En las últimas semanas han circulado varios análisis que quieren explicar el problema de la vivienda como un conflicto de intereses. España, según esta visión, estaría dividida entre dos grandes grupos: los propietarios, algunos de los cuales además tienen algún piso arrendado, y la masa creciente de arrendatarios que no pueden comprar.

Y aunque pueda ser verdad que los españoles se ven a sí mismos así, ocurre que desde un punto de vista financiero –si atendemos a la riqueza y a la posición de cada persona en la sociedad– esa división tiene escaso encaje. Al contrario, en el asunto del alquiler los intereses de los propietarios que solo tienen una vivienda están mucho más cerca de los inquilinos que de los arrendadores.

Vamos a verlo con un ejemplo sencillo: 

Todos los residentes en España tenemos derecho a una tarjeta sanitaria que nos da acceso a los centros de salud y a los hospitales. Es una especie de activo del que disfrutamos sin tener que compensarlo individualmente. Ahora imaginemos que esas tarjetas no fueran unipersonales, sino que se pudieran comprar y vender, y que ni siquiera tuvieran un límite por persona, sino que la misma persona pudiera acumular varias tarjetas y alquilarlas. Para ir al médico, habría que alquilar una tarjeta a alguien que tuviera más de una o comprarla al precio que pusiera el vendedor.

La tarjeta seguiría siendo un activo, pero entonces comenzaría a ser también un coste, una necesidad que hay que cubrir en el mercado. Quien tuviera una tarjeta poseería un activo pero, a la vez, en el mismo acto, tendría un pasivo: necesitaría consumirla. El saldo sería cero.

Esto es lo que ocurre cuando se permite que las licencias de vivienda, que se pensaron exactamente igual que las tarjetas sanitarias, para que cada familia tuviera una, se convierten en un bien de mercado. 

De pronto aparecen los arrendatarios: que son quienes no tienen ninguna vivienda y tienen que pagar solo para acceder a los beneficios de vivir en alguna parte. 

Pero la naturaleza del patrimonio de los propietarios también cambia: empiezan a tener un pasivo inherente a vivir en algún sitio. Por lo tanto, mientras vivan, el resultado de sumar el activo de su vivienda al pasivo de su consumo será cero. En el sentido común esto se intuye en esa idea de que “da igual cuánto suban las casas si siempre vas a tener que pagar más por la siguiente que te compres”.

La macroeconomía reconoce sin pestañear este fenómeno. En las cuentas nacionales, las viviendas que están ocupadas por sus propietarios suman al PIB con algo llamado el “alquiler imputado”, ese alquiler ficticio que el propietario se estaría cobrando a sí mismo, equivalente al que cobraría si se la alquilara a otra persona. El propietario que vive en su casa es, a la vez, casero e inquilino de sí mismo.

Si viviéramos en un país de propietarios, donde cada familia tuviera una vivienda y el alquiler fuera una parte residual, limitada a la demanda de la minoría que quiere vivir en ese régimen, este mecanismo de mercado tendría sentido: unas generaciones le trasladarían a las siguientes esos activos con la revalorización correspondiente al crecimiento de la economía. La posición de cada familia no cambiaría sustancialmente respecto de la de las demás.

Pero cuando se consiente que las viviendas se conviertan en negocios de alojamiento —que es lo que son los pisos en alquiler— y que la misma persona o la misma empresa acumule varias viviendas, la lógica cambia por completo. Para quien tiene más de una, el saldo ya no es cero. La primera cubre su necesidad de vivir en algún sitio; pero todas las demás son activo puro, sin ningún pasivo que las compense. Cada una genera una renta real, que llega cada mes a su cuenta y que puede reinvertir en la siguiente.

Y esto cambia también lo que valen las casas. Mientras las viviendas se compran para vivir en ellas, su precio está limitado por lo que las familias pueden pagar con su salario. Pero en cuanto se compran como negocio, su precio pasa a depender de la renta que se les puede extraer. Cuanto más alto sea el alquiler que los inquilinos se ven obligados a pagar, más vale el piso. El precio de la vivienda empieza a medir lo que se puede cobrar por dejar vivir a otros.

Las consecuencias para el reparto de la riqueza son inmediatas. Los inquilinos transfieren cada mes una parte de su salario a los caseros; sube el precio de las casas. Y los propietarios pueden percibir que aumenta su patrimonio. Pero mientras sube el precio de su activo, también sube el coste de su pasivo: lo que han de pagar por vivir en la ciudad. Mientras tanto, su saldo sigue siendo cero: lo que ganan como caseros de sí mismos lo pierden como inquilinos de sí mismos. 

Solo los rentistas ven realmente incrementado su patrimonio con cada subida del precio. Ocurre que, además, los rentistas, con esas ganancias, compran más viviendas, que generan más rentas, que compran más viviendas en una espiral de subida de precios como la que estamos viviendo. 

Con el tiempo, la diferencia de rentabilidad entre quien puede cobrar un alquiler y quien no, porque no tiene más casa que la que habita, abre una brecha patrimonial que se va haciendo cada vez más ancha, por la que los rentistas acaban despegándose del grueso de los propietarios casi tanto como de los inquilinos.

Imaginemos dos familias que parten de la misma casilla: cada una tiene una vivienda de 300.000 euros en la que vive. La segunda, además, tiene otro piso del mismo valor, que alquila. Supongamos que las viviendas se revalorizan un 3% al año y que el piso alquilado deja, descontados gastos, un 4% neto, que su dueño reinvierte en más viviendas. Al cabo de treinta años, la casa de la primera familia valdrá unos 730.000 euros pero, como hemos visto, ese dinero estará atado a la necesidad de vivir en algún sitio: su saldo seguirá siendo cero. La segunda familia tendrá su propia casa, que valdrá lo mismo, y además un patrimonio en alquiler de cerca de 2,3 millones. Empezaron con una diferencia de dos a uno. Terminarán con una de más de cuatro a uno. Y si lo medimos por lo único que cuenta, el patrimonio libre, el que no está atado a la necesidad de un techo, la diferencia será de cero a 2,3 millones.

Si España se empeña en la trayectoria del rentismo, los grandes perjudicados serán quienes no puedan comprar. Pero los siguientes grandes perjudicados serán los propietarios de una única vivienda: los que todavía están pagando hipoteca y los que viven en la única casa que poseen.

De manera que es cierto, por tanto, que en España hay dos grandes grupos con intereses opuestos en materia de vivienda. Pero la línea que los separa no está entre los propietarios y los inquilinos, sino entre los rentistas y todos los demás.

No sé si soy la única, pero en estos días me encuentro en una encrucijada. Como saben las personas que me leen, llevo muchos años escribiendo sobre vivienda y reclamando que se ponga coto al alquiler. Quizás por eso mismo, no puedo apoyar el decreto que ha vuelto a aprobar hace dos días el Consejo de Ministros. 

Y es que por más que nos lo hayan querido vender así, el objetivo de esta iniciativa no es “la protección de la función social de la vivienda”. No puede serlo porque la verdadera medida estrella de este decreto, la única que no está limitada en el tiempo ni en su dimensión presupuestaria, es un regalo fiscal de muchos miles de millones de euros a los arrendadores.

Desde este año, los arrendadores particulares –incluidos los multiarrendadores “buitre”, que tengan hasta once inmuebles alquilados– percibirán miles de millones de euros en bonificaciones fiscales. Gracias a estas medidas, un propietario que extraiga decenas o centenares de miles de euros de renta de hasta 10 familias podrá disfrutar de una bonificación del 70% de los rendimientos de esos alquileres incluso si les duplica la renta. Si les baja el alquiler unos pocos euros cada cinco años, esa bonificación llegará al 100%, esto es, no pagarán nada. Repito: nada. Tanto es así, tal es la barbaridad, que hasta el PSOE sacaba el otro día un anuncio en sus redes que decía “Si eres propietario y bajas el alquiler 50€ a tu inquilino, te habrías ahorrado 1000 € en el IRPF” y era mentira, porque no son 1000 euros, es más. El eslogan debería haber sido “Si le bajas 50€ a tu inquilino, pagarás cero impuestos”. Eso sí que sería verdad.

¿Y los fondos? El Gobierno presume de haberles subido los impuestos, pero tampoco es verdad. Lo que ha hecho es subir del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios no distribuidos de las SOCIMIs. Pero es que resulta que la mayoría de las SOCIMIs no se dedican al alquiler de vivienda, sino al de oficinas y centros comerciales. Y además estas sociedades ya están obligadas por ley a repartir sus beneficios (al menos el 80%, y en muchos casos el 100%). De manera que este es un impuesto sobre un dinero que apenas existe

Mientras tanto, el régimen fiscal que de verdad usan los fondos inmobiliarios, el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Vivienda, queda intacto. Este régimen, al que se acogen miles de empresas, les permite, por ejemplo, ahorrarse el 40% del impuesto de sociedades y pagar un tipo reducido de IVA en la compra de vivienda. El decreto no elimina esa reducción, ni la cambia, ni siquiera lo menciona.

¿Y no tiene sentido todo esto si el objetivo es parar los desahucios? Veamos, resulta que el año pasado hubo en España unos 18.000 desahucios por alquiler. Solamente la bonificación del IRPF puede costar varios miles de millones de euros. Pero además, es que los desahucios solo se prohíben hasta 2030, pero las bonificaciones son para siempre. Como consecuencia, cada uno de estos lanzamientos durante cuatro años nos va a salir a todos los españoles por centenares de miles de euros en ingresos para las arcas públicas. Con ese dinero se podrían hacer muchas más cosas por las personas vulnerables que mantener su alquiler durante unos pocos años.

Por lo tanto, no podemos entender que este decreto tenga por objetivo la protección de la función social de la vivienda. El objetivo real y evidente fue y sigue siendo construir una suerte de gran coalición en la que puedan caber, al mismo tiempo, todos los partidos que el gobierno necesita para sostenerse. Desde los que defienden el rentismo más salvaje, como Junts, hasta quienes defienden un rentismo de las clases medias, como le pasa al PSOE, pasando por quienes toleran ese mismo rentismo buenista y piden otro, un rentismo público, como el recién estrenado Frente Amplio. Por eso, entre todas las medidas de este real decreto hay unas que caminan en una dirección y otras en otra. Por eso, por todas partes, sus portavoces anuncian una medida mientras firman la contraria. El verdadero ánimo de esta legislación es salvar al Gobierno. O lo que queda de él.

Y yo, lo he dicho muchas veces, creo que no hay rentismo bueno. La naturalización de la idea de que una parte del país pueda vivir a costa de las rentas que le paga la otra parte, sin hacer nada, sin ningún mérito, solo porque llegó a comprar antes que el resto, me parece una aberración y una condena. Un camino que solo nos puede llevar a convertirnos en un país de rentistas y camareros. Como sabe cualquiera que le haya insistido a un hijo en que deje de hacer el primo y se meta en una hipoteca, el problema del alquiler no es de precio, sino de coste de oportunidad. Da igual lo buenos que sean los caseros.

La única solución progresista en un país en el que el 73% de las familias tienen una casa en propiedad es que esa posibilidad se extienda a todas las familias. Que seamos orgullosamente un país de propietarios. Que la vivienda deje de ser un negocio desregulado para que todo el mundo pueda poseer una parte de la propiedad de su país. Y este decreto, lejos de abundar en esa vía, va en la dirección contraria. No solo no acaba con el rentismo, sino que lo naturaliza. Y hace más rentable vivir de las rentas.

Llevar este decreto a la Diputación Permanente con una justificación humanitaria, como si fuera la única manera de resolver el drama de los desahucios, es una maniobra que retuerce el sentido de la democracia. Me da igual cuántas veces se haya hecho antes o cómo de legal sea el subterfugio.

Como también es una tergiversación de la soberanía confundir la acampada de Sol, o incluso las manifestaciones del fin de semana, con la voluntad popular y decir, como ha hecho recientemente el presidente del Gobierno, que “cuando el Congreso da la espalda a lo que se vive en la calle, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado”.

Claro que puede mirar hacia otro lado. Es más: debe. No solo esto, sino que lleva haciéndolo media legislatura y se lo hemos aplaudido muchas veces: como cuando lo que gritaba la calle era que había que echar a los inmigrantes o que la amnistía era una traición a España. Nos ha costado demasiado tener una democracia en este país como para desvirtuarla a la primera que nos conviene.

Este Gobierno, que ha hecho muchas cosas necesarias por España, es hoy un mal gobierno. Es un ejecutivo que ha agotado su agenda legislativa –al menos la que era capaz de sacar adelante con la correlación actual de fuerzas– y está improvisando. Y es un equipo que parece mucho más preocupado por su propia supervivencia que por el devenir del país.

Y en otras circunstancias sería deseable que llegaran unas elecciones que mandaran a este equipo a la oposición y le dieran a la izquierda el tiempo y el espacio para regenerarse o morir. Para que el darwinismo político cumpla su función depuradora.

El drama es, por supuesto, que para que eso suceda tendría que llegar al poder la oposición. Esos mismos que ayer compartían en Twitter –y defendían por televisión– unas imágenes del ministro Óscar Puente llorando en el suelo después de haber sufrido un accidente en el que se rompió el cuádriceps; los mismos que llevan años poniendo en cuestión el estado de derecho, tanto que aun cuando se dan por vencedores siguen poniendo en duda el voto por correo, no sea que después tengan que impugnar el resultado. Los mismos que proponen echar a millones de personas del país o hacer un recorte tan brutal del IRPF que provocaría el inmediato colapso de la deuda pública. Una derecha desquiciada, enajenada, más cerca de los del gorrito de plata que de los centros reales del poder. Una derecha trumpista, al fin, que no tiene más programa que el odio. No tengo ninguna duda de que un gobierno de Feijóo sería peor que el de Sánchez.

Así, los españoles estamos en una encrucijada, atrapados entre un gobierno agotado que está tomando malas decisiones y la posibilidad de que llegue otro peor. La sensación de degeneración del espacio público es asfixiante y, como siempre ocurre en la vida de los adultos, nadie va a venir a rescatarnos. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? 

He defendido otras veces que los ciudadanos no debemos tomarnos la política como algo emocional. En primer lugar, porque ya pasó el tiempo en que uno se identificaba con un partido y le dejaba en prenda su propio valor moral. Pero sobre todo porque es contraproducente. Hoy nos arrastran corrientes que exigen una política de las emociones, como si viviéramos en un referéndum permanente entre el bien y el mal. Para salir de esa espiral necesitamos una sociedad civil fuerte con la cabeza fría, que no ceda al delirio ni deje de celebrar lo que está bien, aunque esté mal visto, pero que tampoco deje señalar lo que está mal, aunque lo hagan los suyos. Que no se salve a sí misma, que no se excuse, que no diga que esto no está pasando ni que no lo sabía. Vivimos un tiempo de extraordinaria dificultad, pero saldremos adelante si los españoles sabemos reconocerlo y actuar en consecuencia.

Para comprender lo que está en juego en está en juego en el debate de la vivienda hay que conocer dos cosas: 

La primera es que los estados del bienestar fueron concebidos sobre la creencia en que ahorrar e invertir era el motor del progreso. El aumento del “capital” que producía ese ahorro era lo que hacía posible crecer y, por lo tanto, pagar las pensiones, la sanidad y la educación.

La segunda cosa que hay que comprender es que ese mecanismo hace décadas que dejó de funcionar. Hay quien dice que fue en la crisis de 2008; yo he sostenido que ocurrió antes, a finales de los 90, cuando se universalizó la educación superior, pero esa es otra historia. Lo que es importante es entender que en todo el mundo, desde hace al menos 18 años, más capital ya no produce más economía. 

La causa es la colisión de dos grandes tendencias: de una parte, la transformación de las economías. El paradigma “digital” ya no requiere tantas inversiones como fueron necesarias para hacer las carreteras, las infraestructuras y las fábricas del siglo XX. De otra, la madurez de los estados del bienestar. Unas clases medias que han estado toda una vida ahorrando quieren ver el resultado de ese ahorro que, siempre les dijeron, tenía que tener una recompensa. Así que, pese a que no tenía dónde invertirse, la riqueza ha seguido creciendo mucho más rápido que la economía. Si en el año 2000 el conjunto de activos que consideramos “riqueza” tenía un valor neto que era cuatro veces el de la economía, hoy esa patrimonio representa seis veces el PIB global.

