Guadalupe Varela jamás pensó que tendría que salir a repartir volantes los fines de semana en una zona rural de Ciudad de México para conseguir un aumento. Es candidata a magistrada para las primeras elecciones populares del poder judicial, unos comicios inéditos y polémicos que se celebran el domingo. 

Las reglas de la campaña han sido muy restrictivas. Los candidatos podían únicamente dar información, aceptar la participación en entrevistas y foros y publicitarse en redes sociales. Tampoco se ha permitido contar con voluntarios. Varela contrató a dos ayudantes. “No estamos hechos para esto. Nuestra formación jurisdiccional no nos hace pensar como políticos”, cuenta a elDiario.es. Con todo, ella rescata el contacto con la gente. “Para mí ha sido muy agradable, conmovedor y significativo escuchar”, dice. 

La ciudadanía mexicana está llamada a las urnas para elegir 881 cargos en la Suprema Corte de Justicia y en centenares de tribunales federales y estatales. También para el Tribunal Disciplinario Judicial, un nuevo ente creado para vigilar y sancionar a los jueces con un alto riesgo de politización. 

Bolivia era, hasta ahora, el único país del mundo en elegir a parte de sus jueces. El anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consiguió aprobar la reforma de la Constitución pocas semanas antes de terminar su mandato, con la intención de acabar con un “sistema podrido”. Pero en México muchos ven con preocupación que esto socave la independencia judicial y abra la puerta a la corrupción. La propia Varela es una de ellas: “Yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero es lo que tenemos ahorita para que el sistema de justicia siga operando. Lo único que les puedo ofrecer son mis conocimientos, que voy a observar la Constitución y que voy a trabajar con independencia”, promete. 

Lo que desde luego tiene Varela es experiencia. Trabaja desde hace 28 años en el poder judicial. Su labor actual consiste en realizar proyectos de sentencia en la Suprema Corte antes de que los magistrados las revisen y aprueben. “Ellos van y vienen, pero nosotros somos la memoria judicial de la corte”, relata. Ahora se presenta para jueza en materia administrativa, un cargo que le tocaba por carrera judicial. Sin embargo, los requisitos son mucho más bajos hoy. Basta tener el título de Derecho con una nota media de ocho, cinco años de experiencia y cinco cartas de recomendación de colegas, o incluso de vecinos. 

Entre los candidatos se encuentran perfiles tan dispares como el de Delia Quiroa, una mediática activista por las personas desaparecidas que aspira al cargo de jueza de distrito en Sinaloa, o Silvia Delgado, que fue abogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 antes de su extradición a Estados Unidos y que se presenta para jueza penal en Chihuahua. La organización de derechos humanos Defensorxs tiene identificadas 21 candidaturas de riesgo por presuntas violaciones de los derechos humanos, pactos con grupos criminales o por haber estado en conflicto con la justicia. 

Deserción y jubilaciones

A partir de esta elección, el panorama judicial de México será totalmente nuevo. La incertidumbre es grande, pero lo que la jueza María Emilia Molina tiene claro es que no quiere formar parte de él. 

Molina tenía un “nombramiento inamovible” como magistrada en materia civil, así que podría haberse jubilado en ese puesto. Con la reforma, su cargo se dirimirá en los siguientes comicios, en 2027, pero ella no se va a presentar. “Si yo no puedo hacer mi trabajo como jueza de manera absolutamente independiente, sin que nadie venga a exigirme nada, sin tener miedo a que una sentencia mía me lleve a la cárcel porque no corresponde al interés de alguien en el poder… No me interesa estar en un sistema que va a ser cualquier cosa menos justo”, alega en referencia al Tribunal Disciplinario Judicial. “Los perfiles están muy alineados al grupo en el poder (Morena) y van a vigilar que los criterios no sean contrarios a lo que quiere la transformación de México”, afirma. 

Para ella, lo que está en juego es justamente esa independencia judicial. México es un país muy clientelar, con una tradición de partido hegemónico y en el que el crimen organizado permea toda la sociedad. “Cuando se vayan todos los jueces que estamos en funciones y se sustituyan por personas que tuvieron que conseguir votos [...] los jueces van a estar condicionados a aquellos grupos fácticos de poder que les pueden dar o quitar votos”, advierte. Como ella, muchos han decidido dejar de lado la carrera judicial a la que habían dedicado su vida. Según una investigación del diario El Universal, las jubilaciones anticipadas aumentaron un 300% en 2024 respecto al año anterior.

“La justicia tenía que reformarse… Pero no así”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro ProDh) ha investigado las principales violaciones de derechos humanos en México, acompañando a las víctimas de abusos y a quienes buscan justicia. Ha acompañado los casos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales del ejército en Tlatlaya y las mujeres torturadas sexualmente por la policía en Atenco, entre otros. Por eso, como señala su director, Santiago Aguirre, son muy conscientes de los fallos en la justicia. “Hemos estado en la primera línea de documentar que el sistema de justicia mexicano está roto y no funciona. Somos los primeros en decir que la justicia mexicana tenía que reformarse… Pero no así”, critica.

“La reforma que necesitábamos tenía que haber modificado de fondo a las fiscalías, que son la gran fuente de impunidad en México porque no investigan los delitos, porque están rebasadas, porque están colonizadas por intereses de la criminalidad”, explica Aguirre. México tiene una alarmante impunidad que supera el 90%.

En el fuero local se concentran la mayoría de los problemas, al estar en una mayor connivencia con los poderes políticos, económicos y el crimen organizado. Organizaciones como el Centro ProDh suelen recurrir a los niveles más altos de la judicatura para acceder a una revisión más imparcial de los casos. “Eso también lo vamos a perder ahora”, lamenta Aguirre. “Esta reforma es un ejercicio de demagogia. No solo no soluciona los problemas de [la] justicia, sino que va a generar nuevos problemas”, vaticina.

Valeria Márquez, influencer de 23 años, fue asesinada en directo. Ocurrió el pasado martes 13 de mayo, cuando se encontraba en su salón de estética ubicado en Zapopan, una zona acomodada de Guadalajara, la segunda ciudad de México. Las imágenes, que se difundieron en redes sociales, son estremecedoras. La joven, abrazada a un osito de peluche, mira hacia la puerta y parece estar esperando a alguien. De repente, recibe dos balazos.

Un sicario enmascarado se hizo pasar por repartidor y la mató frente a su audiencia, según algunas informaciones. Segundos después del feminicidio, una empleada detuvo la transmisión.

Márquez, que acumulaba casi 100.000 seguidores en TikTok y el doble en Instagram, se convertía así en una nueva víctima de feminicidio en México. El país sufre una epidemia de violencia y las agresiones contra las mujeres son un capítulo aparte. Cada día son asesinadas una media de 10 mujeres y niñas y, según ONU Mujeres, el 70% de las mayores de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida. Apenas dos días antes, una candidata a la alcaldía en el estado de Veracruz también fue abatida durante un acto de campaña que se estaba transmitiendo en vivo por Facebook.

Los medios especularon en un primer momento con la posibilidad de que el responsable directo del feminicidio fuera Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R, uno de los principales sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), declarado como terrorista por el Gobierno de Estados Unidos. Posteriormente, la Fiscalía local desmintió que el grupo criminal estuviese detrás del asesinato. En realidad, lo que dijo fue que el nombre del sicario no aparece en la investigación. En México es difícil creer ninguna versión, también la oficial.

El feminicidio es una violencia específica de un país que se ahoga en sangre desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. Casi 20 años después hay más de 400.000 muertos y 100.000 desaparecidos. Aunque en los últimos años, con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las cifras se redujeron levemente, México sigue con una media de 30.000 asesinatos al año.

La defensora de derechos humanos y académica Marcela Villalobos considera que los feminicidios ha tomado otra forma desde el inicio de la guerra al narco: “Antes las mujeres eran asesinadas en espacios privados, por personas conocidas y con arma blanca o asfixia. Ahora es en espacios públicos, por sicarios y con armas de fuego”, explica.

La propia modelo había manifestado anteriormente en sus redes sociales el temor a una expareja. Ese mismo día ya habían ido a buscarla para entregarle en persona un regalo, algo que la hizo sospechar. “A lo mejor me iban a matar. ¿Me iban a levantar [secuestrar] o qué? Me quedé preocupada”, especuló minutos antes en esa misma transmisión.

“En este caso es todo al mismo tiempo: se trata de un feminicidio perpetrado seguramente por el crimen organizado contra un gremio, el de los influencers, que últimamente ha estado en la mira”, señala el analista de seguridad David Saucedo. 

Feminicidos que no se investigan

En México, según sentencias de la Suprema Corte de Justicia, todos los asesinatos a mujeres deben investigarse como feminicidios, pero eso no sucede. “Muchas fiscalías no tienen ni siquiera el personal preparado para investigar con perspectiva de género”, dice Villalobos. Además, Saucedo cree que harían falta más mujeres para investigar y juzgar estos delitos.

Según el último informe de Amnistía Internacional, “siguieron cometiéndose delitos de violencia sexual y feminicidio y faltaban investigaciones sobre ellos”. Pero es que además los crímenes rara vez se castigan en México. El país tiene una impunidad superior al 95%.

“La justicia en México es completamente disfuncional y esto es una invitación para los integrantes del crimen organizado. Si en un caso con tanta atención mediática no hay avances en la investigación, imagina lo que pasa con resto”, considera Saucedo. 

Ni con la llegada de la primera presidenta al poder ha conseguido México mantener a raya la cifra de feminicidios. Claudia Sheinbaum se puso al frente del país el pasado octubre y señaló como una de sus prioridades la violencia contra las mujeres. “Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad; frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad”, prometió al presentar la campaña “Es tiempo de mujeres sin violencia”. Si bien Sheinbaum impulsó una agenda de género, para Villalobos “es positivo, pero insuficiente”. Se han incorporado cambios constitucionales y modificaciones a leyes en este sentido, pero el país todavía tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo.

Sin combatir el machismo y cambiar el paradigma de guerra contra las drogas, esto no va a cambiar, opina Villalobos. “Es como querer tapar el sol con un dedo o querer tener una solución inmediata cuando se necesitan políticas que transciendan gobiernos para poder ver resultados”.

Miguel Martínez no se podía imaginar que terminaría cocinando comida texana entre banderas estadounidenses en Ciudad de México. En 2013, con 26 años, fue deportado. Primero en Nueva York y después en Boston, llevaba en EEUU desde los 14. “Es muy impresionante, un día estás haciendo tu vida normal y al otro te suben a un autobús como a un preso y te avientan en la frontera con lo puesto. Yo iba en chanclas, shorts y una camiseta. Nada más”, relata Martínez, que encontró una oportunidad en el “Pinche gringo BBQ”, un restaurante que, desde la anterior victoria de Donald Trump, en 2016, tiene como política emplear mexicanos deportados desde el vecino del norte. 

El presidente Trump amenazó desde la campaña electoral con llevar a cabo deportaciones masivas, si bien su anterior gobierno deportó a menos mexicanos (unos 750.000) que cualquiera de los tres gobiernos demócratas de Barack Obama (1,8 millones en el primer mandato, 780.000 en los tres primeros años del segundo) y Joe Biden (en torno a un millón), según datos de la Unidad de Política Migratoria de México. Esta vez, el magnate parece decidido a superar estas cifras, mientras México se prepara para esta nueva crisis migratoria. Casi la mitad de los 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos son mexicanos que mandan una importante cantidad de remesas a sus familias. “Siento coraje, rabia. Yo lo viví y sé que agarran gente inocente que solo busca mejorar su vida”, dice el trabajador.

Martínez consiguió cruzar la frontera al cuarto intento. Comenzó en Nueva York, compartiendo habitación con siete personas y lavando platos, como tantos otros migrantes indocumentados que hacen los trabajos más precarios en Estados Unidos. Poco a poco consiguió ser cocinero y se mudó a Boston, donde “tenía toda una vida armada”. Pero un día, una patrulla le paró en la autopista por exceso de velocidad, llegaron los agentes fronterizos y, después de una semana detenido, lo deportaron. “Me miraban feo por mi acento”, recuerda sobre sus primeros años. Una década después, tiene una vida estable en la capital mexicana. Se casó, tuvo cuatro hijos y es el “big master” de la cocina del “Pinche gringo”, donde habla inglés, comparte las tradiciones de la tierra que dejó, como celebrar Acción de Gracias o ver la Superbowl, y cocina con la sazón que aprendió en el norte. Eso le hace más fácil lidiar con la nostalgia del país que dejó atrás y la dificultad que supone empezar de nuevo a la fuerza: “Aquí tienes que chambearle el doble, vas al día”, dice. 

