Con el adelanto de las elecciones al Parlamento de Andalucía, se abre un nuevo proceso electoral que no todo el mundo vive con igual interés. Mientras algunas personas están atentas al debate político, otras asisten con distancia o desafección. De estas últimas, las que siempre me han parecido una especie de oximorón son las que se definen como “apolíticas”. Y casi siempre, tras esa etiqueta, aparece la misma frase: “todos son iguales, ¿para qué votar?”

La afirmación no es nueva, pero sí preocupante. No solo por lo que dice, sino por lo que implica: una renuncia silenciosa a participar en la construcción de lo común. Pero ¿es realmente posible ser apolítico?

Si acudimos al origen de la palabra, “política” proviene del término griego polis, que hacía referencia a la ciudad, a la comunidad. La política, en su sentido más básico, es el arte de gestionar la vida en común, de organizar los asuntos públicos. No se limita a partidos, parlamentos o campañas electorales, atraviesa toda la estructura de nuestra convivencia.

Y aquí surge una constatación difícil de esquivar: prácticamente cada aspecto de nuestra vida está condicionado por decisiones políticas. El precio del transporte que utilizamos a diario, la calidad de la educación que reciben nuestros hijos, los impuestos que pagamos, el salario mínimo, los derechos civiles, las leyes sanitarias… todo ello es resultado de decisiones tomadas en espacios políticos. Entonces, ¿cómo se puede ser realmente apolítico?

Incluso la inacción es una forma de acción. Cuando una persona decide no implicarse, no participar, no está al margen del sistema: está influyendo en el resultado final o, al menos, permitiendo que otros decidan por ella. Decirse apolítico es, en cierto modo, declarar que no nos interesa la sociedad en la que vivimos, que no nos importa el rumbo del mundo que habitamos. Pero esa indiferencia no nos coloca fuera de la política, nos sitúa, más bien, en una posición pasiva dentro de ella. Hasta la indiferencia es política.

En este sentido, resuena con fuerza una cita atribuida a Machado: “si no nos involucramos en la política, alguien más lo hará por nosotros”. Más allá de la literalidad, esta cita encierra una verdad profunda: la política es una actividad de la que resulta muy difícil sustraerse, porque está presente en casi todos los ámbitos de la vida humana.

Ahora bien, muchas de las personas que se declaran apolíticas no lo hacen por desconocimiento del término, sino por desafección. Y es aquí donde aparece la consigna de “todos son iguales”. Esta afirmación, aunque comprensible desde el cansancio o la frustración, no resiste un análisis riguroso.

Una de las formas más claras de desmontarla es observar los hechos. No los discursos, no las promesas, sino las decisiones concretas que se toman en los parlamentos. Cuando los representantes políticos votan, dejan rastro de sus prioridades, de sus valores y del modelo de sociedad que defienden.

Y si miramos con atención, las diferencias son evidentes. Existen posiciones claramente distintas en cuestiones claves como la economía, la sanidad, la educación o los derechos civiles. No es lo mismo un modelo que prioriza la privatización de servicios que otro que apuesta por el fortalecimiento de lo público. No es lo mismo reducir impuestos a determinados sectores que aumentar la inversión en políticas sociales. No es lo mismo ampliar derechos que restringirlos.

Un ejemplo cercano lo encontramos en el ámbito de la sanidad en el Parlamento andaluz. En los últimos años, se han producido votaciones relacionadas con el aumento de conciertos con la sanidad privada para reducir listas de espera. Algunos partidos han defendido estas medidas como una forma eficaz de responder a la demanda asistencial. Otros, en cambio, han advertido del riesgo de debilitar el sistema público al desviar recursos hacia empresas privadas.

Más allá de la valoración que cada cual haga, lo relevante es que no estamos ante decisiones iguales. Las consecuencias de estas políticas afectan directamente a la vida de las personas: a cuánto tiempo esperan para una intervención, a la calidad del servicio que reciben, a la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por eso es importante ser conscientes de qué implica que un político vote en una dirección o en otra. No se trata solo de una opción técnica, sino de una apuesta por un determinado modelo de sociedad, sustentado en unos valores concretos.

Cuando se instala la idea de que “todos son iguales”, se produce un efecto especialmente peligroso: se diluye la responsabilidad individual y colectiva. Si nada cambia, si todo es lo mismo, entonces cualquier opción parece irrelevante. Y en ese terreno fértil crecen fenómenos preocupantes.

La desafección generalizada abre la puerta al populismo autoritario. Una ciudadanía que percibe que la política convencional no ofrece alternativas reales se vuelve más vulnerable a discursos simplistas, a figuras que prometen “romper con todo”, a soluciones rápidas que, en muchos casos, terminan erosionando aún más las instituciones democráticas. La historia reciente, dentro y fuera de nuestras fronteras, ofrece ejemplos suficientes de este riesgo.

Frente a esto, la respuesta no pasa por idealizar la política ni por negar sus fallos. La crítica es necesaria y saludable. Pero una cosa es criticar y otra muy distinta es desentenderse. Participar, informarse, comparar propuestas, analizar decisiones… todo ello forma parte de una ciudadanía activa y responsable.

En un momento como el actual, con unas elecciones adelantadas en el horizonte, quizá la pregunta no sea tanto si los políticos son iguales, sino qué tipo de sociedad queremos construir y qué decisiones contribuyen a ello. Porque, al final, votar no es solo elegir representantes, es posicionarse, aunque sea de forma imperfecta, ante el devenir colectivo.

Y entonces, la cuestión que queda en el aire es inevitable: si sabemos que las decisiones políticas influyen en cada aspecto de nuestra vida, ¿podemos permitirnos realmente ser apolíticos?

Durante décadas, Europa se ha presentado al mundo como algo más que un proyecto económico. Tras la Segunda Guerra Mundial, su propósito fue firme: garantizar que los horrores del nazismo no volvieran a repetirse. Su pacto fundacional como comunidad política apostó por la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana como brújula, la legalidad internacional como cimiento. Esa identidad y ese relato han sido uno de sus mayores activos.

Sin embargo, en los últimos años, y especialmente ante el genocidio en Gaza y el reciente ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, calificado por numerosos juristas como una acción contraria al derecho internacional, muchos ciudadanos se preguntan si Europa ha perdido el alma. O peor aún: si la está entregando voluntariamente.

La comparación con la reacción europea ante la invasión rusa de Ucrania es inevitable. Allí, la respuesta fue inmediata, firme, unánime: defensa de la soberanía, condena rotunda de la agresión, apoyo militar y humanitario sin fisuras. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la misma Europa que proclamó que “la violación del derecho internacional no puede tolerarse” parece ahora atrapada en una equidistancia calculada, casi incómoda, cuando se trata de Gaza o de Irán? ¿Los derechos humanos son universales, o solo cuando coinciden con los intereses geopolíticos del momento?

Los estados actúan guiados por intereses estratégicos, no por principios universales

Muchos analistas señalan que este doble rasero, esta incoherencia aparente no es casual, sino estructural. Yanis Varoufakis ha defendido que la UE está profundamente condicionada por estructuras económicas y geopolíticas que limitan su autonomía real, los estados actúan guiados por intereses estratégicos, no por principios universales. Para el investigador Richard Youngs, Europa intenta ser al mismo tiempo actor geopolítico y referente moral, y no siempre logra compatibilizar ambas dimensiones.

En Ucrania, la defensa de la legalidad internacional coincidía con la necesidad estratégica de contener a Rusia. En Oriente Medio, en cambio, la ecuación es más incómoda: Israel es un aliado clave de Estados Unidos, y Estados Unidos sigue siendo el garante último de la seguridad europea. ¿Puede Europa permitirse contradecir abiertamente a Washington? ¿Puede hacerlo cuando su propia defensa depende, en gran medida, del paraguas militar estadounidense?

Desde la Guerra Fría, Europa ha delegado su seguridad en la OTAN, y la OTAN depende de Estados Unidos. Esa subordinación estratégica tiene un precio: cuando Washington marca el paso, Bruselas rara vez se atreve a desentonar. Y en ese contexto, los derechos humanos, aquellos que Europa prometió defender por encima de todo, quedan relegados a un segundo plano.

También habría que señalar las tensiones existentes a nivel interno, donde los Estados miembros no comparten siempre la misma lectura de los conflictos, y al tener que cumplirse la regla de la unanimidad, significa que los 27 países deben estar de acuerdo para adoptar acciones drásticas como sanciones o embargos. Por ejemplo, mientras algunos países, como España, se resisten a incrementar el presupuesto de defensa, otros presionan para que la Unión Europea (UE) se convierta en una potencia militar de pleno derecho.

Quienes han participado en la definición de políticas de seguridad pasan a formar parte de compañías directamente beneficiadas por el aumento del gasto militar que esas mismas políticas impulsan

A esta ecuación geopolítica se suma un factor no menos importante: el creciente peso del lobby armamentista en la toma de decisiones europeas. No se trata solo de influencia, algunos expertos sostienen que “está redefiniendo el propósito mismo de la Unión Europea”. El miedo a que los conflictos se extiendan al territorio europeo, ha funcionado como un “cheque en blanco” para priorizar el gasto en armamento. Mientras los fondos de cohesión social y transición ecológica sufren reajustes, la UE ha impulsado planes como el EDIP (Programa Europeo de Inversión en Defensa) con presupuestos de miles de millones de euros.

Las puertas giratorias tampoco ayudan a disipar las sospechas. Es habitual que antiguos altos cargos de defensa o seguridad nacional pasen a ocupar puestos de consultoría en empresas como Rheinmetall, Airbus o Leonardo. El Corporate Europe Observatory ha investigado este fenómeno de puertas giratorias y sus informes sostienen que la industria participa activamente en la definición de prioridades, especialmente a través de grupos de expertos y foros consultivos. Quienes han participado en la definición de políticas de seguridad pasan a formar parte de compañías directamente beneficiadas por el aumento del gasto militar que esas mismas políticas impulsan. Por sorprendente que parezca estas prácticas son legales.

No es que el lobby de las armas promueva “más guerras”, como podría pensarse en una interpretación precipitada. Pero sí parece constatarse que lo que busca es un estado de tensión e inseguridad permanente, que justifique inversiones continuas, y mantenga el flujo de contratos.

La comunidad europea sigue siendo un proyecto valioso, tanto por su historia como por los beneficios concretos que ha aportado a sus ciudadanos

La pregunta, por incómoda que sea, merece formularse: ¿qué queda del proyecto europeo si renuncia a los valores que lo fundaron? ¿Puede una comunidad política sostenerse sobre principios que solo se aplican cuando no incomodan a los aliados? ¿Puede Europa seguir presentándose como defensora de los derechos humanos mientras guarda silencio ante violaciones flagrantes?

Y, sin embargo, pese a la decepción y el desencanto, aún hay espacio para la esperanza. Las voces críticas y la presión ciudadana quedaron patentes en las manifestaciones multitudinarias que transcurrieron en muchas ciudades europeas ante el genocidio de Gaza, reclamando también una política exterior coherente, autónoma y fiel a los valores que dieron sentido al proyecto europeo.

También en universidades europeas se han multiplicado las protestas estudiantiles y los manifiestos académicos. Un ejemplo fue la carta firmada por cientos de juristas europeos pidiendo a las instituciones comunitarias que respeten plenamente las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario en relación con el conflicto de Gaza.

La comunidad europea sigue siendo un proyecto valioso, tanto por su historia como por los beneficios concretos que ha aportado a sus ciudadanos. Ha garantizado décadas de paz entre sus miembros y ha construido un espacio amplio de derechos y libertades. Precisamente por eso merece un debate exigente y sosegado. Mantener su cohesión no debería implicar renunciar a la coherencia. Si Europa quiere seguir siendo creíble cuando habla de derecho internacional y de derechos humanos, probablemente tendrá que esforzarse más en aplicar esos principios de forma consistente, incluso en situaciones políticamente incómodas. No será fácil, pero quizás será la única forma de preservar aquello que durante tanto tiempo ha dado sentido al proyecto europeo.

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida que ha encendido el debate público: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa busca proteger la salud mental de los adolescentes y la preocupación no surge de la nada. Cada vez son más los estudios que relacionan el uso excesivo de redes sociales con ansiedad, depresión, problemas de sueño, baja autoestima o descenso del rendimiento académico. El cerebro adolescente, particularmente sensible a la validación social inmediata y al rechazo, responde con intensidad a estímulos como los 'likes', configurando patrones de recompensa que se asemejan a los de otras conductas adictivas.

No es casualidad. No es un efecto colateral. Es un diseño intencional orientado a maximizar el tiempo de permanencia y el lucro desmedido. Las grandes plataformas digitales no son meros espacios de interacción social: son modelos de negocio basados en la extracción de datos y la captura de atención. Cuanto más interactuamos, más información cedemos; cuanto más tiempo permanecemos conectados, mayor es el valor publicitario generado. Esto crea un incentivo perverso: cuanto más compulsivo sea el uso, cuanto más dependiente sea el usuario, mayor será el beneficio económico para estos nuevos 'tecnofeudos'.

Por tanto ¿es razonable exigir autocontrol a adolescentes en un entorno deliberadamente construido para capturar su atención? ¿No sería más lógico cuestionar también las reglas del sistema en el que participan y exigir responsabilidad a corporaciones con una capacidad tecnológica y financiera sin precedentes?

Si un medicamento presenta efectos adversos graves, la agencia reguladora interviene. Si una empresa alimentaria pone en riesgo la salud pública, se imponen sanciones o cierres. Si una compañía automovilística detecta fallos de seguridad, se obliga a retirar vehículos del mercado. Sin embargo, las plataformas digitales actúan con absoluta impunidad, siendo ya evidentes los efectos adversos que genera su modelo de negocio.

