Al observar la cicatería con que el gobierno valenciano y sus socios han tratado a las víctimas mortales y a sus familias en la dana de octubre de 2024, es inevitable pensar que han pasado casi tres siglos y que las sociedades contemporáneas tienen medios de predicción, de alerta y de atención de emergencias infinitamente superiores y eficaces. ¿Cómo es posible, por tanto, que fallecieran 230 personas? ¿Cómo se puede explicar el abandono institucional y la soledad que padecieron las víctimas y las poblaciones de la zona afectada durante varios días?

El día 27 de noviembre de 2024, aún no había transcurrido un mes desde la catástrofe, los partidos PP y Vox, a la vista del malestar social, a la vista de los preparativos para la segunda movilización de protesta social bajo el lema “Mazón Dimisión”, acordaron crear una comisión de investigación sobre lo sucedido. Un instrumento a su antojo para controlar e imponer su relato, la comunicación.

Echando mano de la economía de lenguaje, solemos referirnos a dicha comisión con una fórmula breve, pero eficaz: la Comisión de la Dana. Ahora bien, es necesario recordar su denominación completa y correcta, pues su literalidad sería merecedora de una investigación: Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre en la Comunidad Valenciana y la gestión realizada por parte de todas las administraciones, como también de las consecuencias y las posibles actuaciones que se han de realizar para la recuperación social y económica en el territorio afectado. O sea, de nuevo con una fórmula breve: la Comisión de las “causas causadas”.

Al crear y constituir dicho instrumento, nadie previó que debería comenzar indagando por qué se habían producido tantas muertes y desapariciones, qué perfil tenían y qué revelaban sobre la gestión de la emergencia, quiénes eran sus familiares y cómo se debía atenderles de acuerdo con la más elemental ética política.

Por ello, cuando tras el primer shock, las familias de las víctimas y muchas otras personas afectadas comenzaron a organizarse para reclamar verdad, justicia y reparación, las asociaciones emergentes exigieron que su voz fuera escuchada en la casa de la sociedad democrática: les Corts Valencianes. Encontraron lo que ya se venía practicando: silencio y menosprecio. O, como mucho, altanería: “Si quieren hablar, mi despacho está abierto para todos”. No acudieron al Palau, pero fueron a Bruselas y se les atendió; declararon en el Congreso, y se les acogió con dignidad y respeto; y lograron que el Gobierno organizara un acto de Estado de reconocimiento a sus familiares.

En Les Corts continuó instalada la cicatería política y el maniobrerismo elusivo. Por si ello no fuera suficiente, se cuestionó su legitimidad como asociaciones y se les agredió discursivamente: ¿Cómo se atreven a instrumentalizar políticamente el dolor? Son gentes interesadas, obedientes a consignas políticas, gente VIP con derecho a roce real y cosas mucho peores que han tenido que escuchar y soportar quienes han sido portavoces del inmenso dolor que dejó una catástrofe de tal magnitud. Un desastre en el que las dimensiones sociales, políticas, jurídicas, emocionales y morales, se han hecho especialmente patentes.

Sin embargo, la persistencia y el apoyo social han logrado sus frutos y las asociaciones, tras casi 500 días, fueron citadas a comparecer en la mentada comisión los días 23 y 24 de febrero pasados. Y, en un juego de rebuscada prestidigitación, se invitó a otras entidades ya existentes, a las que se pudieran crear ex novo y a cualquier persona afectada, a solicitar su comparecencia. Resultado: una mezcla carente de lógica y método. Así, apareció Liberum, una asociación creada en 2021 en “el norte de España” y en cuya web se explicita que buscan material “para responsabilizar al gobierno sobre el reciente desastre en la CV”, como ya lo hicieron en el covid 19 con el rechazo al confinamiento y las vacunas; también SOS Desparecidos, fundada en 2010, y en todo caso con un objetivo muy limitado; y Solo Pueblo Salva Pueblo, creada por un yutuber en diciembre de 2025 en cuyo canal se dio pábulo al bulo de Bonaire y a muchos otros, que persigue la anulación del sumario deslegitimando a la jueza del caso.

En este contexto y en medio de una estrategia de difuminación de las tres asociaciones que han llevado el protagonismo de la lucha social (Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-0, presidida por Rosa Álvarez;  Associació Víctimes de la Dana 29 Octubre 2024, presidida por Mariló Gradolí; y Asociación Damnificados por la dana Alfafar-Horta Sur, presidida por Alex Carabal), esgrimiendo que cualquier persona que quisiese intervenir en les Corts debería poder hacerlo, se produjeron las citadas comparecencias.