¿Cómo puede ser? ¿No es la riqueza un subproducto de la actividad económica? Así debería ser, pero los Estados han alentado que las familias metieran su ahorro en el mercado de la vivienda y se han comprometido, con distintos incentivos, a que se siguieran revalorizando. Así, lo que entendemos por “capital” ha mutado y ya no son fábricas, ni patentes, ni instalaciones fotovoltáicas, ni siquiera yacimientos de petróleo. El 60% del “patrimonio” mundial son activos inmobiliarios; el 50% son viviendas. Y no son ni siquiera nuevas viviendas. Solo el 30% de toda la riqueza que se ha creado desde el año 2000 son nuevas inversiones. Todo lo demás –hasta 280 billones de dólares–, es el resultado de la inflación y de la revalorización de activos que ya existían al final del siglo pasado. En otras palabras: no somos más ricos, solo nos creemos más ricos porque nos hemos convencido de que las cosas –y, sobre todo, las casas– que construimos el siglo pasado hoy valen mucho más que antes.

Solo en estas coordenadas podemos comprender el alcance de eso que hemos llamado el “problema de la vivienda” y que es, en realidad, el conflicto por la distribución del capital y de la riqueza en el siglo XXI: la batalla económica más importante de nuestro tiempo.

El problema de que la riqueza ya no sean fábricas y patentes, sino casas y acciones en bolsa, esconde el auténtico reto de nuestro tiempo. Y es que, por mucho que nos empeñemos en creer que las casas hoy valen más que hace 25 años, no vamos a conseguir que produzcan nada nuevo que podamos vender. Al contrario, cada euro que dejamos caer en este mercado “de inversión” es un euro que deja de servir para contratar trabajadores y de pagar impuestos. 

Esta es la razón por la que el mundo se está volviendo un juego de suma cero, y la causa de la concentración de la riqueza que tanto critican los partidos de la izquierda –con razón. Sin ese capital que se reinvertía y generaba más economía, las cuentas públicas se resienten, los bolsillos de los ciudadanos se vacían y los jóvenes ven el futuro cada vez más negro. Y esta espiral, que es la que lleva 25 años inflando las sucesivas burbujas, es la misma que pone en crisis los estados del bienestar. La crudísima realidad es que las democracias –o las dictaduras “blandas”, por llamarlas de alguna manera– no pueden sobrevivir sin un modelo de país que traiga más progreso. 

Para salir de esta encrucijada, hoy todos los países del mundo se están haciendo la misma pregunta: ¿Cómo hacemos un modelo económico que nos permita volver a una senda de prosperidad suficiente para toda la población –o al menos, para una mayoría política estable?

La respuestas son múltiples: la de Trump son los aranceles; la de Xi Jinping es una combinación de deuda pública para financiar inversiones masivas y la inundación de los mercados internacionales de productos chinos; la del canciller Merz es trabajar más para recuperar la competitividad perdida; y la de Millei es el desmantelamiento del estado del bienestar. Son distintas respuestas, pero la pregunta es la misma. 

¿Y en España? En España, pese a que no lo parezca en estos días de tanto aspaviento, existe un amplio acuerdo entre todos los partidos en que el modelo económico es el inquilinismo. La idea de que en el futuro ya no seremos una sociedad de propietarios, sino que algunos serán propietarios y otros seremos eternamente inquilinos, la fuente de renta y de riqueza para todos los demás. 

Claro que hay matices: la derecha quiere que el alquiler sea a precio de mercado y si tiene que ser la ley de la selva, que lo sea. Que pague el que pueda y el que no, a la calle. La socialdemocracia quiere un alquiler de mercado, pero “asequible”. Uno que apriete –porque los rentistas también tienen derecho a hacer dinero con su dinero–, pero que no ahogue, que no haya ancianas de 87 años siendo desahuciadas en televisión. Y la izquierda alternativa quiere que el alquiler sea social y público, porque así puede ofrecer una forma de vida a sus votantes sin correr el riesgo de que el “efecto propietario” los haga de derechas. Este modelo, además, encaja a la perfección con su máxima pretensión, que es defender la centralidad del Estado.

Pero despejados estos matices, todos los partidos están de acuerdo esencialmente en lo mismo: hay que fomentar la oferta de alquiler, estabilizar el mercado y hacer que haya una forma de vida inquilina, que ya no aspire a comprar. O en otras palabras: que vayamos hacia una sociedad donde ya no seamos todos iguales, sino que haya unos propietarios de la tierra y otros que la trabajan. La diferencia entre unos y otros es de precio.

Esto, y no otra cosa, es lo que va a reflejar el consenso en torno al real decreto que con toda seguridad se aprobará este viernes en el Congreso: un popurrí con decenas de medidas orientadas a naturalizar el alquiler como sector de actividad y como forma de vida, para que crezca y se extienda como modelo económico.

Para ello este decreto actúa en muchas direcciones que podrían parecer opuestas, pero no lo son: Por una parte, riega con miles de millones de euros en regalos fiscales a los caseros, hasta convertir el alquiler en la única actividad económica que no tiene que pagar IRPF, con tal de que no suba los precios. Dice ir “contra los fondos buitre” pero luego ni siquiera menciona la forma jurídica con la que operan la inmensa mayoría de ellos: el régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda (EDAVs), que mantiene un 40% de reducción en el Impuesto de Sociedades. Considera “asequible” toda aquella renta que no supere el 30% de los ingresos del hogar mediano del municipio de referencia, lo que en la práctica hace que un alquiler de 1200 mensuales tenga esa consideración en Madrid o en Barcelona. 

Por otra, establece protecciones temporales a los casos más extremos, prohibe los desahucios hasta 2030 y prorroga por dos años los contratos en vigor. Estas medidas, que podrían resultar progresistas, son en realidad paliativas si la tendencia sigue siendo a tener cada vez un reparto más desigual de la propiedad. Y sin embargo, tienen efectos evidentes en la normalización de todo lo anterior. Apretar, pero no ahogar a tus inquilinos, no sea que dejen de pagar el alquiler.

Este es el consenso de país que estamos a punto de alcanzar. Uno que intenta contentar a todo el mundo a costa de guardar debajo de la alfombra el problema de estructura económica de primer orden al que nos enfrentamos. 

Solo tiene dos problemas. 

Uno, que no es un consenso de país, sino entre las élites políticas: el 85% de los inquilinos querría acceder a una vivienda en propiedad, pero no puede. Cuando no se trata de legislar, también parece ser un consenso entre los diputados, porque la práctica totalidad tiene una vivienda en propiedad.

El otro, que no funciona. Porque para que la mitad de la población perciba rentas del alquiler, tiene que haber otra mitad que se dedique toda su vida a pagarlas. Esa idea beatífica que tienen algunos, donde una abuelita complementa su pensión con una paguita, solo es posible mientras haya otra abuelita pagando esa renta. 

Hoy en España las rentas del alquiler que perciben los caseros rondan los 60.000 millones de euros. Tres millones de caseros extraen rentas de tres millones de inquilinos en un sector que lleva años creciendo al 10% anual. Si la tendencia sigue así, no es descartable que en una década el rentismo se haya convertido en uno de los primeros sectores de actividad de la economía española.  

Pero un país donde la mitad de la población paga alquiler y la otra mitad lo cobra, sin trabajar, es un país feudal. Y por eso, mientras no encontremos un modelo económico más allá del rentismo, este país será un sálvese quien pueda donde todo el que tiene un euro lo está metiendo en el sector inmobiliario. Un país que no podrá ser productivo, y que solo podrá ser un parque temático lleno de turistas. 

“O cae el rentismo o cae el Gobierno”.

Con este lema, la acampada del Sindicato de Inquilinas encarna estos días, en la forma y en el fondo, el espíritu de impugnación que vivimos en España en el año 2011. Hace 15 años, el 15M fue un señalamiento directo del “régimen del 78” y de los partidos que lo habían representado que proponía inaugurar un ciclo nuevo en la política española. Iban a ser los ciudadanos, organizados en asambleas, los que iban a estrechar la distancia que separaba al poder de la ciudadanía. Eran los de arriba contra los de abajo. Asaltaríamos los cielos. 

Y así fue.

El Gobierno actual y las versiones que lo precedieron se formaron en gran medida por personas que habían participado del 15M. Del puñado que durmió aquella primera noche del 15 de mayo en Sol, varias acabaron después en puestos de responsabilidad. Un número muy significativo de quienes se volvieron relevantes en la plaza terminaron siendo concejales, asesores, diputados, intelectuales y técnicos de los partidos que nacieron en los años siguientes, cuando no directamente ministros y hasta vicepresidentes del Gobierno. Incluso en el recién anunciado “Frente Amplio” que van a formar este año los antiguos integrantes de Sumar cuesta trabajo encontrar a un dirigente que no tuviera un papel en aquellos días de 2011. Tampoco el PSOE se libró del impacto. Es difícil imaginar que Pedro Sánchez hubiera llegado al poder sin el nuevo sentido común, tan contrario al establishment, que habían despertado las movilizaciones.

Cuando el nuevo régimen que quería traer el 15M no pudo desplazar del todo al antiguo, no le quedó más remedio que lidiar con él. Con el tiempo, las piezas fueron encajando en los huecos disponibles, y hoy no solo siguen vivos el PP y el PSOE, sino que también Vox se mueve dentro de ese mismo marco ideológico de la Constitución. Hasta Podemos ha dejado de ser ese movimiento asambleario y pretendidamente posmoderno que prometió en sus inicios y ha ido virando hacia algo mucho más parecido a un partido de izquierda clásica del siglo XX. De manera que las distintas versiones de los gobiernos progresistas de la última década, en el Estado, en las comunidades y en los ayuntamientos, han sido forzosamente un pacto; un equilibrio muy precario entre el régimen del 78 y ese nuevo sentido común que se quiso levantar para abolirlo.

Lo paradójico es que pese a esa aparente fragilidad ideológica, estos han sido quizás los gobiernos más eficaces de la historia democrática; los más capaces de enfrentar los cambios y de proponer medidas que hubieran sido impensables hace unas décadas. Solo en los últimos ocho años han enfrentado una pandemia, el temporal Filomena, un volcán, la guerra en Ucrania y en Irán, la Dana de Valencia, el enfrentamiento con Trump, un apagón, varios incendios, otro amago de un virus potencialmente mortal en un crucero, una crisis migratoria en Canarias y ahora otra en Ceuta. Mientras tanto, estos equipos de gobierno han producido algunas transformaciones muy relevantes en la arquitectura económica y social del país, como la reforma laboral, la subida extraordinaria del SMI, la extensión –aún imperfecta– del IMV, la reforma de la ley de dependencia, el impulso a las energías renovables y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Los resultados, a la vista está, son extraordinarios: España marca récords de crecimiento y de creación de empleo y hasta los intereses de la deuda, que fueron el canario en la mina del periodo anterior, están en mínimos históricos.

Y sin embargo, pese a toda su capacidad para la gestión, los partidos que conforman hoy el Gobierno parecen ser incapaces de escapar del paradigma impugnatorio del que nacieron. Aún hoy, aun después de haber demostrado esa sobrada capacidad para ejecutar un programa de gobierno, tanto el PSOE como los partidos del Frente Amplio parecen seguir empeñados en ser la oposición a la oposición, los que mejor señalan todas las cosas que van mal e identifican a los culpables de todos los problemas. Ellos son los mejores para “solucionar los problemas de la gente”, como le gusta decir a Yolanda Díaz, o para “frenar a la extrema derecha”, como dice Gabriel Rufián y repite incansablemente Pedro Sánchez, o para “que el miedo cambie de bando”, como afirma el ministro Bustinduy.

Pero cuando no se trata de arreglar problemas causados por un maligno enemigo exterior, ni de corregir los desmanes del ciclo neoliberal, sino de enfrentar las contradicciones del modelo de país que nos hemos dado, esa fragilidad ideológica que heredamos del 15M se revela como una verdadera, quizá insalvable, debilidad de la izquierda. 

Incapaces de consensuar un paradigma nuevo y de liderar a grupos con intereses dispares en una misma dirección, estos partidos se vuelven torpes. Se traban. Se demuestran inoperantes y no saben qué hacer. Y acaban dando vueltas como pollos sin cabeza.

Esto es lo que estamos observando en estos días, desde que el Sindicato de Inquilinas forzó al Gobierno a enfrentar el elefante en la habitación de la legislatura. En menos de 24 horas el presidente del Gobierno ha afirmado que lo que hay que hacer es “privilegiar el uso residencial frente al turístico” –sea lo que sea que eso signifique–; Podemos ha pedido “expropiar 650.000 viviendas” –con cargo a los impuestos de todos los contribuyentes–; Yolanda Díaz ha llamado a “movilizarse contra el Gobierno” –ese mismo Gobierno del que es vicepresidenta–; la ministra del ramo ha responsabilizado a los “especuladores desalmados” y a Ayuso, como si no fuera de su competencia que los especuladores no puedan ser desalmados; y por las redes se filtra una batería de medidas para aprobar hoy que, como nos tiene acostumbrados el Gobierno en este tema, disparan en distintas direcciones sin terminar de acertar en ninguna. 

Mientras tanto, es imposible conocer el modelo que tiene este Gobierno –ni su oposición– en materia de vivienda. ¿Persiguen los partidos del Gobierno que todos los españoles vivamos en una casa en propiedad? ¿O están de acuerdo en que una parte de la población viva toda la vida de alquiler? ¿Creen que la situación actual, donde el 85% de las personas entre 25 y 45 años que no tienen casa dicen que les gustaría comprar una vivienda pero no pueden permitírselo, debe perpetuarse? ¿Qué modelo de país tiene este Gobierno en la cabeza? Más allá de defendernos de la extrema derecha y de arreglar las fechorías que hicieron los gobiernos de Mariano Rajoy, ¿dónde piensa que vivamos, de qué espera que trabajemos, cómo espera que criemos a nuestros hijos? ¿Qué papel debería tener España en el mundo para estos partidos que llevan tantos años gobernándonos? 

Qué paradoja que el ciclo político más exitoso de la izquierda española en términos de transformaciones concretas es el que ha producido un proyecto político más pobre, apenas capaz de enunciarse a sí mismo como muro para evitar que lleguen otros. Qué paradoja que este gobierno que ha sabido arreglar una buena parte de los problemas del país no se atreva a proyectar un país nuevo.

Esta es la razón por la que hemos vuelto a la casilla de salida. Con una nueva acampada en las calles y una nueva generación que quiere impugnar al gobierno porque no se encuentra representada. Porque siente que la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos ya es insalvable. La acampada del 26S es el final del ciclo del 15M. 

Ayer por la mañana, los representantes del Frente Amplio comparecieron junto a los de Bildu, BNG y ERC frente al hospital donde está ingresada Maricarmen. Portando carteles del Sindicato de Inquilinas pidieron que no se pongan parches y se atiendan íntegramente las demandas del Sindicato. 

Es bastante evidente que, además del compromiso que han tenido estos partidos con este tema en los últimos meses, que es real y que es honesto, existe cierta tendencia a la sobreactuación provocada por un temor a que esta nueva ola de impugnación termine por impugnarles a ellos: “Solo el pueblo salva al pueblo”, decían algunos portavoces de los acampados.

Y a mí me parece que el truco para no ser impugnados es sencillo. Y es que si algo demuestra esta acampada, si algo ha demostrado en estos meses el Sindicato de Inquilinas y demostró en su día el 15M, es que cuando uno tiene una visión política y voluntad de universalizarla, hay margen, más allá de las mayorías parlamentarias, más allá de los intereses particulares, para hacer nuevas mayorías, para enarbolar consensos nuevos y empujar hasta a los más reticentes a tu visión. 

Más aún: es que quizá lo que necesita la sociedad para sentirse representada, para sentir que las personas que nos gobiernan trabajan con nosotros y no para ellos mismos, no es que nos “resuelvan los problemas”, ni que nos “defiendan de la extrema derecha”; ni siquiera es que nos ofrezcan un mundo fácil de clientes políticos, sino que nos convenzan y que nos involucren en un proyecto, en una visión de futuro en la que nos podamos encontrar reflejados y de la que todos podamos ser parte.

Una imagen vale más que mil palabras. Y las de ayer, en las que una mujer de 87 años era sacada a la fuerza de su casa por una empresa que pretende cobrar hasta seis veces más al próximo inquilino, lo decían todo sobre la situación a la que hemos llegado en materia de vivienda.

Viendo a Maricarmen abandonar su casa en camilla, no pude evitar recordar otra instantánea de los años posteriores a 2008 en los que las primeras familias empezaban a ser desalojadas de sus viviendas tras no haber podido hacer frente a la hipoteca. En uno de aquellos desahucios alguien captó una imagen que también acertó a explicarlo todo: mostraba a una familia en la calle, esperando no se sabe muy bien qué, los niños sentados sobre unas cuantas maletas y, a su lado, una pequeña montaña hecha con las pertenencias que habían podido sacar de su casa.

Entonces, como ahora con Maricarmen, había un cierto reflejo de pensar que aquello era un caso límite, una rareza, algo que solo le pasaba a un puñado de gente atrapada en una sucesión de catastróficas desdichas. Como cuando te dicen que un pariente lejano tiene cáncer y te pones a hacer preguntas como para poder construir la ficción de que esa persona tiene algo que la hace más vulnerable a la enfermedad que tú. 

