Las promesas incumplidas con Hellín

En una reciente entrevista realizada en Radio Hellín, planteé la necesidad de la puesta en marcha de un Servicio estable de Nefrología en Hellín como primer paso para poder hacer viable el Centro de Diálisis en su área. Nada mejor que buscar documentos para conocer el estado de la cuestión. Y así lo he hecho.

El 28 de noviembre de 2024, en las Cortes de Castilla-La Mancha se aprobaba por unanimidad, una resolución que prometía marcar un antes y un después para la Gerencia de Atención Integrada de Hellín, cuyo texto no solo ponía en valor la mejora continua del hospital, sino que fijaba dos compromisos: el reconocimiento explícito y la creación de la Unidad de Nefrología en su cartera de servicios, y la elaboración del estudio técnico para implantar un Centro de Diálisis extrahospitalaria.

El objetivo era incuestionable: evitar que decenas de pacientes con patología renal crónica sigan acumulando kilómetros, cansancio y desgaste físico en desplazamientos diarios para recibir un tratamiento que les es vital. Sin embargo, al aterrizar en la realidad administrativa, el golpe resulta demoledor.

Puedo entender que no apareciese en la plantilla de 2024. Ya no lo hacía en la de 2025. Pero al revisar la publicación del expediente de plantilla orgánica de la GAI de Hellín (Centro de Gastos 61031100), con efectos de 9 de febrero de 2026, descubro una verdad incontestable: que tampoco el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha asignado una sola plaza de personal facultativo o de enfermería al servicio de Nefrología.

Este escenario exige una crítica, como poco, por irresponsabilidad, y en tres aspectos. En primer lugar, no se puede anunciar la incorporación de una especialidad médica en una cartera de servicios si no se le dota de una plantilla funcional. Aprobar un servicio en el papel y dejarlo vacío en el organigrama presupuestario es, como poco, una entelequia administrativa que paraliza la planificación asistencial.

Un segundo aspecto es que la hemodiálisis no es una prestación optativa sino una terapia de sustitución renal imprescindible para la vida. Cada mes de retraso en su implantación se traduce en cientos de horas de transporte sanitario para los enfermos renales de la comarca de Hellín, y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no en que la eficiencia del sistema y la dignidad del paciente se miden en la cercanía de las prestaciones clave.

Pero quizás el peor error de cualquier política sanitaria es jugar con la esperanza. Aprobar acuerdos parlamentarios solemnes para luego frenarlos mediante resoluciones de plantilla desmantela la credibilidad de las instituciones y desgasta la confianza de sus profesionales. La sanidad pública no se construye a golpe de titular ni de resoluciones de intenciones que languidecen en un cajón. Si las Cortes regionales fijaron el mandato legislativo, la responsabilidad de ejecutarlo correspondía al SESCAM, y no se hace al omitir la dotación en la plantilla. Es recortar por de hecho lo que se prometió por derecho.

Y aquí empiezan a surgir preguntas que merecen una respuesta, no para mí, sino para los pacientes: ¿Cuáles son las razones técnicas, presupuestarias o de gestión por las que el SESCAM no ha contemplado ninguna plaza de facultativo ni de personal de enfermería especializado para el Servicio de Nefrología en la plantilla de la GAI de Hellín? ¿Hay prevista alguna modificación presupuestaria por Consejería de Sanidad para dar cumplimiento efectivo al punto segundo del acuerdo de las Cortes? ¿En qué estado se encuentra el estudio técnico de idoneidad encargado a la Dirección del Sescam para la implantación del Centro de Diálisis extrahospitalario en Hellín y cuáles son sus conclusiones principales? ¿En qué fecha prevé el Gobierno regional que la Unidad de Nefrología cuente con personal efectivo? ¿Cuántos pacientes del área de la GAI de Hellín continúan desplazándose actualmente a Albacete para recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿Cuál es el coste anual que asume el Sescam por el transporte sanitario de estos traslados?

Los pacientes renales de Hellín y sus familias no pueden seguir esperando lo que la voluntad política prometió. Corresponde al Gobierno regional y al SESCAM rectificar para garantizar el derecho a una atención sanitaria pública, cercana y de calidad.