Esto no significa que limitar la edad carezca de sentido, aunque la controversia generada resulta llamativa si la comparamos con otras limitaciones de edad que asumimos con naturalidad. Nadie cuestiona seriamente que no se pueda conducir sin licencia, votar antes de cierta edad o comprar alcohol y tabaco siendo menor. Las sociedades establecen restricciones para proteger etapas vulnerables por razones de madurez y seguridad. Pero los límites, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de medidas estructurales. De lo contrario, el riesgo puede ser desplazar el problema en el tiempo, en lugar de resolverlo.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital?

No es suficiente con prohibir, o incluso podría ser contraproducente. Las prohibiciones han tenido históricamente un efecto paradójico: aquello que se veta despierta curiosidad, deseo de transgresión, una sensación de morbo. Además, la discusión se vuelve más compleja cuando observamos que la relación entre redes y salud mental no siempre es unidireccional. Algunos estudios sugieren que situaciones depresivas previas pueden empujar a los adolescentes a refugiarse con mayor intensidad en estos espacios. ¿Estaremos confundiendo causa y consecuencia? ¿Correlación con causalidad? El problema es más complejo de lo que parece y los problemas complejos no se pueden atacar con soluciones simples.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital? Expertos en educación digital insisten en que el problema no se resuelve solo con una ley restrictiva, hace falta implicar a plataformas, familias y educadores. Establecer límites de edad puede ser prudente, pero educar en pensamiento crítico, gestión emocional y uso responsable resulta imprescindible. Exigir responsabilidad a quienes diseñan el ecosistema digital debería ser ineludible. En este contexto surgen nuevos temores: establecer mecanismos de verificación de edad que impliquen ceder aún más datos personales a las mismas corporaciones tecnológicas que se lucran con nuestro malestar, podría ser como vender el alma al diablo.

Paradójicamente, el marco legal europeo ya contiene herramientas regulatorias importantes: la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales, que busca limitar el poder de las grandes plataformas dominantes y equilibrar el ecosistema digital, pero su implementación avanza con lentitud, dando la sensación de que todas estas normativas no se están traduciendo en respuestas firmes que nos hagan presagiar que nuestros entornos digitales son confiables.

Quizás el debate debería ampliarse hacia el fomento de ecosistemas digitales más saludables, en lugar de limitarse a restringir su acceso. Existen alternativas digitales que promueven valores más comunitarios y menos extractivos, como Mastodon, desarrollado por voluntarios, y por la organización sin ánimo de lucro Mastodon gGbmH, aunque rara vez reciben impulso institucional.

Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse

Esto no implica demonizar la tecnología. Las redes sociales ofrecen beneficios evidentes y bien utilizadas son poderosas herramientas: facilitan el aprendizaje, la conexión humana y la participación ciudadana. Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse. La cuestión no es demonizar la tecnología, sino preguntarnos qué modelo digital queremos construir: ¿Queremos entornos digitales diseñados únicamente para maximizar beneficios? ¿Somos conscientes del valor de los datos que cedemos a cambio de interacción? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar el diseño de nuestra vida social en algoritmos cuyo objetivo es retenernos el mayor tiempo posible?

Marta G. Franco, en su libro Las redes son nuestras, recuerda que internet nació como un espacio colectivo y abierto, financiado públicamente y construido por comunidades. Era un espacio común (y puede volver a serlo). Señala como internet fue “expropiada” a través de la extracción de datos personales como modelo de negocio y por la privatización de infraestructuras desarrolladas públicamente. Argumenta que el desarrollo digital es social y político, no solo técnico, e invita a crear redes abiertas, sostenibles y democráticas.

Proteger a los jóvenes no consiste solo en decidir cuándo pueden entrar en el mundo digital. Consiste en preguntarnos qué mundo digital estamos construyendo para ellos. Y esa es una reflexión que no corresponde solo a gobiernos o empresas, sino a toda la sociedad.

El último informe de Oxfam Intermón, Las brechas salariales de las grandes empresas, publicado el 16 de diciembre, vuelve a sacudir conciencias con un dato difícil de digerir: en las grandes empresas españolas, los máximos directivos cobran de media 111 veces más que el salario medio de sus trabajadores. Traducido a tiempo de vida laboral, una persona con un sueldo medio necesitaría más de cien años para ganar lo que su consejero delegado percibe en uno solo. Y lo paradójico es que es una estructura económica perfectamente legal, aceptada y, en muchos casos, celebrada.

La desigualdad salarial dentro de las empresas es un síntoma de cómo distribuimos el poder, el reconocimiento y, en última instancia, la dignidad.

La narrativa que justifica estas diferencias abismales es conocida: los directivos ganan más porque son más productivos, más inteligentes, porque se han esforzado más para llegar ahí, porque han asumido más riesgos en el camino, que deben ser recompensados, y porque desempeñan puestos de más responsabilidad. 

Pero, ¿es un directivo 111 veces más inteligente que una cajera, un operario o una enfermera de empresa? ¿Se ha esforzado 111 veces más? ¿El riesgo que asume y el grado de responsabilidad es 111 veces mayor?

Sabemos es que los salarios de la cúspide están fuertemente ligados al poder de negociación, a los consejos de administración… y a la autorreproducción de élites

No se ha conseguido demostrar empíricamente que los altos ejecutivos aporten decenas o cientos de veces más valor que el conjunto de quienes hacen posible la actividad diaria de la empresa. Lo que sí sabemos es que los salarios de la cúspide están fuertemente ligados al poder de negociación, a los consejos de administración… y a la autorreproducción de élites y que gran parte de las veces, sus mayores riesgos, terminan siendo asumidos por toda la sociedad, reforzando la lógica de que el Estado actúe como garante de la estabilidad, mientras la propiedad privada captura los frutos de la recuperación.

Sirva como ejemplo el rescate de Bankia en 2012: pérdidas financieras masivas cubiertas con dinero público pero obtención de beneficios por parte de los accionistas privados tras el fortalecimiento de la entidad una vez reestructurada. El coste total de apoyo público llegó a cifras muy elevadas, sumando miles de millones en ayudas directas e indirectas, mientras que los gestores de la entidad, que habían impulsado decisiones de fusión y expansión arriesgadas, no asumieron de su bolsillo la totalidad de esas pérdidas.

Lo mismo ocurrió entre 2020 y 2022, cuando el Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para ayudar a grandes compañías en dificultades, por la crisis del COVID-19. Muchas empresas recibieron ayudas públicas cuantiosas, entre ellas Air Europa, Celsa o Técnicas Reunidas. Cuando la economía se recuperó, la gestión siguió en manos privadas y los beneficios posteriores, en muchos casos recuperados o incluso superiores a antes de la pandemia, no fueron socializados.

¿Importa esta desigualdad? Importa, y mucho. Genera desafección, alimenta la sensación de injusticia y debilita la cohesión social. Cuando quienes sostienen la empresa con su trabajo perciben que el reparto de la riqueza es radicalmente asimétrico, la motivación y el compromiso se resienten. A escala social, estas brechas se traducen en mayor desigualdad de oportunidades, menor movilidad social y una percepción extendida de que el sistema está “amañado” a favor de unos pocos.

El informe de Oxfam señala casos especialmente llamativos. En empresas como Prosegur o Inditex, la diferencia entre el salario más alto y el salario medio supera ampliamente las 300 veces

El informe de Oxfam señala casos especialmente llamativos. En empresas como Prosegur o Inditex, la diferencia entre el salario más alto y el salario medio supera ampliamente las 300 veces. El sector financiero destaca de forma sistemática: bancos y grandes corporaciones concentran enormes retribuciones en la alta dirección mientras aplican políticas de contención salarial, externalización y precariedad en la base

¿Y qué opinan los ciudadanos sobre este tema? Estudios de percepción recogidos por plataformas de análisis organizacional como Corporate Rebels, basados en investigaciones académicas previas, muestran que cuando se pregunta a las personas por una ratio salarial ‘justa’, la respuesta suele situarse en ratios de entre 5 y 10 veces, muy por debajo de la desigualdad real existente. La conclusión es clara: la mayoría de la población considera razonable que un directivo gane más, pero no infinitamente más.

El movimiento de la Economía del Bien Común propone en este sentido, que el salario más alto en una organización no sea más de 10 veces el salario más bajo

¿Hay alternativas? Las hay, y no son utópicas. Algunos países han avanzado en transparencia salarial, obligando a las empresas a publicar las ratios entre el salario más alto y el más bajo. La Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea (2023/970), obliga a todos los Estados miembros a reforzar la transparencia en la fijación de salarios, con medidas como exigir que las empresas publiquen rangos salariales en ofertas de empleo y que faciliten información a empleados sobre las escalas salariales en su categoría de trabajo.

Otras propuestas incluyen vincular fiscalmente los incentivos: por ejemplo, que las empresas con ratios salariales extremas paguen más impuestos o pierdan acceso a contratos públicos. También se habla de fortalecer la negociación colectiva, introducir representación de los trabajadores en los consejos de administración, como ocurre en Alemania, y fomentar modelos de empresa con reparto de beneficios más equitativo.

El movimiento de la Economía del Bien Común propone en este sentido, que el salario más alto en una organización no sea más de 10 veces el salario más bajo, aunque estos límites, según argumenta Felber, ideólogo de este movimiento, deben ser el resultado de un consenso colectivo y democrático, y no simplemente una imposición desde arriba.

Oxfam propone límites más amplios, ratios de 1:20, pero entre ambas visiones hay un punto en común fundamental: la riqueza es un producto colectivo, y su reparto no puede ignorar esa realidad sin consecuencias.

Porque la desigualdad salarial no es una ley de la naturaleza, sino el resultado de decisiones políticas y empresariales. El informe de Oxfam Intermón nos recuerda que la pregunta no es si podemos permitirnos reducirla, sino si podemos permitirnos no hacerlo. Porque una sociedad que normaliza que unos pocos ganen en un día lo que otros en toda una vida es una sociedad que, tarde o temprano, acaba pasando factura.

Asistimos, desde hace ya tiempo, a un fenómeno alarmante: cada vez más jóvenes simpatizan con discursos de ultraderecha que idealizan el pasado autoritario de España, llegando incluso a repetir el eslogan de que “con Franco se vivía mejor”. Y lo hacen desde un marco de pensamiento cada vez más conspiranoico, mostrando simpatías por ideas reaccionarias que parecían desterradas tras décadas de democracia. Además, los datos publicados por diferentes estudios señalan que muchos de estos votantes más jóvenes desconfían abiertamente de la ciencia y de los expertos, y adoptan con facilidad relatos paralelos, narrativas alternativas cuidadosamente diseñadas para seducirles.

Este año, al cumplirse 50 años de la muerte del dictador, se han publicado informes donde se señala que muchos jóvenes desconocen aspectos fundamentales del régimen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal los adultos para que adolescentes y veinteañeros se traguen bulos que circulan por las redes sociales, sin ser plenamente conscientes de que una dictadura nunca puede ser un buen sistema para gobernar?

Lo primero que conviene asumir es que la democracia, al contrario que la propaganda autoritaria, no se defiende sola, requiere pedagogía permanente. Las nuevas generaciones han crecido sin ser conscientes de un régimen que anulaba la libertad, perseguía a quien pensaba distinto, convertía el miedo en un modo de gobierno cotidiano, donde la desigualdad económica era persistente, y los avances sociales no eran para todos. Argumentar que “con Franco se vivía mejor” es una falsedad histórica que ignora el coste en derechos humanos, en vidas y en dignidad.

Pero necesitamos enseñar a los jóvenes no solo a decir “esto es falso”, sino a cuestionar de dónde viene, cómo se estructura, qué intereses lo alimentan, qué alternativas existen.

La escuela pública adoctrina, sí, pero siempre será un adoctrinamiento en consonancia a los valores constitucionales construidos entre todos, a base de democracia

La escuela cumple aquí un papel fundamental que ninguna red social, ningún algoritmo y ninguna familia puede suplir: crear ciudadanos con criterio propio basados en la argumentación contrastada y no en los bulos o dogmas de fe.

En un contexto donde la extrema derecha ha entendido mejor que nadie cómo captar la atención juvenil en las redes, donde se viralizan vídeos perfectamente preparados para aparentar argumentos sólidos, donde abundan los mensajes calculados para emocionar y polarizar, la escuela debe ofrecer contrapesos reales.

Escuela pública, universal, laica. La escuela pública adoctrina, sí, pero siempre será un adoctrinamiento en consonancia a los valores constitucionales construidos entre todos, a base de democracia. Con todas sus limitaciones, la posibilidad de crítica, de protesta, de mejora es lo que la hace valiosa.

Y no basta con enseñar contenidos, hay que enseñar a pensar con profundidad, a desmontar falacias, a verificar fuentes, a comprender el significado social de los derechos conquistados, aprender a debatir sin destruir al contrario. Como dice Juan Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar, enseñemos a tener higiene mental, activando el interruptor del pensamiento crítico cuando sea necesario.

Si la escuela no ocupa ese lugar, lo ocuparán TikTok, Instagram o YouTube. Y ya sabemos quién domina en estos terrenos: los que tienden a simplificar, polarizar, los que tratan de convertir la mentira en puro entretenimiento.

Tristemente vivimos una realidad en la que una mentira bien vestida, con argumentos precisos se impone con facilidad a una verdad compleja. Pero una mentira dicha con mucha precisión no se convierte en verdad, sigue siendo una mentira, aunque muy precisa.

