonete o la breca”. ¿Qué encuentran entonces los barcos? En la franja del Estrecho a Conil, muchas algas y muchos atunes.

El declive se ha agudizado con la invasión del alga asiática Rugulopteryx okamurae, que, además de estropear los barcos, ha transformado los caladeros. “Ha destrozado los fondos a levante y poniente del Estrecho, entre Estepona, Marbella y Cádiz, colonizando prácticamente toda la costa como un manto que no deja criatura alguna con vida”, denuncian los pescadores, que lamentan no haber sido escuchados para buscar soluciones.

La gran reclamación ahora son las cuotas de atún rojo, una de las pocas especies cuya población ha crecido en los últimos años. Hace unas semanas, en Sevilla, la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) decidió ampliar la asignación europea un 17%, de 21.503 a 25.164 toneladas para el periodo 2026-2028.

El “peor año conocido”

La Junta y la Federación de Cofradías de Cádiz han presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una petición con datos sobre la situación del sector artesanal para obtener parte de esa cuota. “Es un informe muy exhaustivo. Explicamos que la lonja de Conil ha reducido desde 2015 a 2024 el volumen de toneladas en un 48,8% y el volumen económico en un 24,7%. Pero lo más grave es que en los primeros diez meses de 2024 respecto a 2025 el descenso supera el 27%”, asegura Fernández, que lleva 40 años administrando esta lonja. “Es el peor año conocido”.

Barbate está aún peor: sus barcos han tenido que desplazarse a Conil buscando aguas con menos algas. En los estudios enviados a la Secretaría General de Pesca solicitan que, para la zona del Estrecho entre Conil y La Atunara (La Línea), se otorguen unas 257 toneladas, para que ninguna embarcación artesanal disponga de menos de 2.500 kilos de atún anual. “Eso significaría recuperar ilusión y vida en Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Atunara”.

Los pescadores artesanales reprochan que las almadrabas, un sistema milenario, han acaparado el interés mediático y político en los últimos años. Hoy hay cuatro (Barbate, Conil, Tarifa y Zahara), aunque el anuncio de más cuota ha animado a empresarios y al Ayuntamiento de Chiclana a plantear una quinta en Sancti Petri.

Mientras la crisis se agudiza, agravada por los vaivenes del cambio climático, el sector también colabora en estudios para mejorar los ecosistemas marinos y cuidar las aves, en coordinación con instituciones científicas. “Estamos recuperando gorgonias y coral anaranjado para devolverlo al mar y tener un ecosistema más robusto y resistente”, relata orgulloso Nicolás Fernández. Porque si alguien sabe cuidar el mar, es un pescador.

Cuando el fiscal de Memoria Democrática de Cádiz, José Miguel Ruiz de Molina, tomó la palabra en un reciente encuentro organizado por la Diputación de Cádiz, dejó una frase de enorme peso histórico. “Tenemos dos investigaciones muy avanzadas, a punto de elevarse al juzgado”. Se refería a dos casos reabiertos: los concejales del Ayuntamiento de Cádiz asesinados por los golpistas en 1936 y al doctor Pablo Bauzano, médico municipal condenado por “adhesión a la rebelión”, después de haber sido detenido por algo tan banal como escuchar la radio. Por primera vez, estas historias, archivadas durante generaciones bajo el polvo de los sumarios militares o el silencio del miedo, se convertirán en denuncias formales. Y volverán a ser juzgadas, ya no para buscar culpables. Ahora se quiere reconocer a las víctimas.

Ruiz de Molina llegó al cargo de fiscal especializado en Cádiz hace un año. La ley de Memoria Democrática estatal de 2022 especifica cuál es su mandato. “El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, actuará en defensa de la legalidad, de los derechos de las víctimas y del interés público y social”. También dice que le corresponde “impulsar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos que pudieran constituir vulneraciones de derechos humanos, incluso cuando no puedan ser perseguidos penalmente por prescripción o fallecimiento de los responsables”.

