Hace un par de semanas, una pequeña polémica sacudió el festival de Cannes. La proyección de la película revelación del año, la española “La bola negra”, había recibido una ovación continuada que se prolongó a lo largo de 20 minutos. La película es estupenda, decían los entendidos, pero aquello era un poco exagerado. En el festival hay inflación de aplausos: las distribuidoras conspiran con ciertos elementos del público para que, colocados estratégicamente, espoleen al resto del auditorio a performar esos arranques de entusiasmo desaforado.

Que se sepa, este pequeño truco de marketing no ha llegado aún a la medicina. Así que cuando el pasado domingo diez mil oncólogos, reunidos en ASCO, el congreso sobre el cáncer más importante del mundo, se pusieron en pie entre aplausos, vítores y exclamaciones, hay que creer que algo importante estaba ocurriendo. Celebraban los resultados de un nuevo fármaco que ha demostrado duplicar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico, el tumor más difícil: la última frontera de esta enfermedad. 

Daraxonrasib, que es como se llama este medicamento, ha sido el gran protagonista del año porque representa el primer avance significativo en décadas contra un mecanismo que parecía infranqueable. Pero no ha sido el único. También hubo resultados notables en cáncer de próstata y de mama. Además, las vacunas de ARNm –la misma tecnología que se popularizó con el COVID– están mostrando resultados muy prometedores en muchos tipos de tumor. Una vacuna personalizada contra el melanoma redujo a la mitad el riesgo de que el cáncer reaparezca al cabo de cinco años mientras que en cáncer de páncreas los resultados fueron aún más esperanzadores: casi el 90% de los pacientes cuyo sistema inmune respondió a la vacuna seguían vivos hasta seis años después, frente a una supervivencia habitual a cinco años que apenas supera el 13%. 

Por si esto fuera poco, los fármacos tipo GLP-1 (como Ozempic y Mounjaro), además de funcionar contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, están demostrando ser eficaces también para reducir la incidencia de muchos tumores.

Estamos ganando la batalla contra el cáncer. 

Y a mí me pilla particularmente sensibilizada porque solo hace unos meses que una de mis mejores amigas recibió el “all clear” al final de un tratamiento contra la forma más agresiva de cáncer de mama, y aquello fue en el mismo mes en el que a mi padre le diagnosticaron otro de vejiga. Y lo que he podido observar en estos meses, en primera línea, es cómo esos resultados científicos están llegando en tiempo real a la vida de la gente. Un nuevo fármaco, una técnica quirúrgica mucho menos invasiva que las anteriores y la inmunoterapia les han permitido pasar por todo esto con una fracción del sufrimiento que habrían soportado hace un puñado de años y mucha más esperanza en una curación completa.

Y me ocurre, como a casi todo el mundo en estos casos, que me asombra la dedicación de esos equipos médicos que están haciendo un esfuerzo extraordinario para trasladar esos resultados en tiempo récord a su práctica diaria, por encima de todas las dificultades.  

Pero también me da por pensar en cómo, en mi generación, a menudo nos repetimos a nosotros mismos esa idea de que “viviremos peor que nuestros padres” cuando no es verdad. No solo somos la ¿segunda? generación en la historia completa de la evolución que no tiene que temer que se le mueran los hijos; es que con un poquito más de suerte vamos a ser la primera cohorte, entre 12.000 generaciones de homo sapiens que nos antecedieron, que no tendrá que ver a sus padres –ni a sus amigos– morir demasiado mal y demasiado pronto. 

¿Y nosotros? Viviremos más. Quizá más de 100 años. Con toda probabilidad mucho mejor que quien nos antecedió. La ciencia, el conocimiento y la cooperación humana nos han regalado un horizonte de vida inédito, inimaginable, que seremos los primeros en disfrutar. 

¿A qué otro patrimonio queremos aspirar? ¿En qué consiste la riqueza, si no era esto?

En el invierno del año 57 antes de Cristo, el ejército romano comandado por Julio César se adentraba en el territorio de los belgas, en lo que hoy es el norte de Francia y Bélgica. César iba en busca de los nervios, la tribu más feroz de la zona y la que con más determinación rechazaba la influencia y el comercio con Roma. Había escuchado que estaban formando una alianza contra su hegemonía y quería pararles los pies en seco. Y parecía estar en lo cierto, porque en una pausa del camino, mientras las legiones estaban dispersas instalando el campamento a orillas del río Sabis, los nervios le tendieron a los romanos una emboscada. 

Llevaban días apostados en el bosque, esperando el momento preciso para pillar a las tropas desprevenidas, entre el avituallamiento y la logística de un ejército imperial. Fue de las pocas veces en toda la campaña en que César estuvo a punto de ser derrotado: el ataque fue tan súbito que los invasores no tuvieron tiempo ni de formar ni de levantar los estandartes. 

Cuenta el propio César en La guerra de las Galias que cuando vio al enemigo descender sobre el campamento, “tomando el escudo de un soldado de las últimas filas, pues él mismo había llegado allí sin escudo, avanzó hasta la primera línea y, llamando a los centuriones por su nombre y arengando al resto de los soldados, les ordenó avanzar con los estandartes y abrir las filas para poder manejar mejor las espadas.” Julio César, como todo general que se precie, sabía que un ejército es tan poderoso como lo sea su formación. Al contrario: desprevenidos, desorientados y desarmados, los 30.000 hombres que comandaba valían poco más que un puñado de gallinas indefensas. 

Como los ejércitos, las sociedades –y en realidad todos los sistemas complejos– son tan resistentes como lo sean sus estructuras. Un edificio imponente se vendrá abajo si somos capaces de descalzar una sola de sus crujías y una comunidad entera se desmoronará si las personas que sostienen sus acuerdos más elementales salen despavoridas en todas direcciones. 

Como César, hoy los occidentales estamos librando una batalla. No es una guerra local, está ocurriendo en todos los países al mismo tiempo. Y convendría que no nos equivocáramos: no es una batalla entre la izquierda y la derecha. Es una refriega entre quienes creemos que la democracia funciona y sigue siendo el mejor sistema del que nos hemos sabido dotar a lo largo de miles de años de historia compartida y quienes sostienen que no, que la democracia solo funciona si los suyos están en el gobierno (y, seamos honestos, de estos hay en todas las ideologías).

Y yo hoy confío en que tú seas de los que está en mi línea del frente, porque vengo a llamarte por tu nombre y pedirte que sostengas la formación. Y ya sé que yo no me parezco nada a un general romano pero tú, que te informas a diario, que compartes las noticias con tu entorno y que creas opinión, eres un moderno centurión. En particular si eres una de esas personas que tenían edad de comprender en los años más difíciles de la democracia en España, eres un centurión de la sociedad española.

Tú, que has visto cosas peores que esta. Puede que el presente no sea el que habías imaginado, que sientas que ya no estás en posición de cambiar el rumbo de la historia, que estés decepcionado, cabreado y buscando a quien hacer responsable de todo lo que está ocurriendo. Es comprensible. Pero hoy no te toca eso. Hoy nos toca a todos sostener la posición y seguir confiando y trasladando confianza.

Mientras los titulares, cada cual más escandaloso que el anterior, silban como flechas sobre nuestras cabezas, hoy nos toca mantener la posición. La línea que estamos defendiendo no es la del gobierno. No es el honor de Zapatero. Ni siquiera es el PSOE. Es la idea de que este es, y va a seguir siendo, un país democrático. Es la idea de que el Estado funciona. Que existe un sistema judicial entero capaz de determinar si alguien es culpable o inocente, y que mientras tanto rige la presunción de inocencia. Que con el tiempo las cosas irán cayendo en su sitio. Que hay una sociedad civil que sabrá responder con entusiasmo cuando haga falta, un sistema de partidos y un ecosistema de medios que terminarán por encajar lo que está ocurriendo y por adaptarse, porque eso es justo lo que han hecho siempre. No aspiramos a una sociedad perfecta. Aspiramos a una que, con el tiempo, sea capaz de corregir sus propios errores. Y esto, la nuestra, lo ha hecho una y otra vez.

Lo que de verdad nos amenaza no es ni la fiscalía, ni los jueces, ni la trama, ni la conspiración. El peligro, exactamente igual que en la guerra, es que cada cual eche a correr por su lado y deje de creer, como país, en nosotros mismos. Que media España piense que el gobierno es una mafia y la otra media que los jueces están urdiendo un montaje. Que nos convirtamos en un país de dos bandos irreconciliables. Esa es la desbandada que tenemos que frenar. Y se frena soldado a soldado, centurión a centurión. Cada persona, un estandarte.

Lo dije ayer y hoy lo mantengo: yo no creo que Zapatero sea el malo de esta película. Pero voy a ir más allá: tampoco creo que se trate de un caso de lawfare. No tengo ninguna razón para pensar que el juez no está haciendo lo que cree que es correcto, con más o menos acierto, como todo el mundo. 

Y a lo mejor aquí te pierdo, pero voy a continuar extendiendo el argumento un poco más: tampoco creo que la oposición, en el arco que va desde Gabriel Rufían hasta la derecha liberal y democrática, esté actuando con mala fe cuando fiscaliza, insiste en que se den todas las explicaciones, incluso pide la dimisión del presidente del Gobierno. Ese es su papel. Su parte del trabajo democrático. Si en lugar de a Zapatero, un juez hubiera imputado a Rajoy, la izquierda estaría haciendo exactamente lo mismo -y estaría bien-.

Pero hay unos tipejos en todo esto que no cumplen ninguna función democrática. Al contrario: subvierten los mecanismos del pacto social para hacernos creer que es un fracaso. Por ejemplo: usan la identidad del periodismo para contar mentiras. Y lo hacen no por convicción, porque si de verdad pensaran que hay un sistema mejor que la democracia lo que deberían hacer es proponer abolir el sistema o dar un golpe de Estado; lo hacen en su propio beneficio: para seguir jugando a este juego mientras arrasan el campo para todos los demás.

Estos señores son populistas, se han convertido en un fenómeno global y tienen en común un discurso que sostiene que el sistema democrático está irreparablemente roto. No que tenga problemas reales, pero también solucionables, como todos los sistemas complejos, sino que estamos en manos de una élite radical y corrupta que solo busca su propio beneficio y contra la que no hay nada que hacer, salvo votarles a ellos. Aunque toman muchas formas, es muy fácil identificarles: son esas personas a las que les va mejor cuanto más nos odiamos el resto.

Uno de sus principales exponentes se llama Steve Bannon y es un personaje que lleva alentando el odio en Estados Unidos desde que Obama llegó al poder. Fue en su día el creador de la idea de MAGA (Make America Great Again), aunque su contribución más duradera no es un eslogan: es una estrategia. Como describió a un periodista en 2018, los demócratas no importan, la verdadera oposición es la prensa, y la forma de lidiar con ella es inundar la zona de mierda; “flood the zone”. Esa es la doctrina. No sé si te suena.

Se trata de producir tantas afirmaciones contradictorias, escándalos simultáneos, indignaciones cruzadas y teorías paralelas que el ciudadano medio renuncie a distinguir lo verdadero de lo falso. No te tienen que convencer de que su versión es cierta. Les basta con que pienses que ninguna versión lo es. Que todo es ruido. Que todos son iguales. Y que da igual quién gobierne. Que la prensa miente, los jueces son corruptos, los políticos roban y la única salida es alguien que venga a reventarlo todo.

Steve Bannon, como el resto de populistas en el mundo, tiene un problema. Comenzaron señalando a la “ciénaga”: a la clase política, cultural y administrativa de Estados Unidos. Pero cuando Trump llegó al poder a aquel discurso se le empezaron a abrir las costuras: es muy difícil criticar la ciénaga si tú eres el reptil-en-jefe. Entonces viraron el foco y en los últimos años se han echado encima de los inmigrantes como culpables de todos los males de la sociedad. De aquel movimiento nació la idea de “America First”, o lo que es lo mismo, de la “prioridad nacional”. 

Pero también aquella estrategia se les volvió en contra cuando las imágenes de la brutalidad del ICE hicieron que se desplomase la valoración de un grupo de votantes que Trump necesita para ganar las próximas elecciones al Congreso y al Senado en noviembre: los latinos. Así que hace unos días Steve Bannon presentó la última versión, renovada, mejorada, reluciente, del populismo. Se llama “Humans First” y promete una “rebelión conservadora contra la inteligencia artificial”. 

Subido a ese nuevo enfoque, Bannon propone que la inteligencia artificial es la nueva amenaza existencial contra la clase trabajadora americana: una tecnología desarrollada por un puñado de multimillonarios de Silicon Valley que va a destruir millones de empleos, concentrar el poder económico como nunca antes y dejar al ciudadano de a pie sin trabajo, sin propósito y sin futuro. La solución, dice, es frenarla: regularla, fiscalizarla, ponerle límites éticos, exigir que cualquier despliegue de IA proteja primero a los humanos -de ahí el nombre- antes que a los accionistas. Donde ayer el enemigo eran los burócratas de Washington y anteayer los inmigrantes, hoy son Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg y el resto de “señores feudales digitales” que pretenden, según Bannon, sustituir a la humanidad por sus máquinas.

Esta nueva versión del mismo discurso es mucho más ambiciosa que la anterior; tanto que su publicación coincide con una encíclica que el Papa se ha comprometido a promulgar en los próximos días sobre el mismo tema. Además de con la iglesia católica, el nuevo proyecto populista comparte enemigo -en parte- con los demócratas cuando señala a los technobros de Silicon Valley como símbolo de esa élite que se ha escapado del control popular. Pero si atendemos al argumento, encontraremos que debajo de ese tema aparentemente compartido se esconde la misma cosmovisión que hemos visto hasta ahora: lo que han de hacer los buenos políticos es “anteponer la seguridad, la libertad y la grandeza del pueblo estadounidense a los intereses de las élites corporativas y globalistas”.

Este es el tercer round del populismo, su versión 3.0. El más ambicioso y el más sofisticado. Uno que revela al final quién fue el enemigo a abatir desde el principio: las clases urbanas “globalistas” liberales y su forma de vida. Bannon cambia el discurso, pero mantiene un eje muy claro: que la sociedad está rota, la mayoría está siendo asediada, y los culpables de todo siguen siendo los mismos, quienes no comulgan con el patrón tradicionalista de la derecha populista americana.

No nos quepa duda de que esta película llegará muy pronto a nuestras pantallas.

Una vez, un amigo que trabaja en Mercadona me contó una historia sobre Juan Roig. Dicen que la razón por la que en sus supermercados no hay arcos antirrobo, ni alarmas en las botellas, ni candados en los estantes que guardan los productos más caros, ni siquiera, a veces, guardias de seguridad, es que al empresario valenciano le parece que no son rentables. Roig considera que sale mucho más a cuenta fiarse del “jefe” –que es como llaman en el argot interno a los clientes– y asumir que alguna cosa habrá que te birlen. Tener que instalar todo un sistema de vigilancia no solo sería más costoso, sino que terminaría por calar a la forma en que los trabajadores se relacionan con los clientes y, al final, a la manera misma en que los clientes se ven a sí mismos: como extraños en los que el propio establecimiento no confía.

No sé hasta qué punto es verdad. Pero igual he contado muchas veces esta anécdota porque me sirve para defender mis propias decisiones. Como empresaria me empeño en que las personas que trabajan para mí no tengan ni horario fijo, ni obligación de acudir a un centro de trabajo, si la organización de la compañía lo permite. Confío en que harán su trabajo de la manera que estimen que es más conveniente. Mientras fui propietaria de un grupo hostelero, tampoco instalé nunca cámaras en los establecimientos, a pesar de que es una práctica muy común en el sector para evitar los robos por parte de trabajadores.

¿Soy una empresaria “buena”? No, para nada: lo hago porque es más rentable. Desconfiar de tu propio equipo sale carísimo: exige dedicar un montón de dinero a la vigilancia, te enfrenta a tus trabajadores, instaura una cultura permanente de la sospecha y te obliga a renunciar a tus prioridades para dedicar tu tiempo (que es lo único realmente escaso) a asegurarte de que no te están engañando.

Me acuerdo de todas estas cosas cuando escucho que Zapatero ha sido imputado por un caso de corrupción y leo las gravísimas acusaciones que se vierten contra él. Un juez afirma que “la investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado.” 

Y me niego a darle cŕedito. Elijo, sin más información que la que tenemos en este momento, confiar también en el ex-presidente. 

Y es que toda la información de la que dispongo sobre este señor apunta en la dirección contraria. Durante el tiempo que fue presidente y hasta hoy no le he visto un gesto que me haga pensar que es el tipo de persona que se saltaría la legalidad para enriquecerse. Ni una. Más bien al contrario: podría estar ganando mucho más dinero del que se le acusa de haber percibido si se sentara en varios consejos de administración, o si prestara servicios para enormes gigantes corporativos, o incluso para otros estados, como hacen –legítimamente, también– otros ex-presidentes. Y no lo ha hecho. 

Hasta donde yo sé, que es lo mismo que sabemos el común de los mortales, en los últimos años Zapatero no ha hecho otra cosa que meterse en varios avisperos –como la mediación entre el gobierno de Venezuela y la oposición– donde tenía poco que ganar en lo personal y mucho que aportar en lo político.

Hoy he leído algunas noticias que parecen contradecir esa intuición –que creo que comparto con muchas otras personas– de que el ex-presidente es una persona confiable y con un profundo compromiso con lo público. ¿Qué creencia tiene sentido sostener? ¿La propia o la que apunta el juez? Yo voy a elegir seguir mi intuición y no retirarle mi confianza. No porque sea buena persona, ni porque me caiga bien el ex-presidente, ni porque le convenga a una opción electoral que me interese, ni porque tenga todos los datos necesarios para formarme una opinión firme, sino porque bajo este caso particular se libra otra batalla. 

Zapatero no es solo un político. Es, sobre todo, un símbolo de la confianza en la política. Y en los últimos 15 años, desde que eso que hemos llamado la “ola populista” se instaló en el sentido común, se ha extendido la creencia en que eso no es posible –o no es inteligente: no se puede confiar en la política porque todos los cargos públicos, hasta los que parecen más limpios, son unos seres corruptos que solo miran por su propio interés.  

De manera que cuando salta a la luz un caso como este —como ocurrió con Mónica Oltra—, mucho antes que a una persona se juzga una posibilidad: la de confiar en quienes nos representan. Y esa desconfianza, como ocurre en Mercadona, encarece la democracia. Nos obliga a dejar de creer los unos en los otros, mucho más si estamos enfrentados ideológicamente. El mensaje, al final, es que cualquiera, por más confiable que parezca, puede ser un corrupto. O que todos los políticos son unos ladrones. Que no nos podemos fiar de ninguno, ni de nuestra propia intuición sobre ellos.

Pero resulta que la evidencia demuestra que eso tampoco es verdad. A lo largo de la democracia, decenas de miles de personas han ocupado un cargo público. La inmensa mayoría –en la izquierda y en la derecha, en los ayuntamientos y en las diputaciones, en los ministerios y en los parlamentos– lo han hecho con honestidad y vocación de servicio público. Si uno cree en la democracia, tiene que creer también en la buena voluntad de quienes la integran. No hay otro camino. 