Sin contemplaciones con el veterano de Vietnam

“Pasan los años y muchas personas están en situaciones similares al momento en que fueron deportadas”, explica Maggie Loredo, coordinadora del Instituto de Investigación para las Movilidades Humanas, organización que acompaña a personas en esta situación. Ella misma creció como indocumentada en Estados Unidos y vive en México desde 2008. En este tiempo ha acompañado los procesos de deportación y retorno forzado de sus compatriotas y cuenta cómo muchos mexicanos no regresan siquiera a sus lugares de origen por “falta de redes de apoyo, de oportunidades de trabajo o por inseguridad”. Además, como casi todos han pasado por prisión o un centro de detención de migrantes antes de la deportación, los ven con ese estigma.

Por eso, muchos deciden establecerse en la frontera para estar más cerca de los familiares que quedaron en Estados Unidos, que los visitan o con quienes se ven a través del muro. La economía en estas ciudades de frontera suele ser más dinámica, con maquiladoras y call centers donde es necesario el bilingüismo. Pero en ciudades como Tijuana también se estancan personas con problemas de consumo que quedan en situación de calle, como alerta la ONG Elementa.

Para José Francisco López fue especialmente difícil. Tenía 60 años cuando Estados Unidos lo deportó a Ciudad Juárez, en 2003. Vivía en Texas desde los 14 años y de poco le sirvió haber combatido en la guerra de Vietnam. Le arrestaron al intentar comprar droga a un agente encubierto, le quitaron sus ayudas por ser veterano y lo deportaron a Ciudad Juárez. “Solo quería que me tragara la tierra. Es una vergüenza grande después de que serví al país y expuse mi vida… Fue humillante, me sentí traicionado por el gobierno de Estados Unidos”, lamenta. Tuvo que vivir desde México la muerte de una de sus hijas y de su madre.

México era un país totalmente desconocido para él, y con su edad se le complicaba emplearse, así que se dedicó a hacer trabajos de carpintería y pintura. En 2017 recuperó su pensión militar y con ese dinero pudo comprar una pequeña casa en la que abrió un refugio para veteranos deportados como él. Por ahí pasaron decenas de personas a las que ayuda con techo, comida y la burocracia mexicana. La “Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados” sigue abierta, pero López la maneja desde El Paso, al otro lado de la frontera. En 2023, después de dos décadas, consiguió volver a EEUU gracias a una visa humanitaria que el expresidente Joe Biden ofreció a los veteranos. A sus 80 años, no duerme tranquilo con el regreso de Trump, a pesar de que su residencia es legal. “Parece una pesadilla, está amenazando a todo el mundo. Nuestros abogados nos recomiendan no volver a México por si no nos vuelven a dejar entrar. Nos sentimos amenazados”, declara.

¿“México te abraza”?

María Dolores París, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, un ente público que estudia los problemas de la región limítrofe, apunta que hace falta distinguir entre los que acaban de intentar cruzar y todavía tienen que pagar su deuda con los coyotes, que “regresan peor de lo que se fueron”, y los que llevan más tiempo, pero que puede que hasta tengan pequeños negocios en Estados Unidos y reciben remesas. “Llegan a la vez y para el gobierno es lo mismo, pero la situación es totalmente distinta”, explica. 

En esta ocasión, el gobierno ha preparado el programa “México te abraza”, con centros de atención en distintos puntos de la frontera para recibirlos, ayudarlos con sus documentos de identidad, inscribirlos en el sistema de salud público, en los programas sociales y darles un apoyo económico para que puedan volver a su lugar de origen.

Tanto Loredo como París coinciden en que no hay políticas públicas específicas para recibir e integrar a las personas deportadas, a pesar de que no es un problema nuevo. “Hace falta un reconocimiento de las personas migrantes y por ende de las retornadas y deportadas. Se habla mucho de los aportes en remesas pero hace falta infraestructura, diagnóstico, estadísticas reales, presupuesto y políticas públicas”, denuncia Loredo. París también es contundente: “No hay un acompañamiento y nunca lo ha habido. No hay nada ni una voluntad real de que haya nada más que una atención de emergencia”.

Ni Martínez ni López sintieron un acompañamiento a su regreso. Martínez cuenta que tuvo que llamar a Estados Unidos para que su tío le mandara dinero para el autobús a Ciudad de México, donde vivían su madre y sus hermanos. Esa llamada fue el único apoyo que recibió por parte del gobierno. Y resume: “Tal cual te avientan ahí es tu problema, porque ya es tu país”.

“Pase lo que pase en Estados Unidos, nosotros seguimos camino”, dice Jason Jiménez. Este venezolano apenas supera la mayoría de edad y, junto a su pareja y a su bebé de un año, han pasado las Navidades y el año nuevo en un precario campamento de migrantes improvisado en una pequeña plaza del centro histórico de Ciudad de México. Las tiendas de campaña y estructuras de chapa y madera alojan a cientos de personas ante la saturación de los albergues para migrantes en la capital del país. La familia no se desanima y, pese a la amenaza del presidente electo de EEUU Donald Trump de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”, esperan cerrar 2025 del otro lado de la frontera. 

Trump tomará posesión de su cargo el 20 de enero en un segundo gobierno con el respaldo del Senado y de la Cámara de Representantes. Si bien su ocurrencia de comprar Groenlandia ha centrado la atención internacional de cara a su nuevo mandato, el tridente formado por migración-aranceles-fentanilo es el principal quebradero de cabeza de México, que comparte con EEUU una larga y agitada frontera y que es además su principal socio comercial. 

Un éxodo sin precedentes

La frontera entre México y Estados Unidos es el escenario de un éxodo sin precedentes. Hasta 2020, la mayor parte de detenidos por la Patrulla Fronteriza procedían de México o Centroamérica. Ahora, sin embargo, el 60% llega de otros países, con un fuerte incremento de los migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Colombia y Ecuador. 

Su interlocutora del lado mexicano es ahora Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador, con el que Trump se entendió en buenos términos durante su primer mandato. A contrarreloj, México se prepara ahora para hacer frente a las iniciativas de Trump. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, ha señalado Sheinbaum. 

En relación con la migración, Trump amenaza con dos cuestiones clave: por un lado, las deportaciones masivas; por el otro, el cierre de frontera, que podría materializarse en el fin del programa CBP One, que permitió el ingreso legal a Estados Unidos de casi un millón de personas desde enero de 2023. 

Más de la mitad de los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos en situación irregular son mexicanos. El 80% lleva más de una década en el país. Trump plantea redadas en vecindarios y lugares de trabajo y la “remoción expedita” saltándose el debido proceso de pasar por un juez. También pretende terminar con las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que a nivel local no colaboran con los servicios migratorios. 

Hay muchos interrogantes sobre cómo se llevarán a cabo estas deportaciones y a quién afectarán. La más importante: si Washington expulsará a México a migrantes no mexicanos. En su primer mandato, Trump tuvo un gran éxito diplomático: logró que López Obrador aceptase que personas de otras nacionalidades, como Venezuela o Haití, siguieran su proceso de asilo en Estados Unidos desde territorio mexicano. Ese fue el programa denominado Quédate en México, que operó desde enero de 2019 y que fue paralizado por el gobierno de Joe Biden.

En la práctica, esto implicó una nueva lógica: Estados Unidos expulsa a México a personas de otros países y es su vecino del sur el que tiene que hacerse cargo. Ahora, Sheinbaum ha mostrado su rechazo a que las deportaciones incluyan a otros países, aunque ha terminado por aceptar que puede ocurrir. 

Más incertidumbre, más riesgo

El discurso xenófobo hace mella y se temen demostraciones de fuerza y operativos disuasorios o ejemplarizantes. Sin embargo, Trump necesita no solo apoyo en el interior sino también negociación con el exterior. “Es momento de que el gobierno mexicano y América Latina tomen las riendas de esta situación y que impongan sus condiciones a Estados Unidos. No podemos seguir siendo cómplices de esta violación de derechos humanos”, señala Carlos Alberto González, director de la revista sobre migración y movilidad Diarios del Terruño, de la Universidad Autónoma Metropolitana. González considera que muchas de las propuestas de Trump implican una negociación con México que le da capacidad de maniobra en este asunto. 

En Tapachula, un municipio en la frontera con Guatemala convertido en la capital del control migratorio mexicano, el centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova es uno de los primeros oasis que encuentran los migrantes al llegar a México. Para su director Enrique Vidal, independientemente de que se cumplan, las amenazas de Trump vuelven más vulnerables a los migrantes. “Un contexto de incertidumbre provoca dinámicas de especulación que favorecen el engaño y la extorsión, generan un falso sentido de prisa (por alcanzar la frontera) y aumenta las violencias, el costo y la exposición al riesgo”, enumera. 

Una incertidumbre que también complica el trabajo a las organizaciones que defienden a estos migrantes. El Gobierno de Sheinbaum se mantiene alerta y enarbolando un discurso soberanista. Sin embargo, su política migratoria más concreta ha quedado en vilo a la espera de que Estados Unidos mueva ficha. De darse las deportaciones, pondría el foco de protección y recursos en los propios mexicanos deportados en detrimento de los extranjeros que transitan o permanecen en México. 

A Vidal le gustaría que el gobierno aprovechara esta oportunidad “para cambiar radicalmente su política migratoria”. “Muchas más personas se van a plantear quedarse en México y se tienen que ampliar las vías de regularización migratoria para que tengan unas condiciones de vida más dignas aquí”, propone. “No es solo quitar los barrotes de las estaciones migratorias sino realmente terminar con la lógica carcelaria”, apunta. 

La bolsa o la vida

En la relación entre Estados Unidos y México, la migración es parte de un juego que incluye los aranceles y el tráfico de drogas. El fentanilo vertebra la relación de seguridad. Este adictivo opiáceo causa 100.000 muertes cada año en Estados Unidos y tiene su origen en los laboratorios clandestinos que posee en territorio mexicano el crimen organizado, que a su vez se surte de armas desde Estados Unidos. Armas de norte a sur, droga de sur a norte. Sheinbaum puso la mira en el fentanilo desde el primer día de su gobierno, con detenciones, redadas, decomisos y el ministro de Seguridad instalado en Sinaloa en plena guerra intestina entre dos facciones de ese cartel. 

Por otro lado, Trump amenazó con subir a un 25% los aranceles de los productos importados desde México y Canadá. Los tres países de Norteamérica son los principales socios comerciales entre ellos y cuentan con un tratado de libre comercio desde 1992. Una unión que Sheinbaum defiende como “la única opción para enfrentar con éxito el avance comercial y económico de los países asiáticos”.

Así “Trump apuntala amenazas que no llegan a negociaciones para forzar acciones”, explica González. Ya en 2019, ante el aumento de llamativas caravanas de migrantes que cruzaban México, Trump amenazó con subir los aranceles a ciertos productos y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió de forma inmediata militarizando con miles de soldados su frontera con Guatemala. México se encargó, y pagó, por ser frontera gringa, tal y como Trump había vaticinado.

Para Vidal, el problema sobre el terreno y en la opinión pública es que “se entra en una lógica muy utilitaria de la situación de las personas migrantes” y la política migratoria “se politiza diciendo que es el precio que hay que pagar en la relación con Estados Unidos”. 

Pero las tendencias de desplazamiento en la región suelen depender más de la situación en los países de origen que de lo que diga o haga el mandatario estadounidense de turno. Al fin y al cabo, la administración demócrata de Joe Biden superó el récord de deportaciones del primer gobierno de Trump. Por muchos muros o deportaciones que anuncien, las personas siguen migrando en busca del sueño americano. 

Por México cada vez pasa más gente y de más nacionalidades. A los centroamericanos se sumaron personas de Haití y Venezuela e incluso de otros continentes como Asia o África. “Al final, a nivel de las negociaciones sucede una cosa y a nivel de la realidad es otra. Por debajo de esa infraestructura al final todos pasan”, señala González.  

En el corazón de la Ciudad de México, Jason y su familia van a esperar a que las autoridades migratorias estadounidenses les den cita a través de la aplicación virtual para presentarse en la frontera norte. No tienen dinero para que un coyote les cruce de manera ilegal y para ellos “regresar no es una opción”. 

“Nos seguimos manifestando porque fue el Estado, fueron los mismos elementos del Gobierno. Todos fueron partícipes”, dice Hilda Hernández mientras sostiene un cartel con una foto de su hijo durante una protesta en Ciudad de México. César Manuel había ido a Ayotzinapa desde otro estado del país para cumplir su sueño de convertirse en un maestro rural, pero desapareció hace diez años en lo que fue uno de los peores episodios de la historia reciente de México.

El 26 de septiembre se cumplió una década de aquella trágica noche en la que 43 estudiantes de entre 17 y 25 años de una humilde escuela para formar maestros rurales desaparecieron tras ser atacados y detenidos por la policía local. Desde entonces, apenas se han identificado los restos de tres de ellos y sigue sin saberse qué sucedió y dónde está el resto. A pesar de los esfuerzos por crear una comisión de la verdad y por invitar a expertos independientes internacionales, la investigación se topa una y otra vez con el muro de silencio de un ejército cada vez más empoderado, al que señalan por ocultar información y tener vínculos con el crimen organizado. 