Con esa encomienda, uno de los primeros procedimientos que la Fiscalía de Cádiz se dispone a llevar ante el juzgado es, por volumen y por significado, un símbolo de la violencia con la que se impuso el golpe militar en la ciudad. 23 concejales y exconcejales republicanos, entre ellos el alcalde Manuel de la Pinta, fueron asesinados entre julio de 1936 y mayo de 1941. Historiadores como José Luis Gutiérrez Molina y expertos como Felipe Barbosa, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, recuerdan que ninguno murió en combate, ninguno participó en acciones armadas de resistencia y prácticamente todos estaban bajo custodia de las autoridades militares cuando fueron ejecutados.

Cádiz fue una de las primeras ciudades en caer al bando franquista tras el golpe de estado. La ciudad resistió durante unas horas dramáticas. Hubo barricadas, enfrentamientos, ametralladoras apuntando al Ayuntamiento y un Gobierno Civil sitiado. Los concejales republicanos fueron objetivo prioritario. Algunos, como Juan Camerino o Luis García Pérez-Martell, fueron sacados del Ayuntamiento tras su ocupación y nunca regresaron vivos. Otros pasaron primero por el castillo de Santa Catalina o por el vapor prisión Miraflores, antes de aparecer muertos en las inmediaciones de la plaza de toros, en la playa de la Victoria o en los fosos de Puerta de Tierra. Algunos cadáveres presentaban señales de tortura. Otros ni siquiera dejaron rastro: sus restos siguen desaparecidos.

Los sumarios militares conservados documentan con precisión que estuvieron bajo control de las autoridades golpistas. Las anotaciones marginales que marcaban a los detenidos como “X-2” indicaban que debían ser ejecutados. No hubo juicios, ni acusaciones formales, ni sentencias. Solo la aplicación del Bando de Guerra, una forma administrativa de amparar asesinatos extrajudiciales. La denuncia que llegará ahora al juzgado estima este conjunto de hechos como posible vulneración de derechos humanos y abre por primera vez la vía judicial que nunca tuvieron. Una placa, colocada en 2016 frente al salón de plenos municipal, recuerda sus nombres y apellidos.

En su libro La justicia del terror (Ediciones Mayi, 2014), Gutiérrez Molina pormenoriza cómo jueces, abogados y fiscales civiles militarizados instruyeron en 1937, un año después del golpe, 456 procedimientos sumarísimos de urgencia, una especie de consejo de guerra, que tuvieron 1.300 encausados.

La otra investigación que el fiscal Ruiz Molina prevé elevar al juzgado es el caso de Pablo Bauzano Guillen, jefe del Servicio de Desinfección de la Beneficencia Municipal de Cádiz. La historia del doctor Bauzano es la historia de miles de profesionales republicanos depurados por razones estrictamente políticas y convertidos en delincuentes.

Nacido en Chipiona en 1904, casado y con un hijo, Bauzano era médico municipal, miembro de Izquierda Republicana y masón desde 1927. Su expediente personal recoge su participación en la Federación Universitaria de Estudiantes y en el Partido Republicano Radical Socialista. Para los golpistas, todos esos datos se convirtieron en agravantes.

Tras el 18 de julio, siguió trabajando en la Casa de Socorro atendiendo a heridos. El 25 de julio quedó en arresto domiciliario. En diciembre recuperó la libertad, pero en marzo de 1937 fue detenido de nuevo. Su delito, en este caso, fue escuchar emisoras gubernamentales en un aparato de radio ubicado en el Parque de Desinfección Municipal, según consta en la denuncia contra él. Gutiérrez Molina detalla en su libro un extenso relato de cómo estas escuchas sirvieron como punto de partida o excusas para numerosas investigaciones.

El 11 de mayo de 1937 compareció ante un consejo de guerra. Fue acusado de “rebelión militar” y condenado a muerte. La sentencia fue anulada por defectos de forma, pero la maquinaria represiva no se detuvo. En 1940 fue juzgado otra vez. En 1942, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó por su pertenencia a la logia “Hijos de Hiram”. También sufrió un proceso de responsabilidades políticas y una depuración profesional del Colegio de Médicos.

La investigación que se elevará ahora al juzgado tratará de reponer su honor, de demostrar que fue víctima de un proceso absolutamente político, sustentado en delitos inexistentes y con aplicación retroactiva de supuestas ilegalidades. El objetivo de esta acción de la Fiscalía ya no es castigar, porque ya no es posible, sino reconocer y reparar. Y eso pasa por establecer la verdad en sede judicial: que un juez reciba los informes, los incorpore, los valore y determine, con voz institucional, qué ocurrió. Habrá que esperar a ver qué recorrido tienen estas investigaciones en los abarrotados y saturados juzgados gaditanos. 

