“Hay trabajo, pero no para nosotros”: empleados del metal denuncian listas negras contra sindicalistas en Cádiz

Jesús Galván y Manuel Barber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Barber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Barber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Barber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Barber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Barber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Barber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Barber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No pueden ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.