La política contemporánea se juega en el terreno de los principios y en la disputa constante por el marco discursivo. En este tablero, la actitud proyectada en los medios por García-Page ante los escándalos del entorno de Ayuso (como los presuntos delitos fiscales vinculados al uso de su piso o las sombras en las contrataciones públicas) y ante los recientes decretos de vivienda resulta profundamente reveladora.

A diferencia de la dirección federal de su partido, Page ha optado ante los casos de corrupción de la derecha madrileña por un perfil institucional de calculada cautela y equidistancia discursiva. Bajo el pretexto de no alentar la 'polarización', equipara sospechas de muy diversa índole y apela a un sosiego formal que, en la práctica, lo que hace es diluir las responsabilidades políticas. Esta postura renuncia a librar la batalla ideológica contra el modelo de privilegio y comisionismo que la izquierda denuncia en la Comunidad de Madrid, permitiendo a esa derecha enmarcar la sospecha real como un mero 'ruido partidista'.

Sin embargo, esa tibieza no es neutra; esta semana ha adquirido una gravedad ética absoluta cuando sus declaraciones contrastan con la realidad social diaria, encarnada en situaciones extremas como los desahucios. Es en esos casos cuando el derecho a la vivienda deja de ser una abstracción y exige posicionamientos tajantes. Ante las medidas del Gobierno central para frenar la emergencia habitacional, Page ha vuelto a situarse mediáticamente en la ortodoxia liberal. Al tildar las intervenciones estatales de 'parches' e 'inseguridad jurídica' para los propietarios, está externalizando la solución al mercado y asumiendo el mantra liberal de que la regulación vulnera el realismo económico.

Este distanciamiento de la postura del Gobierno responde a un estricto cálculo electoral regional para proteger su electorado moderado, pero a la vez se convierte en el responsable de generar un severo coste estratégico para el conjunto de la izquierda.

Al deslegitimar los decretos sociales desde dentro del PSOE, Page fragmenta el mensaje progresista, desmoviliza a la base trabajadora y consolida el marco ideológico de la derecha en uno más de los debates cruciales del Estado del bienestar.

El papel de García-Page dentro del PSOE ha rebasado con creces los límites de la legítima discrepancia y del matiz territorial. Sus recientes declaraciones, en las que llega a equiparar la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta con la “gran mentira” institucional del 11M, lo admita o no, son un punto de inflexión.

No se trata de un ejercicio de democracia interna ni de una voz crítica constructiva; es una operación de desgaste calculada que asume y legitima los marcos discursivos de la derecha más radical.

Comparar la compleja gestión de un pico migratorio con la manipulación de Estado orquestada por el Ejecutivo de Aznar en marzo de 2004 supone una frivolidad histórica inaceptable para cualquier votante de izquierdas. Aznar instrumentalizó las instituciones y los medios públicos para engañarnos deliberadamente a la ciudadanía en la antesala de unas elecciones generales. Equiparar ese episodio a la publicación y desclasificación de informes sobre la crisis de Ceuta por parte de la Moncloa no es un exceso verbal sino una cesión ideológica directa más al argumentario de los partidos conservadores.

García-Page ha optado por un pragmatismo electoral de corto recorrido que busca blindar su feudo en Castilla-La Mancha intentando mimetizarse con la oposición.

Suministra periódicamente los titulares que la extrema derecha necesita para dinamitar la cohesión del bloque progresista

Bajo la excusa de contener el avance de las derechas, el presidente castellanomanchego normaliza términos como “invasión” y suministra periódicamente los titulares que la extrema derecha necesita para dinamitar la cohesión del bloque progresista. Es la lógica del “tonto útil” elevada a política de Estado: pescar en el caladero sociológico del conservadurismo mientras se utiliza la siglas del PSOE como plataforma y escudo.

Desde un análisis comprometido con la necesaria transformación social, la posición de Page es insostenible. La cultura política de la izquierda exige el debate de ideas, pero repudia el asedio sistemático contra los avances del propio espacio institucional.

Si García-Page considera que el proyecto de la mayoría plurinacional y progresista es una “dinámica esquizofrénica”, la lealtad política más elemental le exigiría dar un paso al lado, entregar el acta y confrontar su modelo en las urnas sin la protección de la organización que cuestiona.

Mantenerse en la poltrona regional mientras se actúa como quinta columna del adversario no es valentía autonómica: es, simplemente, la labor de un submarino político al servicio de derecha y ultraderecha. Si en el espacio a la izquierda del PSOE se configura una candidatura seria y con un programa de gobierno que recoja las necesidades sentidas de ese electoral, se dará cuenta de que, aunque la derecha lo crea, en política no todo vale.

A cualquier profesional sanitario o paciente del área de Hellín, la carta publicada por la nefróloga Dra. Piqueras le genera una mezcla entre indignación y resignación. Su testimonio expone la discrepancia abismal entre las necesidades clínicas reales de la población rural y las decisiones de los despachos de gestión.

No son anécdotas. Son datos. La enfermedad renal crónica es silenciosa, y un seguimiento especializado previene que el paciente llegue a diálisis a ciegas, donde la mortalidad alcanza un desgarrador 51% si no ha habido control previo. En 2024, la unidad atendió a 577 pacientes y ahorró más de 34.000 kilómetros en desplazamientos a Albacete, evitando que enfermos crónicos y de edad avanzada pierdan jornadas enteras en desplazamientos. Los usuarios evaluaron el servicio con un 4,83 sobre 5. A esos datos se debe añadir que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en noviembre de 2024 una resolución unánime para reconocer la unidad de nefrología en la cartera de servicios.

A pesar de estos indicadores de éxito, la realidad asistencial ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado.

Lo que ha ocurrido en Hellín es un ejemplo de la perversa inercia burocrática del sistema: se fomenta la innovación mediante concursos de humanización y titulares políticos, pero luego se abandona la consolidación de las plazas en las plantillas orgánicas. Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario.

Precisamente hoy, cuando la Comisión Europea reconoce en la tramitación de la petición PETI, (sigla de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Committee on Petitions), que tiene las siguientes funciones de atender a los ciudadanos, evaluar desigualdades y vulneraciones, emitir dictámenes e interpelar a las instituciones), que las desigualdades de atención en áreas rurales son un fallo estructural que debe corregir el sistema español, nos encontramos como respuesta del SESCAM es desmantelar un servicio que ya funcionaba en lugar de consolidarlo y potenciarlo. El lugar donde vive el paciente continúa dictando, lamentablemente, la calidad de vida y su supervivencia.

La ciudadanía y los profesionales merecen una explicación clara sobre qué criterios de gestión justifican el fin de una unidad médica que salvaba vidas cerca de casa. Pero, sobre todo, la Asociación de enfermos renales de Hellín (ADERHE), haría muy mal callando y no reclamando un derecho que no solo le corresponde como pacientes, sino que sus Cortes Regionales le otorgaron unánimemente.

Hablar de presupuestos de un organismo público es algo árido, propio de despachos, números e informes técnicos. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria no ejecutada hay vidas concretas, desplazamientos agotadores e inequidad territorial.

Un claro ejemplo de esta brecha entre el titular político y la realidad social lo encontramos en la gestión del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y, muy en particular, en la aún postergada puesta en marcha de la Unidad de Diálisis del Hospital de Hellín.

Intentando responder a la pregunta recurrente de un paciente sobre si faltan recursos económicos para dotar plenamente a la comarca de este servicio vital, la respuesta contable es tajante: no es un problema de dinero, es un problema de prioridad política.