La ley de Memoria buscaba con esta acción dar un paso más del dado por estudios históricos exhaustivos, testimonios familiares, investigaciones académicas y algunos intentos de búsqueda en archivos militares. El último paso es que un órgano judicial declare que esas personas no fueron culpables sino víctimas. Es decir, que se haga justicia. Aunque sea 90 años después.

En el barrio de la Caridad de Algeciras, por la proximidad con el puerto, hay una constante vida, un ir y venir de personas. Hay vecinos, viajeros, empresarios, trabajadores... En esas calles abundan hostales baratos que atienden la demanda de trabajadores de los muelles, de turistas de paso y de migrantes, quienes, tras complicadas travesías, han llegado a España con el amparo de alguna ONG.

Desde el pasado verano un conflicto se viene agravando por momentos. El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado el cierre a dos de esos hostales, el Don Manuel, y otro cuya propiedad prefiere no hacerse pública. El gobierno del PP argumenta que estos establecimientos no solo alojan sino que dan asistencia sin permiso a migrantes derivados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Uno de los dueños lo tiene claro: “Es racismo, no quieren tener negros por aquí”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado desarrolla una intensa labor en Algeciras, ciudad de entrada y de paso para muchos solicitantes de protección internacional y personas refugiadas. Esta organización ofrece orientación jurídica, acompañamiento social y apoyo en trámites de protección internacional en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, apenas unos metros de esos hostales como el Don Manuel. “Para poder alojarlos provisionalmente CEAR contrata esos hostales, por estar en una zona portuaria y céntrica, cerca de servicios sociales, sanitarios y transportes; recurrimos a este tipo de establecimientos porque nos permiten dar una respuesta día a día”, explica José Carlos Budía, coordinador de CEAR en Andalucía. 

Inspecciones de la policía

Fue este pasado verano cuando comenzó el conflicto. Fuentes del gobierno municipal que dirige José Ignacio Landaluce (PP) han explicado que todo surgió a raíz de una inspección general llevada a cabo por la Delegación Municipal de Urbanismo con la colaboración de la Policía Local. “No estaba dirigida solo a hostales, sino bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, supermercados, establecimientos hosteleros e incluso a la comprobación del estado de inmuebles y fachadas”, apuntan.

Fue durante esas actuaciones, según el Ayuntamiento, cuando se detectó, entre otras deficiencias, la utilización de hostales como centros asistenciales improvisados en lugar de alojamientos turísticos. “Ante esta grave situación el Ayuntamiento no tuvo más opción que proceder a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente”, explican las mismas fuentes. 

A Javier Villa, uno de los dos socios que dirige ahora el Hostal Don Manuel, le pilló esta inspección con el hostal recién adquirido, recogiendo el testigo de un establecimiento con años de solera. Acababa de estrenar también al CEAR como cliente para alojar a estos refugiados. “Compramos en junio y en agosto empezaron las visitas extrañas de la policía”, recuerda. “Entraban a preguntar si éramos un centro de acogida, cuando es evidente que somos un hotel; no había ningún incidente, ningún problema con vecinos, nada, pero venían y venían”, relata el hostelero.

Versiones enfrentadas: “racismo” vs. “seguridad”

El responsable del hostal defiende que su negocio cumple escrupulosamente la normativa: licencia hotelera, habitaciones turísticas, desayuno y cena para quien las contrate. “Alojamos a quien venga: turistas, trabajadores, agentes de Policía destinados temporalmente al puerto, y también personas derivadas por CEAR. Eso no es un servicio asistencial; es lo que hace cualquier hotel”, afirma.

La sorpresa llegó cuando, según explica, la Policía Local le comunicó de forma verbal y sin notificación oficial que el 28 de noviembre el hostal debía cerrar. “No tenemos ni un papel. Solo una llamada diciendo que Urbanismo ordena clausurar. Es intimidación pura y dura”, lamenta. Villa no duda en señalar el trasfondo: ·No quieren gente inmigrante, ni de color, en una zona céntrica y cercana al Ayuntamiento. No tiene otra explicación·. Su voz no titubea: “Es un tema de racismo”.

