Los puntos oscuros del rescate estatal de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra

El rescate estatal de 53 millones de euros concedido el pasado 9 de marzo por el Consejo de Ministros a la aerolínea Plus Ultra ha provocado una tormenta política. El PP ha pedido una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto y Vox ha anunciado una querella en el Tribunal Supremo por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.

Mientras la querella de la formación ultraderechista va dirigida contra los miembros del Gobierno y los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que gestionan el fondo de rescate para empresas afectadas por la pandemia, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de los ministros de Economía, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, respectivamente, para que expliquen el criterio seguido para rescatar a una empresa con “cuatro aviones, una única ruta aérea” y que “no llega al 0,1% de cuota de mercado”.

También han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervenga en la operación, pero su presidenta, Cani Fernández, ha recordado que la facultad de abortar ese rescate no es suya, sino en su caso de la Comisión Europa.

Por parte de las organizaciones empresariales, el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que el rescate “es cachondearse de los ciudadanos españoles, de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas” y ha lamentado “que una pyme que en 2019 haya tenido pérdidas no puede acceder a las ayudas directas y que esta empresa que lleva años en pérdidas pueda acceder a 53 millones”.

Estos son los puntos polémicos alrededor del rescate de esa deficitaria aerolínea:

Accionistas venezolanos 

El pasado miércoles, mientras Mariano Rajoy y José María Aznar declaraban como testigos en el juicio de la caja B del PP, el secretario general de esta formación, Teodoro García Egea, anunciaba en el Congreso que pedirá una comisión de investigación por el “escandaloso” rescate de Plus Ultra, con el objetivo de que se sepa si el dinero público invertido por el Gobierno “va a acabar en las cuentas de Podemos”. 

No hay constancia de vinculación de la formación morada con el capital de la aerolínea. Pero la conexión de Plus Ultra con Venezuela es un hecho y ahí la oposición ha visto el cielo abierto para clamar contra la operación y atacar al Gobierno.

Plus Ultra tiene un presidente español (Fernando García Manso) y su sede social está en Alcobendas (Madrid), pero su principal accionista (47,2% de sus acciones, según datos de Insight View) es Snip Aviation, una sociedad española aparentemente inactiva administrada por tres venezolanos que a su vez son consejeros de la aerolínea: Rodolfo José Reyes Rojas (presidente de Snip) y como consejeros, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli. Este último, también secretario, es el consejero delegado de Plus Ultra. 

Estos tres empresarios venezolanos han sido considerados cercanos al Gobierno de Nicolás Maduro y de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. En especial, Reyes Rojas, que junto a sus socios comparte varias sociedades en España con el empresario venezolano-libanés Camilo Ibrahim, próximo a Delcy Rodríguez.

A Reyes Rojas también se le ha vinculado con Alex Saab, empresario colombiano-libanés que lleva meses detenido en Cabo Verde y al que el Gobierno estadounidense acusa de ser un “testaferro” de Maduro.

Sociedades en Panamá y vínculos offshore

El rescate de Plus Ultra va a beneficiar a una firma domiciliada en Panamá, un territorio que fue incluido justo antes de la pandemia por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en su lista negra de paraísos fiscales. Esa sociedad está vinculada a Reyes Rojas, que administra en Panamá más de una decena de sociedades.

En diciembre de 2017, y para evitar entrar en causa de disolución, Plus Ultra suscribió un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con la panameña Panacorp Casa de Valores, SA. Esta firma, autorizada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, pertenece, según sus últimas cuentas publicadas (2019), a Panam Capital Market Holding, SA, que fue constituida en Panamá 2008 y que en el momento de crearse tenía entre sus directores al propio Rodolfo Reyes Rojas.

Como suscriptores de las acciones de Panam, esa empresa que indirectamente es acreedora de Plus Ultra, figuran Dianeth de Ospino y José Eugenio Silva Ritter. Estos dos ciudadanos panameños también aparecían en el acta de constitución de la sociedad y aparecen vinculados a centenares de empresas en ese país.

En este caso la conexión no remite a Venezuela, ni a desiertos remotos, ni a montañas lejanas, sino a España. De Ospino y Silva ejercieron como presuntos testaferros de una sociedad de la familia de Rodrigo Rato en ese país, Walden Enterprises Inc, que fue trasladada a España tras la amnistía fiscal del exvicepresidente económico de Aznar.