Desde su creación y su participación en las manifestaciones que se han sucedido con regularidad cada fin de mes, las tres asociaciones han mantenido una convergencia en los objetivos esenciales; y estos quedaron patentes en sus intervenciones, no sin reprochar antes el retraso en ser escuchadas y las estrategias de deslegitimación socio-política y personal. “Hoy estamos aquí porque insistimos, porque persistimos, porque nadie puede cambiar la realidad de que esta comisión debe escuchar a quienes perdimos más, aunque para nada estemos de acuerdo con el vergonzoso formato impuesto” (Rosa Álvarez).

El principal objetivo que les mueve se condensa en tres palabras: verdad, justicia y reparación. En sus intervenciones, denunciaron la proliferación de mentiras y cambios de versiones sobre las actuaciones realizadas por el gobierno valenciano el día 29 de octubre de 2024, a las que el sumario judicial ha despojado de sus trampantojos y recordaron la fórmula utilizada por la jueza del caso, “grosera negligencia”, para referirse al comportamiento del presidente de la Generalitat. Insistieron en que no les mueve el afán de venganza ni el odio, sino la justicia; que Carlos Mazón ha sido invitado reiteradamente a declarar de forma voluntaria por la jueza, pero no lo ha hecho y el PP lo protege al mantenerlo como diputado y otorgarle cargos y privilegios así como un asesor que en las horas más cruciales y duras aconsejó a la consellera que “no confinase”; y que la reparación no se puede reducir a una ayuda económica para las familias, sino que debe basarse en el reconocimiento, la asunción de responsabilidades, la práctica de la transparencia y el cambio de políticas. Requiere no sólo reconstruir, sino actuar de manera que lo sucedido no vuelva a repetirse y, para ello, hay que confiar en la ciencia y erradicar el negacionismo climático o la anteposición de otros intereses ante la vida de las personas.

Fueron tres intervenciones intensas y duras, articuladas con una claridad meridiana, muy elaboradas, densas y bien medidas, para que no escapara ningún punto de todo lo aprendido, con dolor, pero de forma solidaria, durante 483 días. Recordando un proverbio japonés, Rosa Álvarez afirmó: “Nos caemos siete veces y nos levantamos ocho”, porque como arrancaba su intervención Alex Carabal, “los fallecidos son nuestro estandarte”.

Hacia las 13 horas de la mañana, la sesión de la Comisión continuaba con la intervención del representante de Solo Pueblo Salva Pueblo, expropiación de un lema pintado hasta con barro en numerosas paredes de la zona 0. En su intervención declaró que representaba a 8 víctimas (“bueno 7, porque la octava está a la espera de reconocimiento”) y que iba a denunciar a la jueza del caso por haber permitido a su esposo la injerencia en algunas testificales. En ese mismo momento, se produjo un revuelo en la sala de prensa, pues a una periodista le había llegado la noticia de que la jueza de Catarroja elevaba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada de los indicios de delito por parte de Carlos Mazón e invitaba a proceder a su imputación.

Mientras salía de la sala, en mi mente resonaban las frases precisas, hechas con bisturí, de Alex y Rosa, y de Mariló Gradolí: “Perquè el que està en joc no es només el passat. Ès el futur”. ¿Por dónde avanzará el curso de esta comisión? ¿Qué aportará a nuestro futuro? Visto lo visto, si queremos luz sobre lo sucedido, analizar todas las dimensiones de la catástrofe y proyectar un futuro más seguro, necesitamos mucho más que esta comisión de las “causas causadas”.

Se quejan del abandono, de que nadie ha aparecido pese a que las llamas entran en las aldeas y no hay más que mangueras de jardín, palas, ramas y pozales para hacerles frente. Piden participar en salvar lo suyo y arriesgan su vida al hacerlo. Las imágenes, cuando se apoderan de su esfuerzo las lenguas de fuego, son desoladoras por verles retroceder con un equipaje tan pobre y con tanta desesperanza. Los lugareños, la ciudanía, tienen razón en todo lo que piden y es verdad lo que cuentan.

Dicen los brigadistas que tienen contratos precarios, tanto por su salario como por la duración parcial y el tipo anómalo de los mismos; hablan de la privatización; de la formación insuficiente que les dan; de la descoordinación entre empresas; de las dificultades de comunicación entre brigadas de distintas provincias o comunidades autónomas, porque los sistemas utilizados no son interoperativos; de la manutención raquítica y tacaña. Es verdad. Dedican muchas más horas de las que marcan sus convenios y hojas de trabajo, tantas que podrían caerse dormidos en las llamas del fuego y es milagroso que no haya más pérdidas humanas.

