La equidistancia de Page: el mercado y la hegemonía de la izquierda

La política contemporánea se juega en el terreno de los principios y en la disputa constante por el marco discursivo. En este tablero, la actitud proyectada en los medios por García-Page ante los escándalos del entorno de Ayuso (como los presuntos delitos fiscales vinculados al uso de su piso o las sombras en las contrataciones públicas) y ante los recientes decretos de vivienda resulta profundamente reveladora.

A diferencia de la dirección federal de su partido, Page ha optado ante los casos de corrupción de la derecha madrileña por un perfil institucional de calculada cautela y equidistancia discursiva. Bajo el pretexto de no alentar la 'polarización', equipara sospechas de muy diversa índole y apela a un sosiego formal que, en la práctica, lo que hace es diluir las responsabilidades políticas. Esta postura renuncia a librar la batalla ideológica contra el modelo de privilegio y comisionismo que la izquierda denuncia en la Comunidad de Madrid, permitiendo a esa derecha enmarcar la sospecha real como un mero 'ruido partidista'.

Sin embargo, esa tibieza no es neutra; esta semana ha adquirido una gravedad ética absoluta cuando sus declaraciones contrastan con la realidad social diaria, encarnada en situaciones extremas como los desahucios. Es en esos casos cuando el derecho a la vivienda deja de ser una abstracción y exige posicionamientos tajantes. Ante las medidas del Gobierno central para frenar la emergencia habitacional, Page ha vuelto a situarse mediáticamente en la ortodoxia liberal. Al tildar las intervenciones estatales de 'parches' e 'inseguridad jurídica' para los propietarios, está externalizando la solución al mercado y asumiendo el mantra liberal de que la regulación vulnera el realismo económico.

Este distanciamiento de la postura del Gobierno responde a un estricto cálculo electoral regional para proteger su electorado moderado, pero a la vez se convierte en el responsable de generar un severo coste estratégico para el conjunto de la izquierda.

Al deslegitimar los decretos sociales desde dentro del PSOE, Page fragmenta el mensaje progresista, desmoviliza a la base trabajadora y consolida el marco ideológico de la derecha en uno más de los debates cruciales del Estado del bienestar.