No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

El pasado 2 de julio, el Ayuntamiento de Tobarra, en Albacete, aprobó con justicia dedicar uno de sus parques a la memoria de Antonio Manzanares Palarea. El gesto honra al ilustre fotógrafo de la naturaleza, al científico minucioso y al escritor incansable que capturó con sus cámaras tesoros que hoy deberían ser considerados patrimonio de nuestra tierra. Sin embargo, detrás del homenaje póstumo y del reconocimiento a su inconmensurable legado intelectual, se esconde el eco de una batalla desgarradora.

Antonio, a quien conocí en Diputación de Albacete en una entrevista, no solo luchó contra la crudeza de la enfermedad renal, la diabetes y una dolorosa calcifilaxis; combatió hasta su último suspiro contra un sistema burocrático y deshumanizado que, en sus propias palabras, le estaba “robando la vida”.

Después de esta noticia, no puedo sino volver a plantear la situación de los pacientes de la zona de Hellín en tratamiento de hemodiálisis, que, aunque estemos en periodo de vacaciones, siguen dializándose y no pueden seguir esperando respuestas o reuniones que no llegan.

El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos.

Los testimonios que el propio Manzanares dejó plasmados en sus cartas públicas retratan un “mundo sórdido” regido por contratas de transporte sanitario que parecen tratar a los enfermos como simples mercancías rentables y no como personas vulnerables. ¿Cómo se puede consentir que un paciente, tras recibir una extenuante sesión de hemodiálisis de cuatro horas que lo deja sin fuerzas ni para sostenerse , sea sometido a un “turismo nocturno” forzoso por carreteras secundarias llenas de curvas peligrosas? Las normas estipulan con claridad que el trayecto de regreso no debe superar la hora y cuarto , y que la recogida debe ser inmediata. Sin embargo, la realidad que denunciaba Antonio consistía en esperas interminables en Urgencias y rutas caóticas para “optimizar” vehículos colectivos.

Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena

En su último viernes de vida, agotado y sangrando por la fístula del brazo, el sistema lo “paseó” en un interminable periplo por Chinchilla, Pétrola, Fuente Álamo y Ontur antes de dejarlo en su hogar. Falleció apenas tres días después. Es imposible no preguntarse cuánto restó a su debilitada salud el estrés de sufrir desmanes tan intolerables. Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena.

Antonio Manzanares clamó en vida por una Unidad de Diálisis en Hellín y por un transporte sanitario digno. Su voz se apagó en 2022, y las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 aprobaron, por unanimidad, la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín. Dos años después sigue todo igual, por lo que su denuncia sigue plenamente vigente.

La inauguración de un parque con su nombre en Tobarra debe servir para algo más que para grabar letras en una placa. Debe ser un recordatorio permanente y una exigencia directa a las autoridades del SESCAM y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los enfermos crónicos no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan mientras se les escapa la vida en la parte trasera de una ambulancia.

Recoger su antorcha y exigir un trato verdaderamente humano es la única forma digna de honrar su memoria, aunque poner su nombre a un parque sea merecido.

Asistimos a una inercia letal. La marcha atrás que vemos en la política castellanomanchega hoy no es un fenómeno aislado, sino el reflejo regional de una dinámica global y nacional ultraderechista, a la que se suma el desgaste de una gestión autonómica que, a fuerza de inercia, ha generado desencanto y abstencionismo en el electorado progresista de nuestra región.

Es un grave error seguir utilizando las mismas recetas de siempre: lo que ayer se vendía como estabilidad y moderación, hoy corre el riesgo de volverse prehistórico ante las urgencias del presente. El descontento y el malestar social que recorren nuestros pueblos y ciudades deben obligarnos, imperativamente, a activar una nueva imaginación política en Castilla-La Mancha.

El problema de la izquierda en nuestra comunidad es su progresivo divorcio con las mayorías sociales y la realidad rural y urbana de la región. La política con mayúsculas no puede reducirse al marketing institucional ni a una campaña electoral permanente desde los despachos de Toledo. Para que una alternativa transformadora funcione, se mantenga y sea capaz de disputar la hegemonía y romper el bipartidismo tradicional en las Cortes regionales, debe asentarse sobre un diagnóstico común y una unidad intelectual auténtica que entienda nuestra dispersión comunitaria.

Mientras la izquierda se desgasta en debates internos, las fuerzas conservadoras avanzan a base de inocular el miedo, azuzar el agravio territorial y fomentar el enfrentamiento bajo discursos excluyentes. Frente a la estrategia de fragmentar a la ciudadanía y condenar a nuestros municipios a competir por las migajas, la única respuesta real es la universalización radical de los derechos y el blindaje de los servicios públicos —la sanidad rural, la educación, la atención a la dependencia y el acceso al agua— a través de una Junta de Comunidades que actúe como un escudo protector real para todas y todos los castellanomanchegos.

Se peca de ingenuidad en la región. Limitarse a la 'buena gestión' o a un pragmatismo conformista es no darse cuenta de que, en la actual coyuntura, eso ya no basta. Hay que salir a la ofensiva cultural y social, siendo capaces de tejer un verdadero tejido comunitario y popular que movilice a la sociedad civil y sostenga mayorías legislativas estables y valientes en el Parlamento regional. Esta sería la única manera de frenar la judicialización de la iniciativa política y ayudar a la ciudadanía a diferenciar con claridad lo que son ataques partidistas espurios de las dinámicas de fiscalización democrática necesarias.

La conversación pública en nuestra autonomía se ha convertido a menudo en un 'totum revolutum' alimentado por dinámicas de confrontación nacional que saturan nuestros informativos y debates locales. Este ruido diario y la réplica mimética de las disputas de Madrid eclipsan las realidades y problemáticas específicas de nuestra tierra, diluyendo las discusiones sobre la precariedad laboral, el reto demográfico o la gestión de nuestros recursos naturales. Ni en el plano autonómico ni en el local vale ponerse de perfil; son imprescindibles las explicaciones claras, la transparencia absoluta y una fiscalización implacable ante cualquier sombra de clientelismo o mala praxis en nuestras instituciones.

Que a la desconexión o al acomodo de la gobernanza regional se le responda desde la oposición con una estrategia puramente destructiva y de enmienda a la totalidad, solo puede degenerar en un debilitamiento de la confianza de los castellanomanchegos en sus propias instituciones autonómicas, que es el verdadero epicentro del retroceso democrático.

Tanto fango mediático y polarización importada nos impide centrar la atención en los debates estratégicos, energéticos, medioambientales y económicos decisivos que están reconfigurando el mapa de nuestra región en el siglo XXI. Porque, nos guste o no, Castilla-La Mancha no es una isla inmune a los cambios globales, sino un territorio profundamente interconectado.

La desigualdad estructural y una gobernanza de la información fuertemente centralizada pretenden decidir qué nos debe conmover y qué realidades debemos esconder bajo la alfombra; rebelarse contra ello con imaginación y soberanía social es el gran reto de nuestro tiempo.

Asistir a una jornada de huelga nacional mientras el Ministerio de Sanidad publica, por primera vez, una convocatoria extraordinaria de 'repesca' para cubrir plazas vacantes de Formación Sanitaria Especializada (FSE) genera una inevitable mezcla de sentimientos. Como médico de familia que ha desarrollado su labor diaria en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), miro las cifras con una combinación de profunda preocupación y, a la vez, con una brizna de esperanza.

El tablero que se nos ha presentado este mes de junio de 2026 es complejo. Por un lado, la realidad de las cifras ministeriales es disponer de 441 plazas ‘extra’ a nivel nacional, donde la Medicina Familiar y Comunitaria (mi especialidad y pilar del sistema) sigue sangrando con 240 plazas desiertas, más de la mitad del total.

Por otro lado, la publicación de las vacantes en nuestra comunidad nos obliga a hacer un ejercicio de honestidad. Hace apenas unas semanas, el 28 de mayo, la Consejería de Sanidad expresaba su satisfacción por haber “completado” la oferta inicial. Hoy vemos que la foto fija no siempre coincide con la realidad de las incorporaciones efectivas: las renuncias y los abandonos posteriores nos devuelven a la casilla de salida en varios dispositivos.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la atención primaria. Si ponemos la lupa en la atención especializada de Castilla-La Mancha, el listado de la repesca nos revela huecos preocupantes en una especialidad tan crítica y transversal como la Nefrología, con vacantes en el Área Especializada de Albacete, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital General Universitario de Guadalajara.

