Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres. Es un lugar de Castilla-La Mancha que, teóricamente, no olvida a quienes han puesto su talento, su trabajo o su ejemplo al servicio de la comunidad. Lo hemos visto estos últimos días, en que instituciones, asociaciones y colectivos se han unido con presteza para reconocer a personas que han marcado su historia: desde el periodista Pedro Piqueras, homenajeado con la Medalla de Oro de la Provincia, al cuchillero Amós Núñez, figura central de la tradición y del Museo Municipal de la Cuchillería, o al dirigente sindical Juan Antonio Mata, cuya memoria ha sido honrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cada uno de esos actos, Albacete repite el mismo gesto: mira atrás, pone nombre y rostro a sus referentes y los devuelve con orgullo al centro de la memoria colectiva. Son formas de decir que, en esta ciudad, quienes dedican su vida entera a su oficio y a su provincia siempre encontrarán un lugar en el corazón de los albaceteños. O al menos, así debería ser si no mediara la arbitrariedad o el olvido selectivo de quienes hoy ostentan la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres. Existe una ausencia que grita por sí sola; un vacío en el reconocimiento público que raya en la ingratitud institucional. Permítanme citar a alguien cuyos méritos son tan vastos que el silencio oficial sobre su figura resulta ya, a todas luces, impresentable. Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez.

Si en lugar de una carta abierta en este medio regional, yo hubiera propuesto una recogida de firmas, las rúbricas se contarían por miles, evidenciando que la ciudadanía tiene mucha más memoria y altura de miras que sus instituciones. Hablamos de quien fue alcalde de Alcaraz (1987-1999), presidente de la Diputación Provincial durante 16 años ininterrumpidos (desde 1979 hasta 1995), diputado regional y director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Su legado no es una cuestión de opinión, sino de hechos palpables que hoy disfrutamos y que hacen aún más sangrante la pasividad de los actuales responsables:

• Creación de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) en 1979, blindando la seguridad de nuestras zonas rurales.

• Urbanización del Campus Universitario de la UCLM, una apuesta decidida por la educación superior que cambió el futuro de la provincia.

• Fundación del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) en 1982, modernizando el sector primario mediante la investigación.

• Impulso de los Planes Provinciales de Cooperación, llevando agua y carreteras a los ayuntamientos más pequeños y olvidados.

• Creación del Servicio de Publicaciones (1989), del Servicio Provincial de Recaudación y del Servicio Provincial de Informática, dotando a la provincia de una estructura administrativa moderna.

• La cesión al INSALUD del edificio del Hospital Provincial por la simbólica cifra de una peseta al año, un gesto de visión política que permitió el nacimiento del actual Hospital General Universitario.

• Puesta en marcha del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, siendo pionero en la gestión mancomunada de residuos, una visión de sostenibilidad décadas antes de que se convirtiera en norma. Y a eso añadir los consorcios de Servicios Sociales, Consumo o Cultural Albacete.

• Adquisición y rehabilitación del Chalet de Fontecha, rescatando para el patrimonio público y para la sede de la Cámara de Comercio uno de los edificios más emblemáticos de la capital, evitando su deterioro o desaparición.

• Creación del Circuito de Velocidad de Albacete, impulsando una infraestructura que durante años fue el principal motor de promoción turística e internacional de la provincia, situándonos en el mapa del motor mundial.

• Liderazgo en la creación de la Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM) en sus primeras etapas de expansión provincial, consolidando un foro imprescindible para la defensa de nuestro sector agrario.

• Fomento de la red de Bibliotecas Municipales y Centros Culturales en toda la provincia, garantizando que el acceso al saber no fuera un privilegio de la capital, sino un derecho de cada vecino de la Sierra de Alcaraz o de la Mancha.

Este listado podría continuar, porque su acción no solo fue administrativa, sino estratégica. Por eso tampoco se entiende que esta iniciativa no haya salido del responsable provincial del PSOE, partido en el que milita desde 1977.

No es necesario añadir nada más. Resulta incomprensible, cuando no directamente vergonzoso, que, con este currículo de servicio público, que constituye la base misma de la infraestructura moderna de Albacete, las instituciones que él mismo ayudó a levantar o el partido al que ha servido, miren hoy hacia otro lado.

La gratitud no debería ser una cuestión de color político ni de conveniencia temporal, sino un deber de justicia elemental. Ignorar este legado no solo empequeñece a quienes tienen el poder de remediarlo, sino que proyecta una imagen de mezquindad institucional que nuestra provincia no merece.

Es hora de que las instituciones estén a la altura de su historia y de los hombres que, como Juan Francisco Fernández Jiménez, la construyeron cuando todo estaba por hacer. El silencio, a estas alturas, ya solo puede interpretarse como una falta de respeto a nuestra propia identidad.

Recordando al Cesar, la justicia, para serlo, no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Sin embargo, lo que hoy emana de las altas instancias judiciales en España, especialmente tras las últimas decisiones sobre el caso Kitchen, no es precisamente un aroma de equidad, sino el hedor de la descomposición institucional. La noticia de que María Dolores de Cospedal y por extensión la cúpula política de Mariano Rajoy volverá a evitar el banquillo de los acusados no ha sorprendido a nadie. Y esa falta de sorpresa es, precisamente, el síntoma más alarmante de una democracia enferma.

El argumento de que “no hay indicios suficientes” para juzgar a la exsecretaria general del PP choca frontalmente con la lógica ciudadana y con la fonoteca nacional. Los audios con el comisario Villarejo, donde se hablaba de “laminarse” pruebas y de “la libretita” de Bárcenas, parecen haberse disuelto en uno de esos agujeros negros que existen en nuestro sistema jurídico.

El sentimiento de la calle es claro, decepción, convencidos de que estamos asistiendo a una instrucción “quirúrgica”. El papel del juez García-Castellón es señalado es el de un orfebre que, durante años, habría moldeado los tiempos y los plazos para que, al llegar al juicio oral, los peces gordos ya hubieran escapado de la red. Es el triunfo de la verdad procesal (aquella que se construye en los despachos) sobre la verdad real (aquella que toda la sociedad conoce).

Lo que más indigna a la opinión pública no es solo la impunidad de unos, sino la hiperactividad judicial contra otros. La comparación es inevitable y sangrante: mientras la instrucción de la 'Kitchen' bosteza durante 13 años hasta languidecer por prescripción o falta de impulso, otras causas contra figuras de la izquierda o del entorno del actual Gobierno se instruyen a velocidad de crucero, rastreando hasta “la imprenta de las estampitas de su primera comunión”; esta doble vara de medir proyecta la imagen de una justicia que actúa como muchos un búnker corporativo que protege a los suyos bajo el mantra del “atado y bien atado”.

Pero no hago este comentario por enfado con el hecho de que esta señora y sus acólitos se vayan de rositas. Eso es lo de menos frente al daño incalculable que este blindaje judicial hace a España. Cuando el ciudadano percibe que el Código Penal es un instrumento elástico que se estira para el débil y se encoge para el poderoso, la institución se está suicidando. No puede extrañarnos viendo estas actuaciones que se diga a menudo que la justicia española es la mayor fábrica de independentistas y de descreídos del sistema; decisiones como la de salvar a Cospedal en contra del sentido común no hacen más que darles la razón.

Estamos ante una justicia tuerta, que ve con nitidez absoluta los errores de la izquierda, pero sufre de una ceguera selectiva cuando los audios y los papeles apuntan a la calle Génova. Si la instrucción de un caso de corrupción masiva que utilizó fondos reservados para destruir pruebas acaba con un par de mandos policiales en el banquillo y los responsables políticos de rositas, el mensaje que se lanza a los ciudadanos es devastador: delinquir desde el poder sale gratis si tienes a los jueces adecuados de tu parte.

La 'Kitchen' pasará a la historia no como el caso que limpió las cloacas del Estado, sino como el caso que demostró que, en España, las cloacas tienen quien les escriba las sentencias. Cospedal se libra, sí, pero lo que se hunde un poco más es la dignidad de un país que merece jueces que sirvan a la ley y no a las siglas de un partido.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

En España, pocas tradiciones dividen tanto a los ciudadanos como la tauromaquia. Durante siglos fue celebrada como una forma de arte, un ritual cargado de simbolismo y valentía. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la imagen del toro agonizando en la arena ya no encaja con la sensibilidad de una sociedad que ha aprendido a mirar el sufrimiento animal con otros ojos. La fiesta nacional, antaño orgullo colectivo, se ha convertido en un espejo incómodo que refleja la tensión entre pasado y presente.

La cuestión no es solo estética ni moral: es cultural. La tauromaquia pertenece a un tiempo en que la violencia era parte del espectáculo y el sacrificio un componente esencial del honor. Pero la cultura, si quiere sobrevivir, debe transformarse con quienes la viven. Mantener vivas prácticas que se sustentan en el dolor contradice la ética contemporánea, aquella que reconoce la vida como valor en sí mismo. En este contexto, insistir en ensalzar la tauromaquia como patrimonio intangible no es un gesto de fidelidad al arte, sino de resistencia al cambio.

