Hay dos tipos de personas a las que les gusta el fútbol. Las que heredaron un equipo, unos valores, un abono y una ristra de domingos que comenzó mucho antes de que nacieran y las que, a falta de ese patrimonio, nos hemos subido de polizón al barco y solo navegamos los mundiales, como quien solo pisa la iglesia en las bodas.

Se supone que somos las espectadoras de segunda; que no nos enteramos de nada. Puede ser. Pero para mí esta forma de pobreza esconde un privilegio: nosotros todavía podemos entregarnos a esta forma de liturgia universal que es el fútbol con la ingenuidad que ellos tuvieron de niños, la primera vez que alguien los llevó de la mano a un estadio.

Así he pasado yo este mundial: embobada, absorta, pegada a esa ventana indiscreta al resto de la humanidad en la que se ha convertido esta competición como una niña a un acuario, viendo el fútbol como si se acabara de inventar.

Y lo que había al otro lado de la ventana, es de rigor confesarlo, casi nunca era fútbol. Estos días he visto a Vozinha, el portero de Cabo Verde, que fue durante cuarenta años electricista, profesor de voleibol de niños en los veranos, suplente en la segunda división portuguesa. Le tocó debutar en un Mundial contra España y paró veintisiete disparos para encajar cero goles. Cuando sonó el pitido final, se echó a llorar delante del planeta entero y el planeta entero entendió al instante lo que estaba viendo, porque hay cosas que no necesitan traducción.

He visto a Jude Bellingham marcando el gol que eliminó a Noruega y, en el segundo exacto del silbatazo, olvidar la celebración de sus compañeros para ir a buscar a Erling Haaland, su amigo desde que eran dos cachorros en Dortmund, y abrazarlo mientras Haaland se derrumbaba. “La gente vio rivales durante noventa minutos”, explicó después, como quien corrige un malentendido. “Yo solo vi a mi hermano.”

He visto a Mbappe y a Lamine Yamal sacudirse los comentarios racistas de los políticos —de varios países— con un sentido común incontestable, como si dijeran, por boca de todos, “señora, suélteme el brazo”.

Pero por encima de las historias, lo que he visto este mes es la promesa de lo que somos cuando nos conjuramos a algo. Los equipos nacionales como ideas colectivas; el talento individual como una forma de plenitud: la que alcanza un ser humano cuando coincide del todo consigo mismo, cuando hace lo que vino a hacer, cuando da lo mejor de sí mismo.

Nada de esto nos es ajeno. Lo veo, lo vemos todos, cada día, en las cocinas de los restaurantes, en los quirófanos o en los astilleros. Lo que es ajeno, me temo, es la atención: el fútbol es de los poquísimos lugares donde dos mil millones de personas miran a la vez a un grupo de seres humanos convertirse en la mejor versión de sí mismos. La meritocracia, si me lo permiten, en horario de máxima audiencia.

Y me ha llamado la atención de qué material estaba hecho ese ideal. Cada uno con una forma de jugar que no se parece a ninguna otra y que precisamente por eso no se puede defender. (Casi) ningún jugador había llegado allí por una herencia, ni por el capital, ni por el privilegio. Más bien al contrario, muchos, en todos los países, llegaban de familias que cruzaron mares y fronteras, de mezclas de gente que no debieron ser fáciles.

Y como yo no vivo en el fútbol y no puedo dar por sentada ninguna de estas cosas, no pude dejar de preguntarme ¿por qué no sabemos hacerlo en el resto de la sociedad? Si en el fútbol —o en el tenis, o en los Juegos Olímpicos— somos capaces de construir un ecosistema donde el talento se encuentra, se entrena, se recompensa y se admira, venga de la isla o del barrio del que venga, ¿por qué no podemos replicarlo en la economía y en el empleo? ¿Qué tiene el deporte que no hayamos sabido copiar al resto de la sociedad para producir un mundo más justo?

Y esta es mi intuición, que espero poder completar antes del siguiente mundial: el juego, al contrario que la economía, no deja sedimentos. Anoche, cuando se apagaron las luces del estadio, todos los futbolistas del mundo volvieron a ser iguales. La campeona del mundo empezará la próxima clasificación en la misma casilla que las que no pasaron de la fase de grupos, y cada jugador, incluidos los que ayer levantaron la copa, tendrá que volver a ganarse la confianza del seleccionador, dominar el pase, el tiro a puerta y el lugar en el equipo. Ningún gol de este mundial vale nada en el siguiente. En el deporte no hay deudas — pero tampoco hay capital.

En la economía hemos hecho exactamente lo contrario: hemos construido un juego donde el marcador no se borra nunca. Las victorias de hace décadas —la casa en propiedad, el patrimonio heredado, el apellido familiar — siguen contando puntos partido tras partido, generación tras generación. De la misma manera, las derrotas no se borran: la hipoteca, el préstamo, el alquiler pagado toda una vida a quien ganó un partido que se jugó antes de que nacieras. Lo que llamamos capital y lo que llamamos deuda son eso: sedimento, goles fósiles, resultados de temporadas que nadie recuerda y que sin embargo deciden el resultado de las de hoy. Jugamos todos, pero unos salen al campo ganando tres a cero y otros debiendo dos.

No siempre fue así. Contaba David Graeber que en las sociedades del Próximo Oriente antiguo las deudas agrarias se acumulaban con el tiempo hasta amenazar con esclavizar a media población. Para evitar el colapso, los reyes sumerios y babilonios anunciaban periódicamente amnistías generales — las “tablas limpias”, como las llama el historiador Michael Hudson — que declaraban nula toda la deuda de consumo, devolvían las tierras a sus dueños originales y permitían a los siervos por deudas volver con sus familias.

Lo que entendieron los sumerios hace 5.000 años es que para que la participación de las personas cuente, para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo y eso tenga un resultado, el marcador tiene que borrarse de vez en cuando. Somos nosotros, con toda nuestra ciencia, los que lo hemos olvidado. Igual algo de todo esto podríamos aprender del fútbol para aplicar a la economía.

Los periódicos se están muriendo. Según el estudio anual que realiza el Reuters Institute junto con la Universidad de Oxford en 48 países, la proporción de personas que se declaran “extremadamente” o “muy” interesadas en las noticias ha caído 13 puntos en los últimos cinco años. Mientras tanto, los usuarios que dicen tener poco o ningún interés en ellas son ya la cuarta parte de los encuestados, frente al 16% de 2021. En España, los lectores de periódicos se han desplomado; han pasado en 10 años del 72% de la población al 44%. Para sorpresa de nadie, ese dato es aún más acusado si ponemos el foco en las personas más jóvenes: si en 2016 8 de cada 10 consultaban las noticias cada semana, hoy son menos de 4.

(Por cierto, hay que decir que entre todas estas ‘malas’ noticias, destaca una buena: elDiario.es es uno de los medios que mejor resisten y es la segunda cabecera digital más leída de España, con un 14% de la audiencia).

En las últimas semanas se han ofrecido muchas explicaciones para este fenómeno. La más evidente: que los chatbots están cambiando los hábitos de los internautas, que ya no necesitan pisar las páginas de los periódicos para encontrar lo que buscan. Además, la población de todo el mundo se está pasando a las redes sociales como fuente de información y cada vez visita menos los medios tradicionales de comunicación.

Y todo esto es verdad, pero no termina de explicar por qué la caída castiga precisamente a la información periodística. Los chatbots también responden preguntas sobre moda, sobre fútbol o sobre cómo quitar una mancha de vino, y sin embargo el interés por esos temas no se ha hundido, al contrario, las redes sociales están plagadas de este tipo de contenidos. La gente sigue queriendo saber de zapatillas y de fichajes; lo que está dejando de interesarle, en proporción, son las noticias.

Yo creo que hay una razón bastante más profunda que las transformaciones de la tecnología. En contra de lo que pudiera parecer, los medios tradicionales no representan toda la realidad desde una posición neutral (porque eso no es posible), sino que nacieron para contar una parte concreta del mundo compartido que sucedía dentro de las estructuras del Estado y de las grandes empresas. Por eso en los periódicos dominan las noticias que hablan de la actividad parlamentaria junto a un tipo de información económica relacionada con las cuentas públicas –la fiscalidad, la recaudación, la inflación, el PIB– y con la actividad del IBEX35.

Y lo que está ocurriendo es que esa parte de la realidad cada vez interesa menos. La caída del tráfico de los periódicos no es un fenómeno en sí mismo, sino que es la consecuencia de este otro: es el efecto retardado de un cambio en los intereses de la mayoría de la sociedad. Lo que se está muriendo es una vieja forma de hacer política.

Hoy, para mucha gente, hay poco que aprender en el seguimiento de la actividad de los partidos políticos. Una vez que los mecanismos de la democracia son bien conocidos, prestar atención al día a día de los representantes y del Parlamento resulta una pérdida de tiempo.

Y yo sé que para mucha gente esto puede ser un anatema. ¿Cómo no nos va a importar la política, si nuestra existencia misma está en sus manos? Y es verdad: lo está. La política afecta a la vida de la gente, a veces de manera decisiva. La reforma de la dependencia aprobada hace dos días mejorará la existencia de cientos de miles de personas. Pero que algo te afecte no implica que merezca tu atención diaria. Son dos cosas distintas. Nada nos afecta más que el cambio climático y no por eso pasamos el día mirando isobaras e informes del IPCC.

La pregunta relevante no es si la política importa, sino qué nos ofrece a cambio de seguirla día a día. ¿Qué nos enseña de la vida? ¿Qué nos da que podamos aplicar a nuestra existencia cotidiana? La respuesta, para la inmensa mayoría, es “muy poco” o “nada”. No podemos intervenir en las decisiones públicas más que una vez cada cuatro años; enterarnos hoy o el mes que viene de la enésima bronca parlamentaria no va a modificar nuestro trabajo, nuestro alquiler ni la salud de nuestra madre. Y cuando lo que nos devuelve la política es un martilleo continuo de insultos y descalificaciones, dejar de prestarle atención no es un ejercicio de apatía, sino de higiene mental.

Así, mucha gente, sobre todo la más joven, se está mudando a otra esfera de la realidad que siente que le afecta de manera más directa, por más que desde fuera pueda parecer que simplemente atienden a temas “menos importantes”. Por esta razón, los pódcast y hasta los formatos de televisión que triunfan son casi por unanimidad alérgicos a los grandes análisis y a los marcos “políticos”. Son, por el contrario, programas conversacionales que hablan de la experiencia vital de la gente.

Ahora bien, eso no quiere decir que tengan menos carga política: lo que ocurre es que la llevan de contrabando. El tono, el lenguaje y el código de la conversación han cambiado y hoy la política no se debate solo en otras plataformas, sino que se habla en un idioma distinto y viaja inserta en otros formatos que solo para el observador despistado pueden parecer “apolíticos”.

Los partidos que heredamos del siglo XX —no solo en España, en todos los países— muestran una enorme dificultad para entender esta transformación. Y es comprensible, porque aceptarla supone renunciar al privilegio de vivir colocados justo debajo del foco, a ser el centro de la sociedad. Pero el precio de no hacerlo está a la vista: los cementerios políticos de Occidente se están llenando de siglas que hace veinte años parecían eternas y que no han querido captar este mensaje.

De vez en cuando surge en esos partidos una oportunidad de cruzar el abismo que los separa de esta nueva esfera de la realidad: una persona que se ofrece a tender un puente que les permita, si no instalarse, al menos pisar el otro lado y experimentar cómo se vive allí. En estos días, en Madrid, la candidatura de Emma López a las primarias del PSM para la alcaldía de la capital es una de esas raras ocasiones.

Con dos legislaturas como concejala y dos décadas de carnet del partido a sus espaldas, pero con una actitud nativa de la conversación social, López está demostrando ser una política capaz de hablar a ambos lados de esta brecha que hoy parte la sociedad: entre la realidad que todavía percibe una parte importante de la militancia del PSOE y la que ha emergido en el siglo XXI y que es cada vez más hegemónica.

El domingo se vota su candidatura. Por la noche —¡mientras celebramos la victoria en el mundial!--- sabremos si el PSM opta por intentar cruzar el puente o, por el contrario, decide que es mejor quedarse donde está.

Hace algunos meses, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria y el PP salió a responder con la torpeza a la que nos tienen acostumbrados algunos de sus portavoces. La izquierda, engorilada, viendo trastabillear a la derecha y creyendo estar en posesión de la verdad, salió en tromba a defender las bondades de la medida: los inmigrantes son riqueza para un país, especialmente para el nuestro, que necesita importar trabajadores para pagar las pensiones. Todo lo que ha crecido el PIB en los últimos años ha sido gracias al aumento de población y España, además, es un país solidario, acogedor, que se da cuenta de la fortuna que tenemos y recuerda los tiempos en los que también a los españoles les tocó emigrar.

Todo verdad. Todo cierto. Todo justo y moralmente intachable. Y sin embargo, pocas semanas después, la primera encuesta sobre el tema traía señales de alarma: a pesar de que el tema migratorio había sido en los años anteriores un terreno propicio para la izquierda, en esta ocasión “la derecha estaba ganando el debate”. El 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que hay demasiados inmigrantes en el país y solo el 37,6% aprueba la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno.

La verdad no siempre gana la partida en política. Al contrario, cuando los datos y los hechos no son la sustancia real del debate, sino un símbolo; un espectáculo de sombras en la pared de una caverna donde se está contando una historia que no se quiere nombrar, la verdad te puede costar un tema.

Y es que el debate sobre la inmigración no va en realidad sobre los inmigrantes, sino que expresa una ansiedad cultural y económica mucho más profunda. Lo que recogen una detrás de otra todas las encuestas es que hasta dos tercios de la población mundial piensa que las élites de su país ya no gobiernan para la mayoría: que se han dado la vuelta y solo velan por sus intereses. Y este debate sobre la inmigración se plantea como si existiera un trato de favor hacia esas personas que vienen de fuera. Así que cuando la gente habla de los inmigrantes, está hablando de sí misma. El debate sobre la inmigración es la forma en la que una parte de la sociedad verbaliza esa preocupación por estar siendo desplazada del centro de la vida. La regularización es el pretexto que tiene a mano para decirlo.

Cuando un gobierno anuncia a bombo y platillo que se va a regularizar a medio millón de inmigrantes, cuando algunos partidos y algunos medios, con muy buena intención, defienden la medida enumerando las virtudes de la inmigración, lejos de disipar las dudas que pudieran tener esas personas, las confirman. Perdón por la broma con un tema tan serio, pero es como si tu pareja te reprocha que ya no le haces caso, que siempre estás con otra persona, y tú le contestas intentando convencerle/a de lo estupenda que es ese otro señor o señora.

Por eso el proceso de regularización está torciendo un debate que parecía ganado, pero solo mientras no se hubiera abierto. Al contrario, cuanto más avance este tema en el espacio público, si no se atienden esos miedos de una parte muy relevante de la población, mayor será su impacto sobre la ciudadanía.