Así que yo voy a elegir confiar en Zapatero. Entre la información que tenía y mi propia intuición, y las informaciones de ayer, voy a optar por confiar en que hay personas honradas en política y en que son la inmensa mayoría. En que esta imputación quedará en nada. ¿Me puedo equivocar? Claro que sí. Siempre existe esa posibilidad. Pero me renta. Incluso si me equivoco públicamente delante de todos vosotros, me seguirá saliendo muchísimo más barato equivocarme una vez poniendo la mano en el fuego por alguien que me ha dado muchas razones para ello que vivir instalada en la idea de que no podemos confiar nunca en nadie.

Recordarán, de las clases de lengua del colegio, que una oración tiene tres partes: sujeto, verbo y complemento directo. La primera indica quién realiza la acción, la segunda cuál es esa acción y la última sobre quién —o qué— recaen sus consecuencias.

A menudo las oraciones, por pequeñas que parezcan, contienen un universo completo. “Cuando se despertó, el elefante ya no estaba allí”. “Hasta que la muerte nos separe”. “Disparen sobre la multitud”. “He venido a anunciaros una gran alegría”. “El rey ha muerto”. “Se vende”. “Te perdono”. “No hay nada al otro lado”. 

Con esa facilidad que tenemos para unir las líneas de puntos, los hablantes de una lengua somos capaces de rellenar los claroscuros de un mensaje casi telegráfico y conseguir que se convierta en una historia entera, o en una cosmología.  

También esa idea de la “prioridad nacional”, que ha tomado al asalto el espacio público a la velocidad de un virus, esconde una oración completa.

Prioridad es la acción; sustituye a la idea de “dar prioridad”, alguien debe dar prioridad a alguien. ¿Quién es el beneficiario de esa preferencia? Los españoles: los nacionales.

La pregunta, la clave de bóveda de este tinglado ideológico es ¿quién debe dar esa prioridad? ¿Quién está faltando a su deber de ordenar correctamente las prioridades? ¿Quién es el monstruo que se oculta en el claroscuro de esta oración? Son los gobiernos. O las élites, si lo prefieren. Eso que Donald Trump llama “la ciénaga” y que aquí conocemos simplemente como “los políticos”. Esta es la parte más importante, aunque no se diga, de la idea de la prioridad nacional. 

Porque esta premisa esconde, en realidad, el mensaje fundacional del populismo, una ideología “que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos –‘el pueblo puro’ frente a ‘la élite corrupta’-- y que sostiene que la política debería ser la expresión de la voluntad general del pueblo.” 

Esas dos palabras, “prioridad nacional”, cuentan la historia de los malos gobiernos. Desvela el universo de los traidores, que han dejado atrás a los buenos ciudadanos para aliarse con otros, para vender el país.

Y esa es una idea hegemónica hoy. Según los estudios –hay muchos, pero por ejemplo este de IPSOS realizado en 31 países– dos de cada tres personas en el mundo piensan que “la sociedad está rota” y que “el sistema está trucado para favorecer a los ricos y a los poderosos”.

Quizá por miedo a enfrentar esta realidad. Quizá por el reflejo innato de otro tiempo, este debate de la prioridad nacional ha sido tratado, casi de forma automática, como un problema moral. Una desviación del discurso público hacia el racismo, la xenofobia o el rechazo al extranjero. Cuando no lo es. 

Como consecuencia, la reacción progresista ha consistido en una mezcla de denuncia ética y pedagogía: en la tarea de explicar por qué los inmigrantes son necesarios, por qué enriquecen las sociedades o por qué debemos ser inclusivos.

Y sin embargo, esa lectura —aunque moralmente impecable— tiene un problema esencial, y es que refuerza el marco del populismo. Porque interpreta el fenómeno como si fuera un problema de odio. Y no lo es. La eficacia de estos mensajes no nace del rechazo a otros, sino de una sensación mucho más extendida y más incómoda: la de haber quedado atrás en la lista de prioridades de las élites occidentales, la de haber sido desplazado.

Cuando a la demanda de mayor reconocimiento de una parte de la población que se siente desplazada, la respuesta consiste en subrayar lo valiosos que son otros grupos o lo mucho que aportan a la sociedad, el efecto es el opuesto al esperado: se refuerza, precisamente, la percepción inicial de abandono. Desde su perspectiva, las élites parecen más preocupadas por explicar la utilidad de los demás que por atender a quienes ya sienten que han perdido centralidad.

El discurso progresista actual respecto a la prioridad nacional confirma, para esa parte de la población que se siente desplazada, la idea de que hay otros que encajan, que son útiles, que son necesarios. Y que ellos —por contraste implícito— han dejado de serlo.

Para entender —y eventualmente desactivar— la potencia de estos discursos, no sirve intentar convencer de que el mundo es justo tal y como está. Tampoco sirven los discursos que, al asumir implícitamente la premisa populista de una sociedad ya rota, se limitan a desplazar la culpa hacia otros actores —los billonarios, las élites financieras, “el sistema”— sin cuestionar el marco de escasez que los hace verosímiles.

Al contrario, la salida de este callejón pasa por cuestionar la necesidad misma de una “prioridad”. Es decir: por responder de forma material a la sensación creciente de que el mundo es un espacio de recursos limitados en el que unos necesariamente avanzan a costa de otros.

El antídoto frente a la emergencia de la agenda de la “prioridad nacional” es la agenda de la abundancia. Una forma distinta de mirar el presente que no parte de la escasez, sino de nuestra propia capacidad. Que organiza la política en torno a cómo podemos crear más, en lugar de quién debe recibir menos.

Esa agenda tiene ya una orientación práctica: una voluntad explícita de construir, de transformar y de entregar resultados visibles. Significa acelerar la producción de vivienda allí donde falta, desbloquear la capacidad de infraestructura que hoy está estancada, modernizar y expandir los servicios públicos, extender las energías renovables, electrificar tan rápido como sea posible y utilizar de forma deliberada las herramientas tecnológicas para aumentar la capacidad real de los sistemas sociales.

Es, en última instancia, un cambio de actitud colectiva: pasar de una política defensiva, centrada en gestionar conflictos de reparto, a una política expansiva, centrada en aumentar lo que es posible. Porque solo cuando la sociedad vuelve a sentirse capaz de producir un futuro para todos morirá la idea de que todo depende de una lucha por prioridades.

¿Por qué nunca dejan de subir las viviendas? ¿Por qué suben incluso donde la población desciende? ¿Por qué suben cuando sube la oferta –como en los años previos a 2008– y también cuando se estanca –como ahora? Para descubrirlo, te propongo un juego. 

Imagina que hace 50 años, cuando se creó la sanidad pública, se hubieran repartido unas licencias para acceder a ella. De manera que solo quienes compraron una pudieran tener un médico de familia o someterse a un tratamiento subvencionado. Imagina que se hubiera hecho lo mismo con la educación: solo quienes comprasen una licencia tendrían derecho a llevar a sus hijos a la escuela pública. Y lo mismo con la universidad.

Imagina que se hubiera emitido un número finito de licencias, 25 millones. Y que se hubieran vendido todas antes de 2008. Quienes no pudieron comprar en su día, quedarían obligados a recomprar la suya al propietario anterior.  

Imagina que al Estado le pareciera bien que los titulares originales de las licencias de la sanidad y la educación las revendieran después por mucho más dinero, porque lo entendieran como una forma lícita de “ahorro”. Para retribuir esos ahorros cada vez más caros, la sociedad esperaría que las cohortes que vinieran detrás tuvieran que hacer más esfuerzo que la anterior para acceder a los mismos servicios. Por ejemplo, si en 1980 se pagaba un piso en 15 años, en 2020 habría que hipotecarse durante 30 o 35.

Imagina que, llegado un punto, los propietarios de las licencias decidieran que ya no quieren venderlas. Sale mucho más rentable alquilarlas y no perder la propiedad. Y que con lo que obtienen por ese alquiler empezaran a acumular licencias de la sanidad hasta que llegase un momento en que el 30% de la población tiene que alquilar su licencia a un tercero. Y que al Estado también le pareciera bien que esos derechos se hubieran convertido en un negocio.

Imagina que, por ese camino, una parte muy importante de las licencias de los servicios públicos hubiese acabado en manos de fondos de inversión extranjeros, que vendrían a España a comprar licencias de la sanidad y la educación a cualquier precio, porque saben que los españoles no podemos prescindir de esos servicios, así que tendremos que acabar pagando lo que nos pidan.

Imagina que, pese a todo esto, los impuestos que sostienen los hospitales, con los que se paga el sueldo de los profesores y los investigadores, se siguieran pagando con los impuestos de todos los contribuyentes, tanto si tienen licencia para acceder a ellos, como si no. De manera que todos los arrendatarios de las licencias sanitarias pagarían impuestos por unos servicios a los que en realidad no podrían acceder, salvo pagando, además, un alquiler. Por el contrario, habría un montón de fondos extranjeros que no pagan impuestos en España, pero que cobran dinero a los usuarios por acceder a nuestros servicios públicos.

¿Te imaginas cómo sería ese país? 

Si no tienes mucha imaginación, no pasa nada. Porque esto no es ningún juego. Es exactamente lo que está pasando hoy en España. 

Para acceder a la sanidad, en este país, hay que estar empadronado en una vivienda. Para llevar a tus hijos al colegio, también. Y a la universidad. Y para pedir muchas ayudas. Las viviendas no son solo inmuebles. Sobre todo son licencias que dan derecho a acceder a casi todos los bienes comunes, como el alcantarillado, el saneamiento, los suministros de agua, de electricidad, de telefonía y de Internet; las vías públicas, las carreteras, el alumbrado y el transporte público; la seguridad, los bomberos y los servicios de emergencias; los hospitales, los colegios, las universidades, las bibliotecas y los centros de salud; la limpieza viaria, la recogida de basuras, el control de plagas, los parques y jardines, los mercados municipales y las infraestructuras deportivas y culturales. 

Por esta razón las viviendas se revalorizan aunque sus propietarios no las toquen, aunque permanezcan cerradas. Cuando el Estado construye una estación de Metro, o mejora el alcantarillado o la seguridad de un barrio, cuando se abre una nueva universidad o un colegio mejora la calidad de la educación, la vivienda sube y los titulares de esas licencias ven incrementado su valor. De la misma manera, un inmueble que no tiene licencia, como los que se construyeron en Seseña en 2008, no es una vivienda y para eso no hay mercado. Simplemente porque carece del título que te habilita para acceder a la infraestructura urbana.

Esta es la razón por la que el urbanismo en todos los países de Occidente es potestad de los Estados, sin excepción. Ni en el país más liberal del mundo existe una ciudad regida por el “mercado”. No se trata de una ambición regulacionista, es que no podría ser de otra manera. Solo en los lugares donde no hay Estado –y, por tanto, no hay infraestructuras– como en los arrabales de Lagos y en las chabolas de Bombai puede existir un mercado de la vivienda “libre”.

Dicho de otra manera, las licencias de vivienda no son “bienes de mercado” como si fueran pomelos o camisas de Zara: son derechos de uso que los estados otorgan sobre sus propios activos, son el “capital” de un país, o su accionariado. Como las acciones de una empresa, suben o bajan en función de lo que “mejore” ese país.

Los precios de la vivienda han subido durante décadas (con la única excepción de los años posteriores a la crisis de 2008) porque España no ha dejado de invertir en servicios públicos y en bienes comunes. De manera que hoy las ciudades españolas valen más que hace 50 años. Y las “acciones” de esas ciudades, que son las viviendas, capturan ese valor.

Solo desde este lugar se entiende hasta qué punto el rentismo es una nueva forma de feudalismo. Y es que los impuestos que financian todas esas infraestructuras –el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades– se pagan entre los habitantes y el IBI —el único impuesto que grava directamente la propiedad inmobiliaria— no llega al 4,75% de toda la recaudación pública. Es decir: subvencionamos colectivamente la revalorización de un activo del que solo se benefician algunos.

Y a continuación se desvela el auténtico disparate del rentismo: Estamos consintiendo que unos cuantos fondos extranjeros compren esas licencias que dan acceso a nuestros propios servicios públicos y le cobren a las familias arrendatarias un alquiler por acceder a ellos.

¿De quién debe ser la propiedad de los bienes comunes? ¿De todos, o de unos pocos? ¿Tiene sentido que le vendamos la propiedad del país a unos fondos extranjeros? ¿Puede haber una democracia donde no todos somos propietarios por igual de nuestro propio país?

Cuando hablamos de un “problema de la vivienda” lo que tenemos entre manos no es un problema habitacional. Es un conflicto por el reparto de esas acciones del país, por su capital colectivo. 

En el cajón en el que guardo los recuerdos que me hacen sentir afortunada hay un lugar especial para la memoria de Pedro Zerolo.

Zerolo era —ha pasado tanto tiempo que quizá conviene recordarlo— uno de los principales activistas del movimiento LGTBIQ+ en España. Fue una figura clave, imprescindible, durante los años en los que se fraguó la modificación del Código Civil que permitió el matrimonio igualitario.

Yo tenía entonces veinte años. Pero el Madrid de los 2000, el del “No a la guerra”, era tal hervidero de activismos que era frecuente que coincidieran en la misma reunión, o en el mismo bar, estudiantes universitarios y dirigentes políticos de primera línea. En alguno de esos encuentros conocí a Pedro Zerolo y a quienes, junto a él, empujaban el cambio: Carla Antonelli, Boti García Rodrigo y Beatriz Gimeno, entre muchas otras. También otras políticas que habían hecho de esa causa su prioridad, como Leire Pajín o Inés Sabanés.

Era un tiempo de optimismo. Pero aquel grupo de militantes LGTBIQ+ se llevaba la palma. Había en ellas una energía casi desconcertante. Costaba entender de dónde salía ese entusiasmo en personas que habían atravesado algunos de los episodios más duros de nuestra historia reciente: salir del armario en la España del siglo XX —muchas veces en plena dictadura—, transicionar en las condiciones más difíciles. Vivir una vida proscrita, al margen de cualquier reconocimiento legal o social. Y no tener horizonte de que aquello fuera a cambiar.

En 2005, España fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, solo después de Países Bajos (2001) y Bélgica (2003). No era inevitable. No estaba ganado. No era, ni de lejos, un consenso social. Hubo tremendas presiones para que la unión entre personas del mismo sexo no se llamara “matrimonio”, o para que la adopción no entrase en la ley. Nada estaba garantizado: fue una conquista política extraordinaria. Hoy, cuando vemos a dos adolescentes del mismo género besarse por la calle con naturalidad, es fácil olvidar hasta qué punto esa escena era impensable hace apenas dos décadas. ¿Cuánto más ancha es nuestra vida hoy —la de todos, con independencia de nuestra orientación— gracias a estas conquistas?

Observando a aquellas activistas una entendía algo importante: el optimismo no nace de un entorno favorable, al contrario. Nace de haber hecho cosas muy difíciles. De haber comprobado que se pueden hacer. De saber, por experiencia, que aún quedan más.

Pedro Zerolo murió en Madrid el 9 de junio de 2015, dieciocho meses después de ser diagnosticado con un cáncer de páncreas frente al que, entonces, no había nada que hacer. Y, aunque nadie tiene por qué hacerlo, no deja de ser emocionante la manera en que siguió irradiando el mismo optimismo y la misma confianza en la sociedad hasta el último momento.

Estos días he vuelto a pensar en él al leer las noticias. En San Diego, California, ha tenido lugar la conferencia anual de la Asociación Americana de Investigación sobre el Cáncer y se han presentado los resultados de dos líneas de investigación distintas que apuntan en una dirección que hasta hace muy poco parecía inalcanzable.

Una de ellas explora una vacuna personalizada basada en ARN mensajero (mRNA), diseñada para entrenar al sistema inmunitario a reconocer y atacar células tumorales específicas de cada paciente. En bastantes casos, los resultados muestran respuestas inmunológicas intensas y una reducción significativa del riesgo de recaída. En el otro ensayo un fármaco de nueva generación ha logrado prolongar la supervivencia de prácticamente todos los pacientes con tumores particularmente agresivos, abriendo una vía terapéutica donde hasta ahora apenas había opciones.

Son unas noticias extraordinarias en un ámbito donde hasta antes de ayer casi no había esperanza. El cáncer de páncreas sigue siendo hoy uno de los tumores con peor pronóstico: la tasa de supervivencia a cinco años se mantiene en torno al 10%, en gran parte porque suele detectarse tarde y responde mal a los tratamientos convencionales. Durante décadas, los avances han sido lentos, casi desesperantemente marginales, y las opciones terapéuticas apenas han cambiado la historia natural de la enfermedad.

Los resultados no son definitivos, pero tienen a los oncólogos revolucionados. Los cánceres más difíciles están empezando a ceder. Y eso, para quienes recuerdan lo que significaba un diagnóstico como el de Zerolo hace apenas una década, es ya un cambio de mundo.

Y yo no puedo evitar pensar que hay algo profundamente común entre esos científicos y Pedro Zerolo. Todos ellos, en algún momento, decidieron enfrentarse a algo que parecía imposible. Que parecía inamovible. A lo que muchos daban por perdido. Y lo consiguieron. Y si cada día vivimos en una sociedad mejor es gracias a ellos.

El progreso funciona así. No nace de lo sencillo, sino de lo improbable. De quienes se empeñan, una y otra vez, en hacer lo que parece que no se puede hacer. Igual en lugar –o además– de ser socialistas, o comunistas, deberíamos hacernos todos zerolistas.

La razón por la que no hemos sabido resolver el problema de la vivienda no es que no haya suelo. La razón por la que seguimos embarrados con este tema no es que no funcione construir. Tampoco es que hayan venido más inmigrantes. Ni que haya mucha burocracia.

La razón por la que no hemos resuelto el problema de la vivienda es que no sabemos en qué consiste exactamente ese problema. O mejor, que no nos ponemos de acuerdo sobre ello.

¿El problema es que hay gente que no tiene donde vivir? ¿O es que es muy caro vivir de alquiler? ¿Si el alquiler fuera más barato estaría justificado que una parte de la población no tuviera una casa en propiedad? ¿Qué parte de la población? ¿Y si esa vivienda fuera pública, estaría justificado? ¿Es siquiera posible construir vivienda pública para toda esa gente? ¿En cuántos años? ¿Y privada? ¿Cuánto debería costar una vivienda? ¿Cuánto debería rentar venderla? ¿Cómo ahorrarían quienes no accedan a la propiedad?

En España hay 27 millones de viviendas. 18,5 millones son la residencia principal de un número similar de familias. El 70% de ellas tiene su casa en propiedad, pero solo el 25% está pagando todavía la hipoteca. De esas, el 17% percibe ingresos de arrendar una segunda vivienda (o tercera, o cuarta, o quinta) vivienda a otro 30% de familias que vive de alquiler. 

De manera que la cosa es tan endiablada como esta: la sociedad española está partida por la mitad, entre quienes tienen la casa pagada y quienes siguen dedicando una parte de sus ingresos a pagar por algún tipo de tenencia de vivienda. De estos, más de la mitad vive de alquiler y esa cifra no deja de crecer. Mientras tanto, el 64% de lo que todos los españoles consideran su “patrimonio” son activos inmobiliarios y las familias que tienen casa en propiedad son, de media, cinco veces más ricas que las que viven de alquiler. 

Como consecuencia, hay una parte de la sociedad que entiende que está bien que algunas familias sean arrendadoras y perciban unos ingresos por ello, otros, la inmensa mayoría, quiere que las viviendas se sigan revalorizando porque les va en ello sus propios “ahorros”, mientras que un último grupo, cada vez más numeroso, necesita un ticket de entrada a ese sistema para poder subirse al carro de la sociedad.