Afirmo esto tras consultar los datos oficiales de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de dos canales públicos oficiales. En el portal de la Intervención General de Castilla La Mancha, que publica periódicamente los informes mensuales detallados de ejecución presupuestaria tanto de ingresos y gastos, y en el portal CIMCANET del Ministerio de Hacienda, que recopila la información de ejecución presupuestaria homogénea de todas las Comunidades Autónomas.

Hay que tener en cuenta que la publicación de la ejecución mensual por parte de las Administraciones Públicas suele llevar un desfase técnico de entre 30 y 45 días tras el cierre de cada mes por el concepto de consolidación contable.

Si acudimos a los informes mensuales de ejecución presupuestaria que publica la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -disponibles en este enlace-, en la página 300 observamos un patrón recurrente.

Partidas específicas destinadas al tratamiento de pacientes renales (como el Club Diálisis o la Hemodiálisis domiciliaria) presentan, bien entrado el ejercicio presupuestario (31 de julio), porcentajes de ejecución alarmantemente bajos respecto al crédito inicialmente asignado. Es decir, la partida está consignada en el papel, la liquidez existe en la administración, pero el dinero no llega a convertirse en recursos asistenciales reales.

Desde una perspectiva de compromiso con los servicios públicos, esta parálisis en la ejecución no representa una muestra de “prudencia fiscal” ni de “eficiencia administrativa”. Al contrario: retener crédito presupuestario destinado a la salud de la ciudadanía implica un déficit asistencial.

Para un paciente renal de Hellín o de las comarcas de la Sierra del Segura y los Campos de Hellín, cada mes de retraso no se traduce en un porcentaje contable, sino en cientos de kilómetros semanales por carretera para recibir tratamiento en Albacete, en condiciones de salud sumamente complejas.

El modelo de gestión del Gobierno regional en materia sanitaria evidencia una peligrosa inercia. Prima la contención del gasto, la burocracia administrativa y la centralización de servicios por encima del principio rector que debería guiar a cualquier gobierno de izquierdas: la equidad territorial y el acceso universal a la salud.

Descentralizar la atención médica y llevarla a las comarcas no es un capricho; es la única vía real para vertebrar el territorio, fijar población en el medio rural y garantizar que no existan ciudadanos de primera y de segunda según su código postal.

La sanidad pública no se defiende únicamente aprobando presupuestos vistosos en las Cortes regionales; se defiende ejecutándolos hasta el último euro donde más se necesita. Cuando existe respaldo presupuestario y demanda social, dilatar la apertura de servicios esenciales en la periferia bajo excusas de tramitación administrativa es una decisión política deliberada.

La comarca de Hellín no necesita más promesas en papel ni justificaciones técnicas. Necesita que el presupuesto aprobado se traduzca en derechos ejercidos. Todo lo demás es, simple y llanamente, falta de voluntad política.

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad.

Cada verano asistimos a un ritual mediático reiterado. Mientras el humo sepulta comarcas enteras, desde la Serranía de Cuenca hasta la Sierra de San Vicente, pasando por la Alcarria o Alcaraz, el debate público sobre los incendios forestales se desliza por el terreno de la confrontación partidista.

Hoy he podido contemplar como las cámaras buscan el reproche cruzado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Aquí sobre el modelo de la empresa pública GEACAM, el despliegue del operativo INFOCAM o la oportunidad de las visitas institucionales. Lo más cómodo: ubicar siempre la responsabilidad lejos del terreno, en despachos regionales o ministeriales.

Existe la idea preconcebida de que la prevención del fuego es competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos. Pero, si bien la gestión de los grandes parques y los operativos de extinción recaen en la escala regional, la ley otorga a los municipios una potestad específica sobre su territorio.

Se ignora, de forma sistemática, el nivel más decisivo y cercano del poder público: el ayuntamiento. La legislación forestal y del suelo es categórica: los consistorios tienen el deber y la facultad de exigir a los propietarios privados el desbroce de sus parcelas.

Cuando un particular omite esta obligación, la corporación local cuenta con la ejecución subsidiaria: entrar en la finca, limpiar el combustible vegetal y pasarle la factura al titular. Asimismo, la supervisión de las franjas de protección de entre 25 y 50 metros en la interfaz urbano-forestal es una competencia estrictamente municipal, y crucial en tantas urbanizaciones y núcleos rurales rodeados de pinar. La propiedad privada en el medio rural castellano no es un cheque en blanco para el abandono.

La propiedad privada no es un cheque en blanco para el abandono. El principio constitucional de su función social exige que un terreno no se transforme en una amenaza para la seguridad colectiva. ¿Por qué, entonces, tantos alcaldes miran hacia otro lado?

La respuesta responde a dos problemas estructurales. El primero es el coste político del cara a cara. En la política de proximidad, abrir un expediente sancionador a un vecino tiene nombres y apellidos, y suele pagarse en las urnas. Resulta electoralmente más rentable culpar a la administración autonómica por 'falta de medios' que asumir el desgaste de fiscalizar al propio electorado.

El segundo son las carencias financieras del mundo rural. Exigir a un ayuntamiento de 200 habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara o del Señorío de Molina, con un secretario compartido a tiempo parcial, que tramite decenas de expedientes sobre fincas atomizadas, con herederos ausentes o desconocidos, es exigir un imposible técnico.

Aquí es donde entra la escala intermedia: las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha. Para que la prevención municipal sea viable, las diputaciones deben ejercer como escudo técnico y financiero de los pueblos pequeños a través de tres medidas clave: servicios jurídicos centralizados que asuman la instrucción y cobranza de los expedientes sancionadores, protegiendo a los alcaldes del desgaste político local; dotación de fondos provinciales dedicados a financiar las limpiezas de oficio de manera inmediata, cobrando posteriormente la deuda al propietario moroso; establecimiento de cuadrillas comarcales que actúen todo el año en la limpieza de franjas de seguridad y montes municipales, priorizando la prevención invernal frente al pánico estival.

Garantizar que nuestros montes y pueblos estén protegidos no es un ataque a la propiedad privada, sino la defensa elemental del bien común y del futuro de nuestra tierra.

Es hora de superar el cómodo fetiche de la competencia autonómica y asumir que la primera trinchera contra el fuego se gestiona en las casas consistoriales de Castilla-La Mancha. Solo hace falta la voluntad política de ejercer la competencia y la inteligencia de respaldarla desde el nivel provincial.

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

El pasado 2 de julio, el Ayuntamiento de Tobarra, en Albacete, aprobó con justicia dedicar uno de sus parques a la memoria de Antonio Manzanares Palarea. El gesto honra al ilustre fotógrafo de la naturaleza, al científico minucioso y al escritor incansable que capturó con sus cámaras tesoros que hoy deberían ser considerados patrimonio de nuestra tierra. Sin embargo, detrás del homenaje póstumo y del reconocimiento a su inconmensurable legado intelectual, se esconde el eco de una batalla desgarradora.

Antonio, a quien conocí en Diputación de Albacete en una entrevista, no solo luchó contra la crudeza de la enfermedad renal, la diabetes y una dolorosa calcifilaxis; combatió hasta su último suspiro contra un sistema burocrático y deshumanizado que, en sus propias palabras, le estaba “robando la vida”.

Después de esta noticia, no puedo sino volver a plantear la situación de los pacientes de la zona de Hellín en tratamiento de hemodiálisis, que, aunque estemos en periodo de vacaciones, siguen dializándose y no pueden seguir esperando respuestas o reuniones que no llegan.

El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos.