Ayer Feijóo abrió otro melón exactamente igual a este en torno al absentismo laboral. Y los partidos de la izquierda volvieron a caer en la misma trampa. La única diferencia es que esta vez no es un charco menor, sino que esta es la gran trampa para osos de nuestro tiempo político; la caja de los truenos de la democracia: la guerra cultural global por el trabajo.

Resulta que la izquierda, desde hace al menos un siglo, había tenido a su favor que era la representante de los trabajadores. Y como ese grupo reunía a la inmensa mayoría de los votantes bajo una identidad compartida, esta era una ventaja competitiva inmejorable. Los partidos de la izquierda, que a lo largo de toda la geografía occidental se llamaban “Partido Laborista”, “Partido Socialista Obrero” o “Partido de los Trabajadores”, salían a la carrera electoral con varios cuerpos de ventaja.

Pero hoy esa identidad está atravesada por una gran fractura entre quienes siguen creyendo que el trabajo es la fuente de la dignidad, de la identidad y de la ciudadanía y quienes ya viven como si el empleo fuera solo una parte de la vida —ni la más importante ni la que define a nadie— y piden que las instituciones dejen de tratarlo como el centro de la vida social.

Esa fractura parte hoy a la izquierda por la mitad. Porque las clases culturales, creativas y urbanas que conforman buena parte de la militancia de los partidos, junto con las generaciones más jóvenes, han empezado a desarrollar una sensibilidad poslaboralista. Mientras tanto, otra porción muy significativa de sus votantes sigue sin encontrar una fuente de dignidad, de identidad y de participación social más allá del trabajo. Ni los partidos ni los sindicatos han sabido todavía construir un horizonte común en el que unos y otros puedan reconocerse.

Para navegar esa contradicción, buena parte de la izquierda occidental ha ido desplazando el centro de gravedad de su proyecto político desde el trabajo hacia la ciudadanía, ampliando derechos y prestaciones cada vez menos vinculados al empleo: el ingreso mínimo vital, las ayudas por hijo a cargo, la extensión de los permisos parentales o las rentas garantizadas son ejemplos de estas políticas.

Aunque en España llegamos a esto con cierto retraso, en Europa hace varias décadas que se produjo este debate. En Reino Unido, por ejemplo, los gobiernos laboristas impulsaron hace décadas este tipo de medidas con la convicción de que protegían a la clase trabajadora. Con el tiempo, apareció en el imaginario colectivo la imagen del “perceptor de ayudas”: alguien presentado como dependiente del Estado, ajeno a la cultura del esfuerzo y sostenido por los impuestos de quienes sí trabajaban, y el debate dejó de enfrentar a trabajadores y propietarios para enfrentar a trabajadores y esos perceptores.

Desde entonces, la derecha pudo empezar a presentarse como la auténtica defensora de quienes madrugan, pagan impuestos y sostienen el país; como adalid del esfuerzo, mientras retrataba a la izquierda como la representante de quienes viven de las transferencias públicas. Da igual hasta qué punto esa caricatura fuera cierta. Igual que ocurría con la inmigración, la batalla nunca fue sobre los datos. Iba sobre quién representaba moralmente al trabajador.

Este es el debate que está intentando abrir la derecha en España y en el resto de Europa. Uno para el que una izquierda poslaborista no tiene respuesta aún. Por más que las palabras de ayer de Feijóo no fueran las más adecuadas, es innegable que arrojaron muy buenos resultados, a juzgar por el volumen de respuesta que ha generado.

La izquierda haría bien en no poner el piñón fijo y pararse a pensar una respuesta más meditada a esta cuestión. Haría bien en darse cuenta de que aquí puede perder algo mucho más importante que unas elecciones: puede perder el monopolio simbólico de la representación del trabajo.

De todos los momentos de vergüenza ajena que nos ha regalado en los últimos años la Casa Blanca, para mí los peores son esas reuniones en las que un montón de hombres adultos se transfiguran en bufones para hacerle la pelota a Trump con un servilismo digno de los lacayos de la corte de Luis XVI.

Hace unos días, Mark Rutte, quien fue primer ministro de los Países Bajos y es el actual secretario general de la OTAN, protagonizó una de esas escenas. Durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, rodeado de la troupe habitual de palmeros del presidente, Rutte elogió la “gran visión” de Trump y se deshizo en halagos sobre su “liderazgo valiente”. Gracias a Trump y solo a él, Europa estaba invirtiendo mucho dinero en defensa. ¡Mucho!. Todo explicado en palabras simples, repetidas, contundentes. Como quien le habla a un niño, o a un demente.

Dicen que Diógenes estaba un día sentado en el suelo de una calle de Atenas, comiendo un plato de lentejas, cuando se le acercó otro filósofo. “Diogénes, si hubieras aprendido a adular al emperador, no tendrías que estar aquí comiendo lentejas”. “Puede ser”, contestó Diógenes, “pero de lo que estoy seguro es de que si tú hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al emperador”.

Rutte, al parecer, es alérgico a las legumbres.

Observando estas escenas que no dejan de llegar desde Washington, no te puedes quitar de la cabeza la sensación de estar viendo una película. O mejor dicho, un cuento. Ese en el que un emperador muy vanidoso se deja convencer por unos estafadores de que le han hecho un traje bellísimo, de oro y telas preciosas, pero que solo pueden ver los virtuosos. Convencido, el mandamás se enfunda en el vestuario ficticio y pasea por la corte en pelota picada, mientras todos los cortesanos aplauden, le adulan y fingen contemplar la magnificencia de unas vestiduras que no existen. Nadie se atreve a decirle que está desnudo.

Solo que en nuestro cuento no es el emperador, sino el imperio, el que está al descubierto. Este próximo sábado se cumplen 250 años de la fundación de los Estados Unidos de América y nadie, a ningún lado del Atlántico, se atreve a decir que el imperio está desnudo.

Y podría perderme en el laberinto de los datos: decir que la deuda pública ya roza el 123% del PIB, que la desigualdad está en su máximo histórico y que el 1% más rico acapara casi el 32% de toda la riqueza nacional, que la esperanza de vida sigue tres años y medio por debajo de la media de los países ricos, a pesar de que Estados Unidos gasta el doble en sanidad; que las solicitudes de patentes cayeron un 9% el año pasado, mientras en China no han dejado de aumentar. Contar cómo la epidemia de opioides se sigue llevando por delante las vidas de 55.000 cada año; que el sistema educativo ronda los últimos puestos de la OCDE en matemáticas. Pero la explicación del deterioro del imperio americano es mucho más sencilla, como lo son la mayoría de las cosas importantes: Estados Unidos no tiene un plan para el mundo, no tiene un ideal para Occidente, desde Obama. 

Durante casi 70 años las élites americanas habían blandido una idea hegemónica sobre lo que debía ser la sociedad. Para Roosevelt fueron las “Cuatro Libertades”, un proyecto ambicioso que justificó la intervención del Estado en la economía y dio lugar a los estados del bienestar. Para Reagan, era la libertad económica. Para Clinton fue la promesa de la sociedad del conocimiento y para Bush, la idea del “sueño americano” materializado en la propiedad de la vivienda. Yes, we can, esa idea que se hizo tan vieja, tan deprisa, de que todos podíamos ser iguales, fue la última gran misión del imperio. Después, no vino nada más.

Desde que la crisis de 2008 acabó con la promesa del crecimiento infinito y con el “sueño americano”, la sociedad estadounidense ha ido dando tumbos, rehuyendo las grandes preguntas, buscando culpables, metiendo la cabeza en el hoyo de la guerra o de las drogas o de la polarización o, en los últimos meses, en la utopía tecnoutopista de la IA. Cualquier cosa con tal de no enfrentarse a la más cruda de las realidades. Y es que, como país, no tienen otro ideal que proponerle al mundo para el siglo XXI.

El día que nos demos cuenta de que esto es lo que nos ocurre, el día que llegue un niño que diga que el imperio está desnudo, no será tan difícil pensar en otra cosa distinta para reemplazarlo.

En la última temporada de El ala oeste de la Casa Blanca, el candidato demócrata a la presidencia del gobierno de EE.UU. está en serios apuros. Su contrincante, Arnold Vinick, le saca una pegajosa ventaja en las encuestas. Por más que los demócratas intentan recortar, la experiencia de Vinick y la habilidad política de su spin doctor, Bruno Gianelli, neutralizan una y otra vez sus maniobras. Entonces ocurre algo que debería cambiarlo todo: una central nuclear en California sufre un accidente que amenaza con convertirse en un desastre. Vinick siempre ha sido pro nuclear mientras que Matt Santos, el demócrata, ha abogado por sacar las centrales del pool energético. Sobre el papel, la crisis debería hundir la campaña republicana.

Pero la política rara vez sigue el guion.

A medida que pasan los días, Alda resiste los ataques, mantiene su apoyo a las nucleares y lo convierte en una demostración de convicción y de principios. Tan bien lo hace, que termina recuperando la iniciativa. Mientras tanto, en el campo demócrata crece la desesperación: la victoria parece escurrirse entre sus dedos justo cuando debería ser más fácil agarrarla.

En esa tensión, un asesor demócrata descubre que Vinick había hecho lobby para facilitar la puesta en marcha de la central. Si esa información sale a la luz, coinciden todos los protagonistas, la campaña republicana estará acabada. Es el tipo de revelación de la que nadie, ni los mejores operativos, se recupera.

Pero Vinick también sabe que los demócratas tienen esa información. Y hace un cálculo político brillante: no intenta ocultarla y no intenta adelantarse. Espera. 

Su estrategia consiste en producir una calma tensa. Desaparecer del plano, no decir nada y dejar que sean sus adversarios quienes la hagan pública. Cuando eso ocurra, responderá acusándolos de utilizar una tragedia para obtener ventaja electoral. La discusión dejará de centrarse en la central nuclear y pasará a girar en torno a la falta de escrúpulos de Santos. La historia del lobby quedará enterrada bajo otra más poderosa y podrá salir reforzado del momento más difícil de la campaña. 

En la oposición en España debieron perderse ese episodio. De otra manera no se explica la alegría con la que celebran la sucesión de sentencias, filtraciones y decisiones judiciales difíciles de explicar que estamos viviendo.

En la opinión pública —al menos, en la izquierda-– esas actuaciones cumplen una función muy parecida a la revelación de los documentos sobre la central nuclear. Los casos de corrupción son una vergüenza para el gobierno, pero si las sentencias se perciben como injustas o interesadas, la lectura jurídica queda inmediatamente sepultada por una nueva historia que es, quizá, la única capaz de tapar o de neutralizar el olor que desprende en estos momentos el PSOE. La idea de que existe una parte del aparato judicial que está dispuesta a estirar la legalidad para conseguir que solo gobierne quien cuenta con su beneplácito.

Y este es un momento de bochorno político en la izquierda. Es verdad, parece que no queda nada a lo que agarrarse que no esté cubierto de mierda –perdón por la expresión. Pero bochorno es, de hecho, la palabra más adecuada para describir este momento. La sensación se parece mucho a la que precede a una tormenta de verano, cuando el calor y la humedad quedan atrapados bajo una capa de aire frío y la atmósfera adquiere esa densidad extraña que hace que todo parezca inmóvil. El aire se vuelve tan pesado que cuesta respirar y todo el mundo está como loco porque empiece a llover y se nos quite el dolor de cabeza. 

No hay más que abrir un periódico para comprender que hoy la realidad compartida se ha vuelto tan densa que mucha gente está pidiendo a voces que pase algo que acabe con este impasse. Y en España, este país que arrastra un déficit crónico de emprendedores económicos, nunca han faltado los emprendedores políticos. Hoy las redes sociales están llenas de ellos: los hay a izquierda y derecha, aunque abundan especialmente en la extrema derecha.

En El ala oeste de la Casa Blanca, al final del episodio, la camarilla demócrata capitula. El jefe de gabinete de Santos envía a una colaboradora a filtrar la historia a la prensa, con tan buena suerte que ella llega a cumplir su misión justo en el momento en el que los periodistas acaban de encontrar la noticia por sí mismos. Salvados por la campana, la campaña de Vinick se ve atrapada entre un montón de preguntas de difícil respuesta sobre la central y los demócratas terminan por ganar las elecciones. 

Si yo tuviera que anticipar qué va a ocurrir en los próximos meses, diría que no será un tiempo manso. Al contrario: no me sorprendería que esta demostración de fuerza del deep state judicial impulsara la confluencia que las izquierdas alternativas no han conseguido conjurar por sí mismas. Tampoco descarto que haya, como está pidiendo mucha gente, algún tipo de escisión o de movimiento en el PSOE. Si Pedro Sánchez consigue retomar la iniciativa y hacer un relato de la ofensiva judicial, tampoco sería extraño que la derecha piense que a Feijóo se le ha vuelto a escapar el presidente y haya bamboleos a ese lado de la bancada. En última instancia, tampoco perdería de vista la posibilidad de un nuevo momento Podemos, donde una iniciativa ciudadana harta del espectáculo bochornoso que nos están dando, suba a la palestra. Esa calma tensa, esa frustración silenciosa que se respira en la sociedad de hoy nos dice que la tormenta está cerca, lo que nadie puede decir exactamente es cuándo va a comenzar.

Los lectores lo recordarán: era un 14 de julio del año 2010 y Zapatero anunciaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados que su Gobierno haría unos recortes históricos para salvar al país de un rescate financiero que, en aquel momento, parecía casi asegurado: “Voy a ejercer el principio de responsabilidad de un gobernante que es, precisamente, gobernar. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste. Y cueste… lo que me cueste.”

Era una declaración de principios rotunda, muy parecida a las que le habíamos escuchado en los momentos más duros de su gobierno. Idéntica en la forma y en el fondo a la que ayer, al salir del juzgado, trasladó en un comunicado en el que pedía a la ciudadanía “confianza” en su inocencia y en la justicia. Tengan paciencia; con el tiempo, afirma el presidente, “la verdad se abrirá pasó”. Zapatero en estado puro.

Y yo, que estoy de acuerdo con el contenido y lo dije aquí, a pocas horas de que se conociera su imputación, creo que este comunicado es un error de bulto.

Porque la diferencia entre el año 2010 y el 2026 es que hoy la mayor parte de la población –en todo el mundo– alberga una desconfianza profunda hacia la clase política. Una falta de fe que no está en absoluto infundada, más bien al contrario. En estos años que han transcurrido desde la bonanza anterior a 2008, una parte importante de la ciudadanía ha vivido con una inseguridad creciente. Al mismo tiempo, todos tenemos la sensación de que los acontecimientos –como el COVID, o la invasión de Ucrania, o la de Gaza— se están acelerando sin que podamos ejercer algún control sobre lo que se avecina. Y en ese caldo de cultivo no dejamos de escuchar todos los días historias nuevas que nos recuerdan que las personas en las que habíamos confiado para guiarnos en estos momentos difíciles no son quienes decían ser. Y a veces es porque han cometido un delito pero, otras, es simplemente porque la imagen que proyectaban de sí mismos no se corresponde con la realidad.