Pero esas tres cosas son incompatibles, irreductibles, imposibles de solucionar sin un acuerdo. Porque para que esos ahorros se materialicen en una venta, alguien tiene que comprar. Y el precio de esa compra depende de que los alquileres sigan subiendo y de que las generaciones sucesivas dediquen cada vez un porcentaje más alto de sus ingresos de toda la vida a pagar su vivienda principal. 

La vivienda no es “un tema”. Es, junto con el trabajo y las pensiones, el tercer pilar del modelo económico y social en el que llevamos viviendo 50 años. Es el vehículo que permitía a los trabajadores ahorrar y construir un patrimonio que les ofrecía seguridad, pertenencia y arraigo. Y se está desmoronando.

Los partidos políticos actuales, en un gesto disfuncional terrible, en lugar de enfrentarse al que es el primer problema no solo de la sociedad española, sino de la occidental; en lugar de liderar al país hacia un nuevo consenso, meten la cabeza bajo tierra como un avestruz. Comienza entonces el baile de medidas que parecen querer hacer algo, pero que no alcanzan siquiera a apuntar cuál sería la solución al problema. Esta semana ha tocado el turno de un nuevo plan de vivienda del Gobierno. 

El plan propone invertir en tres cosas contradictorias: La primera, construir vivienda pública, para lo cual prevé una dotación para los próximos cuatro años de 7.000 millones de euros entre la dotación del Estado y la que se les exigirá a las comunidades autónomas. Vamos a imaginar que se usan íntegramente para construir viviendas por debajo del precio del mercado de la construcción, a 1.000 €/m2. Resultan 82.000 viviendas en 4 años (que se entregarían, previsiblemente, en algunos más), esto es, el 0,4% del parque actual de vivienda. Mientras tanto, resulta que según los mismos datos del Banco de España, en dos años entre 2022 y 2024 los hogares que viven de alquiler aumentaron en 225.000. De manera que la vivienda pública en alquiler que promete hacer el gobierno con este plan no compensa ni la cuarta parte de las familias que cada año se ven abocadas a los alquileres abusivos que produce el sistema actual.

Y si el modelo de este gobierno es el del alquiler de vivienda pública, alguien podría decir que es un primer paso. Lo inexplicable es que en lugar de dedicar el total de la financiación a esa función, a renglón seguido, en el mismo programa, nos encontremos con dos medidas que, en lugar de avanzar en la línea de construir más vivienda pública, parecen reforzar la idea de que el alquiler privado es una buena opción: una que promete ayudas a “jóvenes” arrendatarios, otra para rehabilitación y hasta nuevas ayudas para arrendatarios que alquilen con un precio “asequible”. Y todo esto mientras no toca ni una coma de las escandalosas deducciones fiscales a los arrendadores que hace que la vivienda sea un producto de inversión más rentable que ninguna de las actividades que producen crecimiento y riqueza.   

Y dice la ministra que este plan representa “el triple del anterior”. Mire, señora ministra, el triple de cero –resultados– sigue siendo cero. 

Para pasmo general, el centroderecha, que prácticamente inventó la idea de la vivienda en propiedad como forma de parar las ambiciones comunitaristas de los partidos de la izquierda en los años 60 y 70, ha abandonado su propia columna vertebral ideológica para echarse en manos de los –aún pocos– arrendatarios.

La realidad es que los partidos políticos –con el PSOE a la cabeza, pero seguido muy de cerca por todos los demás– están atrapados en el mismo sitio: entre grupos distintos de votantes con intereses legítimos, pero contrapuestos.

Y la solución a este problema, mucho antes que construir, rehabilitar o limitar precios, pasa por algo mucho más incómodo: por ponerse delante de la ciudadanía y decir la verdad. Decir que no es posible, al mismo tiempo, que la vivienda siga revalorizándose como activo de ahorro, que los alquileres bajen de forma sostenida y que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en condiciones similares a las que tuvieron sus padres. Y que tenemos que llegar a otro acuerdo. Y decir qué es lo que propone cada partido para ese consenso: ¿Que todos seamos propietarios, o que solo lo sean unos cuantos? 

Hasta que no hagamos esa elección de forma explícita, el sistema seguirá exactamente donde está: aplazando forzosamente un conflicto que ya no admite más dilación.

¿Sería mejor que el mundo se transforme o que se quede como está? Si hubiéramos hecho esta pregunta en una asamblea de la UGT, del PSOE, de CCOO o de Izquierda Unida hace 40 años la respuesta hubiera sido unánime.

Cuando yo era chiquitita, la izquierda era sinónimo de cambio. Mis padres y todos sus amigos siempre estaban construyendo algo: un barrio, un sindicato, una asociación, una cooperativa. Hasta los trabajadores hablaban de la estrategia y del devenir de las empresas como si fueran suyas.

Hoy, en cambio, una parte de la izquierda del mundo occidental se ha vuelto reticente a construir. Se trata de un fenómeno que recibe el nombre de “Nimbyism” (por las siglas de “Not In My Back Yard”, es decir, “no en mi patio trasero”) y que comenzó a describirse en Estados Unidos hace una década. Hoy se ha vuelto global y llama a nuestra puerta.

Podemos, por ejemplo, lleva mucho tiempo siendo un partido NIMBY que se opone a construir vivienda y ha votado en varias ocasiones en contra de dar todo el impulso necesario a las energías renovables. Quizás por influencia de Irene Montero, esta semana Gabriel Rufián se ha subido al carro y ha afirmado que “la solución no es crear más viviendas, porque el especulador acumula y eso lo tiene que decir la izquierda de forma clara”. 

¿Cómo se ha producido este viaje? ¿Qué está impulsando este movimiento al proteccionismo de las opciones tradicionalmente progresistas?

De entre todas las confusiones que contaminan el debate sobre la vivienda, la más perniciosa es la que pretende que las casas son un bien de mercado, como los cañones o la mantequilla. 

Nada más lejos de la realidad. No podrían serlo. La condición de posibilidad para que exista un mercado de bienes es que puedan existir una oferta y una demanda libres. Y en este caso no se cumple.

Las licencias de vivienda son un monopolio del Estado, que es quien determina dónde, cuándo y cuánto se puede construir. No solo esto, sino que también es el Estado el que ordena la demanda: es el que decide donde se instalarán los polos industriales, los parques tecnológicos, las universidades, los hospitales y las grandes infraestructuras en torno a las cuales la población necesita –no elige– vivir. 

Más aún: a través de la aplicación de incentivos o cargas fiscales, los estados también controlan los precios del parque inmobiliario. 

De manera que la vivienda no es un bien de mercado. Si queremos un símil, hay uno mucho mejor: las acciones de una empresa.

Igual que las licencias de vivienda, las acciones de una empresa no son un bien, sino un título de propiedad. En ambos casos existe un único emisor que controla la oferta y, en gran medida, la demanda y el precio también. Y el valor de ambos títulos está ligado a la entidad que tienen detrás: bien la empresa o el país en cuestión.  

Esto no es ninguna casualidad: se diseñó así. Distribuir la propiedad de los países mediante la vivienda en propiedad fue uno de los pilares del proyecto del Estado del Bienestar del siglo XX. La vivienda resultaba la inversión perfecta para que los estados repartieran entre sus ciudadanos los dividendos que, en última instancia, generaban sus propias inversiones en infraestructura urbana.

Tanto es así que era muy habitual que los políticos se refirieran a la creación masiva de inmuebles como un reparto de las “participaciones” en un país: como un vehículo de inversión en la sociedad misma.

Por esta razón el problema de la vivienda no es habitacional, sino de reparto de la riqueza, se trata de la distribución del capital y de las inversiones de un país.

Y la brutal crisis que vivimos tiene una explicación muy sencilla:

En Europa, el 83% del parque se construyó antes de 1996. En particular, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX se construyeron el 54% de los inmuebles que hay en la actualidad. En otras palabras: el 83% de las acciones de la Unión Europea se emitieron antes del cambio de siglo. 

Como en cualquier empresa, esos accionistas originales no tienen incentivos para que se emitan más participaciones porque eso reduciría el valor de las suyas (se diluirían, como se dice en el argot financiero). Al contrario: si el país sigue creciendo sin que aumente el número de acciones (de licencias), estás valdrán más de forma automática, sin que su dueño tenga que hacer nada por mejorarla.

Por la misma razón, los propietarios del suelo tampoco tienen incentivos para edificar. Porque construir les obliga, tarde o temprano, a vender y cerrar una posición que, de mantenerse abierta, seguiría generando valor de forma indefinida y sin esfuerzo alguno. El suelo sin edificar es, en este sentido, la acción perfecta: no da trabajo, no paga impuestos y se revaloriza sola.

Si los gobiernos hoy han perdido cualquier interés en desarrollar más de nada, y la urbanización de nuevos terrenos se ha vuelto un vía crucis que puede llevar décadas, no es como se suele decir, porque exista mucha burocracia. La burocracia es la misma para todo y otros temas avanzan mucho más rápido en la administración. Es que se han vuelto NYMBYs. Es que esos “accionistas” son una masa inmensa y muy influyente de votantes cuyo interés cae del lado de cobrar dividendos, no de emitir más acciones.

Al contrario, para solucionar el problema de la vivienda hace falta construir. No solo en los ínfimos suelos que están urbanizados pero pendientes de construir y bloqueados por los promotores en espera de que se sigan revalorizando. Hay que densificar las ciudades, como ha propuesto recientemente Salvador Illa. Cambiar los barrios, aprovechar para hacer una necesaria rehabilitación energética de los edificios y para instalar más energías renovables. Por supuesto que también hay que poner coto a la especulación -por ejemplo, prohibiendo la compra por extranjeros de acciones de tu propio país. Pero el mensaje que es necesario lanzar para que baje el precio de las “acciones” solo puede ser uno: y es que este país siempre va a estar comprometido con que todas las generaciones accedan al capital común en las mismas condiciones. 

Todo lo demás, es NIMBYsm.

Yo no sé por qué tenemos esta manía de pensar que Trump nunca cumple sus promesas. El martes, sin ir más lejos, prometió que destruiría una civilización para que no regresara jamás y lo hizo: la civilización occidental hoy está muerta. No va a recuperarse de los golpes mortales que le ha ido infligiendo, con machacona insistencia, el establishment político y económico de los Estados Unidos. 

Digo el establishment porque ya es hora de que hablemos de las cosas por lo que son. Trump es una persona. No es todopoderoso. Existen en la constitución americana mecanismos suficientes para sacar a un demente de la presidencia del gobierno. Los militares que, para sorpresa de nadie, tienen más arrestos que los CEO del Nasdaq, le montaron una algarada el domingo que acabó con doce inspectores generales despedidos por no doblegarse al disparate al que nos quería conducir. No tengo ninguna duda de que, si no ha habido más ataques indiscriminados, es porque la resistencia que se está encontrando en el Ejército es feroz. 

Tampoco es que no tenga oposición interna. El presidente de la Reserva Federal hace meses que le planta cara y el martes varios líderes MAGA muy relevantes pidieron a las fuerzas armadas que desobedecieran sus órdenes ilegales y que el presidente fuera relegado del cargo. 

Pero ningún congresista republicano se sumó a la iniciativa. Ni tampoco abrieron el boquino los empresarios cuyos intereses se verán perjudicados por la previsible escasez de gas y petróleo que el cierre del estrecho de Ormuz va a producir. Al contrario, el runrun que recorre los mentideros del dinero americano es que la crisis de suministro que amenaza con producir hambrunas en Asia y África por falta de fertilizantes a EE.UU. le va a venir bien, porque el país es exportador neto de crudo. Así que el martes, en mitad de las amenazas de guerra nuclear y crímenes de guerra, la bolsa americana dormía plácidamente: plana, inmutable.

Lo que estamos viviendo es el último episodio de una larga serie en la que el establishment económico americano —y, en parte, también global— se ha ido convenciendo de que eso de ser el guardián —militar, monetario, diplomático— del mundo, a EE.UU. no le renta. Y cada vez son más las voces que sostienen que es insostenible: que la deuda pública se ha disparado hasta niveles históricos para financiar ese papel, que mantener el orden global exige un gasto militar y diplomático desproporcionado y que, en última instancia, son otros países los que se benefician de ese esfuerzo. 

Trump es el poster child de ese consenso que se ha ido fraguando. Los aranceles, esa idea –sin sentido– de que el estado de las balanzas comerciales es una especie de deuda que unos países tienen con otros o el empeño en que los países europeos aumenten su gasto militar para “pagar su parte” de la OTAN son las manifestaciones de esa voz interna que no deja de gritar que EEUU se ha cansado de liderar el mundo.

Por eso el establishment de EE.UU. ha decidido que Trump le conviene. Con que las bolsas sigan subiendo y los impuestos sigan bajando, ya puede arder Roma. 

Los demócratas, por desgracia, tampoco se han vacunado contra ese virus. Y ahora que anticipan que el partido republicano va a implosionar, quizá para siempre, han decidido que es mucho mejor tener perfil bajo y esperar a ver pasar el ataúd con el cadáver de su adversario.

Con estas mimbres, lo más probable es que el próximo gobierno de EE.UU. mantenga esta tendencia al repliegue internacional. Que sea, como ha ocurrido en el Reino Unido después de Boris Johnson, una cosa blanda, mediopensionista, que no se atreverá a enfrentar las causas reales de los problemas del país y arrastrará años de conflictos, incapaz de crear una nueva promesa para Occidente. 

Estados Unidos es un imperio fallido. Trump pasará. Pero las tendencias sociales y políticas que lo han traído hasta aquí –el fracaso estrepitoso de su modelo social, la quiebra del “sueño americano”, el declive de su industria, la frustración de la población y la percepción de decadencia– son incompatibles con el liderazgo de la economía y la política global.

No tengo ninguna duda de que, en la próxima década, las universidades americanas dejarán de liderar la investigación, su diplomacia empezará a ser recibida con resignación en las embajadas, la cooperación internacional se reorganizará y Europa tendrá su propia estrategia militar y de seguridad. La “inteligencia artificial” será la última de las innovaciones que nacerá en suelo americano. Sin rumbo, las estructuras que habían ordenado nuestro mundo durante los últimos 75 años se irán desmoronando.  

La civilización que está muriendo es la nuestra: la occidental. Y es muy probable que tenga todo el sentido que sea así, porque ya no estamos en un mundo unipolar donde un solo actor hace y deshace.

Ocurre que los momentos en los que se deshace un orden son también los únicos en los que puede construirse otro. Y eso abre espacios para nuevas alianzas que antes eran impensables. Ahí están ya, emergiendo, esas “coaliciones de los dispuestos”: acuerdos entre países que comparten valores y objetivos, más allá de la geografía y de los viejos bloques. O la posibilidad —hoy remota, pero por primera vez imaginable— de corregir errores históricos como el Brexit y reconstruir una Europa más coherente y más fuerte.

Me tacharán de optimista, pero ¿y si esto no fuera un drama, sino una oportunidad? 

Adam Smith nació, en el año 1723, en el corazón de una pregunta: ¿Cómo se organiza una sociedad de extraños? 

Kirkcaldy era un pueblito minúsculo en la costa del Mar del Norte. A pocos kilómetros, en la orilla opuesta del fiordo de Forth, Edimburgo se estaba convirtiendo en una suerte de improvisada ciudad de los rascacielos. Encaramada en un risco diminuto sin espacio físico para crecer, la capital se había visto arrasada por sucesivas oleadas migratorias que habían duplicado su población a una velocidad vertiginosa. Sin otra posibilidad, los recién llegados habían ido convirtiendo la urbe en un experimento chiflado de chabolismo vertical: sobre los antiguos edificios medievales habían ido levantando planta tras planta hasta alcanzar las diez, doce, incluso catorce alturas a base de precarias estructuras de madera. 

Para cuando Smith tuvo edad de comprender lo que estaba ocurriendo, cerca de 60.000 personas se hacinaban en medio kilómetro cuadrado —algo así como cinco veces la densidad de una ciudad moderna— y aquellas estructuras habían empezado a ceder. Los muros se arqueaban, los cimientos se desplazaban, y no era raro que inmuebles enteros se vinieran abajo de la noche a la mañana.

Como los edificios de la Royal Mile, también las estructuras que ordenaban la sociedad escocesa de finales del siglo XVIII empezaban a resquebrajarse bajo la presión de la urbanización y la industrialización. Y es que en aquellos años en el sur de Escocia se estaba fraguando la transformación de la experiencia humana más importante –y más infravalorada– de la historia reciente. 

En 1750 había, quizá, cinco o seis ciudades de más de 100.000 habitantes en Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Madrid. Fuera de ellas, la práctica totalidad de la población del mundo aún vivía, como habían hecho sus antepasados durante milenios, en grupos tan pequeños que era posible tener un conocimiento íntimo de todos los vecinos. 

En esas comunidades, cada persona sabía no solo quién era quién, sino también quiénes habían sido sus padres y sus abuelos y cuántas veces su estirpe había estado vinculada o había entrado en conflicto con otra. Todo el mundo podía juzgar por sí mismo si alguien era confiable o no, si representaba un peligro, cuál era su estatus y si valía la pena su tiempo. Donde no llegaba ese conocimiento, las iglesias habían asumido el papel de ordenante de la vida en común. Así que los mecanismos que durante milenios nos habían permitido comprender las sociedades humanas seguían, hasta finales del siglo XVIII, prácticamente intactos.

Pero entonces los terratenientes escoceses comenzaron a promover las enclosure acts, unas leyes que prohibían a los campesinos usar los pastos comunes que hasta entonces habían sido la base de su subsistencia. Privados de su forma de vida, miles de personas se vieron obligadas a desplazarse a las ciudades.

Esas ciudades empezaron a convertirse en arrabales donde todo el mundo era nuevo y desconocido. Por primera vez en la historia, los grupos humanos superaban los límites de lo que podía entenderse desde la cognición individual y no tenían ni iglesia, ni tradición a la que agarrarse para entender lo que estaba ocurriendo. Así surgió un desafío completamente inédito: ¿cómo comprender a alguien que no conoces? ¿Cómo saber si puedes confiar en otra persona sin tener una referencia directa y personal? ¿Cómo transmitir tu propio estatus o reconocer el de alguien a quien nunca has visto? 

En ese escenario, la religión ya no era capaz de contestar esas preguntas. Ni podía seguir dando forma al mundo, ni sostener el orden social. Sus preceptos —no solo su manera de entender el tiempo y el espacio, sino, sobre todo, su función como arquitectura invisible de la vida en común— comenzaban a desmoronarse.

La obsesión de Smith, como la de tantos de sus contemporáneos, era la de sustituir esas premisas: encontrar los fundamentos de la naturaleza humana y las reglas que nos gobiernan para crear un mantra universal que ordenase la sociedad que estaba naciendo.

Y es que, por más que la Historia se haya empeñado en presentarlo así, Adam Smith no era un economista. La economía ni siquiera existía en aquel momento como disciplina. Lo más cercano era la “economía política”, que se ocupaba principalmente del gasto público y de la recaudación. Y la creencia general es que era el Estado el que producía la riqueza de las naciones. Smith, sin embargo, era profesor de filosofía moral y su ambición era ofrecer un marco para orientar la conducta de sus contemporáneos. La economía, podríamos aventurar, fue el artefacto que se inventó para convencernos de que aquel manual tenía algún sentido.