Haríamos bien en no repetir el error. Lo que le pasó este miércoles a Maricarmen no es una especie de lotería de la mala suerte que le toca a una persona concreta. Es un fenómeno estructural que nos afecta a todos.

La cosa es esta.

En los últimos quince años, y sobre todo desde la pandemia, en el panorama financiero confluyen dos fuerzas opuestas. Por un lado, los tipos bajos, los estímulos y las inyecciones de liquidez de los bancos centrales de prácticamente todo el mundo han inundado el planeta de dinero barato. Por otro lado, la digitalización y la emergencia de una generación entera de técnicos y profesionales universitarios han cambiado de arriba abajo las reglas del juego económico: han llevado al límite la capacidad productiva de los países y, con ello, han hundido los precios de los bienes que habían sido el centro de las economías industriales. Resultado: una montaña de dinero barato que se ha quedado sin destino productivo.

De la suma de ambas cosas sale lo que podríamos llamar una “burbuja total”: una masa inmensa de capital ocioso que no encuentra acomodo en la economía productiva y que busca por dónde colarse, no para crear valor, sino para extraer rentas como sea y de donde sea, de los Estados o de los ciudadanos.

Las consecuencias más crudas y más evidentes son la gran burbuja inmobiliaria que se ha producido en todo Occidente y en China y el crecimiento de la bolsa estadounidense, que muchos hemos tildado de burbuja. Pero detrás de estos dos grandes fenómenos, hay uno menos conocido, que es el que estamos observando en el caso de Maricarmen. El private equity es un tipo de fondo de inversión que acumula capital para comprar empresas que no cotizan en bolsa. En un sentido amplio, formarían parte de este tipo de inversión tanto la empresa que ha desahuciado a esta octogenaria, como Housers, esa “startup” que se vendía como una bicoca y acaba de dejar a sus inversores en la ruina. 

En estos años el private equity ha tenido su propia fiebre del oro. En 2021 batió todos los récords de operaciones y, solo en Estados Unidos, en 2025 volvió a superar el billón de dólares invertidos en un año. Estos fondos acumulan en todo el mundo 7,5 billones de dólares –algo así como el 12% de toda la riqueza global–, de los que 2,7 billones son fondos que sus inversores ya han comprometido y que todavía no han sabido dónde colocar. En la jerga lo llaman dry powder, pólvora seca. Y esa pólvora caduca: si no la gastan dentro del plazo pactado, pierden el dinero y las comisiones. La presión por invertir es enorme.

Como las grandes industrias ya tienen dueño, esa pólvora se ha ido metiendo donde ha podido: en pequeños negocios dispersos y de proximidad; esos de los que ninguno podemos prescindir. En España lo han hecho con las clínicas veterinarias, con las dentales –donde un solo fondo controla unas 300– con las residencias de mayores, donde la mayor operadora, en manos de un fondo, suma más de 18.000 camas; con las tiendas y los centros comerciales, donde la inversión creció un 30%, hasta rozar los 2.700 millones de euros el año pasado, un 50% por encima de la media de los cinco años anteriores; y con la vivienda, donde el estadounidense Blackstone se ha convertido en uno de los mayores caseros del país. Solo en 2025, el capital privado invirtió en España más de 7.000 millones de euros en más de mil operaciones, un récord histórico. Todo lo que tiene un local, una clientela fija y un barrio que depende de él está en el objetivo de estos fondos. 

Esta burbuja del private equity está detrás de la subida generalizada de los precios (y del deterioro de los servicios) que hoy puede observarse en cualquier gran ciudad del mundo. Desde el aumento de los alquileres de los locales comerciales, que ha obligado a cerrar a varios centenares de ellos este año y que amenaza al 80% de las librerías madrileñas, hasta la subida de las tarifas de las empresas que, una vez adquiridas por los fondos, soportan enormes presiones para dar más beneficios.

Todos estamos probando ya, en pequeñas dosis, un aperitivo de lo que le ha pasado a Maricarmen. Cada vez que uno de estos fondos se hace con un trozo de ciudad, nos desahucia un poco a todos: del bar donde nos tomamos el café, de la clínica donde nos tratan los dolores, del dentista donde les ponen la ortodoncia a nuestros hijos. Y no nos desahucian para innovar ni para traer algo nuevo, ni para sustituir un servicio anticuado por otro mejor, sino para dejar las cosas como están, llevarse un pedazo mayor de la tarta y volver a invertirlo en más desahucios, o repartirlo en otro sitio. A veces, a miles de kilómetros de aquí.

En 2011 nos llevó varios años, muchos más desahucios, un rescate y darnos de bruces con la factura que nos dejaron los convidados a aquella fiesta, darnos cuenta de que los desahuciados no eran solo los de la foto. Ojalá no cometamos esta vez el mismo error: Maricarmen somos todos.

Tengo que admitir que ayer, cuando me encontré con un vídeo de Albert Rivera que se había hecho viral, recordé las cosas buenas que nos trajo durante el tiempo que estuvo en la escena pública. Rivera, con independencia de la afinidad que podamos tener cada uno con él, era uno de esos políticos con poco filtro, que casi parece que se les escapa por la boca lo que están pensando. En estos tiempos de luz de gas, de medias verdades y mentiras completas, es refrescante encontrarse con un político que dice delante del micrófono lo que diría detrás.

Cosas como esta:

“Tú tienes pueblos muy pequeñitos a una hora de Madrid, o menos. Tú puedes estar viviendo en medio del campo, con un alquiler o una propiedad más económica, con una calidad de vida espectacular, con una calidad medioambiental espectacular y con escuelas iguales o a veces mejores que las de Madrid. Y la realidad es que tú puedes trabajar tres o cuatro días a la semana, porque te lo permite el teletrabajo, o ser un nómada digital, y puedes tener una agenda de reuniones en Madrid una vez a la semana. Y eso no te hace vivir en Madrid, ni pagar impuestos, ni pagar alquileres en Madrid”.

Los partidos que están por seguir inflando el precio de la vivienda piensan lo mismo que Rivera, solo que no lo dicen. Pero en privado, a menudo, repiten que “vivir en el centro de una ciudad no es obligatorio”, que tiene sentido que la gente a la que mejor le va sea la que viva donde quiera y que si alguien “no quiere pagar el precio de la vivienda, se puede ir a la periferia (o al campo)”. 

Pero lo que me llama la atención es que Rivera pone el dedo, no sé si por despiste, en el reverso tenebroso de su propio argumento, una idea que no se escucha jamás en las ondas, por más que el debate de la vivienda dé muchas vueltas y que haya tanta gente obsesionada con los distintos tipos de “expolio fiscal”:

Y es que si vivir en el centro de las ciudades no es obligatorio, si lo esperable es que quien no pueda pagar un piso en Madrid se vaya a vivir a Bollullos de Arriba, ¿cómo puede ser que sea obligatorio pagar los impuestos que financian los servicios públicos que se prestan en las grandes ciudades, aunque no se viva en ellas?

Y es que aunque tú no vivas en Madrid, pagas impuestos en Madrid. La carga impositiva asociada a los bienes inmobiliarios —el IBI, las tasas de basuras— representa menos del 5% de toda la recaudación fiscal. Y, sin embargo, las ciudades reciben la mayor parte de la inversión del Estado: la que financia y mantiene las carreteras, las infraestructuras de transporte, las universidades, los grandes hospitales, los polos industriales, sumada a la seguridad, la limpieza, el saneamiento, la protección civil y contra incendios, etc.

Por su parte, la gente que vive en la periferia o en “medio del campo” tiene que hacer frente al coste –en tiempo y en dinero– de desplazarse a la ciudad para disfrutar de estos servicios. Y aun así paga el mismo tipo de IVA y de IRPF que un urbanita. Más aún, quienes viven de alquiler en las ciudades, pagan un dineral a sus caseros por las viviendas que les permiten acceder a esos servicios.

Las ciudades son, en esencia, inmensos proyectos de inversión que pagamos entre todos, pero que luego solo capitalizan los propietarios de las viviendas. 

El extremo más disparatado de este fenómeno es el siguiente: existen en España una serie de fondos de inversión inmobiliaria que poseen decenas de miles de viviendas en alquiler en distintas ciudades. Los impuestos que pagamos entre todos los españoles sostienen los servicios sin los cuales esas viviendas no valdrían absolutamente nada. Pero esos fondos, que apenas generan un puñado de puestos de trabajo, disfrutan de unas bonificaciones de entre el 40% y el 99% del impuesto de sociedades. La consecuencia es que pagan una parte minúscula, irrisoria, de lo que cuesta sostener una ciudad mientras se llevan crudas las rentas del alquiler —en ocasiones a terceros países—, como si los arrendatarios y los contribuyentes españoles fuéramos vacas que se pueden ordeñar. Esto es un robo. Un expolio con todas las letras. 

Lo único sensato sería que las licencias de vivienda, que son un permiso para habitar en una ciudad, solo estuvieran disponibles para los contribuyentes. Igual que los carnets de conducir. Igual que las licencias de farmacia o las de marisqueo. Y en este sentido iba la proposición de ley que ha presentado esta semana el grupo de Sumar con el apoyo de Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG, y que no ha pasado el filtro para ser tomada en consideración por el conjunto de la cámara: reservaba la compra de vivienda residencial a las personas físicas y la prohibía a empresas y fondos. 

Tomemos nota del sentido del voto. PP, Vox y Junts votaron en contra. PSOE y PNV —inexplicablemente— se abstuvieron. Y es que cuando llega la hora de la verdad, no está muy claro de qué lado están algunos partidos con el tema de la vivienda. Y parece que todavía queda demasiada gente convencida de que lo que tenemos que hacer es irnos a vivir al campo, pero sin dejar de pagarles la vida a los que se pueden quedar en Madrid.

En la primera década del siglo, cuando yo estudié allí, había en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense un profesor que se había hecho famoso. Impartía una asignatura que se llamaba “Tecnologías de la información”, pero que se podía haber ahorrado el plural: en la práctica se reducía a una montaña de horas donde había que aprender a manejar una única tecnología: el tipómetro.

Un tipómetro es una especie de regla que tiene varias unidades de medida distintas. Cada una representa un alto de línea medido en puntos. Hace décadas, antes de que hubiera ordenadores, se usaban para diseñar las páginas de los periódicos impresos donde los titulares, las entradillas y el cuerpo del texto podían ir en distintos “tipos” de letra.

Para defenderse de la estupefacción de sus estudiantes al escuchar que el plan de la asignatura consistía en aprender a maquetar con papel y lápiz, el profesor contaba cada año la misma anécdota. Un día, hacía muchos años, cuando él trabajaba en la redacción de ABC, a la hora del cierre se fue la luz. Los ordenadores en los que se diseñaba –ya de entonces– el periódico se apagaron y solo quedó él, con su tipómetro, para maquetar la edición del día siguiente.

Nunca terminamos de entender cómo habían hecho aquella noche en ABC para meter esas páginas maquetadas a mano en la imprenta, que debía ser necesariamente digital y de fotocomposición. Tampoco nos quedó claro qué utilidad tenía aquel trasto todos los demás días en los que no se iba la luz en la redacción; mucho más en aquel momento en el que la prensa impresa estaba en caída libre y los periódicos empezaban a estar más en Internet que en el kiosco. Pero nos dio igual. El caso es que decenas de miles de estudiantes de periodismo, hasta bien entrado el siglo XXI, tuvimos que superar un examen de muchas horas que consistía en dibujar con precisión de cirujano la maqueta de un periódico en unas hojas blancas de papel, grandes como sábanas.

Ayer recordé aquel cacharro de medir cuando fui a comprar con mis hijos los materiales que necesitarán para sus últimos cursos de primaria: una caja de lápices y otra de rotuladores de colores; tres cuadernos pautados; uno de cuadrícula, para matemáticas; sacapuntas; pegamento en barra y tijeras de punta redonda; dos carpetas; dos bolis borrables y una regla. En unos días le sumaremos unos “cuadernos” de ejercicios de varias asignaturas que son una colección de fichas idénticas a las que podrían cumplimentar en una tablet, solo que no se pueden reutilizar de un año a otro y están impresas en papel. ¿Será por si se va la luz algún día en el aula?

Me perdonaréis la ironía. Soy consciente de que ayer, además, se publicaron unos resultados que evidencian que España se desploma en PISA y los alumnos tienen “dificultades” con textos de más de 400 palabras. Pero es que yo no sé qué esperamos. Mientras la vida y la sociedad se transforman a una velocidad vertiginosa, la educación parece negarse a cambiar con ella. ¿Cuánto ha cambiado el currículum educativo en los últimos 25 años? En mi experiencia, la educación que reciben hoy mis hijos es prácticamente igual que la que recibí yo, hace 35 años.

Tomemos por ejemplo los tres indicadores con los que medimos, una y otra vez, el fracaso educativo: la atención (al profesor) y la comprensión del texto escrito y el trabajo manual. Los tres son una herencia. Ninguno se eligió porque fuera la mejor manera de aprender; se impusieron porque durante siglos fueron la única disponible.

La clase magistral existe porque el conocimiento era escaso y caro de reproducir. Un aula con treinta niños escuchando a un adulto hablar durante horas no es un hallazgo pedagógico: es lo que se podía hacer cuando había un libro por pueblo y una sola persona capaz de leerlo en voz alta. Hoy, cuando han transcurrido décadas desde que aquello dejó de ser necesario, hemos conservado el formato y hemos convertido en virtud lo que era una limitación. Seguimos midiendo si el niño atiende, en lugar de preguntarnos si tiene sentido que sigamos aprendiendo a base de clases magistrales.

Con el texto escrito pasa algo parecido. Y se ve mejor si uno sale de la escuela. A nadie se le ocurriría montar hoy la formación de una empresa a base de leer manuales y responder por escrito. En cualquier formación más allá de los colegios no pueden faltar los vídeos, la interactividad y las herramientas digitales. No porque los adultos seamos distintos de los niños, sino porque funciona mejor. Cuando se trata de nuestros hijos, en cambio, defendemos el texto como si fuera una especie de valija moral a defender por encima del resto de tecnologías de la información. Pero no lo es: es una tecnología de transmisión que tuvo, durante quinientos años, la ventaja de no tener competencia.

Y luego está lo de hacer las cosas a mano. Recortar, pegar, rellenar fichas, dibujar con precisión de cirujano la maqueta de un periódico en una hoja grande como una sábana. Gestos que hoy no son ni de lejos la única manera de aprender, pero que seguimos repitiendo con una seriedad litúrgica, como si fueran una especie de tributo a las cosas puras. Ritos de un oficio que dejó de existir.

Y alguien dirá que el método da igual, que lo importante es que los conocimientos que se transmiten sí se hayan actualizado. Pero es que esa misma lógica ritual se traslada igual a los contenidos. De manera que en pleno siglo XXI seguimos enseñando que el cuerpo humano “quema” calorías, o que el átomo es una especie de sistema solar en chiquitito, pese a que hace 100 años que sabemos que es mentira.

Ayer a la OCDE le faltó tiempo para responsabilizar a “las pantallas” del desaguisado. A continuación, en sucesivos análisis volvimos a escuchar una cantinela que de vieja se está quedando gastada: los niños no atienden, no quieren aprender, están subsumidos por una tecnología que ya no les exige, sino que les vuelve más tontos. Y yo siento discrepar, pero a mí me parece que esto es como si mi profesor de Tecnologías de la información hubiera responsabilizado a la edición digital de El País de lo poco que nos concentrábamos los estudiantes en su asignatura.

Aquel profesor no defendía el tipómetro porque fuera importante que aprendiéramos a maquetar a mano; hacía años que aquel chisme no servía para eso y hubiéramos aprendido mucho mejor con uno de los muchos ordenadores que había en la facultad. Lo defendía porque era lo que él sabía hacer. Era él el que no quería aprender una cosa nueva.

Y yo creo que con la educación nos pasa lo mismo. No son los niños, somos nosotros, los adultos de hoy, la sociedad al completo, los que no queremos aprender. Somos nosotros los que nos empeñamos en seguir educando igual que hace 35 años para no tener que enfrentarnos al reto de transformar la educación para adaptarla de verdad al presente.

Por el camino, han pasado las décadas, casi nada se ha movido y lo que hace falta hoy ya no es un ajuste: es una transformación radical. Un cambio para el que no será suficiente con una ley sectorial, ni con bajar las ratios y para el que será necesario cuestionar el sistema entero, hasta que la escuela no se parezca en nada a aquel tiempo en el que no nos quedaba otro remedio que el texto y la clase magistral.

Era el invierno de 1928 y Estados Unidos iba viento en popa. El presidente, Calvin Coolidge, abría su discurso sobre el estado de la Unión afirmando que “ningún Congreso de los Estados Unidos se había encontrado nunca con una perspectiva más grata que la que se presentaba en aquel momento.”