Esos dos ciudadanos panameños también figuran en sociedades en Panamá de la familia mexicana Amodio, que el año pasado se hizo con el control de la constructora española OHL; fueron relacionados en medios latinoamericanos con el entramado empresarial de Fabricio Correa, hermano del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado por corrupción en su país. Y ocupaban también cargos en las empresas offshore de la red Lava Jato en Brasil. 

En el consejo de Plus Ultra se sienta también Pedro Antonio Borquez Tarff, otro empresario venezolano que apareció en Los Papeles de Panamá y Los Papeles del Paraíso y que figura como administrador de varias sociedades panameñas, al igual que su compatriota Héctor Antonio Tobías Roye. Ambos inyectaron 1,237 millones cada uno en Plus Ultra a mediados de 2018, según Vozpópuli.

El precedente de Air Madrid

Por parte española, los fundadores de Plus Ultra, Fernando González Enfedaque y Julio Miguel Martínez, eran los responsables de Air Madrid cuando esta compañía de vuelos chárter quebró en las navidades de 2016 dejando a 64.000 viajeros en tierra. Ambos fueron exculpados por la Audiencia Nacional, pero González fue condenado en 2019 por un delito fiscal.

Plus Ultra ha señalado, a través de un comunicado, que es una empresa española, y que, aunque, como “el resto de compañías del sector”, su accionariado está compuesto por “diferentes nacionalidades”, la mayoría del capital siempre ha estado “en manos de ciudadanos europeos y, específicamente, españoles”.

¿Es estratégica?

Desconocida para el común de los ciudadanos españoles hasta hace poco, la aerolínea, que durante lo peor de la crisis sanitaria fue una de las empresas del sector que se prestó a transportar material sanitario desde China, tiene una cuota de mercado insignificante. En el ejercicio previo a la pandemia operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles y transportó 156.139 pasajeros. Esto la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España, con menos del 0,1% de cuota. 

Plus Ultra ha sido, con Duro Felguera, la tercera empresa rescatada con el fondo de la SEPI tras Air Europa, que recibió 475 millones y, por comparar, transportó 19 millones de viajeros en 2019. Aunque su competidor Ryanair (que ha denunciado el fondo de rescate de la SEPI en el Tribunal de la UE porque dice que es discriminatorio) asegura que Plus Ultra “no es estratégica”, la ministra de Hacienda ha defendido que es una de las 20 aerolíneas españolas con licencia tipo A, “compañías esenciales para el sostenimiento” del 'hub' del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que “no solo hay que preservarlo en tamaño, sino hacerlo aumentar para que sea competitivo con países del entorno”. 

El Ejecutivo sostiene que el rescate se justifica por los 350 empleos directos y los 2.500 indirectamente vinculados a Plus Ultra, por la importancia del sector turístico y por el papel de la aerolínea en la oferta de vuelos para migrantes que viven en España o a sus familiares de países como Venezuela, Ecuador o Perú. También ha atribuido que sea una de las primeras ayudas concedidas a una explicación cronológica: fue una de las primeras compañías en pedirla, en septiembre. 

El rescate se ha llevado a cabo en base a tres informes técnicos encargados a la firma Daiwa Corporate Advisory, a Deloitte y a la Agencia Española de Seguridad Aérea (dependiente del Ministerio de Transportes) para comprobar que la compañía cumplía los requisitos para recibir las ayudas. Como ha recordado la vicepresidenta Carmen Calvo, la AESA “no puede emitir informes más que sobre seguridad”, no sobre su viabilidad financiera o empresarial.

Deficitaria antes del coronavirus

Dotado con 10.000 millones, el fondo de rescate de la SEPI (organismo cuya presidencia lleva vacante año y medio) ha recibido hasta ahora unas 30 peticiones de empresas que han pedido ayudas por un importe superior a los 3.000 millones. Es un mecanismo diseñado para compañías que se hayan visto afectadas por la crisis del coronavirus, pero que eran viables antes de la pandemia.

Plus Ultra ha argumentado que no era una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo al criterio establecido por el Reglamento de la Comisión Europea, si bien sus números son los de una sociedad muy deficitaria. Constituida en agosto de 2011, aunque su primer avión no despegó hasta junio de 2015, tras obtener su licencia de vuelo, antes de la pandemia esperaba llegar al punto de equilibrio en el ejercicio 2020.

En el que cerró en enero de 2019, estuvo cerca de lograrlo. Facturó 63 millones y declaró unas pérdidas de 2,11 millones, frente a los números rojos de 6,72 millones de un año antes. Entonces, contaba con un fondo de maniobra negativo en casi 4 millones y acumulaba 8,5 millones de pérdidas de ejercicios anteriores. Nunca ha registrado beneficios.