Los testimonios que el propio Manzanares dejó plasmados en sus cartas públicas retratan un “mundo sórdido” regido por contratas de transporte sanitario que parecen tratar a los enfermos como simples mercancías rentables y no como personas vulnerables. ¿Cómo se puede consentir que un paciente, tras recibir una extenuante sesión de hemodiálisis de cuatro horas que lo deja sin fuerzas ni para sostenerse , sea sometido a un “turismo nocturno” forzoso por carreteras secundarias llenas de curvas peligrosas? Las normas estipulan con claridad que el trayecto de regreso no debe superar la hora y cuarto , y que la recogida debe ser inmediata. Sin embargo, la realidad que denunciaba Antonio consistía en esperas interminables en Urgencias y rutas caóticas para “optimizar” vehículos colectivos.

Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena

En su último viernes de vida, agotado y sangrando por la fístula del brazo, el sistema lo “paseó” en un interminable periplo por Chinchilla, Pétrola, Fuente Álamo y Ontur antes de dejarlo en su hogar. Falleció apenas tres días después. Es imposible no preguntarse cuánto restó a su debilitada salud el estrés de sufrir desmanes tan intolerables. Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena.

Antonio Manzanares clamó en vida por una Unidad de Diálisis en Hellín y por un transporte sanitario digno. Su voz se apagó en 2022, y las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 aprobaron, por unanimidad, la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín. Dos años después sigue todo igual, por lo que su denuncia sigue plenamente vigente.

La inauguración de un parque con su nombre en Tobarra debe servir para algo más que para grabar letras en una placa. Debe ser un recordatorio permanente y una exigencia directa a las autoridades del SESCAM y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los enfermos crónicos no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan mientras se les escapa la vida en la parte trasera de una ambulancia.

Recoger su antorcha y exigir un trato verdaderamente humano es la única forma digna de honrar su memoria, aunque poner su nombre a un parque sea merecido.

Asistimos a una inercia letal. La marcha atrás que vemos en la política castellanomanchega hoy no es un fenómeno aislado, sino el reflejo regional de una dinámica global y nacional ultraderechista, a la que se suma el desgaste de una gestión autonómica que, a fuerza de inercia, ha generado desencanto y abstencionismo en el electorado progresista de nuestra región.

Es un grave error seguir utilizando las mismas recetas de siempre: lo que ayer se vendía como estabilidad y moderación, hoy corre el riesgo de volverse prehistórico ante las urgencias del presente. El descontento y el malestar social que recorren nuestros pueblos y ciudades deben obligarnos, imperativamente, a activar una nueva imaginación política en Castilla-La Mancha.

El problema de la izquierda en nuestra comunidad es su progresivo divorcio con las mayorías sociales y la realidad rural y urbana de la región. La política con mayúsculas no puede reducirse al marketing institucional ni a una campaña electoral permanente desde los despachos de Toledo. Para que una alternativa transformadora funcione, se mantenga y sea capaz de disputar la hegemonía y romper el bipartidismo tradicional en las Cortes regionales, debe asentarse sobre un diagnóstico común y una unidad intelectual auténtica que entienda nuestra dispersión comunitaria.

Mientras la izquierda se desgasta en debates internos, las fuerzas conservadoras avanzan a base de inocular el miedo, azuzar el agravio territorial y fomentar el enfrentamiento bajo discursos excluyentes. Frente a la estrategia de fragmentar a la ciudadanía y condenar a nuestros municipios a competir por las migajas, la única respuesta real es la universalización radical de los derechos y el blindaje de los servicios públicos —la sanidad rural, la educación, la atención a la dependencia y el acceso al agua— a través de una Junta de Comunidades que actúe como un escudo protector real para todas y todos los castellanomanchegos.

Se peca de ingenuidad en la región. Limitarse a la 'buena gestión' o a un pragmatismo conformista es no darse cuenta de que, en la actual coyuntura, eso ya no basta. Hay que salir a la ofensiva cultural y social, siendo capaces de tejer un verdadero tejido comunitario y popular que movilice a la sociedad civil y sostenga mayorías legislativas estables y valientes en el Parlamento regional. Esta sería la única manera de frenar la judicialización de la iniciativa política y ayudar a la ciudadanía a diferenciar con claridad lo que son ataques partidistas espurios de las dinámicas de fiscalización democrática necesarias.

La conversación pública en nuestra autonomía se ha convertido a menudo en un 'totum revolutum' alimentado por dinámicas de confrontación nacional que saturan nuestros informativos y debates locales. Este ruido diario y la réplica mimética de las disputas de Madrid eclipsan las realidades y problemáticas específicas de nuestra tierra, diluyendo las discusiones sobre la precariedad laboral, el reto demográfico o la gestión de nuestros recursos naturales. Ni en el plano autonómico ni en el local vale ponerse de perfil; son imprescindibles las explicaciones claras, la transparencia absoluta y una fiscalización implacable ante cualquier sombra de clientelismo o mala praxis en nuestras instituciones.

Que a la desconexión o al acomodo de la gobernanza regional se le responda desde la oposición con una estrategia puramente destructiva y de enmienda a la totalidad, solo puede degenerar en un debilitamiento de la confianza de los castellanomanchegos en sus propias instituciones autonómicas, que es el verdadero epicentro del retroceso democrático.

Tanto fango mediático y polarización importada nos impide centrar la atención en los debates estratégicos, energéticos, medioambientales y económicos decisivos que están reconfigurando el mapa de nuestra región en el siglo XXI. Porque, nos guste o no, Castilla-La Mancha no es una isla inmune a los cambios globales, sino un territorio profundamente interconectado.

La desigualdad estructural y una gobernanza de la información fuertemente centralizada pretenden decidir qué nos debe conmover y qué realidades debemos esconder bajo la alfombra; rebelarse contra ello con imaginación y soberanía social es el gran reto de nuestro tiempo.

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

Vaya por delante que todos los datos, tasas estadísticas e indicadores clínicos analizados proceden del informe oficial de evaluación titulado 'Actividad de donación y trasplante renal. España 2025', elaborado y editado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Aunque ya retirado, mientras he ejercido como médico de familia en un centro de salud de Castilla-La Mancha, me ha interesado el seguimiento de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) algo que ha formado parte de mi rutina diaria. Ver su lucha diaria, el desgaste personal continuo que les suponen las sesiones de hemodiálisis y la eterna espera de esa llamada telefónica que les devuelva la vida, ha sido constante en los años de ejercicio profesional. Por ello, la lectura y análisis del último informe de la ONT no es un simple ejercicio estadístico para mí, sino una radiografía de la esperanza de vida de esos pacientes.

El documento deja una sensación agridulce, un escenario de luces y sombras que merece una reflexión colectiva. Por un lado, debemos sentirnos muy orgullosos de la robustez de nuestro sistema de donación. Nuestra región ha alcanzado un volumen absoluto de 97 trasplantes renales en el año 2025. Los equipos del Hospital Universitario de Toledo (con 50 intervenciones) y del Hospital General Universitario de Albacete (con 47) operan a pleno rendimiento, recuperando con firmeza el terreno perdido durante los difíciles años de la pandemia.

Si algo destaca en el informe de la ONT es la existencia de una tremenda generosidad en los castellanomanchegos. En 2025 se generaron 89 donantes totales, lo que se tradujo en la extracción de 151 riñones. Lo verdaderamente llamativo es nuestra balanza de intercambio: implantamos 104 riñones de donantes fallecidos, de los cuales 74 se quedaron en la región y 30 fueron enviados a otras Comunidades Autónomas, principalmente a Madrid. A cambio, recibimos 23. Es decir, Castilla-La Mancha es una región netamente exportadora y solidaria, que nutre la red nacional y salva vidas más allá de nuestra autonomía.