“La enorme riqueza creada por nuestra iniciativa y nuestro trabajo, y preservada gracias a nuestra austeridad, se ha distribuido ampliamente entre nuestros ciudadanos. [...]. Las necesidades de la existencia han dejado atrás el umbral de lo indispensable para adentrarse en el territorio del lujo. El aumento de la producción encuentra salida en una demanda interna cada vez mayor y en un comercio exterior en expansión. El país puede contemplar el presente con satisfacción y afrontar el futuro con optimismo.”

Unos minutos más tarde, como si fuera una nota al pie, Coolidge deslizaba que había alguna nubecilla en el horizonte: el grano, el heno, el tabaco y la patata estaban rindiendo algo menos que el año anterior pero, oiga, pelillos a la mar; el progreso nunca es uniforme.

10 meses después la bolsa americana colapsaba, aplastada por una burbuja financiera que tenía su origen, como se comprendería después, en la caída de los precios de los productos agrícolas. Aquel crack bursátil dio comienzo a La Gran Depresión que antecedió a la Segunda Guerra Mundial.

Hoy también vivimos un momento de euforia económica. Pero en mitad de este jolgorio también hay señales de que las cosas no van del todo bien. En estos últimos meses, especialmente, algunos fenómenos relacionados con la deuda pública preocupan a los economistas.

Aunque han transcurrido casi 20 años desde la crisis de 2008, el endeudamiento de los países no ha dejado de crecer, ni siquiera en los tiempos de bonanza. Hoy muchos países han normalizado unos niveles de deuda que hubieran sido impensables hace 30 años. En Estados Unidos supera ya el 100% del PIB, en la zona euro va por el 88,9% y en China, si sumamos la deuda de las provincias y los vehículos de financiación municipal, alcanza el 107% del PIB en 2026.

Ese endeudamiento presiona las cuentas públicas, que han de derivar recursos a pagar intereses justo cuando la jubilación de los boomers y el envejecimiento de la población pone a los estados del bienestar frente a su hora de la verdad: el momento en el que tienen que soportar una mayor tensión.

Y aunque nadie piensa que estemos ante un momento de crisis inminente, tampoco está muy claro cómo va a evolucionar esta tendencia. Esa ansiedad latente es la que hace que cada poco tiempo salten alarmas en distintos puntos del mecanismo financiero internacional.

Este verano, tres fenómenos han terminado de alterar los nervios de los economistas.

El primero es que los rendimientos de la deuda pública están subiendo muy rápido en casi todos los países a la vez. El bono americano a diez años cotiza al 4,80%, su nivel más alto desde principios de 2007 y el de treinta años ha superado el 5,25%, su nivel más alto en 25 años.

El segundo es Japón. Los japoneses ahorran muchísimo. Durante treinta años, no tenían dónde invertir su ahorro en el país, porque los tipos de interés estaban en cero. Así que Japón se convirtió, sin que nadie lo dijera nunca en voz alta, en el prestamista del mundo: compraba deuda americana, francesa o española y de paso posibilitaba un mecanismo –el famoso carry trade– que permitía financiar los mercados internacionales a base de pedir prestado en yenes al 0% para comprar activos que rendían el 4% en otra divisa.

Ese grifo se está cerrando por una carambola global: la guerra de Irán ha hecho subir el precio de la energía y, con él, la inflación. Todos los bancos centrales tienen mucha presión para subir los tipos de interés. Pero si el Banco de Japón subiera los tipos, todo ese dinero que los japoneses tienen invertido fuera de su país retornaría, sacando miles de millones de dólares de los mercados mundiales.

El tercero de los fenómenos que tiene en alerta a los economistas es lo que se conoce como “el segundo shock chino”. A principios de siglo, la primera industrialización del país asiático inundó los mercados de productos baratos. Aquel primer “China shock” no fue a más porque aquellos bienes eran lo más barato de lo barato, productos sencillos por cuya fabricación Occidente no tenía interés en competir. En EE.UU. y en Europa abundaba la sensación de que quedaba pista por delante: la innovación y las nuevas tecnologías seguían siendo un monopolio del oeste.

Eso ya no es verdad. Hoy China es el primer productor mundial de algunas de las tecnologías más punteras que existen.

El coche eléctrico es el ejemplo que más duele. China exportó el año pasado 7 veces más vehículos que en 2019. Sus marcas ya rondan el 7% del mercado europeo de turismos, más del doble que hace un año y este año venderán en torno a 1,3 millones de coches solo en Europa occidental. JP Morgan calcula que podrían llegar al 20% del mercado en 2028. Mientras tanto, las marcas alemanas han pasado del 63,5% al 54,2% del mercado eléctrico alemán en un solo semestre y su cuota en China ha caído del 25% al 15% desde 2019. Volkswagen ha anunciado que dejará de fabricar 700.000 unidades en Alemania y despedirá a 35.000 trabajadores.

Como ocurre con todos los fenómenos de esta complejidad, hay más de una lectura posible. Como ha explicado hace unos días Paul Krugman, sería un error asumir que los bonos suben porque las cuentas públicas se han vuelto insostenibles. Hay autores, como Adam Tooze, apuntan a que un cambio en la composición del mercado de deuda —antes dominado por inversores institucionales, fondos soberanos y de pensiones, y hoy con mucha más presencia de fondos especulativos— está detrás de la volatilidad que estamos observando.

Puede ser. Pero lo que no admite discusión es que debajo de todas estas tensiones hay un movimiento sísmico del sistema económico internacional. Occidente tiene una crisis existencial. China está ocupando el papel de fabricante universal que hasta hace poco se repartían los países occidentales y nadie tiene claro cuál va a ser el papel de nuestra parte del globo en las próximas décadas. ¿Encontraremos un equilibrio con los exportadores chinos? ¿Encontraremos otro camino hacia la competitividad?

Frente a esta inmensa pregunta se están dando en estos meses dos posibles respuestas.

La primera es el silencio de la izquierda, que prefiere no hablar del tema porque no le gusta nada. “Las pensiones solo son un problema para quien pretende acabar con ellas”, me dice un amigo economista progresista. Es una perspectiva políticamente inteligente, pero peligrosa, porque deja el tablero del debate desierto para la siguiente propuesta, que es la única que parece estar encima de la mesa.

La enarbola el canciller alemán, Friedrich Merz, que después de volver de China dijo aquello de que en Europa “sencillamente ya no somos lo bastante productivos” y que con la semana de cuatro días y el equilibrio entre vida laboral y personal no se sostiene la prosperidad de un país. Es la misma posición que comparten los economistas del entorno de Mario Draghi, que en agosto se han constituido en Ginebra como el “Grupo del Rin”, un colectivo que apuesta por aplicar las 383 recomendaciones del informe de 2024 del que forman parte, entre otros, el propio Draghi, Patrick Collison y Luis Garicano.

El diagnóstico es siempre el mismo. Europa está perdiendo el tren de la productividad. No podemos vivir sin competir con China y allí se trabaja mucho más. Luego, lo que tenemos que hacer los europeos es trabajar más y ser más eficientes.

Esta posición, en mi opinión, peca de una falta de perspectiva flagrante.

Hace setenta y cinco años, Estados Unidos – u Occidente, si se prefiere, en un sentido más amplio– inventaron el fordismo y el capitalismo de consumo. Medio siglo después, China cogió el testigo y construyó una máquina industrial que hace exactamente lo mismo: copió nuestro modelo de desarrollo dirigido por el Estado, invirtió en infraestructura y puso el empleo industrial en el centro de la sociedad. Lo hizo con mano de obra barata, con esa premisa tan china de vender por debajo del precio del fabricante de enfrente.

Lo que proponen Merz y los economistas de la vía productivista es volver a coger esa vía, pero en el vagón de cola. Competir otra vez con nuestro propio pasado y la sociedad que éramos hace 50 años como si la única carrera posible fuera la de producir cada vez más y más barato.

No hace falta ser economista para entender que esa es una carrera hacia el fondo. Y es que el éxito que tuvieron nuestros países —en grados distintos— en la industrialización, la razón por la que pudimos vender con márgenes tan altos que nos hicimos ricos, no fue que trabajásemos mucho más que el resto. Fue que teníamos el monopolio del conocimiento necesario para fabricar aquellas cosas que vendíamos. No teníamos competencia, o teníamos muy poca para el tamaño del mercado.

Hoy es exactamente al revés. El mercado está saturado. El mundo ha cambiado y ya no somos una sociedad que necesite mucho de todo. Europa tenía sobrecapacidad en fabricación de automóviles antes de que llegaran los fabricantes chinos. Ahora los mercados están literalmente inundados de cosas.

Haríamos bien en recordar aquello que ocurrió en 1929, porque el momento actual se parece a aquel terroríficamente.

En los años previos al crack, la agricultura llevaba diez años hundida. Durante la Primera Guerra Mundial, Europa dejó de producir muchísimas toneladas de productos agrícolas. Como respuesta, los productores del llamado “Nuevo Mundo” —Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia— ampliaron superficies, intensificaron la mecanización y suplieron la demanda que dejaron los productores europeos. Pero cuando la guerra acabó y los europeos volvieron al campo, hubo una gran crisis de sobreproducción en la agricultura. Los precios se desplomaron y con ellos, los salarios. Los bancos rurales comenzaron a quebrar y los empresarios a endeudarse. Los niveles de paro cada vez más elevados expulsaron a millones de personas del campo a las ciudades. Mientras tanto, las ciudades vivían una burbuja bursátil que se asemejaba mucho a la prosperidad. y los gobiernos de Occidente, embobados, ignoraron el aviso hasta que fue demasiado tarde. En octubre de 1929 el problema llegó al corazón de Wall Street.

En los años siguientes, Occidente se encontró sin modelo. Si la agricultura y las exportaciones de materias primas no eran el mecanismo central de la economía, entonces, ¿Qué podría ser? Tuvieron que pasar 15 años, una gran depresión y una guerra mundial para que llegase a consolidarse la idea de la producción fordista y los estados del bienestar como nuevo paradigma para una civilización.

De la misma manera, hoy la crisis del COVID, la burbuja inmobiliaria y ahora la burbuja de la inteligencia artificial han mantenido a nuestros gobiernos distraídos mientras la producción industrial se comoditizaba. Debajo del China shock, de la desindustrialización de occidente y de la crisis de la deuda pública en ciernes, lo que se esconde es el final de la era industrial. Lo cual no significa, por supuesto, que vaya a dejar de haber cosas fabricadas, al contrario: habrá muchas más. Pero el proyecto industrial habrá dejado de ser capaz de dirigir el mundo, de permitirnos compartir un sentido civilizatorio y de darle a cada persona y a cada país un sentido y un sitio en la sociedad.

Y Europa, igual que en 1929, no necesita volver a ser como era hace 75 años: Necesita una visión nueva. Un propósito distinto para un tiempo distinto.

Perseguir a China hasta el fondo no va a resolver nuestros problemas, del mismo modo que competir en el precio del maíz con Argentina no podía resolver la crisis de Estados Unidos en 1930.

Las personas que creemos en la capacidad de los seres humanos para innovar y salir de las dificultades, los que creemos en la ciencia, en la exploración y en la creatividad como recetas del progreso, deberíamos empezar a pensar en serio qué queremos hacer con nuestra existencia en esta fase nueva que se abre.

— “A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije”.

Cuando Isabel Díaz Ayuso tuvo que explicar lo que había dicho aquel día en la tribuna del Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nación no le tembló el pulso. Sacó del bolsillo la estrategia habitual, tomó aire y se lanzó con todo:

— “Dije: me gusta la fruta”.

Hacer una cosa y decir la contraria siempre le había funcionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Me gusta la fruta” se convirtió a toda velocidad en un himno. Ayuso lo difundió en redes, sus seguidores empezaron a utilizarlo como una contraseña política y aparecieron camisetas y merchandising con el lema. Hasta se decía que había gente enviando celebratorias cestas de fruta a la sede del gobierno regional en la Puerta del Sol.

Lejos de ser una innovación, esta ayusada no era más que una jugada magistral del manual que manejan algunos políticos y activistas. Jugar con la realidad, insistir, contra toda evidencia, en que las cosas son como ellos las dicen y no como las vemos los demás, se ha convertido en munición habitual del arsenal populista.

El ejemplo más memorable lo protagonizó Elon Musk en enero de 2025. Durante un acto para celebrar la investidura de Donald Trump, levantó el brazo derecho dos veces en un gesto que para millones de personas resultó indistinguible de un saludo nazi. La imagen recorrió el mundo y provocó una reacción inmediata. Musk respondió tranquilamente que no. Las acusaciones eran un ataque y una maniobra de los medios woke. Aquello había sido simplemente de un gesto de entusiasmo. ¿O no?

Gestos parecidos encontramos todos los días en Trump, cuando por la mañana amenaza con invadir Groenlandia y por la tarde lo niega. O cuando publica fotos de sí mismo con corona, o vestido de Papa. O dice que construirá un resort de vacaciones en Palestina lleno de estatuas de oro con su cara. ¿Lo dice en serio? ¿O nos está tomando el pelo?

Tan habitual es esta forma de trilerismo que algunos autores proponen que es la característica central del populismo. Estos políticos, dicen, son los pícaros, los trileros, los tricksters (en inglés) de nuestro momento.

El trickster es un arquetipo de la cultura popular. Aparece una y otra vez en la mitología: es Loki en la mitología nórdica, Hermes en la griega y Anansi en las tradiciones de África occidental. En la cultura Occidental, el trickster tiene una tradición que va de los bufones de las cortes a los pícaros de las literaturas española e inglesa, entre otros muchos. Lewis Hyde, en Trickster Makes This World, lo define como la encarnación mítica de «la ambigüedad y la ambivalencia, la duplicidad y el desdoblamiento, la contradicción y la paradoja». El trickster es, sobre todo, un transgresor: alguien que cruza las líneas que separan lo correcto de lo incorrecto, lo sagrado de lo profano y lo verdadero de lo falso.

He hablado en esta columna muchas veces de Boris Johnson, quizá el mejor de todos los tricksters. Ese hombre que nunca dice si está hablando en serio, un orgulloso bufón, del que es imposible decir si es un lord inglés o un borracho recién salido a trompicones del pub.

Durante años, Johnson sirvió a una parte de la sociedad británica para expresar –o más bien, aplaudir a quien expresaba– un descontento con las élites de Londres. Mientras muchos ciudadanos seguían siendo el tipo de personas que solo sale de su isla para viajar a Benidorm una vez al año, los políticos británicos estaban plenamente insertos en Bruselas y en nuestra cultura continental como si fueran uno más. Mientras tanto, una parte creciente de la población se sentía abandonada. Desatendida. Por eso le aplaudían a Johnson todas las bravuconadas, las salidas del tiesto y los desplantes a la tradición política de los Comunes.

La historia de Johnson revela también cómo mueren, en política, los tricksters. Como Ayuso, el premier británico había conseguido durante años convencer a sus votantes de que era exactamente un timador: un tipo capaz de engañar a las élites de Londres; alguien dispuesto a romper las reglas y a reírse del establishment en su cara. Hasta que llegó el confinamiento. Mientras millones de británicos no podían despedirse de sus familiares, abrazar a sus padres o reunirse con sus amigos, a Johnson le pillaron celebrando fiestas en Downing Street. De la noche a la mañana su popularidad cayó a plomo. En unos meses perdió toda la ventaja que había mantenido en las encuestas hasta que no le quedó más remedio que dimitir y marcharse.

Los tricksters caen por su propio peso. Una vez que han convencido a todo el mundo de que son unos timadores, llega un momento en el que sus votantes se dan cuenta de que todo eso es verdad, son unos timadores. ¡Pero es que los timados son ellos! Entonces cambia el sentido de la broma y ya nadie se ríe.

Esto es lo que le está pasando hoy a Isabel Díaz Ayuso con el escándalo del ático. Después de convencer a su electorado, durante años, de que ella es capaz de reírse de todo el mundo y de mentir siempre que haga falta para enfrentar al gran enemigo común del sanchismo, hoy se revela como una persona que está mintiendo, sí. Pero mucho antes que a todos los demás, a sus propios votantes.

Hace unos días Ezra Klein, del New York Times, propuso otra vuelta de tuerca al papel del trickster en la política actual: estos trileros, pese a esa tendencia a producir el caos que en un primer momento nos coloca a todos a la defensiva, pueden tener una función cultural que puede resultar saludable. Al poner en cuestión las categorías con las que una sociedad organiza el mundo, también la obligan a reconsiderarlas.

Su función, dice Klein, es poner en crisis un orden que se ha vuelto demasiado rígido sin llegar a romperlo. Con sus exabruptos, los tricksters consiguen revelar las debilidades de un sistema político y abrir la posibilidad de transformarlo.