Y La riqueza de las naciones no es un tratado técnico, sino algo mucho más poderoso: es una fábula. Un relato sobre esa sociedad naciente. Un mito fundacional que vino a sustituir a la religión. Como todos los mitos fundacionales, no tuvo éxito porque fuera literalmente cierto, sino porque resultó extraordinariamente eficaz. Con un libro, Smith proporcionó un andamiaje intelectual sobre el que se terminó por levantar una civilización entera. 

El relato decía algo así: la riqueza de las naciones no depende de lo que poseen, sino del trabajo que son capaces de movilizar. Pero hay algo desconcertante: en todas partes las personas trabajan, y sin embargo unas sociedades prosperan mientras otras se estancan. ¿Dónde está la diferencia?, se preguntaba Smith. Y su respuesta era tan simple como revolucionaria: en la organización del trabajo.

Un artesano, trabajando por su cuenta, podía hacer un producto al día, quizá dos. Pero en una cadena de montaje podía hacer miles. La riqueza de los países dependía de lo bien que se organizasen. Y para organizarse, requerían capital. 

De manera que hay tres formas de contribuir a la sociedad: una, mediante sacrificio, aportando el ahorro que uno podría gastar en placeres superfluos; otra, con esfuerzo, entregando tiempo y trabajo; y la tercera, a través de la capacidad de organizar, de poner en marcha estructuras que multipliquen la productividad. Los países que logren dominar estas tres dimensiones —ahorrar, trabajar y organizarse— serán los que prosperen y dejen atrás a los demás.

Este mito tenía una ventaja extraordinaria en aquel momento histórico. El esfuerzo y el sacrificio, a diferencia de la devoción religiosa o de la fe, eran contables. Las horas de trabajo, las libras invertidas o ahorradas, podían anotarse en una hoja de cálculo. De esta manera, el mito resolvía ese gran problema de la sociedad que nacía: cómo valorar a las personas más allá de los vínculos familiares, de la comunidad local y del fervor religioso. Smith ofrecía un sistema universal para medir y guiar la conducta humana, un reemplazo secular para la autoridad moral que antes residía en la iglesia y en la tradición.

Así fue como el mito de Adam Smith sustituyó a la religión punto por punto, en todas sus facetas. Había un dios —ya no en el cielo, sino en la organización del trabajo— que prometía ganancias infinitas. Había virtudes —el ahorro y el trabajo— que otorgaban el favor de ese dios. Y había un infierno: la pobreza y la exclusión, el atraso en lugar del progreso, para quienes no cumplían los preceptos. Lo que uno valía y lo que valía el resto iba a quedar para siempre registrado en una gigantesca hoja de cálculo que llamaríamos economía.

Todavía hoy, 250 años después, vivimos palabra por palabra en ese mito. Las categorías económicas que se enseñan en la universidad (el trabajo y el capital como factores de la producción, la productividad, etc.) todavía nacen de ese libro. Pero no solo. 

También le seguimos enseñando a nuestros hijos la importancia del esfuerzo. Igual que nos enseñaron nuestros padres. Hasta nos machacamos en silencio cuando sentimos que “no nos hemos esforzado lo suficiente”. Por su parte, varias de las catástrofes de la sociedad contemporánea –como la crisis de la vivienda o la burbuja de las bolsas– se explican porque seguimos convencidos de que el ahorro es una actitud virtuosa que merece una recompensa (aunque no produzca valor y aunque no corra riesgos, que eran las cosas que se suponía que hacía el ahorro en el cuento de Smith).

La crisis que atraviesa nuestra sociedad también se explica por las limitaciones de ese relato. Smith pensaba que el conocimiento era irrelevante, un subproducto de la actividad humana que no debía contarse. En varias ocasiones a lo largo del texto desprecia la contribución de los obreros que inventaban mejoras para las máquinas o de las profesiones que no contribuían a mover la cadena de montaje. Y a pesar de que el dios de su historia –la división del trabajo– es una forma muy evidente de conocimiento, ni en sus planteamientos, ni en las ecuaciones que después dieron forma a la economía de los siguientes 250 años quedó reflejada esta faceta de la actividad humana salvo como un “residuo” que no se puede contar. 

Desde entonces, todo nuestro marco moral, que después se refleja también en la arquitectura de la economía como ciencia, descansa sobre el esfuerzo e ignora sistemáticamente la esencia de la actividad de los seres humanos: el conocimiento. 

Pero resulta que hoy hemos superado esa necesidad de esfuerzo que teníamos en el inicio de la Revolución Industrial: vivimos en una era del conocimiento en la que el trabajo –en ese sentido de la aplicación de la fuerza– cada vez es menos necesario para producir valor (y menos lo será a medida que avancen las energías renovables). Y, sin embargo, carecemos de herramientas para valorarlo. 

La crisis del mundo moderno nace de esa carencia: necesitamos una nueva biblia. Nos hemos quedado sin un mito que explique el mundo y necesitamos un nuevo relato que llegue allá donde no llegó un profesor de filosofía moral del año 1776. Uno que dé sentido a este tiempo nuevo y que nos empuje hacia adelante otros 250 años.

—-- 

Aunque sus casi 1.000 páginas pueden echar a algún lector para atrás, La riqueza de las naciones es una lectura muy entretenida que se puede limitar a los tres primeros libros (unas 300 páginas). Hay una versión reducida en el dominio público aquí que se puede encontrar también en libro de bolsillo de Alianza Editorial.

Uno. Donald Trump está de salida. 

Por más que asuste su comportamiento errático y la sensación de que cada día nos despierta con una nueva amenaza más terrible que la anterior, hoy es evidente que el trumpismo, como propuesta política, ha fracasado y está de salida. 

Trump no ha conseguido consolidar una alianza estable con una base de votantes, que es el requisito de cualquier fuerza política necesita para sostenerse en el tiempo. Su apoyo electoral está en caída libre y se resiente incluso entre sus fieles. Tampoco parece que en el Partido Republicano haya mucho entusiasmo con el presidente. Este año se retiran 35 congresistas y senadores republicanos, un récord histórico.

En noviembre hay elecciones al congreso y al senado en EEUU. Hace más o menos un año que la práctica totalidad de las encuestas le dan la victoria a los demócratas (pese a que tampoco se puede decir que hayan hecho mucho por merecerlo). Y lo que es peor: su repertorio personal de medidas –como los aranceles, las deportaciones y los recortes del gasto social– se ha agotado. A Trump ya solo le queda seguir en una huida, cada vez más desesperada, hacia adelante. Su única promesa es el caos. 

En esta tesitura, lo que veremos en los próximos meses es cómo los pesos pesados del partido republicano, del ejército y de la administración le van abandonando. Él, probablemente cada vez más iracundo, se volverá todavía más irracional y, quizá, más violento. Pero es muy probable que, a medida que vaya perdiendo el apoyo del establishment, también se vaya volviendo cada vez más ineficaz en la ejecución de sus algaradas y empiece a parecer un abuelito demente. Algo de esto ya le ocurrió en la primera legislatura. 

La clave van a ser las cuentas con la justicia que les van a quedar a muchos de sus colaboradores después de este viaje. Trump se ha saltado la ley tantas veces que hemos perdido la cuenta, pero en los juzgados ha quedado un rastro que ahora tendrá que ir exigiendo responsabilidades. Quienes estén en peligro de acabar en el trullo tendrán muchos incentivos para intentar que Trump siga en el poder, mientras que quienes se hayan quedado al margen de sus tropelías tendrán interés en no pringarse en el último minuto. 

Dos. La burbuja de la IA ya ha pinchado.

Por más que no se haya contado así, los números hablan por sí solos. Las bolsas americanas llevan meses planas o en caída. El NASDAQ acumula pérdidas del 10% desde octubre, mientras que el S&P 500 cede un 11% desde sus máximos de enero. En otro contexto, estas cifras serían explicables. Pero lo verdaderamente desconcertante es el contexto en el que se producen: no en medio de una recesión, ni de un escándalo corporativo, sino justo cuando las grandes tecnológicas están publicando los mejores resultados de su historia.

El caso de NVIDIA es paradigmático — y quizás el más revelador de todos. La compañía, cuya capitalización de mercado supera ya el PIB del Reino Unido, se ha convertido en el símbolo por excelencia de la fiebre inversora en inteligencia artificial. Sus chips son la columna vertebral sobre la que se construye toda la infraestructura de la IA moderna, desde los modelos de OpenAI hasta los centros de datos de Microsoft, Google y Amazon.

Las dos últimas veces que NVIDIA presentó resultados, las cifras fueron, sencillamente, de otro planeta. En su último trimestre, la compañía reportó unos ingresos de 39.300 millones de dólares — un crecimiento interanual del 78% — y un beneficio neto que casi triplicó al del mismo periodo del año anterior. Su división de centros de datos, el motor que alimenta la demanda de IA, ingresó sola más de 35.000 millones de dólares en un único trimestre. Son unos números que habrían parecido ciencia ficción hace apenas tres años.

Y sin embargo, las dos veces, sus acciones cayeron a continuación.

Para estupor de cualquiera, esta combinación de unos resultados extraordinarios seguidos de una caída del precio de las acciones se ha convertido en la tónica general de la bolsa americana: le ha ocurrido igual a Oracle, Microsoft o Meta, entre otros. ¿Cómo puede ser? 

Cuando unos resultados extraordinarios ya no son suficientes para sostener el precio de una acción, es porque están perdiendo fuerza por alguna parte. La burbuja de la IA ya ha pinchado, solo que no ha sido una ruptura de aguas violenta y súbita, sino una fisura de las que provocan que una parturienta vaya perdiendo, a lo largo de un periodo de tiempo, líquido amniótico. Una parte de los inversores está saliendo –“rotando”, en el argot–, de las inversiones en IA pese a que los extraordinarios resultados siguen atrayendo a otros inversores más incautos. Dará igual. Por más que la sigan inflando, no dejará de perder volumen. El mundo está de parto. Y lo que sentimos son las contracciones.

Tres. El emperador estaba desnudo. 

Cuando se desinfle el soufflé de la burbuja, descubriremos que eso que hemos llamado “inteligencia artificial” se parece mucho más al email que al ferrocarril. Es un software, un protocolo, una forma de conocimiento que puede replicarse y emplearse de forma universal — por infinitas personas a la vez, sin que compitan entre sí por su uso. Y precisamente por eso, aunque cumpla su promesa de aumentar exponencialmente la productividad — como lo hizo el e-mail —, nunca podrá generar el tipo de crecimiento que produjo el ferrocarril. Porque este último era un bien escaso que se podía intercambiar en régimen cuasi monopolístico y la IA no lo es. 

Alguien recordará, entonces, algo que es una evidencia de la teoría económica. Y es que la productividad, por sí sola, no produce crecimiento. Da igual cuán productivo sea uno, si no tiene a quien venderle el resultado de su producción. Para crear crecimiento hace falta vender. O lo que es lo mismo, tener algo que los demás quieran y a lo que no puedan acceder, salvo comprándolo.  

Cuatro. La música está a punto de terminarse. 

Después de tres años y medio de inflar el globo, en los próximos meses llegará la hora de la verdad: las salidas a bolsa de las grandes empresas de la IA. SpaceX (la fábrica de cohetes de Elon Musk, que se fusionó con el antiguo Twitter reconvertido en xAI al olor de la sardina), pretende salir al parque con una valoración de 1.75 billones de dólares. OpenAI y Anthropic, las otras dos grandes “startups” del sector que aún no cotizan, esperan ser valoradas, en conjunto, en 1,25 billones más. 

Nunca, en la historia, se había producido una salida a bolsa tan inmensa. Para cubrir el 25% de esas valoraciones, harían falta 1,2 billones de dólares. El consenso de los analistas (no conozco ni una sola voz en contra) es que no existe en el mundo suficiente liquidez (o sea, suficiente dinero) para comprar las nuevas acciones de estas empresas sin que se desplome la cotización del resto. 

Por comparar, en 2025 “1.293 salidas a bolsa recaudaron 171.800 millones de dólares a nivel mundial” y eso ya representaba un aumento del 40% respecto a 2024. Esto es, el año pasado, las salidas a bolsa no llegaron al 15% de lo que sería necesario para sacar adelante estas operaciones.

Las cifras son tan mareantes, ese mundo está tan borracho de expectativas, que cada vez cuesta más tomárselo en serio. Resulta imposible distinguirlo de la trayectoria pirada de un ludópata. 

En todo caso, a falta de un milagro, lo que va a ocurrir es que alguna de esas IPOs no va a llegar a buen puerto. Quizá ninguna de las tres. 

Cinco. Es la madre de todas las burbujas

Cuando alguna de las grandes IPOs del sector fracase –si no antes, por ejemplo, cuando alguien se dedique a mirar seriamente los números de OpenAI– resultará evidente que toda esta deriva que lleva empujando a las empresas tecnológicas desde 2020 ha sido una monstruosa burbuja que ha ido avanzando de hype en hype (la realidad virtual, el metaverso, las criptomonedas, los coches autónomos y un largo etcétera) hasta hoy. Y terminará de explotar.

Y si nos paramos a observar con detenimiento, descubriremos que este no es un fenómeno aislado, sino que es el tercer acto de una única burbuja que lleva hinchándose 25 años. Comenzó en 2000, cuando la Reserva Federal americana respondió al colapso de las puntocom tirando los tipos de interés e inundando el mundo de dinero barato. Siguió en 2008, cuando a las tensiones en la deuda soberana los bancos centrales contestaron que harían “whatever it takes” para proteger la estabilidad financiera de sus países. Otra montaña de liquidez. Y continuó con nuevos estímulos monetarios y económicos en el COVID y después durante la invasión de Ucrania. 

Llevamos un cuarto de siglo insuflando oxígeno al cadáver de una economía que hace mucho tiempo que no respira y que no conseguimos reanimar.

Y una idea para la esperanza: no es el fin del mundo (es el principio).

Me doy cuenta de que todas estas noticias marean. Y que a veces dan un miedo y una sensación de pérdida de control horrible. 

La manera de no perder el norte es darse cuenta de que este aparente colapso de todo lo que nos rodea es un espejismo. Lo que está quebrando no es la sociedad. Lo que tiembla es un proyecto económico concreto en el que hemos vivido los últimos 25 años y que no ha funcionado.

Nuestro tiempo es heredero de los consensos que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una generación de occidentales se propuso encarar la reconstrucción de un mundo devastado con una tarea adicional: incluir a la mayoría de la población en los dividendos del progreso. Fueron unos años extraordinarios; los mejores de la humanidad –hasta aquel momento. Al final de aquel ciclo, en las últimas décadas del siglo, el mundo necesitó un nuevo desafío y se propuso crear una “sociedad del conocimiento” para el siglo XXI. 

Es una parte de ese experimento, ese de la “economía del conocimiento”, el que se está resquebrajando. Por una razón muy simple: era un oxímoron; economía y conocimiento son dos conceptos antagónicos, irreconciliables. La economía es la gestión de los bienes escasos y el conocimiento es nuestro bien abundante por definición. 

De manera que, en el siglo XXI, a medida que el conocimiento ha ido avanzando, la economía ha ido retrocediendo. Ocurrió con la música, con las películas, con la información, con las tiendas físicas, con las oficinas bancarias, con decenas de profesiones y sectores profesionales. A medida que el conocimiento humano ha ido creciendo de la mano de las primeras generaciones que fueron a la universidad y de Internet, ha ido sustituyendo partes inmensas del sistema económico que nos había sostenido en el siglo XX. 

Hoy vemos el ejemplo más brutal en la inteligencia artificial: una forma de conocimiento que amenaza con acabar con millones de puestos de trabajo.

Pero, ¿es esto de verdad una amenaza? ¿No fue siempre el objetivo final? ¿No era esto con lo que soñábamos? ¿Con liberarnos de la esclavitud de la escasez y del trabajo? 

Mientras tanto, las cosas que son relevantes para la vida humana, los indicadores que, dentro de 50 años, dirán si nuestro tiempo fue de progreso o de regresión, siguen marchando viento en popa. La ciencia sigue avanzando a paso de gigante en la curación del cáncer, del párkinson y del alzhéimer. Cada vez somos capaces de producir más con menos y, como resultado, seguimos acabando –aunque seguro que podríamos ir mucho más deprisa– con la pobreza y la mortalidad infantil. En estos últimos años tenemos otra razón para ser optimistas: el progreso alucinante de las energías renovables nos permite soñar con un mundo limpio de combustibles fósiles donde la energía es abundante.

No es lo importante de la realidad lo que se tambalea: son nuestras creencias. Es el fin de un ciclo ideológico, de un sistema, que se lleva agotando desde hace 25 años y está en su fase agónica, en su último estertor, produciendo una tragedia detrás de otra.

Lo que se está viniendo abajo son las normas del mundo antiguo. Pero si somos capaces de entenderlo de esa manera y mantenernos unidos, serenos y orientados, como hicimos durante la crisis del COVID, o durante la invasión de Ucrania, o durante la Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa hace 75 años, encontraremos que nunca fuimos más capaces de superar las dificultades que tenemos por delante que ahora.

Somos una sociedad de sabios. Hemos construido los acuerdos políticos que nos han permitido vivir en paz. Y podemos construir otros. Tenemos la inteligencia y la capacidad para salir adelante y encontrar soluciones a los problemas que nos vamos a encontrar. Por más salvaje que sea la crisis que está por venir; por más bandazos que sigan dando los sátrapas en EEUU, en Israel o en Rusia: si nos lo proponemos y le dedicamos el mejor de nuestros esfuerzos, no tenemos nada que temer. 

En una trama que ha pasado a la historia del cine, Marty McFly se mete en un lío cósmico cuando se sube al Delorean del Doctor Brown y aterriza, en 1955, treinta años antes de su época y sin combustible suficiente para volver. Por si fuera poco, nada más llegar, Marty interfiere sin querer en el momento en que sus padres se conocieron por primera vez y, al hacerlo, rompe la cadena de eventos que debía llevarles a enamorarse. Si no consigue arreglarlo Marty está perdido. Sus padres nunca se casarán, y él y sus hermanos nunca llegarán a nacer.

La manera en que Marty puede ver el tiempo de sus padres agotándose es una fotografía familiar que lleva encima. Una imagen de él junto a sus hermanos en la que, a medida que el pasado se tuerce y su existencia peligra, las figuras empiezan a desvanecerse, como si nunca hubieran existido. Cuando los dedos de Marty comienzan a desaparecer, sabe que su tiempo se acaba.

Como los Mcfly, la posibilidad de que siga existiendo un espacio a la izquierda del PSOE en el futuro se desvanece. Mientras tanto, unos cuantos centenares de cuadros intentan estos días, como Marty, mantener cosido un espacio común cada día más frágil para no terminar de borrarse de la foto. 

Y no es por falta de talento. Ese espacio tiene un equipo técnico extraordinario y sus gabinetes de los ministerios, aunque están completamente absorbidos por el día a día de la gestión, se encuentran entre los mejores del gobierno. Además, por primera vez en mucho tiempo existe una gran sintonía entre los jefes de todos los partidos, y relaciones de amistad y confianza entre los dirigentes de todos los partidos desde hace décadas. 