Si hay algún enemigo terrible de la medicina ese es la complacencia, y cuando traducimos las cifras absolutas a tasas por millón de población (pmp), que es donde se realiza el verdadero ajuste de estas estadísticas, la realidad nos exige que seamos críticos.

España se mueve en una media de 40,5 trasplantes de donante fallecido pmp, un dato encomiable. Sin embargo, Castilla-La Mancha, se queda bastante por debajo, registrando aproximadamente 23,1 pmp en muerte encefálica y 22,6 pmp en asistolia controlada, siempre según los datos de ese informe.

¿Significa esto que el paciente castellanomanchego está desamparado? Rotundamente no. El propio informe también revela el dato de que cuando la ONT analiza la tasa según la comunidad de residencia del receptor, nuestras cifras se elevan notablemente (rozando los 30 pmp por modalidad). Esto demuestra que la red de cohesión nacional funciona y que muchos de nuestros vecinos en la región son trasplantados con éxito en hospitales de la vecina Comunidad de Madrid al pertenecer a nuestra misma Zona Centro de coordinación. Aunque como médico que ha ejercido en esta tierra, no puedo evitar exponer mi deseo de una mayor autonomía y capacidad quirúrgica intrarregional, evitando los siempre complejos e incómodos desplazamientos para los pacientes crónicos y sus familias.

Pero hay un dato que pienso debería encender las alarmas, es el 'cero' que aparece, y causa dolor mirarlo, en las tablas estadísticas del Ministerio, es el de la actividad de Donante Vivo. En todo el año 2025, Castilla-La Mancha registró exactamente cero trasplantes de donante vivo. Una cruda realidad que solo compartimos en todo el territorio nacional con la CA de La Rioja. Mientras en Cataluña se realizan 174 trasplantes de vivo y en Madrid 81, nuestra región permanece completamente desconectada de esta modalidad, aunque en Albacete existe autorización desde 2017, solo se han realizado 3 trasplantes de vivo.

El trasplante de donante vivo ofrece una supervivencia significativamente mayor del injerto, permite programar la cirugía antes de que el paciente requiera diálisis, puesto que nos anticipamos al trasplante anticipado, y reduce drásticamente las listas de espera. Que no se esté explotando esta vía en Toledo o Albacete es un déficit asistencial, también cultural, que con urgencia se debería intentar corregir.

La solución a este agravio comparativo no está solo en quirófanos de alta complejidad; empieza en nuestras consultas de Atención Primaria. Necesitamos formación específica para los facultativos de familia, campañas institucionales agresivas y la creación de unidades de referencia de donante vivo accesibles y proactivas que informen a los familiares de los enfermos en fases tempranas de la insuficiencia renal.

Tenemos los donantes, tenemos la infraestructura hospitalaria de primer nivel en Toledo y Albacete, y sobre todo, tenemos una sociedad de una generosidad desbordante. Nos falta un impulso institucional y una mayor ambición clínica para que Castilla-La Mancha no solo sea una excelente tierra de extracción de órganos, sino un referente integral de vanguardia en el implante y en el trasplante de vivo.

Por la salud de nuestros pacientes, creo que no podemos conformarnos con menos.

El trasplante renal no es un logro más dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública; es, por definición, la mejor alternativa terapéutica para un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. No solo devuelve una calidad de vida que la máquina de diálisis arrebata de forma sistemática tres días a la semana, sino que ofrece una expectativa de vida notablemente superior. Por eso, analizar la situación actual del acceso al trasplante en Castilla-La Mancha no es solo un ejercicio de fiscalización estadística; es una llamada de atención deontológica sobre cómo estamos gestionando las expectativas de supervivencia de nuestros pacientes.

No es fácil analizar los datos del reciente informe que me facilitó ADERHE, pero revelan una realidad, como poco, incómoda. El Pliego de Prescripciones Técnicas del SESCAM (disponible para los centros de diálisis concertados) establece con meridiana claridad que, como mínimo, el 10% de los pacientes en diálisis deben estar incluidos en la lista de espera de trasplante. Es un suelo, un estándar de calidad asistencial mínimo. Sin embargo, la realidad nos muestra que, en 2023 en los datos que figuran en el informe remitido a ADERHE correspondientes al centro concertado que atiende a la mayoría de los pacientes en hemodiálisis de la provincia de Albacete, esa tasa se situó en un 8,6%, en 2024 cayó dramáticamente al 4,74%, y en 2025 apenas alcanzó el 7,2%. Ciudades de referencia como Albacete (7,75%) y Toledo (6,15%) se encuentran atrapadas en esta misma dinámica de mínimos insuficientes.

¿Qué lectura debe hacerse de esto? Cuando un centro de diálisis mantiene de forma sistemática a sus pacientes alejados de la lista de espera, se produce un “efecto embudo” de consecuencias fatales. Si no se busca activamente al candidato, si se posterga la derivación, si la burocracia o la falta de proactividad cronifican al paciente en el sillón de diálisis, la consecuencia directa en los informes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es demoledora: Castilla-La Mancha se ha consolidado como el farolillo rojo nacional en tasa estimada de lista de espera estimada por millón de población (pmp, 79,9 en 2024 frente a una media nacional de 172,7) y como una de las comunidades que menos trasplanta (45,8 pmp en 2025).

La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos

Mantener a un paciente en diálisis cuando es apto para un trasplante, es clínicamente indefendible. La diálisis sustituye la función renal, pero no frena el deterioro cardiovascular crónico ni las complicaciones asociadas a largo plazo. Cada mes “extra” que un paciente pasa conectado a un monitor por una mala identificación o por el retraso en su inclusión en la lista de espera, es un mes de desgaste orgánico acumulado que restará éxito al futuro trasplante. La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos. El paciente confía ciegamente en el criterio del especialista que le atiende día a día; pero si no se inicia el engranaje, el paciente se vuelve invisible para el sistema de trasplantes.

La gestión sanitaria de los conciertos públicos debe entender que los indicadores de calidad asistencial (como ese esquivo 10%) no son meros requisitos administrativos para justificar un pago o evitar una penalización económica. Son barreras de seguridad clínica. Cuando las tasas de inclusión caen a la mitad del mínimo exigido, el sistema está fallando en su labor más elemental: dar a cada paciente la oportunidad de curarse.

Y por si aún no es suficiente argumento para revisar el modelo, basta con leer las publicaciones sobre la “Estrategia en Enfermedad Renal Crónica del Sistema Nacional de Salud” y los artículos de revisión en la revista Nefrología que analizan el impacto de la sostenibilidad del sistema, porque en la inmensa mayoría de ellos se concluye de forma sistemática, que para fomentar el trasplante anticipado y las técnicas domiciliarias (más baratas y con mejor calidad de vida), es imprescindible que el hospital público retenga la gestión y la educación del paciente, limitando la derivación prematura al concierto.

Pero ese es un debate más largo y farragoso en estos tiempos.

Si se quiere profundizar en este aspecto, entre las diferencias de trasplante renal entre hospital público o privado, es recomendable la lectura de un artículo especializado, titulado “Influencia de la concertación de la hemodiálisis sobre las modalidades de tratamiento sustitutivo renal” publicado por investigadores del área de gestión nefrológica y economía de la salud, en el que concluyen que, estadísticamente, en aquellas comunidades autónomas o áreas de salud con mayores tasas de concertación privada de la hemodiálisis, existe un freno indirecto al desarrollo de las técnicas domiciliarias (diálisis peritoneal) y un retraso en la inclusión de pacientes en la lista de espera de trasplante. Desconozco si en Albacete quien realiza la inclusión en la lista de trasplantes, si el servicio de Nefrología del Hospital o el del centro de diálisis concertado, pero los bajos porcentajes de inclusión hacen pensar en la segunda opción.