A partir de ahí pueden ocurrir dos cosas. O la sociedad se ha vuelto demasiado rígida y no sabe adaptarse, y entonces acaba quebrándose, o es capaz de absorber la disrupción, incorporar aquello que el trickster ha puesto de manifiesto y renacer transformado.

Algo así parece estar ocurriendo ahora en Reino Unido. Después de unos años en los que el tablero político cada día se parecía un poco más a una fosa séptica, empieza a aparecer una nueva energía. Andy Burnham, recién llegado al cargo de primer ministro, ha irrumpido en Downing Street con un impulso y una cantidad de ideas que no se veían en el laborismo desde Tony Blair. Los verdes han conseguido abrirse un espacio propio, con candidatos capaces de disputar el terreno a los partidos tradicionales y hasta los conservadores de Kemi Badenoch parecen estar intentando encontrar una nueva voz y una nueva relación con el país, después de una serie de catastróficos primeros ministros.

Roma no se hizo en un día, dice el dicho. La mayoría de las cosas llevan su tiempo.

Casi siempre asociamos esta idea a lo que queremos conseguir, pero funciona igual de bien en la dirección contraria: degenerar hasta convertirse en una mala persona o en un capullo integral tampoco es fácil. Hay que perfeccionar el arte de ser un imbécil y eso no se improvisa. Así que cuando uno se cruza en la vida con una canallada puede estar seguro de que no es casualidad, ni mucho menos la primera vez. Quien la comete se lo ha currado: lleva mucho tiempo empeñado en perfeccionar el oficio.

Si esto ocurre con las personas, con las organizaciones, todavía más. Como sabemos bien en este país, convertir un estado corrupto y autoritario en otro democrático cuesta una cantidad ingente de tiempo, trabajo y determinación. Hay que cambiar la cultura, la forma de hacer, los procesos, los incentivos y hasta a las personas para dejar de perpetuar un paradigma basado en la obediencia y el silencio y adoptar otro basado en la legalidad y la transparencia. No es nada fácil que un montón de funcionarios cambien de forma de hacer.

Lo bueno es que, una vez conseguido, las inercias funcionan en el sentido opuesto. Es imposible conseguir que un montón de funcionarios se corrompan y empiecen a actuar como si estuviéramos en un país bananero de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo y un cambio en la cultura de una administración que la gente, que en su mayoría quiere hacer las cosas lo mejor posible, termine por prestarse a prácticas que podrían ser constitutivas de un delito. Así que cuando observamos que en una institución se producen casos que son claramente una desviación de la naturaleza de un Estado de Derecho, podemos dar por seguro que ni son los primeros, ni son los únicos.

Algo así es lo que revela el caso del ático de Ayuso. Más allá de una gestión política muy torpe, lo que deja entrever es un ecosistema entero de empleados públicos tramitando operaciones que, si no son delito, se le parecen mucho. Comprar un inmueble sin un informe que acredite que puede destinarse a un uso administrativo, hacerlo sin un estudio de mercado previo y sin que la operación figurara en el presupuesto ni en el portal de transparencia parecen algunas de las cosas que alguien hizo sin atenerse a una ley y solo porque alguien lo ordenó desde arriba.

Pero mucho más revelador de esta cultura que parece haberse adueñado de la Comunidad de Madrid resulta la contratación de la diseñadora de interiores Alejandra Pombo para realizar unas obras en la sede de la Comunidad de Madrid que Ayuso puso como excusa para adquirir el ático en un primer momento.

Se trata de un expediente de licitación bajo el título “Diseño, redacción del proyecto de decoración interior y dirección facultativa para obras de adecuación de espacios institucionales de la Real Casa de Correos, plaza de la Puerta del Sol 7 de Madrid”, que asciende a unos 49.000 euros más IVA, que la Comunidad de Madrid inició en el mes de junio –meses después de comprar el ático, por cierto– y que publicó el 7 de agosto, días después de que estallara el caso del ático.

Por su objeto y su cuantía, debería tratarse de un expediente de los más habituales, de los que la administración licita todos los días en alguno de los miles de inmuebles que pertenecen al estado, desde el arreglo de un colegio a la modificación de unas oficinas. El objeto del contrato, según reconoce el propio expediente, es la contratación de los servicios de redacción un “proyecto básico” de arquitectura y un “proyecto de ejecución”, los documentos necesarios para realizar obras en cualquier ciudad de España.

Si hubiera sido así, habría salido a concurso público, al que se hubieran podido presentar miles de estudios de arquitectura, que hubieran hecho propuestas distintas en función de las especificaciones que hubiera dado la administración para este trabajo concreto.

Pues no.

Para poder adjudicar este expediente a dedo a Alejandra Pombo, en la Comunidad de Madrid han hecho una pirueta imposible, por no decir otra cosa. En lugar de considerar que es un proyecto de arquitectura, a pesar de que esos son los servicios que solicitan y hasta el precio se determina como un porcentaje del coste previsto de la obra, los gestores del expediente han considerado que este encargo es una “obra de arte” que solo se puede encomendar a una artista en concreto, que por tanto no puede salir a concurso público como hacen todos los expedientes de reforma de otros inmuebles, y que solo puede realizarlo la señora Pombo, que es una artista.

Para llegar a esa conclusión, el expediente ni siquiera determina exactamente el alcance de los trabajos, de manera que a esta hora no sabemos si lo que van a hacer es cambiar cuatro sillones o reformar toda una planta, pese a que lo que sí hay es un presupuesto para la intervención que asciende a 1,6 millones de euros. Y la única motivación que ofrece para todo esto es que las estancias deben encontrarse “a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local”.

Como sabe cualquiera que haya trabajado de un lado o del otro de la contratación pública, esto son una serie de barbaridades que nunca debieron pasar el filtro de la intervención general de la comunidad, ni del resto de responsables del expediente. Más allá de su calificación jurídica, este episodio revela la calidad de la estructura administrativa que tiene detrás, y no son buenas señales.

Cuando uno se da de bruces con una canallada como esta, es difícil que sea la primera o que sea la única. Y da la sensación de que en esta parte de la administración los procedimientos que velan por la integridad del Estado de Derecho flojean, si no brillan por su ausencia. Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid.

El eclipse de este miércoles nos hizo bien.

No es ninguna metáfora. La ciencia lleva años estudiando cómo el asombro tiene efectos sobre la psicología humana. El asombro es esa sensación que nos envuelve cuando nos encontramos ante algo tan grande, tan hermoso o tan extraordinario que, durante unos instantes, nuestra manera habitual de entender el mundo se queda pequeña y nos quedamos pasmados, atónitos delante del milagro de nuestra propia existencia. Es esa emoción que puede resultar de la contemplación de una montaña, de la forma que nos hace sentir una pieza de música, del nacimiento de un hijo o de la inmensidad de una noche estrellada. Quizá su máxima expresión se produce durante los instantes fugaces que dura un eclipse.

El asombro no solo produce una emoción agradable: provoca respuestas físicas y psicológicas concretas. Puede sincronizar la respiración y el ritmo cardíaco, favorece un estado de calma y conexión social. Al hacernos sentir pequeños ante algo mucho más grande que nosotros, reduce la preocupación por uno mismo y aumenta la disposición a ayudar a los demás, nos saca del centro de nuestra propia experiencia. Durante un momento dejamos de estar pendientes de nuestra pequeña colección de problemas, agravios, preocupaciones, facturas, mensajes sin responder y discusiones políticas y de pronto algo ocupa tanto espacio delante de nosotros que nuestro propio ego tiene que hacerse más pequeño para dejarle sitio.

En los niños, los estudios muestran que el asombro estimula la curiosidad y las ganas de aprender y explorar, y que quienes lo experimentan están más dispuestos a dedicar tiempo a ayudar y a compartir lo que han recibido con otras personas. En adultos, además, se relaciona con una mayor intención de comportarse de manera ética.

No siempre fue así. No siempre es así.

Durante la mayor parte de nuestra historia, esto que ayer contemplamos con fascinación era un fenómeno sobrevenido, una señal de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. En la antigua Mesopotamia, los eclipses eran considerados presagios que podían anunciar acontecimientos políticos o desastres. En China se creía que un dragón estaba devorando el Sol; en el mundo inca, era una señal del enfado del dios Sol.

La diferencia entre aquellas civilizaciones y la nuestra es que nosotros sabemos cosas que ellos no sabían. El conocimiento acumulado durante milenios nos permite contemplar la belleza del universo sin miedo. Y hasta nos hace felices.

Por eso hoy, cuando todavía tenemos en la piel esa sensación de asombro que vivimos anoche, es un buen momento para recordar que todo ese conocimiento que nos separa del miedo hay que hacerlo. Reconocer que fue construido entre centenares de miles de seres humanos de todas las épocas, hasta el día de hoy. Que se hace con museos, con observatorios, con laboratorios, con parques científicos y con bibliotecas; los espacios culturales y científicos que permiten a una sociedad encontrarse con algo que la supera.

El asombro se hace con determinación.

En estos días España está peleando para conseguir que La Palma albergue un Telescopio de Treinta Metros (TMT), una de las grandes infraestructuras científicas para la astronomía del futuro. El Gobierno español, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y el ICO, junto con el Banco Europeo de Inversiones han puesto encima de la mesa hasta 1.000 millones de euros para que el consorcio internacional que dirigirá este dispositivo escoja La Palma como sede.

Este telescopio, no hay cómo exagerarlo, es un sueño de la humanidad. Cuando se levante, tendrá más capacidad que los diez mayores observatorios terrestres actuales juntos y permitirá obtener imágenes con una resolución más de cuatro veces superior a la del James Webb. Con esa tecnología podríamos comprender cómo nacieron las primeras galaxias, qué es la materia oscura, cómo aparecieron los agujeros negros supermasivos, cómo se forman los planetas o si existe vida en otros mundos. Pero la historia de la astronomía nos enseña que las grandes nuevas ventanas al universo suelen mostrarnos cosas que nadie había previsto. El verdadero valor de construir un telescopio así es que no solo nos permitirá encontrar respuestas, si no hacernos preguntas que todavía no sabemos ni formular

Hay, por supuesto, razones económicas y científicas para querer que el TMT venga a España. La infraestructura atraerá investigadores, talento, inversión y conocimiento. Pero hay otra razón mucho más importante, y es que necesitamos invertir en proyectos que nos hagan levantar la cabeza. Seguir imaginando qué habrá detrás de todas esas cosas que todavía no sabemos ni que existen. Debemos seguir recordándonos a nosotros mismos que somos una realidad mucho más grande que nuestros problemas.

Este miércoles, millones de personas compartimos esa emoción del asombro. Nos colocamos delante de que estemos aquí, de que estemos vivos, juntos en este trozo de roca sideral que se desplaza a toda velocidad por el universo. Del milagro de ser, como decía Eric Olin Wright, “solo materia” y aun así, “materia organizada de una manera tan compleja que es capaz de reflexionar sobre su propia condición material y sobre lo extraordinario que ha sido estar viva, ser consciente de estar viva y ser consciente de ser consciente de estar viva”. Ayer fuimos felices mirando al cielo. Y nos hizo bien.

Conviene seguir invirtiendo en que nos pase más a menudo.

En los últimos años, quizá desde que la crisis de 2008 dio al traste con el mundo que conocíamos, ha ido calando en la sociedad española la percepción de que todo va cada vez peor. Que las últimas décadas del siglo XX fueron las mejores de la historia y ahora vivimos alguna especie de regresión.

Si tú eres de los que piensan que es así, déjame darte algunos datos que te convencerán de lo contrario. En los últimos 25 años, la esperanza de vida al nacer ha crecido en 9 años en todo el mundo, 4 años en España, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad y sigue marcando mínimos históricos, la pobreza extrema es un tercio de lo que era en el año 2000, la alfabetización ha pasado del 80% de la población mundial al 88%, el porcentaje de la población mundial que tiene acceso a la electricidad ha pasado del 78% al 92% y si en 2000 el 20% de los niños del mundo no estaban en insertos en el sistema educativo, hoy son la mitad.

Incluso si atendemos a la desigualdad, que es una de las cosas que más preocupan, según los datos del World Inequality Lab que lidera Thomas Piketty resulta que en muchos países también ha disminuido. Por ejemplo, en España, el porcentaje de riqueza que acumula el 10% se mantiene estable (en el 57,3%) y el del 1% más rico de la población se ha reducido mínimamente (del 24,6% al 24,1%).

¿Entonces por qué tenemos esta permanente sensación de crisis y de peligro?

En mi opinión, lo que le ocurre al mundo contemporáneo no es que sea peor, sino que es más difícil. Vivimos en una realidad cada vez más compleja y más exigente, donde los acontecimientos extraordinarios se han vuelto ordinarios y hace falta mucha más inteligencia —y mucha más cooperación— para estar a la altura. Basta echar la vista atrás para verlo: en los mismos 25 años en que las condiciones materiales de vida han mejorado sin lugar a dudas, hemos vivido el ataque a las Torres Gemelas y la oleada de atentados que vino a continuación, las guerras de Afganistán e Irak, la mayor crisis financiera desde 1929, la primavera árabe y la guerra de Siria, el Brexit, la aparición de los populismos, una pandemia global, la invasión de Ucrania, el genocidio en Palestina y una serie de desastres naturales que pronto tendremos que dejar de llamar excepcionales. Por el camino, las instituciones que debían servir de amortiguador frente a la incertidumbre muestran evidentes síntomas de agotamiento y el resultado es un mundo donde cada vez hay más gente asustada.

En esta tesitura, el eje de la política está virando. Mientras las ideologías clásicas que habían ordenado la sociedad en el siglo XX se desvanecen, vemos emerger los dos grandes bandos de nuestro tiempo. En uno están quienes creen —creemos-– que los seres humanos somos una especie con una creatividad y una capacidad de adaptación extraordinarias y que podemos enfrentarnos a los acontecimientos que están por venir como hemos demostrado en incontables ocasiones; y del otro están quienes insisten en que el mundo es hoy un juego de suma cero, donde los recursos son cada vez más limitados –por más que esto sea falso, como hemos visto– y la única opción que nos queda es la de sacarnos los ojos los unos a los otros por lo que quede.

Todas las refriegas políticas del momento —la vivienda, la inmigración, la igualdad de género, las pensiones— son la misma pelea entre los mismos dos bandos: uno que propone que, si nos lo proponemos, existe una solución mejor para todos y otro que propone que esto es una guerra y lo que toca es defender lo que tenemos con uñas y dientes.

En Ceuta, estos días, vemos otra vez el mismo debate. De una parte, un montón de aprovechados a los que se les debería caer la cara de vergüenza. Hombres de traje y corbata que después de hablar de “invasión” y de hacernos creer a todos que estamos en peligro, ahora se niegan a acoger a un millar de niños solos.

Hagamos las cuentas también de esto. Mil niños en un país de 49 millones de habitantes son el 0,002% de la población: un niño por cada 49.000 personas, uno por cada ocho municipios de España. Repartidos por el sistema educativo, que escolariza a más de ocho millones de alumnos, serían un pupitre más por cada ocho mil. El año pasado, más de 140.000 españoles hicieron las maletas y se marcharon del país — es decir, cada dos días y medio se va de España la misma cantidad de gente que ahora mismo “no cabe”. No hay ningún problema de capacidad. Hay una escenificación: la farsa de la escasez, representada con niños de atrezo.

Al otro lado de esta farsa, afortunadamente, están los españoles que buscan soluciones a los problemas que se encuentran: guardias civiles rescatando bebés del mar, militares abrazando a niños aterrados en la playa, grupos de gente echando a los agitadores populistas de Ceuta, voluntarios dando de comer a las personas que habían cruzado la frontera engañadas, personas comprando comida por encargo en el Mercadona más cercano porque a quienes habían cruzado la frontera no les dejaban entrar. Detrás, toda una estructura social que nos ha permitido, una vez más, superar una crisis sobrevenida en un tiempo récord y con una actitud de país ejemplar. Y además, darle una lección a Europa.

No es la primera vez. Hoy podemos decir que es una constante. Todas y cada una de las veces que este país se ha encontrado con una emergencia —como en el COVID, en el apagón, en la dana de Valencia, en los incendios de las pasadas semanas y ahora, en Ceuta— ha demostrado ser una sociedad extraordinaria: valiente, acogedora, resolutiva, preparada y capaz.

Viva España, carajo. Y vivan los españoles.

Ante la emergencia, el Gobierno surcoreano ha tenido que habilitar esta semana una línea de prevención del suicidio para atender a los afectados. Centenares de miles de personas —principalmente jóvenes y jubilados— se habían jugado sus ahorros en la bolsa, convencidas de que se hallaban ante un milagro económico; una quimera; la oportunidad de hacerse ricos de la noche a la mañana.

Y los han perdido.