Es aquí donde las piezas del puzzle sanitario deben empezar a encajar, y donde, como médico de familia, me planteo las preguntas que verdaderamente importan para la salud de nuestros pacientes. Conseguir que un residente elija una plaza es solo el primer paso; lograr que se incorpore, se fidelice y se forme en un entorno de excelencia es el verdadero reto.

Mientras Albacete y Toledo, a pesar de su tamaño y ser centros terciarios, buscan desesperadamente especialistas en formación para sus servicios de Nefrología, no puedo evitar volver la vista hacia el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Allí, el Servicio de Nefrología lleva cinco años demostrando cuál es el camino. En 2021 se convirtieron en uno de los nueve hospitales pioneros en España en lograr la acreditación de calidad 'ACERCA', otorgada por la Sociedad Española de Nefrología (SEN). Lejos de conformarse, en 2023 elevaron el listón alcanzando el exigente Nivel III de calidad asistencial.

¿Por qué creo que esto es vital para un médico de familia? Porque los pacientes con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) que he seguido en mi consulta son de una complejidad extrema. El tránsito hacia un Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante, es un escenario de altísima morbimortalidad y un punto de inflexión dramático en sus vidas. Saber que el hospital de Alcázar cuenta con una unidad que cumple con 70 estrictos estándares de calidad (basados en la educación, la seguridad y los derechos del paciente), por un lado, me da la tranquilidad de que sus pacientes reciben la mejor atención posible, y por otro, me provoca la envidia que causa que en no todos los hospitales castellanomanchegos sea así.

Por eso, ante la coincidencia cronológica de este cierre de junio, donde el día 30 finaliza tanto la incorporación de los nuevos residentes de la repesca como el plazo de la nueva convocatoria de acreditaciones 'ACERCA', me genera una pregunta obligada: ¿Se está trabajando firmemente en esta misma línea de excelencia desde las gerencias de Albacete y Toledo? Las plazas MIR vacantes en sus servicios de Nefrología no son solo números en un boletín oficial: son el reflejo de la necesidad de hacer atractivos, competitivos y excelentes nuestros hospitales.

No basta con 'llenar' los huecos en la repesca. Necesitamos que los futuros nefrólogos que decidan unirse al Sescam encuentren servicios comprometidos con los máximos estándares internacionales de calidad, emulando el espejo en el que lleva mirándose Alcázar de San Juan un lustro.

El próximo 1 de julio, cuando los nuevos residentes deban haber tomado posesión de sus plazas, sabremos si hemos logrado cubrir el expediente normativo. Pero la verdadera evaluación la pasaremos en el día a día, demostrando si somos capaces de unificar la calidad asistencial en toda la región. Nuestros pacientes renales, se encuentren en Toledo, Albacete o Ciudad Real, no se merecen menos.

Vaya por delante que todos los datos, tasas estadísticas e indicadores clínicos analizados proceden del informe oficial de evaluación titulado 'Actividad de donación y trasplante renal. España 2025', elaborado y editado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Aunque ya retirado, mientras he ejercido como médico de familia en un centro de salud de Castilla-La Mancha, me ha interesado el seguimiento de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) algo que ha formado parte de mi rutina diaria. Ver su lucha diaria, el desgaste personal continuo que les suponen las sesiones de hemodiálisis y la eterna espera de esa llamada telefónica que les devuelva la vida, ha sido constante en los años de ejercicio profesional. Por ello, la lectura y análisis del último informe de la ONT no es un simple ejercicio estadístico para mí, sino una radiografía de la esperanza de vida de esos pacientes.

El documento deja una sensación agridulce, un escenario de luces y sombras que merece una reflexión colectiva. Por un lado, debemos sentirnos muy orgullosos de la robustez de nuestro sistema de donación. Nuestra región ha alcanzado un volumen absoluto de 97 trasplantes renales en el año 2025. Los equipos del Hospital Universitario de Toledo (con 50 intervenciones) y del Hospital General Universitario de Albacete (con 47) operan a pleno rendimiento, recuperando con firmeza el terreno perdido durante los difíciles años de la pandemia.

Si algo destaca en el informe de la ONT es la existencia de una tremenda generosidad en los castellanomanchegos. En 2025 se generaron 89 donantes totales, lo que se tradujo en la extracción de 151 riñones. Lo verdaderamente llamativo es nuestra balanza de intercambio: implantamos 104 riñones de donantes fallecidos, de los cuales 74 se quedaron en la región y 30 fueron enviados a otras Comunidades Autónomas, principalmente a Madrid. A cambio, recibimos 23. Es decir, Castilla-La Mancha es una región netamente exportadora y solidaria, que nutre la red nacional y salva vidas más allá de nuestra autonomía.

Si hay algún enemigo terrible de la medicina ese es la complacencia, y cuando traducimos las cifras absolutas a tasas por millón de población (pmp), que es donde se realiza el verdadero ajuste de estas estadísticas, la realidad nos exige que seamos críticos.

España se mueve en una media de 40,5 trasplantes de donante fallecido pmp, un dato encomiable. Sin embargo, Castilla-La Mancha, se queda bastante por debajo, registrando aproximadamente 23,1 pmp en muerte encefálica y 22,6 pmp en asistolia controlada, siempre según los datos de ese informe.

¿Significa esto que el paciente castellanomanchego está desamparado? Rotundamente no. El propio informe también revela el dato de que cuando la ONT analiza la tasa según la comunidad de residencia del receptor, nuestras cifras se elevan notablemente (rozando los 30 pmp por modalidad). Esto demuestra que la red de cohesión nacional funciona y que muchos de nuestros vecinos en la región son trasplantados con éxito en hospitales de la vecina Comunidad de Madrid al pertenecer a nuestra misma Zona Centro de coordinación. Aunque como médico que ha ejercido en esta tierra, no puedo evitar exponer mi deseo de una mayor autonomía y capacidad quirúrgica intrarregional, evitando los siempre complejos e incómodos desplazamientos para los pacientes crónicos y sus familias.

Pero hay un dato que pienso debería encender las alarmas, es el 'cero' que aparece, y causa dolor mirarlo, en las tablas estadísticas del Ministerio, es el de la actividad de Donante Vivo. En todo el año 2025, Castilla-La Mancha registró exactamente cero trasplantes de donante vivo. Una cruda realidad que solo compartimos en todo el territorio nacional con la CA de La Rioja. Mientras en Cataluña se realizan 174 trasplantes de vivo y en Madrid 81, nuestra región permanece completamente desconectada de esta modalidad, aunque en Albacete existe autorización desde 2017, solo se han realizado 3 trasplantes de vivo.

El trasplante de donante vivo ofrece una supervivencia significativamente mayor del injerto, permite programar la cirugía antes de que el paciente requiera diálisis, puesto que nos anticipamos al trasplante anticipado, y reduce drásticamente las listas de espera. Que no se esté explotando esta vía en Toledo o Albacete es un déficit asistencial, también cultural, que con urgencia se debería intentar corregir.

La solución a este agravio comparativo no está solo en quirófanos de alta complejidad; empieza en nuestras consultas de Atención Primaria. Necesitamos formación específica para los facultativos de familia, campañas institucionales agresivas y la creación de unidades de referencia de donante vivo accesibles y proactivas que informen a los familiares de los enfermos en fases tempranas de la insuficiencia renal.

Tenemos los donantes, tenemos la infraestructura hospitalaria de primer nivel en Toledo y Albacete, y sobre todo, tenemos una sociedad de una generosidad desbordante. Nos falta un impulso institucional y una mayor ambición clínica para que Castilla-La Mancha no solo sea una excelente tierra de extracción de órganos, sino un referente integral de vanguardia en el implante y en el trasplante de vivo.

Por la salud de nuestros pacientes, creo que no podemos conformarnos con menos.

El trasplante renal no es un logro más dentro de la cartera de servicios de la sanidad pública; es, por definición, la mejor alternativa terapéutica para un paciente con enfermedad renal crónica avanzada. No solo devuelve una calidad de vida que la máquina de diálisis arrebata de forma sistemática tres días a la semana, sino que ofrece una expectativa de vida notablemente superior. Por eso, analizar la situación actual del acceso al trasplante en Castilla-La Mancha no es solo un ejercicio de fiscalización estadística; es una llamada de atención deontológica sobre cómo estamos gestionando las expectativas de supervivencia de nuestros pacientes.