Y hoy hay muchas personas en España que piensan que en el caso Zapatero no va a haber ningún delito, pero sería difícil encontrar una que afirme que las cosas que estamos escuchando coinciden con lo que pensábamos sobre el expresidente hace seis meses. Es evidente que su personaje público y su persona, en privado, no eran iguales. Es esa sensación de haber sido engañados, por más que no haya crimen, la que duele y la que quiebra la confianza en las instituciones.

¿Cómo se puede sostener, en estos trances, esa confianza? No basta con pedir un acto de fe a los ciudadanos: la política tiene que hacer también una reflexión sobre la forma en que sus representantes se proyectan ante la sociedad.

Porque esos políticos inmaculados que nos contábamos en el siglo XX—los que no habían roto un plato en su vida, que no tenían un mal pensamiento ni un vicio oculto, ni una debilidad humana que proteger— sencillamente no existen. Ni han existido nunca. Eso no son personas. Y para bien o para mal, en el siglo XXI, cuando el poder mediático ya no está concentrado como estaba en los años en los que vivían aquellos personajes, todo termina por traslucir.

Zapatero podría aprender alguna cosa de un político inesperado al otro lado del Atlántico. En el diminuto estado de Maine, al norte de Estados Unidos, un exmarine reconvertido en candidato demócrata al Senado amenaza seriamente con arrebatarle el escaño a la senadora republicana Susan Collins. Si lo consigue, su victoria sería decisiva para retirarle a Trump la mayoría en la cámara. Hay muchos intereses y mucho dinero en juego, y Graham Platner está dando una batalla extraordinaria.

Y eso que este hombre está lejos de ser el candidato perfecto. Al contrario: si se ha convertido en una celebridad es porque su corta carrera política ha estado plagada por una sucesión de escándalos que incluyen desde un tatuaje con simbología nazi que se hizo una noche de borrachera en Croacia siendo marine, hasta algunos comentarios sobre violencia de género que dejó durante años en Reddit y la revelación reciente de que intercambió mensajes sexuales con distintas mujeres a pesar de que está casado.

Lo que le convierte en el político más innovador del momento, en mi opinión, es que ante cada una de estas revelaciones ha respondido con algo que resulta al mismo tiempo políticamente eficaz y extraordinariamente saludable para la democracia: el reconocimiento de su propia imperfección. En lugar de responder, como ha hecho ZP, con un comunicado en defensa de su integridad como si aquí no hubiera pasado nada, Platner lleva un año contando la historia de un hombre que volvió de la guerra con un trastorno de estrés post-traumático, que pasó una época muy oscura, que ha hecho terapia, que ha atravesado una crisis profunda con su mujer y que sigue intentando entenderse a sí mismo. Un hombre que no sabe exactamente quién es todavía, que sabe que está lejos de ser perfecto, pero que no tiene ningún problema en decirlo en voz alta.

Claro que Zapatero no ha ido a la guerra. Pero tengo la sensación de que todas estas cosas que están saliendo a la luz y que nos cuesta entender, a pesar de que no sean delitos –como la relación profesional de sus clientes con la empresa de sus hijas– tienen también algo que ver con sus debilidades. Y creo que la mejor manera en que el expresidente podría contribuir a reforzar esa confianza en las instituciones es hablando de ello.

Si lo hiciera, los demás nos haríamos un buen servicio si atendemos a sus explicaciones con compasión. Si queremos una clase política honesta, en la que podamos confiar y que no se corrompa, lo primero que tenemos que hacer es dejar de exigirles que mientan sobre sí mismos.

En la fábula de Esopo, una zorra hambrienta merodea una parra. Querría hincarle el diente a un racimo de uvas, pero están demasiado lejos; fuera de su alcance. Cansada de intentarlo, la zorra cambia de opinión: “Puagh, seguro que están avinagradas”. Y se marcha.

¿No nos pasa a las sociedades occidentales algo así como a esa zorra? A falta de un futuro que podamos imaginar a nuestro alcance, nos hemos convencido de que el que vendrá se ha puesto malo y no merece la pena ni salir a buscarlo.

De otra manera no se explica el manifiesto que ha publicado esta semana Thomas Piketty, uno de los economistas más relevantes de nuestro tiempo. En él, propone crear un impuesto global a la riqueza para nutrir un “Fondo de Justicia Global” –una especie de nuevo organismo supranacional encargado de redistribuir en torno al 10% del PIB mundial–; la convergencia de todos los países hacia una renta de unos 5.000 euros mensuales per cápita en 2100 –lo que implica poner un techo durísimo al crecimiento de los países ricos—; una reducción de la jornada laboral a la mitad; el trasvase del empleo hacia la educación, la sanidad y los servicios públicos, que absorberían el 43% de las horas trabajadas; y una serie de cambios en la dieta que permitan devolver los bosques a su extensión de 1900.

Una durísima agenda decrecentista con dos objetivos: conseguir una reducción drástica de la desigualdad –hasta el punto de que la mitad más pobre del planeta pase de poseer el 2% de la riqueza mundial al 30%, mientras los milmillonarios desaparecen– y mantener el calentamiento en 1,8 grados a final de siglo.

Dejemos incluso a un lado lo evidente: nada de esto puede hacerse sin un consenso planetario –dentro de los países y entre todos ellos– que hoy no existe ni se le espera. Lo que de verdad es extraordinario es esto otro: que 45 de las mejores cabezas de nuestro tiempo se hayan reunido a imaginar el año 2100 y que de ese ejercicio no haya salido ni una sola idea de futuro que sea mejor que el presente. Lo más parecido a una utopía que han sabido dibujar estos autores es esto mismo, pero administrado: la misma renta que hoy tiene un estadounidense, repartida con justicia y a salvo del clima. Hay quien pensará que es lo máximo a lo que cabe aspirar. Pero yo no me lo creo. Creo que no es que las uvas estén amargas, sino que simplemente nos hemos convencido de que no las podemos alcanzar.

Algo de esto viene de lejos. Los estados del bienestar que Occidente levantó tras la Segunda Guerra Mundial fueron, durante décadas, una formidable máquina de producir futuro: sanidad y educación universales, universidades llenas de hijos de trabajadores y parques de vivienda en expansión. Pero hacia los años noventa aquella máquina había alcanzado ya la mayor parte de sus objetivos y la política descubrió que con la meta cumplida se le había agotado también el mapa. Se quedó sin una teoría del cambio: sin una idea articulada sobre cómo se fabrica el porvenir.

El hueco lo ocupó otra teoría, la del Estado pequeño, que delegaba en el mercado la tarea de traer el progreso. Pero aquel mecanismo también murió, en 2008, sepultado bajo los escombros de Lehman Brothers. Y aquí estamos, casi dos décadas después de aquella crisis, sin que ni la izquierda ni la derecha hayan repuesto el instrumento perdido. Ninguna tiene hoy una teoría del cambio, ni un método para transformar la sociedad y no solo para gestionarla.

Huérfanos de ese instrumento, los partidos centrales del sistema —los que deberían liderar el progreso— ya no saben hacia dónde conducirnos. Y se han ido refugiando en la crítica de su propio funcionamiento: en la denuncia del adversario y en la promesa cada vez más modesta de que las cosas, al menos, no empeoren. De ofrecer un destino la política ha pasado a ofrecer un resguardo frente al colapso.

La paradoja de todo esto es que es exactamente esa deriva la que nos conduce al colapso. Y es que todas nuestras instituciones —las pensiones, la dependencia, la solidaridad intergeneracional, la movilidad social– necesitan para existir una idea compartida de progreso. No necesariamente de progreso material, pero indudablemente de progreso compartido: una razón última para caminar y construir juntos; una apuesta por nuestras propias capacidades; la convicción de que somos dueños de nuestro destino, y no solo víctimas en manos de grandes amenazas.

Cuando no somos capaces de parar esta tentación en su infancia, estas ideas se filtran hasta cada rincón del debate político. Estas semanas, por ejemplo, en Twitter, distintos líderes de opinión se han enzarzado a propósito de la vivienda: si es preferible construir obra nueva o limitarse a regular los usos y la fiscalidad de la que ya existe. Y en ese pleito ha ganado tracción una idea sorprendente: que construir vivienda hace subir los precios y que, por tanto, lo mejor es no construir nada. 

¿Es esto cierto? Desde luego que no. Es un espejismo que solo se sostiene si solamente prestamos atención al ciclo 1990-2008. Pero en España se construyó más que nunca en los sesenta y en los setenta sin que se produjera esa correlación y, al contrario, en los últimos diez años no se ha construido nada y el precio no ha dejado de subir. Si se amplía el foco a los últimos 75 años, la correlación se esfuma. Y se esfuma porque la vivienda no funciona como un bien de mercado corriente, como he argumentado por aquí alguna vez, sino como un stock: cada vivienda es, en el fondo, es una pequeña participación en la propiedad de una ciudad. Cuando los países hacen una ampliación de ese capital y prometen que sus acciones se revalorizarán hasta el infinito –que fue lo que pasó en la burbuja hipotecaria– los precios suben. Pero si no lo promete, no lo harán. Lo que encarece la vivienda no es construir: es la expectativa, alimentada por todos, de que sea un activo que nunca baja.

Dicho de otra manera: claro que se puede y se debe construir. No solo porque es posible, sino porque es necesario. Y no para que bajen los precios, sino para recuperar la ambición de construir el futuro.

¿Qué herramientas podemos encontrar, en el siglo XXI, cuando los estados no son lo que eran en 1970, cuando las organizaciones que construyeron el parque actual —fundaciones, cajas de ahorros, universidades, empresas, la iglesia–- ya no están en disposición de encargarse? La pregunta no es si debemos o no construir. La pregunta es cómo.

Hace un par de semanas, una pequeña polémica sacudió el festival de Cannes. La proyección de la película revelación del año, la española “La bola negra”, había recibido una ovación continuada que se prolongó a lo largo de 20 minutos. La película es estupenda, decían los entendidos, pero aquello era un poco exagerado. En el festival hay inflación de aplausos: las distribuidoras conspiran con ciertos elementos del público para que, colocados estratégicamente, espoleen al resto del auditorio a performar esos arranques de entusiasmo desaforado.

Que se sepa, este pequeño truco de marketing no ha llegado aún a la medicina. Así que cuando el pasado domingo diez mil oncólogos, reunidos en ASCO, el congreso sobre el cáncer más importante del mundo, se pusieron en pie entre aplausos, vítores y exclamaciones, hay que creer que algo importante estaba ocurriendo. Celebraban los resultados de un nuevo fármaco que ha demostrado duplicar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico, el tumor más difícil: la última frontera de esta enfermedad. 

Daraxonrasib, que es como se llama este medicamento, ha sido el gran protagonista del año porque representa el primer avance significativo en décadas contra un mecanismo que parecía infranqueable. Pero no ha sido el único. También hubo resultados notables en cáncer de próstata y de mama. Además, las vacunas de ARNm –la misma tecnología que se popularizó con el COVID– están mostrando resultados muy prometedores en muchos tipos de tumor. Una vacuna personalizada contra el melanoma redujo a la mitad el riesgo de que el cáncer reaparezca al cabo de cinco años mientras que en cáncer de páncreas los resultados fueron aún más esperanzadores: casi el 90% de los pacientes cuyo sistema inmune respondió a la vacuna seguían vivos hasta seis años después, frente a una supervivencia habitual a cinco años que apenas supera el 13%. 

Por si esto fuera poco, los fármacos tipo GLP-1 (como Ozempic y Mounjaro), además de funcionar contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, están demostrando ser eficaces también para reducir la incidencia de muchos tumores.

Estamos ganando la batalla contra el cáncer. 

Y a mí me pilla particularmente sensibilizada porque solo hace unos meses que una de mis mejores amigas recibió el “all clear” al final de un tratamiento contra la forma más agresiva de cáncer de mama, y aquello fue en el mismo mes en el que a mi padre le diagnosticaron otro de vejiga. Y lo que he podido observar en estos meses, en primera línea, es cómo esos resultados científicos están llegando en tiempo real a la vida de la gente. Un nuevo fármaco, una técnica quirúrgica mucho menos invasiva que las anteriores y la inmunoterapia les han permitido pasar por todo esto con una fracción del sufrimiento que habrían soportado hace un puñado de años y mucha más esperanza en una curación completa.

Y me ocurre, como a casi todo el mundo en estos casos, que me asombra la dedicación de esos equipos médicos que están haciendo un esfuerzo extraordinario para trasladar esos resultados en tiempo récord a su práctica diaria, por encima de todas las dificultades.  

Pero también me da por pensar en cómo, en mi generación, a menudo nos repetimos a nosotros mismos esa idea de que “viviremos peor que nuestros padres” cuando no es verdad. No solo somos la ¿segunda? generación en la historia completa de la evolución que no tiene que temer que se le mueran los hijos; es que con un poquito más de suerte vamos a ser la primera cohorte, entre 12.000 generaciones de homo sapiens que nos antecedieron, que no tendrá que ver a sus padres –ni a sus amigos– morir demasiado mal y demasiado pronto. 

¿Y nosotros? Viviremos más. Quizá más de 100 años. Con toda probabilidad mucho mejor que quien nos antecedió. La ciencia, el conocimiento y la cooperación humana nos han regalado un horizonte de vida inédito, inimaginable, que seremos los primeros en disfrutar. 

¿A qué otro patrimonio queremos aspirar? ¿En qué consiste la riqueza, si no era esto?

En el invierno del año 57 antes de Cristo, el ejército romano comandado por Julio César se adentraba en el territorio de los belgas, en lo que hoy es el norte de Francia y Bélgica. César iba en busca de los nervios, la tribu más feroz de la zona y la que con más determinación rechazaba la influencia y el comercio con Roma. Había escuchado que estaban formando una alianza contra su hegemonía y quería pararles los pies en seco. Y parecía estar en lo cierto, porque en una pausa del camino, mientras las legiones estaban dispersas instalando el campamento a orillas del río Sabis, los nervios le tendieron a los romanos una emboscada. 

Llevaban días apostados en el bosque, esperando el momento preciso para pillar a las tropas desprevenidas, entre el avituallamiento y la logística de un ejército imperial. Fue de las pocas veces en toda la campaña en que César estuvo a punto de ser derrotado: el ataque fue tan súbito que los invasores no tuvieron tiempo ni de formar ni de levantar los estandartes. 

Cuenta el propio César en La guerra de las Galias que cuando vio al enemigo descender sobre el campamento, “tomando el escudo de un soldado de las últimas filas, pues él mismo había llegado allí sin escudo, avanzó hasta la primera línea y, llamando a los centuriones por su nombre y arengando al resto de los soldados, les ordenó avanzar con los estandartes y abrir las filas para poder manejar mejor las espadas.” Julio César, como todo general que se precie, sabía que un ejército es tan poderoso como lo sea su formación. Al contrario: desprevenidos, desorientados y desarmados, los 30.000 hombres que comandaba valían poco más que un puñado de gallinas indefensas. 

Como los ejércitos, las sociedades –y en realidad todos los sistemas complejos– son tan resistentes como lo sean sus estructuras. Un edificio imponente se vendrá abajo si somos capaces de descalzar una sola de sus crujías y una comunidad entera se desmoronará si las personas que sostienen sus acuerdos más elementales salen despavoridas en todas direcciones. 

