El amargo cierre de la Nefrología en Hellín

A cualquier profesional sanitario o paciente del área de Hellín, la carta publicada por la nefróloga Dra. Piqueras le genera una mezcla entre indignación y resignación. Su testimonio expone la discrepancia abismal entre las necesidades clínicas reales de la población rural y las decisiones de los despachos de gestión.

No son anécdotas. Son datos. La enfermedad renal crónica es silenciosa, y un seguimiento especializado previene que el paciente llegue a diálisis a ciegas, donde la mortalidad alcanza un desgarrador 51% si no ha habido control previo. En 2024, la unidad atendió a 577 pacientes y ahorró más de 34.000 kilómetros en desplazamientos a Albacete, evitando que enfermos crónicos y de edad avanzada pierdan jornadas enteras en desplazamientos. Los usuarios evaluaron el servicio con un 4,83 sobre 5. A esos datos se debe añadir que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en noviembre de 2024 una resolución unánime para reconocer la unidad de nefrología en la cartera de servicios.

A pesar de estos indicadores de éxito, la realidad asistencial ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado.

Lo que ha ocurrido en Hellín es un ejemplo de la perversa inercia burocrática del sistema: se fomenta la innovación mediante concursos de humanización y titulares políticos, pero luego se abandona la consolidación de las plazas en las plantillas orgánicas. Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario.

Precisamente hoy, cuando la Comisión Europea reconoce en la tramitación de la petición PETI, (sigla de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Committee on Petitions), que tiene las siguientes funciones de atender a los ciudadanos, evaluar desigualdades y vulneraciones, emitir dictámenes e interpelar a las instituciones), que las desigualdades de atención en áreas rurales son un fallo estructural que debe corregir el sistema español, nos encontramos como respuesta del SESCAM es desmantelar un servicio que ya funcionaba en lugar de consolidarlo y potenciarlo. El lugar donde vive el paciente continúa dictando, lamentablemente, la calidad de vida y su supervivencia.

La ciudadanía y los profesionales merecen una explicación clara sobre qué criterios de gestión justifican el fin de una unidad médica que salvaba vidas cerca de casa. Pero, sobre todo, la Asociación de enfermos renales de Hellín (ADERHE), haría muy mal callando y no reclamando un derecho que no solo le corresponde como pacientes, sino que sus Cortes Regionales le otorgaron unánimemente.