No es fácil analizar los datos del reciente informe que me facilitó ADERHE, pero revelan una realidad, como poco, incómoda. El Pliego de Prescripciones Técnicas del SESCAM (disponible para los centros de diálisis concertados) establece con meridiana claridad que, como mínimo, el 10% de los pacientes en diálisis deben estar incluidos en la lista de espera de trasplante. Es un suelo, un estándar de calidad asistencial mínimo. Sin embargo, la realidad nos muestra que, en 2023 en los datos que figuran en el informe remitido a ADERHE correspondientes al centro concertado que atiende a la mayoría de los pacientes en hemodiálisis de la provincia de Albacete, esa tasa se situó en un 8,6%, en 2024 cayó dramáticamente al 4,74%, y en 2025 apenas alcanzó el 7,2%. Ciudades de referencia como Albacete (7,75%) y Toledo (6,15%) se encuentran atrapadas en esta misma dinámica de mínimos insuficientes.

¿Qué lectura debe hacerse de esto? Cuando un centro de diálisis mantiene de forma sistemática a sus pacientes alejados de la lista de espera, se produce un “efecto embudo” de consecuencias fatales. Si no se busca activamente al candidato, si se posterga la derivación, si la burocracia o la falta de proactividad cronifican al paciente en el sillón de diálisis, la consecuencia directa en los informes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es demoledora: Castilla-La Mancha se ha consolidado como el farolillo rojo nacional en tasa estimada de lista de espera estimada por millón de población (pmp, 79,9 en 2024 frente a una media nacional de 172,7) y como una de las comunidades que menos trasplanta (45,8 pmp en 2025).

La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos

Mantener a un paciente en diálisis cuando es apto para un trasplante, es clínicamente indefendible. La diálisis sustituye la función renal, pero no frena el deterioro cardiovascular crónico ni las complicaciones asociadas a largo plazo. Cada mes “extra” que un paciente pasa conectado a un monitor por una mala identificación o por el retraso en su inclusión en la lista de espera, es un mes de desgaste orgánico acumulado que restará éxito al futuro trasplante. La baja tasa de inclusión que observamos es clínicamente compatible con una preocupante falta de proactividad en la detección de candidatos. El paciente confía ciegamente en el criterio del especialista que le atiende día a día; pero si no se inicia el engranaje, el paciente se vuelve invisible para el sistema de trasplantes.

La gestión sanitaria de los conciertos públicos debe entender que los indicadores de calidad asistencial (como ese esquivo 10%) no son meros requisitos administrativos para justificar un pago o evitar una penalización económica. Son barreras de seguridad clínica. Cuando las tasas de inclusión caen a la mitad del mínimo exigido, el sistema está fallando en su labor más elemental: dar a cada paciente la oportunidad de curarse.

Y por si aún no es suficiente argumento para revisar el modelo, basta con leer las publicaciones sobre la “Estrategia en Enfermedad Renal Crónica del Sistema Nacional de Salud” y los artículos de revisión en la revista Nefrología que analizan el impacto de la sostenibilidad del sistema, porque en la inmensa mayoría de ellos se concluye de forma sistemática, que para fomentar el trasplante anticipado y las técnicas domiciliarias (más baratas y con mejor calidad de vida), es imprescindible que el hospital público retenga la gestión y la educación del paciente, limitando la derivación prematura al concierto.

Pero ese es un debate más largo y farragoso en estos tiempos.

Si se quiere profundizar en este aspecto, entre las diferencias de trasplante renal entre hospital público o privado, es recomendable la lectura de un artículo especializado, titulado “Influencia de la concertación de la hemodiálisis sobre las modalidades de tratamiento sustitutivo renal” publicado por investigadores del área de gestión nefrológica y economía de la salud, en el que concluyen que, estadísticamente, en aquellas comunidades autónomas o áreas de salud con mayores tasas de concertación privada de la hemodiálisis, existe un freno indirecto al desarrollo de las técnicas domiciliarias (diálisis peritoneal) y un retraso en la inclusión de pacientes en la lista de espera de trasplante. Desconozco si en Albacete quien realiza la inclusión en la lista de trasplantes, si el servicio de Nefrología del Hospital o el del centro de diálisis concertado, pero los bajos porcentajes de inclusión hacen pensar en la segunda opción.

De lo que parece no haber duda es que resulta urgente una fiscalización rigurosa por parte de las comisiones de seguimiento del SESCAM. No podemos permitirnos el lujo de ser la comunidad a la cola de España en una disciplina donde nuestro país es líder mundial. Detrás de ese déficit del 40% respecto a la media nacional en lista de espera no hay solo un incumplimiento de contrato; hay cientos de ciudadanos castellanomanchegos encadenados a una máquina que, si se hicieran las cosas bien, podrían estar recuperando su vida.

Como profesional que ha dedicado tiempo al cuidado y tratamiento de los pacientes rurales, algunos de ellos con enfermedad renal crónica, la publicación del reciente informe técnico sobre el estado de la hemodiálisis en nuestra región me obliga a continuar comentando sobre este asunto.

Tras meses de demandas legítimas por parte de los afectados y de la propia asociación ADERHE, los datos definitivos no solo les dan la razón a sus demandas, sino que desvelan una realidad asistencial profundamente preocupante y una alarmante desconexión entre las promesas políticas y la praxis médica real. El informe facilitado recientemente a ADERHE y elaborado por la empresa adjudicataria expone una serie de conclusiones que, analizadas con rigor clínico, pueden resultar alarmantes. Creo que lo más grave de este documento es la confirmación oficial de la existencia de datos subóptimos respecto a la inclusión de pacientes en la lista de espera para trasplante renal.

La inclusión en esa lista de espera de trasplante no es un mero trámite burocrático; es la vía hacia la supervivencia cualitativa, la alternativa terapéutica más eficiente, digna y humana frente a la servidumbre que supone depender de la máquina de diálisis. Los datos que refleja ese informen se pueden calificar como “subóptimos”, porque el mínimo exigible a los centros de diálisis es un 10% en lista de espera de trasplante, y en centros de Albacete no llega al 8% y en Toledo no llega al 7%. Estas cifras, aunque parezcan pequeñas, cambia por completo la vida de estas personas que siguen atadas a una máquina 2 o 3 días por semana. En términos llanos, esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano.

Esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano

Esta situación es suficiente para justificar de manera inmediata que ADERHE exija explicaciones formales tanto a la Coordinación Regional de Trasplantes como a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Defender los derechos de los pacientes implica exigir total transparencia sobre por qué los enfermos no están siendo registrados con la celeridad que los protocolos nacionales exigen.

Uno de los puntos más controvertidos del actual escenario radica en la cronología de las decisiones políticas. En febrero de 2026, el consejero de Sanidad compareció ante los medios de comunicación en Televisión Hellín afirmando que la centralización del servicio en Albacete respondía estrictamente a criterios de “seguridad del paciente”, argumentando la falta de evidencia científica para sostener unidades de menos de 50 o 60 pacientes y la escasez de personal (aludiendo a la presencia de una única nefróloga en la localidad). El consejero tildó las demandas sociales de “ruido” y llamó a “poner cordura”.

Sin embargo, la realidad de las fechas oficiales desmonta ese relato de prudencia técnica. Se ha constatado que la convocatoria para la reunión del grupo de trabajo sobre el Documento Marco de Hemodiálisis de Castilla-La Mancha se fijó para el 27 de febrero de 2026. Esto desvela dos cuestiones demoledoras: primera, que desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026 el grupo de trabajo estuvo completamente paralizado e inactivo, ignorando durante año y medio el mandato de las Cortes regionales; y segunda, que cuando el consejero se apoyó en “criterios técnicos” a principios de febrero, debía referirse a los de su formación como especialista en medicina, pero no a los del comité de expertos de Nefrología porque ni siquiera se había reunido.

Todo invita a pensar que se utilizó el argumento técnico de manera preventiva para justificar una decisión política de centralización de costes, hurtando así de facto el debate sobre el asunto. Ambas fechas confirman punto por punto lo que ADERHE venía denunciando públicamente en el otoño de 2025. Nadie en la comunidad médica osaría comprometer la seguridad de un paciente renal. Es indiscutible que una unidad de hemodiálisis requiere el soporte de especialistas con experiencia y un respaldo científico sólido. Pero esgrimir de forma taxativa que una unidad con menos de 50 pacientes es clínicamente inviable o inherentemente peligrosa, es una verdad a medias que puede rozar la desinformación. Existen modelos de unidades de diálisis periféricas o de proximidad, perfectamente seguras y eficientes en la geografía nacional, siempre que estas cuenten con la dotación presupuestaria, la infraestructura técnica y los canales de interconsulta adecuados.