Ayotzinapa es un ejemplo paradigmático de la impunidad y la corrupción que ahogan a México y se convirtió además en caso emblemático de una crisis de violencia y desapariciones mucho más amplia. Desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006, más de 116.000 personas permanecen desaparecidas y se registran más de 30.000 homicidios por año. En ese momento, el ejército salió de los cuarteles para enfrentarse al crimen organizado y realizar tareas de seguridad pública. Con el tiempo ha ido acumulando cada vez más poder y estableciendo complejas relaciones con aquellos a quienes debía derrotar. 

Guerrero es un estado empobrecido en el centro de México, con grandes extensiones de cultivos de amapola (ilegales) controladas por una serie de grupos del crimen organizado en constante cambio y donde la línea entre Estado y criminalidad no existe. Y también es un lugar con una gran tradición de lucha y organización social, ya desde los movimientos guerrilleros de los años 70. Así que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa permanecen unidos e incansables al pie del cañón. La desaparición pospone su duelo, y ellos continúan en la búsqueda defendiendo que, hasta que no aparezcan, siguen vivos. “Políticamente” vivos, como cantan en consignas en las marchas. 

Andrés Manuel López Obrador deja su presidencia el próximo 1 de octubre en manos de su sucesora, Claudia Sheinbaum, sin haber dado las respuestas que prometió. “El presidente aprovechó la oportunidad de nuestro dolor para decirnos que iba a castigar a los culpables. Esperamos que como mujer, como madre, la nueva presidenta tenga corazón. Se tiene que saber qué ocurrió para que no siga sucediendo”, dice Hernández, que perdió la esperanza de encontrar a su hijo a los seis meses de la desaparición. 

¿Qué pasó aquella noche?

Quizás esta historia arranque en realidad mucho tiempo atrás: el 2 de octubre de 1968. Ese día, elementos del ejército y grupos paramilitares que trabajaban en estrecho contacto con el presidente del momento atacaron a los asistentes a una protesta contra la represión estudiantil. Se estima que murieron entre 300 y 400 personas. Es lo que se conoce como la masacre estudiantil de Tlatelolco y desde entonces, año tras año, ese día se concentran en Ciudad de México miles de personas para no olvidar que ese pasado puede repetirse. 

Los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa también tenían planeado asistir. En Guerrero, “secuestrar” autobuses por parte de los normalistas para trasladarse a este tipo de protestas es una práctica común, tolerada por gobiernos y empresas que hacen la vista gorda. Así que el 26 de septiembre un centenar de estudiantes fue hasta la vecina localidad de Iguala, pero esta vez la reacción de las autoridades fue sorpresiva y desmedida. Para impedir que salieran de la localidad con los autobuses, un grupo de policías locales y civiles armados abrieron fuego contra los vehículos y cerraron el paso a cinco de ellos. Los ataques continuaron durante la noche: seis personas murieron (algunas ejecutadas) hubo más de 40 heridos y 43 estudiantes de primer curso fueron detenidos. Y ahí es donde se vuelve más complicado seguirles la pista. 

Una red criminal protegida por el ejército y la policía utilizaba autobuses de pasajeros para pasar heroína a Estados Unidos. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era el caso de uno de ellos y la violencia atípica contra los estudiantes, un mensaje: con nuestros autobuses no se juega. 

La “verdad histórica”

La habitual narrativa de la víctima propiciatoria, que andaba “en malos pasos” [iba por el mal camino] y tenía relación con el crimen organizado, no cuadraba en esta historia y la población se lanzó a las calles de forma multitudinaria para exigir una investigación. 

“El Gobierno federal intentó involucrar a los estudiantes con el crimen organizado, en un segundo momento trataron de involucrar a las policías locales y al presidente municipal…. Cuando se dieron cuenta del apoyo social fue cuando crearon la verdad histórica”, resume Paulina Barrera, investigadora de la Universidad del Atlántico Medio (UNAM).

Para salir al paso de la presión pública, la Fiscalía y el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quisieron dar carpetazo al caso con lo que denominaron “la verdad histórica”: que los policías municipales entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, que los habían confundido con miembros de un grupo rival y habían sido ejecutados e incinerados en un basurero. 

Pero los peritos independientes que llegaron desde fuera de México para observar la investigación descartaron por completo esta versión. Tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense, nacido en los 80 para dar con los desaparecidos de la dictadura de su país, como los juristas y médicos que integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentaron las mismas conclusiones: irregularidades, contradicciones, falta de evidencia, y testimonios dudosos basados en torturas. La “verdad histórica” era insostenible y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.

“Hay dos dimensiones criminales: la desaparición de los muchachos y la decisión política de cerrar el caso con una versión falsa”, apunta Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, organización de derechos humanos que ha acompañado a los familiares en su batalla. Para Aguirre, “de 2014 a 2018, las familias resistieron a la imposición de una mentira desde el poder”. Fue entonces cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder.

El muro del silencio del Ejército

El 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Palacio Nacional a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Llevaba apenas dos días en el poder pero ya desde la campaña había tomado el caso por bandera. Uno de sus primeros actos fue recibirlos y ordenar por decreto la creación de una Comisión para la Verdad para llegar hasta el fondo. “Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”, dijo en ese momento.

Esta voluntad política inicial dio sus frutos. Se empezó a procesar a los culpables, se recuperó evidencia que estaba perdida, se ofreció una disculpa pública... En 2020, desde un laboratorio de genética de Austria llegó una noticia esperanzadora: se habían logrado identificar los restos óseos de Christian Rodríguez. Un año después, identificarían los de Jhosivani Guerrero. Ambos se encontraban en lugares distintos al basurero de Cocula y así terminaba de caer la “verdad histórica”. 

En 2022, todo cambia. La investigación encalla y la necesidad de dar resultados públicos marca el destino del caso. “Había una intención genuina pero al final se les fue el tiempo y cayeron en lo mismo: precipitar conclusiones que no habían sido verificadas”, considera Aguirre. 

“Los expertos internacionales dejan su tarea, se le encargó el caso a personas que no tenían la competencia, se toleró que el ejército ocultara información….”, enumera. 

Tanto la Comisión de la Verdad como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron que el ejército se negó en rotundo a dar información de las bitácoras de órdenes y eso que se ha comprobado que algunos de los muchachos pasaron aquella noche por un cuartel militar de la zona. No es la única vez que callan. La Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia también ha denunciado la opacidad del ejército, que le ha cerrado la puerta para investigar los crímenes de Estado contra los movimientos sociales en el último cuarto del siglo XX. 

Barrera, que estudia la concentración de poder y militarización del país, explica que en México “las fuerzas armadas no están dispuestas a ceder en información ni en reconocimiento de responsabilidad. Si el problema de impunidad no fuera tan grande, en un caso como este tan grande se sabría algo más. López Obrador ha cerrado filas con las fuerzas armadas, a las que considera ”su brazo derecho“. Está a punto de salir adelante una reforma a la Constitución que abre las puertas a militarizar cualquier sector del país. 

A la par, desde su rueda de prensa diaria cada mañanera, López Obrador trató de desarticular el movimiento y deslegitimar a las familias, asegurando que están siendo manipuladas por los abogados y las organizaciones de derechos humanos, a los que incluso ha intentado dejar fuera en las reuniones.

El futuro de la lucha

El 1 de octubre se inicia un nuevo sexenio con Sheinbaum a la cabeza. La presidenta electa ya ha adelantado su encuentro con las familias de los 43. “Las familias tienen experiencia. Valoran el gesto, pero saben que, si no se traduce en medidas rápidas, no van a tener resultados”, dice Aguirre. Para Barrera “no hay esperanza en que pronto vayan a dar una respuesta clara a las familias”. 

Los últimos dos años no han sido favorables para esta lucha: se abandonaron las instituciones encargadas de buscar personas desaparecidas e identificar los restos, se manipularon las cifras y se dio poder al ejército. “En este contexto más amplio es difícil que haya esperanza para un caso como este”, dice Aguirre. 

Por ahora, las familias reclaman que se pongan a nuevos responsables al frente del caso, que se traigan a los prófugos, que consigan que el ejército facilite la información que se les ha pedido y que continúen las búsquedas de campo para encontrar los restos, identificarlos y que puedan hacer el duelo. “Hasta que no aparezcan todos, los familiares no van a cejar en su empeño, van a ser siempre una piedra en el zapato, interpelando a cada nueva administración”, dice Aguirre. “Como padres nos motiva seguir encontrando la verdad, la evidencia palpable de qué pasó con ellos. No hay quien nos pare”, avisa Hernández.

A menos de un mes de dejar el Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado sacar adelante su ambiciosa reforma de un poder judicial que consideraba “podrido”. La iniciativa incluye la polémica elección popular de jueces y magistrados y ha llevado a una inédita huelga en el poder judicial y a protestas en las calles. Sus detractores señalan que es el fin de la separación de poderes. 

El partido en el Gobierno, Morena, y sus aliados necesitaban solo un voto extra en el Senado para pasar el texto por mayoría cualificada de dos tercios que exige un cambio en la Constitución. Fue el senador opositor Miguel Ángel Yunes, del PAN, el que ha hecho que la reforma haya podido salir adelante en el Senado tras unas 12 horas de intenso debate, interrumpido por la irrupción de manifestantes en el pleno del recinto, lo que obligó a cambiar de sede.

La semana anterior, los diputados tuvieron que sesionar en una cancha deportiva porque cientos de manifestantes les impidieron acceder al edificio del Congreso. Ha sido la primera tarea de estas nuevas cámaras, que comenzaron sus sesiones en septiembre. Toca ahora que la ratifiquen al menos 17 de los 32 estados que componen el país, mero trámite ante el mapa político de México que quedó tras las últimas elecciones. La presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá por delante la ardua tarea de implementarla sin demasiados referentes internacionales. En Estados Unidos se votan a algunos jueces locales y en Bolivia, desde hace 15 años, se eligen a 26 altos cargos.

Estas son algunas claves para entender la reforma:

Los rifirrafes de AMLO y el poder judicial

“Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas, y hasta bajo consigna de intereses delictivos”, decía hace un año López Obrador durante su quinto informe anual de gobierno, en el que anunció que enviaría al Congreso una reforma del Poder Judicial. 

Durante el sexenio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia del país, han echado para atrás varias reformas del presidente después de que pasaran por el Congreso, donde tenía y sigue teniendo la mayoría. Una de las más sonadas fue la iniciativa para recortar el presupuesto y las funciones del Instituto Nacional Electoral. También anuló el decreto que aseguraba como proyectos de seguridad nacional algunas de sus principales obras de infraestructura como el turístico Tren Maya, en la península de Yucatán, al que se oponían los ecologistas. 

“A la corte ya la perdimos. Siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder pero ahora de manera descarada está al servicio de los potentados, de la oligarquía”, señaló López Obrador durante una de sus ruedas de prensa 'mañaneras', en las que también ha arremetido contra su presidenta, Norma Piña, de quien señala que “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido”. 

Para el analista Fernando Dworak, se trata de una revancha política. “Como cualquier líder personalista, defiende la democracia mientras sus instituciones y procedimientos digan lo que desea escuchar. Si no, los atacará y tiene la autoridad moral para reafirmarse ante una mayoría”, opina.

López Obrador deja el cargo con más del 60% de aprobación según diferentes encuestas y la reforma forma parte de un paquete de 20 medidas para modificar la Constitución y blindar su legado político a su sucesora.  

Jueces a las urnas y jueces sin “rostro”

En el centro de la polémica está la sustitución de la carrera judicial y las oposiciones por el voto directo de los ciudadanos en las urnas. Casi 2.000 jueces, magistrados y los 11 ministros de la Suprema Corte tendrán que concurrir a elecciones, una en 2025 y otra en 2027 para llegar a renovar todos los cargos. Los 11.000 candidatos iniciales tendrán que pasar después la criba de los tres poderes y un sorteo para llegar a la papeleta en la que aparecerán seis por plaza. 

También bajan los requisitos. Apenas será necesaria la licenciatura en Derecho con una media de ocho, cinco años de experiencia y cinco cartas de recomendación de colegas o incluso de vecinos para poder presentarse. Para Maria Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, este perfil no garantiza la impartición de justicia y la imparcialidad. “La curva de aprendizaje es larga, actualmente tenemos un promedio de 15 años de carrera para llegar hasta aquí. Eliminar a quienes ya estamos en funciones y sustituirnos por personas que no tienen la experiencia ni la capacitación técnica en las distintas materias del derecho es un riesgo para la ciudadanía”, señala. 