Como César, hoy los occidentales estamos librando una batalla. No es una guerra local, está ocurriendo en todos los países al mismo tiempo. Y convendría que no nos equivocáramos: no es una batalla entre la izquierda y la derecha. Es una refriega entre quienes creemos que la democracia funciona y sigue siendo el mejor sistema del que nos hemos sabido dotar a lo largo de miles de años de historia compartida y quienes sostienen que no, que la democracia solo funciona si los suyos están en el gobierno (y, seamos honestos, de estos hay en todas las ideologías).

Y yo hoy confío en que tú seas de los que está en mi línea del frente, porque vengo a llamarte por tu nombre y pedirte que sostengas la formación. Y ya sé que yo no me parezco nada a un general romano pero tú, que te informas a diario, que compartes las noticias con tu entorno y que creas opinión, eres un moderno centurión. En particular si eres una de esas personas que tenían edad de comprender en los años más difíciles de la democracia en España, eres un centurión de la sociedad española.

Tú, que has visto cosas peores que esta. Puede que el presente no sea el que habías imaginado, que sientas que ya no estás en posición de cambiar el rumbo de la historia, que estés decepcionado, cabreado y buscando a quien hacer responsable de todo lo que está ocurriendo. Es comprensible. Pero hoy no te toca eso. Hoy nos toca a todos sostener la posición y seguir confiando y trasladando confianza.

Mientras los titulares, cada cual más escandaloso que el anterior, silban como flechas sobre nuestras cabezas, hoy nos toca mantener la posición. La línea que estamos defendiendo no es la del gobierno. No es el honor de Zapatero. Ni siquiera es el PSOE. Es la idea de que este es, y va a seguir siendo, un país democrático. Es la idea de que el Estado funciona. Que existe un sistema judicial entero capaz de determinar si alguien es culpable o inocente, y que mientras tanto rige la presunción de inocencia. Que con el tiempo las cosas irán cayendo en su sitio. Que hay una sociedad civil que sabrá responder con entusiasmo cuando haga falta, un sistema de partidos y un ecosistema de medios que terminarán por encajar lo que está ocurriendo y por adaptarse, porque eso es justo lo que han hecho siempre. No aspiramos a una sociedad perfecta. Aspiramos a una que, con el tiempo, sea capaz de corregir sus propios errores. Y esto, la nuestra, lo ha hecho una y otra vez.

Lo que de verdad nos amenaza no es ni la fiscalía, ni los jueces, ni la trama, ni la conspiración. El peligro, exactamente igual que en la guerra, es que cada cual eche a correr por su lado y deje de creer, como país, en nosotros mismos. Que media España piense que el gobierno es una mafia y la otra media que los jueces están urdiendo un montaje. Que nos convirtamos en un país de dos bandos irreconciliables. Esa es la desbandada que tenemos que frenar. Y se frena soldado a soldado, centurión a centurión. Cada persona, un estandarte.

Lo dije ayer y hoy lo mantengo: yo no creo que Zapatero sea el malo de esta película. Pero voy a ir más allá: tampoco creo que se trate de un caso de lawfare. No tengo ninguna razón para pensar que el juez no está haciendo lo que cree que es correcto, con más o menos acierto, como todo el mundo. 

Y a lo mejor aquí te pierdo, pero voy a continuar extendiendo el argumento un poco más: tampoco creo que la oposición, en el arco que va desde Gabriel Rufían hasta la derecha liberal y democrática, esté actuando con mala fe cuando fiscaliza, insiste en que se den todas las explicaciones, incluso pide la dimisión del presidente del Gobierno. Ese es su papel. Su parte del trabajo democrático. Si en lugar de a Zapatero, un juez hubiera imputado a Rajoy, la izquierda estaría haciendo exactamente lo mismo -y estaría bien-.

Pero hay unos tipejos en todo esto que no cumplen ninguna función democrática. Al contrario: subvierten los mecanismos del pacto social para hacernos creer que es un fracaso. Por ejemplo: usan la identidad del periodismo para contar mentiras. Y lo hacen no por convicción, porque si de verdad pensaran que hay un sistema mejor que la democracia lo que deberían hacer es proponer abolir el sistema o dar un golpe de Estado; lo hacen en su propio beneficio: para seguir jugando a este juego mientras arrasan el campo para todos los demás.

Estos señores son populistas, se han convertido en un fenómeno global y tienen en común un discurso que sostiene que el sistema democrático está irreparablemente roto. No que tenga problemas reales, pero también solucionables, como todos los sistemas complejos, sino que estamos en manos de una élite radical y corrupta que solo busca su propio beneficio y contra la que no hay nada que hacer, salvo votarles a ellos. Aunque toman muchas formas, es muy fácil identificarles: son esas personas a las que les va mejor cuanto más nos odiamos el resto.

Uno de sus principales exponentes se llama Steve Bannon y es un personaje que lleva alentando el odio en Estados Unidos desde que Obama llegó al poder. Fue en su día el creador de la idea de MAGA (Make America Great Again), aunque su contribución más duradera no es un eslogan: es una estrategia. Como describió a un periodista en 2018, los demócratas no importan, la verdadera oposición es la prensa, y la forma de lidiar con ella es inundar la zona de mierda; “flood the zone”. Esa es la doctrina. No sé si te suena.

Se trata de producir tantas afirmaciones contradictorias, escándalos simultáneos, indignaciones cruzadas y teorías paralelas que el ciudadano medio renuncie a distinguir lo verdadero de lo falso. No te tienen que convencer de que su versión es cierta. Les basta con que pienses que ninguna versión lo es. Que todo es ruido. Que todos son iguales. Y que da igual quién gobierne. Que la prensa miente, los jueces son corruptos, los políticos roban y la única salida es alguien que venga a reventarlo todo.

Steve Bannon, como el resto de populistas en el mundo, tiene un problema. Comenzaron señalando a la “ciénaga”: a la clase política, cultural y administrativa de Estados Unidos. Pero cuando Trump llegó al poder a aquel discurso se le empezaron a abrir las costuras: es muy difícil criticar la ciénaga si tú eres el reptil-en-jefe. Entonces viraron el foco y en los últimos años se han echado encima de los inmigrantes como culpables de todos los males de la sociedad. De aquel movimiento nació la idea de “America First”, o lo que es lo mismo, de la “prioridad nacional”. 

Pero también aquella estrategia se les volvió en contra cuando las imágenes de la brutalidad del ICE hicieron que se desplomase la valoración de un grupo de votantes que Trump necesita para ganar las próximas elecciones al Congreso y al Senado en noviembre: los latinos. Así que hace unos días Steve Bannon presentó la última versión, renovada, mejorada, reluciente, del populismo. Se llama “Humans First” y promete una “rebelión conservadora contra la inteligencia artificial”. 

Subido a ese nuevo enfoque, Bannon propone que la inteligencia artificial es la nueva amenaza existencial contra la clase trabajadora americana: una tecnología desarrollada por un puñado de multimillonarios de Silicon Valley que va a destruir millones de empleos, concentrar el poder económico como nunca antes y dejar al ciudadano de a pie sin trabajo, sin propósito y sin futuro. La solución, dice, es frenarla: regularla, fiscalizarla, ponerle límites éticos, exigir que cualquier despliegue de IA proteja primero a los humanos -de ahí el nombre- antes que a los accionistas. Donde ayer el enemigo eran los burócratas de Washington y anteayer los inmigrantes, hoy son Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg y el resto de “señores feudales digitales” que pretenden, según Bannon, sustituir a la humanidad por sus máquinas.

Esta nueva versión del mismo discurso es mucho más ambiciosa que la anterior; tanto que su publicación coincide con una encíclica que el Papa se ha comprometido a promulgar en los próximos días sobre el mismo tema. Además de con la iglesia católica, el nuevo proyecto populista comparte enemigo -en parte- con los demócratas cuando señala a los technobros de Silicon Valley como símbolo de esa élite que se ha escapado del control popular. Pero si atendemos al argumento, encontraremos que debajo de ese tema aparentemente compartido se esconde la misma cosmovisión que hemos visto hasta ahora: lo que han de hacer los buenos políticos es “anteponer la seguridad, la libertad y la grandeza del pueblo estadounidense a los intereses de las élites corporativas y globalistas”.

Este es el tercer round del populismo, su versión 3.0. El más ambicioso y el más sofisticado. Uno que revela al final quién fue el enemigo a abatir desde el principio: las clases urbanas “globalistas” liberales y su forma de vida. Bannon cambia el discurso, pero mantiene un eje muy claro: que la sociedad está rota, la mayoría está siendo asediada, y los culpables de todo siguen siendo los mismos, quienes no comulgan con el patrón tradicionalista de la derecha populista americana.

No nos quepa duda de que esta película llegará muy pronto a nuestras pantallas.

Una vez, un amigo que trabaja en Mercadona me contó una historia sobre Juan Roig. Dicen que la razón por la que en sus supermercados no hay arcos antirrobo, ni alarmas en las botellas, ni candados en los estantes que guardan los productos más caros, ni siquiera, a veces, guardias de seguridad, es que al empresario valenciano le parece que no son rentables. Roig considera que sale mucho más a cuenta fiarse del “jefe” –que es como llaman en el argot interno a los clientes– y asumir que alguna cosa habrá que te birlen. Tener que instalar todo un sistema de vigilancia no solo sería más costoso, sino que terminaría por calar a la forma en que los trabajadores se relacionan con los clientes y, al final, a la manera misma en que los clientes se ven a sí mismos: como extraños en los que el propio establecimiento no confía.

No sé hasta qué punto es verdad. Pero igual he contado muchas veces esta anécdota porque me sirve para defender mis propias decisiones. Como empresaria me empeño en que las personas que trabajan para mí no tengan ni horario fijo, ni obligación de acudir a un centro de trabajo, si la organización de la compañía lo permite. Confío en que harán su trabajo de la manera que estimen que es más conveniente. Mientras fui propietaria de un grupo hostelero, tampoco instalé nunca cámaras en los establecimientos, a pesar de que es una práctica muy común en el sector para evitar los robos por parte de trabajadores.

¿Soy una empresaria “buena”? No, para nada: lo hago porque es más rentable. Desconfiar de tu propio equipo sale carísimo: exige dedicar un montón de dinero a la vigilancia, te enfrenta a tus trabajadores, instaura una cultura permanente de la sospecha y te obliga a renunciar a tus prioridades para dedicar tu tiempo (que es lo único realmente escaso) a asegurarte de que no te están engañando.

Me acuerdo de todas estas cosas cuando escucho que Zapatero ha sido imputado por un caso de corrupción y leo las gravísimas acusaciones que se vierten contra él. Un juez afirma que “la investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado.” 

Y me niego a darle cŕedito. Elijo, sin más información que la que tenemos en este momento, confiar también en el ex-presidente. 

Y es que toda la información de la que dispongo sobre este señor apunta en la dirección contraria. Durante el tiempo que fue presidente y hasta hoy no le he visto un gesto que me haga pensar que es el tipo de persona que se saltaría la legalidad para enriquecerse. Ni una. Más bien al contrario: podría estar ganando mucho más dinero del que se le acusa de haber percibido si se sentara en varios consejos de administración, o si prestara servicios para enormes gigantes corporativos, o incluso para otros estados, como hacen –legítimamente, también– otros ex-presidentes. Y no lo ha hecho. 

Hasta donde yo sé, que es lo mismo que sabemos el común de los mortales, en los últimos años Zapatero no ha hecho otra cosa que meterse en varios avisperos –como la mediación entre el gobierno de Venezuela y la oposición– donde tenía poco que ganar en lo personal y mucho que aportar en lo político.

Hoy he leído algunas noticias que parecen contradecir esa intuición –que creo que comparto con muchas otras personas– de que el ex-presidente es una persona confiable y con un profundo compromiso con lo público. ¿Qué creencia tiene sentido sostener? ¿La propia o la que apunta el juez? Yo voy a elegir seguir mi intuición y no retirarle mi confianza. No porque sea buena persona, ni porque me caiga bien el ex-presidente, ni porque le convenga a una opción electoral que me interese, ni porque tenga todos los datos necesarios para formarme una opinión firme, sino porque bajo este caso particular se libra otra batalla. 

Zapatero no es solo un político. Es, sobre todo, un símbolo de la confianza en la política. Y en los últimos 15 años, desde que eso que hemos llamado la “ola populista” se instaló en el sentido común, se ha extendido la creencia en que eso no es posible –o no es inteligente: no se puede confiar en la política porque todos los cargos públicos, hasta los que parecen más limpios, son unos seres corruptos que solo miran por su propio interés.  

De manera que cuando salta a la luz un caso como este —como ocurrió con Mónica Oltra—, mucho antes que a una persona se juzga una posibilidad: la de confiar en quienes nos representan. Y esa desconfianza, como ocurre en Mercadona, encarece la democracia. Nos obliga a dejar de creer los unos en los otros, mucho más si estamos enfrentados ideológicamente. El mensaje, al final, es que cualquiera, por más confiable que parezca, puede ser un corrupto. O que todos los políticos son unos ladrones. Que no nos podemos fiar de ninguno, ni de nuestra propia intuición sobre ellos.

Pero resulta que la evidencia demuestra que eso tampoco es verdad. A lo largo de la democracia, decenas de miles de personas han ocupado un cargo público. La inmensa mayoría –en la izquierda y en la derecha, en los ayuntamientos y en las diputaciones, en los ministerios y en los parlamentos– lo han hecho con honestidad y vocación de servicio público. Si uno cree en la democracia, tiene que creer también en la buena voluntad de quienes la integran. No hay otro camino. 

Así que yo voy a elegir confiar en Zapatero. Entre la información que tenía y mi propia intuición, y las informaciones de ayer, voy a optar por confiar en que hay personas honradas en política y en que son la inmensa mayoría. En que esta imputación quedará en nada. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Siempre existe esa posibilidad. Pero me renta. Incluso si me equivoco públicamente delante de todos vosotros, me seguirá saliendo muchísimo más barato equivocarme una vez poniendo la mano en el fuego por alguien que me ha dado muchas razones para ello que vivir instalada en la idea de que no podemos confiar nunca en nadie.

Recordarán, de las clases de lengua del colegio, que una oración tiene tres partes: sujeto, verbo y complemento directo. La primera indica quién realiza la acción, la segunda cuál es esa acción y la última sobre quién —o qué— recaen sus consecuencias.

A menudo las oraciones, por pequeñas que parezcan, contienen un universo completo. “Cuando se despertó, el elefante ya no estaba allí”. “Hasta que la muerte nos separe”. “Disparen sobre la multitud”. “He venido a anunciaros una gran alegría”. “El rey ha muerto”. “Se vende”. “Te perdono”. “No hay nada al otro lado”. 

Con esa facilidad que tenemos para unir las líneas de puntos, los hablantes de una lengua somos capaces de rellenar los claroscuros de un mensaje casi telegráfico y conseguir que se convierta en una historia entera, o en una cosmología.  

También esa idea de la “prioridad nacional”, que ha tomado al asalto el espacio público a la velocidad de un virus, esconde una oración completa.