El Ayuntamiento de Algeciras lo niega y defiende que sus sanciones tratan, precisamente, de proteger a las personas inmigrantes. “Los centros expedientados no solo carecían de autorización para ejercer como centros asistenciales, sino también de las condiciones sanitarias, de emergencia y de prevención de riesgos, y también estaban excesivamente ocupados. Solo tienen habitaciones con literas, sin más actividad ni alternativas. El tema asistencial es mucho más sensible y el informe elevado obliga al Ayuntamiento a ordenar el cierre de los establecimientos por seguridad de los propios inmigrantes”, argumentan fuentes municipales.

La versión de CEAR difiere de plano. José Carlos Budía, su coordinador, defiende los hostales sólo prestan los servicios que son objeto de su licencia de actividad (alojamiento y manutención), y aclara que “no se prestan servicios profesionales de ningún tipo”. Explica que la atención jurídica, social y el acompañamiento se ofrecen exclusivamente en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, donde “queda a disposición del Ayuntamiento para aclarar los servicios profesionales que se prestan a las personas refugiadas” y muestra “su absoluta predisposición para colaborar y trabajar de manera conjunta”.

La asociación de vecinos, a favor del cierre

El Ayuntamiento de Algeciras no entiende el empeño de las ONG en recurrir a estos hostales en el barrio y lamentan el abandono del Gobierno central. “Estas organizaciones cuentan con convenios en vigor suscritos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contemplan el abono de cantidades económicas destinadas a la acogida de extranjeros por lo que la responsabilidad es del Gobierno. Es más, existe un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros en la comarca cuya actividad es nula”, aseguran estas fuentes municipales. 

El gobierno atiende también así a las quejas que la asociación de vecinos del barrio ha hecho por la presencia creciente de personas “con perfiles complicados”. Su presidente, Antonio Jarillo, cree que en los últimos meses ha habido un “efecto llamada” de los servicios sociales que reparten comida en la calle. “Organizaciones como CEAR y CEPAIM han acaparado prácticamente la totalidad de los hostales, dejando sin plazas hoteleras a una zona que siempre ha sido un punto de acogida para quienes viajan por su cercanía al puerto, la estación de Renfe y la terminal de autobuses”, comenta el representante vecinal.

Jarillo admite que estos alojados no generan conflictos, pero, a continuación, asegura que “a nivel de imagen, puede no resultar positivo ver a grandes grupos de personas migrantes sentadas o tumbadas en los bancos del paseo Río de la miel sin actividades. Debemos tener en cuenta que las mafias pueden aprovechar la vulnerabilidad de estos perfiles”, opina.

El presidente vecinal se alinea con el Ayuntamiento en su decisión de cerrar los hostales: “Estamos completamente de acuerdo en que, si un establecimiento no cumple con las normas, debe ser cerrado hasta que las cumpla. Es fundamental recordar que estas normas incluyen medidas de higiene y seguridad, las cuales son esenciales para proteger los derechos de estas personas”. También pide que se inspeccione a estas organizaciones porque “tenemos constancia de que alojan a las personas en habitaciones muy pequeñas, muchas con literas, sin calefacción ni aire acondicionado, y que en varios casos se supera ampliamente la capacidad de los hostales. Nadie controla si la alimentación proporcionada es suficiente”, añade.

Apuesta por la multiculturalidad

Jarillo niega racismo en su postura: “Los vecinos queremos acoger y ayudar, y consideramos que se debe hacer de manera digna. No podemos saturar un mismo barrio ni concentrar a todas las personas en un solo lugar, porque se formaría un gueto y no se estaría logrando una verdadera integración”.

Mientras, el responsable del Hostal Don Manuel recibe estas quejas y estos expedientes municipales con indignación: “Esto es una forma de limitar y coaccionar a nosotros sobre a quién tenemos que alojar. Lo que no quieren es a personas migrantes o de color por esta zona”. Javier Villa defiende y presume de que su hotel tenga múltiples razas y nacionalidades entre su clientela: “Aquí ahora mismo hay africanos, latinos, ucranianos, y españoles”. Porque su hotel es tan multicultural como la propia Algeciras.