Además, como la reforma contempla que no podrán recibir financiación ni pública ni privada, muchos temen que el crimen organizado o los partidos políticos financien de manera oculta las campañas y se cuelen de esta manera en el Poder Judicial. “Cuando vamos a un partido de fútbol vemos a la hinchada de los dos equipos pero jamás de los árbitros porque ellos no son algo popular sino necesario”, ejemplifica Molina. “No puede ser que las personas juzgadoras estén más pendientes en conseguir una reelección que en impartir justicia a los grupos más vulnerables, que es fundamentalmente lo que hacemos al resolver amparos”. 

Otro de los aspectos más controvertidos de la reforma es la de los “jueces sin rostro”, con la que pretenden proteger de la violencia con el anonimato a quienes juzgan procesos relacionados con el crimen organizado. Esta idea no es nueva, en 2010 el presidente Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narco, intentó sin éxito introducir esta figura que viene de la Italia de la mafia en los 90 y se ha utilizado en Colombia, Perú y El Salvador. Tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el pasado sobre casos concretos en estos países, denunciando detenciones arbitrarias, torturas y la ausencia de un juicio justo.

Por otra parte, López Obrador siempre ha tenido la austeridad y la lucha contra la corrupción como guías de su política y en esta línea ha incluido reducir los beneficios a los integrantes de la Suprema Corte y un nuevo tribunal disciplinario que investigue las irregularidades a nivel interno cuyos miembros serían elegidos por los otros dos poderes lo que hace que, para Molina, corra el riesgo que quedar al servicio de los intereses políticos. 

Protestas en las calles y una inédita huelga en el poder judicial

“La reforma atenta contra la independencia judicial. No tiene nada que ver la democracia con la imparcialidad. Tienes que escoger a quien proteja tu justicia y no a quien quiera la población”. Isabel Sánchez es abogada y caminaba megáfono en mano gritando consignas junto a un grupo de colegas en una marcha dominical contra la reforma. La propuesta ha sacudido las calles, con varias protestas por semana en distintos escenarios: estudiantes de Derecho en las universidades, el Congreso, el Senado, distintos órganos del poder judicial…

Pero también ha revolucionado los juzgados. Desde el pasado 19 de agosto, miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen paralizados los juzgados, aunque con servicios mínimos, en distintos estados del país. Temen que sus derechos laborales se vean afectados por la reforma. López Obrador calificó de ilegal esta huelga y amagó con dejar de pagar a los que participaran en ella. Los jueces federales y la Suprema Corte se sumaron después a este paro de funciones. 

¿Quién está en contra y quién está a favor?

La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, envió una carta a López Obrador en la que señalaba que podría “socavar la independencia de la judicatura” y que “el acceso a un poder judicial independiente e imparcial es un derecho humano esencial”.

No fue la única. Estados Unidos y Canadá son los principales socios comerciales de México, con los que tiene firmado un tratado de libre comercio que toca revisar en un par de años. Los embajadores de ambos países salieron a dar sendas ruedas de prensa el mismo día para presentar una preocupación común: que la reforma judicial es un riesgo a la democracia y la separación de poderes y que la posible falta de imparcialidad haría peligrar las inversiones extranjeras. Los mercados ya han anticipado también esto y el peso está cayendo frente al dólar. Las cámaras de comercio y empresariales también se han posicionado en contra y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal ha pedido que se investigue su constitucionalidad. 

Además de la mayoría en las cámaras y un fuerte apoyo popular, López Obrador cuenta con dos aliadas en el corazón de la Suprema Corte. Las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz han defendido la reforma a capa y espada. “Observamos un Poder Judicial y una justicia en México que es cara, elitista, que tiene fuertes sesgos racistas, clasistas, sexistas, mucha parcialidad y actos de corrupción”, señaló Batres en un mitin ante cientos de universitarios que se manifestaron a favor de la reforma frente a la sede del máximo tribunal. 

Los problemas de la justicia mexicana

“Está podrido el poder judicial, ya no representa al pueblo”, ha insistido López Obrador. Según el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, casi el 60% de la población no confía en la Justicia. Sin embargo, la reforma no afecta a todo el sistema: el nivel local, la policía y las fiscalías (dependientes del poder ejecutivo) quedan afuera y sobre ellos recae el 80% de los procesos que hay en el país. Es ahí donde los expertos señalan que se dan los mayores casos de corrupción y falta de diligencia, y lo achacan a la escasez de recursos y de preparación. 

Tampoco resuelve la impunidad prácticamente total del país. La falta de acceso a la justicia es otro de sus principales problemas: el 90% de los casos no llegan a los juzgados y, cuando lo hacen, tardan en resolverse entre tres y cinco años. Además, dos de cada cinco personas están en prisión sin sentencia, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario.

La propuesta ha puesto sobre la mesa la necesidad de una transformación, pero muchos dentro y fuera del sistema judicial apuntan a que no es esta. En un ejercicio de autocrítica y como intento de salvación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó el domingo una reforma alternativa y señaló que “la demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende”.

El 11 de enero de 2011, unos hombres armados vestidos de policía local sacaron a Roy Rivera de su casa en Nuevo León, en el norte de México. Tenía entonces 18 años. Su madre, Letty Hidalgo, estaba ahí y desde entonces lo busca sin descanso. Roy es una de las más de 116.000 personas que están desaparecidas en México, el país con la cifra más alta de toda América Latina. A diferencia de las dictaduras del cono sur, en México la gente sigue desapareciendo todos los días. 

Este viernes es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato dejando un mal sabor de boca en familias y colectivos. “Pensamos que era real lo que estaba proponiendo, pero fuimos unas ilusas al creer que realmente tenía una intención seria para terminar con esto”, se lamenta Hidalgo. 

Aunque durante décadas en México desaparecieron disidentes políticos en la llamada Guerra Sucia, la crisis estalló cuando, en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco desplegando al ejército para combatir al crimen organizado y encargarse de la seguridad pública. 

En 2018, López Obrador heredó este problema de sus antecesores. Sin embargo, durante su sexenio es cuando más personas han desaparecido: alrededor de 50.000 según datos oficiales. El próximo 1 de octubre traspasará el poder a Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, con cifra récord de desapariciones, instituciones vacías y el paradigmático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin resolver. 

“Crecen los desaparecidos porque crece la violencia en el país y se mantiene la impunidad. Las desapariciones no vienen solas, son parte de un régimen de violencia donde hay homicidios, violencia sexual, tortura…”, señala Sandra Serrano, directora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México tiene 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y nueve mujeres son asesinadas cada día. Además, nueve de cada 10 delitos permanecen impunes. 

El medio online ¿A dónde van los desaparecidos? busca “investigar patrones para intentar entender cómo ocurren las desapariciones, la crisis de cuerpos sin identificar y la de los hallazgos de las fosas clandestinas”, cuenta Efraín Tzuc, uno de sus reporteros. Nació en 2018 y han seguido paso a paso el sexenio de López Obrador. “Todo empezó muy bien, había mucha expectativa, se empezaron a hacer cosas interesantes y después va todo para atrás. Siento que estamos en el mismo lugar que cuando empezamos. La seguridad pública sigue militarizada y los grupos de crimen organizado siguen controlando regiones enteras y usando la desaparición como mecanismo de control y de castigo sin que nadie haga nada”, resume Tzuc. “El sexenio de López Obrador en tema de desaparecidos fue una simulación. Nada de lo que hicimos en seis años existe ahora”, evalúa con rotundidad Hidalgo.  

50.000 restos sin identificar

López Obrador no solamente heredó una crisis, también un camino hacia su solución. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada fue un triunfo de familias y colectivos, que la impulsaron para sentar los andamios de la búsqueda, investigación e identificación frente a la falta de acción de la Fiscalía. La Ley fue promulgada durante el Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, pero le tocó a López Obrador echarla a andar desde el comienzo. 

Entre sus primeras acciones conformó la Comisión Nacional de Búsqueda, transfirió dinero de la federación para crear comisiones estatales y se reunió con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a los que prometió que se esclarecería el caso y se haría justicia. También creó una Comisión para el Acceso a la Verdad para este caso y otra para la guerra sucia. 

Esperaban disminuir las desapariciones y localizar más personas, pero eso no ocurrió. A esto se le suma una crisis forense sin igual. La Comisión Nacional de Búsqueda estima que hay casi 3.000 fosas clandestinas en el país. Además, hay casi 50.000 restos humanos sin identificar. El Gobierno creó entonces el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde el inicio presentó una gran debilidad institucional y no consiguieron llevar a cabo su misión. “El esfuerzo fue saboteado. El mecanismo no funciona y no es autónomo y creo que terminará desapareciendo”, adelanta Tzuc. El empuje político inicial se fue desinflando con el paso de los años.

Un censo polémico

Con las elecciones en el horizonte, López Obrador cuestionó las cifras y ordenó un nuevo conteo. El Censo de Personas Desaparecidas bajó entonces en 20.000 que, si bien no disminuye la magnitud de la crisis, es un problema para quienes dejan de estar en el registro. La comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, renunció y las familias pusieron el grito en el cielo. “Está falsificado. Mi hijo aparece con cuatro datos de los cuales dos son incorrectos y dicen que no saben si está desaparecido porque no encuentran a la familiar que lo reportó para ratificar que está desaparecido. Es decir, yo. Es una decepción terrible”, lamenta Hidalgo. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada también mostró su preocupación en un informe “porque los datos se están actualizando sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y los estándares internacionales”. 

Tanto la Comisión Nacional de Búsqueda como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fueron perdiendo personal y capacidad de acción. A su vez, las comisiones para la verdad y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba Ayotzinapa comenzaron a arrojar resultados que salpicaban al ejército, tanto obstaculizando las pesquisas como participando. 

López Obrador protegió a sus fuerzas armadas y comenzó a atacar entonces al GIEI y a los abogados de los padres y madres de Ayotzinapa. “Algo se sacudió en cuanto a las desapariciones donde hay Ejército”, dice Tzuc. Y es que nadie ha dado tanto poder al Ejército en México como López Obrador: le encargó la construcción de las principales infraestructuras de su gobierno, les dio el control de puertos y aduanas y creó una nueva policía militar –la Guardia Nacional– para encargarse de la seguridad pública. 

Sin expectativas con Sheinbaum

El pasado 2 de junio, México eligió a su primera presidenta. Claudia Sheinbaum es cofundadora de MORENA junto a López Obrador, con quien ha colaborado durante dos décadas. Desde la elección de candidatos dentro del partido, Sheinbaum ha encarnado la línea continuista. Durante la campaña no hizo propuestas concretas sobre el tema. Por eso, y por su política en la materia mientras fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, no genera demasiadas esperanzas. 

“La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México estaba muy debilitada y más bien puso el énfasis en la fiscalía para controlar los números, que no crecieran como personas desaparecidas sino que entraran como secuestro”, explica Serrano. Misma estrategia que han querido implementar a nivel nacional.  

A Hidalgo la nueva presidenta tampoco le ilusiona. “En lo único que se puede confiar en el tema de desaparecidos es en lo que hacemos las familias, quienes enterramos las uñas en la tierra. Ellos no los encuentran porque no los buscan”, dice. Y no es una metáfora. Ante la falta de diligencia del Estado, en México hay más de cien colectivos que buscan por su cuenta, sacando recursos de debajo de las piedras y dedicándose en cuerpo y alma a ello. Muchas buscadoras (la mayoría son mujeres) desaparecieron mientras ejercían su labor y, desde 2019, al menos nueve fueron asesinadas. Otras buscan durante años y terminan muriendo sin saber qué pasó. Para ellas el nuevo gobierno no cambia nada, seguirán empuñando sus palas y dando la batalla para que el Estado se haga responsable de esta crisis. 

Puente de Alvarado es una de las principales avenidas de Ciudad de México. Una calzada que ya existía en la época prehispánica y, desde hace décadas, uno de los principales lugares para la prostitución en la calle, rodeada de pensiones baratas. Fue allí donde la noche del 30 de septiembre de 2016, un cliente mató a tiros a Paola Buenrostro. Tenía 24 años. La joven había dejado atrás su Chiapas natal rozando la mayoría de edad para ir a la capital del país, una biografía muy común para las mujeres trans en México. Como la mayoría de ellas, expulsadas de sus hogares y ante la discriminación y la falta de oportunidades, ejercía la prostitución en este punto de la ciudad.

Un vídeo recoge los momentos posteriores al asesinato. En él se ve a Paola inconsciente en el asiento del copiloto y se escuchan sirenas de fondo y los gritos desesperados de Kenya Cuevas, compañera y amiga: “Todavía está viva, llamen a una ambulancia”. Minutos después, muere en el lugar. “Paola era una mujer muy empática, solidaria, sensible… convivimos durante ocho años y tejimos una red de apoyo”, recuerda Cuevas en una conversación con elDiario.es. 