De lo que parece no haber duda es que resulta urgente una fiscalización rigurosa por parte de las comisiones de seguimiento del SESCAM. No podemos permitirnos el lujo de ser la comunidad a la cola de España en una disciplina donde nuestro país es líder mundial. Detrás de ese déficit del 40% respecto a la media nacional en lista de espera no hay solo un incumplimiento de contrato; hay cientos de ciudadanos castellanomanchegos encadenados a una máquina que, si se hicieran las cosas bien, podrían estar recuperando su vida.

Como profesional que ha dedicado tiempo al cuidado y tratamiento de los pacientes rurales, algunos de ellos con enfermedad renal crónica, la publicación del reciente informe técnico sobre el estado de la hemodiálisis en nuestra región me obliga a continuar comentando sobre este asunto.

Tras meses de demandas legítimas por parte de los afectados y de la propia asociación ADERHE, los datos definitivos no solo les dan la razón a sus demandas, sino que desvelan una realidad asistencial profundamente preocupante y una alarmante desconexión entre las promesas políticas y la praxis médica real. El informe facilitado recientemente a ADERHE y elaborado por la empresa adjudicataria expone una serie de conclusiones que, analizadas con rigor clínico, pueden resultar alarmantes. Creo que lo más grave de este documento es la confirmación oficial de la existencia de datos subóptimos respecto a la inclusión de pacientes en la lista de espera para trasplante renal.

La inclusión en esa lista de espera de trasplante no es un mero trámite burocrático; es la vía hacia la supervivencia cualitativa, la alternativa terapéutica más eficiente, digna y humana frente a la servidumbre que supone depender de la máquina de diálisis. Los datos que refleja ese informen se pueden calificar como “subóptimos”, porque el mínimo exigible a los centros de diálisis es un 10% en lista de espera de trasplante, y en centros de Albacete no llega al 8% y en Toledo no llega al 7%. Estas cifras, aunque parezcan pequeñas, cambia por completo la vida de estas personas que siguen atadas a una máquina 2 o 3 días por semana. En términos llanos, esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano.

Esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano

Esta situación es suficiente para justificar de manera inmediata que ADERHE exija explicaciones formales tanto a la Coordinación Regional de Trasplantes como a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Defender los derechos de los pacientes implica exigir total transparencia sobre por qué los enfermos no están siendo registrados con la celeridad que los protocolos nacionales exigen.

Uno de los puntos más controvertidos del actual escenario radica en la cronología de las decisiones políticas. En febrero de 2026, el consejero de Sanidad compareció ante los medios de comunicación en Televisión Hellín afirmando que la centralización del servicio en Albacete respondía estrictamente a criterios de “seguridad del paciente”, argumentando la falta de evidencia científica para sostener unidades de menos de 50 o 60 pacientes y la escasez de personal (aludiendo a la presencia de una única nefróloga en la localidad). El consejero tildó las demandas sociales de “ruido” y llamó a “poner cordura”.

Sin embargo, la realidad de las fechas oficiales desmonta ese relato de prudencia técnica. Se ha constatado que la convocatoria para la reunión del grupo de trabajo sobre el Documento Marco de Hemodiálisis de Castilla-La Mancha se fijó para el 27 de febrero de 2026. Esto desvela dos cuestiones demoledoras: primera, que desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026 el grupo de trabajo estuvo completamente paralizado e inactivo, ignorando durante año y medio el mandato de las Cortes regionales; y segunda, que cuando el consejero se apoyó en “criterios técnicos” a principios de febrero, debía referirse a los de su formación como especialista en medicina, pero no a los del comité de expertos de Nefrología porque ni siquiera se había reunido.

Todo invita a pensar que se utilizó el argumento técnico de manera preventiva para justificar una decisión política de centralización de costes, hurtando así de facto el debate sobre el asunto. Ambas fechas confirman punto por punto lo que ADERHE venía denunciando públicamente en el otoño de 2025. Nadie en la comunidad médica osaría comprometer la seguridad de un paciente renal. Es indiscutible que una unidad de hemodiálisis requiere el soporte de especialistas con experiencia y un respaldo científico sólido. Pero esgrimir de forma taxativa que una unidad con menos de 50 pacientes es clínicamente inviable o inherentemente peligrosa, es una verdad a medias que puede rozar la desinformación. Existen modelos de unidades de diálisis periféricas o de proximidad, perfectamente seguras y eficientes en la geografía nacional, siempre que estas cuenten con la dotación presupuestaria, la infraestructura técnica y los canales de interconsulta adecuados.

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su "propia seguridad", mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su “propia seguridad”, mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial. Los criterios técnicos de cualquier especialidad médica moderna, y la Nefrología es una de las más avanzadas en esa materia al regirse estrictamente por protocolos y criterios con evidencia científica, deben servir para buscar soluciones y acercar el tratamiento al paciente, y nunca como un parapeto administrativo para disimular el ahorro presupuestario.

Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias. El propio consejero afirmó públicamente que, si los estudios y los profesionales técnicos indicaran la viabilidad de la unidad, la inversión económica o la obra no serían un obstáculo para llevarla a cabo. Llegados a este punto, esa promesa debería cumplirse de inmediato de forma transparente. El grupo de trabajo recién convocado debe evaluar la situación sociosanitaria de Hellín sin apriorismos políticos ni presiones centralizadoras orientadas a cuestiones presupuestarias. La decisión política debe ser posterior.

Creo que ADERHE debe mantenerse firme y beligerante en sus reivindicaciones. No pueden permitir que los datos de inclusión en lista de espera de trasplantes sigan siendo deficientes en los informes de las adjudicatarias, ni que se justifique la inacción institucional mediante la parálisis selectiva de los órganos de evaluación técnica. La salud renal y la calidad de vida de los ciudadanos de Hellín se defienden dotando de recursos humanos a la periferia y garantizando la equidad en el acceso a la salud.

Los pacientes deben contar con el respaldo suficiente de los profesionales de Nefrología, de las sociedades científicas regionales y nacionales, de no ser así estarán afrontando en solitario una lucha desigual frente a las Administraciones. Es momento de que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para garantizar una atención sanitaria equitativa, cercana y acorde a las necesidades reales de estos pacientes.

Cuando las instituciones fallan o las respuestas tardan en llegar, la sociedad civil es la única que sostiene el fuerte. Lo comprobé de primera mano en mi reciente encuentro con ADERHE, una reunión nacida de la necesidad de entender la compleja odisea que rodea a los enfermos renales asociados en ella. Escuchar sus demandas y su lucha incansable me llevó a tomar una decisión inevitable: implicarme de lleno. A partir de hoy, asumo el compromiso de colaborar con ellos para intentar poner luz en este túnel de incertidumbre. Me sumo a su causa porque la búsqueda de una solución y el apoyo mutuo no son opcionales; son el único camino hacia adelante.

De ese encuentro nace esta reflexión. Existe una contradicción muy preocupante en cómo se gestiona nuestra sanidad. Mientras los responsables políticos se pierden en debates sobre logística, como si es mejor centralizar o repartir las máquinas de diálisis, se está gestando una tormenta perfecta en el silencio de las consultas de los médicos de cabecera. Los datos analizados en Hellín dejan al descubierto una realidad alarmante: hay un abismo enorme entre la seguridad que la administración dice tener en los papeles y el peligro real que corren los ciudadanos en la calle.