Budía, de CEAR, lamenta que nadie haya querido hablar con ellos para resolver dudas o expresar sus inquietudes. Inquietudes que son las de las personas refugiadas que atienden, que ya vienen con mochilas de enorme peso. Si se ejecuta el cierre este viernes, lo primero que ocurrirá es que unas 70 personas (entre ellas menores y mujeres embarazadas) se quedarán la calle. Temblarán también los puestos de trabajo de los hostales. Y lejos de solucionarse los problemas, surgirán otros peores.

En el colegio San Rafael, en el barrio de la Viña de Cádiz, siempre suena al inicio de la jornada escolar una canción. Este jueves le ha tocado a Rocío Jurado y su ‘Como una ola’. Ha sido la manera de asumir con buen humor esta jornada tan especial, en la que la capital gaditana ha sido escenario de un simulacro histórico, “el mayor realizado nunca en España”, según la Junta de Andalucía. A las 10:14 los móviles de toda la costa de Cádiz han recibido un mensaje anunciando este ejercicio, en la que ha sido la primera prueba del protocolo Es-Alert, que tanta polémica causó en la DANA de Valencia. El plan andaluz contempla que el visto bueno final al envío de esos mensajes masivos lo tenga que dar el consejero de Presidencia de la Junta, ahora también de Sanidad, Antonio Sanz.

El ejercicio formaba parte del mayor simulacro de maremoto y tsunami organizado nunca en España, con Cádiz como escenario principal y más de 20.000 personas implicadas. A las 10.00 había empezado la ficción: un terremoto de magnitud 7,6 al suroeste del cabo de San Vicente, réplica del que destruyó Lisboa en 1755. Cuatro minutos después llegaba la alerta masiva de tsunami. Tres minutos más tarde, el protocolo debía estar ejecutado: orden, mensaje, instrucciones claras y una ciudad moviéndose. Ese margen —apenas 180 segundos— es lo que convierte el ES-Alert en un mecanismo decisivo. La Junta quería comprobar que podía activarlo en tiempo récord, con un sistema que ya no depende de ocurrencias, dudas ni consultas, sino de un procedimiento preestablecido y automatizado.

Y en ese engranaje, la última palabra es del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como confirmó él mismo tras el simulacro, consciente de la responsabilidad y también de la expectación. “Hemos elaborado una orden de desarrollo del ES-Alert, porque nació sin protocolo. Nosotros hemos hecho el nuestro y tiene instrucciones claras que desembocan en una decisión final: decidir que se active. El nivel de comunicaciones que tenemos es pleno: compañías telefónicas, satelitales, Starlink, red digital de emergencia”. Pero, ¿qué pasaría si Antonio Sanz no estuviese comunicado? Su respuesta fue clara. “Ese escenario que plantea no se baraja”.

Preguntado sobre esta responsabilidad de presionar el botón rojo, sobre todo tras lo ocurrido con la DANA de Valencia, Sanz lo tiene claro. “No es que me dé vértigo. Lo que tengo es un gran equipo. El ES-Alert hoy tiene un protocolo de activación prácticamente automático. Lo único que corresponde es dar la orden de que se haga o no se haga. Alguien tiene que asumir la responsabilidad en una emergencia. Me corresponde a mí la dirección del plan y yo lo tengo que asumir”. Sanz ha explicado que recientemente ha firmado una orden para que todo esté casi automatizado, con el trabajo adelantado, para que su OK final sea una decisión que se pueda tomar en menos de tres minutos.

Evacuados en 20 minutos

Tras el aviso recibido, se activó el desalojo de decenas edificios entre colegios, empresas, hoteles, sedes públicas, un centro de mayores... Más de 20.000 personas movilizadas, además de mil efectivos entre cuerpos de seguridad, emergencias, sanitarios, la Unidad Militar de Emergencia, arquitectos, psicólogos, Cruz Roja y otras instituciones. En la playa Santa María del Mar se ensayó el rescate de unos surfistas. En la Zona Franca se practicó cómo actuar en un edificio derrumbado. En el muelle de El Puerto de Santa María se ensayaron otros rescates. En Rota fueron desalojados también los escolares. Según Sanz, el simulacro “ha sido un éxito” por la capacidad de movilización y porque, aunque haya habido errores, estos servirán para mejorar son “imprescindibles para aprender”.