El caso estuvo lleno de irregularidades: la identificaron como un hombre y no permitían que sus amigas resolvieran los trámites relacionados con el cuerpo. También se identificó y detuvo al asesino (un guardia de seguridad, exmilitar con licencia para portar armas) pero apenas 48 horas después lo liberaron y desde entonces está prófugo. Cuevas reunió y lideró a sus compañeras y sacaron a Paola con el féretro abierto para cortar una avenida y protestar. 

Su memoria sigue viva gracias a la lucha que ellas han protagonizado desde entonces. A raíz de este caso, Cuevas pasó a convertirse en una destacada activista. Fundó en 2018 la organización por los derechos de las mujeres trans Casa de las Muñecas Tiresias y un año más tarde abrió las puertas de un refugio con el nombre de su amiga. En junio de 2019, la Fiscalía de la ciudad emitió una disculpa pública por la manera en que llevó el caso y reconoció que se trató de un transfeminicidio. Era la primera vez que se utilizaba esta palabra en el ámbito judicial. La legislación que ahora tipifica el transfeminicidio en Ciudad de México lleva también su nombre.

La 'ley Paola Buenrostro'

El pasado 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Paola Buenrostro”, que tipifica el transfeminicidio, que prevé penas de entre 35 y 70 años de prisión. Hasta ahora, este delito caía en un vacío: no contaba dentro de los supuestos de feminicidio (como sí ocurre en Argentina y Colombia), pero tampoco se podía explicar como un delito común, dejando fuera la motivación de odio de género.

Ahora se tienen en cuenta las características propias que tiene la violencia contra las personas trans y la vulnerabilidad de este colectivo. El código penal define que “comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”.

El Centro de Apoyo a las Identidades Trans lleva los datos de la violencia en el país. Entre 2007 y 2022 se cometieron 590 transfeminicidios. Una media de 53 por año. En 2024 ya se cuentan 28 en todo el país. En todo el mundo, México solo es superado por Brasil, según las estadísticas del Transgender Europe, una organización que realiza el mapeo mundial de la violencia contra las personas trans.

Para Cuevas es importante que el transfeminicidio sea un delito específico. “A pesar de que estamos colocadas en el género femenino binario eso no significa que tengamos una casa, esposo, hijos… estos entornos socioculturales que históricamente se han formado. Las mujeres trans se colocan en otros espacios, van creando otro tipo de redes y se encuentran en otras vulnerabilidades más críticas que una mujer cisgénero”, señala.

Junto con organizaciones de la sociedad civil, Temistócles Villanueva, diputado en el Congreso de la ciudad por el partido oficialista Morena –que cuenta con la mayoría en la Cámara– fue el encargado de construir e impulsar esta iniciativa en la cámara desde 2021. Hicieron falta tres intentos hasta que salió con 44 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, un consenso que allana el camino a una nueva sensibilidad al respecto, a pesar de la “transfobia institucionalizada” que Villanueva asegura que hay en México.

“Ningún otro eje de iniciativas ha tenido tantas complicaciones como las relacionadas con las personas trans”, dice a este medio. El tiempo corría en contra: el próximo 1 de septiembre tomarán posesión los nuevos cargos que salieron de las elecciones del 2 de junio y con todo el camino recorrido, consideraban que era importante que saliera en esta legislatura. 

Ciudad de México es el segundo estado de México en tipificar el transfeminicidio después de que lo hiciera Nayarit en marzo. Pero Cuevas dice que van a por más: “Ojalá salga a nivel nacional y a nivel internacional. Es una forma de restaurar los derechos humanos básicos de las personas trans en el mundo. Sería un gran parteaguas [hecho decisivo]”. Villanueva cree que México podría convertirse en punta de lanza en la región, como lo fue hace 20 años al tipificar el feminicidio.

La ley establece varios agravantes: crueldad extrema, tortura o violencia sexual previa, que sea cometido en el contexto del “trabajo sexual” o de que la víctima haya sufrido actos de explotación sexual o trata, que haya amenazas de muerte previas o que haya un vínculo del agresor con la víctima. Otra victoria para el colectivo es que contempla a la “familia social” para actuar en nombre de la víctima y hacer todo el papeleo relacionado con la defunción, ya que muchas son repudiadas por sus familias biológicas.

“Solo el primer paso”

La ley se encuentra de bruces sin embargo con la impunidad que sufre México. Solo cuatro de cada 100 casos que se investigan obtienen una sentencia, según la organización México Evalúa. El de la propia Paola permanece impune. Sin embargo, Cuevas aclara que esto es solo “la punta del iceberg de toda una violencia estructural”. “Hay todo un camino por educación, vivienda, salud, trabajo, identidad que se tiene que construir para evitar estos actos de violencia”, dice.

“Esto es solo el primer paso. De nada sirve si no viene acompañado de un cambio cultural e institucional”, coincide Natalia Lane, otra de las coautoras de la iniciativa. Es activista de la Coalición Laboral Puteril y superviviente de transfeminicidio. En 2022 un cliente intentó asesinarla en un hotel de la ciudad. Le apuñaló en la nuca y la cara. Escapó y activó un directo en Facebook para contar lo que le acababa de pasar. Su caso fue el primero que se investigó como tentativa de feminicidio de una mujer trans. 

Desde 2014, Ciudad de México permite cambiar el género en los documentos (en 2021 lo permite también a los menores desde los 12 años). En esto también es pionera en la región. Lane es oficialmente una mujer para la burocracia desde entonces. A pesar de ello, la defensa del agresor ha interpuesto varios amparos señalando que no debería estar en la Fiscalía de feminicidio, dilatando el proceso. “Las mujeres trans vivimos mucha violencia y revictimización durante el proceso penal. Por eso muchas no denuncian, porque es doloroso y cansado”, asegura. Su caso todavía no ha llegado a juicio. 

En general, Lane está “feliz y contenta” tanto con el texto como por el camino recorrido con compañeras como Cuevas. “Lo importante de esta iniciativa es que recoge los testimonios y las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, que trata de escucharnos”. Sin embargo, para ella, esta ley deja una deuda: ¿qué pasa con la reparación? “No solo desde el punto de vista económico y psicológico, sino de cómo prevenir la violencia contra las mujeres trans en el país”. En este sentido, cree que lograr la inserción laboral de las mujeres trans es fundamental para lograr avances. 

Un lugar de descanso

Un espacio de cemento con azulejos de los colores de la bandera trans y vidrieras llama la atención en el polvoriento panteón de San Lorenzo Tezonco de Iztapalapa, una zona periférica de la Ciudad de México. Es el Mausoleo Tiresias, también fruto de la lucha de estas mujeres que comenzó con la muerte de Paola. 

La mayoría de las mujeres trans mueren abandonadas, solas, en condiciones violentas. Y jóvenes. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la esperanza de vida de las mujeres trans en la región es de apenas 35 años en América Latina.

Por eso, tras acompañar la muerte de su amiga y otros casos similares, Cuevas movió cielo y tierra durante cinco años para conseguir un espacio digno donde tuvieran un lugar en el que, al menos, descansen sus restos, y que lo hagan con el nombre que ellas eligieron. Desde febrero de este año, los de Paola también están ahí. “Vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Nuestra mayor venganza es que seamos felices”, concluye Cuevas.

No se puede entender la política mexicana de inicios del siglo XXI sin hablar de Andrés Manuel López Obrador. Tras las elecciones que han dado una contundente victoria a Claudia Sheinbaum, el nacionalista de 70 años deja la presidencia de México con una popularidad nunca antes vista del 60%, según la media de varias encuestas.

Llegó a la presidencia en 2018 con un ambicioso proyecto de izquierdas que bautizó como la Cuarta Transformación (también conocida como la 4T, que sigue a la Independencia, la Reforma y la Revolución, los tres procesos de cambio que lo antecedieron, según su concepción de la historia mexicana). En su sexenio fijó como prioridad que “por el bien de todos, primero los pobres” y tomó por bandera la “austeridad republicana”, que implicaba poner fin al gasto superfluo al interior de la administración; y la lucha contra la corrupción.

Durante su carrera política ha levantado pasiones y generado controversia: mientras unos lo ven como el líder que ha venido a cambiar el país con su “humanismo mexicano”, para sus detractores, sus políticas públicas lo llevarán al desastre.

También conocido como AMLO, por las siglas de su nombre, o “El Peje” por el pejelagarto, un animal de su natal Tabasco, fue el presidente que vino a sustituir la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el dominio del “humanismo mexicano” representado en el partido que él mismo fundó en 2012: Morena (Movimiento de Regeneración Nacional). 

A la tercera va la vencida

López Obrador se preparó toda su vida para ser presidente y a la tercera fue la vencida. Nació en 1953 en Macuspana, un municipio de Tabasco, hijo de comerciantes. Se trasladó a Ciudad de México para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) y empezó en política como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a mediados de los 70. Aunque llegó para renovar la política mexicana, no hay nadie de su generación que no haya pasado por el PRI. Su primer cargo fue como delegado en Tabasco del Instituto Nacional Indigenista. Durante cinco años se curtió a pie de calle, una experiencia que le sirvió después en campaña. Ya en esos primeros tiempos chocó con algunas facciones y terminó por sumarse a la corriente más izquierdista que acabó fundando en 1989 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una formación socialdemócrata que convenció también a históricos movimientos sociales para ingresar a sus filas. Una de sus figuras clave era Cuahutémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (que nacionalizó el petróleo en 1938) y que perdió las elecciones de 1988 tras un fraude.

Por este partido fue alcalde del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, entre el 2000 y 2005. La capital es clave para la izquierda en México. Desde que la jefatura de Gobierno se escoge democráticamente, siempre ha estado en manos del progresismo. El cargo también se ha utilizado como trampolín para las presidenciales. Lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador y ahora también Sheinbaum, presidenta electa, la primera mujer que ocupará el Palacio Nacional.

AMLO dejó el cargo para presentarse a las presidenciales en 2006. Aquellas elecciones marcarán la historia reciente de México y también la del actual mandatario. El Instituto Nacional Electoral dio por ganador al derechista Felipe Calderón por una diferencia de apenas 236.000 votos. Sin embargo, López Obrador siempre alegó fraude y sacó a la calle, durante 47 días, a miles de simpatizantes, que bloquearon la céntrica avenida Reforma y el Zócalo de la ciudad en un plantón para pedir que se volvieran a contar las papeletas “voto por voto, casilla [urna] por casilla”. Días después de tomar el mando, Calderón declaró su “guerra al narcotráfico” y convirtió el país en una carnicería.

Mientras tanto, AMLO no cejó en su empeño de convertirse en presidente. En 2012, se volvió a presentar por el PRD (serán sus últimas elecciones al frente del partido que él mismo ayudó a fundar) y perdió ante el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.  Ese año se decidió a fundar su propio partido. Y a la tercera fue la vencida: en 2018, arrasó con el 53% de los votos. 

Un sexenio de “mañaneras” y giras

Durante su sexenio como presidente, el día arranca temprano en México. A las 7:00 horas de la mañana, de lunes a viernes a excepción de los festivos, la prensa está convocada en el Palacio Nacional a una conferencia conocida como “la mañanera”, una costumbre que ya inició cuando estuvo al frente del Distrito Federal. En ella, presenta avances de gobierno, marca la agenda del día y responde preguntas. Suelen durar unas dos horas pero la más larga ha superado las tres horas y media.

“Ha sido un instrumento eficaz de control de la agenda y para no entrar de lleno a los temas incómodos como los desaparecidos y el narcotráfico”, apunta Hugo Garciamarín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Pero no sirve a cualquiera, depende mucho del carisma que supone ser López Obrador. No creo que le sirva a Sheinbaum”.  

Sus críticos le achacan estar en permanente campaña. AMLO ha dedicado prácticamente todos los fines de semana a visitar distintos puntos del país. Presume de ser el único mexicano que conoce todos y cada uno de los municipios. Mientras se ha centrado en la política nacional, ha delegado las relaciones internacionales en su canciller. De hecho, sus salidas se pueden contar con los dedos de las manos: a Estados Unidos, una pequeña gira por Centroamérica, una visita a Cuba, otra a Colombia y otra a Chile. 

Sin embargo, Garciamarín considera que “el tiempo le ha jugado en contra” frente a la vehemencia que mostraba en el pasado, tanto por la edad como por los achaques cardíacos. Ya no es el mismo que en 1991, cuando caminó durante 50 días junto a 3.000 personas de Tabasco a Ciudad de México para denunciar un fraude en las elecciones de ese estado. 

Humanismo a la mexicana

“Por el bien de todos, primero los pobres”. Esta es la guía de las políticas de su proyecto de desarrollo al que llama “humanismo mexicano”. “Tenemos la responsabilidad de construir una propuesta posneoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social”, señalaba al inicio de su Gobierno. 