En este escenario, algunos políticos -véase el presidente de Castilla y León-, cuando aparecieron después de unos días sin haber dado la cara, dijeron que “todo estaba controlado” y que “las Médulas volverían a recuperarse”. La cruel auditoría de la realidad les está quitando la razón y, por eso, ahora desplazan sus quejas a la falta de buldozers y de unos cientos de soldados. ¿Por qué no trazaron amplios caminos y cortafuegos antes, mucho antes, años antes, desde que llevan gobernando?

La ausencia total de prevención y previsión ¿de quién es responsabilidad? En Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid y en el Sursum corda ¿no hay planes municipales ante el riesgo de incendios? ¿Y planes autonómicos? ¿Por qué nadie los saca a colación? Si no me equivoco, esos planes son obligatorios y los políticos deberían conocerlos mejor aún que los técnicos, porque son ellos los que los aprueban y deben revisar periódicamente. Y en cumplimiento de esos planes se deberían haber realizado actuaciones de prevención para que el fuego no entrara en las casas de aldeas y pueblos; debería haber mangueras contra incendios en determinados lugares estratégicos ¿o no? Es preciso exigir una auditoría cívica para analizar todo lo que se ha hecho mal y todo lo que es mejorable; olvidémonos de las comisiones que querrán crear en sus respectivos parlamentos como lavatorio de manos. Hablan y no dejan de hablar de los técnicos, pero hay una responsabilidad política que no es transferible.

Dice Ayuso que se están ideologizando los incendios: la ideología verde y la burocrática. Otra vez la misma matraca que hemos escuchado en el contexto de la dana. Creo que, a estas alturas, la ignorancia de determinados aspectos ya no puede considerarse inocente. En primer lugar, Ortega y Gasset dixit, nadie vive sin ideología. En consecuencia, lo que hay que dilucidar es qué ideología se forja y posee cada uno, con qué ideología actúa y qué costes sociales tiene. Veamos varias cuestiones que son ideología pura y no puede ser de otra manera.

En la dana, Mazón no quiso soltar el control de la emergencia y cederlo al gobierno central pese a que lo pidió Feijoó; que su consellera del ramo reconoció ante la jueza que del oficio por el que cobraba no tenía ni idea; y que todavía seguimos sin saber dónde estuvo el presidente y su gobierno en horas claves y por qué no le llegó, si es que no le llegó, la información de lo que esa mañana del día 29 ya sucedía en Utiel o en Chiva, ciudades gobernadas por el PP.

En el apagón general del día 28 de abril, todas las comunidades del PP, una a una, elevaron la emergencia al nivel 3 y trasladaron la gestión al gobierno. No recuerdo que explicaran bien por qué, aunque cualquiera puede tener sus hipótesis.

Ahora, en los incendios todas las comunidades del PP se niegan a elevar la emergencia de nivel, pese a que están lidiando y presionando en los medios de comunicación para que desde Madrid se les aporten más medios que sólo ellos saben gestionar bien. Cuando la prensa les pregunta por qué no solicitan un salto de nivel, contestan que eso ya no les aportaría más recursos y que sus técnicos son los que mejor conocen el terreno ¿En qué quedamos? ¿Puede el gobierno poner más medios o no? El nivel 3 ¿no supondría al menos una mejor coordinación y gestión de los recursos que se precisan para incendios que han atravesado ya fronteras provinciales? ¡Volvamos a la casilla del apagón! ¿Qué fue lo diferente entonces y hoy?

La ideología que está en juego, en lo que parecen incoherencias, es la siguiente: allí donde hay poder en juego, y habrá negocio, no elevaremos el nivel de emergencia, pero sí eludiremos la culpa y desplazaremos las responsabilidades.

La lógica de reducción de costes privatizando todos los servicios medioambientales que previamente han solicitado como transferencias autonómicas, es ideología pura.

Afirman que estos incendios tienen una magnitud imprevisible e insuperable. ¡Qué sorpresa! ¿En qué mundo viven? No son los primeros de esta nueva generación que se halla tan vinculada a las olas de calor y el cambio climático como las inundaciones. Si no pueden verlo es porque adoptan una ideología negacionista que les nubla la vista o porque gobiernan desde una ideología privatizadora de lo público y Génova exige sostener la sartén por el mango.

La magnitud de los incendios de este verano no tiene parangón. Las cifras de hectáreas abrasadas lo dejarán meridiano. Tampoco la tuvo la dana de octubre pasado. Entonces, igual que ahora, estos linces de las emergencias hablaron de desastre natural. ¡Pura ideología! Hace tiempo y en todos los países donde se vienen tomando con seriedad y rigor las emergencias, nadie formado en su gestión habla de desastres naturales, sino de vulnerabilidades sociales, personales y ambientales. Pongan la mirada en éstas y pregúntense en qué medida han contribuido a agravarlas. Las decisiones políticas tienen costes y ahora en las muertes y en el páramo de cenizas están las facturas. Nada será como antes, no lo duden. Cuando miro los montes de los incendios que he vivido, nada ha vuelto a ser como fue.