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su "propia seguridad", mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su “propia seguridad”, mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial. Los criterios técnicos de cualquier especialidad médica moderna, y la Nefrología es una de las más avanzadas en esa materia al regirse estrictamente por protocolos y criterios con evidencia científica, deben servir para buscar soluciones y acercar el tratamiento al paciente, y nunca como un parapeto administrativo para disimular el ahorro presupuestario.

Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias. El propio consejero afirmó públicamente que, si los estudios y los profesionales técnicos indicaran la viabilidad de la unidad, la inversión económica o la obra no serían un obstáculo para llevarla a cabo. Llegados a este punto, esa promesa debería cumplirse de inmediato de forma transparente. El grupo de trabajo recién convocado debe evaluar la situación sociosanitaria de Hellín sin apriorismos políticos ni presiones centralizadoras orientadas a cuestiones presupuestarias. La decisión política debe ser posterior.

Creo que ADERHE debe mantenerse firme y beligerante en sus reivindicaciones. No pueden permitir que los datos de inclusión en lista de espera de trasplantes sigan siendo deficientes en los informes de las adjudicatarias, ni que se justifique la inacción institucional mediante la parálisis selectiva de los órganos de evaluación técnica. La salud renal y la calidad de vida de los ciudadanos de Hellín se defienden dotando de recursos humanos a la periferia y garantizando la equidad en el acceso a la salud.

Los pacientes deben contar con el respaldo suficiente de los profesionales de Nefrología, de las sociedades científicas regionales y nacionales, de no ser así estarán afrontando en solitario una lucha desigual frente a las Administraciones. Es momento de que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para garantizar una atención sanitaria equitativa, cercana y acorde a las necesidades reales de estos pacientes.

Cuando las instituciones fallan o las respuestas tardan en llegar, la sociedad civil es la única que sostiene el fuerte. Lo comprobé de primera mano en mi reciente encuentro con ADERHE, una reunión nacida de la necesidad de entender la compleja odisea que rodea a los enfermos renales asociados en ella. Escuchar sus demandas y su lucha incansable me llevó a tomar una decisión inevitable: implicarme de lleno. A partir de hoy, asumo el compromiso de colaborar con ellos para intentar poner luz en este túnel de incertidumbre. Me sumo a su causa porque la búsqueda de una solución y el apoyo mutuo no son opcionales; son el único camino hacia adelante.

De ese encuentro nace esta reflexión. Existe una contradicción muy preocupante en cómo se gestiona nuestra sanidad. Mientras los responsables políticos se pierden en debates sobre logística, como si es mejor centralizar o repartir las máquinas de diálisis, se está gestando una tormenta perfecta en el silencio de las consultas de los médicos de cabecera. Los datos analizados en Hellín dejan al descubierto una realidad alarmante: hay un abismo enorme entre la seguridad que la administración dice tener en los papeles y el peligro real que corren los ciudadanos en la calle.

Es un hecho demostrado por la ciencia que la enfermedad renal crónica (ERC) afecta a casi el 15% de los adultos en España, según estudios como el EPIRCE de la Sociedad Española de Nefrología. Sin embargo, los papeles oficiales de comunidades como Castilla-La Mancha dicen que solo la padece el 1,4% de la población. Que los registros oficiales marquen un porcentaje tan bajo no es un éxito médico del que presumir; es la prueba clarísima de un fracaso a la hora de detectar el problema. Significa, básicamente, que la enfermedad no se busca y, por lo tanto, no aparece en las estadísticas.

Esta patología es la 'enfermedad silenciosa' por excelencia. Los riñones son órganos asombrosos y tienen una capacidad de resistencia enorme. Esto hace que puedan perder hasta el 70% o 80% de su fuerza para funcionar sin que la persona sienta el más mínimo dolor, náuseas o hinchazón. Los síntomas claros y graves aparecen solo cuando el daño ya no tiene vuelta atrás y el paciente está al límite, con el cuerpo intoxicado por los desechos que los riñones ya no pueden limpiar (lo que los médicos llamamos uremia).

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario

Saber si a alguien le están empezando a fallar los riñones es baratísimo, sobre todo si lo comparamos con lo que cuesta un tratamiento de diálisis. Solo hacen falta dos pruebas muy sencillas en un análisis rutinario:

No hacer este seguimiento básico condena a miles de personas a vivir sin saber que están enfermas, provocando consecuencias que destrozan su salud:

La paradoja de todo esto es que no hace falta inventar nada nuevo. Países como Canadá o regiones españolas como la Comunidad Valenciana y Baleares han demostrado que invertir en prevención sale muy a cuenta. Utilizan sistemas informáticos inteligentes en el historial clínico del paciente que avisan automáticamente al médico cuando los valores del riñón empiezan a empeorar. Esto permite que el médico de cabecera envíe al paciente de forma rápida y organizada al nefrólogo.

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación

Invertir en pillar la enfermedad a tiempo reduce las complicaciones a largo plazo, protege la vida de la gente y permite a los hospitales organizar el dinero y las instalaciones con años de antelación. Por eso resulta desolador ver cómo proyectos técnicos que ya estaban aprobados, firmados y con dinero asegurado desde fuera se quedan guardados en un cajón por la pereza de la administración o la falta de diálogo de los directores de los hospitales.

Seguir discutiendo únicamente sobre dónde se ponen las máquinas de diálisis es un error de bulto. Es como preocuparse por las lanchas salvavidas cuando el barco se está hundiendo por un agujero en el casco que nadie quiere tapar. Proteger la salud de la gente exige sacar a la luz esta enfermedad oculta. Es hora de que los gestores sanitarios dejen de conformarse con estadísticas falsas y miren la realidad de frente: descubrir el problema hoy es salvar vidas mañana.

La política española tiene tanta memoria implacable, como asombrosa capacidad para devorar a sus propios mitos. La reciente imputación del expresidente Rodríguez Zapatero no es solo un golpe judicial; es un terremoto que agrieta los cimientos del relato de la izquierda española y deja al actual Ejecutivo en una posición de extrema vulnerabilidad. No asumirlo es no hacer un diagnóstico certero para poder aplicar el tratamiento adecuado.

Zapatero es un líder que encarnó el ala más progresista y audaz del PSOE tradicional, que fue capaz de romper moldes con el matrimonio homosexual o con la retirada de las tropas de Irak. Pero hoy la delgada y difusa línea que separa el legítimo lobbismo internacional de un presunto tráfico de influencias, ha terminado por atrapar a un Zapatero hiperactivo en la geopolítica de trinchera. Y eso salpica directamente a la actual Moncloa.

Zapatero no era un jarrón chino, muy al contrario. Ha sido el principal valedor, el escudo humano y el agitador de campaña más entusiasta de Sánchez, especialmente cuando las 'viejas glorias' como Felipe González, o las chinas en el zapato como Page, decidieron girarle la cara al actual presidente. Por eso, me ha dolido ver a Sánchez recurriendo al clásico manual de resistencia, y sacando a relucir los logros sociales de hace dos décadas o la manida foto de Feijóo, en lugar de dar un puñetazo en la mesa. Eso evidencia una respuesta de cortina de humo nostálgica, pero no argumentos de peso.

Pero si la presión de la oposición era previsible, el verdadero peligro para Sánchez está dentro de sus propias filas. La imputación de Zapatero ha vuelto a levantar la voz de la corriente más crítica del socialismo, encarnada, una vez más, por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page: “Las siglas del PSOE y la honestidad del Gobierno de España no pueden ser el escudo de las andanzas privadas de nadie, por muy expresidente que sea.”Para García-Page, Zapatero y sus relaciones internacionales, parecen representar todo lo que el socialismo, como él lo entiende, debe combatir.

El barón manchego no ha tardado en marcar distancias, consciente de que el electorado de centroizquierda no digiere bien el olor a privilegios ni las sospechas de favoritismo empresarial. Mientras Sánchez opta por el cierre de filas, Page lidera el sector que exige una catarsis, advirtiendo que ligar el destino del partido a la suerte judicial de Zapatero es un error estratégico que desdibuja los principios éticos de esa formación. Menos mal que aún no sabemos nada del caso, y mucho menos la sentencia de culpabilidad, si llegamos a conocerla…

Esta sacudida obliga a la izquierda a afrontar una reflexión estricta y urgente. Si el PSOE es incapaz de distinguir entre la legítima defensa de la presunción de inocencia y el blindaje ciego de responsabilidades, el socialismo se acercará peligrosamente a ese populismo identitario que tanto ha criticado en sus adversarios. No se puede clamar regeneración democrática en la oposición y a la vez practicar el corporativismo judicial en el poder.

