En un pequeño restaurante frente a una estación de autobuses en Inezgane, Agadir, al sur de Marruecos, dos jóvenes con chándal y cangrejeras con calcetines entran a pedir comida para llevar. Se van al desierto. “Van así porque, si la policía los encuentra —en el desierto—, pueden huir más rápido”, explica S. D., un agricultor senegalés próximo a los organizadores de la salida de pateras en la zona. Afuera llueve y la humedad cala en los huesos, pero aun así las bolsas de plástico convertidas en maletas de viaje y las chaquetas finas se agolpan en las manos de quienes esperan. Es viernes, y los adultos, adolescentes y bebés que apenas empiezan a caminar aguantan el mal tiempo: el día siguiente, primera jornada de Ramadán, se embarcarían rumbo a Canarias.

Agadir es uno de los puntos claves de la salida de pateras hacia Canarias desde Marruecos, especialmente tras el aumento de la vigilancia en Dajla (Sáhara Occidental). Y una de las estaciones de autobuses de Inezgane se ha convertido en nodo de la ruta hacia el Archipiélago canario. Durante el día, la estación es un espacio de tránsito y mercadeo; por la noche, se transforma en el punto de encuentro hacia el desierto, donde cientos de personas esperan para subir a las embarcaciones que los llevarán hacia las costas canarias.

Los migrantes se congregan a la espera de los llamados auto mafia: coches conducidos en su mayoría por personas subsaharianas que trasladan a los migrantes hacia el punto más cercano de salida. Dependiendo del día, los coches se dirigen al desierto de Guelmim, a la playa de Tan-Tan, al desierto de Tarfaya, a El Aaiún o Bojador: zonas desérticas cercanas a las playas de salida. Una vez allí, toca esperar en pleno desierto -uno, dos o tres días, lo que sea necesario- hasta que los organizadores aparecen para trasladarlos al mar.

El trayecto se realiza siempre de madrugada y suele durar entre tres y cuatro horas, explican a elDiario.es quienes conocen de primera mano este paso previo a la salida de las precarias embarcaciones. Varias fuentes apuntan que los gendarmes marroquíes que vigilan los puestos de control de las carreteras hacen la vista gorda. Cuando los llamados auto mafia llegan por la noche a los puestos, sus conductores pagan una cantidad acordada -que ronda los 20 euros- y se les permite el paso, según confirma uno de los conductores a elDiario.es. Este medio fue testigo del pago de uno de estos sobornos por parte de los conductores, que conforman un mero eslabón de la organización de estos viajes.

Son las once de la noche y la policía marroquí hace su ronda. Los agentes aparecen en un coche policial por la parte trasera de la estación. Apagan las luces verdes y dos policías bajan del vehículo: “Van a cobrar por dejarles estar aquí”, explica S. D. Desde el interior del vehículo, el conductor entrega dinero a uno de los agentes, que continúa su camino.

Agadir, conocida por su atractivo turístico, es uno de los puntos de salida en la ruta hacia Canarias tras el aumento del control policial en Dajla, parte de los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Durante años, la ciudad saharaui fue el pasillo hacia Canarias. Allí, migrantes de Costa de Marfil, Senegal o Mauritania, entre otras nacionalidades, trabajaban en fábricas de pescado y empaquetadoras de la zona industrial para costearse el viaje. A pesar de haber dejado de ser un punto regular de salida, Dajla sigue teniendo un papel persistente en la ruta migratoria, mientras la turistificación avanza.

Caída de las llegadas a Canarias

Embarcarse desde las costas saharauis, marroquíes o mauritanas hacia Canarias cada vez es más complicado ante el aumento de la cooperación fronteriza de Marruecos y Mauritania con la Unión Europea, lo que los expertos en inmigración denominan como “externalización de fronteras”. Es un proceso que suele conllevar abusos contra la población migrante, ante la inexistencia de mecanismos de control en materia de derechos humanos por parte de los Estados europeos. El mayor despliegue policial en las zonas de salida se refleja en el descenso de las llegadas de pateras a Canarias en 2025. En lo que va de año, 14.690 migrantes han desembarcado en las islas un 63% menos que en 2024, según los datos del Ministerio del Interior.

Hasta hace dos años la ciudad de Dajla era una de las zonas más transitadas hacia Canarias, una de las rutas más letales, que en 2025 ya ha concentrado al menos 1.865 muertes entre enero y mayo, según recoge la ONG española Caminando Fronteras en uno de sus últimos informes. Ahora, quienes llegan desde distintos puntos de África para intentar alcanzar España recorren alrededor de 1.200 kilómetros desde Dajla, donde suelen asentarse para trabajar, hasta Agadir, punto de salida.

Muchos trabajan durante años para ahorrar y poder pagar una plaza en una de las pateras que partirán hacia el Archipiélago. El viaje hacia España desde Agadir cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, en un país donde el salario mínimo ronda los 290 euros al mes, explican varios de los migrantes residentes en Marruecos que esperan atravesar esta ruta en algún momento. El trayecto suele durar entre dos y cuatro días, pero ante cualquier problema puede alargarse hasta una semana o acabar en tragedia. La suerte también depende de quién los intercepte: si es la Marina marroquí, detienen a los migrantes; en ese caso, pueden dejarlos en una ciudad cercana, llevarlos a centros de retención o, en algunos casos, abandonarlos en el desierto. Si, por el contrario, es Salvamento Marítimo, los rescatan. Las salidas desde los diferentes puntos suelen realizarse por la noche. “Si todo va bien, en unas ocho horas ya estás en manos de España”, explica S. Los cuerpos de seguridad instalados en los puestos de control vigilan el terreno: si ven migrantes, avisan a la policía, que decide qué hacer con ellos. “Si pagas, te vas”, resume.