Dicen que hay pirómanos. Sobre todo, hay incendiarios. Y también incendiarios sociales y políticos. Dicen también que sólo el pueblo salva al pueblo y yo me pregunto ¿de dónde salen los incendiarios y los malos gestores? Lanzan esa sentencia como si fuera una verdad revelada y carente del nefasto contaminante ideológico. Es una mentira, una falsedad perniciosa.

La parte más importante de la masa forestal que puede incendiarse se halla en manos privadas. No parece que se haya intentado siquiera obligarles a limpiar dichos terrenos a los dueños, pero algo tendrá que hacerse. Las opciones que hay sobre la mesa son ideológicas, como no podría ser de otra manera o ¿acaso esperan que los terrenos sean limpiados por el gobierno central para privatizar los beneficios?

Finalmente, y lamento tener que decirlo, el estado de las autonomías no funciona bien cuando se trata de abordar las nuevas emergencias y catástrofes derivadas de eventos extremos. Los padres de la constitución no pudieron imaginar estas situaciones. Así quedó patente en el covid (y el gobierno hizo lo mejor que podía hacerse, pese a quienes lo llevaron a los tribunales), sucedió en la dana y ha vuelto a suceder ahora. Algo debería cambiar, pero espero que no para reforzar a oligarquías incompetentes que siempre desvían sus responsabilidades hacia arriba.

Entre los eventos con consecuencias catastróficas que la población de la Comunidad Valenciana puede sufrir, y ha sufrido con cierta frecuencia, se encuentran los incendios y las inundaciones. Estoy seguro de que muchas personas ya han pasado por ambas experiencias. Se trata, además, de eventos que tienen desde hace algún tiempo formas extremas de manifestación, como ha sucedido con la dana del año pasado. Ambos están conectados con el cambio climático, así como las olas de calor que están siendo especialmente acentuadas este verano. Las catástrofes que derivan de ellos no son naturales, sino sociales, culturales y políticas y se vienen preparando desde hace tiempo. Resulta, por ello, llamativo que determinados políticos acusen a las víctimas de estar politizadas e instrumentalizar el dolor y el sufrimiento con fines espurios y deleznables.

Recuerdo bien el incendio que tuvo lugar en los montes de los Serranos en los primeros días de julio de 1994. ¡Tan sólo ardieron unas 25.000 hectáreas y desde Chelva las llamas llegaron hasta Villar del Arzobispo! Tuvo una incidencia relevante en Chulilla, donde el fuego, en un visto y no visto, se descolgó por los cinglos, cruzó el río y subió por la Muela. Lo viví de cerca y redacté un artículo para la prensa que describía las formas de desorganización que tuve ocasión de presenciar y sufrir entre quienes se suponía que gestionaban el control; también la ausencia de interoperabilidad de las comunicaciones. La irritación y rabia de los vecinos de Chulilla se tradujo en una asamblea en el templo parroquial, donde se hizo un análisis de lo vivido y una denuncia de la ineficiente actuación de quienes tenían la responsabilidad de la gestión. El director general de interior del momento, en un comunicado oficial, se refugió en informes técnicos y acudió, como ya era habitual, a los reproches: habló de la “utilización negativa” del incendio y de “la utilización del dolor de una población como bandera mezquina”.

En la dana del 29 de octubre de 2024, en la provincia de Valencia ha habido 228 víctimas mortales. Una cifra extraordinaria. En los ataques que reciben constantemente las asociaciones creadas para defender derechos, exigir verdad, reparación y reconocimiento de la dignidad de las personas fallecidas, también se habla de la utilización del dolor y de la politización. Pero es que el dolor y el sufrimiento, como afirmaba Berger, tienen un carácter político que quienes han tomado las decisiones erróneas quieren ocultar. Lo hacen hablando de desastres naturales, donde hay decisiones dañinas, negligentes y perversas.

¿Se puede tener un cargo político de la máxima responsabilidad y no estar pendiente del teléfono móvil durante una comida privada (o pública)? ¿Se puede seguir con la comida y la conversación como si no pasara nada si la población a la que se representa está en una situación de grave riesgo? ¿Se puede continuar en la silla (o en el sofá) sin hacer acto de presencia donde se han de tomar las decisiones más pertinentes que afectan a la población a la que tú representas con independencia de lo que digan los planes de emergencia sobre la responsabilidad máxima? Se puede. Se puede y lo hemos visto. Pero, también podemos y debemos preguntar qué sentido moral de la política tiene quien así se comporta.