Entre las cosas que no se han hecho ha sido contar con las campanas de las iglesias de la ciudad para dar aviso a la población. “No nos han consultado”, han respondido en el Obispado, inmerso, además, en la polémica sobre el aún obispo Rafael Zornoza por la denuncia por abusos. Tampoco han sonado sirenas ni megafonía externa. “Estamos con los trámites de la compra”, ha explicado el alcalde, Bruno García, quien ha anunciado dos o tres simulacros al año para mejorar esta preparación.

Según los servicios de emergencia, desde que se da la alerta a la población hasta que llega la ola debe haber un margen de una hora para que la gente se ponga a salvo. La evacuación de los colegios a zonas no inundables, con más de 2.500 niñas y niños, terminó en 20 minutos.

El de San Rafael llegó a su destino, la plaza de San Antonio, en 16 minutos. Su jefe de estudio, Javier García Muñoz, explicó que su alumnado estaba avisado y preparado. También animado por la canción ‘Como una ola’ que había sonado desde temprano. Allí estaba una de sus estudiantes de Infantil, Olivia, portando un estandarte de la Virgen de La Palma casi más grande que ella. Llegó con él por la mañana y se lo llevó hasta el punto seguro. Cuenta la leyenda que el párroco de La Palma sacó ese estandarte en el maremoto de 1755 y que esa acción paró de inmediato las aguas, como reza una placa en el barrio a pocos metros de la puerta de la Iglesia. Olivia, que por su corta edad no sabe quién es Antonio Sanz ni que él es quien debe presionar el botón rojo de la alerta, repetía a petición popular agarrada a su estandarte las palabras pronunciadas supuestamente por aquel cura hace 270 años. “Hasta aquí, madre mía”.

Rafael Zornoza ya no debería ser obispo de Cádiz y Ceuta. El 31 de julio de 2024 cumplió 75 años. Entonces, como es costumbre, presentó su renuncia al cargo ante el Papa al haber superado esa edad. El de Córdoba hizo lo propio seis meses después y se le encontró relevo en apenas mes y medio. Pero el de Cádiz seguía en el cargo sin visos de una sustitución inminente. Este domingo ofició misa en la Catedral e iba a presidir en la tarde del lunes un acto en el colegio Salesianas. Hasta que se ha amanecido con su foto en una portada nacional. La difusión de una denuncia sobre un supuesto caso de pederastia en los años noventa le ha llevado a suspender inmediatamente su agenda. Desde que fuera nombrado en 2011 a Zornoza le han salpicado numerosas polémicas, aunque ninguna tan grave como esta.

Quien pudiera esperar de Zornoza un obispo cercano, popular y entrañable como su antecesor Antonio Ceballos, que, además, sacó adelante numerosos proyectos sociales, se encontró de pronto con un liderazgo bien distinto. Venía de haber dirigido el seminario de Getafe, donde se produjeron los supuestos abusos, y de ser obispo de Mentesa apenas un año. Su mandato en Cádiz y Ceuta ha estado marcado por la gestión administrativa, decisiones rígidas y un enfoque en la disciplina del clero y la administración de bienes eclesiásticos. Algunas polémicas mediáticas, como despidos y desahucios, le han situado como un gestor algo distante, y objetivo crítico de muchas coplas de carnaval, fiesta donde la Iglesia suele ser diana de muchas letras.

“Reverendísimo avaro, señor obispo de Cádiz, con toda mi rabia en la boca. Hoy quiero esta copla cantársela a usted, monseñor de la codicia, del lucro sin fe, y de los pisos vacíos”, le cantó la comparsa Los Renacidos, de Miguel Ángel García Argüez, en 2022, para reprocharle a Zornoza el afán inmobiliario de un obispado que tenía varias propiedades en venta en la ciudad, lo que afectaba a algunos de sus inquilinos.