Tampoco es que falten nombres para la papeleta: Bustinduy sería un buen líder, como lo sería Mónica García. Ada Colau o Unai Sordo también podrían hacer un papel. Lo que ocurre es que, como ocurre en Regreso al Futuro, los proyectos no se desvanecen por falta de un cuerpo que poner, sino porque se rompe la secuencia que les daba sentido. El cuerpo desaparece de la fotografía porque se ha roto la historia, el proyecto, la trayectoría que lo sostenía. 

Por esta razón los políticos son ideas, símbolos, encarnaciones de una visión de la sociedad. Y duran lo que dura ese proyecto. 

Felipe González encarnó la idea de la modernización de España. José Luis Rodríguez Zapatero, la agenda de los derechos civiles. Aznar fue la cara de la liberalización de la economía y, en estos años, Yolanda Diaz ha representado una izquierda laboralista. Ha encarnado el sindicalismo y las demandas de los trabajadores. Por eso era una buena candidata: su personaje, su programa y su trayectoria eran muy buenos y estaban perfectamente alineados. Seguramente por eso ha tenido mucho éxito en esa función. 

Hoy la izquierda a la izquierda de la izquierda no está vacía de personas, está vacía de símbolos. Está desnortada. Ya no sabe si es una izquierda verde, o laboralista, o populista, o todo a la vez. No le faltan personas, le falta un proyecto que encarnar para un espacio que, por no tener, ya no tiene ni forma de definirse más allá de su posicionamiento respecto del PSOE. 

Andaban estos días los partidos de la izquierda a la izquierda de la izquierda como locos buscando candidato cuando, de pronto, el viernes, apareció uno cuando menos lo esperaban: un plantón en el Consejo de Ministros y una apuesta fuerte por el control de los precios del alquiler se hizo cuerpo. 

De repente, y aunque nadie sepa cuál será el nombre en la papeleta, se llenó el espacio. Hoy nadie se pregunta para qué sirve la izquierda a la izquierda de la izquierda ni qué sentido tiene. Tiene este sentido. El de poner pie en pared contra la espiral especulativa que amenaza con convertirnos en una sociedad feudal. 

No debería darle ningún miedo a ese grupo de partidos convertirse en eso que se llaman “single-issue parties”. La vivienda no es “un tema” es, junto con la idea de la participación social por el trabajo y las pensiones, el pilar sobre el que hemos construido esta sociedad. 

Resolverlo requerirá una operación quirúrgica de esas que duran horas y en las que participan muchos cirujanos: uno para sacar de la especulación los suelos que no se han desarrollado, otro para plantear remodelaciones del urbanismo en las grandes ciudades, otro para buscar la equidad intergeneracional, otro para encontrar oportunidades de inversión alternativas que respalden la economía productiva, otro para arreglar la fiscalidad –sangrante– del sector, muchos para encontrar soluciones de urgencia mientras llegan las de largo plazo. 

Y ocurre que a día de hoy ningún partido tiene una propuesta ni próxima a resolver este problema que no deja de aumentar y que va a terminar por amenazar, muy pronto, la convivencia. Por no tener, no hay ni siquiera un consenso sobre cómo debería ordenarse la vivienda en el siglo XXI. ¿Aún aspiramos a que todo el mundo sea propietario? ¿O nos parece bien que la mitad de la población sea arrendataria y, la otra mitad, arrendadora? ¿Deberían hacer todas las generaciones la misma tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda?

Resolver el problema de la vivienda bien vale un espacio político. Y el ejercicio de pensar cómo hacerlo, de lanzar mensajes transformadores a la sociedad, de dibujar un futuro donde haya una vida buena para todo el mundo, tendría la potencia para llenar ese espacio. Y de sostenerlo hasta que los partidos decidan, ahora sí, con un programa, quién es el candidato que encarna esa visión. 

Tanto que hasta podrían dejar de definirse por su posición respecto del PSOE y empezar a ser una izquierda con nombre propio. Abundantista, por ejemplo. 

Señor presidente, querido amigo, 

Mi nombre es María Álvarez. Quizá le suene, porque en algún momento me hice un poco famosa opinando sobre usted. O quizá haya llegado hasta su resumen matinal de prensa alguna columna que he publicado sobre el “perrismo” como sensibilidad política, o sobre las –buenas– ideas de alguno de sus ministros. Suelen ser esa clase de cosas las que traspasan los muros de los gabinetes. 

Hoy le escribo por una cuestión personal. Verá: resulta que he escrito un libro. Se llama “Hijos del optimismo” y trata de explicar cómo la extensión universitaria de finales de los años 90 y los 2000 produjo una gran transformación de la sociedad global en el siglo XXI que todavía no hemos sabido entender. Y que es esa metamorfosis la que está detrás de las turbulencias que vivimos hoy en la economía y en la política en todo el mundo. Hasta le envié una copia, confío en que la haya recibido. 

'Hijos del optimismo' se presenta este jueves en Madrid. Y yo llevo quince días encerrada retorciendo las palabras, intentando encontrar la formulación adecuada que me permita, en un tiempo muy breve, convencer a una audiencia que seguro que estará —como estamos todos– asustada, triste y enfadada con el momento presente, no solo de que el mundo no está tan mal como parece, sino que incluso estamos viviendo un momento de inmensa oportunidad que no podemos dejar pasar.

El martes por la tarde, a última hora, mientras mis hijos veían el fútbol en el salón, yo estaba encerrada en la cocina, absorta frente a la pantalla del ordenador, dándole vueltas a todo esto, cuando recibí un mensaje en el móvil. Era mi casera:

“Hola María,

Espero que estés bien.

Te escribo porque en agosto se cumplen cinco años desde la firma del contrato de alquiler de la vivienda. Como sabes, en este momento corresponde revisar las condiciones, ya que el contrato llega a su vencimiento.

Durante este tiempo, el mercado de alquiler ha experimentado cambios relevantes, por lo que actualizaré la renta para ajustarla a los precios actuales de la zona. En concreto, la nueva renta sería de 1.800 euros mensuales.

Quería comentártelo con la debida antelación —más de cuatro meses— para que puedas valorarlo con tranquilidad. Por supuesto, estoy disponible para comentarlo contigo.

Quedo pendiente de tus comentarios.

Un saludo,

Mónica“

Ocurre, como se habrá dado cuenta, que mis hijos y yo somos una de las 300.000 familias afectadas por el efecto cascada de la prórroga de los contratos de alquiler que se aprobó en la pandemia. Así que, cuando llegue el mes de agosto, tendremos que hacer las maletas e irnos (otra vez) de nuestra casa.

Con todo, nosotros no somos, ni de lejos, los más afectados por esta tragedia que tenemos en ciernes. Yo soy empresaria, gano mucho dinero, bien por encima del percentil 90 de renta. Podremos mudarnos dos, tres o cuatro barrios más lejos para no tener que asumir una subida del alquiler del 35%, como propone mi casera, sino quizá “solo” del 10%, con una casera nueva. Por desgracia, no podrán decir lo mismo que yo quienes ya están al borde de la zona en la que pueden vivir sin pagar un precio demasiado alto en desplazamientos, ni quienes simplemente no tendrán alternativa habitacional.

Pero si bien yo no soy el mejor ejemplo del problema habitacional que tenemos, sí que soy un gran exponente de algo que es todavía peor, y es que para la gente de mi generación, y de las siguientes, no hay cómo tener éxito en esta sociedad que nos está quedando. Hoy no basta con escribir libros, ni artículos. No basta con ser bilingüe, saber programar, ni tener muchos años de experiencia. No basta con ser empresaria ni con estar entre las personas que más dinero ganan de este país. No es suficiente con haber trabajado toda la vida, ni con apuntar a tus hijos a ajedrez y mandarlos a la cama sin ver la segunda parte, que mañana hay cole. Si naciste más allá de 1980 (o incluso antes), da igual lo bien que lo hagas y lo mucho que te esfuerces. Estás condenado a trabajar hasta tu último aliento solo para dejar la vida en la casa de empeños del mercado inmobiliario. 

Y en realidad poco importa si es en alquiler, o en compra: eso es solo un problema de precio. Los que alquilamos, igual que los que se han hipotecado pagando por un piso 20 o 30 veces el valor que tenían hace 50 años, estamos cumpliendo la misma función en la sociedad: esa que consiste en retribuir el capital que pudieron acumular quienes eran adultos en el momento en el que España decidió repartir la práctica totalidad del suelo disponible entre una sola generación. Desde entonces, en este país una generación vive para pagar la plusvalía de la otra. 

Mucho más que una especie de fenómeno atmosférico, esto es un acuerdo de país que todavía hoy sostiene su gobierno. Si mi casera puede cobrar lo que yo ganaría con un bestseller sin moverse del sofá, es porque tiene un título de propiedad sobre una parte de un monopolio del Estado: las licencias de vivienda. 

Mientras tanto, parece que la parte de ese plan que nos ha tocado a los que no habíamos nacido cuando se jugó el mundial del 82 consiste en que hagamos lo mismo: que compremos un piso, apretemos los dientes, crucemos los dedos y deseemos muy fuerte que no ocurra nada –que no haya otra crisis, que no perdamos el trabajo, que nuestra pareja no quiera separarse, que no se nos cruce ningún problema en la empresa– para poder llegar, al fin, a endosar el muerto: a venderle la casa a una criatura de la edad de nuestros hijos, a ser posible 10 o 20 veces más cara de lo que la compramos. 

Entre la noticia y el momento de enviar este artículo he echado algunas cuentas. Resulta que entre lo que han subido los alquileres, que en España la educación sigue sin ser completamente gratuita y que aquí no hay una renta universal de crianza, me sale a cuenta mudarme a Londres. La vida me saldría unos 5.000 euros anuales más barata allí, que en Madrid. 

¿Cuánto tiempo pasará hasta que todas las personas como yo, que podemos trabajar desde donde queramos, nos demos cuenta de que viviríamos mejor en Londres, en Berlín, en París o en Viena que en España? ¿Cuánto tiempo hasta que no quede nada más en las ciudades que caseros, trabajadores precarios y turistas?

El problema de la vivienda, señor presidente, no es de precios. Es moral. Es de justicia. Es de modelo de país. Y de sociedad. Y de vida. Y de mundo. La burbuja de la vivienda es el mecanismo que revela un mundo injusto: donde renta mucho más tener un piso y enviarle un mensaje de WhatsApp a tu inquilina que escribir libros. Donde quien llegó a ahorrar en el siglo XX puede seguir ganando dinero sin aportar ningún valor a la sociedad, mientras que quien está aportando valor no tiene ninguna oportunidad de tener éxito (en el sentido de tener vida, no de acumular).  

No se preocupe. Yo no he venido aquí a quejarme. No solo soy una optimista irredenta (“porque lo contrario no tiene ningún sentido”); no solo creo con entusiasmo en eso que decía Marco Aurelio de que hay que ser como el fuego y alimentarse de todos los obstáculos que se nos pongan por delante; es que tampoco me parece que vaya a cambiar nada. Por más que los consensos del siglo XX nos pongan palos en las ruedas, las tendencias sociales son tenaces y los hijos del optimismo siguen llegando a la edad adulta con una mentalidad que es incompatible con esa idea de empeñar la vida en el trabajo. Ni una sola de las generaciones de jóvenes que se están haciendo mayores va a comprar la idea de dejarse la vida en la casa de empeños, de sacarse los ojos con todos los demás y renunciar hasta al último minuto de la existencia en la rueda del dinero para pagar una hipoteca. 

Pero tengo una pregunta que yo no puedo contestar, y me hace falta una respuesta para la presentación de esta tarde: esta transformación que está en ciernes, ¿será con las organizaciones políticas progresistas? ¿O a pesar de ellas? ¿Comprenderán a tiempo que el mundo ha cambiado, que los viejos esquemas morales del trabajo y el ahorro han dejado de funcionar y que necesitamos un acuerdo distinto? ¿O tendremos que marcharnos, todos los que no habíamos nacido el día que se votó la Constitución, a la abstención primero, al nihilismo después y, quizá, por último, al emprendimiento político, para poder emerger como una nueva mayoría? ¿Podremos contar con un -más que deseable- pacto intergeneracional que nos ayude a transitar este cambio de época juntos? ¿O habremos de pasar por encima del cadáver de todos los partidos de la izquierda del siglo XX para abrirnos paso?

Esta tarde yo me subo a un escenario. Pero usted mañana comparece en otro mucho más importante: el Consejo de Ministros que aprobará el nuevo decreto anticrisis para paliar las consecuencias del descalabro internacional que estamos viviendo. Lo que yo le propongo es que vuelva a prorrogar los contratos de alquiler de esas 300.000 familias –entre ellas, la mía– que vencen este verano. Como hizo en la pandemia, como ha validado ya el Tribunal Supremo. Y que lancemos, en definitiva, el mismo mensaje: que digamos que está en nuestra mano hacer una vida buena para todas las personas. Que nada está perdido, que no hay nada que temer. Que el siglo XXI está lleno de oportunidades y que podemos aprovecharlas si todos, jóvenes y mayores, nos conjuramos a ello. 

(Hijos del optimismo se presenta el 19 de marzo a las siete de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid)

Apenas habían transcurrido tres meses desde el lanzamiento de ChatGPT, pero en marzo de 2023 en Wall Street ya sabían cuál sería el efecto de la llamada “Inteligencia artificial” sobre el empleo. Esta nueva y flamante tecnología haría desaparecer 300 millones de puestos de trabajo; dos de cada tres empleos en todo el mundo se verían afectados. 

Hoy, cuando se cumplen tres años, los datos no apuntan en esa dirección. Al contrario, “apenas hay evidencia que apunte a que la tecnología de última generación, como los chatbots, estén dejando sin trabajo a la gente”.  

Por el camino, sus promotores se han tenido que comer en varias ocasiones sus palabras. Ya nadie espera que haya una superinteligencia. Tampoco que la IA sea útil en todos los sectores. En aquellos en los que parecía más arrolladora, como en el análisis de radiografías, no ha terminado de producir los efectos que se anunciaban. Los hospitales siguen necesitando radiólogos, las empresas siguen contratando programadores y los despachos de abogados continúan llenos de abogados. La inteligencia artificial, por ahora, no ha sustituido a los trabajadores. Como mucho los ha equipado con herramientas nuevas. Y como ha ocurrido tantas veces antes en la historia de la tecnología, esas herramientas parecen estar cambiando la manera de trabajar mucho más que eliminando el trabajo mismo.

Pero da igual. Aunque ya nadie se atreve a dar aquellos datos disparatados, cada semana vuelve a repetirse el runrun de que, esta vez sí, ahora seguro, la IA ha dado un salto y va a por tu nómina. ¡Más te vale ponerte a cubierto!

En el último episodio de esta telenovela, desde hace unas semanas corre por las redes sociales un nuevo hype. Algunas compañías han conseguido crear un tipo de programas (Claude Code, OpenClaw, en menor medida Copilot) que funcionan mejor que todo lo existente para escribir software. Lo llaman “IA agéntica” –no sé si para el software, pero para lo que desde luego esta gente tiene una habilidad muy especial es para los nombres– y consiste en que varios large language models se organicen para corregirse unos a otros y evitar la tendencia tan catastrófica que tienen a divagar, cometer errores o, directamente, inventarse la información.

Y antes de conocer cuál es el impacto real de esta iteración de los LLMs ha vuelto, puntual como un reloj, el relato de los despidos en masa. 

Solo que esta vez con una diferencia: varias firmas tecnológicas han justificado grandes olas de despidos con el argumento de que la IA está eliminando la necesidad de contratar personas. 

De acuerdo con un estudio de Challenger, Gray & Christmas, en 2025, la inteligencia artificial fue citada como motivo de más de 54.000 despidos. Solo en enero, Amazon despidió a 16.000 trabajadores, que se sumaban a otros 14.000 recortes en octubre. Beth Galetti, vicepresidenta senior de la compañía, explicaba que la multinacional está reduciendo plantilla porque “la IA es la tecnología más transformadora que hemos visto desde internet, y está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca”.

Hace unos días Jack Dorsey, que fue creador de Twitter y CEO de Block, la empresa detrás del método de pagos Square, ha anunciado que despedirá 4.000 trabajadores —casi la mitad de su plantilla— con el mismo argumento: “Las herramientas de inteligencia que estamos creando y utilizando, combinadas con equipos más pequeños y ágiles, están haciendo posible una nueva forma de trabajar”.

Sería una muy buena idea no llamarse a engaño. No existe a día de hoy evidencia alguna de la capacidad de influencia de la IA generativa, ni tampoco de la IA agéntica, sobre el empleo. Si lo tiene, en uno u otro sentido, lo empezaremos a encontrar dentro de años, quizá décadas. 

Mientras tanto, lo que estamos observando es algo que cada vez más voces identifican como “AI washing”, esto es, el uso interesado del inmenso mito que se ha creado en torno a esta tecnología para justificar despidos.

Como explica un ex-jefe de recursos humanos de Block, la misma empresa que ha protagonizado los recortes, hace unos días en The New York Times: “La IA puede proporcionar una nueva justificación para los despidos, pero el manual de juego es familiar. Los ejecutivos de Silicon Valley creen que las empresas tecnológicas tienen exceso de personal porque se expandieron demasiado durante la pandemia. La propia Block había pasado por rondas de despidos en 2024, 2025 y nuevamente en febrero para corregir las consecuencias previsibles de disputas internas anteriores entre ejecutivos, que llevaron a que los equipos se duplicaran en toda la organización. (Esto, en mi opinión, es lo que llevó a Block a triplicar su plantilla en cuatro años).”

Mientras tanto, la burbuja de la bolsa ha llevado a las empresas que están invirtiendo masivamente en esta tecnología, los llamados “hyperscalers” a una carrera por controlar el mercado de los centros de datos en el que calculan gastar, solo en este año, 600.000 millones de dólares. 

Y todo ese dinero tiene que salir de alguna parte. No es la mal llamada “inteligencia artificial” lo que está destruyendo puestos de trabajo. Es un cambio muy profundo en la cultura empresarial. Es la consolidación de un sentimiento que se viene larvando desde hace un par de décadas y que, ahora sí, ha encontrado un relato perfecto en la mal llamada “IA”: la percepción de que el valor de las empresas ya no emana de la fuerza de trabajo, sino del capital que sean capaces de controlar. 

Si algo debería preocuparnos, es este sentimiento, este cambio cultural. No la tecnología.

El día que el último hombre salió del María Luisa, el pozo llevaba 158 años perforando. Esta mina de carbón, en Langreo, Asturias, había sido una de las primeras en abrir en el siglo XIX y fue una de las últimas en cerrar, apremiada por una reconversión que ya había sacado prácticamente toda la minería de Occidente, junto con la mayor parte de la industria. 

Por el camino, se había convertido en un símbolo de la clase obrera. En 1949, un accidente que dejó 17 muertos se hizo canción y quedó inmortalizado para siempre en la memoria emocional de los españoles: “Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros”.

Trabajar en el carbón era una experiencia terrible. Los mineros descendían cada mañana cientos de metros bajo tierra, hasta unas galerías sin luz natural donde el polvo de carbón lo impregnaba todo. El calor era sofocante. El ruido, ensordecedor. Y el peligro constante: los accidentes, las explosiones de bolsas de gas y las inundaciones acechaban en cada esquina. Los mineros que no morían en accidente morían despacio, comidos por la silicosis o por el cáncer. Todavía hoy la esperanza de vida media de los mineros de Asturias es de 53 años.