La primera parte del libro de Peter Berger está dedicado a los costes y sufrimientos provocados por los procesos de modernización capitalista y desmontar sus mitos: “desarrollo significa crecimiento bueno y modernización deseable”. Atención: no son neutros y comportan juicios de valor y “una política libre de valores es un absurdo”. ¿Fue la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, creada en febrero de 2023, por el gobierno anterior, una decisión política libre de valores? Se dijo que el objetivo de dicha medida era optimizar recursos públicos. Estamos dentro del cálculo de costes/beneficios. ¿Es este cálculo neutro o apolítico en relación con el sufrimiento? ¿La decisión -política, qué otra cosa podría ser- de enviar una alerta tarde y con contenido errado tuvo costes humanos?

Sabemos que en torno al cambio climático las posiciones de derecha promueven una batalla cultural. Donald Trump no ha eliminado todavía la Agencia Federal de Gestión de Emergencias como anunció en la toma del poder, pero redujo el personal de la misma y había despedido al experto más necesario en la reciente inundación producida por el desbordamiento del río Guadalupe en Texas. Eso sí, acudió pronto al escenario del desastre, en que murieron 138 personas, y ante las críticas recibidas las tachó de improcedentes y se evadió diciendo que nadie podía preverlo, porque estos eventos solo suceden cada cien años ¡Qué comprensión más audaz de las estadísticas! Política hacemos todos y todo el tiempo, pero qué hace quién adopta posiciones partidistas y negacionistas, quién ignora los costes en sufrimiento de sus decisiones.

Ante una catástrofe causada por un evento del tipo que sea, hay dos políticas imprescindibles y primeras: la política de la vida y la política del trauma. Para la primera hace falta garantizar a la población que recibirá las alertas en el momento adecuado y con el significado oportuno y que se pondrán a su disposición inmediata todos los recursos; para la segunda, se requiere sensibilidad para visitar las casas y familias de las personas fallecidas desde que se han levantado los cadáveres; acompañarles en el duelo y, en una sociedad plural como la nuestra, celebrar sin demoras innecesarias los rituales y ceremonias civiles imprescindibles para ayudar a llevar el duelo y a reconstruir las esperanzas.

Es verdad: las asociaciones hacen política; es verdad: quienes pedimos auditorias civiles en vez de comisiones partidistas, hacemos política; las manifestaciones pidiendo dimisiones y responsabilidad, son política; los lemas y pancartas son políticos. Decir que se quiere conversar con todas las asociaciones es política; pedirles que acudan al Palau de la Generalitat, es política partidista poco compasiva y un punto monárquica.

Las asociaciones y comités locales están plantando oliveras en los pueblos inundados. Evocan los árboles mayo de la cultura popular; los árboles de la libertad de los movimientos ciudadanos en la era del nacimiento de las democracias. Son actos políticos para reivindicar la memoria y alimentarse con la resistencia y el renacimiento de la sociedad. Recordémoslo: “El imperativo moral más urgente en la toma de decisiones es el cálculo del sufrimiento”.

Recuerdo estos hechos, a propósito de la dana y de los ataques sufridos por las asociaciones de familiares. De nuevo se ha hablado de la utilización del dolor con fines mezquinos, de politización de las asociaciones. En algún caso, se argumenta que en estas asociaciones se vierten juicios de valor -¡juicios de valor!-, pero la lectura de los hechos recogidos en los documentos del juzgado de Catarroja, extraordinariamente escuetos, van a lo fundamental: dónde, cómo y cuándo murieron las personas fallecidas en la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024.

Haya sido en los incendios citados, en el Covid (muertes en las residencias) o en las inundaciones recientes, las voces de la vecindad y de las asociaciones de familiares son tachadas de mezquinas porque negocian con el dolor y están politizadas. Y eso, al parecer, no son juicios de valor, sino hechos probados. Así se argumenta desde quienes deberían ser conscientes de que su autoridad emana del pueblo y de que deben escucharle y atenderle con la mayor presteza y la mejor disposición.

Personalmente, no me extraña lo que sucede, porque en los gobiernos desde hace tiempo se ha producido una tendencia a la desposesión de sus capacidades a la ciudadanía; a alejarla de los frentes de emergencia lo más posible (es una cuestión de profesionales); y a tratarla en clave de inferioridad: no sabe, no piensa, no está preparada. Y esto tal vez se acentúa más cuando los máximos responsables de la gestión de una catástrofe no están preparados para abordarla, se hallan noqueados o han entrado en pánico y no pueden confesar dónde estaban en las horas trágicas.

