Con profunda tristeza y consternación, lamentamos la pérdida de María Belén, una profesional de la intervención social en el ejercicio de su labor en un centro de menores en Badajoz. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amistades y compañeras/os, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad con el conjunto de profesionales que, día a día, trabajan en condiciones de alta exigencia y vulnerabilidad para garantizar la protección y el desarrollo de menores en situaciones de riesgo.

Este trágico suceso evidencia una realidad ineludible: la precariedad en los recursos destinados a la intervención social y la falta de medidas adecuadas de seguridad y apoyo para quienes dedican su vida a la resocialización de menores. La falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la desigualdad en la distribución de recursos a nivel territorial son elementos que exponen a los y las profesionales a riesgos inaceptables.

Sin embargo, es fundamental evitar un enfoque simplista. La mayoría de las intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil se desarrollan de manera efectiva y positiva. El sistema actual, alineado con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, prioriza la integración social y el acompañamiento educativo sobre la restricción y el castigo. La privación de libertad es y debe seguir siendo el último recurso.