Pero si hacemos de la dificultad virtud, este caso es un catalizador idóneo para que el espacio a su izquierda refuerce una narrativa de control democrático de poderes, una transparencia real y una nítida separación entre las personas de los expresidentes y unas estructuras de influencia que trascienden a un solo partido. No vale criticar lo de Aznar, González o Rajoy y no poner en marcha leyes que delimiten lo que es legal de lo que no y lo impidan. La política de influencias y pasillos no puede tener sitio entre unas organizaciones que todas se proclaman transformadoras.

En última instancia, la imputación de Zapatero funciona como un potente acelerador de tensiones latentes: alimenta la guerra cultural y política con una derecha que encuentra en este caso su mejor munición, lo que amplía la polarización por si era poca; saca a la luz las costuras de un PSOE como partido hegemónico histórico, que, aunque menos que el PP, a menudo ha confundido Estado, partido y liderazgo. Pero también obliga a la izquierda a una elección crucial, al deber decidir si se reafirma en la defensa de un proyecto político y social concreto y transformador, o si se convierte, simplemente, en el escudo defensivo de una figura emblemática.

La respuesta a este dilema marcará la autoridad moral de ese espacio de la izquierda en los próximos años.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

A uno, que ya tiene una edad en el cuerpo, le ha dado por investigar el asunto de la diálisis en la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. Tras indagar en los mentideros locales, he logrado contactar con un miembro de la asociación ADERHE (Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz). El buen hombre, que prefiere mantenerse en ese anonimato tan propio de quien teme que su franqueza le acarree más males que sus dolencias, me confiesa que se sienten ignorados. Me habla a título personal, claro está, como si la enfermedad fuera un asunto privado y no un problema colectivo.

Digo yo que la salud pública no debería medirse con un cuentakilómetros, sino con los derechos de los ciudadanos en la mano. Sin embargo, en la comarca de Hellín han decidido que la geografía sea el destino. Mientras las instituciones en Toledo aprueban mociones por unanimidad, con ese entusiasmo parlamentario que tan bien queda en las actas, la realidad en el hospital sigue empantanada en informes de idoneidad.

Hace ya más de un año que las Cortes de Castilla-La Mancha decidieron, con la alegría de un consenso, que Hellín debía tener su unidad de hemodiálisis. Para la administración, el tiempo es una magnitud; pero para un paciente, un año son 150 viajes obligados por carreteras que parecen diseñadas por alguien con mucha afición a las curvas de montaña. El objetivo: llegar a Albacete o, si no a Murcia. Si se compara esto con Ciudad Real, que tiene tres unidades, la gente se enfada, porque piensan que alguien ha decidido abonarlos a la escasez.

Luego, parece una broma que el 21 de enero de 2026 se vuelva a confirmar por unanimidad en la Diputación Provincial la creación de este centro de diálisis para los vecinos de la región, pero luego tampoco ese acuerdo se haya transformado en resultados. También los pacientes renales de la región representados por ALCER y ADERHE tuvieron una reunión el 27 de enero en Albacete con delegados provinciales.

El consejero de Sanidad acudió a Hellín unos días más tarde, el 2 de febrero, pero en lugar de quedar con la asociación, hizo una declaración en televisión Hellín, en la que alega que la no apertura se debe a la “seguridad clínica” y a la ausencia de especialistas y a la vez sostiene que no hay evidencia científica para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Mientras para otra especialidad, Urología, sí se piensa en que los pacientes no tengan que desplazarse para recibir tratamiento, demostrando que el bienestar del paciente no tiene por qué ser estadísticamente relevante.

Desde el Servicio de Nefrología de Albacete se defiende el trabajo realizado, negando cualquier discriminación y achacando las carencias a la falta crónica de profesionales en el sector. Es comprensible la indignación de los sanitarios que asumen sobrecargas de trabajo, pero su “mano tendida” no alivia el cansancio crónico del paciente que llega a su consulta tras dos horas de viaje.

La cuestión no es solo de inversión o de obra, puesto que el propio consejero reconoce que eso no sería problema, sino de prioridades asistenciales. Si el Hospital de Hellín tiene capacidad técnica y humana, como defienden algunos sectores políticos, y existe un mandato parlamentario claro, la demora deja de ser un trámite administrativo para convertirse en una falta de equidad sanitaria.

La salud de los ciudadanos de Hellín y de las Sierras de Segura y Alcaraz no puede ser moneda de cambio en un debate de cifras y ratios de eficiencia. Cuando los pacientes recurren al Defensor del Pueblo o a la Alta Inspección Sanitaria del Estado, es porque el sistema regional les ha fallado en su promesa de proximidad.

Equidad no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita. Y Hellín necesita, por dignidad y por supervivencia, que la hemodiálisis deje de ser una promesa en un diario oficial y se convierta en una realidad en su hospital. No se trata de colores políticos; se trata de vidas humanas que no pueden seguir esperando. Voluntad política y seguridad técnica no pueden jugar al escondite, y el sentido común debería imponerse a la burocracia.

Hay ocasiones en las que la vida, en un alarde de falta de imaginación decide plagiarse. Uno cree haber zanjado un asunto, haber puesto el sello de 'resuelto', y el destino persistente nos devuelve el problema corregido y aumentado.

Todo comenzó, con un familiar madrileño al que la salud, caprichosa y poco sutil, le obsequió primero con una tumoración y, acto seguido, con una enfermedad rara que le han obligado a requerir de hemodiálisis. El conflicto que me planteó entonces consistía en la imposibilidad de disfrutar de unas vacaciones tras dos años de hospitales, porque necesitaba localizar un hospital donde conectarse la máquina. Se buscó, se halló y dimos el asunto por liquidado.

Pero hace escasas fechas, y tras una entrevista que me realizaron en este mismo diario con motivo de la aparición de un libro, se puso en contacto conmigo, a través de esos canales modernos que llamamos redes sociales, un ciudadano de la comarca de Hellín. Un hombre amable en su mensaje, que me transmitió su gratitud por mis intervenciones en Radio Hellín sobre asuntos de salud, y que tras confesar que había adquirido y leído mi libro, a su “me ha gustado el libro”, le añadió un reproche: echaba de menos que no hubiese dedicado un capítulo a los pacientes que, en el medio rural, se ven obligados a viajar para realizarse hemodiálisis, haciendo referencia especial a la situación de los que residen en su área sanitaria. Ante esa omisión real, le di la razón tras disculparme, prometerle interesarme por el tema y redactar un artículo de opinión. Y a esa tarea voy.

La realidad que me he encontrado resulta grave y a alguno le parecerá que hiela la sangre: los pacientes del área sanitaria de Hellín se ven obligados a un peregrinaje forzoso hasta Albacete tres veces por semana, para recibir el tratamiento imprescindible para mantenerse en este mundo. Esa comarca, al igual que otras zonas con orografía pintoresca, pero incomoda por su geografía compleja. Es un territorio de baja densidad demográfica y una dispersión de la población que parece diseñada para poner a prueba la paciencia, con unas comunicaciones que invitan más al misticismo que al desplazamiento ágil. En las sierras del Segura y Alcaraz, esta peculiaridad se traduce en trayectos que consumen casi dos horas para la ida y dos para el regreso. El cómputo final es una cifra que marea a cualquiera: los más sufridos ciudadanos acumulan la friolera de 800 kilómetros semanales para acceder a una asistencia médica que les es, literalmente, vital. Bien podríamos calificar su vida cómo una hazaña de heroísmo cotidiano.

Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo

Para no pecar de entrometido, algo que no deseo, he buscado datos que arrojen algo de luz sobre esta situación. Los resultados, siempre sujetos a que alguien disponga de otros y decida enmendarme la plana, indican que son aproximadamente treinta y cinco los ciudadanos del área de Hellín que se ven obligados a este trasiego incesante hacia la capital provincial. Es curioso comprobar, que la provincia de Albacete cuenta con un único centro de diálisis para atender a esa población dispersa. Este ascetismo sanitario contrasta con lo que ocurre en otras provincias de la región, como Ciudad Real o Toledo, donde, sin entrar en los motivo, han tenido a bien distribuir estas instalaciones en diversas localizaciones. Uno no puede evitar preguntarse qué pecado habrán cometido los riñones de los ciudadanos rurales albaceteños para merecer tal centralismo, mientras sus convecinos disfrutan de una geografía de tratamiento más cercana de sus casas.