“Fue un cambio dramático en la política social y laboral. Logró cambiar la percepción de que la política social es un derecho, no tanto una asistencia”, señala Irving Rojas, profesor de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Durante su gestión, más de cinco millones de personas salieron de la pobreza. Las becas de estudio y trabajo para jóvenes, así como las ayudas a la discapacidad, han aumentado, y se han reformado las pensiones para la tercera edad. Aunque más de la mitad de la población trabaja en el sector informal, tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la OCDE. Además, ha habido un incremento drástico en el salario mínimo en un 110% , que arrastró al resto de salarios, y las vacaciones han aumentado a 12 días por año.

“Sin embargo, la política social no está llegando a las zonas de más difícil acceso a pesar de la universalización, hay que hacer una corrección ahí”, apunta Rojas. A AMLO se le critica también que hizo desaparecer sin una alternativa funcional el Seguro Popular, que permitía el acceso a la salud a quienes no trabajan formalmente (en México la sanidad no es gratuita y universal, sino que depende del trabajo). Asimismo, eliminó los comedores comunitarios y estancias infantiles porque señalaba que eran fuente de corrupción, y pasó a dar apoyo económico directo a las familias. 

AMLO deja también varias asignaturas pendientes. No consiguió terminar de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (e incluso generó una nueva “verdad histórica” para explicar el caso). En su lucha contra la corrupción y la impunidad, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos terminó condecorado el pasado año a pesar de haber sido detenido por la DEA y extraditado a México acusado de tener vínculos con el crimen organizado. En la lucha contra el narcotráfico también fue muy polémica su decisión de soltar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, capturado por militares para ser extraditado a Estados Unidos, cuando el cartel de Sinaloa reaccionó de manera inmediata sitiando Culiacán y convirtiéndola en zona de guerra. AMLO alegó que lo hizo para evitar más muertes pero muchos lo leyeron como un gesto de debilidad. 

Los principales problemas que afectan a las mujeres en el país también han continuado durante su sexenio, al tiempo que el mandatario mostraba sus reticencias hacia el movimiento feminista. Diez mujeres son asesinadas al día, 27.000 permanecen desaparecidas y la impunidad es prácticamente total.

“Me voy a la chingada”

Mandar a alguien “a la chingada” es una expresión para mostrar disgusto o desaprobación con connotación coloquial, malsonante y políticamente incorrecta. Pero “La chingada” es también el nombre del rancho que AMLO tiene en Palenque, Chiapas. Desde antes incluso de llegar al poder avisó que no ocuparía más cargos públicos y que cambiaría Palacio Nacional por “La Chingada” al terminar su mandato. En México, la Constitución no permite la reelección. 

Garciamarín cree que va a ser un presidente mucho menos presente de lo que se espera, tanto por el cansancio del líder como por la propia cultura política del país: “A los presidentes que intentaron participar de la vida pública después de su cargo no les fue tan bien”. 

Este lunes, el mandatario mexicano ha asegurado que, al entregarle el próximo 1 de octubre la banda presidencial a su sucesora, tendrá la sensación de “misión cumplida”. “Yo me siento muy contento, estamos terminando nuestro mandato, me voy a retirar con muchísima satisfacción, voy a poder decir cuando le entregue la banda (presidencial) a Claudia: misión cumplida”, ha dicho durante su “mañanera”.

Claudia Sheinbaum se convirtió este domingo en la primera presidenta de México al ganar con casi el 60% de los votos –según datos preliminares– los comicios para suceder a Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, de quien aseguró que defenderá el legado de su proyecto, la Cuarta Transformación. No ha habido ninguna sorpresa, ya que durante toda la campaña Sheinbaum, de 62 años, lideró las encuestas de intención de voto. 

La que será presidenta a partir de octubre es una científica militante en la izquierda desde la juventud y con una larga carrera en la política ejecutiva. En el último sexenio, fue jefa del gobierno local de la Ciudad de México, el principal bastión izquierdista del país, hasta que pidió licencia para competir en la elección interna del movimiento Morena para la candidatura a jefe de Estado. Aunque hubo otros aspirantes, como el excanciller Marcelo Ebrard, siempre quedó claro que ella era la favorita de López Obrador, de quien fue estrecha colaboradora; y, dentro de un movimiento tan personalista como Morena, la opinión del máximo mandatario tiene su peso.

El reto para Sheinbaum será mostrar su estilo propio a la hora de gobernar. “Hoy hemos hecho posible la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación y que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República”, ha dicho Sheinbaum tras conocerse los resultados. 

Una física interesada en la energía y con vocación de lucha

Sheinbaum ha compaginado a lo largo de su carrera la ciencia y la política. Nació en Ciudad de México en 1962, en una familia de científicos comunistas judíos. Tenía apenas 6 años cuando ocurrió la masacre estudiantil de Tlatelolco, que dejó unos 300 muertos. Sus padres participaron activamente en las protestas como maestros. Aquella matanza marcará un punto de inflexión para una generación de futuros militantes de izquierdas. 

Estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería y Energía, y es parte de la Academia Mexicana de Ciencias. A la par que estudiaba, formaba parte del Consejo Estudiantil Universitario, que más tarde pasaría a formar parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD, una escisión izquierdista del hegemónico Partido Revolucionario Institucional), y se forjó en la lucha social como líder estudiantil contra las políticas neoliberales que querían mercantilizar la educación.  

Su investigación académica se ha centrado en temas de ahorro energético, sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente, conocimientos que más tarde ha aplicado en cargos administrativos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. De hecho, sus últimos trabajos publicados son de 2020. En 2007 se incorporó al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, año en el que este colectivo recibió el premio nobel de la Paz. 

Tiene dos hijos con su primer marido, un fundador del PRD que ocupó cargos políticos en la ciudad y a quien conoció en las luchas estudiantiles de los años 80 del siglo pasado. En 2023, se casó con un antiguo novio de la Facultad de Física que vivía en España y con quien se reencontró décadas después por Facebook.

Una carrera política de la mano de AMLO

En el vídeo propagandístico de campaña “Claudia”, Sheimbaun cuenta que su primer encuentro de cerca con López Obrador fue en su propia casa, en una reunión de militantes del PRD, cuando él iba a postularse como jefe de gobierno del Distrito Federal en el año 2000. Cuando ganó, la llamó a filas para ser su secretaria de Medio Ambiente. “Me dijo: yo lo que quiero es que disminuyas la contaminación de la ciudad. ¿Sabes cómo hacer eso?”, relata. Así comenzaría una colaboración que llega hasta nuestros días. 

Sheinbaum fue vocera de la campaña de López Obrador en 2006, la primera vez que AMLO opta a la Presidencia de México. Por menos del 1% de los votos, pierden frente a Felipe Calderón (PAN) y pone a Sheinbaum a liderar un equipo para investigar el fraude que denuncian desde el PRD, pero el Instituto Nacional Electoral acaba dando la victoria a Calderón. Después de eso, regresa de lleno a la vida académica y escribe un libro sobre la situación ambiental en la ciudad sin perder de vista a AMLO. 

En 2011, sigue a su mentor del PRD a Morena, que arrancó como movimiento social y terminó convertido en un partido del que ella es también fundadora. Con Morena, se convierte en 2015 en alcaldesa de Tlalpan, una de las 17 delegaciones que conforman la Ciudad de México y en la que vivía desde hacía 30 años. Durante su gestión, fue golpeada por el destructivo sismo del 19 de septiembre de 2017 con un escándalo: un colegio se desplomó dejando 26 fallecidos, 19 de ellos niños y niñas. La directora había construido un segundo piso sin autorización, pero el colegio tenía licencia para operar. Sheinbaum se disculpó públicamente por la tragedia. 

Un año después, con el 47,08% de los votos, Sheinbaum llega de ser jefa de gobierno de la capital del país. Bajo el lema de “Ciudad Innovadora y de Derechos”, Sheinbaum desmanteló el cuerpo de Granaderos (Policía antidisturbios), declaró la alerta de género, aumentó las becas de educación, estableció un amplia red de centros comunitarios y se enfocó en mejorar el transporte público. Sin embargó, un accidente en un tramo elevado de la línea 12 del metro, donde murieron 27 personas, la puso de nuevo en el ojo del huracán.

Al inicio de su mandato, hizo frente al aumento de los homicidios e investigó a mandos policiales. También tuvo que gestionar la pandemia del Coronavirus en una ciudad de 8,8 millones de habitantes, con una elevada tasa de trabajo informal y en la que no se podía permitir ordenar un confinamiento. Consiguió capear todas estas crisis sin grandes alharacas, con aplomo, análisis y negociación. 

“Continuismo con enfoque de género”

El 6 de septiembre del pasado año, Sheinbaum se impuso en un proceso interno como candidata de Morena entre seis aspirantes, a quienes incluyó en su campaña como premio de consolación.

Lideró las encuestas de intención de voto desde el inicio de la campaña, subida al carro de popularidad de AMLO y avalada por su trabajo al frente en la capital del país, trampolín histórico de presidentes como el propio López Obrador, entre otros. “Falta el trámite del 2 de junio”, llegó a decir confiada durante la campaña. 

“De ella podemos esperar un continuismo con enfoque de género. No desborda carisma pero para gobernar importan otras cualidades. Es una mujer disciplinada, tiene temple”, señala la analista política Palmira Tapia. El politólogo y profesor de la UNAM Hugo Garciamarín coincide: “Es una política menos de templete, de discurso, de carisma… y más técnica, más ejecutiva. No va a tener el apoyo multitudinario de AMLO, que con una mañanera calma el descontento de la gente”. 

Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer en presidir México tras imponerse este domingo con entre el 58,3% y el 60,7% de los votos, según los resultados preliminares oficiales. Durante los próximos seis años gobernará el país de 127 millones de habitantes siguiendo las guías de la Cuarta Transformación, el proyecto político de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, que dejará el cargo el próximo 1 de octubre. “Hoy hemos hecho posible la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación y que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República”, ha dicho Sheinbaum tras conocerse los resultados. 

Xóchitl Gálvez, aspirante de la coalición opositora, consiguió entre el 26,6% y 28,6% de los votos y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, al 9,9% y 10,8% de los votos. Todo esto con el 31,07% del escrutinio hasta ahora.

El Congreso de la Unión se renovaba también este domingo. Sheinbaum gobernará con el respaldo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está muy cerca de tenerla también en Senadores. Un éxito rotundo para Morena, que aumenta así distancia con la oposición respecto al sexenio anterior y les permite reformar la Constitución, un pendiente de López Obrador al que bautizó como el “plan C”. 

“Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción, a la voluntad y a nuestro proyecto de nación”, ha dicho serena y conmovida en la primera intervención frente a la prensa tras darse a conocer los resultados, donde señaló que había recibido la llamada de Gálvez felicitándola por su triunfo. “Nuestro deber es y será siempre velar por cada uno de los mexicanos, sin distingos. Aunque muchos mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero”, ha añadido.

Después se desplazó desde su centro de operaciones hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde desde primera hora de la tarde se fueron congregando sus simpatizantes, que pudieron escuchar durante horas música de mariachi en vivo. Marina Salgado era una de ellas. “Vengo a celebrar la democracia que hoy se vive mejor que otros años”, ha señalado. De Sheinbaum espera “que se comprometa a terminar el proyecto de nación que empezó López Obrador”. 

Para él, Sheinbaum tuvo unas palabras: “Desde aquí te decimos: presidente, gracias. Vamos a mantener un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. A garantizar los programas de bienestar a los que nos comprometimos”.

En un video publicado en sus redes sociales donde se le veía de muy buen humor, el mandatario felicitó a todos los candidatos y anticipó que Sheinbaum “va a ser posiblemente la presidenta con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país”. “Estoy contento, orgulloso de ser presidente de un pueblo ejemplar, muy politizado, con vocación democrática”, añadió.

En el Zócalo, Sheinbaum se ha mostrado más enérgica: “Es el triunfo de la revolución de las conciencias y el reconocimiento de nuestro pueblo al mandato de continuar con la transformación de la vida pública de México. Este 2 de junio nuevamente hicimos historia”, ha exclamado ante miles de personas desde un escenario bajo el balcón principal del Palacio Nacional. Este será su residencia y lugar de trabajo, en la misma plaza donde se encuentra el Gobierno de la Ciudad de México que ocupó en los últimos años y donde las proyecciones dan como ganadora a su compañera de partido Clara Brugada, con quien se abrazó en el escenario. Sheinbaum ha nombrado a algunas mujeres de la historia de México: “Están presentes con nosotros Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Matilde Montoya… y también todas las mexicanas anónimas ”, ha enumerado. 

Sheinbaum lideró durante toda la campaña las encuestas al frente de la coalición progresista Sigamos Haciendo Historia, que aglutinaba a su partido, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional, del que es fundadora), al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista. Desde la universidad militó en las filas de la izquierda y hoy se define como “humanista”.  

Resultados tardíos

La jornada registró una participación en torno al 60%, similar a los últimos comicios.  Organizaciones de desaparecidos llamaron a anular su voto poniendo en la papeleta el nombre de alguna de las 100.000 personas que permanecen desaparecidas en el país. 