El día que tocó techo, el Kospi —el equivalente surcoreano del Ibex 35— llevaba 18 meses subiendo como la espuma y había cuadriplicado su valor. En junio de este año, el mercado de un país con un PIB similar al de España llegó a capitalizar 5 billones de dólares (el Ibex, como referencia, ronda el billón). En el camino, miles de particulares se habían subido al carro, muchos endeudándose hasta el cuello para no perderse lo que parecía un tren imparable.

El 22 de junio, el índice alcanzó su máximo en torno a 9.200 puntos y desde entonces, en un mes, ha perdido el 40% de su valor. Como muchos inversores particulares habían comprado las acciones a crédito, con las primeras caídas se dispararon los mecanismos automáticos que fuerzan la venta de las acciones cuando bajan de precio. De manera que cuanto más caen las acciones, más deprisa siguen cayendo. Solo el martes se desplomó un 10%; ayer, otro 7%. El ejecutivo de Seúl, que considera que el país afronta un evento catastrófico en los mercados.

¿Se contagiará la crisis al resto de los mercados mundiales? Es muy probable. Porque lo que está pasando en Corea no es un evento aislado. La escalada disparatada de su bolsa es un temblor provocado por una falla sísmica. El epicentro del terremoto está a miles de kilometros de distancia, en Wall Street. (Para quien se pierda, he puesto un “quién es quién” de este sainete al final del artículo).

Entre noviembre de 2022 y su pico, pocos días antes de que empezara a desplomarse el Kospi, el S&P 500, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, practicamente había duplicado su capitalización, hasta alcanzar los 67 billones de dólares. Las siete empresas más grandes del mundo, todas estrechamente vinculadas con la inteligencia artificial, han multiplicado su valor por tres en el mismo periodo.

Se estaba inflando una burbuja sobre la idea de que esta tecnología lo iba a cambiar todo: iba a reemplazar millones de puestos de trabajo y multiplicar la productividad hasta donde nadie había podido imaginar.

Aquello no terminó de ocurrir. Con el tiempo se fue haciendo evidente que las promesas de la IA no se estaban reflejando en las estadísticas (ni había un crecimiento exponencial del PIB, ni de la productividad, ni una caída del empleo, ni se terminaba de reflejar en ningún indicador).

En octubre del año pasado la burbuja comenzó a dar claros síntomas de agotamiento. Los resultados trimestrales de las grandes compañías, aunque mostraban un crecimiento extraordinario, nunca visto, eran recibidos por las bolsas con bruscas caídas en la cotización. La burbuja no había explotado, pero claramente estaba perdiendo aire muy rápido.

Desde entonces el discurrir de las bolsas ha sido una lucha entre dos tensiones: entre quienes insisten en sostener el espejismo de una gran revolución de la inteligencia artificial y quienes apuestan por deshacer las posiciones antes que la burbuja les explote en la cara.

Hace unos meses, una de las grandes empresas del sector, Anthropic, presentó un producto llamado Claude Code que permitía llevar al ámbito de la programación informática la misma lógica que los chats de texto a los que estamos acostumbrados. El mercado lo recibió con entusiasmo al principio, pero luego pasó a hacerse preguntas muy concretas. ¿Cuántos programadores hay en el mundo a los que les interese esta herramienta? ¿Cuanto se puede cobrar por ella? ¿puede ser la IA rentable?

Y la más importante ¿Hay alguna manera de justificar la valoración de muchos billones de dólares que se les supone a estas empresas?

El problema que tiene la industria en este momento es que la respuesta a esa pregunta es no. Según distintos estudios, para estar a la altura de lo que se estima que valen estas compañías tendrían que desplazar entre un 15% y un 30% de los empleos. Algo que, con toda seguridad, no está ocurriendo.

En lugar de enfrentarse a este problema, en los siguientes meses la burbuja de la IA mutó. El negocio no estaba, decidieron sus promotores, en el software, que ya era evidente que no iba a ser rentable, sino en los centros de datos. Y como estos eran de su propiedad, unos pocos actores en EE.UU. podrían capturar la rentabilidad de toda la industria por la vía de alquilarlos. En otras palabras, para huir de esa incapacidad para dar beneficios con la tecnología, la burbuja de la IA se volvió un negocio inmobiliario en el que el plan era cobrar por el real estate digital.

La consecuencia, en los siguientes meses, fue que las acciones de los creadores de software perdieron fuelle (Desde enero: Meta -10%, Microsoft -20%, Google +3%, SpaceX -50%), mientras crecían a toda velocidad las valoraciones de los fabricantes de chips —los llamados “semis”— y de tarjetas de memoria RAM (Micron +200%, AMD +125%, Intel +142%).

Lo que pasa es que la realidad es como la tortuga del cuento: puede que sea lenta, pero si te descuidas, siempre te alcanza. Y debajo de esa idea de que la IA era un negocio inmobiliario había un inmenso cráter: si los LLMs no son rentables, ¿cómo van a pagar por los centros de datos? Y si no son ellos, ¿quién es el inquilino que va a pagar por toda esa capacidad de computación?

Han tardado unos meses, pero en estas últimas semanas, casi días, se han acelerado los acontecimientos y hasta los más entusiastas se han visto obligados a ponerse delante de esa pregunta: ¿de dónde sale el dinero en la burbuja de la IA?

Hace unos días dos empresas chinas lanzaron varios modelos que son, si no mejores, casi iguales que los de Anthropic y ChatGPT. Para pasmo de la industria, estos modelos son, además, libres (“open weight”) y cualquiera puede usarlos sin depender de sus promotores. Las consecuencias son tremendas: Estados Unidos ha dejado de liderar la carrera de la IA y está cerca de empezar a perderla.

El gobierno de Estados Unidos, con la colaboración de Anthropic, ha amagado con prohibirlos en territorio americano, pero ya era demasiado tarde. Se había hecho evidente algo que ya habíamos comentado por aquí muchas veces: la IA es un bien público y, como tal, no hay manera de monopolizar la tecnología para comerciar con ella.

Oliéndose la maniobra, casi todas las empresas tecnológicas americanas, que no tienen por qué compartir intereses con su gobierno, han puesto pie en pared y han firmado un manifiesto a favor de los modelos libres.

Mientras tanto, Meta y SpaceX han anunciado que van a alquilar sus propios centros de datos, dando a entender que no tienen suficiente demanda de clientes para que les salga rentable usarlos a ellos. En otras palabras, ya hay demasiada capacidad de computación instalada.

En contra de esa intuición, Nvidia ha anunciado que va a garantizar un préstamo a OpenAI para construir el centro de datos más grande del mundo, por valor de 500.000 millones de dólares que después se llenará… de chips de Nvidia. No es buena señal que esta empresa, que está en el centro de toda esta burbuja, está teniendo que financiar a sus propios clientes la compra de sus propios chips.

En mitad de este tinglado, SpaceX, que salió a bolsa a bombo y platillo como la empresa más trillonaria de la historia de los trillones, se ha estampado en poco más de un mes y hoy cotiza por la mitad del máximo que alcanzó a pocos días de su lanzamiento.

En resumen: no queda nadie que no hable ya de sobreinversión, de que las empresas no quieren seguir quemando dinero en la IA y de los acuerdos de financiación circular que han impulsado a la industria hasta hoy.

La consecuencia ha sido el desplome de las acciones de los “semis”, las empresas que fabrican los chips. Por eso ha caído la bolsa coreana, que agrupa a varios de esos actores, y han caído también hasta un 10%, los fabricantes americanos.

Puede parecer poca cosa, porque en su capitalización total estas empresas no son tan grandes; no representan un porcentaje de la bolsa tan importante como Google o Nvidia. Pero su importancia es inmensa: con este movimiento muere la idea de que la burbuja de la IA podía subsistir subida en el hardware, no en el software.

En los próximos días, solo queda por delante una serie de acontecimientos que solo pueden salir mal.

En estos días presentan resultados varios de los grandes actores del momento. Y aquí no hay respuesta buena. Si anuncian que siguen invirtiendo, están admitiendo que van a quemar más dinero en una capacidad de computación que ya sobra. Si anuncian que dejan de invertir, admiten que la fiesta ha terminado y arrastrarán a todos los demás.

Entre ellos, le tocará presentar a SpaceX y al margen de que sean malos, que es de esperar, porque esta empresa nunca ha dado beneficios, la fecha tiene importancia porque los inversores que compraron antes de la salida a bolsa podrán vender por primera vez sus acciones después de esta presentación. Con la cotización a la mitad del máximo, la pregunta no es si venderán, sino cuántos y a qué velocidad.

En octubre sale a bolsa Anthropic y, más tarde o más temprano, OpenAI. Las dos necesitan que el mercado les compre valoraciones de cientos de miles de millones justo cuando casi todo el mundo ha dejado de creérselas. Si la salida a bolsa se hace a un precio realista, sería tanto como admitir la caída de toda la industria. Si se intenta al precio de la fantasía, es prácticamente imposible que el mercado lo compre. Y no hay tercera opción.

Mientras tanto, los modelos chinos no van a dejar de mejorar. Y como son libres, cada mejora irá reduciendo lo que los demás competidores pueden cobrar por esta tecnología.

Como colofón, si no se precipita antes, en noviembre hay elecciones al Congreso y al Senado en Estados Unidos y Trump, que ha sido el gran valedor de la burbuja, el que se ha sacado todos los ases de la manga para seguir echando leña al fuego cada vez que amenazaba con explotar, perderá gran parte de su poder político.

Desde el lanzamiento de ChatGPT, la burbuja de la IA ha sido como si alguien hubiera lanzado con mucha fuerza una bola cuesta arriba. Mientras duró el impulso —el capital y el hype— la bola subía como si no le costara esfuerzo. Pero está en una pendiente, y en el momento exacto en que el impulso se le acaba, solo puede empezar a caer.

Estos son los últimos días de la inteligencia artificial. No de la tecnología en sí, que seguro que seguirá mejorando y siendo util en muchos casos; pero sí de la burbuja, de la amenaza, del delirio de eso que hemos llamado inteligencia artificial y no era tal. Es el final de la locura colectiva que todos estos años nos ha hecho creer que nos podía reemplazar una máquina.

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Quién es quién de la burbuja de la IA

Nvidia es la empresa que fabrica los procesadores sin los que no existe la inteligencia artificial moderna: durante años ha sido prácticamente la única opción viable, y su valoración ha crecido hasta límites estratosféricos por ese monopolio.

AMD e Intel son sus competidoras históricas en el mundo de los semiconductores; aunque llevan décadas en el mercado, han visto cómo la explosión de la IA les daba una segunda vida en bolsa, aunque sin la posición dominante de Nvidia.

Micron es el principal fabricante de la memoria RAM que esos chips necesitan para funcionar.

OpenAI es la compañía detrás de ChatGPT, la cara visible de la revolución, la que ha puesto la IA en boca de todo el mundo y la que ostenta una valoración de cientos de miles de millones a pesar de no dar beneficios.

Anthropic es su rival más directa en Occidente. Desarrolla Claude.

Meta (dueño de Facebook e Instagram), Microsoft y Google son los gigantes que han apostado cantidades obscenas de dinero a integrar la IA en sus productos y a construir la infraestructura necesaria para ello.

SpaceX es la empresa de cohetes de Elon Musk fusionada con el antiguo Twitter que, a su vez, Musk quiso convertir en una empresa de IA. Ha estado construyendo centros de datos aprovechando su expertise en energía y redes.

Moonshot AI es la empresa china detrás de Kimi, un modelo de pesos abiertos que rivaliza con ChatGPT y Claude.

Z.ai es otra empresa china que ha publicado un modelos tan capaz como los occidentales que se puede entrenar por una fracción del coste y, lo que es peor para el negocio, que se distribuye de forma abierta.

“Llega un punto en el que da la sensación de que más que pagando a una persona por una casa, lo que estás es pagándole un sueldo”. Hace unos días, Ainhoa Díaz y Raúl Sánchez publicaron en estas páginas un análisis sobre las transferencias de renta que todos los años los arrendatarios hacen a los arrendadores en España.

Es un trabajo extraordinario, imprescindible, por los testimonios que incorpora, por los datos que aporta —como que la cantidad que los arrendatarios pagan cada año asciende a 28.000 millones de euros—, pero sobre todo porque pone nombre a la realidad económica central de la sociedad del siglo XXI: la gran transferencia.

Y es que cada año, en todos los países de Occidente se repite la misma operación: una parte de la población entrega a otra un porcentaje creciente de sus ingresos a cambio de poder vivir en algún sitio. Como explican Díaz y Sánchez, la mayoría de los pagadores son jóvenes y más pobres, mientras que la mayoría de los receptores son personas mayores que les doblan la renta. Para centenares de millones de personas, esa transferencia es el acto central de su vida económica: la primera preocupación y la que ordena todas las demás decisiones —dónde vivirán, si estudiarán, si comerán carne esta semana, dónde irán de vacaciones o si sus hijos tendrán clases de apoyo.

Lo que el trabajo de Díaz y Sánchez no alcanza a decir es que esa gran transferencia no se agota en el alquiler; no se limita a los arrendamientos. Quien compra hoy un piso por seis, diez o veinte veces lo que pagó su anterior propietario está haciendo exactamente lo mismo que los arrendatarios: una gran transferencia al vendedor, solo que con la ayuda del banco y a pagar en treinta o cuarenta años de hipoteca.

Y alguien podría pensar que esto siempre ha sido así, que todas las generaciones tuvieron que invertir una parte de sus ingresos para pagar su casa; es normal que la gente tenga que pagar por su piso. O que quienes se esforzaron para comprar su casa tienen derecho a recibir una retribución por su inversión. Hay una historia moral que nos han contado muchas veces sobre cómo nuestros padres se esforzaron y ahorraron para comprarse un piso (y entonces, hemos de leer entre líneas, tienen derecho a que ahora alguien les pague por ese piso mucho más dinero del que les costó).

¿Pero en qué debería consistir esa retribución? Lo justo sería que cada generación pagara por una vivienda lo que costó en su día, actualizado por el IPC —como se hace con las pensiones— o, siendo más generosos, por lo que hayan crecido los salarios o el PIB per cápita.

Lo que ha ocurrido es otra cosa: el precio de la vivienda ha crecido muchísimo más deprisa que cualquiera de esas referencias. Y esa diferencia no tiene nada que ver con lo que hayan hecho sus propietarios: está provocada por un pacto político que quiso que una generación pudiera enriquecerse comprando una casa.

En esto consiste la gran transferencia: En que los adultos de hoy materialicen la promesa de progreso que el Estado le hizo a sus padres hace 40 o 50 años, aún en una economía que lleva décadas sin crecer lo suficiente para cumplirla.

Para hacer realidad esa promesa, las generaciones de trabajadores actuales llegan a pagar 8 veces más por su casa que las que compraron en el siglo XX. Y por esta razón hoy en los hogares se trabajan más horas que hace 50 años, a pesar de los incrementos de la productividad que se han producido en este tiempo.

Mucho más allá de un problema moral evidente, la gran transferencia presenta dos inmensos problemas para la sociedad. El primero, es evidente, es que es insostenible: es un gigantesco esquema ponzi. Aunque se ha vuelto un lugar común pensar que el precio de la vivienda no dejará de crecer, la realidad es que hay un límite físico al número de horas que una familia puede dedicar a pagar por su casa. Más tarde o más temprano –yo diría que más temprano– los precios dejarán de subir a esta velocidad, la ecuación se dará la vuelta y una generación no podrá vender por más de lo que compró. Algunos datos sobre el mercado inmobiliario global apuntan a que podríamos estar muy cerca de ese momento.

El segundo problema, no tan evidente, tiene que ver con el mundo que estamos haciendo. Hace 40 o 50 años, cuando se construyó el parque de vivienda actual, comprar una vivienda era un acto de futuro. Se pagaba al constructor, los salarios de los obreros que levantaban el edificio, el del arquitecto que lo firmaba, los materiales que se estaban utilizando o los muebles que llenarían las habitaciones. Nadie pagaba apenas nada por el suelo, que a menudo era público y había sido cedido, ni había un capital ocioso esperando llevarse una parte del beneficio, porque también la financiación a menudo partía de las cajas de ahorro y otras iniciativas sin ánimo de lucro. La inversión que hacían nuestros padres ponía en marcha empresas e impulsaba un país: era una transferencia que una sociedad se hacía a sí misma para seguir avanzando.

Hoy la compraventa de vivienda no pone en marcha nada. Cada vez que un joven firma una hipoteca, el dinero que pone encima de la mesa pasa a retribuir algo que ocurrió hace muchos años: o bien el capital del comprador original, o bien el del financiador de turno, o bien el del propietario del suelo.