Hurgando en la hemeroteca, para comprobar si uno llega tarde a un incendio ya sofocado, descubro que la cuestión no ha pasado desapercibida para la prensa nacional. Me consta un reportaje con un título tan gráfico como desalentador: 'El calvario de la diálisis en la España rural', publicado por el diario El Mundo en el año 2023 y, para mayor abundamiento de su veracidad, recibió el premio de la Sociedad Española de Nefrología en 2024. En ese trabajo, se da voz a pacientes, dos son del área de Hellín, y relatan, cómo se ven obligados a devorar cientos de kilómetros cada semana por el noble capricho de seguir con vida. Son héroes involuntarios que, francamente, deberían sacarnos los colores a todos sus conciudadanos hace ya tiempo.

No quisiera finalizar este alegato, sin mencionar que la Asociación Nacional para la Lucha contra las Enfermedades Renales, ALCER, lleva desde 2019 predicando en el desierto sobre esta desigualdad territorial de los pacientes en nuestro país. La asociación viene insistiendo sobre las dificultades de acceso a los tratamientos sustitutivos, defendiendo esa idea, tan lógica como aparentemente difícil de ejecutar, de acercar la diálisis a las zonas rurales y dispersas. Quien desee profundizar en esta realidad puede consultar el siguiente enlace. En él se documenta que, a pesar de los años transcurridos y de las advertencias lanzadas, la distancia entre el paciente y su tratamiento sigue estando ahí. Habrá que confiar en que, algún día, la eficiencia administrativa se ponga a la altura de sus necesidades, porque muchos no pueden permitirse esperar más.

No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros

Para continuar componiendo este cuadro conviene recordar que, en noviembre de 2024, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad estudiar la creación de un centro de diálisis en Hellín. Fue uno de esos momentos mágicos en los que los próceres de nuestra región se ponen de acuerdo, aunque parece que el acuerdo ha sido la antesala de la parálisis. Ha transcurrido ya más de un año desde aquel compromiso y, no se han producido avances que puedan considerarse concretos, ni se han establecido plazos que se hayan hecho públicos. Al parecer, entre el 'estudio' de la necesidad y la colocación de la primera piedra media un abismo que ni la más noble de las unanimidades ha logrado sortear hasta la fecha. Seguiremos, pues, a la espera de que se pase de la teoría a la práctica, antes de que los kilómetros acaben por agotar la paciencia de los pacientes (pacientes).

Los afectados, no han optado por el silencio y la resignación. De su justa indignación nació ADERHE (la Asociación de Enfermos Renales de la comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz), un nombre cuya extensión parece querer hacer justicia a las distancias que sus miembros se ven obligados a recorrer. Desde esta agrupación se han impulsado movilizaciones, recolectas de firmas y toda clase de actuaciones ante las más altas instancias, incluyendo al Defensor del Pueblo y la Alta Inspección Sanitaria, instituciones que, se supone, velan por nosotros. Todo este despliegue de energía y papeleo no tiene más fin que el de ver, por fin, implantado ese servicio de diálisis en Hellín.

Y para terminar de dibujar este paisaje, me topo con una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso en abril de 2025. El objetivo, tan loable como de nombre farragoso, es impulsar la diálisis domiciliaria y garantizar eso que llaman equidad territorial. Se trata, en esencia, de admitir que el verdadero drama está en una falta de medios que condena a media España a un nomadismo sanitario demasiado cruel. Y mientras los diputados lo debaten, multitud de pacientes inician sus viajes de madrugada desde aldeas y pueblos lejanos, con el vaivén de las ambulancias, por carreteras interminables y someterse al rigor del tratamiento, para no regresar a sus hogares hasta la noche. Si a este trajín le añadimos que la mayoría de estos viajeros peinan canas, o presentan una fragilidad clínica, el cuadro resultante es de una injusticia que clama al cielo, o al menos, a la cordura de quienes gestionan nuestros impuestos.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos

Eduardo Galeano

El propósito de este artículo no es otro que romper una lanza en favor de la equidad territorial. Se trata de garantizar, porque es justo, que el hecho de residir en una comarca rural y dispersa no se convierta en una condena añadida ni en una desventaja insuperable para acceder a un tratamiento que, sencillamente, permite seguir respirando. No pongo en duda que existirán razones de peso, sesudos motivos presupuestarios o logísticos (que pienso analizar), para explicar por qué esa promesa sigue suspendida en el aire. No olvidemos que solucionar este entuerto es también una forma de luchar contra esa despoblación con la que tantos se llenan la boca, mientras, en la práctica, dejan que la vida en los pueblos se agote por puro cansancio y exceso de kilómetros. Porque de poco sirve querer llenar los pueblos de gente si antes no somos capaces de asegurarles que sus riñones no les costarán la salud en la carretera.

No puedo creerme que, para nuestros representantes electos, los ciudadanos rurales seamos Los Nadies, a los que Eduardo Galeano refleja en su poema del mismo título, cuando afirma: “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos”.

Estoy seguro de que nuestra región le pondrá solución a esta situación más pronto que tarde porque es de justicia.

Se nos anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora o el bálsamo de Fierabrás, un nuevo concepto al que han bautizado con el rimbombante nombre de “prioridad nacional”. Don Núñez, en un ejercicio de equilibrismo político digno de las mejores temporadas en las carpas de 'le Cirque du Soleil', parece dispuesto a comprar la mercancía que le ofrece el partido de las camisas tiesas e impasibles ademanes recuerdo del ayer.

Un pacto que consiste en que, para gobernar Castilla-La Mancha, habrá que pasar por el aro de que esos derechos, que hasta ahora creíamos inherentes a la condición de seres humanos o, al menos, al honestos contribuyentes, tengan una ventanilla preferente según el lugar donde la madre de uno tuvo a bien parirlo.

Desde el punto de vista del sentido común, que debe ser ese pariente pobre al que los lideres políticos rara vez invitan a sus cenas de gala, no me dirán que el asunto no tiene miga. Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra, de horizontes tan anchos como sus necesidades, se sustenta sobre una economía que no entiende de escudos heráldicos ni de heráldica en general. En el campo, por ejemplo, donde el ajo, la oliva y la uva no se recogen solos por mucho que uno silbe el himno nacional, la “prioridad” es obligatoriamente una entelequia. Si Don Núñez decide que el trabajador que llega de lejos dispuesto a doblar el lomo debe vivir en la indigencia administrativa, lo que estará firmando no es la salvación de la patria hispana y su 'amadisma' Castilla-La Mancha, sino el certificado de defunción de nuestras cooperativas. El campo se quedará solo, pero eso sí, será muy y mucho español.

A este dislate económico se le suma el drama de la despoblación, eso que muchos llaman 'la España vaciada', aunque me suena más real llamarlo 'los pueblos que languidecen'. En nuestra región, el cierre de una escuela es una verdadera tragedia griega que no necesita ni los tres actos preceptivos. Y resulta que esas escuelas, a menudo, se mantienen abiertas por los hijos de quienes Vox querría ver en el furgón de cola de los beneficios sociales. Expulsar a estas familias mediante la asfixia asistencial es, en pura matemática, una forma muy elaborada de suicidio demográfico. Es decir que quieres salvar la casa, y para ello propones ,cómo primera medida, quemar las vigas que la sostienen.

No hay que olvidar el lío que puede caerles encima a los juzgados. Porque a nadie se le escapa que estas ocurrencias normativas tienen menos recorrido de los aviones de papel en mitad de una ventisca. Ya se lo vaticino, se redactarán leyes, se publicarán boletines y, acto seguido, caerá sobre ellas un chaparrón de recursos constitucionales que dejará a la Administración en estado de parálisis contemplativa. Veremos a la Junta gastando el dinero de la caja de todos, entre abogados y pleitos perdidos, todo por satisfacer un capricho semántico de algún ocurrente miembro del partido de quienes añoran un orden que, a ver si se enteran, nunca existió.

Y luego está la seguridad, ese espantapájaros que a cada minuto agitan con tanto entusiasmo. Pretender que una sociedad resulta más segura, creando una subclase de ciudadanos parias sin acceso a vivienda ni protección, es no haber entendido nada de la naturaleza humana. La marginalidad, señores y señoras promotores, (y para que lo entiendan también quienes hacen cálculos electorales y los escuchan), no se cura con banderas, se cura con pan y con un techo. Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita.

Don Núñez dice que este es “el camino”. Pero servidor, que ha visto pasar muchos caminos y todavía más caminantes, sospecha que este no lleva a la prosperidad de nuestra tierra, sino a un laberinto sin salida. En Castilla-La Mancha, o nos salvamos con el sentido común de la mano, o acabaremos perdidos en la llanura, discutiendo sobre el linaje de los que se queden a apagar las luces de un pueblo que se muere.