Al leer los planes locales contra el riesgo de inundación me he fijado especialmente en las funciones que se le otorgan a la ciudadanía. La expresión ciudadanía activa es inexistente y la tarea de tener identificadas sus competencias para activarlas en caso de emergencia no se tiene en cuenta. Nos hallamos ante una omisión y un fallo gravísimo. Y este error se está perpetuando durante lo que llaman proceso de reconstrucción porque no se informa (intoxicar eso sí) ni se ofrecen datos de los proyectos en marcha y de una visión de futuro y no se tiene en cuenta su opinión.

La prestigiosa revista Nature, en su último número, señala que los gobiernos deben cambiar su enfoque ante los desastres y han de contar con la colaboración de las comunidades locales. Obviamente habrá que poner al abrigo de los peligros a la población especialmente vulnerable, pero renegar, obviar, despreciar o simplemente ignorar, las capacidades de la población es un error monumental.

Ya se trate de la gestión de las emergencias o de los procesos de recuperación y mejora o de las actividades de prevención, nada funcionará si no utilizamos lo que llamo el motor de propulsión de triple hélice: el liderazgo político (que ahora mismo ha de conquistar la confianza de la población), el conocimiento experto y técnico (que algunos grupos negacionistas ponen en tela de juicio y acusan a los demás de emitir juicios de valor) y la participación ciudadana.

El liderazgo político debe ser proactivo (no reactivo) en el fomento y la organización de la participación ciudadana y no andar siempre con los recelos de ver invadidas sus competencias. La gestión política se ha de basar en la autoridad (en la capacidad de ser escuchados) y no en el poder.

Sería muy conveniente que el personal experto y técnico sepa escuchar y estar atento a la experiencia local. Todo fenómeno general se actualiza localmente y requiere de ese conocimiento adquirido en las rutinas cotidianas. He visto que con frecuencia consideran entrometidos a quienes -desde la vecindad- les dicen cómo son las cosas allí.

Solo si las tres hélices cooperan, el motor de propulsión funcionará para hacer frente y minimizar los efectos de eventos extremos, pero también en la vida cotidiana de nuestras ciudades cada vez más heterogéneas y complejas. En la práctica diaria las polarizaciones podrían disolverse, en vez de entorpecer la colaboración.

Los he estudiado para ver los problemas que tienen, desde mi perspectiva sociológica, con la convicción de que se necesita una nueva generación de planes contra catástrofes y desastres, y que tienen que ser elaborados en todos los niveles de la administración pública y en todas las entidades, empresas y organizaciones.

Lo más socorrido y rápido, sin duda, es encargar los planes a supuestos expertos. ¡Cero complicaciones! Y seguro que proliferarán empresas proponiendo elaborarlos, sin que la vida del ayuntamiento se vea alterada por una tarea “tan enojosa e ingrata”, igual que sucede con los planes de igualdad, estratégicos y de toda clase. ¡Hay tanto trabajo en el Ayuntamiento! Pues ésta será la mejor manera de dar la bienvenida al caos en la siguiente catástrofe que podrá ser una inundación, un terremoto, un incendio, un apagón o el fallo de cualquiera de nuestros sistemas complejos (agua, internet, etc.)

Propongo, por el momento, seis principios básicos que suponen un cambio de perspectiva en el abordaje de las emergencias.

1. Enfoque inclusivo y de accesibilidad universal. La frase tan manida de que nadie puede quedarse atrás es aquí la clave de bóveda de todo el plan. EL CERMI (2025) ha elaborado un documento para tener presente cualquier tipo de vulnerabilidad personal y social. Un plan inclusivo comporta un buen sistema de información, permanentemente actualizada, de las vulnerabilidades de la población. Pero frente a cualquier tentación tecnicista y jerárquica, para que sea inclusivo debe lograr que todas las personas participen de forma activa en la redacción del plan, porque un plan es muy importante por los resultados, pero aún más por el proceso seguido. Participar es también concienciarse, formarse y prepararse para gestionar la catástrofe.

2. Enfoque y metodología participativos. La participación ciudadana no es una concesión graciosa de las autoridades y expertos a las quejas de grupos de ciudadanos ansiosos e impertinentes (o, como les gusta decir a determinados sectores de manera tan mezquina, “politizados”). La participación es un derecho, reconocido en la Constitución, en la ley del sistema de protección civil y en la ley de participación ciudadana. Por otra parte, la participación debe ser activada por los cargos electos. No consiste en esperar en el despacho a que les lleguen propuestas ni en convocar una reunión informativa y confiar en que acuda toda la población. Activar la participación comporta entrenamiento en las metodologías oportunas. Pero, sobre todo, participación ciudadana significa conseguir que hablen también (y especialmente) quienes tienen más dificultades en manejar los recursos de la escena pública (siendo el más importante de todos ellos la palabra informada y reflexiva).

