El origen del caso que implica a Zapatero: una denuncia de Anticorrupción tras alertas de Francia y Suiza

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama firmó este lunes un auto en el que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. La resolución, que supone la primera imputación de un presidente del Gobierno en democracia, forma parte de una investigación que el magistrado mantenía bajo secreto y que se remonta al año 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate a la aerolínea Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.

Esas Órdenes Europeas de Investigación remitidas por las autoridades de ambos países acabaron derivando en la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 que se dirigió contra seis personas, entre las que no estaba el expresidente. La querella apuntaba que Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. 

La Fiscalía sostenía en esa querella que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear dinero “ilícito” procedente de actos de malversación “de muy alta cuantía” cometidos por funcionarios en Venezuela. La querella citaba fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. Esos contratos daban “cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública, según la querella. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos) y un abogado español. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia. 

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Las conversaciones que sustentan la imputación

El caso salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando ese juzgado ordenó detener al presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, empresario que estuvo contratado por la aerolínea como una especie de facilitador para sus problemas en Venezuela. En los registros de sus empresas y domicilios se incautaron las conversaciones que sustentan ahora la imputación de Zapatero. 

Al trascender los hechos, Manos Limpias presentó en diciembre una nueva querella en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid contra Zapatero y Plus Ultra que se basaba en recortes de prensa y varias acusaciones sin pruebas lanzadas por Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. La jueza Esperanza Collazos llegó a admitir esa querella, según fuentes del pseudosindicato ultra, si bien la iniciativa de la causa la siguió llevando Anticorrupción. 

El pasado 27 de febrero, esa magistrada se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que ahora sí aceptó la competencia para instruir la causa y mantuvo el secreto de las actuaciones hasta este martes. El levantamiento de esa reserva arrojará luz en los próximos días sobre el papel de Zapatero, al que el juez José Luis Calama califica de “núcleo decisor y estratégico” de la red de corrupción destapada a raíz del rescate de Plus Ultra.