Pero era un trabajo. Uno que le daba a los mineros un lugar a la sociedad, garantías de que habría otro lugar para sus hijos, y que ordenaba la vida y el resto de los empleos de toda la comarca. Al inicio de la reconversión industrial, en torno a 1992, llegaron a bajar al María Luisa más de mil hombres cada día. Hoy, cuando se cumplen diez años del cierre del pozo, la tasa de paro en la comarca está por encima del 17%, el doble de la media nacional.  

¿Es posible un futuro para los territorios cuando se marcha la industria? ¿Hay una vida buena más allá de partirse la cara para mantenerse a flote en las grandes ciudades? Nadie, aún hoy, tiene una respuesta. La del pozo María Luisa no es solo historia de España. Es la herida abierta que supura en el centro del momento político que nos ha tocado vivir.

Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo sienten que su realidad —que igual era también gris, o peligrosa, o tan inhumana como bajar a un pozo de carbón– se viene abajo sin que surja otra que la reemplace. Una gran parte de la población mundial, como los jóvenes de Langreo, se preguntan qué va a ser de ellos en el futuro.

Donald Trump y el populismo pretenden tener una respuesta: “Make América Great Again”, traigamos de vuelta el mundo de antes, el de los pozos de carbón en los que los hombres se dejaban la vida. Pero es mentira: porque el pasado no puede volver. Cuando se hace evidente que esto no va a pasar, como comienza a ocurrir en Estados Unidos, los populistas salen despavoridos a crear un trampantojo detrás de otro: un ataque a Venezuela, otro en Irán, trifulcas inventadas con cualquier país o violaciones sistemáticas de los derechos humanos que solo buscan distraer la atención sobre la verdad de sus promesas rotas. 

La democracia cristiana parece querer tener otra respuesta. Hace unos días, el canciller alemán, Friedrich Merz aludía a la necesidad de “trabajar más” para aumentar la productividad y combatir la presión de los productos chinos sobre la industria alemana. En un giro inesperado de los acontecimientos, cuenta Alberto Garzón, algunos intelectuales progresistas se han sumado a la tesis: el momento actual no es el de trabajar menos, sino el de dejarse la vida para recuperar la pujanza industrial –no se sabe si las minas de carbón. En otras palabras, si no nos va bien es porque no nos esforzamos lo suficiente.

Ayer el socialista Wolfgang Schmidt, que fue exministro alemán de finanzas y de presidencia en el gobierno de Olaf Scholz, proponía en un acto de la Fundación Friedrich Ebert algo muy parecido: “la gente quiere trabajar” “y no vendiendo helados”.

Así que parece que existe un consenso cuasi universal, que va de Xi Jinping a Joe Biden pasando por Donald Trump: lo que hay que hacer es traer de vuelta el pozo María Luisa. Reconstruir la fábrica. Relocalizar la cadena de producción. Que vuelvan los empleos industriales –a ser posible, fabricando baterías en vez de acero y paneles solares en vez de carbón. El diagnóstico es el mismo a izquierda y derecha, en Washington y en Pekín: la desindustrialización fue un error, y la solución es revertirla.

El problema es que nadie ha demostrado que semejante cosa sea posible. Que una economía que lleva treinta años moviéndose hacia los servicios, la logística y la economía digital pueda dar marcha atrás y recuperar no solo las fábricas, sino el tipo de empleo masivo, estable y bien remunerado que estas generaban. Los aranceles de Trump no han resucitado el cinturón del óxido. Los CHIPS Acts y los Green New Deals han creado empleos, sí —pero empleos que requieren ingenieros, no mineros. El pozo María Luisa no cierra porque alguien tomara una mala decisión política. Cierra porque la historia avanzó, y no hay decreto que la haga retroceder.

Más aún, todos estos liberales ilustres parecen olvidar una de las grandes aportaciones de los economistas ortodoxos al debate económico: el valor no está en el trabajo, es subjetivo y reside en los ojos del que compra. Fabricar más, trabajar más, no nos va a devolver el mundo que teníamos, porque hoy todos los países pueden fabricar igual que nosotros. Como hemos descubierto con bastante dolor en las últimas décadas, inundar el mercado de productos que puede hacer cualquiera solo consigue tirar los precios.

En su lugar, deberíamos ser capaces de ver que todos los imperios en la Historia tuvieron éxito porque supieron seducir al mundo con una propuesta que nadie más tenía. Roma creció porque ofreció a sus conquistados algo entonces revolucionario: la ciudadanía, la posibilidad de ser romano sin haber nacido en el Tíber. Los árabes del siglo VIII no se expandieron solo por la espada, sino porque llevaban consigo una civilización —la medicina, las matemáticas, la filosofía griega preservada y traducida— que el mundo mediterráneo necesitaba y no tenía. Los británicos hicieron del comercio un imperio porque eran los únicos capaces de producir. Y los americanos del siglo XX no dominaron el mundo fabricando más tornillos que los soviéticos, sino exportando una idea, una promesa de libertad y de vida buena que resultó irresistible para miles de millones de personas.

En todos estos casos, el poder material vino después de la seducción, no antes. La pregunta que Europa y Occidente no se están haciendo es la única que importa: ¿qué tenemos nosotros hoy que el mundo quiera y que nadie más pueda crear?  

Lo que nadie quiere decir en voz alta es que no es posible volver al paradigma industrial, solo existe un camino hacia adelante y es inventarse el mundo que viene después. Todo lo demás es encomendarse a Santa Bárbara bendita. 

¿Alguna vez te ha ocurrido que has subido en un avión y te ha dado miedo que se estrellara? ¿Te preocupó, cuando viste las imágenes del accidente de tren en Aldamuz, que aquello te pudiera pasar a ti? ¿Cuando subes a un ascensor, te agobia que se caiga?

La verdad es que esas cosas no pasan, son una ocurrencia estadística. En 2024, el último año para el que hay datos, hubo en todo el mundo 7 accidentes de avión entre 41 millones de vuelos. Y las víctimas mortales en viajes de tren en España –sumando los fallecidos en este año a los del accidente del Alvia en 2013– no llegan a 10 al año, de entre los miles de millones de viajeros que usaron ese medio de transporte en el mismo periodo. ¿Y en los ascensores? La verdad es que se producen tan pocos accidentes que no hay ni estadísticas. 

Ni el riesgo de volar, ni de ir en tren, ni de que se caiga el ascensor son reales. Igual que no lo son los therians, ese nuevo fenómeno que algunos medios llevan amplificando toda la semana. Pero el miedo que producen todas esas cosas sí es verdadero. Tan real como el nudo en el estómago que sentimos durante unas turbulencias. Y no deberíamos ignorarlo, ni hacerle luz de gas.

Casi al contrario. Merecería la pena prestarle atención, porque nos muestra un patrón: cada vez ocurre más a menudo que un fenómeno que es una irrealidad estadística –como la okupación de viviendas, o las agresiones sexuales protagonizadas por inmigrantes, o las denuncias falsas por violencia de género, o los crímenes, o los pájaros muertos por aerogeneradores– se vuelven virales y acaban calando el sentido común de la gente. 

¿Cómo puede ser que, pese a que somos la versión de la humanidad mejor instruida de la historia, sigamos dejándonos llevar por todas estas creencias sin fundamento? 

El libro de comunicación política más manido de los últimos 25 años se llama “No pienses en un elefante”. En él, George Lakoff argumenta que el pensamiento humano se organiza en torno a varios ‘marcos mentales’ en competencia. De manera que da igual cuál sea nuestra opinión sobre un tema: lo que configura nuestra percepción del mundo es el asunto mismo de la conversación. Si las ondas y las portadas de los periódicos están copadas por los therians darán igual los datos o las estadísticas. Al mencionarlos, estaremos activando automáticamente un marco mental que asocia las identidades que escapan a las normas clásicas con la desviación y la locura. No se puede ganar en ese marco, dice Lakoff, lo que hay que hacer es salir corriendo y llevar la discusión a otro sitio. 

Por esa razón, cada vez que surge un asunto como este de los therians, un ejército de gente muy bien intencionada intenta cambiar el tema y reconducir la conversación: hablar de la concentración de la riqueza, o de la desigualdad o de los accidentes laborales.

El problema de Lakoff –y de esta forma de entender la política– es que ese libro es de 2004 y en aquel momento –quizás– todavía existía la posibilidad de controlar los marcos mentales que habitaban la cabeza de la gente. Hoy eso ya no es posible.

La característica común de todos los partidos de la extrema derecha en el mundo es la explotación del miedo como arma de comunicación política. Y el miedo es irracional. Con todo el sentido, porque si hubiéramos tenido que racionalizar las cosas antes de salir corriendo, nos hubiera devorado un león mucho antes de que saliéramos de la Sabana africana. Como los ratones, como los gatos, los humanos somos una especie que ha aprendido a huir primero y racionalizar después. 

Así que las cosas que dan miedo llaman más nuestra atención que las que no. Y nuestra atención produce audiencia y clicks hasta que el miedo termina por inundar todas las pantallas. Y en este debate de la identidad subyace quizás el miedo más arraigado de nuestro tiempo: 

El mundo cambia muy rápido y de maneras que no entendemos, que no podemos entender, porque ya nadie, por sí solo, puede comprender toda la complejidad del mundo. Además, muchas personas piensan que su realidad hoy es mejor que la que tendrán mañana. Que su bienestar depende de que las cosas se queden como están. Así que a mucha gente, –¿quizás a todos un poco?– le dan miedo los cambios. Tenemos miedo al futuro.

Todos los mensajes de la extrema derecha tienen, en su fondo, ese mismo marco: ese miedo al futuro. Ese terror es el que está detrás del ‘debate’ de la inmigración (‘los inmigrantes te van a reemplazar’), o de la criminalidad (‘el mundo es cada vez más inseguro’), o el de las energías renovables (‘están contra el mundo rural tradicional’). 

Por eso, en mi opinión, el mejor libro de comunicación política para el día de hoy no es el de Lakoff, sino otro que se llama “Words that Work” y que no es tan conocido (quizàs porque es muy difícil de traducir, quizás porque lo escribió un republicano). En él, Frank Luntz propone que los marcos mentales no son preexistentes, sino que hay que hacerlos con palabras. 

Su jefe, George Bush ganó dos elecciones y consiguió que su pensamiento se volviera hegemónico cuando instaló la idea de que bajar los impuestos era una forma de “alivio fiscal”. En esa misma noción estaba implícito no sólo que el Estado mismo era un malestar que merecía ser aliviado, sino que quien traía ese desahogo era un médico, un benefactor. Los demócratas eran una enfermedad y los republicanos eran la sanación. En dos palabras, “alivio fiscal”, se escondía una cosmovisión política completa.

La política es el arte de crear marcos, dice Luntz; de darle forma a nuestra percepción del mundo. Por eso este ‘debate’ sobre los therians, como el de la inmigración, como el del feminismo, no se pueden ganar ni cambiando de tema, ni a base de explicarle a nadie que los datos no respaldan su visión del mundo. Para ganarle al miedo es necesario un marco de optimismo y confianza en el futuro.

Es evidente que la identidad (ni mucho menos solo la de género) está cambiando. Y que lo está haciendo en el mejor de los sentidos posibles: se está ampliando para albergar la posibilidad no solo de ser trans, o no binarie, o de género fluido, sino también para ser un hombre sensible o una mujer poderosa; un ejecutivo vulnerable o una vieja divertidísima. Incluso, si queremos, para ser muchas cosas distintas a lo largo de la vida. Este fenómeno de ampliación de la identidad es, quizás, el movimiento más ilusionante de este siglo XXI. Uno que no solo no tiene por qué fragmentarnos, sino que nos libera de los moldes que nos habíamos impuesto. Que nos permite elegir y nos hace más libres. 

Lo que nos falta no es renunciar a esa expansión, sino aprender a narrarla como lo que es: una ganancia neta para toda la humanidad. Más allá de las nubes negras que tan a menudo nos nublan el pensamiento, hay un mundo de abundancia ahí fuera. Solo hace falta que lo reclamemos: es nuestro.

María Álvarez es empresaria, cofundadora de Ephimera y de Festín, empresa pionera en la implantación de la semana de 4 días. Trabaja alrededor de dar valor a las ciudades a través de la hospitalidad, y esta semana de febrero publica su libro, 'Hijos del optimismo', sobre cómo una generación acabó con el sueño industrial e inauguró el mundo de la abundancia.

Adelantamos una parte del mismo:

El crack

Como si hubiéramos estado medio siglo jugando al juego de las sillas, hubo un día del año 2008 en el que, de pronto, el mundo entero se paró en seco. Una crisis bancaria y el colapso del sistema financiero internacional dieron al traste con la utopía de la opulencia.

Todo comenzó cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, se declaró en bancarrota. Las autoridades americanas decidieron no rescatarlo, a diferencia de lo que habían hecho con otra entidad financiera unos meses atrás. Este gesto puso los pelos de punta a los mercados financieros: cualquier entidad en dificultades iba a correr la misma suerte, el gobierno americano no estaba por la labor de salvar entidades bancarias. Cundió el pánico. Ese mismo día, el Dow Jones perdió 500 puntos y el mercado crediticio mundial se congeló de terror.

En cuestión de horas, debajo de aquel trocito de hielo se descubrió un monstruoso iceberg. Todos los bancos tenían sus balances infestados de derivados financieros de pésima calidad que habían hecho pasar por deuda de primera clase. Un tsunami arrasó Wall Street. Merrill Lynch, una de las principales gestoras de activos del mundo, tuvo que ser vendida deprisa y corriendo a otro banco para evitar su quiebra. La aseguradora AIG requirió un rescate de 85.000 millones de dólares. Dos de los mayores bancos de inversión, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se transformaron a la carrera en bancos comerciales, buscando la protección estatal que les otorgaba ese estatus. En Europa, varias entidades colapsaron bajo la presión del hundimiento.

Quince días después, el principal índice bursátil de Estados Unidos había perdido el 30 por ciento de su valor y los gobiernos de todo el mundo anunciaban paquetes de rescate millonarios. La vía de agua abierta en los bancos paralizó el crédito. Tan solo en Estados Unidos, la venta de viviendas cayó un 40 por ciento, y algunos emblemáticos gigantes, como General Motors, fueron a la quiebra. La crisis saltó de las finanzas a la economía real y las empresas comenzaron a despedir en masa.

En Europa, el temblor alcanzó a la deuda soberana de los países. Grecia, Irlanda y Portugal necesitaron rescates internacionales. Apremiados a «recuperar la confianza de los inversores» en las finanzas públicas, los gobiernos respondieron con unos recortes del gasto (las famosas «políticas de austeridad») que no lograron sino exacerbar el sufrimiento económico. Para 2010, aunque los mercados financieros se habían estabilizado, la crisis todavía rugía como una bestia a ras de suelo.

Con los años quebraron miles de empresas. Decenas de miles de personas en todo el mundo se vieron atrapadas en la burbuja inmobiliaria y perdieron sus casas. Desaparecieron 30 millones de empleos (8,8 millones tan solo en Estados Unidos y otros 7 millones en Europa). En algunos países, una de cada seis personas se fue al paro, sobre todo quienes tenían trabajos más precarios y menos protegidos: las mujeres y los jóvenes. Lo que parecía una crisis más se reveló como la mayor recesión que el mundo había experimentado nunca. Numerosos Estados no terminaron de recuperarse hasta mucho después. Otros aún no lo han logrado.

El descontento popular explotó en movimientos como Occupy Wall Street y el de los «indignados» españoles. El mundo, horrorizado, pedía soluciones drásticas. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, llegó a pedir que se «refundara» el capitalismo y que se «volviera a construir el sistema financiero desde cero».

No ocurrió nada de esto. Pasaron los años, se endureció el grado de solvencia que exigen los Estados a los bancos, pero el resto de la economía siguió funcionando con las mismas normas con las que había operado hasta aquel momento. Business as usual.

Solo que ya nunca fue as usual, porque la bonanza no regresó. Cuando nos despertamos de aquel mal sueño nos encontramos en un lugar distinto.

En 2008 dejamos de jugar al «qué quieres ser de mayor». Nadie volvería a prometerle a la generación siguiente que tendría el futuro asegurado, ni que habría casitas y cositas para todos.

Se rompió el hechizo del progreso lineal y, con él, la fe en una prosperidad garantizada. Como ocurría antes de los años dorados del estado del bienestar, acabar desempleado o mal empleado volvió a percibirse como un fracaso personal que revelaba la calidad de cada uno, y no como un síntoma de que el sistema había dejado de funcionar. Así regresaron, con otros nombres y otras reglas, los viejos juegos del hambre.

Cuando Lehman Brothers quebró, entre otros muchos compromisos rotos, dejó sin pagar un préstamo de 121 millones de dólares destinado a construir una urbanización de ochocientas casas de lujo en Williamson, Tennessee. Las obras de las viviendas nunca comenzaron, pero el club social, el spa, el gimnasio y nueve de los dieciocho hoyos del campo de golf de 450 hectáreas que se habían planificado quedaron a medio construir, erguidos sobre la nada. El proyecto acabó en ejecución hipotecaria y, abandonado, esperó durante años a que alguien encontrara el dinero y el valor necesarios para reactivarlo.

Las ciudades fantasma se convirtieron en la metáfora perfecta de aquel momento histórico. El último esprint del progreso material, una década de construcción desbocada impulsada por unas expectativas irreales de progreso se quedó súbitamente congelada en el tiempo. Urbanizaciones enteras como las que se levantaron en Seseña (España) o Tianducheng (China) para albergar a decenas de miles de personas permanecieron petrificadas, casi vacías, convertidas en monumentos de hormigón al fracaso colectivo.

Como si fuéramos otra gigantesca urbe fantasmagórica, los hijos del optimismo nos quedamos también a medio terminar. Inmóviles. Igual que el espíritu atrapado de un tiempo pasado, sin poder dejar de ser lo que éramos ni ser otra cosa distinta; armados hasta los dientes con nuestros títulos universitarios y nuestros planes para el futuro, pero incapaces de hacer nada con ellos. 

Aquí seguimos, confundidos. Sin entender si todavía estamos en proceso de construcción o si nos toca ya declararnos en ruina. Siempre esperando a que alguien, desde algún sitio, reúna el valor y el dinero necesarios para reactivarnos.

Todos conocemos la magnitud de la tragedia; sin embargo, no hemos terminado de interiorizar que en 2008 lo que quebró fue el modelo de sociedad que nos había traído hasta aquí. Y no ha vuelto ni para despedirse. La crisis financiera no fue un bache en el camino, fue el final de un ciclo de doscientos cincuenta años que cambió el curso de la historia de la humanidad, pero que estaba llamado a concluir. El fin de una era.

Y aunque hubo algunas personas que supieron anticipar el crack, nadie podía predecir lo que ocurrió después.

El misterioso caso de la economía menguante

En los años que siguieron a 2008, el mundo esperó, igual que había hecho tras las crisis anteriores, a que se reanudara el crecimiento. La economía siempre había funcionado en ciclos y nada hacía pensar que esta vez fuera a ser diferente. Con un poco de paciencia, todo volvería a la normalidad. Vendría un nuevo momento de bonanza y continuaría la trayectoria de progreso acelerado de finales del siglo xx. 

Pero esa recuperación nunca llegó. Al menos, no como se esperaba.