Hemos permitido que el espacio digital, donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo, quede prácticamente sin mediación adulta. Allí circulan vídeos que blanquean la figura de Franco o aseguran que en la dictadura había más orden, más seguridad y menos corrupción

El caso argentino es paradigmático. Más allá del juicio político que cada uno tenga sobre Milei, gran parte de su victoria se sustentó en jóvenes recomendando a sus abuelos que le votaran, nietos convenciendo a generaciones anteriores, casi como ejerciendo un rol pedagógico invertido. ¿Cómo se explica esto? En gran parte, porque esos jóvenes llegaban a las sobremesas “armados hasta las cejas” con vídeos, argumentos simplificados pero contundentes, diseñados para cualquier conversación posible. Mientras tanto, los abuelos y padres tenían argumentos más difusos, más complejos o simplemente desactualizados. Las redes no les habían entrenado para el debate exprés. Y así, como sucede también aquí en España, muchos jóvenes empezaron a convertirse en “referentes” dentro de sus propias familias, no necesariamente porque sepan más, sino porque han sido expuestos a cientos de contenidos diseñados para parecer “razonables”, “rebeldes” o “verdaderos”, aunque estén construidos sobre bulos o falacias.

Hemos permitido que el espacio digital, donde los jóvenes pasan gran parte de su tiempo, quede prácticamente sin mediación adulta. Allí circulan vídeos que blanquean la figura de Franco, comparan datos económicos sin contexto, o aseguran que en la dictadura había más orden, más seguridad y menos corrupción. El algoritmo favorece el contenido que extremiza y con carga emocional y la ultraderecha ha sabido adaptarse a ese lenguaje mucho mejor que otras corrientes políticas. Para muchos adultos, TikTok sigue siendo un misterio.

Y los bulos que circulan por internet no son productos de la improvisación, son piezas sentenciadoras y con un lenguaje emocionalmente seductor. Están creadas para que un joven pueda, en una discusión familiar, desplegar una batería de argumentos aparentemente sólidos sobre casi cualquier tema: cambio climático, feminismo, impuestos, inmigración, educación o salud mental.

Quizás el reto no sea censurar a los jóvenes, sino acompañarlos, ayudarles a distinguir entre soluciones reales y simplificaciones imaginativas. No basta con decirles “una dictadura es mala”, hay que explicarles por qué, enseñarles cómo funciona el poder, mostrarles cómo se construye una sociedad plural. Recuperar la memoria histórica no es abrir heridas, sino evitar que se repitan.

No hemos explicado con suficiente claridad que la libertad de expresión, la educación pública, la sanidad universal o el simple hecho de poder elegir a nuestros gobernantes no son regalos caídos del cielo, sino conquistas que pueden perderse.

Y si queremos que las próximas generaciones la defiendan, debemos empezar por demostrar que vale la pena.

Nuestros sistemas de incentivos (económicos, políticos y sociales) parecen, a menudo, diseñados para premiar lo que genera daño. No es cuestión de mala fe individual, sino de un sistema que recompensa, con dinero, fama o poder, las malas prácticas. Se paga, se aplaude o se da visibilidad a aquello que, en teoría, todos deberíamos rechazar.

Pensemos en la salud. Las farmacéuticas obtienen grandes beneficios gracias a suministrar tratamientos crónicos para dolencias como la diabetes, la hipertensión o el colesterol. A esto se ha unido, desde hace unos años, la pastilla para el déficit de vitamina D. Raro es que vayas a hacerte unos análisis de sangre y no te salga carencia de dicha vitamina. Pero lo paradójico es que en una región como Andalucía, con sol a raudales, los sanitarios no te prescriban radiaciones solares, sino cajas de pastillas. El sistema de recompensas está montado de tal modo que mantener una dolencia crónica puede ser más rentable que curarla. La investigación se dirige hacia lo que garantiza ventas a largo plazo, no a lo que previene o cura definitivamente.

En la medicina privada, la lógica es similar: un hospital cobra por cada prueba, por cada visita, por cada intervención. Cuantos más pacientes, más ingresos. ¿Dónde está el incentivo a la prevención, a la educación sanitaria, a la vida saludable? La mayoría de médicos, por supuesto, actúan con ética. El problema no es moral, sino estructural: el sistema premia la enfermedad más que estar sanos.

Y este modelo se ha extendido a casi todos los ámbitos de la vida.

En el periodismo digital un titular engañoso, una declaración incendiaria o un bulo pueden generar millones de visitas, e ingresos publicitarios. En este modelo, la precisión, la serenidad o la verdad no se premia, la viralidad y el sensacionalismo sí.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución

En la política, los discursos moderados, que requieren matices, se pierden en el ruido mediático. En cambio, los mensajes simplistas y emocionales, los que prometen soluciones fáciles, triunfan en las urnas. La radicalidad da visibilidad; la calma, anonimato. En el juego de la confrontación política más carroñera ya sabemos que “cuanto peor, mejor”.

De igual modo, en el mundo de los influencers, los mensajes misóginos, teorías conspirativas o discursos de odio son los que logran fama y dinero, mientras los contenidos educativos, de análisis o más serenos apenas tienen repercusión. El algoritmo de plataformas como TikTok, Instagram o X premia los contenidos que más emociones intensas generan: rabia, miedo o indignación, y cuantos más adictos a las pantallas, más ingresos publicitarios obtienen.

La misma lógica opera en el mundo empresarial, las firmas tecnológicas que despiden a miles de empleados, como Meta, Amazon o Google, vieron sus acciones dispararse tras anunciar recortes. El mensaje implícito es claro: destruir empleo es un signo de éxito financiero.

Y qué decir de la industria alimentaria, los productos ultraprocesados se formulan para maximizar el bliss point, esa proporción perfecta de azúcar, sal y grasa que lo hace irresistible, activando la liberación de dopamina. En otras palabras, que lo hace adictivo, es decir, rentable, pero no porque sea nutritivo o saludable, sino porque fideliza. Nuevamente se constata que la rentabilidad se sustenta en la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, en el malestar ajeno.

La administración pública tampoco se queda atrás. Es notorio que muchos ayuntamientos utilizan las multas con afán recaudatorio, se incentiva aumentar sanciones, no mejorar la circulación o la seguridad vial. Por otro lado, los pluses que reciben algunos empleados públicos por la realización de horas extraordinarias puede ser otro ejemplo de “incentivo perverso”. En muchos países, incluyendo España, una parte del salario que recibe un bombero puede aumentar considerablemente por hacer horas extras durante las emergencias. Dicho de otro modo: si hay incendios, hay más ingresos, si la temporada es tranquila, se cobra menos. Nadie desea incendios, y el trabajo de los bomberos es admirable, heroico, pero el sistema recompensa la emergencia, no la prevención. Las tareas más importantes (limpieza de montes, vigilancia, formación, mantenimiento de cortafuegos...) son las menos reconocidas. La prevención, el esfuerzo silencioso por evitar un fuego no da titulares ni visibilidad, ni se remunera mejor.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución al bien común o a resolver problemas de nuestra sociedad. El compromiso social, que debería ser inherente en una universidad, no da rédito ni reputación.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero

¿Y qué hacer para evitar este círculo vicioso? ¿Cómo habría que proceder para que el éxito económico, político o mediático dependiera de mejorar la vida de la gente y no de aprovechar sus debilidades, de resolver problemas y no de cronificarlos?

Algunos países están experimentando con modelos que premien la prevención, la transparencia o el impacto positivo, en los que, por ejemplo, los sistemas de salud pública bonifiquen a centros que logren reducir las rehospitalizaciones o mejorar la calidad de vida del paciente. En Finlandia y Canadá se experimenta con contratos de “impacto social”: los inversores financian proyectos preventivos, por ejemplo, reducir la obesidad infantil, la pobreza o la exclusión, y sólo cobran si los resultados se consiguen.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero. Ventajas fiscales, créditos más baratos, privilegios en la compra pública, cooperación con universidades públicas en investigación y ayudas directas son ejemplos de lo que podríamos denominar “incentivos virtuosos”.

Necesitamos, por tanto, repensar nuestro modelo de sociedad, redefinir nuestros indicadores de lo que consideramos éxito, alinear nuestros incentivos con el bien común. En definitiva, diseñar sistemas en los que hacer el bien sea lo más rentable. Que curar sea más rentable que mantener enfermos. Que prevenir incendios dé más reconocimiento que apagarlos. Que informar con rigor genere más ingresos que manipular. Que la serenidad y la cooperación sean más virales que el conflicto. 

Que cuanto mejor… mejor.

Durante décadas, los barrios de nuestras ciudades se levantaron no sólo con cemento y ladrillos, sino con el trabajo invisible y tenaz de muchas mujeres. 

Fueron ellas quienes, entre tareas domésticas, escolares y cuidados familiares, levantaron asociaciones de vecinos, pelearon por ambulatorios, guarderías, parques, transportes, centros culturales… No buscaban protagonismo, sino condiciones de vida digna.

En los años 70 y 80, muchas mujeres de los emergentes barrios sevillanos, Parque Alcosa, San Pablo, El Cerro, Pino Montano, La Oliva, San Diego, entre otros, se organizaron para transformar terrenos polvorientos en lugares habitables.

Lo cuenta el documental Ellas en la ciudad, dirigido por la arquitecta Reyes Gallegos, cuya reproducción el pasado 3 de octubre, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, muchos de los que participamos en la I Jornadas Sevilla en Transición: La ecometrópolis que queremos, pudimos, no solo disfrutarlo, sino emocionarnos con testimonios como los de Juani, Maribel o Nati, verdaderas arquitectas de la vida cotidiana. Sus relatos hablan de género, cuidados, urbanismo, educación y luchas políticas y se vuelven imprescindibles para conocer la transformación de nuestras ciudades en los últimos 50 años.

Hoy, cuando la vida urbana parece cada vez más individualista y las luchas vecinales se apagan, conviene recordar que gran parte de lo que damos por hecho: una escuela pública cercana, un centro de salud, una biblioteca o un espacio verde, fue conquistado gracias a esas redes femeninas de reivindicación y solidaridad. Las mujeres no solo fueron las cuidadoras de sus hogares; fueron, sobre todo, las cuidadoras del espacio común.

El trabajo reproductivo, esa suma de tareas domésticas, de acompañamiento, de organización del tiempo ajeno y de sostén emocional, ha sido históricamente despreciado por el sistema productivo. No genera beneficios económicos inmediatos ni figura en las estadísticas del PIB.

Sin embargo, sin ese trabajo invisible, realizado, en gran parte por las mujeres, ninguna sociedad podría sostenerse, la capitalista tampoco. Y cuando esas labores se trasladan del ámbito privado al público, se convierten en una forma de acción política: exigir una escuela no es solo pedir un servicio, sino reclamar un derecho; organizarse para que se construya un parque infantil es crear comunidad.

En esos movimientos vecinales se gestaron no solo mejoras materiales, sino también formas de conciencia colectiva. Las vecinas aprendían a negociar, a redactar comunicados, a hablar en público, a lidiar con conflictos. Se formaban políticamente, aunque no lo llamaran así.

Aprendieron que el bienestar no era una cuestión individual, sino una construcción común. Estas redes feminizaron la política local, introduciendo un modo distinto de hacer: más colaborativo, más horizontal, más atento a las necesidades reales de la vida cotidiana. Sin saberlo, fueron pioneras en lo que ahora desde la academia se estudia como urbanismo feminista o del cuidado, construido este, desde el diálogo, desde la empatía, desde relaciones sin jerarquías, donde se respetan todos los conocimientos, donde se entretejen los espacios, los tiempos, las necesidades, las oportunidades, los sistemas naturales y las personas.

La percepción que tenemos en la actualidad es que estamos perdiendo esa identidad de barrio, ese sentido de pertenencia, esa conciencia de construir comunidad, ya sea para enredarnos en reivindicaciones colectivas o para montar la fiesta del barrio. 

Las razones son múltiples: la precarización laboral ha reducido el tiempo disponible para implicarse en lo colectivo; la fragmentación urbana, la turistificación y la gentrificación convierten a los barrios en espacios de tránsito, devaluando el sentido de pertenencia a los mismos; a esto se suma un cambio cultural profundo abducido por el discurso neoliberal, que nos repite día a día, la consigna de que cada cual es responsable de su propio bienestar.

Como si los cuidados fueran una cuestión privada y no un deber compartido. De esta forma, el trabajo reproductivo vuelve a invisibilizarse, ahora se externaliza o se privatiza. Se paga (y mal) a otras mujeres, muchas de ellas migrantes, para sostener lo que antes se sostenía entre todas.

Recuperar la lucha vecinal significa reconocer que la política no empieza en los parlamentos, sino en las plazas, en los portales, en los grupos de WhatsApp, donde se organiza una recogida solidaria o se denuncia un desahucio. En un momento en que las grandes decisiones parecen lejanas y abstractas, la acción vecinal ofrece una escala humana, tangible, desde la que recuperar la política de lo cotidiano.

Aunque las grandes victorias de antaño parecen lejanas, la huella de aquellas luchas sigue viva en la Sevilla de hoy, a pesar de todos los obstáculos: en el Casco Antiguo, el colectivo Tejiendo Barrio reclama no solo lo que sería un parque, sino un espacio de convivencia, sombra y descanso en un centro histórico saturado por el turismo; en Bellavista o Cerro del Águila, las asociaciones de madres y vecinas llevan años reclamando la construcción de nuevos centros de salud prometidos; en Torreblanca, mujeres del proyecto La Unidad mantienen viva la organización vecinal en uno de los barrios más olvidados. La Asociación Casa del Pumarejo también es un ejemplo relativamente reciente de lucha vecinal por mantener un espacio público, donde se había previsto en el año 2000 un hotel de lujo.

Cuidar, en definitiva, no es solo un gesto íntimo: es una forma de resistencia. Y reconocer el valor político del trabajo reproductivo es el primer paso para reconstruir una ciudadanía activa, empática y comunitaria. En tiempos de fragmentación, cuidar juntas puede ser el acto más revolucionario.

Recientemente, el 10 de septiembre, la propuesta de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España, ha sido rechazada por el Congreso por la negativa manifestada por el PP, Vox y Junts.