El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones y cuyo presupuesto se ha visto reducido drásticamente en el sexenio de López Obrador, pospuso tres veces el anuncio del conteo rápido, aumentando la incertidumbre y la tensión a pesar de la contundencia de los resultados en la página oficial donde publican el recuento en tiempo real. Finalmente, pasada la medianoche la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, salió a dar los primeros resultados oficiales. 

Más de 27.000 militares custodiaron los comicios. En Chiapas no se pudieron instalar 73 casillas de votación porque no podían garantizar la seguridad. 2024 fue el proceso más violento de la historia de México con al menos 37 aspirantes asesinados, según la organización Datacívica. Un candidato local de Michoacán fue tiroteado la misma madrugada del domingo y el miércoles, durante su cierre de campaña, el candidato a alcalde de un municipio del estado de Guerrero fue asesinado. Todo quedó grabado. En el video se le puede ver saludando a sus simpatizantes cuando un hombre empuña el arma y le dispara por veces por detrás en la cabeza. 

Los desafíos de la primera mujer presidenta

Sheinbaum ha sostenido en numerosas ocasiones que continuará con el legado de AMLO, con quien ha trabajado estrechamente en el pasado. Frente a un líder muy carismático y personalista, tendrá que mostrar su propio liderazgo, más técnico a juzgar por su propia carrera académica y científica. “Sheinbaum tiene la oportunidad para marcarle su sello propio a su mandato, que tiene que ver con la agenda de energía renovables. Aquí su experiencia como científica genera expectativas amplias sobre lo que podría avanzar el país en ese tema”, apunta la analista política Palmira Tapia. 

Encuentra un país que sigue sumando víctimas por la violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción. También tendrá que lidiar con el nuevo presidente de Estados Unidos, que a finales de año decidirá entre Donald Trump y Joe Biden. “Habrá una relación de respeto mutuo y amistad como hasta ahora y defenderemos a los y las mexicanas que se encuentran del otro lado de la frontera”, prometió Sheinbaum en su discurso. 

“Además, como primera mujer presidenta, tiene el reto de avanzar la agenda de género y demostrar una forma de hacer política diferente a la cultura machista que todavía permea en la política mexicana”, dice Tapia. 

México elige este domingo a su primera presidenta de la historia. Será la encargada de suceder a Andrés Manuel López Obrador, actual jefe de Gobierno y personaje clave en la historia política reciente del país. Por primera vez, el partido se juega entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum, del partido gobernante Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), y Xochitl Gálvez, aspirante de la coalición opositora que aglutina a PRI, PAN y PRD. Todas las encuestas dan como ganadora a la candidata progresista, seguida de Gálvez. Más rezagado está Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano. 

Más de 97 millones de personas tienen lista su credencial para ir a las urnas en unos comicios donde se elegirán también más de 18.000 cargos locales y federales, entre ellos parte de la Cámara de Diputados y de la de Senadores. Se trata del proceso electoral más grande de la historia del país. 

En realidad, la verdadera pugna por la presidencia concluyó en septiembre de 2023, cuando Sheinbaum se impuso al excanciller Marcelo Ebrard en las primarias de Morena para elegir aspirante. Después de seis años con López Obrador en el poder, los principales problemas del país siguen siendo los mismos: la violencia, con más de 30.000 asesinatos cada año; la corrupción, que existe a pesar de la promesa del mandatario de erradicarla; y la pobreza, que se redujo hasta un histórico 36%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Sus detractores, además, denuncian que el Gobierno amplió las cotas de poder del Ejército como nunca antes se había visto. Pese a ello, López Obrador se retira con un apoyo mayoritario que heredará su sucesora.

La Cuarta Transformación

México es un país de partido hegemónico. Durante todo el siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó sin rival. Apenas en el año 2000, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) rompió con la hegemonía priista y logró dos sexenios seguidos en el poder. Tras un breve retorno del PRI, el partido fundado por López Obrador ocupa este espacio de hegemonía. “Sin embargo, el PRI no se destruye, se está transformando… Morena no solo es un partido grande, mayoritario, sin rival… sino que además tiene en sus cuadros a muchos priistas”, dice Hugo Garciamarín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

López Obrador alcanzó la presidencia de México con un objetivo ambicioso: conseguir una renovación completa del Estado. A este proyecto lo bautizó como la Cuarta Transformación, que según su línea del tiempo (a AMLO le encanta apoyarse en la historia para explicar sus políticas), sigue a la Reforma, la Independencia y la Revolución. Pero, en este caso, por la vía pacífica. Su lema es “por el bien de todos, primero los pobres”. Sin embargo, para Garciamarín, “no es tanto una transformación”. “Ha logrado unas modificaciones pero no son estructurales: habla de sacar al PRI e incorpora priistas, dijo que iba a terminar con la militarización y terminó reculando… es un gobierno distinto pero dentro de la misma tradición de los gobiernos anteriores”, dice. 

En todo caso, Morena llega a la recta final de estas elecciones sin rival. Sheinbaum tiene más del 50% de la intención de voto. El PRI ha perdido líderes y militantes (muchos a su favor), el Partido Acción Nacional (el PAN, de Gálvez) ha logrado sobrevivir a duras penas y el PRD, antiguo partido de AMLO, se ha vuelto muy minoritario así como Movimiento Ciudadano, que representa un relevo generacional. 

En todo caso, si Sheinbaum se impone, como todo parece indicar, el proyecto político de López Obrador estará a salvo. Así lo ha defendido ella en numerosas ocasiones. “A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos: vamos a cuidar su legado”, exclamó en el acto de inicio de su campaña. 

Seguridad, la mayor preocupación en un país militarizado

Al menos 32 candidatos han sido asesinados durante la campaña. El último, en el estado de Guerrero, a plena luz del día, durante un acto ante decenas de simpatizantes. Decenas han renunciado a su lista por miedo a sufrir un ataque. La seguridad preocupa al 60% de la población en México, seguida de la economía y la salud, según una encuesta de Statista. No es para menos. Desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico, el país se desangra por la violencia del crimen organizado y la impunidad. Unas de las frases célebres de AMLO ha sido la de “abrazos, no balazos”. 

Aquí se da una paradoja: sus opositores son capaces de acusarle a la vez de tener una posición demasiado laxa hacia el crimen organizado y de haber profundizado como nunca antes en la militarización del país. Lo cierto es que su sexenio es el más violento de la historia, con más de 180.000 asesinados, aunque con una curva que, por primera vez en años, comienza a descender. En México se asesinan a 81 personas al día y más de 100.000 continúan desaparecidas, según cifras oficiales. Sin embargo, esto no ha salpicado a Morena. La oposición, en cuyas filas se encuentran los principales responsables del desborde de la violencia, no tiene capacidad para debatir sobre ello. “La ciudadanía identifica al presidente como un hombre bien intencionado, que tiene buena fe aunque no pudo combatir esto de forma exitosa”, apunta David Saucedo, analista de seguridad. 

Cuando Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006, sacó al Ejército a la calle y lo puso a cumplir funciones de orden público. Esto llevó a numerosas y documentadas violaciones a los derechos humanos. “Que regresen los soldados a los cuarteles”, se cansó de decir AMLO desde 2010. Le dio prioridad en su programa y se puso un plazo de seis meses para llevarlo a cabo como presidente. Pero después, simplemente, “cambió de opinión”. Según Saucedo, “la propia jerarquía militar y los norteamericanos le convencieron de lo contrario”. Durante su sexenio, los militares han conseguido más poder que nunca. Según una investigación de Bloomberg, durante su Gobierno se ha aumentado su presupuesto en un 150%. Empezó creando una nueva policía militar bajo el mando de las fuerzas armadas: la Guardia Nacional, compuesta por 118.000 uniformados que en el 80% de los casos vienen del Ejército y la Marina. 

En su relación con los militares, AMLO les dio tareas más allá de la seguridad pública. Hoy en día controlan las aduanas terrestres y marítimas y todos los aeropuertos del país. También han participado en la construcción de las infraestructuras bandera de su Gobierno, como son el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que sirve a la Ciudad de México, la refinería Olmeca en Tabasco y el turístico Tren Maya, en la península de Yucatán, cuya obra ha sido denunciada hasta la saciedad por ecologistas. 

En este sentido, Sheinbaum propone seguir el camino de AMLO, fortaleciendo la Guardia Nacional creada por su gobierno. Gálvez se ha comprometido a sacar al Ejército de las obras públicas y la seguridad ciudadana para enfocarlo en la lucha contra el crimen organizado. Por su parte, Álvarez Máynez dice que terminaría con la militarización y regularía el mercado de drogas. Pero, para Saucedo, todo esto “son eslóganes de campaña, no hay planes en materia de seguridad con diagnóstico, análisis técnico y jurídico, métricas, presupuesto y propuestas serias”.

La batalla por el Instituto Nacional Electoral

Las protestas contra la reforma del Instituto Nacional Electoral (INE) se han convertido en el principal espacio de la oposición a pie de calle. Miles de personas vestidas de blanco, la gran mayoría de clase alta o media alta. 

El INE es una institución pública autónoma de los tres poderes estatales que está encargada de organizar las elecciones y ser árbitro electoral. Su antecesor, el Instituto Federal Electoral, nació en los 90 con el espíritu de evitar fraudes tras unos controvertidos comicios. Pero dentro de su plan de austeridad republicana, López Obrador considera que el presupuesto del INE es desmesurado y quiere dedicar parte de esos recursos a programas sociales. Además, aquí hay un tema personal. considera que hubo un fraude en su contra en las elecciones presidenciales de 2006 que perdió ante Felipe Calderón por menos de un punto porcentual de diferencia. 

La batalla por el INE arrancó en 2022. Primero se intentó una reforma constitucional que no pasó en el Congreso. Después, el Gobierno creó el “Plan B”, un paquete de reformas a la ley electoral para reducir presupuesto, el 85% del personal y número de oficinas. Tanto el Congreso como el Senado (de mayoría oficialista) lo aprobaron en 2023 y la oposición se echó a las calles para pedir a la Suprema Corte de Justicia que lo considerara inconstitucional. Finalmente, el máximo tribunal echó por tierra el paquete de reformas. 

Según los críticos, estas reformas pretenden minar la capacidad de acción y la independencia de este organismo autónomo. El INE considera que con esta reducción es imposible operar en un país tan grande como México. Y parece que esta batalla está lejos de terminar. 

Cerca de EEUU

Uno de los elementos clave con los que tendrá que lidiar la próxima presidenta será la relación con Estados Unidos. Este año, además, el vecino del norte elige entre Joe Biden y Donald Trump, lo que marcará también el futuro entendimiento entre ambos países. Para Washington hay dos asuntos fundamentales: el control migratorio y el flujo de drogas, especialmente de fentanilo, que llegó a matar a 100.000 personas al año por sobredosis. El primer punto es conflictivo para México, especialmente si se tiene en cuenta su dependencia de las remesas: en 2023, se recibieron más de 63.000 millones de dólares, la inmensa mayoría de mexicanos trabajando en el norte, según datos del Banco de México. Además, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, unas relaciones reguladas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

En relación a la migración, el sexenio de López Obrador vio a México convertirse en el principal socio de Washington para el control de quienes huyen de sus países. La pandemia de COVID-19 desbordó el flujo como nunca antes se había visto y la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Haití, Venezuela, Colombia o Ecuador convirtieron a México en una especie de cuello de botella. Habrá que ver cuál es la línea que marque la próxima presidenta y hasta qué punto sufre las presiones de su vecino del norte. 

Con la elección presidencial convertida en “trámite”, según la propia Sheinbaum, las elecciones del domingo tienen otros intereses: por un lado, saber la composición de la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados buscan una mayoría suficiente para aprobar reformas estructurales y cambios constitucionales. Por otro, los comicios en la Ciudad de México. Históricamente, la capital siempre ha estado gobernada por la izquierda, pero en estas elecciones la oposición confía en convertirla en su trampolín de cara al próximo sexenio. 

El piso de Rolando Espinoza está lleno de cubos. Usa el agua con la que lava la ropa para fregar los suelos, y después ésta para la cisterna del baño. No tiene otra alternativa que reciclar el agua. Desde hace cuatro años, su principal forma de abastecimiento son los camiones cisterna de 20.000 litros que pagan entre los 27 departamentos de su unidad habitacional en Iztapalapa, una de las zonas más populares de la Ciudad de México y también de las más afectadas por la sequía. Espinoza, como muchos vecinos, solo tiene suministro dos veces por semana, durante tres horas. Han tenido tiempos peores, cuando les caía un par de veces al mes y los camiones cisterna no llegaban. Aun así es insuficiente por mucho que la dosifiquen y reutilicen. 