Dajla, del pasillo migratorio al espejismo turístico

Cerca de Dajla, en L’Argoub, un pequeño pueblo militar a 300 kilómetros de Guerguerat —el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara con Mauritania—, se encuentra el desierto donde muchos migrantes cruzan a pie desde Mauritania. Se pueden ver varios carteles en los que hoteles y escuelas de kitesurf ofrecen vacaciones de ensueño en el mismo lugar por donde caminan senegaleses, guineanos, malienses o marfileños. No pueden recibir ayuda ni hacer autostop: una ley verbal prohíbe la asistencia a quienes se desplacen de ese modo bajo la amenaza de ser acusados de cooperar con la inmigración clandestina.

Muchos recorren cientos de kilómetros de manera clandestina hasta llegar a Dajla. “Si te pillan, te pegan o te devuelven a Nuadibú”, cuenta Mohamed, residente en Dajla desde hace varios años. Tras un quinto intento frustrado, decidió abandonar la idea de ir a España. “No podía más”, explica.

Mohamed, ahora obrero, trabajó en fábricas de pescado ubicadas en la zona industrial de Dajla sin derechos ni papeles, como centenares de migrantes —algunos menores—. Los contratos, cuando existen, están redactados en darija, ilegibles para muchos trabajadores subsaharianos. Establecen jornadas de doce horas por doce euros al día, mientras que los marroquíes cobran quince.

Dajla ha pasado de ser un pasillo migratorio a una ciudad donde muchos migrantes subsaharianos se han instalado. Viven en un territorio ocupado donde sufren racismo institucional y social: desde tener que pagar alquileres más altos por ser negros hasta costear el agua que algunos meses al año subvenciona el Ayuntamiento. Es el caso de Cheikh (nombre ficticio), quien prefiere no dar su identidad real para evitar problemas con su arrendador. “¿A quién le vas a reclamar?”, pregunta.

“La denuncia es imposible: quienes te deberían proteger son los mismos que te extorsionan. Sin papeles no eres nadie en Marruecos”, añade. En su último intento de llegar a España, pagó 1.600 euros por una plaza en una patera desde Tánger; fue interceptado y tuvo que sobornar con 100 euros a la policía para poder volver a Casablanca.

En la plaza central de Dajla, Ndioba regenta un restaurante senegalés. No tiene un cartel llamativo, pero todos saben dónde está. Lleva muchos años en la ciudad, echa de menos Senegal, pero dice que no volvería. Tampoco quiere dar muchos detalles de su historia: lo que le importa es poder pagar las facturas y el alquiler del local. El restaurante se ha convertido en mucho más que un lugar de comidas. Después de la caída del sol durante el Ramadán, Ndioba preparaba platos senegaleses.

Este comedor funciona como refugio: el té se comparte y las conversaciones fluyen entre árabe y wolof. Un pedazo de hogar para quienes la dejaron atrás. Ella disfruta de su centro social, pero habla con tristeza de quienes desaparecen de un día para otro. Uno de sus últimos clientes, Mame Cheikh, de 35 años, trabajaba en Dajla desde hacía varios años. Se fue a Mauritania para coger una patera y, cuando llegó, no quedaban plazas. Al día siguiente, el amigo con el que iba a hacer el trayecto le dijo que había conseguido solo una plaza, por lo que debían decidir quién subía. Ndioba sospecha que algo malo ocurrió. “Sobrevivió a Libia, también a detenciones y abusos de la policía marroquí. Siempre llamaba, pero esta vez no ha vuelto a llamar”, lamenta la senegalesa. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él.

En la Nochebuena de 1886, el mismo año en que fue liberada la última persona esclavizada en Cuba, nació en La Habana Joaquín Pascual Síboris, compositor y violinista afrodescendiente español. Con solo un año de edad, el músico migró junto a su familia a España, donde fraguó su carrera artística. Fue socio fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Bartolomé Pérez de las Casas; compuso numerosos pasodobles y zarzuelas; y actuó en diferentes lugares de España y Europa. Su trayectoria, sin embargo, como la de tantos afrodescendientes, ha pasado desapercibida en la historia de la música española, más aún en la historia de España.

Pero su vida sí quedó registrada en fotografías que muestran a Joaquín Pascual Síboris en círculos culturales de la época. Y fueron esas imágenes las que despertaron la curiosidad de su bisnieta, Nieves Cisneros Pascual: “Siempre me ha llamado la atención verlo rodeado de personas de clase burguesa, en un contexto en el que la presencia de personas negras era inusual”, explica. Rescatar el legado artístico de la población afrodescendiente que residió en Madrid y “desafiar la narrativa nacional de España” son algunos de los objetivos del proyecto Madrid Negro, un laboratorio artístico y de investigación antirracista que, además de estudiar la historia negra impregnada en las calles de la capital, también busca difundirla a través de distintas iniciativas, entre ellas, rutas guiadas por los lugares claves para la comunidad afrodescendiente.

