La vivienda en Castilla-La Mancha: entre derecho constitucional y trampa rentista
El 11N asistimos a la huelga general declarada ante el problema de la vivienda. Durante décadas, en nuestra región se ha mantenido la absurda idea de que la crisis de la vivienda era un problema exclusivo de las grandes ciudades costeras, Barcelona o Madrid. Sin embargo, el mapa socioeconómico de Castilla-La Mancha ha cambiado drásticamente.
Hoy, la mercantilización del mercado inmobiliario golpea con dureza nuestras capitales de provincia, el Corredor del Henares y la comarca de la Sagra, expulsando a la juventud de sus proyectos de vida y ahogando las rentas de las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, esa misma lógica de mercado abandona a su suerte a nuestros pueblos, condenados a la despoblación y al deterioro de su vivienda residencial.
Frente a este escenario de emergencia habitacional y fractura territorial, las políticas basadas en meros incentivos fiscales o en la autorregulación del mercado han demostrado ser un fracaso rotundo. Cuando un bien de primera necesidad amparado por el artículo 47 de la Constitución, es tratado como un activo financiero más, el resultado es siempre el mismo: la transferencia de rentas desde quienes trabajan hacia quienes acumulan patrimonio. Por ello, resulta imprescindible un giro estructural en las políticas autonómicas.
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