La deriva autoritaria de Túnez pone a prueba la política migratoria europea en el Mediterráneo

Desde que el presidente de Túnez, Kais Said, lanzó proclamas racistas contra los miles de migrantes subsaharianos que se encuentran en el país, esta comunidad ha sufrido la persecución institucional y ciudadana, ataques y arrestos indiscriminados. Ante la creciente hostilidad, miles de migrantes se han echado a la mar en las últimas semanas en busca de seguridad al otro lado del Mediterráneo. La Unión Europea, mientras dice preocuparse por la deriva autoritaria del país, mantiene sus políticas migratorias con el país norteafricano.

Las llegadas de migrantes a las costas italianas se han disparado desde comienzos de 2023 y, hasta el 31 de marzo, el Ministerio de Interior de Roma ha contabilizado casi cuatro veces más desembarcos que en el mismo periodo del año anterior y casi diez veces más durante este mes de marzo, comparado con el de 2022. La mayoría procede de Costa de Marfil y Guinea, los tunecinos solo representan el 7% pero la ruta que cruza el Mediterráneo desde Túnez es ahora la más transitada, superando la de Libia.

Entre el 3 y el 12 de marzo, 5.477 personas desembarcaron en Italia, unos diez días después del incendiario discurso de Said, que a finales de febrero aseguró que la inmigración desde el sur del continente formaba parte de una “conspiración” para cambiar la identidad del país árabe y musulmán —a pesar de que en torno al 10% de los tunecinos son de raza negra—.

El anciano y cada vez más autoritario mandatario aclaró posteriormente que no pretendía discriminar a los subsaharianos que se encuentran en Túnez, sino hacer frente a la inmigración irregular. Pero en las semanas anteriores a ese discurso, ya había dado comienzo una campaña de arrestos de personas negras, independientemente de su estatus administrativo.

Desde febrero la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha recibido 600 solicitudes de regreso voluntario a otros países africanos, informa a elDiario.es la oficina de la OIM en Túnez. La organización facilita el regreso tras estudiar el caso de cada migrante y solo si “es una opción segura”, insisten desde la agencia de la ONU. Pero no todos quieren regresar y la OIM ofrece “asistencia de emergencia a los más vulnerables”, como apoyo legal, sanitario, psicológico, o alojamiento en los centros de acogida disponibles. Cerca de 200 migrantes subsaharianos permanecen acampados a día de hoy junto a la sede de la OIM en la capital.

Chivos expiatorios

El Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) ha hecho un seguimiento y ha denunciado los abusos y persecución contra los migrantes, y también contra los tunecinos que se han solidarizado con ellos. Antes del discurso de Said, el Foro ya había alertado de un creciente “discurso racista y de odio en las redes sociales y en determinados medios de comunicación, dirigido específicamente a los migrantes del África subsahariana”. Esta tendencia aumentó tras la teoría conspirativa del presidente, quien ha encontrado en los migrantes un chivo expiatorio para sus propios problemas, sostiene la organización.

Fida Hammadi, activista tunecina pro-derechos humanos desde antes de la revolución de los jazmines de 2011, asegura a elDiario.es que la sociedad civil se ha movilizado y ha denunciado sin miedo el discurso racista de Said, en las calles y en manifiestos públicos, a pesar de sufrir también una creciente persecución policial y judicial: “Ha habido campañas de solidaridad con los migrantes afectados, se les ha prestado asistencia legal a los detenidos y, por ejemplo, las organizaciones de mujeres han ofrecido cobijo a las que fueron expulsadas” de sus viviendas alquiladas.

“El régimen ha demostrado que no tiene la capacidad de ofrecer soluciones a la crisis económica y el presidente culpa a un grupo u otro por la inflación, la escasez, la corrupción… En lugar de hacer frente a estos problemas de forma transparente y directa, toma medidas represivas contra la oposición, por ejemplo, y responsabiliza a otros”, explica Hammadi. “Las organizaciones LGTBI+ también han denunciado abusos en las pasadas semanas, sobre todo a miembros del colectivo negro o que se han solidarizado con los migrantes”, agrega.