Prioridad es la acción; sustituye a la idea de “dar prioridad”, alguien debe dar prioridad a alguien. ¿Quién es el beneficiario de esa preferencia? Los españoles: los nacionales.

La pregunta, la clave de bóveda de este tinglado ideológico es ¿quién debe dar esa prioridad? ¿Quién está faltando a su deber de ordenar correctamente las prioridades? ¿Quién es el monstruo que se oculta en el claroscuro de esta oración? Son los gobiernos. O las élites, si lo prefieren. Eso que Donald Trump llama “la ciénaga” y que aquí conocemos simplemente como “los políticos”. Esta es la parte más importante, aunque no se diga, de la idea de la prioridad nacional. 

Porque esta premisa esconde, en realidad, el mensaje fundacional del populismo, una ideología “que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos –‘el pueblo puro’ frente a ‘la élite corrupta’-- y que sostiene que la política debería ser la expresión de la voluntad general del pueblo.” 

Esas dos palabras, “prioridad nacional”, cuentan la historia de los malos gobiernos. Desvela el universo de los traidores, que han dejado atrás a los buenos ciudadanos para aliarse con otros, para vender el país.

Y esa es una idea hegemónica hoy. Según los estudios –hay muchos, pero por ejemplo este de IPSOS realizado en 31 países– dos de cada tres personas en el mundo piensan que “la sociedad está rota” y que “el sistema está trucado para favorecer a los ricos y a los poderosos”.

Quizá por miedo a enfrentar esta realidad. Quizá por el reflejo innato de otro tiempo, este debate de la prioridad nacional ha sido tratado, casi de forma automática, como un problema moral. Una desviación del discurso público hacia el racismo, la xenofobia o el rechazo al extranjero. Cuando no lo es. 

Como consecuencia, la reacción progresista ha consistido en una mezcla de denuncia ética y pedagogía: en la tarea de explicar por qué los inmigrantes son necesarios, por qué enriquecen las sociedades o por qué debemos ser inclusivos.

Y sin embargo, esa lectura —aunque moralmente impecable— tiene un problema esencial, y es que refuerza el marco del populismo. Porque interpreta el fenómeno como si fuera un problema de odio. Y no lo es. La eficacia de estos mensajes no nace del rechazo a otros, sino de una sensación mucho más extendida y más incómoda: la de haber quedado atrás en la lista de prioridades de las élites occidentales, la de haber sido desplazado.

Cuando a la demanda de mayor reconocimiento de una parte de la población que se siente desplazada, la respuesta consiste en subrayar lo valiosos que son otros grupos o lo mucho que aportan a la sociedad, el efecto es el opuesto al esperado: se refuerza, precisamente, la percepción inicial de abandono. Desde su perspectiva, las élites parecen más preocupadas por explicar la utilidad de los demás que por atender a quienes ya sienten que han perdido centralidad.

El discurso progresista actual respecto a la prioridad nacional confirma, para esa parte de la población que se siente desplazada, la idea de que hay otros que encajan, que son útiles, que son necesarios. Y que ellos —por contraste implícito— han dejado de serlo.

Para entender —y eventualmente desactivar— la potencia de estos discursos, no sirve intentar convencer de que el mundo es justo tal y como está. Tampoco sirven los discursos que, al asumir implícitamente la premisa populista de una sociedad ya rota, se limitan a desplazar la culpa hacia otros actores —los billonarios, las élites financieras, “el sistema”— sin cuestionar el marco de escasez que los hace verosímiles.

Al contrario, la salida de este callejón pasa por cuestionar la necesidad misma de una “prioridad”. Es decir: por responder de forma material a la sensación creciente de que el mundo es un espacio de recursos limitados en el que unos necesariamente avanzan a costa de otros.

El antídoto frente a la emergencia de la agenda de la “prioridad nacional” es la agenda de la abundancia. Una forma distinta de mirar el presente que no parte de la escasez, sino de nuestra propia capacidad. Que organiza la política en torno a cómo podemos crear más, en lugar de quién debe recibir menos.

Esa agenda tiene ya una orientación práctica: una voluntad explícita de construir, de transformar y de entregar resultados visibles. Significa acelerar la producción de vivienda allí donde falta, desbloquear la capacidad de infraestructura que hoy está estancada, modernizar y expandir los servicios públicos, extender las energías renovables, electrificar tan rápido como sea posible y utilizar de forma deliberada las herramientas tecnológicas para aumentar la capacidad real de los sistemas sociales.

Es, en última instancia, un cambio de actitud colectiva: pasar de una política defensiva, centrada en gestionar conflictos de reparto, a una política expansiva, centrada en aumentar lo que es posible. Porque solo cuando la sociedad vuelve a sentirse capaz de producir un futuro para todos morirá la idea de que todo depende de una lucha por prioridades.

¿Por qué nunca dejan de subir las viviendas? ¿Por qué suben incluso donde la población desciende? ¿Por qué suben cuando sube la oferta –como en los años previos a 2008– y también cuando se estanca –como ahora? Para descubrirlo, te propongo un juego. 

Imagina que hace 50 años, cuando se creó la sanidad pública, se hubieran repartido unas licencias para acceder a ella. De manera que solo quienes compraron una pudieran tener un médico de familia o someterse a un tratamiento subvencionado. Imagina que se hubiera hecho lo mismo con la educación: solo quienes comprasen una licencia tendrían derecho a llevar a sus hijos a la escuela pública. Y lo mismo con la universidad.

Imagina que se hubiera emitido un número finito de licencias, 25 millones. Y que se hubieran vendido todas antes de 2008. Quienes no pudieron comprar en su día, quedarían obligados a recomprar la suya al propietario anterior.  

Imagina que al Estado le pareciera bien que los titulares originales de las licencias de la sanidad y la educación las revendieran después por mucho más dinero, porque lo entendieran como una forma lícita de “ahorro”. Para retribuir esos ahorros cada vez más caros, la sociedad esperaría que las cohortes que vinieran detrás tuvieran que hacer más esfuerzo que la anterior para acceder a los mismos servicios. Por ejemplo, si en 1980 se pagaba un piso en 15 años, en 2020 habría que hipotecarse durante 30 o 35.

Imagina que, llegado un punto, los propietarios de las licencias decidieran que ya no quieren venderlas. Sale mucho más rentable alquilarlas y no perder la propiedad. Y que con lo que obtienen por ese alquiler empezaran a acumular licencias de la sanidad hasta que llegase un momento en que el 30% de la población tiene que alquilar su licencia a un tercero. Y que al Estado también le pareciera bien que esos derechos se hubieran convertido en un negocio.

Imagina que, por ese camino, una parte muy importante de las licencias de los servicios públicos hubiese acabado en manos de fondos de inversión extranjeros, que vendrían a España a comprar licencias de la sanidad y la educación a cualquier precio, porque saben que los españoles no podemos prescindir de esos servicios, así que tendremos que acabar pagando lo que nos pidan.

Imagina que, pese a todo esto, los impuestos que sostienen los hospitales, con los que se paga el sueldo de los profesores y los investigadores, se siguieran pagando con los impuestos de todos los contribuyentes, tanto si tienen licencia para acceder a ellos, como si no. De manera que todos los arrendatarios de las licencias sanitarias pagarían impuestos por unos servicios a los que en realidad no podrían acceder, salvo pagando, además, un alquiler. Por el contrario, habría un montón de fondos extranjeros que no pagan impuestos en España, pero que cobran dinero a los usuarios por acceder a nuestros servicios públicos.

¿Te imaginas cómo sería ese país? 

Si no tienes mucha imaginación, no pasa nada. Porque esto no es ningún juego. Es exactamente lo que está pasando hoy en España. 

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes, como el alcantarillado, el saneamiento, los suministros de agua, de electricidad, de telefonía y de Internet; las vías públicas, las carreteras, el alumbrado y el transporte público; la seguridad, los bomberos y los servicios de emergencias; los hospitales, los colegios, las universidades, las bibliotecas y los centros de salud; la limpieza viaria, la recogida de basuras, el control de plagas, los parques y jardines, los mercados municipales y las infraestructuras deportivas y culturales. 

Por esta razón las viviendas se revalorizan aunque sus propietarios no las toquen, aunque permanezcan cerradas. Cuando el Estado construye una estación de Metro, o mejora el alcantarillado o la seguridad de un barrio, cuando se abre una nueva universidad o un colegio mejora la calidad de la educación, la vivienda sube y los titulares de esas licencias ven incrementado su valor. De la misma manera, un inmueble que no tiene licencia, como los que se construyeron en Seseña en 2008, no es una vivienda y para eso no hay mercado. Simplemente porque carece del título que te habilita para acceder a la infraestructura urbana.

Esta es la razón por la que el urbanismo en todos los países de Occidente es potestad de los Estados, sin excepción. Ni en el país más liberal del mundo existe una ciudad regida por el “mercado”. No se trata de una ambición regulacionista, es que no podría ser de otra manera. Solo en los lugares donde no hay Estado –y, por tanto, no hay infraestructuras– como en los arrabales de Lagos y en las chabolas de Bombai puede existir un mercado de la vivienda “libre”.

Dicho de otra manera, las licencias de vivienda no son “bienes de mercado” como si fueran pomelos o camisas de Zara: son derechos de uso que los estados otorgan sobre sus propios activos, son el “capital” de un país, o su accionariado. Como las acciones de una empresa, suben o bajan en función de lo que “mejore” ese país.

Los precios de la vivienda han subido durante décadas (con la única excepción de los años posteriores a la crisis de 2008) porque España no ha dejado de invertir en servicios públicos y en bienes comunes. De manera que hoy las ciudades españolas valen más que hace 50 años. Y las “acciones” de esas ciudades, que son las viviendas, capturan ese valor.

Solo desde este lugar se entiende hasta qué punto el rentismo es una nueva forma de feudalismo. Y es que los impuestos que financian todas esas infraestructuras –el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades– se pagan entre los habitantes y el IBI —el único impuesto que grava directamente la propiedad inmobiliaria— no llega al 4,75% de toda la recaudación pública. Es decir: subvencionamos colectivamente la revalorización de un activo del que solo se benefician algunos.

Y a continuación se desvela el auténtico disparate del rentismo: Estamos consintiendo que unos cuantos fondos extranjeros compren esas licencias que dan acceso a nuestros propios servicios públicos y le cobren a las familias arrendatarias un alquiler por acceder a ellos.

¿De quién debe ser la propiedad de los bienes comunes? ¿De todos, o de unos pocos? ¿Tiene sentido que le vendamos la propiedad del país a unos fondos extranjeros? ¿Puede haber una democracia donde no todos somos propietarios por igual de nuestro propio país?

Cuando hablamos de un “problema de la vivienda” lo que tenemos entre manos no es un problema habitacional. Es un conflicto por el reparto de esas acciones del país, por su capital colectivo. 

En el cajón en el que guardo los recuerdos que me hacen sentir afortunada hay un lugar especial para la memoria de Pedro Zerolo.

Zerolo era —ha pasado tanto tiempo que quizá conviene recordarlo— uno de los principales activistas del movimiento LGTBIQ+ en España. Fue una figura clave, imprescindible, durante los años en los que se fraguó la modificación del Código Civil que permitió el matrimonio igualitario.

Yo tenía entonces veinte años. Pero el Madrid de los 2000, el del “No a la guerra”, era tal hervidero de activismos que era frecuente que coincidieran en la misma reunión, o en el mismo bar, estudiantes universitarios y dirigentes políticos de primera línea. En alguno de esos encuentros conocí a Pedro Zerolo y a quienes, junto a él, empujaban el cambio: Carla Antonelli, Boti García Rodrigo y Beatriz Gimeno, entre muchas otras. También otras políticas que habían hecho de esa causa su prioridad, como Leire Pajín o Inés Sabanés.

Era un tiempo de optimismo. Pero aquel grupo de militantes LGTBIQ+ se llevaba la palma. Había en ellas una energía casi desconcertante. Costaba entender de dónde salía ese entusiasmo en personas que habían atravesado algunos de los episodios más duros de nuestra historia reciente: salir del armario en la España del siglo XX —muchas veces en plena dictadura—, transicionar en las condiciones más difíciles. Vivir una vida proscrita, al margen de cualquier reconocimiento legal o social. Y no tener horizonte de que aquello fuera a cambiar.

En 2005, España fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, solo después de Países Bajos (2001) y Bélgica (2003). No era inevitable. No estaba ganado. No era, ni de lejos, un consenso social. Hubo tremendas presiones para que la unión entre personas del mismo sexo no se llamara “matrimonio”, o para que la adopción no entrase en la ley. Nada estaba garantizado: fue una conquista política extraordinaria. Hoy, cuando vemos a dos adolescentes del mismo género besarse por la calle con naturalidad, es fácil olvidar hasta qué punto esa escena era impensable hace apenas dos décadas. ¿Cuánto más ancha es nuestra vida hoy —la de todos, con independencia de nuestra orientación— gracias a estas conquistas?

Observando a aquellas activistas una entendía algo importante: el optimismo no nace de un entorno favorable, al contrario. Nace de haber hecho cosas muy difíciles. De haber comprobado que se pueden hacer. De saber, por experiencia, que aún quedan más.

Pedro Zerolo murió en Madrid el 9 de junio de 2015, dieciocho meses después de ser diagnosticado con un cáncer de páncreas frente al que, entonces, no había nada que hacer. Y, aunque nadie tiene por qué hacerlo, no deja de ser emocionante la manera en que siguió irradiando el mismo optimismo y la misma confianza en la sociedad hasta el último momento.

Estos días he vuelto a pensar en él al leer las noticias. En San Diego, California, ha tenido lugar la conferencia anual de la Asociación Americana de Investigación sobre el Cáncer y se han presentado los resultados de dos líneas de investigación distintas que apuntan en una dirección que hasta hace muy poco parecía inalcanzable.

Una de ellas explora una vacuna personalizada basada en ARN mensajero (mRNA), diseñada para entrenar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células tumorales específicas de cada paciente. En bastantes casos, los resultados muestran respuestas inmunológicas intensas y una reducción significativa del riesgo de recaída. En el otro ensayo un fármaco de nueva generación ha logrado prolongar la supervivencia de prácticamente todos los pacientes con tumores particularmente agresivos, abriendo una vía terapéutica donde hasta ahora apenas había opciones.

Son unas noticias extraordinarias en un ámbito donde hasta antes de ayer casi no había esperanza. El cáncer de páncreas sigue siendo hoy uno de los tumores con peor pronóstico: la tasa de supervivencia a cinco años se mantiene en torno al 10%, en gran parte porque suele detectarse tarde y responde mal a los tratamientos convencionales. Durante décadas, los avances han sido lentos, casi desesperantemente marginales, y las opciones terapéuticas apenas han cambiado la historia natural de la enfermedad.

Los resultados no son definitivos, pero tienen a los oncólogos revolucionados. Los cánceres más difíciles están empezando a ceder. Y eso, para quienes recuerdan lo que significaba un diagnóstico como el de Zerolo hace apenas una década, es ya un cambio de mundo.