Sus paseos guiados atraviesan, por ejemplo, Malasaña para hablar, entre otras figuras, de la huella de Pascual Siborís. La historia de la familia del músico se entrelaza con este barrio madrileño, donde residieron varias generaciones. Su tatarabuela, Leocadia Pascual, también natural de La Habana Vieja, poseía el documento de mujer negra libre, por lo que poco después del nacimiento de Joaquín emigró a España. Leocadia fue retratada a finales del siglo XIX por la pintora malagueña Fuensanta Aguilar sobre un plato de cerámica de la Fábrica de Falcó y Cía (actual Centro Cultural de Valdemorillo).

La memoria histórica negra de Madrid existe más allá de los relatos ligados al relato esclavista. A pesar de ello, cuando se habla de la historia de España se tiende a reducir el relato a personas exclusivamente blancas. “La historia negra de Madrid empieza incluso antes de que existiera Madrid”, señala María Irizarry, investigadora de Madrid Negro, el colectivo formado también por Yeison F. García López, Nieves Cisneros Pascual, y Malcolm Riascos Bazán. “Queremos rastrear esa parte de la historia que no se cuenta, que permanece oculta”, añade.

Personas racializadas como el abuelo de Nieves Cisneros, que destacó en el mundo de la música, también son parte de la historia de España. “La primera vez que se grabó a un hombre bailando flamenco no fue un hombre en Roma ni un hombre español”, afirma Irizarry, fue un hombre afrocubano llamado Jacinto Padilla también conocido como El Negro Meri o El Mulato Meri. Se desconoce en qué circunstancias llegó a España, pero su prestigio le llevó a participar en la Feria Mundial de 1900 como artista invitado, siendo el primer hombre grabado bailando flamenco.

Para los historiadores de la época era inusual que una persona negra ocupase estos espacios, por lo que la historia de Jacinto Padilla fue rescatada recientemente en una investigación de Kiko Mora, profesor del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante (UA), donde se identifica a Padilla en una de las películas que los hermanos Lumière rodaron en la Exposición de París de 1900. “Se estrenó como bailaor formando parte de un circo y recibió mucho amor y respeto de las comunidades que tocaban flamenco. Llegó a componer su propia música, cantaores de flamenco en los primeros años del siglo XX lo citaban como influencia”, añade la investigadora de Madrid Negro.

Sin embargo, el vídeo fue mal archivado y cambiaron su nombre por el de José Otero, según las investigaciones. Entre otros destacados de la música en España también se encontraba el afrocubano Antonio Machín. En el ámbito cultural, el poeta y latinista Juan de Sessa, mejor conocido como Juan Latino, nació como persona esclavizada y acabó siendo catedrático de Gramática y Lengua Latina en la Universidad de Granada.

Según cuentan desde Madrid Negro, el pasado esclavista de Madrid se puede localizar en algunos barrios de Madrid por los que paseamos con frecuencia, como puede ser el barrio Salamanca, donde la economía estaba vinculada a la trata atlántica ilegal y compraventa de personas esclavizadas. En el barrio de Chamberí está El Cuartel de Guardias de las Corps, que durante el siglo XVIII funcionaba como lugar de castigo para las personas esclavizadas consideradas “incorregibles”, ahí se las mantenía inmovilizadas y se les azotaba públicamente.

La Sala de Alcades de Casa y Corte, sede actual del Ministerio de Asuntos Exteriores, también funcionaba como centro para procesar y castigar a las personas esclavizadas no sumisas denunciadas por sus propios amos, como ocurrió con Narciso Convento, un muchacho que murió a la edad de 22 años. “Él no se quiso someter jamás a su amo y le quitaron el apellido”, explica Irizarry.

En la Glorieta de Emilio Castelar, quien participó en el proceso de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, está el único monumento abolicionista en Madrid en contra de la esclavitud. La inscripción, “Levantaos esclavos porque tenéis patria”, muestra la ‘gratitud’ que el Estado exigía a estas personas tras ser liberadas.

A menudo, cuando se habla de historia negra en España, se aborda desde una perspectiva deshumanizante. Queremos ir más allá, rescatar historias cotidianas, contribuciones palpables

El proyecto de Madrid Negro busca demostrar que la negritud en Madrid va mucho más allá de la mirada reduccionista. Lo que empezó como un recorrido por el barrio de Malasaña para visibilizar la historia negra en Madrid se ha transformado en un colectivo multidisciplinario que opera como laboratorio de investigación y mediación cultural.

Desde su punto de vista, uno de los mayores desafíos de España es la falta de reconocimiento de la negritud en el mundo hispano. “A menudo, cuando se habla de historia negra en España, se aborda desde una perspectiva deshumanizante. Queremos ir más allá, rescatar historias cotidianas, contribuciones palpables que han formado parte de esta ciudad y su cultura”, explica Irizarry.

Para Nieves Cisneros Pascual, el proyecto no solo trata de recuperar nombres y lugares, sino de cambiar la narrativa sobre la negritud en España. “Es un tema que afecta al ámbito político, económico, social y cultural, y que es inherentemente transnacional. No es solo decir que esta persona negra nació en Madrid y por eso es parte de la historia negra de Madrid, sino entender el papel que Madrid ha tenido dentro de la historia negra global”, cuenta. No se trata solo de reconocer contribuciones por parte de la comunidad afrodescendiente, insiste Irizarry: “Hay que desafiar la narrativa nacional española”.

Desde Madrid Negro el trabajo continúa. Ya sea a través de recorridos históricos por Malasaña, investigaciones en archivos olvidados o eventos culturales, el colectivo sigue luchando por visibilizar la historia que la ciudad no conoce. “Queremos que las personas negras en Madrid sepan que siempre hemos estado aquí, que somos parte de esta historia y que nuestra presencia importa”, concluye Cisneros.