Los argumentos esgrimidos repiten, en mayor o menor medida, las mismas consignas que se señalaban a finales del s.XIX, cuando el movimiento obrero protagonizó el 1 de mayo de 1886 la revuelta de Haymarket en Chicago, reivindicando la jornada de 40 horas semanales (de ahí que el 1 de mayo se celebre el día del trabajo): atentado contra la productividad y la competitividad, intromisión excesiva del Estado en la economía, encarecimiento de bienes y servicios, falta de flexibilidad… 

La implementación de estas reivindicaciones, tras la Segunda Guerra Mundial fue produciéndose de forma desigual: en algunos países se adoptó en los años 40-50, en otros en los 70-80, y en varios sigue siendo aún un tema de debate.

En España, la jornada de 40 horas se instauró en los 80 y la patronal de entonces exponía las mismas ideas catastrofistas de hundimiento económico que se argumentan ahora.

Pero lo cierto es que la reducción del tiempo dedicado al trabajo productivo, al igual que sucediera con el incremento del salario mínimo, no ha supuesto ningún cataclismo sino todo lo contrario. En el artículo ¿Trabajar menos para trabajar mejor?, publicado en la revista Alternativas Económicas nº 105, la autora Henar Alvarez, ya citaba en 2022 datos de la OCDE para sostener que trabajar más horas no siempre se traduce en mayor productividad: hay estados que trabajan menos horas y son más productivos.

El artículo menciona varios países que han puesto a prueba jornadas más cortas o semanas de cuatro días, como Islandia, y los resultados muestran que en general la productividad no disminuye, y sin embargo, los beneficios para las personas (salud, bienestar, conciliación) tienden a mejorar. 

La empresa andaluza situada en Jaén, Software DELSOL, también corrobora esta tesis. Fue pionera en implantar la semana laboral de cuatro días en enero de 2020, un modelo que, según sus responsables, ha traído beneficios como una mayor productividad, una reducción del absentismo y una mejora en la conciliación de la vida personal y laboral de sus empleados, sin afectar su salario.

Seguimos anclados en esquemas laborales del siglo pasado y en la trampa de trabajar muchas horas, viviendo poco y no necesariamente rindiendo más

Aun así, en pleno siglo XXI, con avances tecnológicos sin precedentes y una mayor conciencia sobre la salud mental y la sostenibilidad de nuestras vidas, seguimos anclados en esquemas laborales del siglo pasado y en la trampa de trabajar muchas horas, viviendo poco y lo que es más paradójico, no necesariamente rindiendo más.

Y es que las largas jornadas favorecen la fatiga, el estrés y la falta de concentración, manteniendo en muchos sectores una cultura del “presentismo” que confunde la cantidad de trabajo con el buen trabajo.

España destaca además por ser uno de los países europeos con mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Las jornadas partidas, las pausas largas para comer y la falta de flexibilidad dificultan no sólo el cuidado de hijos o personas mayores, sino también la posibilidad de descansar, formarse, o simplemente tener tiempo libre. En España se trabaja más, pero no mejor.

Una consecuencia evidente se refleja en las bajas tasas de natalidad. Los jóvenes retrasan cada vez más la decisión de tener hijos, no porque no quieran, sino porque simplemente se hace insostenible. Pero la conciliación no es un lujo. Es una condición básica para el bienestar, la igualdad y la democracia. Si la gente no tiene tiempo para cuidar, para participar en actividades comunitarias o para descansar, se debilita la salud, el tejido social y aumentan las desigualdades.

En un mundo donde la inteligencia artificial, la automatización y el trabajo digital han revolucionado la producción, cabría esperar que el beneficio de esa eficiencia se tradujera en más tiempo libre. Pero no ha sido así. Sabemos que la tecnología no es neutra y a lo largo de la historia los avances tecnológicos han sido apropiados por las élites económicas, que los han utilizado para incrementar sus beneficios, sin que eso se traduzca de manera automática en mejoras para la mayoría trabajadora. 

Y eso que, como ha documentado ampliamente la economista Mariana Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, detrás de las grandes innovaciones tecnológicas que luego explotan las empresas privadas, suele haber una fuerte inversión pública en investigación, educación e infraestructura y lo peor es que estos beneficios generados no retornan proporcionalmente a la sociedad que los financió, sino que sirven para hacer multimillonarios a unos pocos.

En innovaciones disruptivas como Internet, el GPS, microprocesadores o nanotecnología el Estado ha sido un actor decisivo. Reducir la jornada laboral sería una forma justa de devolver a la sociedad parte de ese progreso

En innovaciones disruptivas como internet, el GPS, los microprocesadores, la nanotecnología, las pantallas táctiles y un largo etcétera, el Estado ha sido un actor decisivo. Reducir la jornada laboral, por tanto, sería una forma justa de devolver a la sociedad parte de ese progreso.

Claro que siempre habrá resistencia, sobre todo a perder privilegios. Algunos sectores empresariales alegan que no podrán asumir el coste de pagar lo mismo por menos horas. Pero esos mismos sectores suelen olvidar que la precariedad, el agotamiento y la falta de conciliación también tienen un coste: rotación de personal, absentismo, desmotivación, y un sistema de cuidados colapsado que termina dependiendo de redes informales o del trabajo no remunerado de las mujeres. 

Es hora de actualizar el contrato social: que el progreso tecnológico y económico se traduzca en tiempo libre, en salud mental y en calidad de vida.

Porque al final, de eso se trata ¿no?

Los medios de comunicación y la cultura popular han jugado un papel clave en la construcción de esta narrativa. Con frecuencia, los jóvenes son retratados desde sus aspectos más conflictivos: actos de rebeldía, indiferencia o comportamientos extremos. En contraste, sus aportes positivos como el activismo, la solidaridad o el compromiso con causas sociales, rara vez ocupan portadas o generan debate público. Esta mirada parcial alimenta la idea de que la juventud está “perdida” o carece de principios.

Lo cierto es que este fenómeno no es exclusivo del presente. A lo largo de la historia, cada nueva generación ha sido blanco de críticas similares. En la antigua Grecia ya se acusaba a los jóvenes de ser irrespetuosos y desafiantes. En la Edad Media, se hablaba de su falta de disciplina. Así, los llamados “bulos generacionales” terminan simplificando en exceso la conducta de toda una generación basándose en estereotipos, no en datos reales o investigaciones objetivas.

Pero la realidad desmiente esa visión. Hoy, miles de jóvenes en todo el mundo lideran movimientos por la justicia climática, la igualdad de género y los derechos humanos. Sirva de ejemplo Greta Thunberg, que ha inspirado a otros muchos jóvenes en su lucha contra el cambio climático. Lo vimos también en España con la catástrofe de la DANA en Valencia y con la Covid.

De igual forma, cada verano, miles de jóvenes dedican su tiempo libre a actividades de voluntariado: colaboran en campamentos para niños, apoyan comedores sociales, limpian playas, cuidan ancianos o viajan a otras regiones y países para participar en proyectos humanitarios. Este fenómeno, cada vez más visible en nuestras comunidades, no solo habla de una juventud comprometida, sino también del enorme potencial que tiene el voluntariado como herramienta educativa, de cohesión social y de transformación personal.

El voluntariado juvenil en verano no solo les permite descubrir realidades distintas a las suyas, sino también desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación y la responsabilidad.

Un estudio reveló que las personas que se enfocan en contribuir a mejorar la vida de los demás tienden a tener menores niveles de estrés y mejor salud física

Ayudar a los demás genera una gran satisfacción personal y un sentimiento de realización. Hay estudios recientes que muestran que comportamientos altruistas (donar, ayudar, tener gestos de bondad) se asocian con mayores niveles de felicidad subjetiva.

Albert Schweitzer, filósofo, médico y músico del siglo pasado, incluso concebía el hecho de servir a los demás como obligación ética. En sus escritos argumentaba que quienes tienen dones o ventajas deben devolver algo a la sociedad, aludiendo que esa responsabilidad de servir es parte del bienestar humano.

Erich Fromm, filósofo humanista, argumentaba que el amor, el dar y la capacidad de preocuparse por otros es esencial para el sentido de la vida y el bienestar. Para él, la felicidad no es un producto de la autoexploración, sino de nuestra capacidad de entregarnos y conectar con los otros. Cuando las personas desarrollan una relación profunda con los demás, experimentan bienestar y felicidad, un sentido de pertenencia y propósito.

De igual forma, un estudio de 2010 de la Universidad de California en Los Ángeles, reveló que las personas que se enfocan en contribuir a mejorar la vida de los demás tienden a tener menores niveles de estrés y mejor salud física. El estudio sugiere que el “dar”, ya sea tiempo, recursos o amor, desencadena la liberación de oxitocina, una hormona que no solo genera sentimientos de placer, sino que también refuerza las conexiones sociales y reduce la ansiedad.

El voluntariado no debe ser visto como una excusa para suplir carencias estructurales, sino como actividades complementarias a las políticas públicas

Históricamente, muchas de las primeras redes de ayuda social fueron promovidas por instituciones religiosas. La dimensión ética y comunitaria de muchas religiones impulsa a sus fieles a ayudar al prójimo como una expresión de su fe. También, las estructuras religiosas suelen tener una presencia territorial amplia, lo que facilita la organización de actividades solidarias.

Sin embargo, aunque este origen es valioso y merece ser reconocido, el voluntariado no se limita al ámbito religioso. Hoy en día existen múltiples organizaciones laicas, asociaciones civiles y plataformas que promueven el voluntariado desde una ética humanista universal. Aunque, ciertamente, lo importante no es la motivación que te lleve a hacer el bien, sino simplemente hacerlo.

Por otro lado, pienso que no debemos renunciar a la lucha por unos derechos y servicios básicos de protección social, garantizados por el Estado. El voluntariado no debe ser visto como una excusa para suplir carencias estructurales, sino como actividades complementarias a las políticas públicas. Así entendido, sería una forma de ciudadanía activa, de participación comunitaria y de corresponsabilidad. 

Y qué mejor sitio para empezar a cultivar esa conciencia social que haciéndolo desde pequeños en los colegios. No se trata solo de formar buenos estudiantes, sino ciudadanos responsables, capaces de ver más allá de sus propios intereses.

Muchas escuelas ya incluyen proyectos de aprendizaje-servicio (una metodología educativa que combina el aprendizaje académico con el compromiso social). En sociedades cada vez más fragmentadas, brindar a los niños y adolescentes la oportunidad de conocer otras realidades, la pobreza, la exclusión, la discapacidad, es una forma de construir puentes, de fomentar la cooperación y sin duda una inversión para un futuro más humano.

Me formé en economía pero con el tiempo me tuve que deformar. Había términos que sonaban en la carrera como el de la competitividad, que se estudiaban como verdades incuestionables. Nuestras economías tenían que ser competitivas, esto es lo que trae bienestar y hace que las sociedades progresen.

El mito de la competitividad, cuando se refiere a la economía, tiene que ver con la idea de que la única forma de mejorar la situación económica de un país o de sus ciudadanos, es siendo “más competitivos” en el mercado global. Si un país puede producir bienes y servicios más baratos, innovar más rápido o atraer más inversión extranjera, automáticamente habrá crecimiento económico, aumentará el empleo y el bienestar de todos.

Con el devenir de los años te das cuenta de que eso es sólo la teoría. En la práctica ser más competitivos se traduce, la mayoría de las veces, en abaratar costes sacrificando los salarios y el empleo. Se adopta, sin más, la creencia de que la competitividad es un fin en sí mismo, cuando en realidad debería ser un medio para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

La competitividad está tan presente en nuestras vidas que, ciertamente, es difícil encontrar una política pública que no se argumente o esté sustentada en base a la premisa de que seremos más competitivos. Valgan estos ejemplos, entre muchos otros, de muestra: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) incluye inversiones en digitalización, innovación y sostenibilidad para modernizar la economía española y mejorar su competitividad; el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 incorpora, como parte de sus actuaciones, el apoyo al emprendimiento digital como base para propiciar una economía más innovadora, dinámica y competitiva; y la Reforma del Sistema de Formación Profesional (2022) tiene como finalidad servir al fortalecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la economía española.

Se degradan las condiciones laborales para ofrecer productos más baratos que no vienen acompañadas siempre de mejores calidades, sino de menores salarios

¿Pero qué tiene de malo ser más competitivos? Indudablemente la competencia no sería nociva si se compitiera con reglas equilibradas, si se manifestara como motivación para ofrecer mejores bienes y servicios, de mejor calidad o más sostenibles.

Nuestro marco teórico dominante entiende que la libre concurrencia de muchos competidores garantiza la satisfacción de nuestras necesidades como sociedad, de una forma equilibrada, retribuyendo según el esfuerzo, el riesgo, el conocimiento y la responsabilidad aportada en el proceso, y con unos precios justos.

Pero en la práctica esto no se suele cumplir. Lo que mayormente observamos, es que esta concurrencia no es tan libre, pues no existe igualdad de oportunidades, empresas fagocitan a otras empresas por conseguir mercados, se degradan las condiciones laborales para ofrecer productos más baratos que no vienen acompañadas siempre de mejores calidades, sino de menores salarios. Ser competitivo en lenguaje neoliberal supone ser más rentable, y al más bajo precio, no al mejor o precio justo.

Lo cierto es que esta motivación termina siendo dañina, pues nos comparamos permanentemente con los demás en el deseo de superarlos y esto genera ansiedad, tensiones, confrontaciones en nuestras relaciones humanas. Implícitamente estamos asumiendo una lucha donde habrá ganadores y perdedores porque si lo llevamos al límite, la competitividad es un juego de suma cero. La competitividad motiva para producir cada vez más, en un afán por acumular y acumular, con el objetivo de satisfacer no las necesidades de muchos, sino la avaricia de unos pocos.