Y yo no puedo evitar pensar que hay algo profundamente común entre esos científicos y Pedro Zerolo. Todos ellos, en algún momento, decidieron enfrentarse a algo que parecía imposible. Que parecía inamovible. A lo que muchos daban por perdido. Y lo consiguieron. Y si cada día vivimos en una sociedad mejor es gracias a ellos.

El progreso funciona así. No nace de lo sencillo, sino de lo improbable. De quienes se empeñan, una y otra vez, en hacer lo que parece que no se puede hacer. Igual en lugar –o además– de ser socialistas, o comunistas, deberíamos hacernos todos zerolistas.

La razón por la que no hemos sabido resolver el problema de la vivienda no es que no haya suelo. La razón por la que seguimos embarrados con este tema no es que no funcione construir. Tampoco es que hayan venido más inmigrantes. Ni que haya mucha burocracia.

La razón por la que no hemos resuelto el problema de la vivienda es que no sabemos en qué consiste exactamente ese problema. O mejor, que no nos ponemos de acuerdo sobre ello.

¿El problema es que hay gente que no tiene donde vivir? ¿O es que es muy caro vivir de alquiler? ¿Si el alquiler fuera más barato estaría justificado que una parte de la población no tuviera una casa en propiedad? ¿Qué parte de la población? ¿Y si esa vivienda fuera pública, estaría justificado? ¿Es siquiera posible construir vivienda pública para toda esa gente? ¿En cuántos años? ¿Y privada? ¿Cuánto debería costar una vivienda? ¿Cuánto debería rentar venderla? ¿Cómo ahorrarían quienes no accedan a la propiedad?

En España hay 27 millones de viviendas. 18,5 millones son la residencia principal de un número similar de familias. El 70% de ellas tiene su casa en propiedad, pero solo el 25% está pagando todavía la hipoteca. De esas, el 17% percibe ingresos de arrendar una segunda vivienda (o tercera, o cuarta, o quinta) vivienda a otro 30% de familias que vive de alquiler. 

De manera que la cosa es tan endiablada como esta: la sociedad española está partida por la mitad, entre quienes tienen la casa pagada y quienes siguen dedicando una parte de sus ingresos a pagar por algún tipo de tenencia de vivienda. De estos, más de la mitad vive de alquiler y esa cifra no deja de crecer. Mientras tanto, el 64% de lo que todos los españoles consideran su “patrimonio” son activos inmobiliarios y las familias que tienen casa en propiedad son, de media, cinco veces más ricas que las que viven de alquiler. 

Como consecuencia, hay una parte de la sociedad que entiende que está bien que algunas familias sean arrendadoras y perciban unos ingresos por ello, otros, la inmensa mayoría, quiere que las viviendas se sigan revalorizando porque les va en ello sus propios “ahorros”, mientras que un último grupo, cada vez más numeroso, necesita un ticket de entrada a ese sistema para poder subirse al carro de la sociedad.

Pero esas tres cosas son incompatibles, irreductibles, imposibles de solucionar sin un acuerdo. Porque para que esos ahorros se materialicen en una venta, alguien tiene que comprar. Y el precio de esa compra depende de que los alquileres sigan subiendo y de que las generaciones sucesivas dediquen cada vez un porcentaje más alto de sus ingresos de toda la vida a pagar su vivienda principal. 

La vivienda no es “un tema”. Es, junto con el trabajo y las pensiones, el tercer pilar del modelo económico y social en el que llevamos viviendo 50 años. Es el vehículo que permitía a los trabajadores ahorrar y construir un patrimonio que les ofrecía seguridad, pertenencia y arraigo. Y se está desmoronando.

Los partidos políticos actuales, en un gesto disfuncional terrible, en lugar de enfrentarse al que es el primer problema no solo de la sociedad española, sino de la occidental; en lugar de liderar al país hacia un nuevo consenso, meten la cabeza bajo tierra como un avestruz. Comienza entonces el baile de medidas que parecen querer hacer algo, pero que no alcanzan siquiera a apuntar cuál sería la solución al problema. Esta semana ha tocado el turno de un nuevo plan de vivienda del Gobierno. 

El plan propone invertir en tres cosas contradictorias: La primera, construir vivienda pública, para lo cual prevé una dotación para los próximos cuatro años de 7.000 millones de euros entre la dotación del Estado y la que se les exigirá a las comunidades autónomas. Vamos a imaginar que se usan íntegramente para construir viviendas por debajo del precio del mercado de la construcción, a 1.000 €/m2. Resultan 82.000 viviendas en 4 años (que se entregarían, previsiblemente, en algunos más), esto es, el 0,4% del parque actual de vivienda. Mientras tanto, resulta que según los mismos datos del Banco de España, en dos años entre 2022 y 2024 los hogares que viven de alquiler aumentaron en 225.000. De manera que la vivienda pública en alquiler que promete hacer el gobierno con este plan no compensa ni la cuarta parte de las familias que cada año se ven abocadas a los alquileres abusivos que produce el sistema actual.

Y si el modelo de este gobierno es el del alquiler de vivienda pública, alguien podría decir que es un primer paso. Lo inexplicable es que en lugar de dedicar el total de la financiación a esa función, a renglón seguido, en el mismo programa, nos encontremos con dos medidas que, en lugar de avanzar en la línea de construir más vivienda pública, parecen reforzar la idea de que el alquiler privado es una buena opción: una que promete ayudas a “jóvenes” arrendatarios, otra para rehabilitación y hasta nuevas ayudas para arrendatarios que alquilen con un precio “asequible”. Y todo esto mientras no toca ni una coma de las escandalosas deducciones fiscales a los arrendadores que hace que la vivienda sea un producto de inversión más rentable que ninguna de las actividades que producen crecimiento y riqueza.   

Y dice la ministra que este plan representa “el triple del anterior”. Mire, señora ministra, el triple de cero –resultados– sigue siendo cero. 

Para pasmo general, el centroderecha, que prácticamente inventó la idea de la vivienda en propiedad como forma de parar las ambiciones comunitaristas de los partidos de la izquierda en los años 60 y 70, ha abandonado su propia columna vertebral ideológica para echarse en manos de los –aún pocos– arrendatarios.

La realidad es que los partidos políticos –con el PSOE a la cabeza, pero seguido muy de cerca por todos los demás– están atrapados en el mismo sitio: entre grupos distintos de votantes con intereses legítimos, pero contrapuestos.

Y la solución a este problema, mucho antes que construir, rehabilitar o limitar precios, pasa por algo mucho más incómodo: por ponerse delante de la ciudadanía y decir la verdad. Decir que no es posible, al mismo tiempo, que la vivienda siga revalorizándose como activo de ahorro, que los alquileres bajen de forma sostenida y que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en condiciones similares a las que tuvieron sus padres. Y que tenemos que llegar a otro acuerdo. Y decir qué es lo que propone cada partido para ese consenso: ¿Que todos seamos propietarios, o que solo lo sean unos cuantos? 

Hasta que no hagamos esa elección de forma explícita, el sistema seguirá exactamente donde está: aplazando forzosamente un conflicto que ya no admite más dilación.

¿Sería mejor que el mundo se transforme o que se quede como está? Si hubiéramos hecho esta pregunta en una asamblea de la UGT, del PSOE, de CCOO o de Izquierda Unida hace 40 años la respuesta hubiera sido unánime.

Cuando yo era chiquitita, la izquierda era sinónimo de cambio. Mis padres y todos sus amigos siempre estaban construyendo algo: un barrio, un sindicato, una asociación, una cooperativa. Hasta los trabajadores hablaban de la estrategia y del devenir de las empresas como si fueran suyas.

Hoy, en cambio, una parte de la izquierda del mundo occidental se ha vuelto reticente a construir. Se trata de un fenómeno que recibe el nombre de “Nimbyism” (por las siglas de “Not In My Back Yard”, es decir, “no en mi patio trasero”) y que comenzó a describirse en Estados Unidos hace una década. Hoy se ha vuelto global y llama a nuestra puerta.

Podemos, por ejemplo, lleva mucho tiempo siendo un partido NIMBY que se opone a construir vivienda y ha votado en varias ocasiones en contra de dar todo el impulso necesario a las energías renovables. Quizás por influencia de Irene Montero, esta semana Gabriel Rufián se ha subido al carro y ha afirmado que “la solución no es crear más viviendas, porque el especulador acumula y eso lo tiene que decir la izquierda de forma clara”. 

¿Cómo se ha producido este viaje? ¿Qué está impulsando este movimiento al proteccionismo de las opciones tradicionalmente progresistas?

De entre todas las confusiones que contaminan el debate sobre la vivienda, la más perniciosa es la que pretende que las casas son un bien de mercado, como los cañones o la mantequilla. 

Nada más lejos de la realidad. No podrían serlo. La condición de posibilidad para que exista un mercado de bienes es que puedan existir una oferta y una demanda libres. Y en este caso no se cumple.

Las licencias de vivienda son un monopolio del Estado, que es quien determina dónde, cuándo y cuánto se puede construir. No solo esto, sino que también es el Estado el que ordena la demanda: es el que decide donde se instalarán los polos industriales, los parques tecnológicos, las universidades, los hospitales y las grandes infraestructuras en torno a las cuales la población necesita –no elige– vivir. 

Más aún: a través de la aplicación de incentivos o cargas fiscales, los estados también controlan los precios del parque inmobiliario. 

De manera que la vivienda no es un bien de mercado. Si queremos un símil, hay uno mucho mejor: las acciones de una empresa.

Igual que las licencias de vivienda, las acciones de una empresa no son un bien, sino un título de propiedad. En ambos casos existe un único emisor que controla la oferta y, en gran medida, la demanda y el precio también. Y el valor de ambos títulos está ligado a la entidad que tienen detrás: bien la empresa o el país en cuestión.  

Esto no es ninguna casualidad: se diseñó así. Distribuir la propiedad de los países mediante la vivienda en propiedad fue uno de los pilares del proyecto del Estado del Bienestar del siglo XX. La vivienda resultaba la inversión perfecta para que los estados repartieran entre sus ciudadanos los dividendos que, en última instancia, generaban sus propias inversiones en infraestructura urbana.

Tanto es así que era muy habitual que los políticos se refirieran a la creación masiva de inmuebles como un reparto de las “participaciones” en un país: como un vehículo de inversión en la sociedad misma.

Por esta razón el problema de la vivienda no es habitacional, sino de reparto de la riqueza, se trata de la distribución del capital y de las inversiones de un país.

Y la brutal crisis que vivimos tiene una explicación muy sencilla:

En Europa, el 83% del parque se construyó antes de 1996. En particular, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX se construyeron el 54% de los inmuebles que hay en la actualidad. En otras palabras: el 83% de las acciones de la Unión Europea se emitieron antes del cambio de siglo. 

Como en cualquier empresa, esos accionistas originales no tienen incentivos para que se emitan más participaciones porque eso reduciría el valor de las suyas (se diluirían, como se dice en el argot financiero). Al contrario: si el país sigue creciendo sin que aumente el número de acciones (de licencias), estás valdrán más de forma automática, sin que su dueño tenga que hacer nada por mejorarla.

Por la misma razón, los propietarios del suelo tampoco tienen incentivos para edificar. Porque construir les obliga, tarde o temprano, a vender y cerrar una posición que, de mantenerse abierta, seguiría generando valor de forma indefinida y sin esfuerzo alguno. El suelo sin edificar es, en este sentido, la acción perfecta: no da trabajo, no paga impuestos y se revaloriza sola.

Si los gobiernos hoy han perdido cualquier interés en desarrollar más de nada, y la urbanización de nuevos terrenos se ha vuelto un vía crucis que puede llevar décadas, no es como se suele decir, porque exista mucha burocracia. La burocracia es la misma para todo y otros temas avanzan mucho más rápido en la administración. Es que se han vuelto NYMBYs. Es que esos “accionistas” son una masa inmensa y muy influyente de votantes cuyo interés cae del lado de cobrar dividendos, no de emitir más acciones.

Al contrario, para solucionar el problema de la vivienda hace falta construir. No solo en los ínfimos suelos que están urbanizados pero pendientes de construir y bloqueados por los promotores en espera de que se sigan revalorizando. Hay que densificar las ciudades, como ha propuesto recientemente Salvador Illa. Cambiar los barrios, aprovechar para hacer una necesaria rehabilitación energética de los edificios y para instalar más energías renovables. Por supuesto que también hay que poner coto a la especulación -por ejemplo, prohibiendo la compra por extranjeros de acciones de tu propio país. Pero el mensaje que es necesario lanzar para que baje el precio de las “acciones” solo puede ser uno: y es que este país siempre va a estar comprometido con que todas las generaciones accedan al capital común en las mismas condiciones. 

Todo lo demás, es NIMBYsm.

Yo no sé por qué tenemos esta manía de pensar que Trump nunca cumple sus promesas. El martes, sin ir más lejos, prometió que destruiría una civilización para que no regresara jamás y lo hizo: la civilización occidental hoy está muerta. No va a recuperarse de los golpes mortales que le ha ido infligiendo, con machacona insistencia, el establishment político y económico de los Estados Unidos. 

Digo el establishment porque ya es hora de que hablemos de las cosas por lo que son. Trump es una persona. No es todopoderoso. Existen en la constitución americana mecanismos suficientes para sacar a un demente de la presidencia del gobierno. Los militares que, para sorpresa de nadie, tienen más arrestos que los CEO del Nasdaq, le montaron una algarada el domingo que acabó con doce inspectores generales despedidos por no doblegarse al disparate al que nos quería conducir. No tengo ninguna duda de que, si no ha habido más ataques indiscriminados, es porque la resistencia que se está encontrando en el Ejército es feroz. 

Tampoco es que no tenga oposición interna. El presidente de la Reserva Federal hace meses que le planta cara y el martes varios líderes MAGA muy relevantes pidieron a las fuerzas armadas que desobedecieran sus órdenes ilegales y que el presidente fuera relegado del cargo. 

Pero ningún congresista republicano se sumó a la iniciativa. Ni tampoco abrieron el boquino los empresarios cuyos intereses se verán perjudicados por la previsible escasez de gas y petróleo que el cierre del estrecho de Ormuz va a producir. Al contrario, el runrun que recorre los mentideros del dinero americano es que la crisis de suministro que amenaza con producir hambrunas en Asia y África por falta de fertilizantes a EE.UU. le va a venir bien, porque el país es exportador neto de crudo. Así que el martes, en mitad de las amenazas de guerra nuclear y crímenes de guerra, la bolsa americana dormía plácidamente: plana, inmutable.

Lo que estamos viviendo es el último episodio de una larga serie en la que el establishment económico americano —y, en parte, también global— se ha ido convenciendo de que eso de ser el guardián —militar, monetario, diplomático— del mundo, a EE.UU. no le renta. Y cada vez son más las voces que sostienen que es insostenible: que la deuda pública se ha disparado hasta niveles históricos para financiar ese papel, que mantener el orden global exige un gasto militar y diplomático desproporcionado y que, en última instancia, son otros países los que se benefician de ese esfuerzo. 