En 2012, el Banco de Inglaterra detectó algo inusual: a pesar de que el empleo comenzaba a repuntar con fuerza, el PIB no crecía al mismo ritmo. Fue la primera vez que alguien identificó un fenómeno que desde entonces está en el epicentro del terremoto que ha sacudido a la sociedad global. Y le puso nombre: the productivity puzzle, o «el enigma de la productividad».

La productividad del trabajo es la relación entre las horas trabajadas y la producción obtenida. Decimos que un empleo, una empresa o un país es muy productivo cuando genera mucho valor con poco trabajo.

Pongamos como ejemplo a dos trabajadores, John e Ibrahima. John cultiva cacahuetes en Georgia (Estados Unidos), en una explotación que se extiende a lo largo de cientos de hectáreas. La empresa para la que trabaja ha invertido en maquinaria de última generación, así que el trabajo de John consiste en operar tractores, sistemas de riego automatizados y cosechadoras mecánicas que recogen y almacenan toneladas de frutos al día. 

Ibrahima también cultiva cacahuetes, pero en una aldea del centro de Senegal. Su terreno no supera la hectárea y él hace todo el trabajo —desde la siembra hasta la cosecha— a mano o con herramientas básicas. La cosecha es estacional, depende de las lluvias y apenas alcanza unos miles de kilos al año. A Ibrahima y a su familia les cuesta varias semanas obtener lo que John y su equipo producen en una mañana.

De John decimos que es un trabajador muy productivo. Su trabajo produce muchos cacahuetes por hora. De Ibrahima diríamos lo contrario. Sin embargo, la diferencia no está ni en la habilidad ni en el esfuerzo de cada uno de ellos. 

En los últimos años, la obsesión colectiva por maximizar el desempeño individual ha llevado a confundir la productividad del trabajo, que es un concepto macroeconómico, con la productividad o la eficiencia personal, que es otra cosa mucho más gaseosa, vinculada a la psicología o al coaching, y que tiene poco que ver con esto. Cuando hablamos de la productividad del trabajo lo que estamos midiendo es cuánta tecnología, cuánto conocimiento y qué métodos de producción ponen las empresas y los países al servicio del sistema productivo. Por mucho que Ibrahima se esfuerce en aprender a usar la maquinaria que maneja John, no le va a servir de nada si no puede comprarla. Y, al contrario, si teletransportamos a John al centro de Senegal, su conocimiento se volverá inútil sin las máquinas que tenía en Georgia. Quienes son más o menos productivos son las empresas y los países, no las personas, aunque la unidad de medida sean las horas de trabajo.

La productividad del trabajo se convirtió en una cuestión central de nuestra sociedad por una razón muy sencilla: el paradigma de la economía industrial dependía de ella. Los trabajadores de las empresas más productivas ganaban más. Por añadidura, los impuestos que recaudaban los países estaban diseñados para ese modelo económico, así que allí donde abundaban las empresas altamente productivas, los Estados eran también más ricos y solían contar con mejores servicios públicos. Cuando un país producía más con menos, circulaba más riqueza por todas partes.

«La productividad no lo es todo —explica una célebre frase de Paul Krugman, premio Nobel de Economía—, pero, a largo plazo, lo es casi todo. La capacidad de los países para mejorar las condiciones de vida a largo plazo depende casi en exclusiva de su habilidad para elevar la producción por trabajador».

Así que si hoy podemos tener una vida que ningún ser humano se había imaginado, es porque nuestros países son muy productivos. Lo que permitió que el mundo creciera sin parar durante la era industrial fue que la productividad de los países desarrollados creció de manera continuada durante muchas décadas. Las empresas fueron incorporando nuevas tecnologías y nuevos procedimientos, y cada año se podía hacer más con menos.

Lo que el Banco de Inglaterra detectó en 2013 fueron las primeras señales de que ese mecanismo que empujaba el progreso había dejado de funcionar. La productividad ya no crecía: estaba estancada. En los meses siguientes, otros analistas encontraron indicadores similares en los demás países avanzados. No se trataba de un fenómeno exclusivo de Reino Unido: el virus se había propagado por todo el mundo.

Desde entonces, la máquina del crecimiento infinito sigue parada. El crecimiento de la productividad es hoy la mitad, o menos, de lo que fue en los últimos cincuenta años del siglo xx. Y todo apunta a que continuará siendo así. O esto es lo que dice el consenso de los expertos.

«El siglo xxi —explica Thomas Piketty, uno de los economistas más reconocidos del mundo— podría ver un regreso a un crecimiento bajo. Más precisamente, lo que encontraremos es que el crecimiento, de hecho, siempre ha sido relativamente lento, excepto en periodos excepcionales […]. Todos los indicios apuntan a que el crecimiento será aún más lento en el futuro». 

¡Aún más lento!

Resulta difícil dimensionar la trascendencia de este fenómeno. Parecería que tampoco pasa nada por crecer un poco más despacio o incluso por no crecer durante unos años. Al fin y al cabo, ya tenemos suficientes cosas, ¿no? En realidad, no necesitamos ir de vacaciones a la Luna, ni que haya colonias humanas en Marte. Acostumbrémonos a vivir más despacio, podríamos pensar.

Pero no es tan sencillo. 

Lo que nos hemos contado durante los siglos en los que la productividad no dejó de aumentar es que la economía era un pastel que nunca dejaría de crecer. No hacía falta pelear por los recursos cuando cabía esperar que mañana hubiera más que hoy. El mundo entero podía vivir en un cuento de la lechera permanente, en el que las instituciones, los acuerdos y la confianza en los sistemas públicos se sostenían sobre la creencia de que siempre habría más para repartir. 

El «sueño americano», la idea de que uno puede llegar a Estados Unidos sin nada y labrarse un futuro, no es más que una versión lírica de esa creencia. Igual que la retórica sobre la «igualdad de oportunidades», que da por hecho que habrá cada vez más cosas a las que optar. La meritocracia no vale nada si quien ha demostrado ser meritorio no puede acceder a una recompensa.

Los presupuestos de los países y los crecientes niveles de endeudamiento están pensados para un mundo en el que dentro de diez años habrá mucho más que ahora para devolver las deudas. Lo mismo ocurre con los sistemas de pensiones, que asumen que los trabajadores del futuro serán más productivos que los de hoy, o con las inversiones de las empresas, que se realizan esperando que los consumidores del mañana serán más ricos. 

Cuando compramos una casa, lo hacemos pensando que nuestro trabajo seguirá mejorando. Cuando enviamos a nuestros hijos a la universidad, confiamos en que al salir tendrán un futuro mejor.

Según explicó la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una conferencia que dio en 2017, «Otra década de débil crecimiento de la productividad socavaría gravemente el aumento del nivel de vida global. Un crecimiento más lento también podría poner en riesgo la estabilidad financiera y social de algunos países, al dificultar la reducción de la desigualdad excesiva y la sostenibilidad de la deuda privada y de las obligaciones públicas».

Esta década de la que habla está venciendo sin que hayamos sabido encontrar la forma de arreglarlo. Por eso vemos desmoronarse, poco a poco, tantas de las cosas que habíamos dado por sentadas. Por ejemplo, que todo el mundo tendría una casa en propiedad, o que habría un buen empleo para todas las personas. Que las pensiones podrían pagarse sin mayor esfuerzo o que la sanidad y la educación estarían garantizadas. A medida que pasan los años nos vamos distanciando cada vez más de la promesa de «libertad para vivir sin carencias materiales» y vamos entrando en un mundo donde lo que se discute es quién tendrá esa libertad y quién no. 

Los incrementos constantes de la productividad son la piedra angular de nuestra sociedad desde hace doscientos cincuenta años. Incluso la democracia —que en muchos países no se consolidó hasta que la productividad comenzó a crecer— ha caminado siempre de la mano de esa expectativa de progreso continuo. Lo que estamos viviendo es tanto como si nuestro mundo hubiera dejado de girar. Más aún: si no somos capaces de explicarnos a nosotros mismos y a los demás lo que está ocurriendo y no encontramos la manera de cambiarlo o de adaptarnos, solo podemos ir de cabeza al colapso.

Quizá se entienda mejor con una imagen.

Una L al revés

Como en una película de ciencia ficción, en esta historia hay una imagen que se repite una y otra vez por todas partes. Un anagrama que explica lo que está ocurriendo mucho mejor que ningún argumento. Es una L invertida:

Casi cualquier gráfico sobre la evolución humana, si dejamos que se desarrolle lo suficiente a lo largo del tiempo, produce la misma curva: una línea prácticamente plana durante miles de años que despega hasta convertirse casi en una línea vertical hace poco más de un siglo.

El PIB per cápita de Inglaterra, por ejemplo, se mantuvo plano desde el primer milenio hasta más o menos 1750. En todos esos años la tasa de crecimiento estuvo alrededor del 0,01 por ciento. Con la Revolución Industrial comenzó a acelerarse hasta alcanzar tasas superiores al 6 por ciento al final del siglo xx.

La deuda pública siguió el mismo camino. En Estados Unidos, hasta el siglo xx, la deuda fue prácticamente inexistente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo y, especialmente, desde la década de 1980, la curva comenzó a ascender de forma sostenida. El crecimiento de la deuda se volvió mucho más pronunciado tras la crisis financiera de 2008 y se disparó aún más desde el año 2020, superando los 35 billones de dólares.

Lo mismo ocurrió con la tecnología. Durante siglos, los avances fueron esporádicos: la imprenta se inventó en el siglo xv; el telescopio, en el siglo xvii y la máquina de vapor en el siglo xviii. Después, a partir de la Revolución Industrial, la curva empezó a inclinarse con el telégrafo, el teléfono o el automóvil. A mediados del siglo xx, el crecimiento se disparó con la llegada de la informática, la microelectrónica e internet. En las últimas décadas, la frecuencia con que aparecen las innovaciones se ha acelerado tanto que ya ni se distingue, acumulando en pocos años adelantos como los teléfonos móviles, Google, Facebook, los coches autónomos o los LLM.

Y podemos observar esa misma tendencia en la población. Durante la mayor parte de la historia humana, el número de habitantes del planeta creció de forma muy lenta: incluso en el inicio de nuestra era, la población mundial apenas superaba los 200 millones. Pero a partir de la Revolución Industrial la curva empezó a dispararse de manera abrupta. El crecimiento se aceleró en el siglo xx, hasta tal punto que en la actualidad vivimos más de 8.000 millones de personas.

Hay docenas de gráficos parecidos y todos cuentan la misma historia. La vida se mantuvo estática, inalterada, a lo largo de la práctica totalidad de nuestra existencia como especie. De pronto, como por arte de magia, todo cambió. Hace entre dos y tres siglos, las transformaciones empezaron a acelerarse, despacio al principio, más rápido después, hasta alcanzar una velocidad de vértigo en la segunda mitad del siglo xx.

Tú y yo y todos los que estamos vivos en este primer cuarto del siglo xxi hemos ido a nacer precisamente en la cúspide del eje vertical de la L. Nos ha tocado vivir un momento tan extraordinario que necesitamos varios gráficos que muestren la evolución completa de nuestra especie para ser capaces de visualizar su trascendencia.

Y esta progresión vertical se ha detenido: el mundo ha dejado de funcionar como esperábamos y nadie confía en que se solucione, o en que lo haga por sí mismo. Dicen los economistas que lo que podemos esperar en los próximos años es que vuelva un mundo estático como el del siglo xvii. Que la curva se vuelva a aplanar y el mundo se convierta otra vez en un lugar que no crece.

Lo peor es que, aun cuando la paradoja —o el enigma— de la productividad es un fenómeno conocido y aceptado por el consenso de los economistas, ahora que están a punto de cumplirse veinte años desde la crisis de 2008, seguimos sin poder explicar la situación.

Algunos expertos lo atribuyen a problemas de medición; otros, a los cambios demográficos o al agotamiento del efecto catch-up con los países periféricos (ya no podemos seguir creciendo a base de vender más al mundo en desarrollo). Otros sostienen que las tecnologías digitales no generan los mismos aumentos de productividad que las revoluciones industriales anteriores. También hay quien dice que se trata de una combinación de todos estos factores. Pero aunque no consigan ponerse de acuerdo en las razones, en lo que sí que están de acuerdo es en la naturaleza de lo que está ocurriendo.

«El problema no es un estruendoso colapso económico global, sino algo mucho más silencioso: un fallo en el motor. El crecimiento de la productividad —el motor a largo plazo del aumento en el nivel de vida— se está desacelerando. El hecho de que esto parezca estar ocurriendo en todo el mundo ofrece escaso consuelo. Lo más preocupante es que nadie sabe con seguridad qué lo está causando ni cómo solucionarlo», explica el economista Duncan Weldon.

Se ha roto el motor de la prosperidad y no sabemos cómo arreglarlo.

Así las cosas, hemos llegado a la meta volante del primer cuarto de siglo empujados por el viento de cola de un momento histórico que se ha agotado. Y este palito de la L se ha convertido en el borde de un precipicio al que nos asomamos todos los que vivimos en este comienzo del milenio. Abajo solo se ve oscuridad.

Si a cada generación le toca librar una guerra, esta es la nuestra. De nosotros depende salir —o, al menos, entender cómo podríamos salir— de este atolladero. 

No mires arriba

¿Cuál es la respuesta de los gobiernos en este momento de crisis de nuestra civilización? ¿Se ha organizado una Operación Warp Speed como la que se puso en marcha para producir una vacuna contra el COVID en un tiempo récord? ¿Existe algo similar al Proyecto Manhattan, que descubrió la bomba atómica para pararle los pies a Hitler? ¿Hay, al menos, una conferencia de la ONU y cientos de departamentos ministeriales intentando resolver este atasco civilizatorio?

No. Hay. Nada.

A pesar de que no existe un gobierno en este planeta que desconozca la magnitud de la tragedia (o quizá precisamente por eso), los debates sobre el enigma de la productividad siguen siendo discusiones técnicas, limitadas a las instituciones económicas y planteadas como retos abstractos y oscuros, más que como un callejón civilizatorio sin salida. Como en No mires arriba, esa película en la que un meteorito está a punto de impactar contra la Tierra pero nadie quiere hablar del tema, no sea que les fastidie la sobremesa, en todos los países y con independencia del signo ideológico, la política ha metido la cabeza en un hoyo, como un avestruz.

Y es que reconocer públicamente lo que han consensuado los economistas (que el mundo no va a volver a crecer igual que antes) sería tanto como desmontar el pilar sobre el que descansan la economía, la paz social e incluso la democracia. Sin tener una alternativa, sería un suicidio, no se sabe si de la civilización, de las siglas del gobierno de turno o de ambos. Abandonar la fe en el crecimiento sin un plan B es como empujar al mundo hacia una guerra total, que quizá, en el fondo, es justo lo que ya estamos viviendo.

En 2025, Ipsos realizó un macroestudio entre decenas de miles de personas de 31 países. Encontró que la mayoría (57 por ciento) piensa que «su país está en declive» y un 56 por ciento tiene la sensación de que «la sociedad en la que vive está rota». La percepción de fractura social es acuciante en las democracias occidentales más consolidadas —como Alemania (77 por ciento), Reino Unido (68 por ciento) o Estados Unidos (66 por ciento)—, pero este malestar está lejos de ser exclusivamente occidental: cunde en la mayoría de los países, incluso en el denominado Sur Global. 

La humanidad siente hoy un profundo y doloroso pesimismo. Incapaces de explicarles a sus votantes lo que está ocurriendo, los gobiernos concentran sus esfuerzos en lo único que se les ocurre, que consiste en resucitar a cualquier precio la economía industrial. Mientras fue presidente, Joe Biden inyectó un billón de dólares en ayudas a algunas industrias, como la fabricación de chips o de paneles solares, para llevarlas de vuelta a Estados Unidos. Cuando Donald Trump llegó al poder, los aranceles y sus promesas de recuperar los empleos del acero y del carbón fueron parte de la misma estrategia. Nada distinto hace la Comisión Europea cuando propone una reindustrialización verde de Europa, ni el canciller alemán, Friedrich Merz, cuando insiste en proteger las exportaciones para incubar artificialmente su industria. Ni siquiera China escapa del pavor a este virus: en los últimos años, Xi Jinping se ha lanzado a una carrera por construir más carreteras, más fábricas y más ciudades como forma de mantener el país en marcha.

Pero pasan los años y nada parece funcionar. ¡En ninguna parte! A pesar de las inyecciones, del capital político y de que todo el mundo aparenta estar convencido de que esta es la mejor solución, el empleo industrial sigue a la baja en los países ricos. Al mismo tiempo, la desigualdad no deja de crecer y, como apuntan una y otra vez el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, no tenemos ningún motivo para pensar que vaya a cambiar de trayectoria. 

Mientras tanto, el descontento se multiplica, cada vez a mayor velocidad y con más virulencia. Y es que, a diferencia de lo que ocurría con el meteorito en la película, no hace falta ser astrónomo para percibir lo que está ocurriendo: cualquiera puede comprobar en sus carnes que la economía no está funcionando, y para el ciudadano medio es innegable que el mundo del siglo xx hace mucho que dejó de existir. Así que, en lugar de vivir ajenos a la realidad, lo que cree mucha gente es que los gobiernos la están engañando o, como mínimo, le están haciendo luz de gas.

Según Ipsos, dos de cada tres personas en el mundo piensan que la sociedad está dividida entre la gente normal y las élites políticas y económicas (68 por ciento), que los medios están más interesados en ganar dinero que en decir la verdad (66 por ciento) y que los partidos políticos no se preocupan por la gente (64 por ciento).

Esas élites, entonces, paniquean. No entienden por qué se ha roto la confianza que los ciudadanos habían depositado en ellas. Achacan el descontento a la influencia que tiene el dinero en la formación de la opinión pública —«los medios están controlados por billonarios»— o a todo lo contrario, a la multiplicación de los canales de comunicación que les restan capacidad de convencer —«las redes han traído el colapso de la civilización»—. Al surgimiento de una nueva clase de empresas tecnológicas que controlan las redes sociales o a un mundo donde el poder está cada vez más lejos de los gobiernos democráticos.

Con un grado de miopía exasperante (y, quizá, interesado), muchos analistas intentan explicar esta aflicción como si fuera consecuencia del deterioro de las condiciones de vida. «La gente vive peor que antes y por eso están cabreados. Hagan que circule más dinero y todos los problemas se solucionarán», quieren decir.

Pero ese argumento se desmonta solo, y a la primera inspección, además. Aunque el mundo crezca mucho más despacio, ni ha dejado de crecer ni ha decrecido. Hasta ahora, nunca habíamos vivido tan bien. En los últimos veinticinco años, la esperanza de vida ha aumentado de 66 a 73 años, la población mundial ha crecido casi un 30 por ciento y la producción de bienes y servicios se ha duplicado. Si consideramos el conjunto del planeta, y no solo los países ricos, incluso el PIB ha aumentado, pasando de unos 13.000 dólares por habitante a más de 20.000 dólares. Para una gran parte de la humanidad han sido los mejores años de la historia.

Y, al contrario, al final de los Treinta Gloriosos, en el punto álgido del optimismo, la inmensa mayoría de la población mundial todavía estaba fuera del reparto de las ganancias materiales. Unos, en los países ricos, porque no habían conseguido entrar en la rueda; la mayoría, porque esa promesa de progreso nunca llegó a materializarse en los países en vías de desarrollo. Siempre se quedó en eso, una promesa.