Por eso resulta tan llamativo que Castilla-La Mancha haya decidido mantener su Premio Regional de Tauromaquia. El argumento oficial apela a la defensa de la tradición y a la preservación de una identidad cultural. Pero esa defensa es cada vez más difícil de sostener sin caer en la contradicción. ¿Qué dice de una comunidad moderna que premie públicamente una práctica cuestionada por buena parte de sus ciudadanos? ¿No sería más coherente abrir camino a nuevas formas de expresión cultural que encarnen los valores de nuestro tiempo?

Mantener ese reconocimiento institucional revela para mí un problema más profundo: la confusión entre conservar y perpetuar. Respetar las raíces no implica impedir que crezcan ramas nuevas en el árbol. La cultura no se empobrece cuando abandona viejas costumbres; se vuelve más lúcida, más acorde con el pulso del mundo. Al seguir premiando la tauromaquia, Castilla-La Mancha no protege su herencia, sino que la fosiliza. Convierte el arte del toreo en un vestigio, un símbolo que sobrevive más por inercia que por convicción.

La tauromaquia puede tener valor histórico, literario o incluso antropológico, pero su defensa como práctica viva solo se sostiene si ignoramos el cambio moral de nuestra época. Aceptar su anacronismo no significa renegar del pasado, sino reconocer que la cultura, que la ética, evolucionan. Y quizá haya llegado el momento de entender que honrar nuestra historia no pasa por repetirla, sino por aprender a dejarla descansar.

Castilla-La Mancha, al mantener su premio, conserva también un espejo donde el país entero puede mirarse. No se trata de juzgar con desprecio lo que formó parte de nuestra historia, sino de decidir qué nuevos valores queremos. Defender la tauromaquia en el siglo XXI ya no es un acto de amor por la cultura, sino una forma de resistencia a la evolución ética. Y esa resistencia, inevitablemente, la convierte en lo que más teme ser: una reliquia brillante, pero muerta, de un tiempo que ya no nos pertenece.

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio 'indirecto' para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si 'lo privado funciona mejor', ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos seis millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado

Para vender este giro, el ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “El agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría 'privatizando' nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario.

Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del 'secreto comercial'; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas.

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.

Nos han contado que la guerra contra Irán es para frenar a unos fanáticos religiosos que mezclan Dios y política. Tranquilos: en Washington solo mezclan Dios, política… y misiles de precisión.

Aunque no lo parezca, Castilla-La Mancha vuelve a salir de campaña militar sin ni siquiera haber sido consultada. Soldados de la región, factura energética al alza y tertulianos patrióticos explicándonos desde Madrid que todo esto va de frenar el “integrismo islámico” de Irán. Al otro lado, claro, estaría el bando de la razón, la democracia y la moderación, el de un presidente rodeado de pastores en el Despacho Oval, manos apoyadas solemnemente sobre su americana azul mientras le piden a Dios que bendiga la Operación Furia Épica contra el “eje del Mal”. La diferencia entre la república islámica y la república cristiana, por lo visto, es que unos llevan turbante y los otros llevan corbata.

No hablamos solo de una anécdota pintoresca, de esas que nos ponen al final del telediario para que nos riamos de los yanquis. El vídeo de los pastores imponiendo las manos a Trump lo han difundido altos cargos de la Casa Blanca como si fuera un tráiler de Hollywood: “Vea al líder del mundo libre rezando antes de bombardear”. Y mientras en Teherán los mulás sermonean sobre la voluntad de Alá, en los cuarteles estadounidenses oficiales explican a las tropas que la guerra es “parte del plan divino para desencadenar el Armagedón” y que el comandante en jefe ha sido “ungido por Jesús para encender la chispa en Irán”. Integrismo islámico, integrismo cristiano… pero solo uno lleva la etiqueta de amenaza global, el otro viene envuelto en la bandera de las barras y estrellas y se vende como defensa de la libertad.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, 'valores de Occidente'

Se acusa a Irán de ser una “república islámica” donde el poder político se subordina a una teología, se persigue a disidentes y minorías y se justifica la violencia en nombre de Dios. Es cierto. Pero es difícil no ver un inquietante aire de semejante cuando los propios comandantes de la primera potencia militar del mundo explican a sus tropas que la guerra es parte de un guion bíblico y que el presidente ha sido elegido por Cristo para precipitar el fin de los tiempos. Integrismo es, precisamente, eso: convertir la fe en programa de gobierno, el texto sagrado en plan estratégico y la salvación del alma en hoja de ruta para los misiles.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, “valores de Occidente”. Pero cuesta conciliar esos valores con un proyecto político que, como el que se ha ido articulando alrededor de Trump, intenta desmontar la separación entre Iglesia y Estado y rellenar el aparato federal de Estados Unidos con cuadros del llamado nacionalismo cristiano. A Irán se le reprocha que sea una teocracia; en Washington, se redactan manuales para “devolver el gobierno a los principios bíblicos” y se crea una Oficina de Fe desde la que pastores y activistas religiosos influyen en políticas de derechos civiles, educación, inmigración o género.

La guerra contra Irán no se vende ya solo como defensa de intereses geopolíticos o de rutas energéticas. Se envuelve en un relato espiritual: batalla del Bien contra el Mal, libertad religiosa contra fanatismo, Occidente cristiano frente a Oriente islámico. La etiqueta militar 'Operación Furia Épica' podría parecer un exceso de marketing bélico, si no estuviera acompañada por oraciones en el Despacho Oval y reuniones donde se cita el Libro de la Revelación para explicar a soldados de 20 años que forman parte del Apocalipsis.

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir

Desde La Roda, Alcázar o Talavera esto puede sonar remoto, pero no lo es. Esa retórica de guerra santa alimenta a su vez a los integrismos que se nos presentan como enemigos: cada bomba “bendecida” desde Washington es combustible para los predicadores que en Teherán dirán que Occidente es una cruzada cristiana contra el islam. No se trata de repartir culpas equidistantes, sino de entender que el fanatismo no es un monopolio oriental y que la instrumentalización de la fe para justificar la violencia es una tentación muy humana, también cuando se viste de traje, corbata y bandera de barras y estrellas.

Para Castilla-La Mancha, la pregunta no es solo si esta guerra es justa, sino qué modelo de mundo consolida. Si aceptamos sin pestañear la idea de que “los nuestros” pueden mezclar púlpito y Estado porque “somos democracias”, ¿con qué autoridad moral exigiremos luego laicidad y derechos humanos a otros? Si normalizamos que se bendigan decisiones militares en nombre de un Dios nacional, ¿con qué fuerza defenderemos aquí un Estado aconfesional donde el gobierno de la Junta no se arrodille ante ninguna sotana ni crucifijo antes de aprobar un presupuesto sanitario?

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir. Y tienen el deber cívico de hacerse una pregunta incómoda: cuando escuchamos a Trump y a sus pastores señalar el integrismo islámico de Irán, ¿estamos mirando por una ventana o por un espejo?

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales.

La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de 'privilegio' corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional.

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región.

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía.

Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble el PP debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica.

Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un 'extra' en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud.

Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.

En Castilla-La Mancha, la política se parece mucho a sus llanuras, que no se acaban nunca. A un lado, el horizonte de siempre; al otro, un horizonte que todavía no existe. Entre ambos camina el PSOE de Page, con traje de domingo, y Sumar, con la ropa todavía sin acabar de estrenarla del todo. Page promete estabilidad, Sumar promete cambio; y ambos, cada uno a su manera, afirman que lo suyo es el bien común.

Page se presenta como el gobernador de la tierra seria, la región de los objetivos abarcables y realistas, donde la política no se improvisa, se administra. Habla de una Castilla-La Mancha que no se deja arrastrar por las olas de Madrid, que pacta con quien haga falta siempre que jure la Constitución, aunque le duela, y que mira con recelo cualquier experimento que suene a privilegio territorial, sobre todo si lleva acento catalán.

En su relato, el peligro viene de dos lados: de la derecha que acecha y de la izquierda que se entusiasma demasiado. Su remedio es conocido, más centro, más cordura, más acuerdo de Estado, más “una sola España”. Su Castilla-La Mancha parece como una casa de campo bien barrida, con las goteras controladas y las paredes recién encaladas. Lo urgente se atiende, lo estructural se pospone: para eso están los discursos largos y los planes a 2030.

Desde Sumar se mira esa misma casa y ve otra cosa. Se ven las grietas en los muros, las goteras que se tapan con cubos y trapos, los contratos que se van a manos privadas mientras se jura amor eterno a lo público. Donde el presidente presume de gestión responsable, desde Sumar se ven parches, respuestas tardías y delegar cada vez más en empresas privadas en servicios que deberían ser la columna vertebral del Estado autonómico.