Es un hecho demostrado por la ciencia que la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a casi el 15% de los adultos en España, según estudios como el EPIRCE de la Sociedad Española de Nefrología. Sin embargo, los papeles oficiales de comunidades como Castilla-La Mancha dicen que solo la padece el 1,4% de la población. Que los registros oficiales marquen un porcentaje tan bajo no es un éxito médico del que presumir; es la prueba clarísima de un fracaso a la hora de detectar el problema. Significa, básicamente, que la enfermedad no se busca y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas.

Esta patología es la 'enfermedad silenciosa' por excelencia. Los riñones son órganos asombrosos y tienen una capacidad de resistencia enorme. Esto hace que puedan perder hasta el 70% o 80% de su fuerza para funcionar sin que la persona sienta el más mínimo dolor, náuseas o hinchazón. Los síntomas claros y graves aparecen solo cuando el daño ya no tiene vuelta atrás y el paciente está al límite, con el cuerpo intoxicado por los desechos que los riñones ya no pueden limpiar (lo que los médicos llamamos uremia).

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario:

No hacer este seguimiento básico condena a miles de personas a vivir sin saber que están enfermas, provocando consecuencias que destrozan su salud:

La paradoja de todo esto es que no hace falta inventar nada nuevo. Países como Canadá o regiones españolas como la Comunidad Valenciana y Baleares han demostrado que invertir en prevención sale muy a cuenta. Utilizan sistemas informáticos inteligentes en el historial clínico del paciente que avisan automáticamente al médico cuando los valores del riñón empiezan a empeorar. Esto permite que el médico de cabecera envíe al paciente de forma rápida y organizada al nefrólogo.

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación. Por eso resulta desolador ver cómo proyectos técnicos que ya estaban aprobados, firmados y con dinero asegurado desde fuera se quedan guardados en un cajón por la pereza de la administración o la falta de diálogo de los directores de los hospitales.

Seguir discutiendo únicamente sobre dónde se ponen las máquinas de diálisis es un error de bulto. Es como preocuparse por las lanchas salvavidas cuando el barco se está hundiendo por un agujero en el casco que nadie quiere tapar. Proteger la salud de la gente exige sacar a la luz esta enfermedad oculta. Es hora de que los gestores sanitarios dejen de conformarse con estadísticas falsas y miren la realidad de frente: descubrir el problema hoy es salvar vidas mañana.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa.

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario. Ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las 'viejas glorias' como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: “Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea.”Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir.

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

A uno, que ya tiene una edad en el cuerpo, le ha dado por investigar el asunto de la diálisis en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Tras indagar en los mentideros locales, he logrado contactar con un miembro de la asociación ADERHE (Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz). El buen hombre, que prefiere mantenerse en ese anonimato tan propio de quien teme que su franqueza le acarree más males que sus dolencias, me confiesa que se sienten ignorados. Me habla a título personal, claro está, como si la enfermedad fuera un asunto privado y no un problema colectivo.

Digo yo que la salud pública no debería medirse con un cuentakilómetros, sino con los derechos de los ciudadanos en la mano. Sin embargo, en la comarca de Hellín han decidido que la geografía sea el destino. Mientras las instituciones en Toledo aprueban mociones por unanimidad, con ese entusiasmo parlamentario que tan bien queda en las actas, la realidad en el hospital sigue empantanada en informes de idoneidad.

Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras que parecen diseñadas por alguien con mucha afición a las curvas de montaña. El objetivo: llegar a Albacete o, si no a Murcia. Si se compara esto con Ciudad Real, que tiene tres unidades, la gente se enfada, porque piensan que alguien ha decidido abonarlos a la escasez.

Luego, parece una broma que el 21 de enero de 2026 se vuelva a confirmar por unanimidad en la Diputación Provincial la creación de este centro de diálisis para los vecinos de la región, pero luego tampoco ese acuerdo se haya transformado en resultados. También los pacientes renales de la región representados por ALCER y ADERHE tuvieron una reunión el 27 de enero en Albacete con delegados provinciales.

El consejero de Sanidad acudió a Hellín unos días más tarde, el 2 de febrero, pero en lugar de quedar con la asociación, hizo una declaración en televisión Hellín, en la que alega que la no apertura se debe a la “seguridad clínica” y a la ausencia de especialistas y a la vez sostiene que no hay evidencia científica para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Mientras para otra especialidad, Urología, sí se piensa en que los pacientes no tengan que desplazarse para recibir tratamiento, demostrando que el bienestar del paciente no tiene por qué ser estadísticamente relevante.

Desde el Servicio de Nefrología de Albacete se defiende el trabajo realizado, negando cualquier discriminación y achacando las carencias a la falta crónica de profesionales en el sector. Es comprensible la indignación de los sanitarios que asumen sobrecargas de trabajo, pero su “mano tendida” no alivia el cansancio crónico del paciente que llega a su consulta tras dos horas de viaje.

La cuestión no es solo de inversión o de obra, puesto que el propio consejero reconoce que eso no sería problema, sino de prioridades asistenciales. Si el Hospital de Hellín tiene capacidad técnica y humana, como defienden algunos sectores políticos, y existe un mandato parlamentario claro, la demora deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una falta de equidad sanitaria.

La salud de los ciudadanos de Hellín y de las Sierras de Segura y Alcaraz no puede ser moneda de cambio en un debate de cifras y ratios de eficiencia. Cuando los pacientes recurren al Defensor del Pueblo o a la Alta Inspección Sanitaria del Estado, es porque el sistema regional les ha fallado en su promesa de proximidad.

Equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y Hellín necesita, por dignidad y por supervivencia, que la hemodiálisis deje de ser una promesa en un diario oficial y se convierta en una realidad en su hospital. No se trata de colores políticos; se trata de vidas humanas que no pueden seguir esperando. Voluntad política y seguridad técnica no pueden jugar al escondite, y el sentido común debería imponerse a la burocracia.

Hay ocasiones en las que la vida, en un alarde de falta de imaginación decide plagiarse. Uno cree haber zanjado un asunto, haber puesto el sello de 'resuelto', y el destino persistente nos devuelve el problema corregido y aumentado.

Todo comenzó, con un familiar madrileño al que la salud, caprichosa y poco sutil, le obsequió primero con una tumoración y, acto seguido, con una enfermedad rara que le han obligado a requerir de hemodiálisis. El conflicto que me planteó entonces consistía en la imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones tras dos años de hospitales, porque necesitaba localizar un hospital donde conectarse la máquina. Se buscó, se halló y dimos el asunto por liquidado.

Pero hace escasas fechas, y tras una entrevista que me realizaron en este mismo diario con motivo de la aparición de un libro, se puso en contacto conmigo, a través de esos canales modernos que llamamos redes sociales, un ciudadano de la comarca de Hellín. Un hombre amable en su mensaje, que me transmitió su gratitud por mis intervenciones en Radio Hellín sobre asuntos de salud, y que tras confesar que había adquirido y leído mi libro, a su “me ha gustado el libro”, le añadió un reproche: echaba de menos que no hubiese dedicado un capítulo a los pacientes que, en el medio rural, se ven obligados a viajar para realizarse hemodiálisis, haciendo referencia especial a la situación de los que residen en su área sanitaria. Ante esa omisión real, le di la razón tras disculparme, prometerle interesarme por el tema y redactar un artículo de opinión. Y a esa tarea voy.