Y cuando ante las palabras de Don Núñez, esperaba que Don Page le diera una respuesta de calado, entre otros, con los anteriores argumentos, me encuentro que se limita a afirma que lo que busca Vox con la “prioridad nacional” es “que en España se odie al diferente”. Digo yo, que para ese viaje no necesita alforjas, ni conductor del coche oficial.

Albacete es una provincia generosa que suele rendir homenaje a sus hijos ilustres. Es un lugar de Castilla-La Mancha que, teóricamente, no olvida a quienes han puesto su talento, su trabajo o su ejemplo al servicio de la comunidad. Lo hemos visto estos últimos días, en que instituciones, asociaciones y colectivos se han unido con presteza para reconocer a personas que han marcado su historia: desde el periodista Pedro Piqueras, homenajeado con la Medalla de Oro de la Provincia, al cuchillero Amós Núñez, figura central de la tradición y del Museo Municipal de la Cuchillería, o al dirigente sindical Juan Antonio Mata, cuya memoria ha sido honrada en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cada uno de esos actos, Albacete repite el mismo gesto: mira atrás, pone nombre y rostro a sus referentes y los devuelve con orgullo al centro de la memoria colectiva. Son formas de decir que, en esta ciudad, quienes dedican su vida entera a su oficio y a su provincia siempre encontrarán un lugar en el corazón de los albaceteños. O al menos, así debería ser si no mediara la arbitrariedad o el olvido selectivo de quienes hoy ostentan la responsabilidad de recordar.

Sin embargo, resulta clamoroso y difícil de justificar que no se siga el mismo criterio con todos esos albaceteños ilustres. Existe una ausencia que grita por sí sola; un vacío en el reconocimiento público que raya en la ingratitud institucional. Permítanme citar a alguien cuyos méritos son tan vastos que el silencio oficial sobre su figura resulta ya, a todas luces, impresentable. Me refiero a Juan Francisco Fernández Jiménez.

Si en lugar de una carta abierta en este medio regional, yo hubiera propuesto una recogida de firmas, las rúbricas se contarían por miles, evidenciando que la ciudadanía tiene mucha más memoria y altura de miras que sus instituciones. Hablamos de quien fue alcalde de Alcaraz (1987-1999), presidente de la Diputación Provincial durante 16 años ininterrumpidos (desde 1979 hasta 1995), diputado regional y director de la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.

Su legado no es una cuestión de opinión, sino de hechos palpables que hoy disfrutamos y que hacen aún más sangrante la pasividad de los actuales responsables:

• Creación de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) en 1979, blindando la seguridad de nuestras zonas rurales.

• Urbanización del Campus Universitario de la UCLM, una apuesta decidida por la educación superior que cambió el futuro de la provincia.

• Fundación del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) en 1982, modernizando el sector primario mediante la investigación.

• Impulso de los Planes Provinciales de Cooperación, llevando agua y carreteras a los ayuntamientos más pequeños y olvidados.

• Creación del Servicio de Publicaciones (1989), del Servicio Provincial de Recaudación y del Servicio Provincial de Informática, dotando a la provincia de una estructura administrativa moderna.

• La cesión al INSALUD del edificio del Hospital Provincial por la simbólica cifra de una peseta al año, un gesto de visión política que permitió el nacimiento del actual Hospital General Universitario.

• Puesta en marcha del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, siendo pionero en la gestión mancomunada de residuos, una visión de sostenibilidad décadas antes de que se convirtiera en norma. Y a eso añadir los consorcios de Servicios Sociales, Consumo o Cultural Albacete.

• Adquisición y rehabilitación del Chalet de Fontecha, rescatando para el patrimonio público y para la sede de la Cámara de Comercio uno de los edificios más emblemáticos de la capital, evitando su deterioro o desaparición.

• Creación del Circuito de Velocidad de Albacete, impulsando una infraestructura que durante años fue el principal motor de promoción turística e internacional de la provincia, situándonos en el mapa del motor mundial.

• Liderazgo en la creación de la Feria Regional del Campo de Castilla-La Mancha (FERCAM) en sus primeras etapas de expansión provincial, consolidando un foro imprescindible para la defensa de nuestro sector agrario.

• Fomento de la red de Bibliotecas Municipales y Centros Culturales en toda la provincia, garantizando que el acceso al saber no fuera un privilegio de la capital, sino un derecho de cada vecino de la Sierra de Alcaraz o de la Mancha.

Este listado podría continuar, porque su acción no solo fue administrativa, sino estratégica. Por eso tampoco se entiende que esta iniciativa no haya salido del responsable provincial del PSOE, partido en el que milita desde 1977.

No es necesario añadir nada más. Resulta incomprensible, cuando no directamente vergonzoso, que, con este currículo de servicio público, que constituye la base misma de la infraestructura moderna de Albacete, las instituciones que él mismo ayudó a levantar o el partido al que ha servido, miren hoy hacia otro lado.

La gratitud no debería ser una cuestión de color político ni de conveniencia temporal, sino un deber de justicia elemental. Ignorar este legado no solo empequeñece a quienes tienen el poder de remediarlo, sino que proyecta una imagen de mezquindad institucional que nuestra provincia no merece.

Es hora de que las instituciones estén a la altura de su historia y de los hombres que, como Juan Francisco Fernández Jiménez, la construyeron cuando todo estaba por hacer. El silencio, a estas alturas, ya solo puede interpretarse como una falta de respeto a nuestra propia identidad.

Recordando al Cesar, la justicia, para serlo, no solo debe ser justa, sino también parecerlo. Sin embargo, lo que hoy emana de las altas instancias judiciales en España, especialmente tras las últimas decisiones sobre el caso Kitchen, no es precisamente un aroma de equidad, sino el hedor de la descomposición institucional. La noticia de que María Dolores de Cospedal y por extensión la cúpula política de Mariano Rajoy volverá a evitar el banquillo de los acusados no ha sorprendido a nadie. Y esa falta de sorpresa es, precisamente, el síntoma más alarmante de una democracia enferma.

El argumento de que “no hay indicios suficientes” para juzgar a la exsecretaria general del PP choca frontalmente con la lógica ciudadana y con la fonoteca nacional. Los audios con el comisario Villarejo, donde se hablaba de “laminarse” pruebas y de “la libretita” de Bárcenas, parecen haberse disuelto en uno de esos agujeros negros que existen en nuestro sistema jurídico.

El sentimiento de la calle es claro, decepción, convencidos de que estamos asistiendo a una instrucción “quirúrgica”. El papel del juez García-Castellón es señalado es el de un orfebre que, durante años, habría moldeado los tiempos y los plazos para que, al llegar al juicio oral, los peces gordos ya hubieran escapado de la red. Es el triunfo de la verdad procesal (aquella que se construye en los despachos) sobre la verdad real (aquella que toda la sociedad conoce).

Lo que más indigna a la opinión pública no es solo la impunidad de unos, sino la hiperactividad judicial contra otros. La comparación es inevitable y sangrante: mientras la instrucción de la 'Kitchen' bosteza durante 13 años hasta languidecer por prescripción o falta de impulso, otras causas contra figuras de la izquierda o del entorno del actual Gobierno se instruyen a velocidad de crucero, rastreando hasta “la imprenta de las estampitas de su primera comunión”; esta doble vara de medir proyecta la imagen de una justicia que actúa como muchos un búnker corporativo que protege a los suyos bajo el mantra del “atado y bien atado”.

Pero no hago este comentario por enfado con el hecho de que esta señora y sus acólitos se vayan de rositas. Eso es lo de menos frente al daño incalculable que este blindaje judicial hace a España. Cuando el ciudadano percibe que el Código Penal es un instrumento elástico que se estira para el débil y se encoge para el poderoso, la institución se está suicidando. No puede extrañarnos viendo estas actuaciones que se diga a menudo que la justicia española es la mayor fábrica de independentistas y de descreídos del sistema; decisiones como la de salvar a Cospedal en contra del sentido común no hacen más que darles la razón.

Estamos ante una justicia tuerta, que ve con nitidez absoluta los errores de la izquierda, pero sufre de una ceguera selectiva cuando los audios y los papeles apuntan a la calle Génova. Si la instrucción de un caso de corrupción masiva que utilizó fondos reservados para destruir pruebas acaba con un par de mandos policiales en el banquillo y los responsables políticos de rositas, el mensaje que se lanza a los ciudadanos es devastador: delinquir desde el poder sale gratis si tienes a los jueces adecuados de tu parte.