Para Page, reforzar lo público es compatible con un modelo que abre espacio a la empresa privada siempre que el edificio no se tambalee. La palabra que más le gusta es “estabilidad”: estabilidad para la inversión, para los presupuestos, para las instituciones. En esa gramática, lo público es un pilar, pero no necesariamente el único; es una pieza del puzzle, pero no todo el dibujo.

Para Sumar Castilla-La Mancha, lo público no es una pieza, es la mesa entera. Se reclama un giro claro hacia el refuerzo de lo público y la planificación a largo plazo, y acusa al Gobierno regional de practicar una política que parchea hoy lo que vuelve a romperse mañana. Hablan de pobreza, de que una de cada tres personas en la región está en riesgo de exclusión, y recuerdan que no son números, son vidas; que en cada porcentaje hay un frigorífico vacío, una hipoteca ahogada, una consulta saturada.

Page responde con otra música, la de la seriedad presupuestaria, la del equilibrio, la de hacer 'lo posible' y no 'lo deseable'. Sumar, en cambio, insiste en que lo deseable, si no se nombra, termina siendo políticamente imposible, cómo lo ha sido durante décadas.

En esta tierra, la política no se entiende sin campo. El Gobierno de Page habla el idioma del agricultor que mira al cielo y a Bruselas al mismo tiempo, y se presenta como dique frente a los excesos de unos y otros. Sumar habla de debilitamiento de la agricultura familiar, de concentración de la tierra y de unos recortes de la PAC que se justifican en nombre de la seguridad y que terminan robusteciendo la industria del miedo.

Aquí el miedo siempre cotiza al alza: miedo a perder la cosecha, miedo a perder la subvención, miedo a que la extrema derecha convierta ese miedo en moneda de cambio. Sumar denuncia que esas políticas europeas fomentan el miedo con el que engorda la extrema derecha, y se proclama defensora de las explotaciones familiares que sostienen el medio rural. Page, más prudente, evita las palabras gruesas y se mueve entre comunicados, reuniones y equilibrios para que el enfado no se convierta en incendio preelectoral.

En el mapa de Page, España es una: una bandera, una Constitución, un sistema de financiación que no debería trocearse. Esa defensa de la igualdad territorial le sirve para marcar distancia con los pactos que se cocinan lejos de Toledo y para presentarse como guardián de la cohesión frente a lo que llama  cambalaches de la política de bloques.

Pero mientras él pronuncia “una sola España”, Sumar habla de muchas Castillas-La Mancha dentro de la misma región: la del riesgo de pobreza, la de la vivienda que ya no puede ser solo un problema de mercado, la de los servicios públicos que llegan tarde o llegan privatizados. Reclama usar hasta el último milímetro de las competencias autonómicas para reforzar lo público, reducir desigualdades y garantizar derechos, y advierte que no es una opción ideológica sino una obligación institucional.

Ahí está la grieta principal: para Page, el límite es la unidad y la estabilidad; para Sumar, el límite es la desigualdad normalizada. Uno teme que el exceso de cambios rompa el mapa; el otro teme que la falta de cambios termine borrando a los de abajo del mapa.

En esta llanura manchega, los partidos hablan, pero quien escribe el último capítulo siempre es la gente. Página a página, voto a voto, abstención a abstención. Page ofrece seguir caminando por el camino conocido: menos sobresaltos, más centro, más acuerdos con quien toque, siempre que no se crucen ciertas líneas rojas constitucionales. Sumar propone salir del camino trillado y meterse por veredas nuevas: más vivienda pública, más servicios públicos directos, más planificación a largo plazo, aunque eso incomode a los de siempre.

En Castilla-La Mancha, la utopía no vive en los discursos, vive en el horizonte. Page mira ese horizonte y dice: no corramos, que podemos tropezar. Sumar lo mira y responde: si no caminamos más deprisa, algunos nunca llegarán.

Y mientras los castellanos manchegos piensen en quien lleva razón, el horizonte, testarudo, sigue alejándose dos pasos cada vez que la región avanza uno.

Recientemente se ha publicado el Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS. He complementado con algunos datos que he encontrado en medios de comunicación que matizan algún aspecto, pero que en conjunto nos da una fotografía fiel sobre el sistema sanitario en Castilla-La Mancha.

El Barómetro Sanitario 2025 nos dibuja un sistema nacional donde algo más de la mitad de la población cree que la sanidad pública funciona bien o bastante bien, mientras que en torno a un 45% considera que necesita cambios importantes o profundos. Esa fotografía incluye a Castilla-La Mancha, que aporta alrededor del 5% de las entrevistas y comparte el mismo patrón: confianza en el sistema, pero acompañada de una sensación de desgaste estructural.

Entre quienes han utilizado los servicios sanitarios en el último año, más del 80% valora positivamente la atención recibida, lo que refleja una alta confianza en los profesionales y en la capacidad clínica. Sin embargo, esa buena experiencia directa convive con la percepción de que el sistema “no da más de sí” y que los problemas de acceso, tiempos y organización se cronifican, especialmente en territorios extensos y dispersos como nuestra región.

En el relato oficial, Castilla-La Mancha es una comunidad que “apuesta” por la sanidad: los presupuestos de 2025 destinan alrededor de 3.780 millones de euros, lo que equivale a más de 10 millones diarios y más de 1.900 euros por persona protegida, claramente por encima de hace una década.

Se anuncia además un incremento adicional de la inversión sanitaria de cara a 2026, superando los 2.000 euros por persona, con el objetivo de consolidar servicios, tecnología y plantillas. Pero cuando se pregunta a la ciudadanía, el balance se ya no es tan deslumbrante, sino que se ensombrece.

El Barómetro 2025 constata que las listas de espera siguen siendo uno de los principales problemas percibidos en todo el país y que una proporción importante de personas cree que han empeorado en el último año. En Castilla-La Mancha, este malestar encuentra respaldo en los datos: solo en enero de 2025, el SESCAM declaraba casi 95.000 pacientes en lista de espera para cirugía, consultas o pruebas diagnósticas, y distintos análisis señalan aumentos sostenidos y 'ajustes' de registro cuando hay que remitir cifras al Ministerio.

La paradoja que se produce es clara, cuando la administración en su discurso puede presumir de récord de inversión, por el ciudadano lo que sigue midiéndolo son los días de espera y citas diferidas. Mientras la Consejería habla de millones diarios, el barómetro recuerda que la vara real de medir es el Gempo que pasa entre la petición de una cita y la resolución efectiva del problema de salud. Para quienes somos defensores de la sanidad pública, uno de los mensajes más positivos y elocuentes del Barómetro 2025 es que, incluso entre quienes tienen seguro privado, alrededor de un 60% seguiría eligiendo la sanidad pública ante un problema de salud grave.

Esta preferencia indica que el 'corazón' del sistema, su capacidad resolutiva y su profesionalidad, sigue siendo el principal referente de seguridad para la ciudadanía. En una región como Castilla-La Mancha, donde la red privada es limitada y la mayoría de la población depende casi exclusivamente del sistema público, ese dato se lee en doble sentido: por un lado, confirma la centralidad del SESCAM como garante de la salud colectiva; por otro, convierte cada recorte, cada demora y cada cierre de dispositivo en un golpe directo a la única red disponible para miles de personas.

El ciudadano puede perdonar un pasillo abarrotado, pero no un sistema que se vuelve inaccesible o imprevisible. Los resultados del Barómetro insisten en una brecha que persiste: la percepción general del sistema es más negativa que la valoración que realizan quienes lo han usado recientemente, que suelen mostrar niveles de satisfacción superiores al 80%. Es decir, el contacto directo con los profesionales mejora la opinión, mientras que el ruido de las noticias sobre listas de espera, las de saturación y la experiencia de intentar conseguir cita la empeoraban.

En Castilla-La Mancha, el relato institucional insiste en la mejora de infraestructuras, en los récords de intervenciones anuales y en el incremento de plantillas o de actividad hospitalaria, como muestran los datos difundidos desde áreas como la de Cuenca. Pero el Barómetro recuerda que no basta con que el sistema 'haga más cosas': la legitimidad se juega en la percepción de que ese aumento de actividad reduce tiempos, mejora accesibilidad y refuerza la continuidad asistencial, especialmente en zonas rurales donde un desplazamiento no es una molestia, sino un obstáculo real.

Leído desde Castilla-La Mancha, el Barómetro Sanitario 2025 no ofrece un titular triunfalista ni tampoco una catástrofe, sino un aviso serio: la ciudadanía sigue creyendo en la sanidad pública, pero empieza a dudar de la capacidad del sistema para sostenerse sin cambios profundos.

La combinación de alta valoración del trato profesional y malestar creciente por las listas de espera y la accesibilidad es un síntoma clásico de un modelo tensionado que se sostiene gracias a la implicación de sus trabajadores más que por la solidez de su organización. Una región con un presupuesto sanitario creciente, pero con demoras persistentes, corre el riesgo de refugiarse en el relato de la contabilidad y olvidarse que el indicador decisivo está fuera de las comparecencias en el Parlamento regional: en la agenda de un centro de salud, en las listas de espera de un hospital comarcal y en la decisión de una familia que, cuando puede, contrata un seguro privado 'por si acaso'.