La realidad que me he encontrado resulta grave y a alguno le parecerá que hiela la sangre: los pacientes del área sanitaria de Hellín se ven obligados a un peregrinaje forzoso hasta Albacete tres veces por semana, para recibir el tratamiento imprescindible para mantenerse en este mundo. Esa comarca, al igual que otras zonas con orografía pintoresca, pero incomoda por su geografía compleja. Es un territorio de baja densidad demográfica y una dispersión de la población que parece diseñada para poner a prueba la paciencia, con unas comunicaciones que invitan más al misticismo que al desplazamiento ágil. En las sierras del Segura y Alcaraz, esta peculiaridad se traduce en trayectos que consumen casi dos horas para la ida y dos para el regreso. El cómputo final es una cifra que marea a cualquiera: los más sufridos ciudadanos acumulan la friolera de 800 kilómetros semanales para acceder a una asistencia médica que les es, literalmente, vital. Bien podríamos calificar su vida cómo una hazaña de heroísmo cotidiano.

Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo

Para no pecar de entrometido, algo que no deseo, he buscado datos que arrojen algo de luz sobre esta situación. Los resultados, siempre sujetos a que alguien disponga de otros y decida enmendarme la plana, indican que son aproximadamente treinta y cinco los ciudadanos del área de Hellín que se ven obligados a este trasiego incesante hacia la capital provincial. Es curioso comprobar, que la provincia de Albacete cuenta con un único centro de diálisis para atender a esa población dispersa. Este ascetismo sanitario contrasta con lo que ocurre en otras provincias de la región, como Ciudad Real o Toledo, donde, sin entrar en los motivo, han tenido a bien distribuir estas instalaciones en diversas localizaciones. Uno no puede evitar preguntarse qué pecado habrán cometido los riñones de los ciudadanos rurales albaceteños para merecer tal centralismo, mientras sus convecinos disfrutan de una geografía de tratamiento más cercana de sus casas.

Hurgando en la hemeroteca, para comprobar si uno llega tarde a un incendio ya sofocado, descubro que la cuestión no ha pasado desapercibida para la prensa nacional. Me consta un reportaje con un título tan gráfico como desalentador: 'El calvario de la diálisis en la España rural', publicado por el diario El Mundo en el año 2023 y, para mayor abundamiento de su veracidad, recibió el premio de la Sociedad Española de Nefrología en 2024. En ese trabajo, se da voz a pacientes, dos son del área de Hellín, y relatan, cómo se ven obligados a devorar cientos de kilómetros cada semana por el noble capricho de seguir con vida. Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo.

No quisiera finalizar este alegato, sin mencionar que la Asociación Nacional para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER, lleva desde 2019 predicando en el desierto sobre esta desigualdad territorial de los pacientes en nuestro país. La asociación viene insistiendo sobre las dificultades de acceso a los tratamientos sustitutivos, defendiendo esa idea, tan lógica como aparentemente difícil de ejecutar, de acercar la diálisis a las zonas rurales y dispersas. Quien desee profundizar en esta realidad puede consultar el siguiente enlace. En él se documenta que, a pesar de los años transcurridos y de las advertencias lanzadas, la distancia entre el paciente y su tratamiento sigue estando ahí. Habrá que confiar en que, algún día, la eficiencia administrativa se ponga a la altura de sus necesidades, porque muchos no pueden permitirse esperar más.

No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros

Para continuar componiendo este cuadro conviene recordar que, en noviembre de 2024, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad estudiar la creación de un centro de diálisis en Hellín. Fue uno de esos momentos mágicos en los que los próceres de nuestra región se ponen de acuerdo, aunque parece que el acuerdo ha sido la antesala de la parálisis. Ha transcurrido ya más de un año desde aquel compromiso y, no se han producido avances que puedan considerarse concretos, ni se han establecido plazos que se hayan hecho públicos. Al parecer, entre el 'estudio' de la necesidad y la colocación de la primera piedra media un abismo que ni la más noble de las unanimidades ha logrado sortear hasta la fecha. Seguiremos, pues, a la espera de que se pase de la teoría a la práctica, antes de que los kilómetros acaben por agotar la paciencia de los pacientes (pacientes).

Los afectados, no han optado por el silencio y la resignación. De su justa indignación nació ADERHE (la Asociación de Enfermos Renales de la comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz), un nombre cuya extensión parece querer hacer justicia a las distancias que sus miembros se ven obligados a recorrer. Desde esta agrupación se han impulsado movilizaciones, recolectas de firmas y toda clase de actuaciones ante las más altas instancias, incluyendo al Defensor del Pueblo y la Alta Inspección Sanitaria, instituciones que, se supone, velan por nosotros. Todo este despliegue de energía y papeleo no tiene más fin que el de ver, por fin, implantado ese servicio de diálisis en Hellín.

Y para terminar de dibujar este paisaje, me topo con una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso en abril de 2025. El objetivo, tan loable como de nombre farragoso, es impulsar la diálisis domiciliaria y garantizar eso que llaman equidad territorial. Se trata, en esencia, de admitir que el verdadero drama está en una falta de medios que condena a media España a un nomadismo sanitario demasiado cruel. Y mientras los diputados lo debaten, multitud de pacientes inician sus viajes de madrugada desde aldeas y pueblos lejanos, con el vaivén de las ambulancias, por carreteras interminables y someterse al rigor del tratamiento, para no regresar a sus hogares hasta la noche. Si a este trajín le añadimos que la mayoría de estos viajeros peinan canas, o presentan una fragilidad clínica, el cuadro resultante es de una injusticia que clama al cielo, o al menos, a la cordura de quienes gestionan nuestros impuestos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos

Eduardo Galeano

El propósito de este artículo no es otro que romper una lanza en favor de la equidad territorial. Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando. No pongo en duda que existirán razones de peso, sesudos motivos presupuestarios o logísticos (que pienso analizar), para explicar por qué esa promesa sigue suspendida en el aire. No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros. Porque de poco sirve querer llenar los pueblos de gente si antes no somos capaces de asegurarles que sus riñones no les costarán la salud en la carretera.

No puedo creerme que, para nuestros representantes electos, los ciudadanos rurales seamos Los Nadies, a los que Eduardo Galeano refleja en su poema del mismo título, cuando afirma: “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos”.

Estoy seguro de que nuestra región le pondrá solución a esta situación más pronto que tarde porque es de justicia.

Se nos anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora o el bálsamo de Fierabrás, un nuevo concepto al que han bautizado con el rimbombante nombre de “prioridad nacional”. Don Núñez, en un ejercicio de equilibrismo político digno de las mejores temporadas en las carpas de 'le Cirque du Soleil', parece dispuesto a comprar la mercancía que le ofrece el partido de las camisas tiesas e impasibles ademanes recuerdo del ayer.

Un pacto que consiste en que, para gobernar Castilla-La Mancha, habrá que pasar por el aro de que esos derechos, que hasta ahora creíamos inherentes a la condición de seres humanos o, al menos, al honestos contribuyentes, tengan una ventanilla preferente según el lugar donde la madre de uno tuvo a bien parirlo.

Desde el punto de vista del sentido común, que debe ser ese pariente pobre al que los lideres políticos rara vez invitan a sus cenas de gala, no me dirán que el asunto no tiene miga. Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra, de horizontes tan anchos como sus necesidades, se sustenta sobre una economía que no entiende de escudos heráldicos ni de heráldica en general. En el campo, por ejemplo, donde el ajo, la oliva y la uva no se recogen solos por mucho que uno silbe el himno nacional, la “prioridad” es obligatoriamente una entelequia. Si Don Núñez decide que el trabajador que llega de lejos dispuesto a doblar el lomo debe vivir en la indigencia administrativa, lo que estará firmando no es la salvación de la patria hispana y su 'amadisma' Castilla-La Mancha, sino el certificado de defunción de nuestras cooperativas. El campo se quedará solo, pero eso sí, será muy y mucho español.