Trump es el poster child de ese consenso que se ha ido fraguando. Los aranceles, esa idea –sin sentido– de que el estado de las balanzas comerciales es una especie de deuda que unos países tienen con otros o el empeño en que los países europeos aumenten su gasto militar para “pagar su parte” de la OTAN son las manifestaciones de esa voz interna que no deja de gritar que EEUU se ha cansado de liderar el mundo.

Por eso el establishment de EE.UU. ha decidido que Trump le conviene. Con que las bolsas sigan subiendo y los impuestos sigan bajando, ya puede arder Roma. 

Los demócratas, por desgracia, tampoco se han vacunado contra ese virus. Y ahora que anticipan que el partido republicano va a implosionar, quizá para siempre, han decidido que es mucho mejor tener perfil bajo y esperar a ver pasar el ataúd con el cadáver de su adversario.

Con estas mimbres, lo más probable es que el próximo gobierno de EE.UU. mantenga esta tendencia al repliegue internacional. Que sea, como ha ocurrido en el Reino Unido después de Boris Johnson, una cosa blanda, mediopensionista, que no se atreverá a enfrentar las causas reales de los problemas del país y arrastrará años de conflictos, incapaz de crear una nueva promesa para Occidente. 

Estados Unidos es un imperio fallido. Trump pasará. Pero las tendencias sociales y políticas que lo han traído hasta aquí –el fracaso estrepitoso de su modelo social, la quiebra del “sueño americano”, el declive de su industria, la frustración de la población y la percepción de decadencia– son incompatibles con el liderazgo de la economía y la política global.

No tengo ninguna duda de que, en la próxima década, las universidades americanas dejarán de liderar la investigación, su diplomacia empezará a ser recibida con resignación en las embajadas, la cooperación internacional se reorganizará y Europa tendrá su propia estrategia militar y de seguridad. La “inteligencia artificial” será la última de las innovaciones que nacerá en suelo americano. Sin rumbo, las estructuras que habían ordenado nuestro mundo durante los últimos 75 años se irán desmoronando.  

La civilización que está muriendo es la nuestra: la occidental. Y es muy probable que tenga todo el sentido que sea así, porque ya no estamos en un mundo unipolar donde un solo actor hace y deshace.

Ocurre que los momentos en los que se deshace un orden son también los únicos en los que puede construirse otro. Y eso abre espacios para nuevas alianzas que antes eran impensables. Ahí están ya, emergiendo, esas “coaliciones de los dispuestos”: acuerdos entre países que comparten valores y objetivos, más allá de la geografía y de los viejos bloques. O la posibilidad —hoy remota, pero por primera vez imaginable— de corregir errores históricos como el Brexit y reconstruir una Europa más coherente y más fuerte.

Me tacharán de optimista, pero ¿y si esto no fuera un drama, sino una oportunidad? 

Adam Smith nació, en el año 1723, en el corazón de una pregunta: ¿Cómo se organiza una sociedad de extraños? 

Kirkcaldy era un pueblito minúsculo en la costa del Mar del Norte. A pocos kilómetros, en la orilla opuesta del fiordo de Forth, Edimburgo se estaba convirtiendo en una suerte de improvisada ciudad de los rascacielos. Encaramada en un risco diminuto sin espacio físico para crecer, la capital se había visto arrasada por sucesivas oleadas migratorias que habían duplicado su población a una velocidad vertiginosa. Sin otra posibilidad, los recién llegados habían ido convirtiendo la urbe en un experimento chiflado de chabolismo vertical: sobre los antiguos edificios medievales habían ido levantando planta tras planta hasta alcanzar las diez, doce, incluso catorce alturas a base de precarias estructuras de madera. 

Para cuando Smith tuvo edad de comprender lo que estaba ocurriendo, cerca de 60.000 personas se hacinaban en medio kilómetro cuadrado —algo así como cinco veces la densidad de una ciudad moderna— y aquellas estructuras habían empezado a ceder. Los muros se arqueaban, los cimientos se desplazaban, y no era raro que inmuebles enteros se vinieran abajo de la noche a la mañana.

Como los edificios de la Royal Mile, también las estructuras que ordenaban la sociedad escocesa de finales del siglo XVIII empezaban a resquebrajarse bajo la presión de la urbanización y la industrialización. Y es que en aquellos años en el sur de Escocia se estaba fraguando la transformación de la experiencia humana más importante –y más infravalorada– de la historia reciente. 

En 1750 había, quizá, cinco o seis ciudades de más de 100.000 habitantes en Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Madrid. Fuera de ellas, la práctica totalidad de la población del mundo aún vivía, como habían hecho sus antepasados durante milenios, en grupos tan pequeños que era posible tener un conocimiento íntimo de todos los vecinos. 

En esas comunidades, cada persona sabía no solo quién era quién, sino también quiénes habían sido sus padres y sus abuelos y cuántas veces su estirpe había estado vinculada o había entrado en conflicto con otra. Todo el mundo podía juzgar por sí mismo si alguien era confiable o no, si representaba un peligro, cuál era su estatus y si valía la pena su tiempo. Donde no llegaba ese conocimiento, las iglesias habían asumido el papel de ordenante de la vida en común. Así que los mecanismos que durante milenios nos habían permitido comprender las sociedades humanas seguían, hasta finales del siglo XVIII, prácticamente intactos.

Pero entonces los terratenientes escoceses comenzaron a promover las enclosure acts, unas leyes que prohibían a los campesinos usar los pastos comunes que hasta entonces habían sido la base de su subsistencia. Privados de su forma de vida, miles de personas se vieron obligadas a desplazarse a las ciudades.

Esas ciudades empezaron a convertirse en arrabales donde todo el mundo era nuevo y desconocido. Por primera vez en la historia, los grupos humanos superaban los límites de lo que podía entenderse desde la cognición individual y no tenían ni iglesia, ni tradición a la que agarrarse para entender lo que estaba ocurriendo. Así surgió un desafío completamente inédito: ¿cómo comprender a alguien que no conoces? ¿Cómo saber si puedes confiar en otra persona sin tener una referencia directa y personal? ¿Cómo transmitir tu propio estatus o reconocer el de alguien a quien nunca has visto? 

En ese escenario, la religión ya no era capaz de contestar esas preguntas. Ni podía seguir dando forma al mundo, ni sostener el orden social. Sus preceptos —no solo su manera de entender el tiempo y el espacio, sino, sobre todo, su función como arquitectura invisible de la vida en común— comenzaban a desmoronarse.

La obsesión de Smith, como la de tantos de sus contemporáneos, era la de sustituir esas premisas: encontrar los fundamentos de la naturaleza humana y las reglas que nos gobiernan para crear un mantra universal que ordenase la sociedad que estaba naciendo.

Y es que, por más que la Historia se haya empeñado en presentarlo así, Adam Smith no era un economista. La economía ni siquiera existía en aquel momento como disciplina. Lo más cercano era la “economía política”, que se ocupaba principalmente del gasto público y de la recaudación. Y la creencia general es que era el Estado el que producía la riqueza de las naciones. Smith, sin embargo, era profesor de filosofía moral y su ambición era ofrecer un marco para orientar la conducta de sus contemporáneos. La economía, podríamos aventurar, fue el artefacto que se inventó para convencernos de que aquel manual tenía algún sentido.

Y La riqueza de las naciones no es un tratado técnico, sino algo mucho más poderoso: es una fábula. Un relato sobre esa sociedad naciente. Un mito fundacional que vino a sustituir a la religión. Como todos los mitos fundacionales, no tuvo éxito porque fuera literalmente cierto, sino porque resultó extraordinariamente eficaz. Con un libro, Smith proporcionó un andamiaje intelectual sobre el que se terminó por levantar una civilización entera. 

El relato decía algo así: la riqueza de las naciones no depende de lo que poseen, sino del trabajo que son capaces de movilizar. Pero hay algo desconcertante: en todas partes las personas trabajan, y sin embargo unas sociedades prosperan mientras otras se estancan. ¿Dónde está la diferencia?, se preguntaba Smith. Y su respuesta era tan simple como revolucionaria: en la organización del trabajo.

Un artesano, trabajando por su cuenta, podía hacer un producto al día, quizá dos. Pero en una cadena de montaje podía hacer miles. La riqueza de los países dependía de lo bien que se organizasen. Y para organizarse, requerían capital. 

De manera que hay tres formas de contribuir a la sociedad: una, mediante sacrificio, aportando el ahorro que uno podría gastar en placeres superfluos; otra, con esfuerzo, entregando tiempo y trabajo; y la tercera, a través de la capacidad de organizar, de poner en marcha estructuras que multipliquen la productividad. Los países que logren dominar estas tres dimensiones —ahorrar, trabajar y organizarse— serán los que prosperen y dejen atrás a los demás.

Este mito tenía una ventaja extraordinaria en aquel momento histórico. El esfuerzo y el sacrificio, a diferencia de la devoción religiosa o de la fe, eran contables. Las horas de trabajo, las libras invertidas o ahorradas, podían anotarse en una hoja de cálculo. De esta manera, el mito resolvía ese gran problema de la sociedad que nacía: cómo valorar a las personas más allá de los vínculos familiares, de la comunidad local y del fervor religioso. Smith ofrecía un sistema universal para medir y guiar la conducta humana, un reemplazo secular para la autoridad moral que antes residía en la iglesia y en la tradición.

Así fue como el mito de Adam Smith sustituyó a la religión punto por punto, en todas sus facetas. Había un dios —ya no en el cielo, sino en la organización del trabajo— que prometía ganancias infinitas. Había virtudes —el ahorro y el trabajo— que otorgaban el favor de ese dios. Y había un infierno: la pobreza y la exclusión, el atraso en lugar del progreso, para quienes no cumplían los preceptos. Lo que uno valía y lo que valía el resto iba a quedar para siempre registrado en una gigantesca hoja de cálculo que llamaríamos economía.

Todavía hoy, 250 años después, vivimos palabra por palabra en ese mito. Las categorías económicas que se enseñan en la universidad (el trabajo y el capital como factores de la producción, la productividad, etc.) todavía nacen de ese libro. Pero no solo. 

También le seguimos enseñando a nuestros hijos la importancia del esfuerzo. Igual que nos enseñaron nuestros padres. Hasta nos machacamos en silencio cuando sentimos que “no nos hemos esforzado lo suficiente”. Por su parte, varias de las catástrofes de la sociedad contemporánea –como la crisis de la vivienda o la burbuja de las bolsas– se explican porque seguimos convencidos de que el ahorro es una actitud virtuosa que merece una recompensa (aunque no produzca valor y aunque no corra riesgos, que eran las cosas que se suponía que hacía el ahorro en el cuento de Smith).

La crisis que atraviesa nuestra sociedad también se explica por las limitaciones de ese relato. Smith pensaba que el conocimiento era irrelevante, un subproducto de la actividad humana que no debía contarse. En varias ocasiones a lo largo del texto desprecia la contribución de los obreros que inventaban mejoras para las máquinas o de las profesiones que no contribuían a mover la cadena de montaje. Y a pesar de que el dios de su historia –la división del trabajo– es una forma muy evidente de conocimiento, ni en sus planteamientos, ni en las ecuaciones que después dieron forma a la economía de los siguientes 250 años quedó reflejada esta faceta de la actividad humana salvo como un “residuo” que no se puede contar. 

Desde entonces, todo nuestro marco moral, que después se refleja también en la arquitectura de la economía como ciencia, descansa sobre el esfuerzo e ignora sistemáticamente la esencia de la actividad de los seres humanos: el conocimiento. 

Pero resulta que hoy hemos superado esa necesidad de esfuerzo que teníamos en el inicio de la Revolución Industrial: vivimos en una era del conocimiento en la que el trabajo –en ese sentido de la aplicación de la fuerza– cada vez es menos necesario para producir valor (y menos lo será a medida que avancen las energías renovables). Y, sin embargo, carecemos de herramientas para valorarlo. 

La crisis del mundo moderno nace de esa carencia: necesitamos una nueva biblia. Nos hemos quedado sin un mito que explique el mundo y necesitamos un nuevo relato que llegue allá donde no llegó un profesor de filosofía moral del año 1776. Uno que dé sentido a este tiempo nuevo y que nos empuje hacia adelante otros 250 años.

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Aunque sus casi 1.000 páginas pueden echar a algún lector para atrás, La riqueza de las naciones es una lectura muy entretenida que se puede limitar a los tres primeros libros (unas 300 páginas). Hay una versión reducida en el dominio público aquí que se puede encontrar también en libro de bolsillo de Alianza Editorial.

Uno. Donald Trump está de salida. 

Por más que asuste su comportamiento errático y la sensación de que cada día nos despierta con una nueva amenaza más terrible que la anterior, hoy es evidente que el trumpismo, como propuesta política, ha fracasado y está de salida. 

Trump no ha conseguido consolidar una alianza estable con una base de votantes, que es el requisito de cualquier fuerza política necesita para sostenerse en el tiempo. Su apoyo electoral está en caída libre y se resiente incluso entre sus fieles. Tampoco parece que en el Partido Republicano haya mucho entusiasmo con el presidente. Este año se retiran 35 congresistas y senadores republicanos, un récord histórico.

En noviembre hay elecciones al congreso y al senado en EEUU. Hace más o menos un año que la práctica totalidad de las encuestas le dan la victoria a los demócratas (pese a que tampoco se puede decir que hayan hecho mucho por merecerlo). Y lo que es peor: su repertorio personal de medidas –como los aranceles, las deportaciones y los recortes del gasto social– se ha agotado. A Trump ya solo le queda seguir en una huida, cada vez más desesperada, hacia adelante. Su única promesa es el caos. 

En esta tesitura, lo que veremos en los próximos meses es cómo los pesos pesados del partido republicano, del ejército y de la administración le van abandonando. Él, probablemente cada vez más iracundo, se volverá todavía más irracional y, quizá, más violento. Pero es muy probable que, a medida que vaya perdiendo el apoyo del establishment, también se vaya volviendo cada vez más ineficaz en la ejecución de sus algaradas y empiece a parecer un abuelito demente. Algo de esto ya le ocurrió en la primera legislatura. 

La clave van a ser las cuentas con la justicia que les van a quedar a muchos de sus colaboradores después de este viaje. Trump se ha saltado la ley tantas veces que hemos perdido la cuenta, pero en los juzgados ha quedado un rastro que ahora tendrá que ir exigiendo responsabilidades. Quienes estén en peligro de acabar en el trullo tendrán muchos incentivos para intentar que Trump siga en el poder, mientras que quienes se hayan quedado al margen de sus tropelías tendrán interés en no pringarse en el último minuto. 

Dos. La burbuja de la IA ya ha pinchado.

Por más que no se haya contado así, los números hablan por sí solos. Las bolsas americanas llevan meses planas o en caída. El NASDAQ acumula pérdidas del 10% desde octubre, mientras que el S&P 500 cede un 11% desde sus máximos de enero. En otro contexto, estas cifras serían explicables. Pero lo verdaderamente desconcertante es el contexto en el que se producen: no en medio de una recesión, ni de un escándalo corporativo, sino justo cuando las grandes tecnológicas están publicando los mejores resultados de su historia.