El Barómetro 2025 deja claro que, por ahora, la mayoría seguiría confiando su vida a la sanidad pública; lo que no está garantizado es que esa confianza se mantenga si Castilla-La Mancha continúa normalizando la espera como parte inevitable de nuestro paisaje sanitario.

En Castilla-La Mancha también estamos haciendo el viaje, aunque nos lo vendan como paseo tranquilo por la llanura. Un viaje desde un sistema público pensado para 'pacientes', hacia un entramado semiprivado donde cada vez se piensa más en 'actividad', 'productividad' y 'sostenibilidad' que, en salud, transformándonos en 'clientes'. No tenemos ni modelo Alzira ni Valdemoro, pero compartimos el mismo guion de fondo basado en una infrafinanciación crónica, fuga de profesionales, conciertos crecientes y un discurso en el que el problema nunca es el modelo, sino 'la falta de médicos'.

Durante años, la sanidad castellanomanchega se sostuvo en algo tan simple como poderoso, su un compromiso político (al menos formal) con la cobertura universal, incluso en los pueblos donde nunca pueden salir las cuentas. Era caro, sí; era difícil, también. Pero había una premisa básica, porque aquí no se especulaba con que un consultorio rural 'sea rentable' o no. Al menos esa era la teoría.

En la práctica, cada presupuesto autonómico ha ido apretando un poco más el cinturón a la sanidad, especialmente en Atención Primaria y en el medio rural, mientras se han normalizado los conciertos con la sanidad privada para pruebas, derivaciones quirúrgicas o listas de espera desbordadas. Se repite el mismo mantra que en otras comunidades: “es solo apoyo puntual”. Pero lo puntual, curiosamente, nunca deja de crecer.

El resultado es una sanidad pública que ya no se percibe como un derecho sólido, sino como un sistema cansado, lento y saturado, al que se le pide que haga más con menos. Y, casualmente, ahí está siempre la solución milagrosa: pagar a otros (clínicas, grupos privados, aseguradoras) para que hagan lo que el sistema público no puede hacer porque lleva años estrangulado.

Cada presupuesto autonómico ha ido apretando un poco más el cinturón a la sanidad, especialmente en Atención Primaria y en el medio rural, mientras se han normalizado los conciertos con la sanidad privada para pruebas, derivaciones quirúrgicas o listas de espera desbordadas. Se repite el mismo mantra que en otras comunidades

En medio de ese contexto, los médicos reclaman un estatuto propio y van a la huelga no por capricho corporativo, sino porque son quienes ponen el cuerpo en ese proceso de deterioro. Jornadas interminables, guardias que se acumulan, consultas masificadas, imposibilidad de conciliar y una sensación creciente de estar trabajando en un sistema que les pide heroicidad diaria mientras, por detrás, se habla cada vez más de 'eficiencia', 'externalización' y 'colaboración público‑privada'.

En Castilla-La Mancha esto se vive con un añadido: la dispersión geográfica. Donde falla un médico no se abre una consulta al lado; se cierra un consultorio y, con suerte, se promete un refuerzo itinerante. La precariedad se concentra en la periferia, pero el discurso se cierra en Toledo con palabras gruesas sobre “compromiso con la sanidad pública”. La huelga, en este contexto, es casi una nota a pie de página: nos recuerda que el edificio se aguanta porque alguien sigue sujetando las vigas del techo.

En paralelo, el mercado sanitario toma nota. Seguros privados de 'bajo coste', pólizas complementarias, clínicas que se presentan como una solución moderna frente al viejo centro de salud sobrecargado. El paciente rural pasa de ser usuario de un sistema universal a cliente potencial de productos sanitarios que prometen rapidez y elección. Si la pública le da cita en 15 días, siempre habrá alguien dispuesto a hacerle una ecografía mañana por un módico copago.

La lógica es clara: cuanto más se deteriora la experiencia en la sanidad pública, más se empuja a quien puede permitírselo a buscar alternativas privadas. Y la Administración, en lugar de reforzar lo público, mira con alivio cómo se 'descongestiona' el sistema… a costa de romperlo por estratos sociales.

En ese contexto, el estatuto propio para los médicos no es solo un conflicto corporativo, pero tampoco es la épica desinteresada que algunos quieren vender: es, sobre todo, una batalla por el poder dentro del sistema, donde el paciente vuelve a quedarse fuera de plano. Si la profesión médica en la sanidad pública castellano‑manchega sigue siendo sinónimo de agotamiento, salario poco competitivo, guardias interminables y nula capacidad de decisión organizativa, el desenlace es obvio: se marcharan a otras comunidades, a la privada o directamente al extranjero, y el deterioro de la atención se convierte así en la coartada perfecta para más conciertos y más privatización.

Entonces llegarán los discursos resignados: “No hay médicos”, “no se pueden cubrir las plazas”, “hay que buscar soluciones imaginativas”. Y ahí aparecerán, como siempre, las mismas propuestas: más conciertos, más derivaciones, más mano de obra fragmentada y mercantilizada.

Castilla-La Mancha no está aún en el modelo extremo de concesiones integrales, pero va transitando un camino peligroso: normalizar la externalización, aceptar la precariedad profesional como mal menor y mirar hacia otro lado mientras se abre espacio a una sanidad paralela para quien pueda pagarla.

De usuarios a clientes el trayecto es corto: basta con que el sistema público deje de ser fiable. Y eso se consigue poco a poco: una lista de espera por aquí, un consultorio cerrado por allá, una huelga de médicos desacreditada como egoísta, un seguro privado anunciado entre noticias de colapso. Cuando queramos darnos cuenta, el debate ya no será cómo reforzar la sanidad pública, sino qué plan de precios se ajusta mejor a nuestras enfermedades crónicas o a nuestras necesidades asistenciales.

Tal vez, entonces, queramos que la sanidad pública siga siendo un lugar donde los profesionales quieran trabajar… y donde uno pueda seguir siendo paciente sin necesidad de tarjeta bancaria cómo cliente.

Hay una frase que se ha puesto de moda y que escuchamos con la misma frecuencia que el parte meteorológico en estos días: “Hay que respetar todas las ideas”. La podemos oír en el mercadillo de Invasores de Albacete, las tertulias, en los bares y hasta en los plenos municipales, como si su contenido fuera una señal de buena educación. Pero no lo es, o al menos no siempre lo es. Porque hay ideas que no merecen respeto alguno, igual que no lo merecen las infecciones, las cucarachas o la calumnia.

Vivimos tiempos de confusión, donde la palabra 'democracia' sirve para justificar cualquier barbaridad y la palabra 'libertad' se emplea como salvoconducto para el disparate. En Castilla La Mancha, donde la llaneza sigue siendo una de nuestras grandes virtud, cómo el sentido común, aunque cada día un bien más escaso, abundan últimamente los que hablan de democracia con la misma familiaridad con la que hablan del tiempo que va a hacer. Son los nuevos sacerdotes del respeto, que reclaman consideración para sus insultos, comprensión para su odio y espacio público para su ignorancia. 

La cosa sería cómica si no fuera porque esos adalides de la tolerancia solo creen en ella mientras están en minoría. En cuanto logran poder o les colocan delante un micrófono, su democracia se convierte en ordeno y mando. Entonces cierran las puertas, encienden los focos y exigen a los demás sumisión, pero siguen hablando de respeto, por supuesto, igual que un ladrón puede hablar de la propiedad privada. 

Uno asiste a este espectáculo con una mezcla de asombro y cansancio. En la plaza del pueblo, bajo las persianas a medio subir, el barullo de las noticias, y los discursos que se copian de las redes sin pasar por la cabeza, el ciudadano medio castellanomanchego (ese que aún piensa antes de opinar) se siente cada día más extranjero en su propia tierra. Y no porque le falten raíces ancladas al suelo, sino porque sobra ruido. 

Vivimos tiempos de confusión, donde la palabra 'democracia' sirve para justificar cualquier barbaridad y la palabra 'libertad' se emplea como salvoconducto para el disparate. En Castilla La Mancha abundan últimamente los que hablan de democracia con la misma familiaridad con la que hablan del tiempo que va a hacer

El problema, supongo, no es de ideología sino de educación, entendida no como poseer títulos o carreras universitarios, sino como el esfuerzo de razonar, dudar y saber escuchar. Pero eso cansa, y en estos tiempos nadie quiere cansarse: mucho mejor dejarse llevar por el eslogan fácil, por el grito o por la consigna precocinada. Así se está consolidando una democracia hueca, de verbena, hecha de selfis, aplausos y víctimas voluntarias. 