Como cada año en temporada seca de diciembre a abril, la Ciudad de México, una de las urbes más pobladas del mundo, vive al borde del colapso hídrico. En los medios nacionales aparecen a diario noticias relacionadas: desde camiones cisterna de agua custodiados por patrullas para que no la roben hasta vecinos haciendo fila para llenar sus bidones de plástico o cortando las calles para protestar por el desabastecimiento. Casi la mitad de la población de la zona metropolitana no tiene acceso al agua potable y el 20% recibe el agua por tandeo, un porcentaje que podrían alcanzar el 70% para el 2030 si no se corrige esta tendencia. En Xochimilco, en el sur de la ciudad, más de 11.000 hogares ni siquiera tienen conexión a la red de agua potable y sus habitantes bajan a diario de los cerros a las fuentes para cargar en burros su suministro. 

El Día Cero será aquel en que el sistema de gestión hídrica no tenga la capacidad de abastecer de agua a la población. La falta de lluvias provocadas por la emergencia climática, que deja las presas bajo mínimos, la complicada ubicación de Ciudad de México sobre varias lagunas desecadas y la mala gestión aproximan a la urbe a esta fecha. Algunas estimaciones la sitúan en 2028. Otras, en 2050. En ambos casos, las previsiones son alarmantes. “Es evitable pero ninguna de las soluciones son rápidas ni baratas”, señala Roberto Constantino Toto, coordinador de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (Red AgUAM). 

Dos tercios del agua que se distribuye en el valle proviene del subsuelo y el tercio restante se importa por el trasvase de otras cuencas por el sistema Lerma-Cutzamala. Se trata de siete presas que almacenan agua de las lluvias y los ríos. Este agua recorre más de 300 kilómetros de túneles y acueductos (no en su mejor estado), y se bombea para superar más de 1.000 metros de altura hasta llegar a la capital. Esta ingeniería genera una gran huella ecológica. Con la energía que conlleva se podría iluminar Barcelona durante un año. 

Las presas que abastecen la ciudad se encuentran en mínimos históricos, por debajo del 40% de su capacidad, y los pozos y acuíferos también están en déficit por la sobreexplotación y la falta de lluvias. Todas las alcaldías de Ciudad de México, además de 120 de las 125 del Estado de México, presentan sequía severa (un problema que se extiende por todo el país), según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, no es un problema nuevo. “Este país enfrenta sequías prolongadas desde el siglo XIX. Es algo con lo que vivimos pero nos comportamos como si tuviéramos el mismo volumen de agua que Canadá, Rusia o Brasil. Es el momento de un cambio”, remarca Constantino. 

Una ciudad inundada y sedienta

Un pequeño islote en un lago salado fue el lugar en el que los mexicanos decidieron establecer la capital de su imperio en el siglo XIV, la antigua Tenochtitlán, origen de la actual Ciudad de México. Tenochtitlán es uno de los pocos emplazamientos humanos que se fundaron en un espacio sin agua potable. Para compensarlo, sus habitantes disponían de una impresionante ingeniería hídrica. 

Texcoco es uno de los cinco lagos que conforman la cuenca, rodeada de montañas y volcanes, que ahora está cubierta de asfalto. Hoy en día, Ciudad de México es una megaurbe de más de nueve millones de habitantes, pero la mancha urbana sigue mucho más allá. La Zona Metropolitana del Valle de México abarca 3.500 kilómetros cuadrados de tres estados distintos, y por ella se mueven 22 millones de personas, que caminan sus calles cimentadas en esta tierra inestable y sísmica, que se hunde un promedio de nueve centímetros al año.

“Tenochtitlán se construye sin agua potable y, después, siendo totalmente acuática se convierte en una ciudad seca”, apunta Jessica Ramírez, historiadora del Colegio de México. Cuando en 1521 Hernán Cortés llegó, encontró una “ciudad anfibia” que convivía perfectamente con el entorno. Se movían en barcazas por canales entre las chinampas, islotes artificiales hechos para el cultivo, regulaban el nivel del agua por un sistema de presas y traían el agua potable desde tierra firme para sus cerca de 200.000 habitantes. Pero los caballos y el ganado necesitaban espacio. Cada vez fueron secando más canales y talando los bosques. Mala idea para contener las lluvias. La inundación de 1629 mantuvo la ciudad bajo el agua durante cinco años. Desde antes, ya empezaba a gestarse la idea de desecar los lagos por medio de un desagüe artificial que sacara el agua de la ciudad, llamado el tajo de Nochistongo, que ya fue polémico en su momento.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyó otro drenaje y, hoy en día, este agua se bombea fuera del valle. “Al secar el lago se rompió la dinámica ecológica que permitía que hubiera, por ejemplo, más humedad, lo que genera lluvia que se puede colectar. Ya no tenemos ríos en la ciudad”, dice Ramírez. Así es cómo trae el agua de fuera mientras saca su propia agua de dentro. “La paradoja es que la Ciudad de México es una ciudad inundada y una ciudad sedienta”, agrega Ramírez, para quien los problemas actuales de suministro son solo “el final natural de una historia de decisiones que no fueron fáciles de tomar”.

La ecología y la tubería

No hay ningún sistema en el mundo que no tenga pérdidas de agua. El acuerdo de lo que es aceptable ronda el 10-15%, pero lo que se fuga en el valle es similar a lo que se importa del sistema Lerma-Cutzamala. La solución del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador pasa por replicar este modelo y seguir trayendo el agua de afuera, desde otras cuencas en el vecino estado de Hidalgo. Sin embargo, mientras no se arreglen estas tuberías, la estrategia se irá por el desagüe. 

Ante esto, mientras siguen dependiendo del agua importada, muchos apuntan al cielo. “Necesitamos aprovechar el agua que le cae a la ciudad y no se infiltra al acuífero por estar cubierto de asfalto, darle un tratamiento adecuado y construir una visión de reutilización”, señala Constantino, quien apunta a que esto debe hacerse “a gran escala y no como el acto individual del ciudadano que instala en sus propios techos”. 

Isla Urbana es uno de estos proyectos de cosecha de lluvia, granitos de arena con una visión de cambio de paradigma. Desde hace una década, realizan instalaciones en viviendas y escuelas para que la población pueda ir sobrellevando esta crisis del agua. “Necesitamos un pensamiento sistemático que integre la ecología y la tubería”, explica Enrique Lomnitz, director general de Isla Urbana. “Las instituciones de manejo de agua solo miran la infraestructura gris pero el agua no aparece mágicamente en el tubo. La infraestructura verde debe estar en los dos extremos: el agua debe de nacer en un bosque, puede entrar en el tubo que la mueve y la potabiliza y la bombea, y después de salir del sistema se tiene que reintegrar a la naturaleza”. 

Maria Elena Romero tiene 65 años, el pelo negro rizado, grandes gafas de pasta y sostiene un cartel hecho a mano que reza “Presidenta Claudia” en mayúsculas. Es el 1 de marzo y Romero ocupa la primera fila del multitudinario acto de inicio de campaña de la candidata izquierdista Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México. “Ella, como mujer, va a voltear a vernos a nosotras las mujeres. Para mí es un orgullo que una mujer nos gobierne”, señala con devoción. “Tengo claro que no llego yo, ¡llegamos todas! Llegamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas”, clama desde el estrado Sheinbaum.

México tendrá su primera presidenta tras las elecciones previstas para el próximo 1 de junio, pero el país continúa siendo un lugar hostil para las mujeres: diez mujeres son asesinadas al día, 27.000 permanecen desaparecidas y la impunidad es prácticamente total. La llegada al poder en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, por sus siglas, supuso un cambio en el panorama político mexicano. Sin embargo, los principales problemas que afectan a las mujeres continuaron, al tiempo que el mandatario mostraba sus reticencias hacia el movimiento feminista. 

Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” (liderada por Morena, el partido fundado por López Obrador) encabeza todas las encuestas por un amplísimo margen. Le sigue Xóchitl Gálvez, exsenadora y aspirante por la coalición de derechas “Frente Amplio por México”. Muy por detrás de ambas, se encuentra Jorge Alvárez por Movimiento Ciudadano.

En su acto de inicio de campaña, Sheinbaum dedicó un tiempo para enumerar cien compromisos en caso de ganar las elecciones. Entre ellos, un programa para reducir los asesinatos de mujeres y que todos ellos se investiguen como feminicidios. Gálvez, por su parte, apuesta por la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan dedicar más tiempo a su crecimiento profesional y un programa para reformar a los hombres violentos. 

Sin embargo, que la próxima presidenta vaya a ser una mujer no implica que la agenda feminista sea prioritaria en los comicios o en el Gobierno. Así lo considera Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios para las mujeres víctimas de violencia. “Es un tema que sigue estando pendiente. Lo que hace falta es una escucha real y efectiva de quienes estamos en esto y donde la que esté al frente del país renuncie al pacto patriarcal y a los intereses partidistas”, dice.  

Los avances de estos años, como la inconstitucionalidad de prohibir el aborto, la ley de violencia vicaria o la que tipifica los ataques con ácido, no son un medalla del Gobierno, sino que se han producido “gracias al movimiento de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil”, dice Figueroa.

Las que ya no están 

La historia reciente de México viene marcada por la violencia contra las mujeres. A finales del siglo XX, Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, se convirtió en símbolo de los feminicidios. Durante el último sexenio, sucesos como la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, ocurrida en Nuevo León en 2022, o el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020, estremecieron a una opinión pública demasiado acostumbrada a lidiar con la violencia.

Según datos del Gobierno federal, en 2023 se registraron 3.411 asesinatos de mujeres (entre los tipificados como feminicidio y como homicidio doloso). Es decir, casi 10 al día. De las más de 100.000 personas que permanecen desaparecidas en el país, la mayoría desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la denominada “guerra al narcotráfico” en 2006, 27.000 son mujeres. En ambos delitos, la impunidad es prácticamente total, como han denunciado organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional. 

Todos sus nombres no caben sobre las vallas negras que rodean la Glorieta de las Mujeres que Luchan. En 2021, después de sacar de su pedestal la estatua de Cristóbal Colón, activistas feministas se hicieron con este espacio. Su lugar lo ocupa ahora la silueta morada de una mujer con el puño en alto. 

En este contexto de violencia, desapariciones y feminicidios son los temas que más ocupan los carteles en la marcha del 8 de marzo. En 2023, casi 100.000 mujeres avanzaron por la céntrica avenida de Reforma para llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, que alberga el Palacio Nacional y la Catedral, destino de las protestas sociales y el principal espacio de celebraciones políticas, como el inicio de campaña de Sheinbaum. 

Primero “los” pobres

Cuando López Obrador llegó al poder hace seis años, conformó el primer gabinete paritario de la historia de México. Sin embargo, “el movimiento feminista ha sido deslegitimado, perseguido y criminalizado por el Gobierno”, se queja Figueroa. “Yo me considero humanista”, fue la respuesta de AMLO siempre que le preguntaron si se consideraba feminista. Durante estos seis años, el Presidente no ha dejado de señalar al movimiento, especialmente en las principales jornadas de protesta, como las organizadas en defensa del derecho al aborto, contra la violencia machista o el mismo 8M, donde algunos grupos realizan pintadas o destrozos en las calles durante las marchas.

El dirigente las acusa de violentas, de ser utilizadas por sus opositores, de conservadoras, de querer afectar a su gobierno y minimiza su capacidad de convocatoria. Los desencuentros no terminan ahí. También ha defendido a políticos cercanos ante acusaciones de abuso sexual, como el senador Félix Salgado Macedonio, y ha protagonizado declaraciones muy polémicas sobre el supuesto rol natural de las mujeres como cuidadoras. 

En su discurso, López Obrador sitúa la clase por encima del género. Su principal guía es el lema “Primero los pobres”. “Se van a resolver muchas injusticias siempre y cuando se atiendan primero estas desigualdades históricas con base en los últimos gobiernos neoliberales que miraron por sus beneficios. Para él, nuestras desigualdades como mujeres van a desaparecer cuando se abata la pobreza”, señala Palmira Tapia, analista política.  

Para Tapia, Sheinbaum encarna la línea continuista pero con enfoque de género: “Con Claudia veremos políticas más aguerridas. Ella habla de feminismo social dentro de la 4T [la Cuarta Transformación, el plan de reformas promovidos por AMLO]: por el bien de todos primero LAS pobres. Es una diferencia no solo en el discurso sino en la forma de gobierno que podemos esperar”. 

Horas antes de escuchar las promesas de campaña de Sheinbaum, protegida con su gorra del partido bajo el sol implacable de mediodía, Maria Elena Romero ya confiaba en ella: “Espero que todo lo que ella traiga y proponga sea cumplido para que esta transformación no dure ni seis ni doce, que dure muchos años para que mis nietos y bisnietos también lleguen a tener esta gran patria. Quisiera que cuando llegue a la silla presidencial salga a vernos, porque la necesitamos para decirle nuestro sentir como mujeres”.