¿Pero la competitividad no está intrínseca en el ser humano? La competencia se da en un contexto de supervivencia y adaptación biológica, donde no hay consideraciones morales o éticas. Cuando extrapolamos las teorías darwinistas de la evolución a la esfera social, surge una discordancia importante, pudiéndose justificar la desigualdad, la discriminación o la falta de apoyo a los más vulnerables. Aunque, gracias a Kropotkin, coetáneo de Darwin, geógrafo, naturalista y pensador político, sabemos que la cooperación y la ayuda recíproca son prácticas comunes y esenciales en la naturaleza humana. La cooperación no es sólo una visión ética, solidaria y filosófica de la vida, es también una forma de desarrollo humano. Pero por razones políticas hemos asumido que la cooperación no forma parte de la evolución.

En ambientes competitivos nos termina motivando el miedo: el miedo a perder un empleo, a quedarnos sin recursos, a perder nuestra vivienda, a quedarnos sin pensión, a que nos destruyan como empresa…

La motivación por cooperación es mucho más enriquecedora, genera círculos virtuosos en nuestras relaciones con los demás, menos dañinas, porque es un juego donde se trata de que ganen todos, teniendo en cuenta y evaluando las consecuencias de nuestras decisiones. En general nos sentimos mejor en ambientes de ayuda mutua, empáticos, donde se tiene en cuenta la situación del otro, cuando nos sentimos partícipes en proyectos comunes.

En ambientes competitivos nos termina motivando el miedo: el miedo a perder un empleo, a quedarnos sin recursos, a perder nuestra vivienda, a quedarnos sin pensión, a que nos destruyan como empresa…

¿Y qué dicen los últimos estudios? Los avances en neurobiología constatan que el desarrollo evolutivo tiene mucho que ver con la cooperación, no por una cuestión buenista, sino porque cooperando nos adaptamos mejor a nuestro medio y sobrevivimos mejor, es un acto en definitiva más inteligente. Y según la filósofa Adela Cortina, “más que nacer para competir estamos más predestinados a cuidar y cooperar. Sin embargo, siendo esto más bien una elección, nuestra sociedad y nuestras instituciones nos motivan más a la competitividad que a la cooperación”.

Por tanto, la competencia es una posibilidad que nos permiten nuestros genes, pero éstos no nos obligan a nada.

Ya sólo quedaría añadir un buen fin que motive nuestra cooperación.

Recientemente se ha celebrado en Sevilla la cuarta conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo. Una cumbre internacional que ha reunido a unos setenta jefes de Estado y de Gobierno, y donde se ha adoptado un compromiso para aliviar la deuda, la emergencia climática y los recortes en cooperación.

Aunque la sensación general de la mayoría de los allí presentes, una vez clausurada la cumbre, ha sido de optimismo, una se pregunta, si la hoja de ruta aprobada, a la que se le ha llamado “Compromiso Sevilla” con medidas concretas como: creación de una Convención marco sobre fiscalidad, iniciativa para incrementar los impuestos a los superricos, o una tasa para la aviación privada, entre otras, puede tener credibilidad, sin la aprobación de las dos grandes potencias ausentes, China y EEUU.

Pero es que aun si hubieran asistido estas superpotencias, una se sigue preguntando, por qué esta cumbre iba a ser diferente a todas las cumbres internacionales que se llevan celebrando desde hace muchos años, y donde las buenas intenciones y la adopción de medidas para abordar los desafíos que tenemos como sociedad, quedan en un absoluto papel mojado sin mecanismos claros de seguimiento ni sanciones en caso de incumplimiento.

Por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo se lleva hablando de la erradicación de la pobreza en las cumbres internacionales y aún no hemos cumplido con este desafío? Desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), pasando por la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, donde se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y terminando en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, donde se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la pobreza ha sido un tema recurrente.

Un informe de la ONU indica que solo el 17% de las metas de los ODS están avanzando, mientras que la mitad muestra un progreso mínimo o moderado y más de un tercio está estancado o retrocediendo.

El mismo Stiglitz (Premio Nobel de Economía), en relación a la cumbre de Sevilla, ha criticado la falta de avances concretos y la reiteración de declaraciones vacías de contenido, destacando la necesidad de medidas vinculantes y efectivas para combatir la pobreza y la desigualdad. Además de poner de manifiesto las limitaciones de las instituciones financieras internacionales y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas.

28 Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático se llevan celebrando, desde la primera en 1995 en Berlín, hasta la más reciente en Dubái en 2023. En la tercera se adoptó el protocolo de Kioto (1997), un acuerdo legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Resultado: las emisiones de efecto invernadero no han dejado de aumentar a nivel global.

¿Pero qué vamos a esperar de estas cumbres centradas en el cambio climático, si están sustentadas en un sistema económico capitalista que le ha declarado la guerra al medio ambiente, a las personas y hasta a la propia economía?

Tras décadas de encuentros, acuerdos y promesas, muchas de estas cumbres parecen estar lejos de cumplir con sus objetivos, generando una sensación de frustración y escepticismo en la población mundial, y es que, como de costumbre, la parte principalmente afectada, la sociedad civil, sigue siendo la gran ausente. Y por tanto, como ha declarado Carlos Botella desde Oxfam Intermón, el Compromiso de Sevilla “no cumple con las expectativas de la sociedad civil ni con el nivel de ambición para resolver los problemas globales”.

La sensación generalizada en la población es que estas cumbres son más un acto simbólico que una verdadera oportunidad para impulsar cambios profundos. Se genera desconfianza y desafección hacia las instituciones internacionales y los líderes políticos, quienes parecen priorizar la imagen y los intereses de sus países o corporaciones, por encima del bienestar colectivo. La falta de transparencia y de rendición de cuentas en estos procesos alimenta la percepción de que las cumbres son solo una fachada para mantener el statu quo.

Las crisis económicas, los conflictos, las desigualdades sociales, la falta de una voluntad política decidida, la complejidad de los problemas, entre otros factores, pueden dificultar la implementación de las agendas de desarrollo sostenible y afectar el cumplimiento de los objetivos de las cumbres pero, sin duda, la organización de estas cumbres debe priorizar desde sus inicios, la participación popular y de los movimientos sociales, incorporando las voces de las comunidades afectadas, garantizando, de esta forma, que los acuerdos respondan a las necesidades reales y no solo a los intereses de las élites.

A pesar de los pesares, con una temperatura ambiental de más de 40 grados, la sociedad civil, se hizo notar en Sevilla a través de la manifestación desarrollada el domingo 29 de junio, previa a la cumbre. El Foro Social y Foro Feminista reclamaron justicia económica mundial para acabar con la deuda que asfixia al Sur Global, mediante el cambio de la política de préstamos y la implantación de una fiscalidad progresiva.

Pero también esta manifestación condenó firmemente el genocidio que se sigue cometiendo en Palestina, otra de las grandes ausentes de esta cumbre.

En la vida cotidiana, nos exponemos a situaciones en las que tomamos decisiones que reflejan, en cierta manera, nuestros valores y convicciones. Sin embargo, la presencia de una autoridad o la presión social pueden hacer que, en determinados momentos, actuemos en contra de lo que realmente creemos.

Este fenómeno ha sido objeto de estudio en la psicología y ha revelado sorprendentes aspectos de la naturaleza humana: nuestra tendencia a ceder ante la autoridad, incluso cuando ello implica violar nuestras propias convicciones morales.

Uno de los estudios más relevantes sobre este tema, es el experimento que desarrolló el psicólogo Stanley Milgram, en la década de 1960. Milgram buscaba entender cómo personas comunes podían cometer actos atroces bajo la influencia de una autoridad. En su experimento, los participantes, que creían estar colaborando en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje, debían administrar descargas eléctricas a otra persona (que en realidad era un actor) cada vez que respondía incorrectamente. Aunque muchos mostraron signos de incomodidad, lo impactante es que muchos de los participantes (un 65%) continuaron administrando las descargas, incluso cuando parecían estar en evidente malestar, solo porque la autoridad del investigador les decía que siguieran.

La historia está llena de ejemplos donde individuos, en presencia de una autoridad, han cometido acciones que van en contra de sus principios. Uno de los casos más conocidos es el de los soldados pertenecientes al ejército nazi durante el Holocausto. Muchos de ellos, en su vida cotidiana, eran personas normales con valores y creencias nobles, pero en el contexto de la maquinaria nazi y bajo órdenes superiores, participaron en actos deleznables. La obediencia a la autoridad, en este caso, fue un factor determinante para que muchos justificaran acciones que, en otro contexto, habrían rechazado rotundamente.

En las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, muchos soldados y oficiales justificaron torturas y desapariciones argumentando que estaban cumpliendo órdenes superiores. La presión institucional y la jerarquía militar crearon un entorno donde actuar en contra de sus propias creencias morales parecía la única opción para mantener su posición o por miedo a las consecuencias.

Una conclusión a la que se llegó en este experimento de Milgram fue que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, y por tanto se produce una disminución de la obediencia.

En este mismo sentido, la periodista Hannah Arendt utilizaba el término “banalización del mal” para referirse a la idea de que personas comunes pueden realizar acciones terribles sin reflexionar sobre las consecuencias morales de sus actos, reduciéndolas a meros procedimientos burocráticos o tareas a cumplir. Arendt usó este término para describir cómo personas aparentemente normales, como Adolf Eichmann (funcionario del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, considerado un criminal de guerra), pudieron participar en el exterminio de millones de personas sin cuestionar la naturaleza de su trabajo.

Una de las conclusiones del experimento de Milgram fue que las personas obedecían más cuanto menos hubieran contactado con la víctima y cuanto más lejos se hallaran físicamente de ésta.

Aquí podríamos señalar que nuestra sociedad y la forma en que tenemos de organizarnos y de tomar decisiones y aplicarlas suele incurrir en lo que podríamos denominar trampas cognitivas. Una de ellas es que muchas de las decisiones que nos afectan suelen tomarse a muchos kilómetros de distancia, por personas en sus despachos, ajenas a nuestros contextos. Otra es que la aplicación de las decisiones que se toman en esos despachos alejados se lleva a cabo por personas diferentes a quienes las tomaron, con lo cual no se sienten responsables de sus actuaciones.

Otra conclusión a la que se llegó en este experimento de Milgram fue que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, y por tanto se produce una disminución de la obediencia.

La importancia de la educación quedó bien reflejada en la película El lector. La película explora cómo la educación, o la falta de ella, afecta a la moralidad y la responsabilidad individual. El analfabetismo de Hanna (protagonista de la película) y su incapacidad para acceder a la información y a la conciencia crítica la llevan a seguir órdenes sin cuestionar su moralidad, incluso cuando estas son terriblemente inhumanas. Invita a reflexionar sobre lo relevante de la educación en la construcción de una sociedad más justa y consciente.

Afortunadamente, también la historia nos ha legado ejemplos de desobediencia a la autoridad por motivos éticos

Pero el experimento de Milgram no solo demostró la poderosa influencia de la autoridad, sino también la capacidad de las personas para desobedecer cuando la situación entra en conflicto con sus valores o creencias personales. Un 35% se negaron a continuar antes de llegar al final del experimento, bien por empatía, compasión, sentido de la responsabilidad, dudas sobre la legitimidad de la autoridad…

Y afortunadamente, también la historia nos ha legado ejemplos de desobediencia a la autoridad por motivos éticos.

Oskar Schindler, a pesar de ser miembro del Partido Nazi, desobedeció órdenes y salvó a más de 1.000 judíos empleándolos en su fábrica para evitar que fueran deportados a campos de concentración. En 1993 Steven Spielberg dirigió una película sobre su vida.

En España, se han dado casos de policías y bomberos que se han negado a participar en desahucios por motivos éticos. Estos profesionales, enfrentados a la contradicción entre cumplir con su deber y la posible vulneración de derechos fundamentales, han optado por la objeción de conciencia en situaciones específicas.

Llegados hasta aquí, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿la obediencia ciega a una autoridad, sabiendo que estás cometiendo actos atroces, puede justificar la exoneración de tu responsabilidad individual?

¿Alguien puede imaginarse el grado de sufrimiento que se debe sentir si un día vas a tu trabajo y acto seguido te entregan a tus hijos carbonizados?

Como madre de tres hijos que soy, me quedé paralizada al conocer la noticia de la pediatra gazatí, que recientemente ha perdido 9 de sus 10 hijos, además de a su marido, Hamdi al Najjar, como consecuencia de un ataque aéreo israelí, mientras trabajaba en un hospital salvando vidas.

Aunque se desconoce el número exacto, según informes de organizaciones humanitarias, el estado de Israel ha exterminado ya a más de 54 000 palestinos en Gaza, la mayor parte civiles, mujeres y niños. Entre los muertos se cuentan alrededor de 500 trabajadores sanitarios, 310 trabajadores de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) y más de 220 periodistas. La infraestructura básica: hospitales, escuelas, sistemas de agua y electricidad ha sido destruida o severamente dañada.

Y no son cantidades, ni meros números, son personas a las que se les ha arrebatado la dignidad, las ilusiones, la esperanza, además de la vida. La violencia no solo mata cuerpos, sino que aniquila identidades, borra memorias y siembra miedo en las entrañas de toda una comunidad.

Si el genecidio se define como “la destrucción intencionada, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso” lo que está ocurriendo en Gaza, es un genocidio. La persecución y exterminio de judíos y otros grupos por parte del régimen nazi fue también un genocidio.

La escalada actual no puede entenderse solo como un enfrentamiento entre dos partes. Es también una consecuencia de la complicidad y la inacción de las instituciones internacionales y los gobiernos

La historia del pueblo palestino está llena de desplazamientos, resistencias y fracasos diplomáticos. La creación del Estado de Israel en 1948, las guerras posteriores, la ocupación de territorios y el bloqueo de Gaza han alimentado un ciclo de violencia que parece no tener fin. Pero la escalada actual no puede entenderse solo como un enfrentamiento entre dos partes. Es también una consecuencia de la complicidad y la inacción de las instituciones internacionales y los gobiernos que, en lugar de proteger a los civiles, han optado por políticas de doble rasero, silencio cómplice o apoyo tácito a las acciones militares.