Y mientras tanto, en los pueblos manchegos, donde la historia se mide en siglos y los inviernos en días de soledad, el eco de tanto rebuzno mediático resuena más de la cuenta. El campesino que madruga, la médico de guardia o el maestro de escuela ya no entienden bien qué significa eso de la libertad de expresión cuando lo que se expresa es solo odio, eso sí, revestido de opinión. 

Quizá este sea un buen momento para recuperar la cordura, esa palabra que ya resulta tan poco moderna. De recordar que la democracia no es un corral donde cualquiera puede lanzar estiércol al vecino en nombre de la libertad. La democracia es, o debería ser, un espacio exigente, donde las ideas se debaten y se confrontan, sí, pero con la condición de que quien hable haya al menos intentado pensar antes. 

Porque, y conviene repetirlo, sobre todo aquí, donde los molinos aún enseñan la diferencia entre lo que es viento y lo que se llama vendaval, no todas las ideas merecen respeto. Algunas solo merecen compasión, y otras, sencillamente, silencio, eso tan nuestro de “a palabras necias...”

Albacete ha superado por primera vez en su historia los 175.000 habitantes, una cifra que marca un punto de inflexión para una ciudad que crece mientras buena parte de su provincia se vacía. Motivo de satisfacción, sin duda, pero también aviso: cuando los números suben, las excusas se acaban.

Mientras muchos pueblos pierden servicios básicos y vecinos, Albacete se consolida como refugio de empleo, estudios y cierta idea de futuro. El problema empieza cuando esa fuerza centrípeta se confunde con progreso automático y se olvida una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia de esta nueva ciudad grande y quién se queda mirando desde la cuneta?

El aumento de población exigiría algo más que celebrarlo y fotos en redes: vivienda asequible en vez de ruleta inmobiliaria, transporte público digno frente al culto al coche, barrios vivos y no urbanizaciones donde solo florecen los portales y las hipotecas.

La sanidad, la educación y los cuidados no pueden depender de la inspiración súbita del mercado ni de la paciencia eterna de los vecinos. Una ciudad inclusiva implica que el presupuesto mande más que los promotores y que la inversión pública no sea la propina, sino el plato principal.

El urbanismo sigue escuchando demasiado a los despachos privados

Aquí es donde la gestión municipal, vista desde la izquierda, se queda corta de ambición y larga de prudencia. El urbanismo sigue escuchando demasiado a los despachos privados, la vivienda pública continúa siendo un bien exótico y el alquiler sube con la misma alegría con la que pierden poder adquisitivo los sueldos.

De movilidad sostenible se habla mucho y se concreta poco; de rehabilitación energética, lo justo para no sonrojarse en los discursos; de participación ciudadana, lo imprescindible para cubrir el expediente. Albacete podría ser un laboratorio de ciudad verde y justa, pero parece haber optado por el cómodo papel de alumno aplicado que no molesta a nadie.

Mientras tanto, el despoblamiento rural avanza con la discreción de las cosas serias: sin ruido, pero sin pausa. No basta con proclamar amor al medio rural los domingos; hacen falta inversiones, buena conexión, servicios públicos estables y una estrategia que entienda campo y ciudad como vasos comunicantes y complementarios, no como mundos enfrentados. Y en la ciudad capitalina, las pedanías pelean por mantener identidad y servicios, mientras el centro acumula recursos y decisiones. Si de verdad se aspira a una ciudad cohesionada, la redistribución de oportunidades no puede quedarse en eslogan: toca repartir juego y no solo carteles.

Crecer en número es sencillo: basta con esperar al próximo padrón. Lo difícil es levantar una ciudad donde no sobren barrios ni sobren pueblos, donde nadie tenga la sensación de vivir en la parte borrada del mapa. Ahí es donde Albacete se juega de verdad su futuro: no en la cifra, sino en lo que está dispuesta a hacer con ella.

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.

A Trump le han dejado hablar en Davos, lo cual ya es una temeridad. Subirse a un atril suizo y decir que el mundo existe gracias a Estados Unidos exige una mezcla de narcisismo y desparpajo que en otra época habría bastado para que lo encerraran en un manicomio. Pero no: en 2026, semejantes delirios se retransmiten en directo y hasta aplauden.

Según el magnate de peluquín inamovible, Suiza vive gracias al amparo americano, Canadá debería pedir permiso hasta para respirar y Europa, debería sentirse agradecida por el privilegio de ser su fiel escudera. Lo malo es que no lo dice en broma, y lo peor es que hay quien lo corea.

Mientras tanto, los demás países fingen que no oyen. La OTAN toma notas y asiente, Europa carraspea y cambia de tema. Y Gaza sigue ardiendo, como un recordatorio incómodo de que la decencia hoy ya no cotiza en bolsa.

Aquí, en Castilla-La Mancha, esa verbena imperial nos parece cosa de marcianos. En las noticias sale Trump, en el bar se comenta el frío, y vuelta a lo nuestro. No es que seamos indiferentes -Dios nos libre de semejante pecado-, es que tenemos una capacidad admirable para considerar que el mundo empieza y acaba en la puerta del ayuntamiento. Si el planeta se desmorona, algo harán los de arriba.

Page podría aprovechar la ocasión para proponer que la Base Aérea de Albacete se reconvierta en un Instituto para la Paz

Eso sí, ningún dirigente local se libra de la grandilocuencia. Nuestro presidente Page, siempre presto a declararse prohombre o prócer de la democracia, podría aprovechar la ocasión para, ya que estamos, ponerse serio de verdad: exigir una política exterior valiente, menos servilismo ante Washington y, por qué no, proponer que la Base Aérea de Albacete se reconvierta en un Instituto para la Paz. Puede sonar descabellado, pero más lo fue permitir que Trump dictara la agenda global. Pero está claro que le molestan más Puigdemont y Oriol Junqueras,

Decir que Castilla‑La Mancha debería reaccionar no es pedir una revolución con pancarta y megáfono, sino algo más sencillo: recuperar el sentido común, esa virtud tan poco glamurosa como esencial. Cuando un político se cree dueño del mundo y el resto asiente en silencio, es el momento de preocuparse. Y cuando un pueblo se acostumbra a ese ruido sin levantar la ceja, también.

Puede que Trump no dure eternamente, aunque su peinado lo desmienta, pero su manera de ver el mundo se contagia. Y si no queremos acabar pensando que todo depende de un matón con misiles, convendría que Castilla‑La Mancha, con su aire quijotesco de siempre, recordara que la locura solo resulta divertida cuando no gobierna el planeta.

La reforma de los servicios de salud mental en la provincia de Albacete fue la historia de un cambio de mirada: de un sistema que se limitaba a custodiar cuerpos en un manicomio moderno, a acompañar vidas en la comunidad. Esa transición, que comenzó como una apuesta valiente de un pequeño grupo de profesionales y responsables políticos, explica en buena medida el mapa de recursos y la cultura asistencial de la que Albacete dispone hoy.

Durante años, el Hospital Psiquiátrico Provincial Virgen de la Purificación, en 'Las Tiesas', fue el símbolo de la respuesta institucional a la locura en Albacete. Concebido a finales de los 60 e inaugurado en 1974 como “manicomio moderno” de más de 300 camas, encarnaba la lógica de la larga estancia, la separación física y la tutela perpetua. La provincia hacía lo que hacía el resto del país: invertir en el gran hospital psiquiátrico como eje de la asistencia, con escasa presencia de la salud mental en el territorio y mínima coordinación con primaria o con los servicios sociales. La arquitectura moderna no evitaba que el modelo fuera, en esencia, custodial: ingresar, aislar, cronificar.

La década de los 80 fue el momento en que esa lógica empezó a resquebrajarse. En 1983 se constituye la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica y en 1985 se publica su Informe, que propone integrar la salud mental en la red sanitaria general, crear dispositivos comunitarios y reconvertir los grandes hospitales psiquiátricos.

En Albacete, como en otras provincias, ese marco estatal se encuentra con una generación de profesionales influidos por la psiquiatría comunitaria y la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental, una sociedad científica y profesional multidisciplinar dedicada a la salud mental), que empiezan a cuestionar abiertamente el modelo manicomial. No se trata solo de mover camas, sino de cambiar el lugar desde el que se mira al paciente: de sujeto peligroso y crónico a ciudadano con derechos, con un proyecto de vida que exige otra organización de los servicios.

Junto a Bleda García, Gracia Clavero y otros, publicamos un artículo de 1987 bajo el título La reforma de los servicios de salud mental en la provincia de Albacete, donde fijamos por escrito ese momento de ruptura. El relato que emerge de esa experiencia es muy nítido: la reforma no era un gesto, sino un proceso ordenado de desinstitucionalización, construcción de red y redistribución de poder profesional.

En la práctica, en nuestra provincia se hicieron tres movimientos decisivos:

- Desinstitucionalización progresiva: El hospital psiquiátrico va perdiendo centralidad y por ello se reduce el número de camas de larga estancia y se ponen en marcha alternativas residenciales y dispositivos de rehabilitación psicosocial, en lugar de seguir llenando pabellones. El hospital deja de ser el lugar “natural” del enfermo mental crónico y se reorienta hacia estancias más breves y funciones de apoyo especializado, con la comunidad como horizonte y no como excepción.