El caso de NVIDIA es paradigmático — y quizás el más revelador de todos. La compañía, cuya capitalización de mercado supera ya el PIB del Reino Unido, se ha convertido en el símbolo por excelencia de la fiebre inversora en inteligencia artificial. Sus chips son la columna vertebral sobre la que se construye toda la infraestructura de la IA moderna, desde los modelos de OpenAI hasta los centros de datos de Microsoft, Google y Amazon.

Las dos últimas veces que NVIDIA presentó resultados, las cifras fueron, sencillamente, de otro planeta. En su último trimestre, la compañía reportó unos ingresos de 39.300 millones de dólares — un crecimiento interanual del 78% — y un beneficio neto que casi triplicó al del mismo periodo del año anterior. Su división de centros de datos, el motor que alimenta la demanda de IA, ingresó sola más de 35.000 millones de dólares en un único trimestre. Son unos números que habrían parecido ciencia ficción hace apenas tres años.

Y sin embargo, las dos veces, sus acciones cayeron a continuación.

Para estupor de cualquiera, esta combinación de unos resultados extraordinarios seguidos de una caída del precio de las acciones se ha convertido en la tónica general de la bolsa americana: le ha ocurrido igual a Oracle, Microsoft o Meta, entre otros. ¿Cómo puede ser? 

Cuando unos resultados extraordinarios ya no son suficientes para sostener el precio de una acción, es porque están perdiendo fuerza por alguna parte. La burbuja de la IA ya ha pinchado, solo que no ha sido una ruptura de aguas violenta y súbita, sino una fisura de las que provocan que una parturienta vaya perdiendo, a lo largo de un periodo de tiempo, líquido amniótico. Una parte de los inversores está saliendo –“rotando”, en el argot–, de las inversiones en IA pese a que los extraordinarios resultados siguen atrayendo a otros inversores más incautos. Dará igual. Por más que la sigan inflando, no dejará de perder volumen. El mundo está de parto. Y lo que sentimos son las contracciones.

Tres. El emperador estaba desnudo. 

Cuando se desinfle el soufflé de la burbuja, descubriremos que eso que hemos llamado “inteligencia artificial” se parece mucho más al email que al ferrocarril. Es un software, un protocolo, una forma de conocimiento que puede replicarse y emplearse de forma universal — por infinitas personas a la vez, sin que compitan entre sí por su uso. Y precisamente por eso, aunque cumpla su promesa de aumentar exponencialmente la productividad — como lo hizo el e-mail —, nunca podrá generar el tipo de crecimiento que produjo el ferrocarril. Porque este último era un bien escaso que se podía intercambiar en régimen cuasi monopolístico y la IA no lo es. 

Alguien recordará, entonces, algo que es una evidencia de la teoría económica. Y es que la productividad, por sí sola, no produce crecimiento. Da igual cuán productivo sea uno, si no tiene a quien venderle el resultado de su producción. Para crear crecimiento hace falta vender. O lo que es lo mismo, tener algo que los demás quieran y a lo que no puedan acceder, salvo comprándolo.  

Cuatro. La música está a punto de terminarse. 

Después de tres años y medio de inflar el globo, en los próximos meses llegará la hora de la verdad: las salidas a bolsa de las grandes empresas de la IA. SpaceX (la fábrica de cohetes de Elon Musk, que se fusionó con el antiguo Twitter reconvertido en xAI al olor de la sardina), pretende salir al parque con una valoración de 1.75 billones de dólares. OpenAI y Anthropic, las otras dos grandes “startups” del sector que aún no cotizan, esperan ser valoradas, en conjunto, en 1,25 billones más. 

Nunca, en la historia, se había producido una salida a bolsa tan inmensa. Para cubrir el 25% de esas valoraciones, harían falta 1,2 billones de dólares. El consenso de los analistas (no conozco ni una sola voz en contra) es que no existe en el mundo suficiente liquidez (o sea, suficiente dinero) para comprar las nuevas acciones de estas empresas sin que se desplome la cotización del resto. 

Por comparar, en 2025 “1.293 salidas a bolsa recaudaron 171.800 millones de dólares a nivel mundial” y eso ya representaba un aumento del 40% respecto a 2024. Esto es, el año pasado, las salidas a bolsa no llegaron al 15% de lo que sería necesario para sacar adelante estas operaciones.

Las cifras son tan mareantes, ese mundo está tan borracho de expectativas, que cada vez cuesta más tomárselo en serio. Resulta imposible distinguirlo de la trayectoria pirada de un ludópata. 

En todo caso, a falta de un milagro, lo que va a ocurrir es que alguna de esas IPOs no va a llegar a buen puerto. Quizá ninguna de las tres. 

Cinco. Es la madre de todas las burbujas

Cuando alguna de las grandes IPOs del sector fracase –si no antes, por ejemplo, cuando alguien se dedique a mirar seriamente los números de OpenAI– resultará evidente que toda esta deriva que lleva empujando a las empresas tecnológicas desde 2020 ha sido una monstruosa burbuja que ha ido avanzando de hype en hype (la realidad virtual, el metaverso, las criptomonedas, los coches autónomos y un largo etcétera) hasta hoy. Y terminará de explotar.

Y si nos paramos a observar con detenimiento, descubriremos que este no es un fenómeno aislado, sino que es el tercer acto de una única burbuja que lleva hinchándose 25 años. Comenzó en 2000, cuando la Reserva Federal americana respondió al colapso de las puntocom tirando los tipos de interés e inundando el mundo de dinero barato. Siguió en 2008, cuando a las tensiones en la deuda soberana los bancos centrales contestaron que harían “whatever it takes” para proteger la estabilidad financiera de sus países. Otra montaña de liquidez. Y continuó con nuevos estímulos monetarios y económicos en el COVID y después durante la invasión de Ucrania. 

Llevamos un cuarto de siglo insuflando oxígeno al cadáver de una economía que hace mucho tiempo que no respira y que no conseguimos reanimar.

Y una idea para la esperanza: no es el fin del mundo (es el principio).

Me doy cuenta de que todas estas noticias marean. Y que a veces dan un miedo y una sensación de pérdida de control horrible. 

La manera de no perder el norte es darse cuenta de que este aparente colapso de todo lo que nos rodea es un espejismo. Lo que está quebrando no es la sociedad. Lo que tiembla es un proyecto económico concreto en el que hemos vivido los últimos 25 años y que no ha funcionado.

Nuestro tiempo es heredero de los consensos que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una generación de occidentales se propuso encarar la reconstrucción de un mundo devastado con una tarea adicional: incluir a la mayoría de la población en los dividendos del progreso. Fueron unos años extraordinarios; los mejores de la humanidad –hasta aquel momento. Al final de aquel ciclo, en las últimas décadas del siglo, el mundo necesitó un nuevo desafío y se propuso crear una “sociedad del conocimiento” para el siglo XXI. 

Es una parte de ese experimento, ese de la “economía del conocimiento”, el que se está resquebrajando. Por una razón muy simple: era un oxímoron; economía y conocimiento son dos conceptos antagónicos, irreconciliables. La economía es la gestión de los bienes escasos y el conocimiento es nuestro bien abundante por definición. 

De manera que, en el siglo XXI, a medida que el conocimiento ha ido avanzando, la economía ha ido retrocediendo. Ocurrió con la música, con las películas, con la información, con las tiendas físicas, con las oficinas bancarias, con decenas de profesiones y sectores profesionales. A medida que el conocimiento humano ha ido creciendo de la mano de las primeras generaciones que fueron a la universidad y de Internet, ha ido sustituyendo partes inmensas del sistema económico que nos había sostenido en el siglo XX. 

Hoy vemos el ejemplo más brutal en la inteligencia artificial: una forma de conocimiento que amenaza con acabar con millones de puestos de trabajo.

Pero, ¿es esto de verdad una amenaza? ¿No fue siempre el objetivo final? ¿No era esto con lo que soñábamos? ¿Con liberarnos de la esclavitud de la escasez y del trabajo? 

Mientras tanto, las cosas que son relevantes para la vida humana, los indicadores que, dentro de 50 años, dirán si nuestro tiempo fue de progreso o de regresión, siguen marchando viento en popa. La ciencia sigue avanzando a paso de gigante en la curación del cáncer, del párkinson y del alzhéimer. Cada vez somos capaces de producir más con menos y, como resultado, seguimos acabando –aunque seguro que podríamos ir mucho más deprisa– con la pobreza y la mortalidad infantil. En estos últimos años tenemos otra razón para ser optimistas: el progreso alucinante de las energías renovables nos permite soñar con un mundo limpio de combustibles fósiles donde la energía es abundante.

No es lo importante de la realidad lo que se tambalea: son nuestras creencias. Es el fin de un ciclo ideológico, de un sistema, que se lleva agotando desde hace 25 años y está en su fase agónica, en su último estertor, produciendo una tragedia detrás de otra.

Lo que se está viniendo abajo son las normas del mundo antiguo. Pero si somos capaces de entenderlo de esa manera y mantenernos unidos, serenos y orientados, como hicimos durante la crisis del COVID, o durante la invasión de Ucrania, o durante la Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa hace 75 años, encontraremos que nunca fuimos más capaces de superar las dificultades que tenemos por delante que ahora.

Somos una sociedad de sabios. Hemos construido los acuerdos políticos que nos han permitido vivir en paz. Y podemos construir otros. Tenemos la inteligencia y la capacidad para salir adelante y encontrar soluciones a los problemas que nos vamos a encontrar. Por más salvaje que sea la crisis que está por venir; por más bandazos que sigan dando los sátrapas en EEUU, en Israel o en Rusia: si nos lo proponemos y le dedicamos el mejor de nuestros esfuerzos, no tenemos nada que temer. 

En una trama que ha pasado a la historia del cine, Marty McFly se mete en un lío cósmico cuando se sube al Delorean del Doctor Brown y aterriza, en 1955, treinta años antes de su época y sin combustible suficiente para volver. Por si fuera poco, nada más llegar, Marty interfiere sin querer en el momento en que sus padres se conocieron por primera vez y, al hacerlo, rompe la cadena de eventos que debía llevarles a enamorarse. Si no consigue arreglarlo Marty está perdido. Sus padres nunca se casarán, y él y sus hermanos nunca llegarán a nacer.

La manera en que Marty puede ver el tiempo de sus padres agotándose es una fotografía familiar que lleva encima. Una imagen de él junto a sus hermanos en la que, a medida que el pasado se tuerce y su existencia peligra, las figuras empiezan a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Cuando los dedos de Marty comienzan a desaparecer, sabe que su tiempo se acaba.

Como los Mcfly, la posibilidad de que siga existiendo un espacio a la izquierda del PSOE en el futuro se desvanece. Mientras tanto, unos cuantos centenares de cuadros intentan estos días, como Marty, mantener cosido un espacio común cada día más frágil para no terminar de borrarse de la foto. 

Y no es por falta de talento. Ese espacio tiene un equipo técnico extraordinario y sus gabinetes de los ministerios, aunque están completamente absorbidos por el día a día de la gestión, se encuentran entre los mejores del gobierno. Además, por primera vez en mucho tiempo existe una gran sintonía entre los jefes de todos los partidos, y relaciones de amistad y confianza entre los dirigentes de todos los partidos desde hace décadas. 

Tampoco es que falten nombres para la papeleta: Bustinduy sería un buen líder, como lo sería Mónica García. Ada Colau o Unai Sordo también podrían hacer un papel. Lo que ocurre es que, como ocurre en Regreso al Futuro, los proyectos no se desvanecen por falta de un cuerpo que poner, sino porque se rompe la secuencia que les daba sentido. El cuerpo desaparece de la fotografía porque se ha roto la historia, el proyecto, la trayectoría que lo sostenía. 

Por esta razón los políticos son ideas, símbolos, encarnaciones de una visión de la sociedad. Y duran lo que dura ese proyecto. 

Felipe González encarnó la idea de la modernización de España. José Luis Rodríguez Zapatero, la agenda de los derechos civiles. Aznar fue la cara de la liberalización de la economía y, en estos años, Yolanda Diaz ha representado una izquierda laboralista. Ha encarnado el sindicalismo y las demandas de los trabajadores. Por eso era una buena candidata: su personaje, su programa y su trayectoria eran muy buenos y estaban perfectamente alineados. Seguramente por eso ha tenido mucho éxito en esa función. 

Hoy la izquierda a la izquierda de la izquierda no está vacía de personas, está vacía de símbolos. Está desnortada. Ya no sabe si es una izquierda verde, o laboralista, o populista, o todo a la vez. No le faltan personas, le falta un proyecto que encarnar para un espacio que, por no tener, ya no tiene ni forma de definirse más allá de su posicionamiento respecto del PSOE. 

Andaban estos días los partidos de la izquierda a la izquierda de la izquierda como locos buscando candidato cuando, de pronto, el viernes, apareció uno cuando menos lo esperaban: un plantón en el Consejo de Ministros y una apuesta fuerte por el control de los precios del alquiler se hizo cuerpo. 

De repente, y aunque nadie sepa cuál será el nombre en la papeleta, se llenó el espacio. Hoy nadie se pregunta para qué sirve la izquierda a la izquierda de la izquierda ni qué sentido tiene. Tiene este sentido. El de poner pie en pared contra la espiral especulativa que amenaza con convertirnos en una sociedad feudal. 

No debería darle ningún miedo a ese grupo de partidos convertirse en eso que se llaman “single-issue parties”. La vivienda no es “un tema” es, junto con la idea de la participación social por el trabajo y las pensiones, el pilar sobre el que hemos construido esta sociedad. 

Resolverlo requerirá una operación quirúrgica de esas que duran horas y en las que participan muchos cirujanos: uno para sacar de la especulación los suelos que no se han desarrollado, otro para plantear remodelaciones del urbanismo en las grandes ciudades, otro para buscar la equidad intergeneracional, otro para encontrar oportunidades de inversión alternativas que respalden la economía productiva, otro para arreglar la fiscalidad –sangrante– del sector, muchos para encontrar soluciones de urgencia mientras llegan las de largo plazo. 

Y ocurre que a día de hoy ningún partido tiene una propuesta ni próxima a resolver este problema que no deja de aumentar y que va a terminar por amenazar, muy pronto, la convivencia. Por no tener, no hay ni siquiera un consenso sobre cómo debería ordenarse la vivienda en el siglo XXI. ¿Aún aspiramos a que todo el mundo sea propietario? ¿O nos parece bien que la mitad de la población sea arrendataria y, la otra mitad, arrendadora? ¿Deberían hacer todas las generaciones la misma tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda?

Resolver el problema de la vivienda bien vale un espacio político. Y el ejercicio de pensar cómo hacerlo, de lanzar mensajes transformadores a la sociedad, de dibujar un futuro donde haya una vida buena para todo el mundo, tendría la potencia para llenar ese espacio. Y de sostenerlo hasta que los partidos decidan, ahora sí, con un programa, quién es el candidato que encarna esa visión. 

Tanto que hasta podrían dejar de definirse por su posición respecto del PSOE y empezar a ser una izquierda con nombre propio. Abundantista, por ejemplo.