3. Enfoque integral y multidisciplinar. Afirma Anthoy Olivier-Smith que, cuando se produce un desastre, todas las dimensiones de la vida social y material se hallan afectadas, pero un desastre es más que la suma de los diferentes tipos de pérdidas y daños que impone. Hay bastantes expertos especializados en determinados campos de una catástrofe que tienen dificultades para entender que todo desastre es social; y los hay que confunden y reducen la dimensión social con las actividades tan necesarias de los servicios sociales. Para mí, perspectiva integral significa que debe basarse en el triángulo de oro: la armonización entre el liderazgo político (que debe haberlo y ha de ganarse la confianza para su ejercicio), el conocimiento experto y la aportación técnica (que debe ser multidisciplinar) y la participación ciudadana (amplia y representativa). Cuando sustituimos los términos gobierno o gestión por gobernanza, nos estamos refiriendo a esta necesaria integración de tres fuentes de legitimidad y poder.

Un enfoque integrador es multidisciplinar y ya es hora de dejar de confundir la causa primera del evento con la catástrofe que produce, que es social y local. Por ello, es tan necesario que cada ayuntamiento, cada colegio, cada residencia, cada empresa, cada hogar, tengan un plan, ajustado a sus condiciones de vulnerabilidad.

4. Enfoque transformador. Se ha impuesto como un dogma el término reconstrucción. Pero ¿por qué habríamos de reconstruir lo que hemos hecho mal o lo que está hecho con materiales inadecuados a la luz de la experiencia y de la tecnología actual? También se dice “tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones del cambio climático”. La cultura humana no es adaptativa; es transformadora. Y lo es voluntaria e involuntariamente; en unas ocasiones para bien y en otras para mal. Los plásticos y sus derivados los microplásticos son una transformación maligna; la construcción en cauces y ramblas también lo es. Pues bien, antes, durante y después de una catástrofe, hemos he reflexionar sobre las bondades de las transformaciones que ponemos en marcha.

Tras un evento extremo nunca se vuelve a la supuesta normalidad precedente. Todo lo vivido está en nuestra mente de una forma irreversible y nos lleva a introducir cambios, aunque no siempre sean los mejores.

5. Enfoque global. Resulta bastante preocupante que un fenómeno que se ha producido en el territorio de tres cuencas hidrográficas se esté abordando mediante la imposición del marco administrativo municipal. ¿Quién está contemplando la perspectiva propia del territorio inundado? Y si hay alguien que lo hace ¿a qué espera para informar? ¿O no cree en la transparencia y en el derecho de la ciudadanía a conocer todo lo que está relacionado con su seguridad? Me resulta muy difícil comprender este encajonamiento -el lecho de Procusto- que se ha impuesto. Y que conduce a las malas prácticas competitivas. ¿Por qué no se estimula un debate público sobre los planes de las confederaciones hidrográficas? ¿Hay asuntos más trascendentes que éste? Asistimos a un secuestro grave de la información. Cuando la situación se mira desde Sedavi, Alfafar, Massanassa, etc. uno entiende que se nos está escamoteando lo más importante.

6. Enfoque evaluable Las sociedades humanas, cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre, aprenden por ensayo y por error. Pero, las sociedades contemporáneas que disponen de sistemas científico-técnicos para comprender la realidad, deben ser reflexivas y aprender sobre todo mediante procedimientos de análisis y evaluación de las experiencias vividas y cuando es posible mediante experimentos.

No podemos prestar ni un gramo de confianza a las comisiones constituidas y a quienes, siendo responsables de lo sucedido, ni siquiera han pedido disculpas y perdón. Lo que necesitamos es una auditoría para mejorar; que ha de ser rigurosa, independiente y con participación experta y cívica. Si nuestros representantes políticos realmente tienen intención de aprender, les aseguro que hay medios más eficaces que las comisiones que se montan con criterios cicateros y perversos. Les propongo una expedición, acompañados por diversos tipos de expertos, recorriendo los cauces desde los puntos donde cayó la lluvia hasta su desembocadura en el mar. Habrá que hacer más zigzags de los que hacen los barrancos, pero aprenderán mucho y será útil para le generalidad. Pónganse las botas de montaña y al tajo.