- Una Red comunitaria de salud mental: se desplazan las consultas externas del hospital psiquiátrico a un Centro de Atención a la Salud situado junto al Hospital General Universitario y se crean Unidades de Salud Mental vinculadas a áreas sanitaria. Es ahí donde equipos multiprofesionales (psiquiatría, psicología clínica, enfermería de salud mental, trabajo social) asumen la asistencia ambulatoria y tejen la coordinación con atención primaria y servicios sociales.

- Reorganización territorial y por niveles: la lógica provincial única del manicomio se sustituye por una distribución por áreas de salud, acercando los dispositivos a la población y definiendo distintos niveles: primaria, centros de salud mental, recursos intermedios (hospital de día, comunidades terapéuticas, pisos supervisados) y hospitalización breve en hospitales generales. Esa arquitectura en niveles expresa una idea política: la vida cotidiana debe ocurrir fuera del hospital, y el hospital solo es un recurso entre otros.

La reforma fue un proyecto colectivo. Nada de esto habría sido posible sin un tejido de alianzas. La reforma en Albacete se inscribe en la corriente de psiquiatría comunitaria española, abanderada por la AEN, que defiende una atención basada en la comunidad, la prevención y la inclusión social. Pero, a escala provincial, la lectura fue aún más concreta: se articuló un equipo técnico que tomó el Informe de la Comisión Ministerial y lo tradujo a decisiones de planta, de guardia y de agenda.

Al mismo tiempo, las familias y las asociaciones empezaron a organizarse, reclamando recursos intermedios, hogares en comunidad, programas de rehabilitación, en un contexto donde el “cierre del manicomio” podía vivirse tanto como una amenaza como una oportunidad. La reforma, en ese sentido, fue menos un decreto que un proceso de negociación permanente entre profesionales, pacientes, familias y administración.

Del manicomio pasamos a la red actual: una herencia ambivalente. A medio plazo, los efectos son evidentes. Desde los años 90 se refuerza una red de recursos de rehabilitación y apoyo comunitario (residencias, centros de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas), a menudo impulsados por asociaciones de familiares y después integrados en dispositivos regionales. Los planes de salud mental de Castilla‑La Mancha señalan explícitamente que el modelo comunitario vigente nace de la reforma y de la desinstitucionalización iniciadas en los 80.

En 2006, se produjo el cierre práctico de 'Las Tiesas' y su sustitución por el Centro de Atención a la Salud Mental de Albacete, con Unidad de Media Estancia, Hospital de Día y programas de tratamiento asertivo comunitario, lo que simboliza que el territorio ha ocupado el lugar del manicomio. Hoy, la provincia dispone de un entramado de unidades de salud mental, recursos de media estancia y dispositivos comunitarios que habría sido impensables sin aquella ruptura.

Pero esa herencia es ambivalente. Por un lado, la red comunitaria ha demostrado que es posible vivir fuera del hospital sin que la única alternativa sea la reclusión familiar. Por otro, la presión asistencial crónica, la precariedad de algunos recursos y la persistencia de inercias manicomiales en determinadas prácticas recuerdan que no basta con cambiar los muros si no se transforma también la cultura y las condiciones materiales de trabajo.

Mirar la reforma de Albacete desde el presente obliga a evitar dos tentaciones: la nostalgia acrítica y la complacencia institucional. La nostalgia, porque idealizar los ochenta como un tiempo heroico puede invisibilizar los límites de aquel impulso y despolitizar los conflictos que lo hicieron posible. Y la complacencia, porque presentar el modelo actual como “reforma culminada” corre el riesgo de convertir en paisaje lo que sigue siendo un campo de disputa.

La red que hoy conocemos, con residencias comunitarias, plazas sociosanitarias, viviendas supervisadas, hospital de día, programas comunitarios, etc, es hija de aquella reforma, pero opera bajo condiciones muy diferentes: medicalización creciente, cronicidad social, presión sobre la atención primaria, fragmentación entre lo sanitario y lo social. En este contexto, el discurso de la comunidad puede convertirse en coartada si no va acompañado de recursos suficientes, estabilidad de los equipos y políticas decididas de inclusión social.

La lección más valiosa de la reforma en Albacete quizá sea otra: los dispositivos no se inventaron en abstracto, se diseñaron mirando a los pacientes concretos que llenaban el hospital provincial y los pueblos de la provincia. Recuperar ese gesto de partir de la vida real y no del organigrama, es probablemente la forma más honesta de honrar aquel trabajo del equipo que acometimos aquella reforma.

Hoy, hablar de salud mental en Albacete sin recordar que hubo un tiempo en que la locura se medía en metros de pabellón y no en proyectos de vida es perder de vista el hilo histórico que sostiene lo que se hace cada día en consulta, en planta y en la comunidad. La reforma no es solo un capítulo cerrado, sino una pregunta abierta sobre qué quiere decir, aquí y ahora, cuidar la mente y la vida de las personas en un territorio que ya aprendió una vez a salir del manicomio.

En estos días pasados nada se le ha oído contra el PP por estar cómo elefante en cacharrería en el asunto de Venezuela, ni sobre cómo Feijoo mintió en su relato de la dana. Le volvemos a oír porque Emiliano García-Page ha decidido subirse al púlpito y pedir elecciones generales como quien pide la carta de postres en el restaurante, alegando que el nuevo sistema de financiación autonómica es un “atropello” y “el mayor ataque a la igualdad” conocido desde que la democracia es democracia.

En primer lugar, lo llamativo no es que eleve la voz, sino que lo haga precisamente cuando a Castilla-La Mancha le tocan 1.248 millones más, unos 594 euros por cabeza, que no es una bagatela ni siquiera en tiempos de hipérbole a que nos acostumbran los chicos y chicas de Génova 13. Según él, los independentistas deciden el reparto de la riqueza, pero se cuida mucho de explicar en qué artículo, párrafo o nota a pie de página del modelo se esconde semejante asalto.

En segundo, que no hay sintonía ni con el tono ni con la ocurrencia de exigir elecciones generales por una reforma que, paradójicamente, beneficia a la región que Page dice defender. Si de verdad la financiación “rompe la igualdad”, bastaría con que alguien, él o su coro, mostrara un dato comprensible, un número con pies y cabeza, más allá del eslogan grandilocuente que proclama el “mayor ataque” sin explicar por qué es mayor ni en qué consiste el ataque. El resultado final es un discurso que suena a pedagógico, pero se parece más a una clase sin temario, sin pizarra y sin alumnos dispuestos a tomar apuntes.

La queja de Page llega después de décadas en las que todos los gobiernos han pactado, con mayor o menor entusiasmo, con los nacionalistas para ceder poder autonómico y trocitos jugosos de recaudación del IRPF, del IVA y de lo que se terciara. Ahora, el presidente manchego se envuelve en una bandera de nacionalismo español de corte antiguo, con ribetes de nostalgia, quizá porque aquí intuye un caladero de votos (cómo si los votantes ideológicamente del PP o Vox fuesen a votarle), aunque eso poco tenga que ver con modernizar el país o asegurar una financiación razonable por ciudadano en cada autonomía. A veces convendría recordar que una nación también avanza perdiendo votos a favor de ideas, y no al revés.

Se puede ser tan obstinadamente anticatalán como Junts, que parece trabajar más para su propio partido que para Cataluña, o tan declaradamente antiespañol como suena Page cuando antepone su reelección a cualquier debate sereno sobre financiación. Unos gritan “España nos roba” y otros, con el mismo entusiasmo vacío, responden con su “España se rompe”: dos consignas mellizas, tan huecas como dañinas, que convierten este país en ese decorado de pandereta donde todos sospechan de todos y la solidaridad y la acogida se quedan pudriéndose en el guardarropa. En ese espejo deformante, Page y el PP coinciden más de lo que les gustaría reconocer: separan más de lo que unen y se quieren tanto a sí mismos que se les acaba el campo de visión.

Afirmar sin aportar una sola cifra contrastada se ha convertido en un deporte nacional, con la ventaja de que no exige esfuerzo físico ni intelectual. Page se ha abonado a esa costumbre: lanza acusaciones, dramatiza escenarios, invoca la ruptura del país, pero no acompaña ni un cuadro, ni un informe, ni una triste nota técnica que respalde el teatro. Tal vez sería más útil que se sentara a trabajar en cómo aprovechar esos 1.248 millones adicionales para mejorar servicios públicos, en vez de perder el tiempo discutiendo lo que hacen los demás como si la política fuera una tertulia infinita en horario de máxima desinformación.