Millones de personas nacidas en el extranjero y sus descendientes viven, trabajan y hacen su día a día en España, pero esta diversidad apenas está representada en los espacios donde se toman decisiones políticas. Y cuando están en ellos, aguantar no es fácil, ya que muchas veces tienen que soportar prejuicios y discriminación, haciendo más difícil aún su experiencia en la vida política. Solo un 2% de los diputados del Congreso español tenían origen migrante a finales de 2021, una cifra mucho menor que la de otros países del entorno europeo, según el estudio REPCHANCE, elaborado por Sciences Po y la Fundación Robert Bosch y presentado recientemente.

El proyecto ha estudiado, durante diez años –entre 2012 y 2021–, las diferentes barreras estructurales, como la discriminación y las expectativas que pesan sobre las personas nacidas en el extranjero y sus descendientes a la hora de acceder a posiciones de liderazgo político social en cinco países europeos: España, Alemania, Suiza, Reino Unido y Países Bajos. En todos ellos, la población de origen migrante está infrarrepresentada en los parlamentos nacionales.

Según los resultados del informe, Países Bajos registró en 2021 la proporción más alta, del 18% (que durante esa legislatura creció hasta el 19%). Le siguen Reino Unido (15%), Suiza (14%) y Alemania, que ha llegado a alcanzar el 11%, su mayor crecimiento en la última década, aunque sigue estancada tras las elecciones del pasado febrero.

España está a la cola de los países analizados, con el 2%. El estudio indagó en la presencia de diputados de origen migrante en los partidos o grupos que estaban representados en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de noviembre de 2019 –las de julio de 2023 se convocaron después de que se recopilaran los datos–, y concluyó que eran seis de un total de 407, en 2021.

Sin patrón ideológico claro

El informe concluye que la ascendencia de los parlamentarios refleja los patrones migratorios específicos de cada país. En los cinco países, algunos orígenes están bien representados, pero hay grupos relevantes de población que están “significativamente infrarrepresentados”. Esto ocurre en España, donde la mayoría de los diputados de origen migrante con escaño procedían de Argentina, cuatro en total. Las otras dos personas de origen brasileño y senegalés.

La investigación señala que, por el pasado colonial, no es sorprendente que los diputados de ascendencia extranjera provengan de América Latina. Sin embargo, las mayores comunidades migrantes (Marruecos, Rumanía y Colombia) no estaban representadas en el Parlamento español. Esto también pasa con las personas de origen exsoviético en Alemania y las de origen portugués en Suiza.

En España, los seis legisladores de origen migrante conocidos hasta 2021 pertenecían a cinco partidos situados en ambos extremos de la escala izquierda-derecha: a un lado Podemos, ERC y PSOE y, al otro, el Partido Popular y Vox. Debido a la baja representación, los autores no han podido detectar un patrón ideológico en el caso español. No obstante, al examinar otros países, el informe concluye que la ideología tiene que ver: aunque hay parlamentarios de origen inmigrante en partidos de centro y centroderecha, la mayoría pertenece a formaciones de centroizquierda e izquierda, una pauta que se ve más en Alemania y Suiza, y menos en Países Bajos y Reino Unido.

Entre los diputados analizados para el caso español hay varios rostros conocidos. Son Maria Carvalho Dantas, Luc André Diouf Dioh, Pablo Echenique, Gerardo Pisarello, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Ortega Smith-Molina. El número total de representantes de origen extranjero se elevó a siete cuando Carlos Martínez de Tejada Pérez entró unas semanas antes de que se convocaran las elecciones en 2023. El estudio considera el origen migrante de los políticos en varias situaciones: cualquier persona nacida en el extranjero que ha nacido sin la nacionalidad española y las personas descendientes de al menos un progenitor nacido como extranjero.

España lleva tiempo bajo la lupa de organismos internacionales por la falta de diversidad en la política. En febrero de 2018, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó a la conclusión de que “la falta de representación de los afrodescendientes era endémica en los niveles estatal, regional y municipal, así como en las tres ramas del poder”. Un año después, el Parlamento Europeo emitió una declaración que también llamaba la atención acerca de la falta de referentes en las instituciones europeas.

Falta de atención de los partidos

El estudio, que se apoya en 175 entrevistas, ha examinado el impacto del racismo y la discriminación, así como la autopercepción de estas personas al pensar en emprender carreras políticas. En general, al hablar de su motivación para hacerlo, muchas mencionan factores como haber crecido en una familia politizada, cuestiones relacionadas con la justicia social –a menudo vinculadas a “experiencias de injusticia y discriminación”–, y los ataques y la hostilidad contra los migrantes, así como el propio reclutamiento de los partidos.

“El problema en España no está tanto en que las personas de origen migrante no quieran participar en política”, dice a elDiario.es Laura Morales, profesora de investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y catedrática de Ciencia Política en Sciences Po. “La clave es que los partidos políticos no han prestado suficiente atención a esta dimensión de la diversidad en sus estructuras internas ni en sus listas electorales”, añade Morales, que ha dirigido el proyecto.

La experta aclara que, en cualquier democracia occidental, las personas con orígenes migratorios suelen participar menos en política que la población local por múltiples razones que van desde su socialización política hasta las prioridades materiales durante los primeros años en el extranjero. “Su tiempo y esfuerzo se destinan a cuestiones básicas: encontrar trabajo, vivienda, regularizar su situación o reunir a sus familias. La política no es su prioridad inicial”, dice.