No se explica que la economía europea esté estancada —mucho más cuando la ciencia, la comunicación, la cultura y otros ámbitos de la vida no dejan de avanzar— sin hacerse cargo de este fenómeno. La gran transferencia se ha convertido en una forma de pagar una deuda —ficticia— con el pasado. Una que nos está dejando sin recursos para invertir en lo que está por venir.

Hay dos tipos de personas a las que les gusta el fútbol. Las que heredaron un equipo, unos valores, un abono y una ristra de domingos que comenzó mucho antes de que nacieran y las que, a falta de ese patrimonio, nos hemos subido de polizón al barco y solo navegamos los mundiales, como quien solo pisa la iglesia en las bodas.

Se supone que somos las espectadoras de segunda; que no nos enteramos de nada. Puede ser. Pero para mí esta forma de pobreza esconde un privilegio: nosotros todavía podemos entregarnos a esta forma de liturgia universal que es el fútbol con la ingenuidad que ellos tuvieron de niños, la primera vez que alguien los llevó de la mano a un estadio.

Así he pasado yo este mundial: embobada, absorta, pegada a esa ventana indiscreta al resto de la humanidad en la que se ha convertido esta competición como una niña a un acuario, viendo el fútbol como si se acabara de inventar.

Y lo que había al otro lado de la ventana, es de rigor confesarlo, casi nunca era fútbol. Estos días he visto a Vozinha, el portero de Cabo Verde, que fue durante cuarenta años electricista, profesor de voleibol de niños en los veranos, suplente en la segunda división portuguesa. Le tocó debutar en un Mundial contra España y paró veintisiete disparos para encajar cero goles. Cuando sonó el pitido final, se echó a llorar delante del planeta entero y el planeta entero entendió al instante lo que estaba viendo, porque hay cosas que no necesitan traducción.

He visto a Jude Bellingham marcando el gol que eliminó a Noruega y, en el segundo exacto del silbatazo, olvidar la celebración de sus compañeros para ir a buscar a Erling Haaland, su amigo desde que eran dos cachorros en Dortmund, y abrazarlo mientras Haaland se derrumbaba. “La gente vio rivales durante noventa minutos”, explicó después, como quien corrige un malentendido. “Yo solo vi a mi hermano.”

He visto a Mbappe y a Lamine Yamal sacudirse los comentarios racistas de los políticos —de varios países— con un sentido común incontestable, como si dijeran, por boca de todos, “señora, suélteme el brazo”.

Pero por encima de las historias, lo que he visto este mes es la promesa de lo que somos cuando nos conjuramos a algo. Los equipos nacionales como ideas colectivas; el talento individual como una forma de plenitud: la que alcanza un ser humano cuando coincide del todo consigo mismo, cuando hace lo que vino a hacer, cuando da lo mejor de sí mismo.

Nada de esto nos es ajeno. Lo veo, lo vemos todos, cada día, en las cocinas de los restaurantes, en los quirófanos o en los astilleros. Lo que es ajeno, me temo, es la atención: el fútbol es de los poquísimos lugares donde dos mil millones de personas miran a la vez a un grupo de seres humanos convertirse en la mejor versión de sí mismos. La meritocracia, si me lo permiten, en horario de máxima audiencia.

Y me ha llamado la atención de qué material estaba hecho ese ideal. Cada uno con una forma de jugar que no se parece a ninguna otra y que precisamente por eso no se puede defender. (Casi) ningún jugador había llegado allí por una herencia, ni por el capital, ni por el privilegio. Más bien al contrario, muchos, en todos los países, llegaban de familias que cruzaron mares y fronteras, de mezclas de gente que no debieron ser fáciles.

Y como yo no vivo en el fútbol y no puedo dar por sentada ninguna de estas cosas, no pude dejar de preguntarme ¿por qué no sabemos hacerlo en el resto de la sociedad? Si en el fútbol —o en el tenis, o en los Juegos Olímpicos— somos capaces de construir un ecosistema donde el talento se encuentra, se entrena, se recompensa y se admira, venga de la isla o del barrio del que venga, ¿por qué no podemos replicarlo en la economía y en el empleo? ¿Qué tiene el deporte que no hayamos sabido copiar al resto de la sociedad para producir un mundo más justo?

Y esta es mi intuición, que espero poder completar antes del siguiente mundial: el juego, al contrario que la economía, no deja sedimentos. Anoche, cuando se apagaron las luces del estadio, todos los futbolistas del mundo volvieron a ser iguales. La campeona del mundo empezará la próxima clasificación en la misma casilla que las que no pasaron de la fase de grupos, y cada jugador, incluidos los que ayer levantaron la copa, tendrá que volver a ganarse la confianza del seleccionador, dominar el pase, el tiro a puerta y el lugar en el equipo. Ningún gol de este mundial vale nada en el siguiente. En el deporte no hay deudas — pero tampoco hay capital.

En la economía hemos hecho exactamente lo contrario: hemos construido un juego donde el marcador no se borra nunca. Las victorias de hace décadas —la casa en propiedad, el patrimonio heredado, el apellido familiar — siguen contando puntos partido tras partido, generación tras generación. De la misma manera, las derrotas no se borran: la hipoteca, el préstamo, el alquiler pagado toda una vida a quien ganó un partido que se jugó antes de que nacieras. Lo que llamamos capital y lo que llamamos deuda son eso: sedimento, goles fósiles, resultados de temporadas que nadie recuerda y que sin embargo deciden el resultado de las de hoy. Jugamos todos, pero unos salen al campo ganando tres a cero y otros debiendo dos.

No siempre fue así. Contaba David Graeber que en las sociedades del Próximo Oriente antiguo las deudas agrarias se acumulaban con el tiempo hasta amenazar con esclavizar a media población. Para evitar el colapso, los reyes sumerios y babilonios anunciaban periódicamente amnistías generales — las “tablas limpias”, como las llama el historiador Michael Hudson — que declaraban nula toda la deuda de consumo, devolvían las tierras a sus dueños originales y permitían a los siervos por deudas volver con sus familias.

Lo que entendieron los sumerios hace 5.000 años es que para que la participación de las personas cuente, para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo y eso tenga un resultado, el marcador tiene que borrarse de vez en cuando. Somos nosotros, con toda nuestra ciencia, los que lo hemos olvidado. Igual algo de todo esto podríamos aprender del fútbol para aplicar a la economía.

Los periódicos se están muriendo. Según el estudio anual que realiza el Reuters Institute junto con la Universidad de Oxford en 48 países, la proporción de personas que se declaran “extremadamente” o “muy” interesadas en las noticias ha caído 13 puntos en los últimos cinco años. Mientras tanto, los usuarios que dicen tener poco o ningún interés en ellas son ya la cuarta parte de los encuestados, frente al 16% de 2021. En España, los lectores de periódicos se han desplomado; han pasado en 10 años del 72% de la población al 44%. Para sorpresa de nadie, ese dato es aún más acusado si ponemos el foco en las personas más jóvenes: si en 2016 8 de cada 10 consultaban las noticias cada semana, hoy son menos de 4.

(Por cierto, hay que decir que entre todas estas ‘malas’ noticias, destaca una buena: elDiario.es es uno de los medios que mejor resisten y es la segunda cabecera digital más leída de España, con un 14% de la audiencia).

En las últimas semanas se han ofrecido muchas explicaciones para este fenómeno. La más evidente: que los chatbots están cambiando los hábitos de los internautas, que ya no necesitan pisar las páginas de los periódicos para encontrar lo que buscan. Además, la población de todo el mundo se está pasando a las redes sociales como fuente de información y cada vez visita menos los medios tradicionales de comunicación.

Y todo esto es verdad, pero no termina de explicar por qué la caída castiga precisamente a la información periodística. Los chatbots también responden preguntas sobre moda, sobre fútbol o sobre cómo quitar una mancha de vino, y sin embargo el interés por esos temas no se ha hundido, al contrario, las redes sociales están plagadas de este tipo de contenidos. La gente sigue queriendo saber de zapatillas y de fichajes; lo que está dejando de interesarle, en proporción, son las noticias.

Yo creo que hay una razón bastante más profunda que las transformaciones de la tecnología. En contra de lo que pudiera parecer, los medios tradicionales no representan toda la realidad desde una posición neutral (porque eso no es posible), sino que nacieron para contar una parte concreta del mundo compartido que sucedía dentro de las estructuras del Estado y de las grandes empresas. Por eso en los periódicos dominan las noticias que hablan de la actividad parlamentaria junto a un tipo de información económica relacionada con las cuentas públicas –la fiscalidad, la recaudación, la inflación, el PIB– y con la actividad del IBEX35.

Y lo que está ocurriendo es que esa parte de la realidad cada vez interesa menos. La caída del tráfico de los periódicos no es un fenómeno en sí mismo, sino que es la consecuencia de este otro: es el efecto retardado de un cambio en los intereses de la mayoría de la sociedad. Lo que se está muriendo es una vieja forma de hacer política.

Hoy, para mucha gente, hay poco que aprender en el seguimiento de la actividad de los partidos políticos. Una vez que los mecanismos de la democracia son bien conocidos, prestar atención al día a día de los representantes y del Parlamento resulta una pérdida de tiempo.

Y yo sé que para mucha gente esto puede ser un anatema. ¿Cómo no nos va a importar la política, si nuestra existencia misma está en sus manos? Y es verdad: lo está. La política afecta a la vida de la gente, a veces de manera decisiva. La reforma de la dependencia aprobada hace dos días mejorará la existencia de cientos de miles de personas. Pero que algo te afecte no implica que merezca tu atención diaria. Son dos cosas distintas. Nada nos afecta más que el cambio climático y no por eso pasamos el día mirando isobaras e informes del IPCC.

La pregunta relevante no es si la política importa, sino qué nos ofrece a cambio de seguirla día a día. ¿Qué nos enseña de la vida? ¿Qué nos da que podamos aplicar a nuestra existencia cotidiana? La respuesta, para la inmensa mayoría, es “muy poco” o “nada”. No podemos intervenir en las decisiones públicas más que una vez cada cuatro años; enterarnos hoy o el mes que viene de la enésima bronca parlamentaria no va a modificar nuestro trabajo, nuestro alquiler ni la salud de nuestra madre. Y cuando lo que nos devuelve la política es un martilleo continuo de insultos y descalificaciones, dejar de prestarle atención no es un ejercicio de apatía, sino de higiene mental.

Así, mucha gente, sobre todo la más joven, se está mudando a otra esfera de la realidad que siente que le afecta de manera más directa, por más que desde fuera pueda parecer que simplemente atienden a temas “menos importantes”. Por esta razón, los pódcast y hasta los formatos de televisión que triunfan son casi por unanimidad alérgicos a los grandes análisis y a los marcos “políticos”. Son, por el contrario, programas conversacionales que hablan de la experiencia vital de la gente.

Ahora bien, eso no quiere decir que tengan menos carga política: lo que ocurre es que la llevan de contrabando. El tono, el lenguaje y el código de la conversación han cambiado y hoy la política no se debate solo en otras plataformas, sino que se habla en un idioma distinto y viaja inserta en otros formatos que solo para el observador despistado pueden parecer “apolíticos”.

Los partidos que heredamos del siglo XX —no solo en España, en todos los países— muestran una enorme dificultad para entender esta transformación. Y es comprensible, porque aceptarla supone renunciar al privilegio de vivir colocados justo debajo del foco, a ser el centro de la sociedad. Pero el precio de no hacerlo está a la vista: los cementerios políticos de Occidente se están llenando de siglas que hace veinte años parecían eternas y que no han querido captar este mensaje.

De vez en cuando surge en esos partidos una oportunidad de cruzar el abismo que los separa de esta nueva esfera de la realidad: una persona que se ofrece a tender un puente que les permita, si no instalarse, al menos pisar el otro lado y experimentar cómo se vive allí. En estos días, en Madrid, la candidatura de Emma López a las primarias del PSM para la alcaldía de la capital es una de esas raras ocasiones.

Con dos legislaturas como concejala y dos décadas de carnet del partido a sus espaldas, pero con una actitud nativa de la conversación social, López está demostrando ser una política capaz de hablar a ambos lados de esta brecha que hoy parte la sociedad: entre la realidad que todavía percibe una parte importante de la militancia del PSOE y la que ha emergido en el siglo XXI y que es cada vez más hegemónica.

El domingo se vota su candidatura. Por la noche —¡mientras celebramos la victoria en el mundial!--- sabremos si el PSM opta por intentar cruzar el puente o, por el contrario, decide que es mejor quedarse donde está.

Hace algunos meses, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria y el PP salió a responder con la torpeza a la que nos tienen acostumbrados algunos de sus portavoces. La izquierda, engorilada, viendo trastabillear a la derecha y creyendo estar en posesión de la verdad, salió en tromba a defender las bondades de la medida: los inmigrantes son riqueza para un país, especialmente para el nuestro, que necesita importar trabajadores para pagar las pensiones. Todo lo que ha crecido el PIB en los últimos años ha sido gracias al aumento de población y España, además, es un país solidario, acogedor, que se da cuenta de la fortuna que tenemos y recuerda los tiempos en los que también a los españoles les tocó emigrar.

Todo verdad. Todo cierto. Todo justo y moralmente intachable. Y sin embargo, pocas semanas después, la primera encuesta sobre el tema traía señales de alarma: a pesar de que el tema migratorio había sido en los años anteriores un terreno propicio para la izquierda, en esta ocasión “la derecha estaba ganando el debate”. El 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que hay demasiados inmigrantes en el país y solo el 37,6% aprueba la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno.

La verdad no siempre gana la partida en política. Al contrario, cuando los datos y los hechos no son la sustancia real del debate, sino un símbolo; un espectáculo de sombras en la pared de una caverna donde se está contando una historia que no se quiere nombrar, la verdad te puede costar un tema.

Y es que el debate sobre la inmigración no va en realidad sobre los inmigrantes, sino que expresa una ansiedad cultural y económica mucho más profunda. Lo que recogen una detrás de otra todas las encuestas es que hasta dos tercios de la población mundial piensa que las élites de su país ya no gobiernan para la mayoría: que se han dado la vuelta y solo velan por sus intereses. Y este debate sobre la inmigración se plantea como si existiera un trato de favor hacia esas personas que vienen de fuera. Así que cuando la gente habla de los inmigrantes, está hablando de sí misma. El debate sobre la inmigración es la forma en la que una parte de la sociedad verbaliza esa preocupación por estar siendo desplazada del centro de la vida. La regularización es el pretexto que tiene a mano para decirlo.

Cuando un gobierno anuncia a bombo y platillo que se va a regularizar a medio millón de inmigrantes, cuando algunos partidos y algunos medios, con muy buena intención, defienden la medida enumerando las virtudes de la inmigración, lejos de disipar las dudas que pudieran tener esas personas, las confirman. Perdón por la broma con un tema tan serio, pero es como si tu pareja te reprocha que ya no le haces caso, que siempre estás con otra persona, y tú le contestas intentando convencerle/a de lo estupenda que es ese otro señor o señora.

Por eso el proceso de regularización está torciendo un debate que parecía ganado, pero solo mientras no se hubiera abierto. Al contrario, cuanto más avance este tema en el espacio público, si no se atienden esos miedos de una parte muy relevante de la población, mayor será su impacto sobre la ciudadanía.

Ayer Feijóo abrió otro melón exactamente igual a este en torno al absentismo laboral. Y los partidos de la izquierda volvieron a caer en la misma trampa. La única diferencia es que esta vez no es un charco menor, sino que esta es la gran trampa para osos de nuestro tiempo político; la caja de los truenos de la democracia: la guerra cultural global por el trabajo.

Resulta que la izquierda, desde hace al menos un siglo, había tenido a su favor que era la representante de los trabajadores. Y como ese grupo reunía a la inmensa mayoría de los votantes bajo una identidad compartida, esta era una ventaja competitiva inmejorable. Los partidos de la izquierda, que a lo largo de toda la geografía occidental se llamaban “Partido Laborista”, “Partido Socialista Obrero” o “Partido de los Trabajadores”, salían a la carrera electoral con varios cuerpos de ventaja.

Pero hoy esa identidad está atravesada por una gran fractura entre quienes siguen creyendo que el trabajo es la fuente de la dignidad, de la identidad y de la ciudadanía y quienes ya viven como si el empleo fuera solo una parte de la vida —ni la más importante ni la que define a nadie— y piden que las instituciones dejen de tratarlo como el centro de la vida social.

Esa fractura parte hoy a la izquierda por la mitad. Porque las clases culturales, creativas y urbanas que conforman buena parte de la militancia de los partidos, junto con las generaciones más jóvenes, han empezado a desarrollar una sensibilidad poslaboralista. Mientras tanto, otra porción muy significativa de sus votantes sigue sin encontrar una fuente de dignidad, de identidad y de participación social más allá del trabajo. Ni los partidos ni los sindicatos han sabido todavía construir un horizonte común en el que unos y otros puedan reconocerse.