Crisis de derechos humanos

La actual crisis no es más que un reflejo de una más amplia, que se ha ahondado desde que el presidente asumiera poderes extraordinarios a mediados de 2021, en lo que fue calificado por opositores y observadores de “golpe” antidemocrático. “Hemos vivido una profunda crisis del Estado de derecho desde julio de 2021, las instituciones independientes se han debilitado (…) y el Ejecutivo ha socavado el poder Judicial. Esto inevitablemente ha llevado a una crisis de los derechos humanos, porque el derecho a un juicio imparcial no es respetado y los que expresan opiniones críticas son encarcelados”, lamenta la activista. Esta falta de libertad le recuerda la época de la dictadura, “cuando la Policía y la Judicatura eran herramientas de represión al servicio de (Zin Al Abidine) Ben Ali”.

Las ONG locales e internacionales han denunciado reiteradamente la deriva autoritaria del presidente tunecino, que cada vez se muestra más intolerante y paranoico respecto a los disidentes, acusados de “conspirar” o, incluso, de “terrorismo”. La oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación en febrero, pero el último ataque lanzado contra los migrantes ha hecho todas las alarmas de la comunidad internacional, sobre todo al otro lado del Mediterráneo.

Según Hussein Baoumi, defensor de los derechos humanos en el Norte de África y Oriente Medio en la UE de Amnistía Internacional (AI), Europa intenta llegar a un acuerdo con Túnez sobre migración, pero “es muy difícil tratar con el Gobierno ahora mismo porque la toma de decisiones depende del presidente”. Para los representantes comunitarios o los ministros de Exteriores, no es fácil entablar un diálogo con Said. Un ejemplo de ello fue el plantón que le dio al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que la semana pasada visitó Túnez. El mandatario canceló la reunión, que finalmente tuvo lugar más tarde, y de la que no trascendieron detalles, más allá de unas fotos oficiales y un escueto tuit del propio Gentiloni: “He hablado con el presidente, la primera ministra, varios ministros y el gobernador del Banco Central sobre la cooperación económica, también en el marco de los retos migratorios”. 

Doble rasero

Según Baoumi, en el seno de la UE, Italia está empujando para ofrecer ayuda financiera a Túnez lo antes posible “para evitar su colapso” financiero. “Pensar que dar dinero a Túnez va a solucionar la crisis es una ilusión”, dice el activista. “Hasta que el presidente continúe adoptando decisiones de forma unilateral, la UE se arriesga a que la ayuda económica no produzca resultados o sea contraproducente”, agrega. El defensor de derechos humanos considera que las instituciones financieras -como el Fondo Monetario Internacional, con el que Túnez negocia un nuevo préstamo de 1.900 millones de dólares- y europeas pueden presionar a Said, dado que este necesita dinero, pero “no solo deben exigir reformas económicas sino políticas”.

El Consejo de Asuntos Exteriores europeo ha afirmado recientemente que sigue dispuesto a apoyar al pueblo tunecino, al mismo tiempo que es “urgente abordar la cuestión del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en el país”. En una reunión en la que participaron los ministros de Exteriores y Defensa, el Consejo ha admitido que “los acontecimientos en Túnez tienen repercusiones inmediatas en la UE por la inestabilidad que se genera en el Mediterráneo”.

Baoumi cree que la UE o los Estados miembros -con Italia a la cabeza- no van a cambiar su política migratoria, a pesar de los riesgos, sobre todo respecto a las devoluciones de migrantes a Túnez, donde su seguridad no está garantizada. “La UE se arriesga a repetir el mismo error que hizo en Libia, donde acabó cooperando con un Gobierno que viola los derechos humanos de los refugiados”, lamenta desde Bruselas, señalando el último informe de la misión independiente de la ONU para Libia, que responsabiliza la política migratoria europea de los grandes abusos sufridos por los migrantes.