Aunque esto sucede en todos los países analizados, la diferencia es que, en otros lugares, se han tomado medidas proactivas para incluir a estas personas en la vida política del país, señala la investigadora. “En Países Bajos o Reino Unido, los partidos llevan años fijándose objetivos internos de diversidad. No son cuotas obligatorias, pero sí metas autoimpuestas para asegurar que sus listas reflejan mejor la sociedad actual”, explica.

En España, en cambio, los “partidos todavía no se han puesto activamente a asegurar esta inclusión, como sí lo hacen, por ejemplo, con la representación paritaria de mujeres o con la incorporación de jóvenes a través de sus juventudes”, dice la directora del proyecto, que presentará el próximo 19 de mayo un informe específico sobre el caso español.

Prejuicios y discriminación

Las entrevistas realizadas por el equipo de REPCHANCE a políticos de origen migrante revelan una experiencia común: la sensación de cierta soledad. “Muchos se sorprendían de que hubiera encontrado a 30 personas a las que entrevistar. Son tan pocos que no sienten que tengan a otras personas con quienes compartir sus vivencias dentro de sus partidos”, cuenta Morales.

Personas todos los países y de todos los partidos denuncian prejuicios, discriminación, incitación al odio y violencia, así como amenazas contra los propios diputados y sus familiares, según el informe. “En Países Bajos, España y Suiza, las críticas a las tradiciones y la historia nacionales (...) suelen desencadenar actitudes como 'si no estás contento, vuelve a tu país”, dice el documento.

Los diputados de origen migrante suelen tener que trabajar mucho más que los demás –entrevistados alemanes y españoles hablan de un “techo de cristal”–, y también tienden a estar encasillados en ámbitos políticos relacionados con la migración, recoge el estudio. “Centrarse exclusivamente en cuestiones relacionadas con la migración suele considerarse una limitación para la carrera política más que una ventaja”, remacha el informe. 

A estas experiencias se suma la vivencia de “microrracismos” cotidianos. La investigadora recuerda el testimonio de varios diputados que relatan cómo, en los controles de seguridad, les piden con más frecuencia sus credenciales. “Es un recordatorio constante de que no se les percibe como pertenecientes naturales a la institución”, dice la experta. En otros casos, son percibidos como “diferentes” por los nombres o los acentos. Las personas blancas y sin acento pasan desapercibidas. Pero las personas racializadas o con apellidos extranjeros se enfrentan directamente a estos prejuicios. “En los ascensores del Parlamento o en reuniones institucionales a menudo les preguntan, ¿para quién trabajas?, asumiendo automáticamente que no son diputados sino que son ayudantes parlamentarios o que no pertenecen a la institución”, lamenta Morales.

El machismo es otro patrón discriminatorio que citan a menudo las personas entrevistadas, “a veces como un problema mayor que el racismo”. La proporción de mujeres entre los representantes de origen migrante es mayor que entre los legisladores sin ascendencia extranjera, pero España, una vez más, es la excepción: solo dos de seis diputados de origen migrante son mujeres, la cifra más baja del estudio comparativo (33%, diez puntos porcentuales menor que la proporción general de mujeres parlamentarias). A pesar de las cuotas de género españolas, el informe no observa “ninguna ventaja para las mujeres de origen migrante en comparación con los hombres de origen migrante”.

Países bajos, a la cabeza

En el período de diez años examinado por el estudio, la proporción de parlamentarios de origen extranjero aumentó en todos los países, aunque en España esto ocurrió muy lentamente. Los incrementos más pronunciados se registraron en Reino Unido (cuatro puntos porcentuales) y Alemania (siete puntos porcentuales).

De los cinco países analizados, Países Bajos lidera la representación de parlamentarios de origen migrante. ¿Por qué? En parte tiene que ver con su sistema electoral: a diferencia de España, los partidos políticos diseñan una lista para una circunscripción única nacional, lo que facilita garantizar la diversidad, según explica Morales, que remarca que, también los principales partidos neerlandeses se han marcado objetivos de manera voluntaria para incluir a personas migrantes en sus listas desde hace más de 15 años. Por otro lado, ofrecen los llamados programas kader para quienes quieren entrar en política, que busca dotar a estas personas de “habilidades y conocimientos”, cita el informe.

Según concluye el documento, los programas específicos para mejorar la representación política de los ciudadanos de origen migrante son una particularidad alemana. El país más poblado de la UE ha incrementado su representación gracias a la los partidos de izquierda y centroizquierda. “Los Verdes, Die Linke y el SPD tienen entre un 14% y un 28% de diputados de origen migrante”, explica la académica.

Aun así, los partidos alemanes con menos representación superan los niveles de cualquier formación política en España, incluidas las progresistas. “Los compares con quien los compares, con países que llevan más años recibiendo inmigración o con Italia, que tiene un ciclo migratorio muy parecido al español, los partidos españoles son los que más se están retrasando a la hora de incorporar la diversidad de su sociedad”, afirma Morales.

A su juicio, lo partidos políticos “tienen que ser conscientes de que tienen muy pocos afiliados de origen migrante y deben acercarse intencionadamente a ellos”. “Tienen que invitarles a participar, animarles a afiliarse y visibilizar que también ellos pueden aspirar a ser representantes políticos”, agrega.