Ni Page ni el PP plantean un modelo de financiación autonómica, toda su propuesta conocida son generalidades (“autosuficiencia”, “solidaridad”, “reparto justo”). Si lo tienen, deberían concretar sus parámetros de reparto. El gobierno debería pedir a todos y cada uno de los que rechazan su propuesta porque sienten que “se rompe la igualdad” (Bonilla, Ayuso, Azcón, Page, Guardiola, Pérez Llorca, López Miras…) que le planteen ellos una propuesta de reparto en la que todos estén de acuerdo y la firmasen. Pero eso sí, hasta entonces ni un euro más del modelo actual. Igual hasta se ponían las pilas.

Castilla-La Mancha sale en el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud (SNS) como una comunidad con resultados de salud buenos, pero sostenidos sobre una Atención Primaria claramente infradotada para su realidad rural, envejecida y dispersa.

La región alcanza 2,39 millones de habitantes y presenta un perfil muy envejecido, con una de cada cinco personas de 65 o más años. La esperanza de vida (83,8 años) es prácticamente igual a la media española, lo que indica que, pese al contexto socioeconómico más frágil, el sistema consigue mantener buenos resultados en supervivencia.

Sin embargo, comparte plenamente los determinantes sociales adversos que describe el informe para España en su conjunto: alta proporción de población con estudios básicos, riesgo de pobreza por encima de la media europea y gradientes claros en obesidad, sedentarismo y estilos de vida según nivel educativo. En una comunidad extensa y con renta más baja, esto se traduce en bolsas de vulnerabilidad donde la Atención Primaria debería tener un papel estratégico que hoy no está suficientemente respaldado.

El SNS destina solo alrededor del 14% del gasto sanitario público a Atención Primaria, mientras casi dos tercios se orientan al ámbito hospitalario, patrón que también condiciona a Castilla-La Mancha. El propio análisis subraya que, en diez años, donde menos ha crecido el número de médicos es en Atención Primaria, a pesar del aumento de población, cronicidad y demanda urgente.

En accesibilidad, las cifras son elocuentes: solo un 11,1% de las personas son atendidas el mismo día que piden cita en Atención Primaria y otro 11,2% al día siguiente, mientras alrededor del 70% espera más de un día, con un tiempo medio de 8,7 días. En quirúrgica programada, Castilla-La Mancha está en una posición intermedia del país (113 días de espera de media, 19,2% con más de seis meses), pero el foco político ha sido más proteger la quirúrgica que corregir el deterioro en la puerta de entrada al sistema.

Los datos no apuntan a un fracaso clínico de Castilla-La Mancha, sino a un problema de modelo: se mantiene una Atención Hospitalaria razonablemente protegida mientras se acepta como normal una Atención Primaria saturada, con demoras y con el crecimiento de plantillas más bajo del sistema. Para una comunidad rural y envejecida, esto es estratégicamente incoherente: se infrafinancia justo el nivel que mejor responde a cronicidad, fragilidad y desigualdad.

El Informe del SNS 2024 permite, aunque no lo diga explícitamente, una conclusión clara: si Castilla-La Mancha quiere sostener sus buenos resultados en esperanza de vida y reducir desigualdades, no basta con “aguantar” con el modelo actual. Debe reorientar gasto y recursos humanos hacia la Atención Primaria rural y comunitaria, porque ahí es donde se decide si la región seguirá teniendo un buen sistema de salud… o solo buenas estadísticas mientras la base se agota.

Si se toma en serio lo que muestran las tablas y gráficos del informe (envejecimiento, desigualdad educativa, pobreza relativa, infrafinanciación del primer nivel, bajo crecimiento de médicos de familia), Castilla‑La Mancha necesita algo más que ajustes marginales. Necesita una decisión política explícita de invertir en Atención Primaria rural, de reequilibrar el gasto hacia los servicios primarios y de asumir que, en territorios como este, el éxito del sistema no se mide solo en camas ni en TAC por millón de habitantes, sino en la capacidad de que un médico de familia conozca por su nombre a sus pacientes… y pueda verlos cuando lo necesitan, no nueve días después.

Ojalá 2026 sea el momento de tomar la decisión que los datos exigen.

En España y Castilla La Mancha, podría darse un giro a la chilena, con una derecha dura y una ultraderecha hegemónica, porque existen condiciones sociales, culturales y políticas similares: malestar económico, miedo, desafección y una izquierda incapaz de articular un proyecto ilusionante y estable para las mayorías populares. Esa combinación abre la puerta a que discursos reaccionarios, autoritarios y “antipolíticos” se presenten como solución, cuando en realidad son una amenaza directa para los trabajadores y sus derechos.

Chile acaba de elegir a José Antonio Kast, primer presidente de extrema derecha desde la dictadura de Pinochet, con un 58% de los votos y un discurso de “orden” centrado en migración, seguridad y mano dura. Es un dirigente que no rompe con el legado pinochetista y que reivindica un modelo económico ultraliberal combinado con autoritarismo penal, ultra catolicismo, muros fronterizos y un Estado social restringido.

Ese triunfo llega tras un ciclo de enorme movilización social, un proceso constituyente frustrado y una izquierda que no supo convertir las demandas de dignidad, pensiones y servicios públicos en cambios tangibles para las mayorías. El resultado es demoledor: el voto de sectores populares que protagonizaron la revuelta de 2019 acaba canalizado hacia un proyecto reaccionario que promete seguridad, orden y castigo a “los otros”, pero no una redistribución real de la riqueza.

En España, después de la dictadura franquista, la democracia se construyó sobre una transición pactada que dejó impune mucho del aparato económico, judicial y cultural del franquismo, lo que alimentó un “franquismo sociológico” latente. Décadas después, la explosión de la crisis de 2008, la precarización generacional y el resentimiento territorial (Cataluña, nacionalismo español agresivo) han sido terreno fértil para la extrema derecha.

Vox ha demostrado capacidad para crecer y consolidarse, especialmente entre jóvenes, clases medias empobrecidas y una parte nada desdeñable del voto obrero, convirtiéndose en actor clave en múltiples gobiernos autonómicos y municipales. Su discurso mezcla ultranacionalismo, antifeminismo, xenofobia y nostalgia de orden, pero no ofrece ninguna agenda económica orientada a mejorar salarios, empleo estable o protección social de los trabajadores.

Las derechas actuales comparten un núcleo ideológico: rebajar impuestos a rentas altas y grandes empresas, debilitar la negociación colectiva y limitar el Estado social, aunque lo vistan de “libertad” o “eficiencia”. La ultraderecha añade a esa agenda económica un envoltorio identitario que enfrenta a trabajadores entre sí: nacionales contra migrantes, fijos contra precarios, público contra privado, hombres contra mujeres, para evitar que el conflicto se plantee en términos de clase.

Esta amenaza no es una abstracción, también tiene un rostro muy concreto en Castilla-La Mancha a la que nada de esto le resulta ajeno. En nuestra tierra, la suma PP-Vox ya concentra una parte muy significativa del voto, y la extrema derecha ha pasado de ser residual a tener representación decisiva en Cortes, ayuntamientos y diputaciones. En una región marcada por la precariedad, la temporalidad, los bajos salarios y la expulsión de la juventud, abrirle la puerta a quienes recortan derechos laborales, debilitan los servicios públicos y enfrentan a los de abajo entre sí es repetir la historia por la peor página. Si Chile nos advierte de lo que ocurre cuando la frustración social acaba capitalizada por la extrema derecha, Castilla-La Mancha debería ser el primer territorio en tomar nota antes de que el “orden a costa de derechos” se convierta aquí en realidad cotidiana.

Estudios sobre extrema derecha en Europa muestran un patrón claro: allí donde gobierna o condiciona gobiernos se recortan derechos sindicales, se flexibiliza el despido, se bloquean o desmantelan políticas sociales y se protege selectivamente a “los de casa”, manteniendo intactos los privilegios empresariales. Bajo la retórica de defender “al pueblo trabajador”, votan sistemáticamente contra subidas del salario mínimo, refuerzo de inspección laboral, regulación del alquiler o impuestos a grandes fortunas. PP y Vox ya están cogobernando y pactando presupuestos en distintos niveles institucionales, como diputaciones y ayuntamientos, aplicando una agenda de recortes y privatizaciones encubiertas que agrava la situación de los trabajadores.

Lo que ha ocurrido en Chile muestra que no basta con haber sufrido una dictadura para quedar vacunados contra la extrema derecha: se puede pasar de la memoria del terror al voto masivo a un heredero político de ese régimen. En España, que también viene de una dictadura, el riesgo es que la frustración social y la incapacidad de construir un proyecto de izquierda sólido terminen abriendo la puerta a una alianza entre derecha y ultraderecha normalizada que consolide un nuevo ciclo regresivo.

Si las fuerzas progresistas no son capaces de garantizar vivienda, salarios dignos, servicios públicos sólidos y una narrativa de futuro para las clases populares, el hueco lo llenan quienes se dedican solo a señalar chivos expiatorios y prometen “orden” a costa de derechos. Para los trabajadores, en España como en Chile, esa combinación de neoliberalismo y autoritarismo sólo puede significar más precariedad, más miedo y menos poder frente a quienes realmente mandan: capital financiero, grandes empresas y élites económicas.