La impunidad y la falta de una presión real para detener los crímenes de guerra han alimentado la percepción de que Gaza es un territorio olvidado, donde la vida de sus habitantes no importa. Y cuando despojas a un pueblo de su dignidad, ya sólo ves un territorio lleno de escombros, candidato a convertirse en un resort de vacaciones con sus casinos y sus hoteles.

Los testimonios son desgarradores. El representante del Estado de Palestina ante la ONU, Ryad Mansour, rompió literalmente a llorar durante su reciente intervención: “Es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror?”

La doctora Tanya Haj-Hassan, especialista en cuidados intensivos pediátricos, que durante la última década ha viajado múltiples veces a Gaza a enseñar medicina, se expresó en estos términos: “Pasen solo cinco minutos en un hospital allí y les quedará dolorosamente claro que los palestinos están siendo intencionalmente masacrados, matados de hambre y despojados de todo lo necesario para sustentar la vida”.

“Gaza se ha convertido en algo peor que el infierno en la Tierra” son palabras de la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric.

“Israel está convirtiendo Gaza, sin descanso ni piedad, en un infierno de muerte y destrucción”, afirmaba Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

“En Gaza nos precipitamos al abismo”, declaraciones de Médicos sin Fronteras.

Ante un escenario tan desgarrador y que muchos describen como un infierno, la pregunta que inevitablemente nos acecha, si aún nos quedan dosis de humanidad es: ¿qué podemos hacer como ciudadanos y como sociedad global para detener esta barbarie?

Desde nuestros modestos altavoces podemos denunciar y visibilizar la gravedad del genocidio utilizando redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos para denunciar claramente que se trata de un genocidio, no solo de un conflicto

Desde nuestros modestos altavoces podemos denunciar y visibilizar la gravedad del genocidio utilizando redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos para denunciar claramente que se trata de un genocidio, no solo de un conflicto. La conciencia global puede impulsar una respuesta más firme.

Realizar un boicot a las empresas que operan en países cuyos gobiernos se comportan como terroristas puede ser una estrategia ética y efectiva para promover cambios positivos en la comunidad internacional, sobre todo si son empresas que suministran armas de destrucción masiva.

Participar en movilizaciones y protestas pacíficas y manifestarse contra este genocidio no es politizarse, es cuestión de humanidad. Si te preocupa el mundo en el que vives, no sólo ya por tí, sino por lo que le ocurra a tus seres queridos, entonces es que te interesa la política, en su sentido más noble: “la dedicación a los asuntos públicos con el fin de servir al bien común, buscando el bienestar de la sociedad y la justicia social”.

Si osas manifestarte en contra de este genocidio no eres un antisemita. Esto no va de izquierdas, derechas, centros, ni radicalismos que valgan, esto va de compasión, de dignidad y de humanidad. Da igual las creencias desde donde te manifiestes. En este sentido diría que el fin no justifica los medios pero sí las motivaciones de las que uno se dote.

Aunque la impotencia puede ser abrumadora, cada acción, por pequeña que parezca, suma en la lucha por detener un genocidio y proteger a las víctimas. La comunidad internacional y los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar, y nuestra voz puede ser un catalizador para ese cambio.

En La voz del Oráculo (2025), la historietista sueca Liv Strömquist analiza la obsesión de nuestra sociedad por la felicidad, el bienestar personal y el excesivo culto al “yo” que impera en nuestra cultura, dominada por gurús de las redes sociales.

El oráculo representaba, en la antigua Grecia, la respuesta que una deidad daba a una consulta personal, referida generalmente al futuro, a través de un intermediario y en un lugar sagrado. El oráculo de Delfos fue uno de los más importantes, consultado por reyes (incluido Alejandro Magno), gobernantes y personas comunes en busca de consejos. La pitonisa (sacerdotisa de Apolo) en estado de trance, era la intermediaria que iba revelando, y sobre todo interpretando, las sucesivas respuestas.

La búsqueda de la felicidad, la preocupación por nuestra salud, por nuestra nutrición, disponer de una buena forma física, son necesidades humanas fundamentales. ¿En qué momento estas necesidades se convirtieron en motivos de culto?

La publicidad y los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la creación de ideales de belleza y bienestar, promoviendo productos milagrosos, dietas milagrosas y tratamientos rejuvenecedores como soluciones rápidas y efectivas para alcanzar la felicidad y la aceptación social.

Actualmente es difícil encontrar a alguien que antes de pasar por el médico no haya consultado previamente al 'doctor Google', además de fórmulas, recursos, terapias, consejos, sugerencias y alimentos para el alma, suministrados por gurús de todo tipo.

Y también es raro no finalizar una quedada o reunión de amigos o familiares sin que se hayan escuchado términos como: ayuno intermitente, retinol, dieta keto, ácido hialurónico, entrenamiento de fuerza,  eneagrama, desarrollo personal, inflamación, meditación, cortisol, ultraprocesados, aquí y ahora, zona de confort…

En las últimas décadas, el fenómeno de los gurús, influencers y expertos en bienestar se ha multiplicado, en un contexto donde la información (y a veces la desinformación) está al alcance de un clic. La búsqueda de la felicidad y la juventud se han convertido en un mercado millonario, alimentado por la inseguridad, la presión social y la cultura del consumo. La promesa de soluciones fáciles, como dietas milagrosas, productos anti-edad o programas de desarrollo personal, responde a una necesidad profunda de sentirse bien con uno mismo, pero también puede generar expectativas poco realistas. 

Son los verdaderos dioses del momento. ¿O más bien los pitonisos?

En la era de la información resulta paradójico cómo muchas personas se sienten más desorientadas que nunca respecto a cómo cuidar su bienestar, su felicidad o su salud

Desde figuras como Tony Robbins en el ámbito del desarrollo personal, hasta gurús de la nutrición como Joe Wicks o expertos en meditación como Jon Kabat-Zinn, estos personajes han logrado captar la atención de millones de personas. Sus conferencias, seminarios y libros se venden como churros, y sus seguidores los veneran como si fueran estrellas de rock. La diferencia es que, en lugar de llenar estadios con música, llenan auditorios con promesas de transformación, felicidad y bienestar.

Pero lo cierto es que en la era de la información resulta paradójico cómo muchas personas se sienten más desorientadas que nunca respecto a cómo cuidar su bienestar, su felicidad o su salud. Con tanta información nos atragantamos y no podemos digerirla. Porque el conocimiento no sólo requiere de información, sino también de reflexión y de saber contrastar convenientemente las fuentes de donde procede.

Existen recetas de todo tipo y parece que todo vale. En este escenario, los gurús de la felicidad, la nutrición, la meditación, el deporte y la salud han emergido como figuras casi míticas, llenando auditorios, vendiendo libros y terapias varias, y creando comunidades fervientes que siguen sus enseñanzas con devoción. Pero, ¿qué hay detrás de estos personajes? ¿Son verdaderos portadores de sabiduría o, en realidad, se asemejan más a sectas modernas que a fuentes confiables de conocimiento?

Este comportamiento tiene un claro paralelismo con la cultura del espectáculo: el gurú se convierte en un ídolo, en una figura carismática que genera una especie de culto. La audiencia, en muchos casos, no cuestiona sus mensajes, sino que los acepta como verdades absolutas. La confianza en estos líderes se asemeja a la fe religiosa, y el parecido con las sectas modernas no es casual. En muchas ocasiones, los seguidores de estos gurús se adhieren a sus enseñanzas sin un análisis crítico, guiados más por la fe en sus palabras, que por evidencia científica contrastada.

Se echa en falta investigaciones rigurosas que ofrezcan algo de veracidad a tanta terapia, tantas opciones nutricionales y dietas diversas, tanta fórmula para mejorar cualquier parte de tu cuerpo (incluida el alma) y tantas cremas antienvejecimiento

Este fenómeno se ve reforzado por la forma en que estos gurús construyen su imagen: con mensajes simplificados, promesas de soluciones rápidas y una narrativa que apela a las emociones. Y de esta forma,  muchas personas empiezan cuestionando todo lo que huela a  convencional, que no es que esté mal, pero terminan abrazando lo alternativo como un dogma de fé. Se prefiere la certeza que ofrecen estos líderes carismáticos, aunque sea basada en afirmaciones no siempre verificables. Las realidades binarias en las que solemos movernos traen estos desenlaces: “o estoy contigo o estoy contra tí”.

Por otro lado, se echa en falta investigaciones rigurosas que ofrezcan algo de veracidad a tanta terapia, tantas opciones nutricionales y dietas diversas, tanta fórmula para mejorar cualquier parte de tu cuerpo (incluida el alma) y tantas cremas antienvejecimiento. Y es que, a menudo, el avance científico se ve mediatizado y empañado por intereses económicos, sesgos o simplemente por la complejidad de los temas. Como resultado, nos encontramos en una especie de encrucijada: ¿en quién confiar? La respuesta, en muchos casos, termina siendo una especie de fe ciega en el gurú de turno. La ciencia requiere tiempo, dinero y esfuerzo para realizar estudios rigurosos. No todos los temas tienen suficiente financiación o interés para estudios exhaustivos, y algunos resultados pueden tardar años en consolidarse.

No obstante, los influencers también pueden desempeñar un papel positivo en la sociedad. Muchos de ellos utilizan sus canales para que las personas tomen conciencia sobre temas relevantes, como la salud mental, la igualdad o el medio ambiente, entre otros. 

Los verdaderos influencers utilizan su voz para promover valores positivos, generar debate constructivo y contribuir a un cambio social.

La terminología  económica necesita a veces nombrar sus actuaciones recurriendo al lenguaje bélico, agresivo y carroñero. Y en este sentido hablamos de conquistas de mercados, guerras de precios y aranceles, opas hostiles, primas de riesgos y fondos buitres. Esto refleja una tendencia a describir los fenómenos económicos con un lenguaje que evoca conflicto, lucha y confrontación. Desde sus inicios, los mercados han sido vistos como espacios de competencia feroz, donde las empresas y los inversores luchan por recursos, clientes y poder.

Y así como en las guerras entre países se busca eliminar al enemigo, en las guerras de precios se persigue eliminar a los competidores, fortaleciendo  la posición de la empresa en el mercado, para obtener mayor control y beneficios a largo plazo. Estar en permanente lucha se asocia con tener éxito porque el relato que nos han vendido y que ha terminado mitificándose es que  el conflicto es visto como un motor de cambio e innovación. La competencia agresiva obliga a las empresas a innovar, mejorar sus productos y reducir costes, entendiéndose la lucha no como algo negativo, sino como un catalizador de progreso económico.

Sin embargo estas guerras de precios, gran parte de las veces,  se traducen con el tiempo en subida de precios y en una menor calidad del servicio prestado a  los consumidores. Ha pasado en el sector eléctrico, en la telecomunicaciones, aseguradoras, transportes, gasolineras, plataformas de streaming y hasta en el sector de los alimentos básicos. Por ejemplo, el mercado de alimentos básicos en África se caracteriza por una competencia desleal, donde grandes empresas reducen precios para eliminar a pequeños productores, ocasionando una concentración del mercado y  una disminución de la diversidad de oferta, lo que termina  provocando  subidas de precios a largo plazo y afectando a las comunidades más vulnerables.

La utilización de estas expresiones, en su mayoría, buscan enfatizar la naturaleza agresiva de ciertas prácticas, pero también persiguen, en cierta manera,  deshumanizar a los actores económicos y justificar acciones que, desde una perspectiva ética, son bastante  cuestionables.

Su carnaza preferida es el sector de la vivienda, y una vez que el proceso de deshumanización ha entrado en juego ya no sienten ningún pudor ni empatía por personas que, ante condiciones abusivas de reestructuración de sus deudas o alquileres, terminan siendo desahuciadas

Esto es lo que sucede con los fondos buitres, fondos de inversión cuya principal finalidad es especular con el deterioro y la degradación de la salud económica y financiera  de una empresa o de un país, y así como las aves de rapiña se alimentan de carne en descomposición, los fondos buitre se alimentan de cualquier cosa que huela a deuda o a quiebra. Su carnaza preferida es el sector de la vivienda, y una vez que el proceso de deshumanización ha entrado en juego ya no sienten ningún pudor ni empatía por personas que, ante condiciones abusivas de reestructuración de sus deudas o alquileres, terminan siendo desahuciadas.

Sabemos que en nuestras legislaciones el derecho a la  propiedad está muy por encima al derecho de alojamiento, así como que en su momento se consideró pertinente cambiar el artículo 135 de la Constitución (año 2011) estableciendo que el pago de la deuda pública a los acreedores  tendría prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. Con ello se perseguía mantener a raya la prima de riesgo y tranquilizar a “los mercados”, cuando ya se ha puesto de manifiesto que éstos están en permanente lucha.

En 2020, algunos fondos buitres aprovecharon la pandemia para comprar deuda de países en dificultades a precios de saldo, con la esperanza de obtener grandes beneficios cuando las economías se recuperaran.

No solo se interesan por la vivienda sino que otros bienes esenciales también están en sus puntos de mira. El agua, por ejemplo. Ante la situación de sequía acontecida en Andalucía durante estos últimos años, algunos agricultores han optado por vender sus derechos de agua a fondos de inversión para obtener ingresos. En Galicia han comprado concesiones para explotación de recursos energéticos y en Sevilla, edificios emblemáticos en el centro histórico con planes de convertirlo en hoteles de lujo, limitando su uso cultural o social.

Y ya el colmo de la depredación: el ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) se enfrenta a la amenaza de embargo de sus bienes por parte de un fondo buitre, KSAC Europe Investments, que adquirió su deuda de 27 millones de euros por 7 millones. El ayuntamiento está buscando alternativas para negociar el pago de la deuda y evitar el embargo, incluyendo la solicitud de ayuda financiera a otras administraciones.