Lo que ocurre es que una sociedad no es otra cosa que una promesa. Cada civilización se sostiene sobre un trato; un manual de instrucciones que dicta las reglas acerca de cómo comportarse, qué significa ser bueno o malo, importante o insignificante, qué tenemos que hacer para ser considerados valiosos y qué recompensas podemos esperar si cumplimos nuestra parte del trato. Algunos autores se refieren a este acuerdo como un «mito», otros dicen que es un «contrato social». En el fondo no es sino una promesa compartida, invisible pero omnipresente, que nos hacemos los unos a los otros, que inculcamos a los niños desde la cuna y que confiamos en que ordene la vida colectiva.

En el siglo xx había una promesa cristalina. Incluso quien no había llegado a la posición que esperaba asumir en el mundo tenía una hoja de ruta, un manual del usuario para conseguir sus objetivos. Aunque no los hubieras logrado todavía, los demás parecían estar de acuerdo contigo en cómo podrías hacerlo.

Esta fue la receta que se aplicó a los países en vías de desarrollo durante años. Si cambiaban sus sistemas productivos, mandaban a los jóvenes a la universidad, metían en cintura sus presupuestos y abrazaban con entusiasmo los principios de la economía liberal, iban a alcanzar los mismos estándares de progreso que Alemania.

Hoy nadie se atrevería a decir esto. Ni siquiera, casi, a hablar así de Alemania. Esto es lo que ha cambiado. Sin el crecimiento espontáneo e infinito de la economía, nadie tiene ya la receta para que a un país, o a una persona, le vaya bien. Se ha roto la promesa del siglo xx. 

Al contrario, lo que sí se correlaciona con el malestar es la sensación de inseguridad. El miedo. Miedo a caerte del estatus que tienes en la sociedad y a no poder recuperarlo. A perder el trabajo y que no te vuelvan a contratar, a que te quiten la casa en otra crisis como la de 2008, a quedarte atrás mientras otros que lo merecen menos avanzan. Y lo que es peor, miedo a que todo esto te ocurra y a los demás les parezca bien porque no vales lo suficiente.

La periodista Anne Helen Petersen lo expresó así en un libro sobre el burnout millennial:

No era que algo estuviera mal en mi día a día. Es que algo había estado mal toda mi vida adulta. Lo cierto era que todas esas tareas encubrían la verdadera tarea, que era además la tarea de muchos más millennials: trabajar sin parar. ¿Dónde aprendí que tenía que trabajar sin parar? En la universidad. ¿Por qué trabajaba sin parar? Porque me aterraba no encontrar un empleo. ¿Por qué sigo trabajando sin parar desde que encontré un empleo? Porque me aterra perderlo, y porque mi valor como persona y mi valor como trabajadora se han vuelto indiscernibles. No conseguía quitarme de encima el sentimiento de precariedad —de que todo aquello por lo que había trabajado podía desaparecer de repente— y no podía reconciliar esa idea con una noción con la que me había criado, la de que si me esforzaba lo suficiente, todo daría sus frutos.

Esta es la raíz del malestar que nos asola. Esa «noción» era la promesa de las últimas décadas del siglo xx: la de que, si nos esforzábamos, los hijos de los trabajadores íbamos a dejar de ser clase obrera.

Así, de un mundo donde los camareros soñaban con que sus hijos fueran abogados pasamos a otro donde los abogados temen que los suyos terminen de camareros. 

Era un olor tan nauseabundo que los diputados empapaban las cortinas de sus despachos en cloro para mantenerlo a raya. El nuevo edificio del parlamento de Westminster se había convertido, en aquel verano de 1858, en el epicentro del hedor; su fachada sur colgando, imponente, sobre el Támesis.

A mediados del siglo XIX Londres era la ciudad más grande del mundo y la que más rápido crecía. Los primeros compases de la Revolución Industrial habían multiplicado su población por tres en unas pocas décadas hasta los 2,5 millones de personas, una cifra que nunca antes había alcanzado ninguna ciudad. Nadie había planificado semejante transformación. Tampoco nadie sabía cómo hacerlo. 

La noción de que mantener una gran ciudad costaba dinero ni existía. Así que los londinenses elegían a los gobiernos municipales que prometían ser más low-cost: los que cobraban menos impuestos y hacían menos inversiones. Como consecuencia, en aquel verano de 1858 Londres seguía siendo en todo, menos en su dimensión, una ciudad medieval. Algo así como una megaurbe del tamaño del área metropolitana de Barcelona, pero en la que no existía el planeamiento urbano y, lo que es más importante, no había saneamiento. Los orines, los excrementos y los desechos de las viviendas se acumulaban, como se había hecho siempre, en unas fosas sépticas que unos “hombres de los desechos nocturnos” (“night soil men”) vaciaban de cuando en cuando. 

¿Y qué hacían estos hombres con el contenido de las fosas? Lo echaban al río. 

Pero ni el Támesis, en toda su grandeza, podía hacerse cargo de las 250 toneladas diarias de residuos que producía el crecimiento de la población, sumado a las nuevas tecnologías que llevaban el agua corriente hasta las casas –multiplicando la cantidad de líquido que acababa en las fosas– y a la proliferación de fábricas y mataderos que, para abastecer a todos esos nuevos habitantes, se habían instalado en la ciudad. El río que un día fue navegable se había convertido en una sopa repugnante; un caldo de heces, vísceras y aceites industriales; una cloaca a cielo abierto por donde desfilaban, entre ratas y cosas peores, los desechos del progreso económico.

Aquel episodio pasó a la historia como “The Great Stink”, “El gran hedor”; el primer momento en el que la trayectoria que traía el capitalismo pareció venirse abajo. Pero no fue, en realidad, el mal olor lo que puso en jaque la vida urbana y hasta la industrialización. La costumbre de tirar los residuos a las fuentes de agua producía brotes de cólera y la “peste azul” se había cobrado, solo en la primera mitad del siglo XIX, centenares de miles de vidas en la capital inglesa; millones en todas las recién nacidas ciudades del mundo. Pero entonces nadie sabía que esa enfermedad se contagia al beber agua contaminada: los londinenses todavía creían que los brotes eran causados por el “miasma”, los vapores malolientes que producen los desechos en descomposición. Por eso aquel verano de 1858 en el que unas temperaturas inusualmente altas volvieron el hedor insoportable, los diputados, que tenían sus despachos encima del río, empapaban sus cortinas en cloro con la esperanza de que mantener el olor a raya alejara también la enfermedad. 

Hoy, 200 años después, vivimos un momento muy parecido a aquel. La explosión de los cambios sociales que todavía no comprendemos del todo, sumada a las consecuencias de las formas de vida que arrastramos de otro tiempo han contaminado las aguas de las que bebe nuestra sociedad hasta enfermarnos. Por eso se tambalean las estructuras sociales y los acuerdos que parecían sólidos se derrumban. Algo apesta en la política y en la democracia. 

Pero apuntar a la extrema derecha como responsable de esta avería sería cometer el mismo error que los ingleses con el miasma. La ultraderecha no es ni la causa, ni siquiera la enfermedad de la sociedad contemporánea, es el hedor: el síntoma, el vapor pestilente que no nos deja respirar, es la consecuencia de algo que se está pudriendo debajo.

¿Cuál es la causa profunda de esos vapores?

Nuestro Támesis es la economía productiva. Hasta hace unas décadas, ese sistema era capaz, si no de proveer un buen lugar para cada persona, al menos de prometer que lo tendría. Después, que sabría utilizar el ahorro para producir más inversión productiva que a su vez iba a repercutir en mejores puestos de trabajo y nuevos bienes y servicios. Pero hoy la economía, como el Támesis, no tiene capacidad para absorber toda la riqueza que se produce: la economía digital no requiere las mismas inversiones que la industria. Y, sin embargo, el patrimonio mundial se ha multiplicado: hoy representa seis veces el tamaño de la economía. Como consecuencia, la mayor parte de la riqueza ha dejado de servir para crear más economía productiva y ahora se dedica a lo contrario: a extraer riqueza en forma de rentas. 

Nuestra mierda, como los desechos en el Támesis, es hoy una montaña de capital que colapsa las vidas de la gente exigiendo rentas del alquiler, comprando hospitales, carreteras y centros de mayores, haciendo subir los precios y concentrando el poder y los medios de comunicación en unas pocas manos.

Es muy probable que, si el gobierno de Londres no hubiera tomado cartas en el asunto, ninguno estaríamos aquí. Porque en los siguientes 50 años su población se volvió a multiplicar por tres. Pero tampoco hubiera servido para nada seguir culpando a los olores, ni fabricar desodorantes. Ni empapar de cloro las cortinas. 

Hubo un científico, llamado Jon Snow, que descubrió que los casos de cólera se producían en torno a las fuentes de agua. Hoy es conocido como el fundador de la epidemiología. Y hubo un ingeniero, que se llamaba Joseph Bazalgette, que estudió las conclusiones de Snow y propuso que la ciudad no podía seguir creciendo sin una planificación para ordenar la vida en común.

En lugar de seguir intentando tapar los olores, bajo su mandato, en los 16 años siguientes Londres construyó una colosal red de alcantarillado: Levantó más de 130 km de colectores principales conectados con 2.100 km de alcantarillas secundarias que drenaban toda la ciudad y con cuatro enormes estaciones de bombeo y dos plantas de tratamiento para expulsar los residuos lejos del río. Todavía hoy ese sistema está en uso. 

Hoy, como entonces, la respuesta al desbordamiento de nuestra realidad no puede ser atacar el hedor de la extrema derecha. Tiene que ser la misma: conocimiento e infraestructuras; ciencia y un esfuerzo colectivo para adaptarnos a la nueva realidad.

En estos días estamos todos pendientes del debate sobre la unidad de la izquierda. Y es importante. Pero esa unidad tiene que ser para hacer infraestructuras colectivas de progreso: para avanzar en la agenda de la energía renovable, de la educación, de la renta universal de crianza. Para hacer de una vez por todas una propuesta sobre vivienda que comprenda que el parque inmobiliario es el accionariado de un país y no se puede quedar en manos de una mitad de la población mientras la otra está condenada a ser arrendataria toda la vida, porque eso es tanto como vivir en una sociedad feudal.

Quedarse en el “antifascismo” y en “combatir a la extrema derecha”, sin invertir en la infraestructura social de los próximos años, es igual que echar cloro en las cortinas.

Arrecia la tormenta en torno a la sanidad. En Twitter hace meses que hay fuerte marejada y cada poco se vuelven a reabrir los debates sobre si debería ser pública o privada. Lo que hasta hace muy poco parecía un consenso universal del Estado del Bienestar hoy está en cuestión, se tambalea. 

Viéndolas venir, ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, reveló que llevará al parlamento una ley para impedir el modelo de privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Ayuso, que nunca pierde comba, no tardó en convertir el tema en arma arrojadiza y anunció que llevará el asunto a los tribunales. La bronca está servida. 

Pero más allá de la enésima batallita –que solo durará hasta que llegue la siguiente– este de la sanidad no es un debate cualquiera. Al contrario, bajo una aparente disputa política se esconde la cuestión económica más importante del siglo (una que no es la productividad): ¿cómo financiamos las cosas que no se pueden comprar y vender en los mercados?. 

Para desentrañarlo tenemos que empezar por explicar que cuando hablamos de “sanidad” estamos mezclando –al menos– tres bienes económicos distintos: 

El primero es la salud pública, que es el bienestar colectivo del que cualquier persona disfruta cuando el conjunto de la población está sana. La salud pública minimiza los riesgos sanitarios y es un bien económico de primer orden. Sin ella, nos contagiaríamos de cualquier cosa, los sistemas asistenciales no darían abasto, no podría haber actividad productiva, ni mercados funcionales, ni siquiera vida social organizada. 

Por esa razón una de las funciones más básicas de los estados es desplegar una batería inmensa de medidas que van desde la vacunación al control de plagas, del saneamiento al mantenimiento de la calidad del agua y del control de fronteras a la educación sanitaria o la vigilancia epidemiológica para reducir al mínimo posible las enfermedades que circulan entre la población.

¿Por qué los estados, y no los mercados? 

Porque la salud pública es lo que en economía se denomina un “bien público”, esto es, un recurso que está a disposición de cualquiera desde el momento en que está disponible para una persona. Si un agente (sea el que sea) erradica la viruela en un territorio, lo está haciendo igual para una persona que para toda la población.

El resultado es un bien que representa un problema insalvable para los mercados porque es imposible cobrar por él: erradicar la viruela es demasiado caro para que un individuo lo pague por su cuenta, pero una vez erradicada, todos se benefician por igual sin que nadie pueda cobrarles individualmente por ello. En economía se dice que son bienes cuyo consumo “no es rival” y que no son “excluibles”.

Adam Smith, que era muy consciente de este problema, fue el primero en plantear que “[el deber] de la comunidad es el de erigir y mantener aquellas instituciones públicas y aquellas obras públicas que, aunque pueden ser del más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza que el beneficio nunca podría compensar el gasto a ningún individuo o a un pequeño número de individuos, y por lo tanto, no se puede esperar que ningún individuo las erija o mantenga.”

O, en otras palabras, que el rol principal de los Estados es proveer aquellos bienes que el mercado no puede proveer. Por eso no hay ningún país del mundo, ni lo ha habido en la historia, donde la salud pública se provea desde el ámbito privado.

El segundo de los bienes que conforman eso que llamamos genéricamente “sanidad” es un seguro colectivo. Es la garantía de que, si caemos enfermos, podremos acudir a un hospital y recibir el mejor tratamiento disponible, tengamos o no dinero para pagarlo, sepamos o no dónde acudir y con independencia de lo que nos haya ocurrido.

Para que esta garantía sea real, hace falta mantener permanentemente una red de hospitales, servicios de urgencias y centros de salud que funcionen todos los días del año, tanto si hay pacientes en ese momento, como si no. O lo que es lo mismo: es necesario mantener un sistema que está disponible para todo el mundo desde el momento en el que existe para una persona: otro bien público que los mercados no pueden proveer.

Aunque pueda resultar confuso hay que entender que este bien económico —al que llamaremos “seguro sanitario”— no es lo mismo que el servicio médico que nos atiende cuando efectivamente enfermamos y vamos al hospital. Son dos cosas distintas.

Igual que cuando contratamos un seguro del hogar entendemos que una cosa es pagar la póliza que te cubre todo el año (aunque no te pase nada) y otra muy distinta es el servicio del técnico que viene cuando realmente se te rompe el fregadero, el seguro sanitario es la garantía; el pediatra, igual que el fontanero, es el servicio concreto.

Este último escalón —el de los “servicios médicos”— es el tercero de los bienes económicos de los que hablamos cuando hablamos de sanidad. Y es el único de los tres que sí podría funcionar como una prestación de servicios privados, como un bien excluible y cuyo consumo es rival; que se presta a una persona concreta, en un momento puntual y podría cobrarse directamente a quien lo recibe.

La prueba fehaciente es que existen de hecho multitud de servicios médicos que operan al margen de los seguros sanitarios e incluso sectores enteros (como la salud dental) donde el Estado casi no existe.

Es decir, mientras que la salud pública beneficia a todos por igual (nadie puede ser “excluido” de respirar aire limpio) y los seguros sanitarios necesitan estar disponibles para todos constantemente, el servicio médico individual —la consulta, la operación, el tratamiento— sí es excluible: puedo dártelo a ti y no a otro, y puedo cobrártelo directamente cuando lo usas.

De manera que cuando hablamos de sanidad, estamos colocando tres bienes sobre la mesa: dos que no se pueden prestar desde el ámbito privado y otro que sí.

¿Cómo que no? ¿No existen acaso los seguros privados del hogar? ¿No existen seguros privados de salud?

Existen, sí. Pero se sostienen sobre una trampa: solo cubren el último eslabón de la cadena hecha de una serie de bienes públicos.

Tomemos el caso del hogar. Un seguro privado te indemniza si tu casa arde o si una tubería revienta. Pero solo puede hacerlo porque antes existe todo un entramado colectivo (de bienes públicos) que reduce drásticamente la probabilidad de que eso ocurra. Ese sistema se compone de facultades de arquitectura que forman profesionales y los colegios que los supervisan, normativas que dictan qué materiales pueden utilizarse en la edificación y cuáles no, sistemas de responsabilidad civil para las constructoras, Inspecciones técnicas, cuerpos de bomberos, de policía y juzgados.

Y también existe una suerte de “salud pública” de los edificios. Para proteger tu vivienda hace falta que sean seguras todas las del barrio. Porque si el edificio contiguo se derrumba o arde, tu póliza individual no basta para aislarte del daño.

Sin esa infraestructura preventiva, sin esa red colectiva que distribuye riesgos y responsabilidades antes de que el desastre suceda, ningún seguro privado podría comprometerse a pagarte nada. 

De la misma manera, la iniciativa privada no puede hacerse cargo de prestar un seguro sanitario universal, como pretende el modelo de la Comunidad de Madrid. Porque su mecánica interna dicta que necesita vender y sacar un beneficio de cada paciente. Y esa lógica es incompatible con la prestación de un bien público. Por eso suele ocurrir que cuando una administración obliga a una empresa privada a proveer un bien público, lo que está haciendo es poner a la empresa de turno entre la espada de la prestación del servicio y la pared de los beneficios que esperan sus inversores.

Esto, y no otra cosa, es lo que hemos visto en el caso del Hospital de Torrejón y lo que observamos en muchas otras concesiones: los intereses privados, que son incapaces de proveer un bien público, dan un mal servicio a los ciudadanos.

De manera que, más allá de la disputa ideológica, lo que propone el Ministerio de Sanidad es de absoluto sentido común económico: el Estado debe dedicarse a proveer los bienes públicos porque está mucho más capacitado para ello que el mercado; porque precisamente para eso existen los Estados. 

Con todo, sería también de sentido común no oponerse ideológicamente a cualquier participación de la iniciativa privada. Como hemos visto, en la prestación de servicios médicos (el tercero de los bienes que hemos desglosado) las empresas tienen mucho que aportar. De hecho, cada vez es más habitual que los hospitales privados funcionen como plataformas donde distintos médicos pueden tener su consulta privada. Para dar el mejor servicio público se puede y se debe hacer mucho con las empresas y con los profesionales de la medicina. 

La tarea central de los Estados modernos no debería ser cerrarse en banda en una batalla entre lo privado y lo público, sino aprender a gestionar mejor, a medir mejor, a financiar mejor y a innovar en la provisión de bienes públicos con la misma ambición con la que en el siglo XX se innovó en la producción industrial.

Porque si algo define al siglo XXI no es la expansión del mercado, sino la expansión de lo común. A medida que nos adentramos en la sociedad del conocimiento, cada vez más aspectos de nuestra vida dependen de bienes que no pueden fragmentarse en decisiones individuales ni resolverse con pólizas privadas: la información, la calidad del aire, la ciberseguridad, las infraestructuras digitales, la investigación científica, la prevención de pandemias o la autonomía energética son bienes que solo existen si existen para todos. 

Y la pregunta que debería ordenar la política y la economía ya no será cuánto Estado o cuánto mercado, sino algo más exigente y más práctico: ¿cómo diseñamos, financiamos y mejoramos los bienes públicos de los que depende nuestra vida colectiva?