La investigadora aclara que no se trata solo de los mecanismos internos. La visibilización de referentes es necesaria. “Es fundamental que los jóvenes vean que hay personas como ellos en la política”, defiende. Algunos de los políticos entrevistados ya están dando charlas en colegios e institutos, explicando en qué consiste su trabajo y mostrando que la política es para todos.

En sus recomendaciones, la mayoría dirigidas a partidos políticos, el informe propone visibilizar a más referentes, revisar los procesos de reclutamiento, implementar programas de formación y combatir el racismo estructural.

El caso tunecino refleja la tendencia en políticas migratorias de la Unión Europea, donde la externalización del control migratorio a terceros países se ha priorizado sobre la garantía de los derechos fundamentales, según la profesora Neïla Dorra Jaibi, especialista en Derecho Europeo y Derecho de Migración en la Universidad de Túnez. “Lo que busca la UE es la eficacia de su objetivo en detrimento de los derechos humanos”, afirmó la profesora en una conferencia que impartió en Casa Árabe en Madrid el miércoles.

Su intervención se centró en el impacto de las políticas migratorias en cooperación con UE y la falta de garantías y protección de los derechos de las personas migrantes que pasan por Túnez para poder llegar a Europa a través del mar Mediterráneo. “Lo que importa es la lucha contra la inmigración ilegal”, señaló.

La jurista tunecina destacó la manera en la que la UE ha promovido la aplicación de normas flexibles que quedan en manos de los Estados miembros. “Túnez ha sido clasificado como lugar seguro por la Unión Europea. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea son muy criticadas por su falta de respeto a los derechos humanos”. Eso plantea serias dudas sobre su eficacia a la hora de proteger los derechos humanos. La académica consideró que la aplicación de estas normas, “en particular las celebradas por Frontex y terceros países, representa una amenaza grave, muy grave, para la protección de los derechos humanos”.

La profesora advirtió de que las normas, “si bien permiten una armonización procedimental, otorgan a los Estados un margen discrecional significativo en la aplicación de las normas de asilo y migración”. “La UE está allanando el camino hacia la vulneración de los derechos humanos”, agregó.

Las políticas migratorias europeas han dado lugar a acuerdos en materia migratoria con Túnez, a pesar del retroceso en las libertades y derechos básicos en el país árabe en los pasados años. En la recién aprobada directiva de retornos, la Comisión Europea abre la puerta a la apertura de centros de retorno fuera de la UE, similares a los que propone el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania. Según la directiva, los países de la UE podrán llegar a acuerdos con países extracomunitarios para establecer centros de deportación a los que se enviará a las personas migrantes a las que se le haya denegado el asilo o que no cumplan los requisitos para estar en suelo europeo.

“Es una externalización pura y simple de las políticas migratorias, y se hace en un sentido preciso”, dijo la académica, quien recordó el caso del acuerdo de Europa con Turquía, sellado en marzo de 2016, para deportar a ese país toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas.

Jaibi señaló que Túnez, a pesar de haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, no ha adoptado legislación nacional alguna que garantice su aplicación. La ausencia de un marco legal claro para las personas refugiadas genera una situación de vulnerabilidad extrema, que se agrava por la discriminación a nivel social y la falta de recursos institucionales.

“Túnez no está preparado para ser un país ni de destino ni de acogida, debido a la ausencia de medios financieros y por la falta aceptación de la diversidad, sobre todo cuando paradójicamente [los migrantes] vienen del Sur; se han producido ataques masivos por parte de la población local”, advirtió la experta. En 2023, se registró una ola de discriminación y violencia racista contra los migrantes residentes en Túnez o que se encontraban en el país a la espera de zarpar hacia Europa. A eso se suma la persecución por parte de las autoridades, que han sido acusadas de expulsar a los migrantes subsaharianos y abandonarlos en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia.

Como concluyó Jaibi, “la situación actual exige un cambio de enfoque que priorice la dignidad y los derechos de los migrantes”. En este contexto, se hace imperativo que la cooperación entre la UE y Túnez en materia migratoria no implique un control basado en acuerdos y mecanismos que carecen de garantías legales reales.

Los resultados del nuevo estudio realizado por el Ministerio de Igualdad de España han reflejado un aumento de las personas que se sienten discriminadas por su origen racial o étnico, del 31% en el año 2020 al 33% en 2024. La directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación, Beatriz Carrillo, ha señalado en la presentación del informe que “el racismo, la discriminación y la xenofobia no son hechos aislados, sino que tienen raíces históricas y estructurales”. También ha alertado del auge de discursos políticos que promueven la supremacía racial y la xenofobia: “Se está produciendo un incremento de los discursos de odio racial, con lo cual esto hace que se manifiesten de manera más abierta estas formas de discriminación”.

El estudio detalla que las personas que dicen sufrir discriminación por su color de piel o rasgos físicos han aumentado al 61%, mientras que disminuyen quienes dicen padecerlo por sus costumbres o prácticas culturales (36%). Además, se han incrementado las experiencias de discriminación por el sexo, la identidad de género y/o la orientación sexual.

El momento de acceder a una vivienda sigue siendo cuando más personas declaran sentirse discriminadas (27,5%), seguido del acceso a los lugares públicos (22%), donde la población afrodescendiente, la negra africana y la gitana son quienes más denuncian haber vivido situaciones de discriminación y afirman haber sufrido vigilancia y seguimiento una vez logran estar en esos lugares. También en el trato policial (20%). Además, se han identificado situaciones de segregación escolar y acoso en el ámbito educativo, a los que se suman los obstáculos administrativos con los que se encuentran como la dificultad para empadronarse, y todo ello restringe el acceso a múltiples derechos y servicios básicos.