Lo paradójico es que el fondo buitre ha iniciado un proceso legal para reclamar el pago de la deuda cuando lo que muchos nos planteamos es cómo puede ser legal este tipo de compras que ponen en riesgo el interés general. La problemática surge cuando estas prácticas, aunque legales, entran en conflicto con principios éticos básicos, especialmente cuando afectan a bienes esenciales como la vivienda o los recursos vitales de la población.

Por ello, es importante que los legisladores y la sociedad en general trabajen para que las leyes no solo sean un conjunto de reglas sin más, sino que sean  un reflejo de los principios éticos que promueven una sociedad más justa, equitativa y humana.

En definitiva, que lo legal también sea ético y lo no ético no sea legal.

La Moraleja (Alcobendas), el barrio con la renta per cápita más alta, sobrepasando los 190.000 euros al año de media. Torreblanca (Sevilla), el barrio con la renta per cápita más baja, alrededor de 10.500 euros. Jalis de la Serna y su equipo estrenaron el pasado miércoles la nueva temporada de Apatrullando, mostrando el lado más reconocible y el más desconocido de una misma realidad, pero revelada con rostros diferentes.

La Moraleja, en Madrid, es sinónimo de lujo, exclusividad y seguridad. Sus residentes disfrutan de viviendas espaciosas (muchas parcelas rondan los 10 mil metros cuadrados), servicios de alta calidad y, en muchos casos, protección privada para salvaguardar su integridad física y sus bienes. La presencia de seguridad privada en barrios de renta alta no es solo una medida de protección, sino también un símbolo de la brecha que separa a unos de otros. La percepción de inseguridad alimenta la necesidad de blindar estos espacios, creando una especie de burbuja que refuerza la segregación social.

Llama la atención la poca gente que circula por las calles. No hay ambiente de barrio. Tan solo un ejército de personas que llegan por la mañana en autobús para proporcionar los servicios imprescindibles que necesita la opulencia: cuidados, limpieza, jardinería ... Servicios abastecidos,  en general, por trabajo precarizado, y con población frecuentemente inmigrante.

Por otro lado, Torreblanca, en Sevilla, representa la cara opuesta. Sus calles reflejan las dificultades de sobrevivir con recursos muy limitados. La pobreza, la falta de oportunidades y el acceso restringido a servicios básicos generan un caldo de cultivo para  la drogadicción, la delincuencia y la exclusión social. 

La sensación de que unos viven en un mundo separado, protegido y privilegiado, mientras otros luchan por sobrevivir, alimenta el resentimiento y la desconfianza. La convivencia se vuelve difícil, y las fracturas sociales se profundizan.

El relato convencional de corte neoliberal te dirá que el esfuerzo y la meritocracia te llevarán al éxito, que la desigualdad es algo inherente a las sociedades que avanzan, algo inevitable, una especie de mal menor, que el pobre es pobre porque no ha hecho nada para ser rico. 

Este mito ya fue desmontado por Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía) en su libro “El Precio de la Desigualdad”, donde señalaba que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello.

¡Pero somos libres! ¡El mercado es libre!

Sí, pero ya lo decía José Luis Sampedro “El mercado no es la libertad, vaya usted al mercado sin dinero a ver la libertad que tiene”. Si nada tienes, ¿qué vas a intercambiar? Sólo te queda tu fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero resulta que, en la sociedad que hemos construido, los salarios son un coste y no un medio de vida, y por tanto cotizan a la baja.

Si un día presenciáramos una carrera atlética donde algunos participantes tuvieran grilletes en los tobillos y otros comenzaran en una posición adelantada respecto al punto inicial, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Diríamos que una carrera así es injusta. Además, en las competiciones deportivas se realizan controles de dopaje, el ir dopado se considera injusto. Argumentaríamos que no se está compitiendo en las mismas condiciones, que no se estarían teniendo las mismas oportunidades.

Sin embargo, en la “carrera” de la vida, no importa el dopaje, los obstáculos, ni el punto de partida. Oxfam Intermón señala en su informe Takers Not Makers, que el 60% de la riqueza de los multimillonarios proviene de herencias, monopolios o conexiones políticas. Este fenómeno, que la organización califica como “riqueza inmerecida”, también está ligado a un pasado colonial que continúa moldeando la economía global.

La desigualdad social sigue siendo uno de los mayores retos que enfrentan nuestras sociedades. El ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, se enfoca en reducir esta disparidad de acceso a los recursos, oportunidades y servicios, tanto entre países como dentro de ellos.

Existe cierto consenso entre los economistas que estudian la desigualdad en asociarla a factores como la concentración de riqueza, la falta de oportunidades, la segregación espacial, y las políticas que favorecen a ciertos grupos. Según Stiglitz, la desigualdad se perpetúa porque los ricos tienen más poder para influir en las políticas que favorecen sus intereses. En este sentido, la desigualdad económica se traduce en una mayor desigualdad política siendo la democracia su primera víctima, como ya señalara el sociólogo Zygmund Bauman en su libro Modernidad líquida.

Thomas Piketty incluso va más allá, manifestando que la desigualdad es inherente al capitalismo, contradiciendo las tesis de Simon Kuznets, quien argumentaba que durante el proceso de crecimiento económico, la desigualdad de ingresos primero aumenta y luego disminuye, siguiendo una trayectoria en forma de U invertida.

Es producto de la suerte haber nacido en una buena familia, en un buen barrio, en una buena ciudad, en un buen país. Cabe pensar si, como sociedad, no tendríamos la obligación, a través de nuestras instituciones, de equilibrar esa balanza, implementando políticas públicas que limiten la desigualdad que estamos dispuestos a soportar. En nuestra sociedad hemos terminado aceptando que la existencia de un salario mínimo, de una renta básica, es deseable, lo hemos relativamente normalizado. ¿No sería  deseable también poner límites a la avaricia, al egoísmo, al ansia de acumulación? 

Las soluciones están ahí y son conocidas. Los países que disfrutan de niveles de desigualdad reducidos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) apostaron por una amplia red de protección social, por altos impuestos progresivos, no solo al ingreso sino también a la riqueza. Pero sobre todo apostaron por una educación universal, pública y gratuita. En Dinamarca alrededor del 84% de los niños acuden a colegios públicos y en Finlandia, el 99% de las escuelas son públicas. Estas medidas han ayudado a reducir la brecha entre ricos y pobres, creando sociedades más justas y cohesionadas.

Como de costumbre falla la voluntad política y nuestro compromiso social.

Ha sido el tema de la semana: los aranceles. Desde tertulias de radio, televisión, internet, cafetería,... No se ha hablado de otra cosa. Lo ha eclipsado absolutamente todo. Esta semana ya no ha habido guerra en Ucrania ni en Gaza, solo guerras arancelarias.

Donald Trump anunció el pasado 9 de abril una vasta lista de aranceles que afectarán a infinidad de países, calculados sobre la base de los déficits comerciales bilaterales, y desde todos los ángulos posibles se visiona el estallido mundial.

Ha generado tal incertidumbre que a los mercados los ha vuelto locos. Y cuando los mercados se vuelven locos entran en pánico y a los inversores les da por deshacerse de todo lo que pueda oler a podrido, provocando el desplome bursátil y haciendo que los multimillonarios sean un poco menos multimillonarios.

Pero mira por dónde, tras el último anuncio de aplazamiento por 90 días de los aranceles de EEUU, la bolsa despunta alcanzando un alza del 12%, consiguiendo que las diez mayores fortunas recuperaran 107.000 millones de dólares en solo unas horas. Y no sólo eso, sino que esas caídas generalizadas en las bolsas han permitido aprovecharse de las mayores gangas siguiendo la consigna que ya revelara el especulador y multimillonario Warrant Buffet: “tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo”. Así funciona el gran casino de la economía mundial.

Por otra parte, analistas tanto de corte económico como político han aventurado la cadena de impactos que provocará este aumento de aranceles. Mientras que el osado Trump sólo ve países “abusadores” que han “saqueado” a Estados Unidos al imponer gravámenes y otras barreras a sus productos, la mayoría de la voces hablan de restricciones al libre comercio, de inflación (o estanflación), tipos de interés altos (o bajos) pero, sobre todo, de recesión o caídas en el crecimiento económico

Porque el principal objetivo del comercio internacional, de facto, es el incremento del PIB (Producto Interior Bruto), por mucho que en los tratados de libre comercio como la OMC (Organización Mundial del Comercio) conste que el objetivo sea “conseguir un comercio fluido, previsible y libre y utilizar este comercio como medio para mejorar el nivel de vida de la población, crear empleos mejores y promover el desarrollo sostenible”.

La actual guerra arancelaria ofrece una oportunidad única para repensar y reorientar las reglas del comercio internacional

En la 13ª Conferencia Ministerial de la OMC (marzo de 2024). la Federación Sindical Internacional de Trabajadores/as de los Servicios Públicos sostenía que “rara vez, o nunca, los gobiernos son consultados sobre normas comerciales que restringen su capacidad para estimular las economías locales y regular la inversión de modo que disfrutemos de los servicios públicos de calidad que necesitamos”.

En un mundo cada vez más interconectado, el comercio internacional juega un papel crucial en la economía global pero a menudo se basa en relaciones asimétricas. Las naciones más poderosas suelen dictar las reglas del juego, dejando a los países en desarrollo en una posición de desventaja. Esto se traduce en un comercio que invisibiliza  los costes ecológicos, los sanitarios, los laborales, viola los derechos humanos y practica la  evasión fiscal 

La actual guerra arancelaria ofrece una oportunidad única para repensar y reorientar las reglas del comercio internacional. En lugar de seguir el camino de la protección de industrias a corto plazo, es fundamental considerar propuestas que promuevan un comercio más  justo, solidario, sostenible y protector de derechos laborales.

Una propuesta podría ser la implementación de aranceles diferenciados que no solo consideren el valor económico de los productos y servicios, sino también su impacto social y medioambiental. Por ejemplo, se podrían establecer aranceles más altos para productos que no cumplan con estándares laborales y ambientales, incentivando así a las empresas a adoptar prácticas más responsables.

Es lo que vienen promoviendo modelos alternativos de entender la economía, como la Economía del Bien Común (EBC) en lo que respecta al comercio internacional. En lugar de centrarse únicamente en la maximización de beneficios económicos, la EBC aboga por un comercio que respete los derechos humanos, fomente la justicia social y proteja el medio ambiente. Esto implica que las organizaciones tanto públicas como privadas, deben considerar el impacto positivo o negativo (el balance) que generan en la sociedad, no sólo en términos de rentabilidad económica sino también en términos de beneficio social y medioambiental 

Respecto a la aplicación de aranceles, la economía del bien común propone que estos no solo se utilicen como herramientas proteccionistas, sino que también se diseñen para promover prácticas comerciales responsables. De esta manera, se busca crear un entorno donde el comercio no solo incremente el PIB, sino que también contribuya al bienestar de las comunidades y del planeta.

Programas de televisión, programas de radio, series, películas, podcasts, canales de you tube, blogs, prensa, instagram, tick toks… ¿somos conscientes de la cantidad abrumadora de contenido que se genera a nuestro alrededor? ¿Quién ve, escucha, lee tantas cosas?

Reparé en esto hace algunos días. Por casualidad me topé con una entrevista en la radio que le hacían a Almudena Ariza, periodista brillante, presentadora y corresponsal en la actualidad. Aludió a una serie documental, Alter Ego. La inteligencia invisible, producida por RTVE y presentada por ella y Carles Tamayo (youtuber, cineasta y periodista de investigación) que analiza el presente y futuro de la inteligencia artificial. Corrí enseguida a buscarla en internet y descubrí que era de 2023 Pero, ¿cómo no conocía su existencia? Una serie buenísima y superinteresante donde, a lo largo de tres episodios, se muestra la crónica de dos futuros posibles y antagónicos de la humanidad, basados en datos reales y en la opinión de expertos nacionales e internacionales. Por curiosidad hice un pequeño sondeo (nada representativo) entre mis allegados, y nadie la había visto ni había escuchado hablar de ella. En el proceso de búsqueda, descubrí además  que la televisión pública, la que pagamos entre todos, tiene programas, series, documentales de mucha calidad pero ¿quién los ve?

Lo comenté con mi hija mayor y también tenía la misma percepción. ¿Cómo se reparte la gente entre tanto contenido si el día tiene 24 horas y al menos 6 o 7 las pasamos durmiendo? Ya decía Joselito El Gallo que “hay gente pá to” pero ¿tanta?

La forma en la que consumimos contenidos audiovisuales ha cambiado muchísimo de unas décadas para acá. Atrás quedó la época en la que el televisor, ese gran aparato que ocupaba un lugar central, no solo entretenía, sino que también generaba momentos de encuentro, de disputa, por acaparar el mando, de discusión por sintonizar uno u otro canal y también de comentarios en torno al contenido retransmitido. El momento “noticias” era como sagrado, había que estar enterado de lo que ocurriría en el mundo. Y los capítulos de las series eran anhelados cada semana, aunque nos parezca increíble visto desde una perspectiva actual, donde estamos acostumbrados al maratón serial. Al día siguiente, en el colegio, en el trabajo, en el mercado… cualquier alusión a tal o cual programa o película emitido se identificaba con facilidad

Con la radio está pasando lo mismo. Yo soy una fiel radioyente, me levanto y me acuesto con la radio. Me gusta especialmente esa magia de saber que al mismo tiempo mucha gente situada en espacios diferentes está escuchando lo mismo que tú, lo que  crea una especie de camaradería o sentimiento de pertenencia. Pero, al menos en mi casa, ya nadie manifiesta interés por ese medio, es más, cuando la enciendo, percibo que produce cierta molestia.

Ahora difícilmente se coincide en tiempo y forma, y la televisión ya no ocupa ese papel central, más bien me atrevería a decir que  está derivando en irrelevante, sobre todo para los perfiles jóvenes.