A este dislate económico se le suma el drama de la despoblación, eso que muchos llaman 'la España vaciada', aunque me suena más real llamarlo 'los pueblos que languidecen'. En nuestra región, el cierre de una escuela es una verdadera tragedia griega que no necesita ni los tres actos preceptivos. Y resulta que esas escuelas, a menudo, se mantienen abiertas por los hijos de quienes Vox querría ver en el furgón de cola de los beneficios sociales. Expulsar a estas familias mediante la asfixia asistencial es, en pura matemática, una forma muy elaborada de suicidio demográfico. Es decir que quieres salvar la casa, y para ello propones ,cómo primera medida, quemar las vigas que la sostienen.

No hay que olvidar el lío que puede caerles encima a los juzgados. Porque a nadie se le escapa que estas ocurrencias normativas tienen menos recorrido de los aviones de papel en mitad de una ventisca. Ya se lo vaticino, se redactarán leyes, se publicarán boletines y, acto seguido, caerá sobre ellas un chaparrón de recursos constitucionales que dejará a la Administración en estado de parálisis contemplativa. Veremos a la Junta gastando el dinero de la caja de todos, entre abogados y pleitos perdidos, todo por satisfacer un capricho semántico de algún ocurrente miembro del partido de quienes añoran un orden que, a ver si se enteran, nunca existió.

Y luego está la seguridad, ese espantapájaros que a cada minuto agitan con tanto entusiasmo. Pretender que una sociedad resulta más segura, creando una subclase de ciudadanos parias sin acceso a vivienda ni protección, es no haber entendido nada de la naturaleza humana. La marginalidad, señores y señoras promotores, (y para que lo entiendan también quienes hacen cálculos electorales y los escuchan), no se cura con banderas, se cura con pan y con un techo. Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita.

Don Núñez dice que este es “el camino”. Pero servidor, que ha visto pasar muchos caminos y todavía más caminantes, sospecha que este no lleva a la prosperidad de nuestra tierra, sino a un laberinto sin salida. En Castilla-La Mancha, o nos salvamos con el sentido común de la mano, o acabaremos perdidos en la llanura, discutiendo sobre el linaje de los que se queden a apagar las luces de un pueblo que se muere.

Y cuando ante las palabras de Don Núñez, esperaba que Don Page le diera una respuesta de calado, entre otros, con los anteriores argumentos, me encuentro que se limita a afirma que lo que busca Vox con la “prioridad nacional” es “que en España se odie al diferente”. Digo yo, que para ese viaje no necesita alforjas, ni conductor del coche oficial.

Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres. Es un lugar de Castilla-La Mancha que, teóricamente, no olvida a quienes han puesto su talento, su trabajo o su ejemplo al servicio de la comunidad. Lo hemos visto estos últimos días, en que instituciones, asociaciones y colectivos se han unido con presteza para reconocer a personas que han marcado su historia: desde el periodista Pedro Piqueras, homenajeado con la Medalla de Oro de la Provincia, al cuchillero Amós Núñez, figura central de la tradición y del Museo Municipal de la Cuchillería, o al dirigente sindical Juan Antonio Mata, cuya memoria ha sido honrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cada uno de esos actos, Albacete repite el mismo gesto: mira atrás, pone nombre y rostro a sus referentes y los devuelve con orgullo al centro de la memoria colectiva. Son formas de decir que, en esta ciudad, quienes dedican su vida entera a su oficio y a su provincia siempre encontrarán un lugar en el corazón de los albaceteños. O al menos, así debería ser si no mediara la arbitrariedad o el olvido selectivo de quienes hoy ostentan la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres. Existe una ausencia que grita por sí sola; un vacío en el reconocimiento público que raya en la ingratitud institucional. Permítanme citar a alguien cuyos méritos son tan vastos que el silencio oficial sobre su figura resulta ya, a todas luces, impresentable. Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez.

Si en lugar de una carta abierta en este medio regional, yo hubiera propuesto una recogida de firmas, las rúbricas se contarían por miles, evidenciando que la ciudadanía tiene mucha más memoria y altura de miras que sus instituciones. Hablamos de quien fue alcalde de Alcaraz (1987-1999), presidente de la Diputación Provincial durante 16 años ininterrumpidos (desde 1979 hasta 1995), diputado regional y director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Su legado no es una cuestión de opinión, sino de hechos palpables que hoy disfrutamos y que hacen aún más sangrante la pasividad de los actuales responsables:

• Creación de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) en 1979, blindando la seguridad de nuestras zonas rurales.

• Urbanización del Campus Universitario de la UCLM, una apuesta decidida por la educación superior que cambió el futuro de la provincia.

• Fundación del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) en 1982, modernizando el sector primario mediante la investigación.

• Impulso de los Planes Provinciales de Cooperación, llevando agua y carreteras a los ayuntamientos más pequeños y olvidados.

• Creación del Servicio de Publicaciones (1989), del Servicio Provincial de Recaudación y del Servicio Provincial de Informática, dotando a la provincia de una estructura administrativa moderna.

• La cesión al INSALUD del edificio del Hospital Provincial por la simbólica cifra de una peseta al año, un gesto de visión política que permitió el nacimiento del actual Hospital General Universitario.

• Puesta en marcha del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, siendo pionero en la gestión mancomunada de residuos, una visión de sostenibilidad décadas antes de que se convirtiera en norma. Y a eso añadir los consorcios de Servicios Sociales, Consumo o Cultural Albacete.

• Adquisición y rehabilitación del Chalet de Fontecha, rescatando para el patrimonio público y para la sede de la Cámara de Comercio uno de los edificios más emblemáticos de la capital, evitando su deterioro o desaparición.

• Creación del Circuito de Velocidad de Albacete, impulsando una infraestructura que durante años fue el principal motor de promoción turística e internacional de la provincia, situándonos en el mapa del motor mundial.

• Liderazgo en la creación de la Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM) en sus primeras etapas de expansión provincial, consolidando un foro imprescindible para la defensa de nuestro sector agrario.

• Fomento de la red de Bibliotecas Municipales y Centros Culturales en toda la provincia, garantizando que el acceso al saber no fuera un privilegio de la capital, sino un derecho de cada vecino de la Sierra de Alcaraz o de la Mancha.

Este listado podría continuar, porque su acción no solo fue administrativa, sino estratégica. Por eso tampoco se entiende que esta iniciativa no haya salido del responsable provincial del PSOE, partido en el que milita desde 1977.

No es necesario añadir nada más. Resulta incomprensible, cuando no directamente vergonzoso, que, con este currículo de servicio público, que constituye la base misma de la infraestructura moderna de Albacete, las instituciones que él mismo ayudó a levantar o el partido al que ha servido, miren hoy hacia otro lado.

La gratitud no debería ser una cuestión de color político ni de conveniencia temporal, sino un deber de justicia elemental. Ignorar este legado no solo empequeñece a quienes tienen el poder de remediarlo, sino que proyecta una imagen de mezquindad institucional que nuestra provincia no merece.

Es hora de que las instituciones estén a la altura de su historia y de los hombres que, como Juan Francisco Fernández Jiménez, la construyeron cuando todo estaba por hacer. El silencio, a estas alturas, ya solo puede interpretarse como una falta de respeto a nuestra propia identidad.