La 'Kitchen' pasará a la historia no como el caso que limpió las cloacas del Estado, sino como el caso que demostró que, en España, las cloacas tienen quien les escriba las sentencias. Cospedal se libra, sí, pero lo que se hunde un poco más es la dignidad de un país que merece jueces que sirvan a la ley y no a las siglas de un partido.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

En España, pocas tradiciones dividen tanto a los ciudadanos como la tauromaquia. Durante siglos fue celebrada como una forma de arte, un ritual cargado de simbolismo y valentía. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la imagen del toro agonizando en la arena ya no encaja con la sensibilidad de una sociedad que ha aprendido a mirar el sufrimiento animal con otros ojos. La fiesta nacional, antaño orgullo colectivo, se ha convertido en un espejo incómodo que refleja la tensión entre pasado y presente.

La cuestión no es solo estética ni moral: es cultural. La tauromaquia pertenece a un tiempo en que la violencia era parte del espectáculo y el sacrificio un componente esencial del honor. Pero la cultura, si quiere sobrevivir, debe transformarse con quienes la viven. Mantener vivas prácticas que se sustentan en el dolor contradice la ética contemporánea, aquella que reconoce la vida como valor en sí mismo. En este contexto, insistir en ensalzar la tauromaquia como patrimonio intangible no es un gesto de fidelidad al arte, sino de resistencia al cambio.

Por eso resulta tan llamativo que Castilla-La Mancha haya decidido mantener su Premio Regional de Tauromaquia. El argumento oficial apela a la defensa de la tradición y a la preservación de una identidad cultural. Pero esa defensa es cada vez más difícil de sostener sin caer en la contradicción. ¿Qué dice de una comunidad moderna que premie públicamente una práctica cuestionada por buena parte de sus ciudadanos? ¿No sería más coherente abrir camino a nuevas formas de expresión cultural que encarnen los valores de nuestro tiempo?

Mantener ese reconocimiento institucional revela para mí un problema más profundo: la confusión entre conservar y perpetuar. Respetar las raíces no implica impedir que crezcan ramas nuevas en el árbol. La cultura no se empobrece cuando abandona viejas costumbres; se vuelve más lúcida, más acorde con el pulso del mundo. Al seguir premiando la tauromaquia, Castilla-La Mancha no protege su herencia, sino que la fosiliza. Convierte el arte del toreo en un vestigio, un símbolo que sobrevive más por inercia que por convicción.

La tauromaquia puede tener valor histórico, literario o incluso antropológico, pero su defensa como práctica viva solo se sostiene si ignoramos el cambio moral de nuestra época. Aceptar su anacronismo no significa renegar del pasado, sino reconocer que la cultura, que la ética, evolucionan. Y quizá haya llegado el momento de entender que honrar nuestra historia no pasa por repetirla, sino por aprender a dejarla descansar.

Castilla-La Mancha, al mantener su premio, conserva también un espejo donde el país entero puede mirarse. No se trata de juzgar con desprecio lo que formó parte de nuestra historia, sino de decidir qué nuevos valores queremos. Defender la tauromaquia en el siglo XXI ya no es un acto de amor por la cultura, sino una forma de resistencia a la evolución ética. Y esa resistencia, inevitablemente, la convierte en lo que más teme ser: una reliquia brillante, pero muerta, de un tiempo que ya no nos pertenece.

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio 'indirecto' para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si 'lo privado funciona mejor', ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos seis millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado

Para vender este giro, el ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “El agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría 'privatizando' nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario.

Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del 'secreto comercial'; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas.

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.

Nos han contado que la guerra contra Irán es para frenar a unos fanáticos religiosos que mezclan Dios y política. Tranquilos: en Washington solo mezclan Dios, política… y misiles de precisión.

Aunque no lo parezca, Castilla-La Mancha vuelve a salir de campaña militar sin ni siquiera haber sido consultada. Soldados de la región, factura energética al alza y tertulianos patrióticos explicándonos desde Madrid que todo esto va de frenar el “integrismo islámico” de Irán. Al otro lado, claro, estaría el bando de la razón, la democracia y la moderación, el de un presidente rodeado de pastores en el Despacho Oval, manos apoyadas solemnemente sobre su americana azul mientras le piden a Dios que bendiga la Operación Furia Épica contra el “eje del Mal”. La diferencia entre la república islámica y la república cristiana, por lo visto, es que unos llevan turbante y los otros llevan corbata.

No hablamos solo de una anécdota pintoresca, de esas que nos ponen al final del telediario para que nos riamos de los yanquis. El vídeo de los pastores imponiendo las manos a Trump lo han difundido altos cargos de la Casa Blanca como si fuera un tráiler de Hollywood: “Vea al líder del mundo libre rezando antes de bombardear”. Y mientras en Teherán los mulás sermonean sobre la voluntad de Alá, en los cuarteles estadounidenses oficiales explican a las tropas que la guerra es “parte del plan divino para desencadenar el Armagedón” y que el comandante en jefe ha sido “ungido por Jesús para encender la chispa en Irán”. Integrismo islámico, integrismo cristiano… pero solo uno lleva la etiqueta de amenaza global, el otro viene envuelto en la bandera de las barras y estrellas y se vende como defensa de la libertad.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, 'valores de Occidente'

Se acusa a Irán de ser una “república islámica” donde el poder político se subordina a una teología, se persigue a disidentes y minorías y se justifica la violencia en nombre de Dios. Es cierto. Pero es difícil no ver un inquietante aire de semejante cuando los propios comandantes de la primera potencia militar del mundo explican a sus tropas que la guerra es parte de un guion bíblico y que el presidente ha sido elegido por Cristo para precipitar el fin de los tiempos. Integrismo es, precisamente, eso: convertir la fe en programa de gobierno, el texto sagrado en plan estratégico y la salvación del alma en hoja de ruta para los misiles.

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha estamos acostumbrados a escuchar grandes palabras en boca de los dirigentes: democracia, libertad, seguridad, “valores de Occidente”. Pero cuesta conciliar esos valores con un proyecto político que, como el que se ha ido articulando alrededor de Trump, intenta desmontar la separación entre Iglesia y Estado y rellenar el aparato federal de Estados Unidos con cuadros del llamado nacionalismo cristiano. A Irán se le reprocha que sea una teocracia; en Washington, se redactan manuales para “devolver el gobierno a los principios bíblicos” y se crea una Oficina de Fe desde la que pastores y activistas religiosos influyen en políticas de derechos civiles, educación, inmigración o género.

La guerra contra Irán no se vende ya solo como defensa de intereses geopolíticos o de rutas energéticas. Se envuelve en un relato espiritual: batalla del Bien contra el Mal, libertad religiosa contra fanatismo, Occidente cristiano frente a Oriente islámico. La etiqueta militar 'Operación Furia Épica' podría parecer un exceso de marketing bélico, si no estuviera acompañada por oraciones en el Despacho Oval y reuniones donde se cita el Libro de la Revelación para explicar a soldados de 20 años que forman parte del Apocalipsis.

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir

Desde La Roda, Alcázar o Talavera esto puede sonar remoto, pero no lo es. Esa retórica de guerra santa alimenta a su vez a los integrismos que se nos presentan como enemigos: cada bomba “bendecida” desde Washington es combustible para los predicadores que en Teherán dirán que Occidente es una cruzada cristiana contra el islam. No se trata de repartir culpas equidistantes, sino de entender que el fanatismo no es un monopolio oriental y que la instrumentalización de la fe para justificar la violencia es una tentación muy humana, también cuando se viste de traje, corbata y bandera de barras y estrellas.

Para Castilla-La Mancha, la pregunta no es solo si esta guerra es justa, sino qué modelo de mundo consolida. Si aceptamos sin pestañear la idea de que “los nuestros” pueden mezclar púlpito y Estado porque “somos democracias”, ¿con qué autoridad moral exigiremos luego laicidad y derechos humanos a otros? Si normalizamos que se bendigan decisiones militares en nombre de un Dios nacional, ¿con qué fuerza defenderemos aquí un Estado aconfesional donde el gobierno de la Junta no se arrodille ante ninguna sotana ni crucifijo antes de aprobar un presupuesto sanitario?

Los ciudadanos de esta tierra, que han visto cómo se recortaban servicios públicos en nombre de la austeridad y ahora soportan el coste de crisis encadenadas, tienen derecho a sospechar de quienes hablan de Dios cada vez que van a mandar a otros a morir. Y tienen el deber cívico de hacerse una pregunta incómoda: cuando escuchamos a Trump y a sus pastores señalar el integrismo islámico de Irán, ¿estamos mirando por una ventana o por un espejo?

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales.

La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de 'privilegio' corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional.

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región.

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía.

Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble el PP debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica.

Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un 'extra' en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud.

Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.