Según el informe, los hombres sufren más situaciones discriminatorias en lugares públicos, con un 12,5% que señaló que no les han dejado entrar en discotecas, bares o restaurantes; un 24,2% asegura haber percibido malas miradas en tiendas o centros comerciales y un 15,9% dice haber sido insultado por la calle. Mientras, las mujeres identifican estas situaciones en espacios privados como la vivienda y en espacios educativos o sanitarios. Un 24,15% de las mujeres encuestadas indica haber sufrido alguna situación de violencia sexual por motivos raciales o étnicos, en especial las mujeres blancas latinoamericanas.

Uno de los datos más alarmantes del informe es el impacto de la discriminación en la salud mental de las víctimas. “El 47% de quienes sufren racismo reportan consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y estrés”, según Carrillo. La encuesta refleja la infradenuncia de las víctimas de discriminación: solo el 22,4% de las personas afectadas decide interponer una denuncia. “Mucha gente no denuncia porque cree que no servirá para nada o porque simplemente no sabe cómo hacerlo”, ha lamentado la directora.

Un 52% de los encuestados afirma haber vivido en los doce meses anteriores al menos una situación que podría calificarse como delito de odio. Los grupos proporcionalmente más afectados son las personas negras africanas (17%) y árabes y norteafricanas no árabes (13%). Durante el conversatorio posterior a la presentación, diversos activistas y representantes de colectivos racializados compartieron testimonios sobre las barreras y abusos a los que se enfrentan en su día a día. Entre ellos, estaban Francine Gálvez, Xirou Xiao, Fernando Macías-Aranda, Sara Belbeida y Rosalía Polo. Xirou Xiao, de la diáspora china en España, relató cómo muchas familias de su comunidad sufren violencia y discriminación en sus negocios. “A mi madre le echaron cerveza en la cabeza durante un robo. ¿Cómo canalizamos esa rabia?”, preguntó.

El estudio plantea una serie de propuestas para mejorar la situación, entre ellas, reforzar la protección a las víctimas, implementar medidas preventivas desde el ámbito educativo y fomentar la representación de personas racializadas en instituciones y medios de comunicación. “El racismo corroe las entrañas de nuestra sociedad y erosiona nuestra convivencia. Es urgente combatirlo con acciones concretas y no solo con discursos”, ha sentenciado Carrillo en el cierre del evento.

La última vez que Mohamed habló con su hermano pequeño Marouan El Mokadim, un joven marroquí de 18 años, eran las 2 y 28 de la madrugada del 21 de abril de 2024. Volvía a Motril tras celebrar con su familia el Eid Al Fitr, la celebración anual del fin del Ramadán, era la primera vez que regresaba a celebrar esta tradición junto a su familia, tras haber conseguido la residencia en España. Desde el puerto de Beni Ansar (Nador) y con su documentación en regla, subió a un ferry de Naviera Armas Transmediterránea (antigua Naviera Armas) desde donde envió vídeos y habló por teléfono con su familia, hasta que su móvil emitió la última señal y su rastro se perdió en el mar.

Desde entonces, casi un año después, la familia de Marouan aguarda respuestas que no llegan y denuncia los “obstáculos institucionales” a los que se enfrentan en la búsqueda del desaparecido. “Mi madre no sale de casa, no puede dormir, pregunta constantemente por su hijo, llora todo el tiempo y vive en un profundo dolor”, cuenta Mohamed, quien inició una huelga de hambre el pasado 10 de febrero frente a la sede de la compañía de transporte marítimo Naviera Armas Transmediterránea de Beni Ansar, exigiendo información sobre la desaparición de su hermano durante el viaje.

El joven Marouan había terminado sus estudios en secundaria y comenzó a trabajar en la industria del aluminio en Marruecos, hasta que decidió irse a España, a través de la ruta del mar de Alborán. Viajó en un pequeño barco de pesca desde Alhucemas junto a otras nueve personas, llegó siendo menor y pasó los primeros meses en un centro de menores hasta que alcanzó la mayoría de edad y obtuvo plaza en uno de los pisos tutelados que ofrece la Junta de Andalucía. Tiempo después consiguió regularizar su situación y obtener su residencia, momento en el que quiso volver a casa para reunirse y pasar los días de festejo y tradición junto a su familia, detalla su hermano.

El viaje de Marouan tendría que haber terminado en el puerto de Motril, donde cogería un taxi hasta el piso tutelado, como había indicado a su familia, pero nunca llegó. Un día después de abandonar Beni Enzar, un familiar desde Gijón (Asturias), denunció su desaparición ante la Policía, desde Marruecos, su hermano Mohamed también denunciaba la desaparición ante las autoridades locales de Beni Ansar. Posteriormente como órganos competentes de la investigación, la policía judicial de Motril remitió la denuncia al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Granada.

El día de su desaparición sus familiares le acompañaron al puerto de Nador, donde se despidieron de él antes de embarcar. El joven pasó el control fronterizo, según confirman las autoridades marroquíes en un atestado policial, al que ha accedido elDiario.es. “Se comprobó efectivamente que el denominado Marouan El Mokadim, abandonó el territorio nacional marroquí [...] el 20/04/2024, a través del puerto de Beni Ensar con destino España”, recoge el documento.