La cantidad de llamadas, cerca de 20.000, no parecen suficientemente significativas al gobierno, pero sobre su contenido y cronología no se han detenido a extraer conclusiones. Deberían saber que las tentativas de contactar con Emergencias, infructuosamente, fueron muchísimas más. Lo sé por experiencia personal y a lo largo de una hora. Las líneas estaban colapsadas antes de las 20 horas. ¡Que vergüenza de autoridades nos toca soportar! Cuando con mi amigo José Luis vamos a recorrer los pueblos de la zona 0, la gente no se anda con melindres. Los exabruptos están en las paredes y constatamos que las reservas de confianza se han agotado. 

Junto al sumario del juzgado nº 3 de Catarroja, conocido de nuevo a través de la prensa, donde se contienen las declaraciones de los familiares de las personas ahogadas en la barrancada, el Informe del 112 ofrece conclusiones rotundas. Casi todo lo peor de ese fatídico día había sucedido antes del torpe aviso del Es-Alert. Ahora sabemos mediante un registro formal y puntillista, lo que ya sospechábamos: que a las 14:07, en Torrent el barranco se había desbordado; que a las 15:10, en Utiel ya se iban a cortar las calles principales; que en Chiva, a las 16:41, una familia tenía que vivir en una casa inundada y a las 16:53, en un chalet de una sola planta, los propietarios tenían el agua por la cintura; que en Picassent, a las 17:32 el agua estaba subiendo a un piso, tras llenar el garaje; que en Paiporta a las 18:32 se había desbordado el barranco; que a las 18:41, en Massanassa el agua arrastraba consigo más de 50 coches; que en Catarroja a las 18:56 había gente atrapada en coches; que a las 19:04, en Picanya, había una mujer con Alzheimer desorientada en la calle; que…; que.. Toda esta información estaba llegando a la sede del 112, a escasos metros donde se encontraban reunidos los miembros del CECOPI.

Durante los días siguientes al 29-O, estando completamente abandonados, no dejé de hacerme un par de preguntas. La primera surgió cuando, a primeras horas de la mañana del día 30, había subido al centro del puente que sortea la línea del ferrocarril y que separa los términos de Alfafar y Massanassa. Las vías habían sido descalzadas por la fuerza del agua y estaban llenas de coches en todas las posiciones imaginables, a izquierda y derecha del puente. Cómo es posible que a estas horas no haya ningún helicóptero volando en el cielo para ver lo que ha sucedido, me pregunté. Sería la única manera de calibrar el alcance y la magnitud de esta catástrofe social, pensé. ¿Por qué no se utilizaron medios aéreos durante la tarde del 29-O y, sobre todo, inmediatamente después? Y si se hizo ¿dónde están los datos?

La segunda pregunta no cuajó en mi mente hasta un par de días más tarde. Una vez recuperada la cobertura telefónica y de Internet comencé a ver infinidad de vídeos de distintos puntos de la zona inundada. Pensé: está es la barrancada más grabada y mejor registrada de toda nuestra historia. Todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo y ha querido narrar a familiares y amigos lo que veían sus ojos. ¿Cómo es posible que estas imágenes, perfectamente datadas no hayan sido transmitidas en tiempo real a las autoridades? No puedo creer que cargos de la administración y de los partidos políticos –y en especial del partido gobernante- no estuvieran elevando las poderosas y duras imágenes a los niveles superiores. ¿Estaban todos noqueados? No lo creo, no puedo creerlo, en absoluto. Me resisto a aceptarlo. No sé si la jueza tiene competencias para solicitar que se le envíen voluntariamente estos vídeos o encargar a algún funcionario una descarga sistemática de los que circulan por las redes. Su ordenación a partir de los metadatos que establecen el momento de la grabación sería muy elocuente. Irrefutable.

Finalmente, no deja de llamarme la atención el hecho de que se apele -para eludir responsabilidades políticas- a que durante algún tiempo no se dispuso de vertidos de información de los sistemas oficiales de alerta. Algo así puede suceder, sucede y sucederá, pero en esos casos ¿qué hacen los responsables? ¿se ponen a jugar al mus esperando a que se recuperen los sistemas, cuentan chistes hasta que vuelve a encenderse la pantalla o buscan alternativas? Quien tiene conciencia de responsabilidad en cualquier tipo de gestión política, cuando un mecanismo previsto falla, busca todas las alternativas y salidas posibles. Y encuentra alguna. Esta conducta marca la diferencia entre quienes merecen confianza y quienes la dilapidan con irreparables y gravísimos daños para la población. Por eso, ahora a la que llaman impropiamente catástrofe “natural”, le ha sobrevenido una catástrofe moral y política. Y, por más que se empeñen, esta no se puede atribuir a la dana.