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado entonces por José María González ‘Kichi’, tuvo con el obispo, según fuentes muy cercanas al exalcalde, una relación “formalmente compleja, y políticamente distante”. Kichi y él llegaron a coincidir en una comida convocada por Zornoza en el antiguo seminario. En sus ocho años de mandato, el gobierno municipal pidió sin éxito que las casas vacías que el Obispado tenía en la ciudad fueran puestas a disposición de la gente y que sus decisiones no expulsaran ni de sus locales ni sus trabajos a vecinos de Cádiz. Le recuerdan como alguien “hermético” en las aspiraciones municipales de la alianza de izquierdas en la capital gaditana.

A Zornoza le llovían los reproches sociales en otras localidades. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2021, cuando el matrimonio formado por José Luis García y Marisol Torres, ambos octogenarios, fue desahuciado del convento de San Fernando donde habían vivido más de cincuenta años. La pareja había cuidado el inmueble como parte de la comunidad, acogiendo generaciones de feligreses y dedicando su vida al convento. La denuncia alertaba de una “falta de sensibilidad” del obispo con dos feligreses muy queridos. 

En paralelo, la diócesis vivió tensiones internas con miembros del clero. Sacerdotes como Rafael Vez denunciaron públicamente lo que consideraban una gestión autoritaria de Zornoza, que incluía despidos arbitrarios y la imposición de medidas disciplinarias sin diálogo. Vez fue apartado temporalmente de sus funciones tras levantar estas críticas.

Otro episodio polémico se desarrolló en Ceuta, donde el obispado de Zornoza se negó a ceder un antiguo asilo para acoger menores marroquíes en situación de vulnerabilidad. El edificio llevaba años desocupado y la propuesta del Gobierno local habría permitido ofrecer un espacio seguro a niños en riesgo. La negativa del obispo generó un choque con las autoridades y críticas por la contradicción entre los discursos de caridad y la gestión de la diócesis. Este caso también volvió a situarlo en la percepción de un obispo más preocupado por el control de sus bienes que por atender necesidades urgentes de la comunidad.

Las operaciones inmobiliarias del obispado se convirtieron en otro foco de conflicto. La intención de vender edificios municipales cedidos en usufructo provocó denuncias de ayuntamientos como el de San Roque y avivó la percepción de que la gestión de Zornoza priorizaba intereses estratégicos y financieros sobre el cuidado pastoral. La acumulación de estos conflictos alimentó la narrativa de un obispo distante, centrado en la administración y menos en la cercanía con los fieles, lo que contrastaba con la tradición de una diócesis que había valorado históricamente el acompañamiento pastoral directo.

Entre las críticas, grupos cristianos llegaron a enviar cartas al nuncio del Papa en España solicitando que reconsiderara su apoyo al obispo, alegando que su gestión generaba descontento y erosionaba la confianza en la institución. Estas acciones reflejaban no solo la tensión interna, sino también el grado de insatisfacción de sectores de la comunidad católica con la forma de ejercer la autoridad episcopal.

Hasta este momento, todas las polémicas tenían un carácter administrativo, pastoral o social. Pero la denuncia que ha salido a la luz esta semana añade una dimensión completamente distinta. El Vaticano ha abierto una investigación canónica contra Zornoza por presuntos abusos sexuales a un menor cometidos en los años noventa, cuando ejercía como rector del Seminario Mayor de Getafe. Según la denuncia avanzada en El País, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y se prolongaron hasta los 21, incluyendo tocamientos, besos y manipulación emocional. El caso está siendo instruido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y representa la primera vez en España que un obispo en ejercicio es objeto de una investigación por abusos sexuales

El obispado ha emitido un comunicado negando las acusaciones y defendiendo la inocencia de Zornoza. Al mismo tiempo, el obispo ha suspendido temporalmente su agenda debido a un tratamiento contra un cáncer agresivo, lo que añade un matiz complejo al desarrollo del proceso canónico. Zornoza ha esperado a dejar aparcada su agenda hasta ver su nombre y su foto en la portada de un periódico nacional, a pesar de conocer desde hace tiempo que existía una investigación contra él. Ayer ofició la misa de la Catedral y hoy iba a presidir por la tarde un acto en el colegio Salesianas, al que, finalmente, no acudirá. A Zornoza también se le ha criticado la falta de acción en las denuncias por pederastia que han afectado estos últimos años a su diócesis. Ninguna fue elevada a instancias superiores desde el Obispado de Cádiz.