Lo último que su familia supo de Marouan es que se encontraba en la cafetería del ferry, donde pasaría la noche. Viajaba con billete económico y no tenía camarote. “Vino a compartir la felicidad del Eid [fiesta de ruptura del ayuno tras el Ramadán] con nosotros. No tenía dinero y yo le compré el pasaje de vuelta para el 20 de abril de 2024”, recuerda con tristeza su hermano. Marouan le envío vídeos enseñándole las vistas desde el barco. Fueron los últimos mensajes que recibió de él.

Marouan no llegó a entrar nunca, al menos no oficialmente, en territorio español junto al resto de los pasajeros desembarcados en Motril el pasado 21 de abril. En un documento remitido por la policía judicial al Juzgado de Motril, al que ha accedido elDiario.es, las autoridades españolas confirman que “el desaparecido en ningún momento entra en territorio nacional por puesto fronterizo habilitado, según consta en las bases de datos de la Policía Nacional”.

El joven viajaba con dos tarjetas telefónicas, una española y otra marroquí. Digi, la compañía española, ha confirmado a la policía judicial que el teléfono no se volvió a encender desde la noche de la desaparición, según confirma la abogada de la familia a este medio. La letrada también ha iniciado los trámites en el juzgado para solicitar a Inwi, la operadora de Marruecos, la geolocalización y posición del móvil.

“¿Cuál fue el destino de Marouan durante ese viaje? ¿Dónde están sus objetos personales que pesaban 20 kilos?”, se pregunta su hermano. Su familia explica que el joven viajaba con una maleta y su móvil, aunque estas pertenencias tampoco han sido localizadas. La abogada de la familia se trasladó hasta las oficinas de Naviera Armas Transmediterránea de Granada en busca de los objetos perdidos, pero “según su personal, no constaba ningún objeto relacionado con el ferry del 21-22 de abril de 2024”, indica su defensa en un documento donde resume los pasos seguidos por la familia en la búsqueda del desaparecido.

El juzgado solicitó a la empresa las imágenes del sistema de videovigilancia tanto de la embarcación como de la zona de embarque, con el fin de localizar Marouan, pero Naviera Armas Transmediterránea respondió que las cámaras no estaban operativas, por lo que no contaban con grabaciones del viaje, explica la abogada de la familia. Contactada por elDiario.es, la compañía ha rechazado responder a las preguntas de este medio “al estar abierta la investigación”.

Una de las diligencias clave para saber si Marouan llegó a bajar del barco o no pasa también por pedir las imágenes de la aduana de Motril, pero solo se puede solicitar a través de los juzgados con un poder, ya que el perjudicado se encuentra desaparecido, lo que prolonga el procedimiento, explica la letrada. La familia denuncian la lentitud de la investigación, las “trabas burocráticas” y la falta de información casi un año después de los hechos.

Fuentes de la jefatura de Policía de Granada aseguran a elDiario.es que “como en todos los casos genéricos de desaparición, una vez conocidos los hechos, se estableció el protocolo a seguir por Policía Nacional”. Según añaden, “ha existido comunicación tanto con la embajada como con las autoridades marroquíes” pero declinan responder a las preguntas de este medio porque “el caso se encuentra actualmente judicializado”.

Decidí hacer una huelga de hambre y de agua después de 10 meses de búsqueda, y estoy dispuesto a intensificar mis acciones de lucha

La huelga de su hermano

Durante todos estos meses de búsqueda, el hermano acudió a varias instituciones marroquíes sin recibir respuestas. “Viajé por varias ciudades y llamé a todas las puertas, incluso en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Rabat. Fui a Alhucemas, envié cartas a la provincia de Alhucemas, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Gabinete Real en Rabat y a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, sección de Nador. Desde mayo, he estado buscando.”

Desesperado por la inacción de las autoridades, Mohamed El Mokadem, inició una huelga de hambre el pasado 10 de febrero exigiendo una investigación formal en Marruecos sobre la desaparición de su hermano. “Decidí hacer una huelga de hambre y de agua después de 10 meses de búsqueda, y estoy dispuesto a intensificar mis acciones de lucha”, dice. Pasó varios días frente a la sede de Naviera Armas en Beni Ansar con el apoyo de las autoridades locales y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (sección Nador). “Las autoridades locales y provinciales intervinieron para negociar conmigo sobre la huelga de hambre, brindándome también apoyo”, recuerda Mohamed. Finalmente, el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Nador intervino y abrió una investigación de los hechos, dando fin a la huelga de hambre de 3 días del hermano mayor de Marouan.

Marouan, como muchos jóvenes marroquíes, creció en un entorno donde la emigración a Europa se cree como una de las oportunidades que le llevarían a conseguir un futuro mejor. “Vivimos en una zona donde todos tenemos la cultura de la migración, todos pensamos en emigrar. En verano, vemos a los inmigrantes cuando regresan a Marruecos con sus coches y en buena situación, lo que refuerza en nosotros la idea de emigrar a Europa”, cuenta su hermano mayor. Atravesó la ruta del mar de Alborán, una de las más peligrosas para llegar a España, tras la canaria.

Sin embargo, su desaparición no ocurrió con una embarcación clandestina, sino en un barco oficial español, con sus papeles en regla y su residencia en vigor. Ahora la incertidumbre rodea a la desaparición de este joven de 18 años, que deja a su familia atrapada en una lucha por respuestas, que hasta ahora, nadie les ha dado.