La huelga médica en Castilla-La Mancha tiene algo de novela. Un enredo institucional donde el villano aparente es el Ministerio de Sanidad, pero muchos de los crímenes se cometen en los despachos autonómicos. La consecuencia es que mientras en Madrid se discute el Estatuto Marco a golpe de BOE, en los centros de salud de la región se seguirá sufriendo en silencio la agenda de pacientes y la guardia encadenada.

En el plano jurídico, el núcleo duro de la huelga mira a cuestiones que solo el Estado puede ordenar: el propio Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud y la posibilidad de un Estatuto específico para médicos, algo que exige ley básica y negociación a escala estatal.

También es estatal la arquitectura de la clasificación profesional (A1, A2…), con la reclamación de un 'A1+' que reconozca el itinerario formativo y la responsabilidad clínica del médico frente a otras titulaciones. La definición general de qué es una guardia, los límites máximos de jornada y los descansos mínimos forman parte igualmente del armazón básico; sin esa norma común, las comunidades tendrían barra libre para estirar la goma hasta romperla. Incluso la regulación de compatibilidades de los jefes de servicio es, en lo esencial, una decisión en la que el Estado fija el marco y las autonomías juegan con márgenes, pero no pueden invertir la lógica general.

Desde ese punto de vista, la protesta contra el Ministerio tiene lógica: si el Estatuto Marco sale mal, sale mal para todos; si sale bien, pone un suelo digno del que nadie pueda bajar. El problema, es que el Estatuto puede proclamar reposo dominical y las comunidades seguir programando maratones, siempre que el papel se interprete 'creativamente'.

En cambio, casi todo lo que el médico sufre cuando abre la consulta pertenece al reino de las autonomías. La reducción real de agendas y cupos, la posibilidad de dejar de ver 40-60 pacientes al día en Atención Primaria, no se decide en el paseo del Prado, sino en los despachos de cada consejería que fijan tiempos por paciente, protocolos de citación y ratios de plantilla. Lo mismo ocurre con el aumento efectivo de plantillas, la tasa de interinidad o el cierre silencioso de plazas en zonas rurales; el Estado puede recomendar, pero quien contrata, o no, es el servicio de salud autonómico.

Las retribuciones concretas también tienen acento autonómico: cuánto vale una guardia, qué plus recibe quien duerme en un hospital comarcal, qué carrera profesional se paga y con qué cuantía, todo eso se cocina en cada comunidad, con recetas muy dispares.

El resultado es que dos médicos con la misma formación y guardia pueden cobrar cantidades muy distintas, algo que el relato oficial suele atribuir a 'diversidad territorial', como si se tratara de quesos y no de derechos laborales. La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio.

La sobrecarga asistencial, las infraestructuras obsoletas y los sistemas de información decimonónicos completan el cuadro: son producto de elecciones presupuestarias autonómicas, no de una maldición bíblica enviada desde el Ministerio

Aquí aparece la paradoja: la huelga se presenta casi como un duelo entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, mientras las comunidades autónomas se parapetan detrás del biombo del “nosotros solo aplicamos la ley”. Sin embargo, buena parte de las reclamaciones (agendas dignas, refuerzos de plantilla, salarios y pluses, carrera profesional real) dependen directamente de los mismos gobiernos regionales que contemplan la protesta desde la barrera, cuando no se declaran sorprendidos y comprensivos a la vez.

Tal vez la explicación sea que es más sencillo concentrar el malestar en un único adversario, sobre todo si es políticamente rentable para varias partes: el Ministerio se convierte en personaje malvado de novela, mientras las comunidades se limitan a poner cara de figurantes inocentes. Pero, al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible.

Al final queda al descubierto que casi todos han participado en la chapuza: el Estado por diseñar un marco insuficiente y las autonomías por exprimirlo hasta dejarlo irreconocible

Si la huelga no se traduce también en interpelar, uno por uno, a quienes fijan cupos, agendas y plantillas en cada región, el riesgo es que todo acabe en una gran reforma sobre el papel mientras en la consulta del lunes siga habiendo cincuenta pacientes y una sola silla.

Espero que los convocantes de la huelga tengan claro ese marco competencial, si no estaríamos ante una manipulación interesada de la precariedad que sufren los profesionales.

España encabeza los rankings de longevidad, con esperanzas de vida en torno a los 84 años y una expectativa de vida saludable que ronda los 80 años, según los últimos informes de Sanidad y del Instituto Nacional de Estadística. Es una historia de éxito sanitario y social que los gobiernos lucen con orgullo, pero que esconde un aspecto incómodo, que los años realmente vividos con alguna limitación funcional o discapacidad siguen siendo muchos, y se concentran en un tramo de la vida donde apenas hay voz política.

La generación que se jubiló con la reforma laboral, los recortes y la precariedad de los cuidados tendrá la vida más larga de la historia, pero también una de las vejeces con mayor más fragilidad.

Castilla-La Mancha figura en los informes del Ministerio de Sanidad como una de las comunidades donde mayor proporción de los años de vida se viven “sin limitación de actividad”, hasta el punto de situarse entre las autonomías con más años saludables en datos de 2019. El propio titular “Castilla-La Mancha lidera la esperanza de vida saludable” se ha repetido en medios regionales, alimentando un relato de éxito sanitario que contrasta con la realidad cotidiana de los pueblos envejecidos, las viviendas sin ascensor y los cuidadores exhaustos. No es que el dato sea falso, es que es parcial, porque nos dice cuántos años se vive sin discapacidad, pero calla cómo se vive cuando esa discapacidad llega.

A la vez, la esperanza de vida total al nacer en la región ronda los 83,5‑84 años, muy cerca de la media española e incluso ligeramente por encima en algunos años, con mujeres que superan los 86 años y hombres en torno a los 81. Es decir, en Castilla-La Mancha se vive mucho y, estadísticamente, durante bastantes años en buena salud, pero eso solo desplaza hacia edades muy avanzadas el periodo en que se acumulan la multimorbilidad, las caídas, el deterioro cognitivo y la dependencia.

Mientras se celebran los indicadores de 'vida saludable', los datos de discapacidad 2024 dibujan otra Castilla-La Mancha: más de 212.000 personas con discapacidad valorada, el 7,6% de la población, con un crecimiento cercano al 5% en solo un año. Casi un tercio de ellas tiene entre 65 y 79 años, y otro bloque muy importante supera los 80, lo que significa que la vejez se está poblando de limitaciones que exigen ayuda constante para las actividades básicas, desde vestirse hasta salir a la calle. Al mismo tiempo, solo el 38,4% de las personas con discapacidad en edad laboral participa en el mercado de trabajo, lo que añade pobreza y exclusión a la ecuación de la dependencia.

La región presume, no sin motivos, de una buena valoración en servicios sociales, especialmente en atención a la dependencia, teleasistencia y plazas residenciales para mayores, según los informes estatales. Pero incluso esos informes reconocen que la presión sobre el sistema va a aumentar de forma sostenida con más de 400.000 mayores de 65 años, 90.000 de ellos octogenarios, muchos viviendo solos en entornos rurales donde la oferta de apoyos formales es limitada y el “colchón familiar” se va adelgazando. La brecha entre indicadores y biografías concretas se hace evidente cuando la 'vida saludable' se mide en tablas de Excel y no en escaleras que no se pueden subir o en centros de salud a 40 kilómetros.

El discurso oficial suele quedarse en la superficie amable del dato: “Vivimos más y mejor”, “Castilla-La Mancha lidera la esperanza de vida saludable”, “mejor valoración en servicios sociales”. Son titulares que encajan en una narrativa de éxito y estabilidad, pero que evitan la pregunta incómoda: ¿quién cuida y en qué condiciones a esa cohorte creciente de mayores frágiles y personas con discapacidad, cuando el propio mercado laboral expulsa a buena parte de ellas y el sistema de cuidados sigue descargando el peso sobre mujeres de mediana edad? La estadística habla de años; la vida cotidiana habla de horas de cuidado no pagadas, de pensiones justas pero ajustadas y de pueblos donde cada fallecimiento es una nueva silla de ruedas vacía.

Castilla-La Mancha ha demostrado que puede estar en la liga alta de la longevidad y de la esperanza de vida saludable, pero todavía no ha decidido si quiere ser también líder en cuidados dignos, accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. Mantener el relato triunfal sin abordar esa transición es una forma sofisticada de negacionismo: se aplaude la longitud de la vida mientras se ignora la calidad de esos últimos años, precisamente en una región envejecida, dispersa y con fuerte identidad rural.

Vivir más no puede ser el último objetivo de la política pública; el objetivo, sobre todo en Castilla-La Mancha, debería ser que nadie tenga que pedir perdón por envejecer o por vivir con una discapacidad en la tierra donde ha trabajado toda su vida.