Para navegar esa contradicción, buena parte de la izquierda occidental ha ido desplazando el centro de gravedad de su proyecto político desde el trabajo hacia la ciudadanía, ampliando derechos y prestaciones cada vez menos vinculados al empleo: el ingreso mínimo vital, las ayudas por hijo a cargo, la extensión de los permisos parentales o las rentas garantizadas son ejemplos de estas políticas.

Aunque en España llegamos a esto con cierto retraso, en Europa hace varias décadas que se produjo este debate. En Reino Unido, por ejemplo, los gobiernos laboristas impulsaron hace décadas este tipo de medidas con la convicción de que protegían a la clase trabajadora. Con el tiempo, apareció en el imaginario colectivo la imagen del “perceptor de ayudas”: alguien presentado como dependiente del Estado, ajeno a la cultura del esfuerzo y sostenido por los impuestos de quienes sí trabajaban, y el debate dejó de enfrentar a trabajadores y propietarios para enfrentar a trabajadores y esos perceptores.

Desde entonces, la derecha pudo empezar a presentarse como la auténtica defensora de quienes madrugan, pagan impuestos y sostienen el país; como adalid del esfuerzo, mientras retrataba a la izquierda como la representante de quienes viven de las transferencias públicas. Da igual hasta qué punto esa caricatura fuera cierta. Igual que ocurría con la inmigración, la batalla nunca fue sobre los datos. Iba sobre quién representaba moralmente al trabajador.

Este es el debate que está intentando abrir la derecha en España y en el resto de Europa. Uno para el que una izquierda poslaborista no tiene respuesta aún. Por más que las palabras de ayer de Feijóo no fueran las más adecuadas, es innegable que arrojaron muy buenos resultados, a juzgar por el volumen de respuesta que ha generado.

La izquierda haría bien en no poner el piñón fijo y pararse a pensar una respuesta más meditada a esta cuestión. Haría bien en darse cuenta de que aquí puede perder algo mucho más importante que unas elecciones: puede perder el monopolio simbólico de la representación del trabajo.

De todos los momentos de vergüenza ajena que nos ha regalado en los últimos años la Casa Blanca, para mí los peores son esas reuniones en las que un montón de hombres adultos se transfiguran en bufones para hacerle la pelota a Trump con un servilismo digno de los lacayos de la corte de Luis XVI.

Hace unos días, Mark Rutte, quien fue primer ministro de los Países Bajos y es el actual secretario general de la OTAN, protagonizó una de esas escenas. Durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca, rodeado de la troupe habitual de palmeros del presidente, Rutte elogió la “gran visión” de Trump y se deshizo en halagos sobre su “liderazgo valiente”. Gracias a Trump y solo a él, Europa estaba invirtiendo mucho dinero en defensa. ¡Mucho!. Todo explicado en palabras simples, repetidas, contundentes. Como quien le habla a un niño, o a un demente.

Dicen que Diógenes estaba un día sentado en el suelo de una calle de Atenas, comiendo un plato de lentejas, cuando se le acercó otro filósofo. “Diogénes, si hubieras aprendido a adular al emperador, no tendrías que estar aquí comiendo lentejas”. “Puede ser”, contestó Diógenes, “pero de lo que estoy seguro es de que si tú hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al emperador”.

Rutte, al parecer, es alérgico a las legumbres.

Observando estas escenas que no dejan de llegar desde Washington, no te puedes quitar de la cabeza la sensación de estar viendo una película. O mejor dicho, un cuento. Ese en el que un emperador muy vanidoso se deja convencer por unos estafadores de que le han hecho un traje bellísimo, de oro y telas preciosas, pero que solo pueden ver los virtuosos. Convencido, el mandamás se enfunda en el vestuario ficticio y pasea por la corte en pelota picada, mientras todos los cortesanos aplauden, le adulan y fingen contemplar la magnificencia de unas vestiduras que no existen. Nadie se atreve a decirle que está desnudo.

Solo que en nuestro cuento no es el emperador, sino el imperio, el que está al descubierto. Este próximo sábado se cumplen 250 años de la fundación de los Estados Unidos de América y nadie, a ningún lado del Atlántico, se atreve a decir que el imperio está desnudo.

Y podría perderme en el laberinto de los datos: decir que la deuda pública ya roza el 123% del PIB, que la desigualdad está en su máximo histórico y que el 1% más rico acapara casi el 32% de toda la riqueza nacional, que la esperanza de vida sigue tres años y medio por debajo de la media de los países ricos, a pesar de que Estados Unidos gasta el doble en sanidad; que las solicitudes de patentes cayeron un 9% el año pasado, mientras en China no han dejado de aumentar. Contar cómo la epidemia de opioides se sigue llevando por delante las vidas de 55.000 cada año; que el sistema educativo ronda los últimos puestos de la OCDE en matemáticas. Pero la explicación del deterioro del imperio americano es mucho más sencilla, como lo son la mayoría de las cosas importantes: Estados Unidos no tiene un plan para el mundo, no tiene un ideal para Occidente, desde Obama. 

Durante casi 70 años las élites americanas habían blandido una idea hegemónica sobre lo que debía ser la sociedad. Para Roosevelt fueron las “Cuatro Libertades”, un proyecto ambicioso que justificó la intervención del Estado en la economía y dio lugar a los estados del bienestar. Para Reagan, era la libertad económica. Para Clinton fue la promesa de la sociedad del conocimiento y para Bush, la idea del “sueño americano” materializado en la propiedad de la vivienda. Yes, we can, esa idea que se hizo tan vieja, tan deprisa, de que todos podíamos ser iguales, fue la última gran misión del imperio. Después, no vino nada más.

Desde que la crisis de 2008 acabó con la promesa del crecimiento infinito y con el “sueño americano”, la sociedad estadounidense ha ido dando tumbos, rehuyendo las grandes preguntas, buscando culpables, metiendo la cabeza en el hoyo de la guerra o de las drogas o de la polarización o, en los últimos meses, en la utopía tecnoutopista de la IA. Cualquier cosa con tal de no enfrentarse a la más cruda de las realidades. Y es que, como país, no tienen otro ideal que proponerle al mundo para el siglo XXI.

El día que nos demos cuenta de que esto es lo que nos ocurre, el día que llegue un niño que diga que el imperio está desnudo, no será tan difícil pensar en otra cosa distinta para reemplazarlo.

En la última temporada de El ala oeste de la Casa Blanca, el candidato demócrata a la presidencia del gobierno de EE.UU. está en serios apuros. Su contrincante, Arnold Vinick, le saca una pegajosa ventaja en las encuestas. Por más que los demócratas intentan recortar, la experiencia de Vinick y la habilidad política de su spin doctor, Bruno Gianelli, neutralizan una y otra vez sus maniobras. Entonces ocurre algo que debería cambiarlo todo: una central nuclear en California sufre un accidente que amenaza con convertirse en un desastre. Vinick siempre ha sido pro nuclear mientras que Matt Santos, el demócrata, ha abogado por sacar las centrales del pool energético. Sobre el papel, la crisis debería hundir la campaña republicana.

Pero la política rara vez sigue el guion.

A medida que pasan los días, Alda resiste los ataques, mantiene su apoyo a las nucleares y lo convierte en una demostración de convicción y de principios. Tan bien lo hace, que termina recuperando la iniciativa. Mientras tanto, en el campo demócrata crece la desesperación: la victoria parece escurrirse entre sus dedos justo cuando debería ser más fácil agarrarla.

En esa tensión, un asesor demócrata descubre que Vinick había hecho lobby para facilitar la puesta en marcha de la central. Si esa información sale a la luz, coinciden todos los protagonistas, la campaña republicana estará acabada. Es el tipo de revelación de la que nadie, ni los mejores operativos, se recupera.

Pero Vinick también sabe que los demócratas tienen esa información. Y hace un cálculo político brillante: no intenta ocultarla y no intenta adelantarse. Espera. 

Su estrategia consiste en producir una calma tensa. Desaparecer del plano, no decir nada y dejar que sean sus adversarios quienes la hagan pública. Cuando eso ocurra, responderá acusándolos de utilizar una tragedia para obtener ventaja electoral. La discusión dejará de centrarse en la central nuclear y pasará a girar en torno a la falta de escrúpulos de Santos. La historia del lobby quedará enterrada bajo otra más poderosa y podrá salir reforzado del momento más difícil de la campaña. 

En la oposición en España debieron perderse ese episodio. De otra manera no se explica la alegría con la que celebran la sucesión de sentencias, filtraciones y decisiones judiciales difíciles de explicar que estamos viviendo.

En la opinión pública —al menos, en la izquierda-– esas actuaciones cumplen una función muy parecida a la revelación de los documentos sobre la central nuclear. Los casos de corrupción son una vergüenza para el gobierno, pero si las sentencias se perciben como injustas o interesadas, la lectura jurídica queda inmediatamente sepultada por una nueva historia que es, quizá, la única capaz de tapar o de neutralizar el olor que desprende en estos momentos el PSOE. La idea de que existe una parte del aparato judicial que está dispuesta a estirar la legalidad para conseguir que solo gobierne quien cuenta con su beneplácito.

Y este es un momento de bochorno político en la izquierda. Es verdad, parece que no queda nada a lo que agarrarse que no esté cubierto de mierda –perdón por la expresión. Pero bochorno es, de hecho, la palabra más adecuada para describir este momento. La sensación se parece mucho a la que precede a una tormenta de verano, cuando el calor y la humedad quedan atrapados bajo una capa de aire frío y la atmósfera adquiere esa densidad extraña que hace que todo parezca inmóvil. El aire se vuelve tan pesado que cuesta respirar y todo el mundo está como loco porque empiece a llover y se nos quite el dolor de cabeza. 

No hay más que abrir un periódico para comprender que hoy la realidad compartida se ha vuelto tan densa que mucha gente está pidiendo a voces que pase algo que acabe con este impasse. Y en España, este país que arrastra un déficit crónico de emprendedores económicos, nunca han faltado los emprendedores políticos. Hoy las redes sociales están llenas de ellos: los hay a izquierda y derecha, aunque abundan especialmente en la extrema derecha.

En El ala oeste de la Casa Blanca, al final del episodio, la camarilla demócrata capitula. El jefe de gabinete de Santos envía a una colaboradora a filtrar la historia a la prensa, con tan buena suerte que ella llega a cumplir su misión justo en el momento en el que los periodistas acaban de encontrar la noticia por sí mismos. Salvados por la campana, la campaña de Vinick se ve atrapada entre un montón de preguntas de difícil respuesta sobre la central y los demócratas terminan por ganar las elecciones. 

Si yo tuviera que anticipar qué va a ocurrir en los próximos meses, diría que no será un tiempo manso. Al contrario: no me sorprendería que esta demostración de fuerza del deep state judicial impulsara la confluencia que las izquierdas alternativas no han conseguido conjurar por sí mismas. Tampoco descarto que haya, como está pidiendo mucha gente, algún tipo de escisión o de movimiento en el PSOE. Si Pedro Sánchez consigue retomar la iniciativa y hacer un relato de la ofensiva judicial, tampoco sería extraño que la derecha piense que a Feijóo se le ha vuelto a escapar el presidente y haya bamboleos a ese lado de la bancada. En última instancia, tampoco perdería de vista la posibilidad de un nuevo momento Podemos, donde una iniciativa ciudadana harta del espectáculo bochornoso que nos están dando, suba a la palestra. Esa calma tensa, esa frustración silenciosa que se respira en la sociedad de hoy nos dice que la tormenta está cerca, lo que nadie puede decir exactamente es cuándo va a comenzar.

Los lectores lo recordarán: era un 14 de julio del año 2010 y Zapatero anunciaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados que su Gobierno haría unos recortes históricos para salvar al país de un rescate financiero que, en aquel momento, parecía casi asegurado: “Voy a ejercer el principio de responsabilidad de un gobernante que es, precisamente, gobernar. Voy a seguir ese camino cueste lo que cueste. Y cueste… lo que me cueste.”

Era una declaración de principios rotunda, muy parecida a las que le habíamos escuchado en los momentos más duros de su gobierno. Idéntica en la forma y en el fondo a la que ayer, al salir del juzgado, trasladó en un comunicado en el que pedía a la ciudadanía “confianza” en su inocencia y en la justicia. Tengan paciencia; con el tiempo, afirma el presidente, “la verdad se abrirá pasó”. Zapatero en estado puro.

Y yo, que estoy de acuerdo con el contenido y lo dije aquí, a pocas horas de que se conociera su imputación, creo que este comunicado es un error de bulto.

Porque la diferencia entre el año 2010 y el 2026 es que hoy la mayor parte de la población –en todo el mundo– alberga una desconfianza profunda hacia la clase política. Una falta de fe que no está en absoluto infundada, más bien al contrario. En estos años que han transcurrido desde la bonanza anterior a 2008, una parte importante de la ciudadanía ha vivido con una inseguridad creciente. Al mismo tiempo, todos tenemos la sensación de que los acontecimientos –como el COVID, o la invasión de Ucrania, o la de Gaza— se están acelerando sin que podamos ejercer algún control sobre lo que se avecina. Y en ese caldo de cultivo no dejamos de escuchar todos los días historias nuevas que nos recuerdan que las personas en las que habíamos confiado para guiarnos en estos momentos difíciles no son quienes decían ser. Y a veces es porque han cometido un delito pero, otras, es simplemente porque la imagen que proyectaban de sí mismos no se corresponde con la realidad.

Y hoy hay muchas personas en España que piensan que en el caso Zapatero no va a haber ningún delito, pero sería difícil encontrar una que afirme que las cosas que estamos escuchando coinciden con lo que pensábamos sobre el expresidente hace seis meses. Es evidente que su personaje público y su persona, en privado, no eran iguales. Es esa sensación de haber sido engañados, por más que no haya crimen, la que duele y la que quiebra la confianza en las instituciones.

¿Cómo se puede sostener, en estos trances, esa confianza? No basta con pedir un acto de fe a los ciudadanos: la política tiene que hacer también una reflexión sobre la forma en que sus representantes se proyectan ante la sociedad.

Porque esos políticos inmaculados que nos contábamos en el siglo XX—los que no habían roto un plato en su vida, que no tenían un mal pensamiento ni un vicio oculto, ni una debilidad humana que proteger— sencillamente no existen. Ni han existido nunca. Eso no son personas. Y para bien o para mal, en el siglo XXI, cuando el poder mediático ya no está concentrado como estaba en los años en los que vivían aquellos personajes, todo termina por traslucir.

Zapatero podría aprender alguna cosa de un político inesperado al otro lado del Atlántico. En el diminuto estado de Maine, al norte de Estados Unidos, un exmarine reconvertido en candidato demócrata al Senado amenaza seriamente con arrebatarle el escaño a la senadora republicana Susan Collins. Si lo consigue, su victoria sería decisiva para retirarle a Trump la mayoría en la cámara. Hay muchos intereses y mucho dinero en juego, y Graham Platner está dando una batalla extraordinaria.

Y eso que este hombre está lejos de ser el candidato perfecto. Al contrario: si se ha convertido en una celebridad es porque su corta carrera política ha estado plagada por una sucesión de escándalos que incluyen desde un tatuaje con simbología nazi que se hizo una noche de borrachera en Croacia siendo marine, hasta algunos comentarios sobre violencia de género que dejó durante años en Reddit y la revelación reciente de que intercambió mensajes sexuales con distintas mujeres a pesar de que está casado.

Lo que le convierte en el político más innovador del momento, en mi opinión, es que ante cada una de estas revelaciones ha respondido con algo que resulta al mismo tiempo políticamente eficaz y extraordinariamente saludable para la democracia: el reconocimiento de su propia imperfección. En lugar de responder, como ha hecho ZP, con un comunicado en defensa de su integridad como si aquí no hubiera pasado nada, Platner lleva un año contando la historia de un hombre que volvió de la guerra con un trastorno de estrés post-traumático, que pasó una época muy oscura, que ha hecho terapia, que ha atravesado una crisis profunda con su mujer y que sigue intentando entenderse a sí mismo. Un hombre que no sabe exactamente quién es todavía, que sabe que está lejos de ser perfecto, pero que no tiene ningún problema en decirlo en voz alta.

Claro que Zapatero no ha ido a la guerra. Pero tengo la sensación de que todas estas cosas que están saliendo a la luz y que nos cuesta entender, a pesar de que no sean delitos –como la relación profesional de sus clientes con la empresa de sus hijas– tienen también algo que ver con sus debilidades. Y creo que la mejor manera en que el expresidente podría contribuir a reforzar esa confianza en las instituciones es hablando de ello.

Si lo hiciera, los demás nos haríamos un buen servicio si atendemos a sus explicaciones con compasión. Si queremos una clase política honesta, en la que podamos confiar y que no se corrompa, lo primero que tenemos que hacer es dejar de exigirles que mientan sobre sí mismos.