Aunque si bien la gente (en general) no ve la tele, si ve Netflix o similar, no escucha la radio pero escucha podcast y no compra periódicos o revistas porque su centro de información ahora está en las redes sociales.

Al mismo tiempo estamos asistiendo a un consumo de contenidos audiovisuales experimentados cada vez más de manera solitaria, y ello por varias razones. Con la llegada de plataformas de streaming podemos ver lo que queramos y cuando queramos. Los horarios diversos y acelerados nos motivan en muchos casos a disfrutar de los programas favoritos en los propios dispositivos, ya sea en el sofá, en la cama o incluso en el transporte público. Finalmente, las redes sociales y la cultura de la inmediatez han fomentado un entorno donde se valora la rapidez y la individualidad consumiéndose contenido en pequeños fragmentos. 

Pero, ¿cómo se explica que con toda la variedad de contenidos audiovisuales que existen en las plataformas de streaming, en los podcasts,  en las redes sociales, las personas terminen viendo contenido muy similar pero diferente al de otras personas?

Aquí entran en escena los algoritmos, herramientas diseñadas para analizar nuestros comportamientos y preferencias en línea. Plataformas como Netflix, YouTube y las redes sociales utilizan estos sistemas para personalizar nuestra experiencia, sugiriendo contenidos que suponen que nos interesarán. Pero esto puede generar lo que se conoce como filtro  burbuja,  término acuñado por el ciberactivista Eli Pariser, para expresar que los usuarios están menos expuestos a puntos de vista conflictivos, y son aislados intelectualmente en su propio sesgo informativo. Además,  tienden a rodearse de contenido que refuerza sus creencias y gustos, compartiéndose y consumiendo contenidos similares dentro de un grupo, mientras que otros grupos pueden estar viendo algo completamente diferente. Esta segmentación puede llevar a que, aunque todos estén viendo algo popular, cada grupo tiene su propia versión de lo que es “tendencia”. Por una parte el efecto  puede ser beneficioso, ya que nos ayuda a descubrir nuevos programas y materias que de otro modo no habríamos encontrado, pero puede terminar ofreciendo una visión muy sesgada de la realidad. Es lo que Nuria Oliver (ingeniera de telecomunicaciones, experta en inteligencia artificial) señala como una de las amenazas de los algoritmos: “la  falta de diversidad”. 

Llegados hasta aquí, cabe preguntarse: ¿realmente estamos eligiendo lo que vemos, escuchamos o leemos, o estamos siguiendo las recomendaciones de un algoritmo que nos encasilla y nos aisla?

No estaría de más conocer algunas estrategias para evitar esos filtros burbujas: navegar en modo incógnito para evitar que se guarde tu historial y datos personales; borrar a menudo el historial de navegación; desactivar las cookies; utilizar otros buscadores…

Pero sobre todo, interactuar con personas y grupos con opiniones diferentes y activar el pensamiento crítico.

Gente sin escrúpulos haciéndose millonaria en la pandemia, con el negocio de las mascarillas; payasos psicópatas gobernando el mundo; guerras entre países, que se perpetúan; treguas sin paz; acuerdos internacionales, que se tambalean; urgencias climáticas; deportación de migrantes sin derechos….

¡Paren el mundooo, que me quiero bajaaar! (frase que se suele atribuir a mi admirada Mafalda) 

En palabras recientes de Luis García Montero, “todo invita a encerrarnos en nuestros miedos, por eso conviene animarse, no escondernos en el silencio… vamos a contarnos la vida, las ilusiones, los asuntos del trabajo, las alegrías, porque la alegría es una forma de resistencia”.

Y es que hasta en las circunstancias más adversas el ser humano no renuncia a la alegría. Lo vivimos con el confinamiento en el 2020, cuando todos los días a las 20:00 salíamos a aplaudir con gozo y entusiasmo, como muestra de gratitud y apoyo al personal sanitario, pero también porque nos gustan los rituales colectivos, que conducen a emociones compartidas.

Los bares y las cafeterías cumplen una función social esencial: en ellos se baila, se canta y hasta se hace terapia de grupo

En el pódcast 'Diario de Ucrania' de RTVE que dirigen Sara Blanco y Aitor Sánchez, una persona, aludiendo a las pasadas fiestas navideñas manifestaba que “en estos días oscuros y fríos de diciembre han aparecido nuevos bares, nuevos locales. Un extranjero podría tener la sensación de que no hay una guerra… Ahora la gente va más a los teatros y a los museos que antes de la guerra porque eso también ayuda a subir el ánimo”.

Porque, admitámoslo, los bares y las cafeterías cumplen una función social esencial: en ellos se conspiran brindis, risas, confidencias, se baila, se canta y hasta se hace terapia de grupo. Yo desde hace mucho tiempo practico el desayuno terapéutico con una gran amiga. A veces decimos que si nuestros desayunos terapéuticos hablaran, el mundo temblaría, pero que nos quiten lo bailao, el ahorro en psicólogos que llevamos hecho no está pagado.

Desde que escuché por primera vez el término “soberanía de la alegría” pareciera como si hubiera estado ahí esperándome para que yo lo adoptase como propio. Ocurrió preparando materiales para un curso que abordaba, entre otras muchas cuestiones, los distintos conceptos de soberanía (política, alimentaria, financiera, energética, digital, sanitaria, tecnológica…).

Entre el diverso material descubrí un proyecto de la Universidad rural Paulo Freire del Cerrato, situada en un pequeño pueblo palentino. Las universidades rurales trabajan por el rescate de las soberanías y la dinamización del mundo rural, pero, concretamente, la del Cerrato reivindica la soberanía de la alegría como, la necesidad de los seres humanos de juntarse, de mirarse a los ojos, de crear en comunidad o, dicho de otra forma, la capacidad de empoderarse del ocio.

La alegría se convierte en un desafío para el poder establecido porque nos acciona, nos motiva, nos enreda en proyectos ilusionantes

Sus promotores Carlos Herrero y Héctor Castrillejo (un músico y un poeta, respectivamente), y las personas que han conseguido atraer a lo largo de más de 20 años, consideran que la música, la comunidad, el encuentro, la metáfora, la danza, el juego, la palabra, la celebración, el rito… son un patrimonio, un tesoro intangible que sostiene, cohesiona y hace posible la vida en comunidad. Y es tan necesario como el alimento que nos nutre o el agua que bebemos. 

Resulta curioso conocer que el término “negocio” deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo que no es ocio. Para los romanos, el ocio era lo que se hacía en el tiempo libre, sin ninguna recompensa, por lo que el negocio para ellos, era lo que se hacía con alguna contraprestación. Lo triste es que en nuestra sociedad, sobre todo urbana, hemos llegado a un punto en el que el ocio también es negocio, dando pábulo a las teorías económicas reduccionistas que dicen que el tiempo que no dedicas a trabajar, lo dedicas a consumir. No hay más. Y de esta forma, “salir de compras” los centros comerciales, se han convertido en auténticos lugares destinados al ocio. 

Y es que el poder, ya sea el económico, el político, el eclesiástico, nos quiere consumiendo y tristes, porque, en palabras del filósofo francés Gilles Deleuze, “a la tristeza se le domina mejor” a través del miedo. Miedo a quedarte en paro, miedo a no poder pagar la hipoteca, miedo al inmigrante… La alegría, sin embargo, es resistencia, porque no se rinde, impulsa a la acción y a la esperanza, se convierte en un desafío para el poder establecido, nos acciona, nos motiva, nos enreda en proyectos ilusionantes. La alegría mueve montañas.

El 25% de los empleados en España sienten tristeza diaria, solo un 9% está comprometido con su empleo y 7 de cada 10 creen que España no es un buen lugar para buscar trabajo

Una de las manifestaciones más subversivas de esa resistencia son los carnavales. Tanto el poder civil como religioso han intentado siempre controlarlo, pero ahí siguen las “ilegales” de Cádiz, esas agrupaciones carnavaleras que no participan en el concurso oficial, pero que pasean todos los años por sus calles, sus coplas de humor y sátira, sin más jurado que el público callejero y sin más objetivo que pasar un buen rato.

Me llamó la atención una anécdota que Fernando Trueba refirió en el programa que Jordi Évole dedicó al 30 aniversario del Óscar a la mejor película de habla no inglesa, 'Belle Époque' (1992). Cuando preparaba el guion, junto a Rafael Azcona, se lo estaban pasando tan bien, se reían tanto, que este último le dijo: “Vamos a hacer como que trabajamos, porque a la gente no le gusta que te rías mientras trabajas”. Parece ser que en los centros de trabajo tiene que reinar la sobriedad y la tristeza, cuando está comprobado que un buen clima laboral contribuye a generar un mayor compromiso de los trabajadores con sus responsabilidades, una mayor predisposición a cooperar y el ambiente idóneo para que aflore la creatividad.

Según el último informe de la consultora internacional Gallup (junio de 2024) –dedicado a conocer aspectos relativos en los empleados como su compromiso con el trabajo, la evaluación de la vida, el clima laboral y el estrés, la ira, la tristeza y la soledad diaria– el 25% de los empleados en España sienten tristeza diaria, solo un 9% está comprometido con su empleo y 7 de cada 10 creen que España no es un buen lugar para buscar trabajo.

Cuenta el escritor Salvador de Madariaga en su ensayo titulado 'España' (1931), que en Andalucía, en días de latifundios y república, uno entre tantos caciques congregaba a sus braceros, y con la intención de comprar sus votos y sus conciencias, repartía monedas para todos. Sin embargo, uno de ellos, con intrepidez y decisión, arrojó las monedas al aire y sentenció: “En mi hambre mando yo”.

Parafraseando a Madariaga y aplicándolo al tema que me ocupa en este texto: no es optimismo ingenuo, no es frivolidad, no es ser irresponsable, no es jiji jaja, es que “en mi risa mando yo”.

Recientemente hemos sabido que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda,  ha sido proclamada secretaria general del PSOE en Andalucía sin que medie un proceso de primarias. Ello ha estado favorecido por la retirada de otros posibles aspirantes, bien porque no han obtenido los avales necesarios, bien porque han valorado una retirada a tiempo,  lo cual hace intuir que el partido ha querido evitar a toda costa este embolado que suponen las primarias. Aunque este tipo de fórmulas buscan la democracia interna, la transparencia, la renovación del liderazgo y mejorar la imagen externa, entre otras pretensiones, lo cierto es que en la práctica han supuesto un desgaste para los partidos. Termina generando divisiones internas, dificultando la integración de los perdedores, asumiendo costes logísticos elevados y escasa participación, poniendo con ello en cuestión la legitimidad del resultado.

En muchos casos, las primarias en España han fallado debido a falta de transparencia, manipulación interna, polarización y baja participación. Aunque el sistema busca democratizar los procesos, si no se implementa correctamente, puede ser fuente de conflictos y divisiones.

Se observan ejemplos en todos los partidos: el PSOE de 2017 protagonizó una campaña dura y tensa entre “sanchistas” y “susanistas”; el Podemos del mismo año en Vistalegre II dejó al partido polarizado entre “iglesistas” y “errejonistas”, provocando con el tiempo la constitución de un nuevo partido político por este último, Más País; las primarias de Ciudadanos en 2019 estuvieron mediatizadas en Andalucía por los rumores de manipulación para favorecer a Juan Marín, el candidato oficialista, frente a Fran Hervías; en 2018, Casado y Sáenz de Santamaría compitieron por el liderazgo del PP con una campaña marcada por acusaciones personales que dejó al partido más fragmentado; hasta en EQUO, partido que ha promovido tradicionalmente un modelo de liderazgo compartido y horizontal, las primarias evidenciaron las limitaciones de este mecanismo en partidos pequeños. Se crearon tensiones personales y políticas, que no siempre pudieron resolverse y algunos militantes y líderes que no fueron elegidos en las primarias se distanciaron o abandonaron el partido, debilitando su estructura organizativa.

En la mayoría de los partidos existe una estructura jerárquica tradicional donde el poder está concentrado en el líder o en un grupo reducido, y hay poca flexibilidad para experimentar con modelos alternativos

Y es que la forma en la que se practica la política, en general, y las primarias en particular, fomentan la competitividad frente a la cooperación, los personalismos, el individuo más que el proyecto colectivo. Nos cuesta cooperar en lo político, preferimos la unilateralidad del líder y su equipo, a tener que ponernos de acuerdo para tomar decisiones consensuadas a través de posibles liderazgos compartidos. Nos cuesta tomar conciencia y valorar que cada persona representa una mirada, un matiz, una perspectiva diferente que contribuye a  enriquecer cualquier tipo de proyecto; el político también.

La falta de cooperación política y de liderazgo compartido dentro de los partidos políticos es un fenómeno relativamente complejo que tiene que ver, entre otros, con factores culturales y también históricos. En la mayoría de los partidos existe una estructura jerárquica tradicional donde el poder está concentrado en el líder o en un grupo reducido, y hay poca flexibilidad para experimentar con modelos alternativos. Además, nuestra sociedad premia más los logros individuales que los colectivos y los medios de comunicación amplifican más los primeros. Arrastramos también una inercia histórica, figuras como Churchill, De Gaulle o Kennedy crearon la idea de que el liderazgo efectivo es unipersonal, la idea del “carisma” suele estar muy presente en la elección del líder. Tanto en las campañas electorales como en la dinámica interna de los partidos, el sistema fomenta la idea de “ganar o perder” más que la de construir consensos.

Cabe pensar si no convendría explorar otras vías para elegir a los que terminarán tarde o temprano decidiendo sobre el devenir de nuestras vidas. Propuestas donde se coopere más que se compita,  integradoras y no excluyentes, con responsabilidades compartidas que primen la deliberación dirigida a facilitar el consenso.

Ahí van algunas sugerencias que ya están siendo experimentadas:

Quizás aún estamos lejos de llevar a la práctica estas propuestas, pues nos falta lo principal: educarnos para cooperar y no para competir.