Huelga general del 11N: una urgencia democrática y de clase

Hubo un momento, previo a la convocatoria, en el que la duda táctica sobrevoló a muchos sectores de la izquierda social y sindical. ¿Era este el momento idóneo? ¿Se medían bien los tiempos? Sin embargo, la realidad material ha resultado inapelable y se ha encargado de barrer cualquier atisbo de vacilación.

Cuando la vida cotidiana de las clases populares se convierte en un asunto de supervivencia, la neutralidad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La huelga general del próximo 11 de noviembre no solo es oportuna sino una radical y absoluta necesidad histórica.

Estamos asistiendo a una ofensiva reaccionaria que apuesta por un modelo de precarización total. Basta mirar la alternativa que la derecha y la extrema derecha, hoy defensoras a ultranza de los dogmas que el neoliberalismo más salvaje, tiene diseñados para el mundo del trabajo, para entender la urgencia de esta huelga general. No estamos ante meras discrepancias ideológicas, sino ante un plan sistemático de supresión de derechos.

Comprobar el seguidismo con las políticas de Milei causa terror. Proponen un horizonte laboral donde se normalizan las 48 horas semanales de trabajo y se institucionaliza el robo del tiempo a través de horas extras no retribuidas. Pretenden implantar un periodo de prueba de 12 meses para cualquier contrato que convierte el empleo en una tómbola de usar y tirar, reducir drásticamente las indemnizaciones por despido para abaratar el coste de echarnos a la calle, e incluso rebajar al 50% los días de baja por incapacidad temporal que pasa al control de las mutuas, castigando doblemente a quienes enferman.

Por si esas propuestas, ya aplicadas en Argentina, aun fueran poco, incluyen la imposición de un salario variable que traslada el riesgo empresarial al bolsillo del trabajador, al tiempo que buscan amordazar la disidencia limitando por ley el derecho de huelga y condicionando la celebración de asambleas a la explícita autorización de la empresa. Frente a este modelo de sumisión patronal, la única respuesta democrática de la clase trabajadora es el bloqueo de la producción.

Es una emergencia material la situación del acceso a vivienda, la precariedad de los salarios y el inasumible coste de la cesta de la compra. La huelga del 11-N responde a esa triple pinza que asfixia a la mayoría social. En primer lugar, la vivienda se ha convertido en un auténtico artículo de lujo. Comprar una casa es una quimera inalcanzable para la inmensa mayoría, y un alquiler inasumible que devora la nómina, golpeando con saña a la juventud, pero atrapando también a familias enteras de cualquier sector y edad bajo la bota de la especulación inmobiliaria y los fondos buitre. Los salarios están condenados al estancamiento, suben a duras penas y demuestran que trabajar ya no garantiza vivir con dignidad. La escalada desbocada de los precios de alimentos y combustibles amenaza directamente la subsistencia más elemental. La clase trabajadora no puede seguir pagando la factura de una crisis que no ha generado.

¿Por qué ahora y no antes? Pues porque es la calle quien ha tomado el relevo en los centros de trabajo y los problemas estructurales ya estaban ahí, y es evidente el desborde social. La calle lleva tiempo rugiendo en manifestaciones multitudinarias de personas exigiendo un freno al drama de la vivienda. Es lógico que las organizaciones sindicales de clase no miren hacia otro lado. Se ha tratado desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada, bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y movilizado a más de doscientas mil personas afectadas.

Abordar el 11-N desde la perspectiva castellanomanchega exige poner sobre la mesa los rostros y los números de nuestra región, donde las debilidades estructurales agudizan cada zarpazo de la situación.

En nuestra comunidad autónoma, entre 22.000 y 25.000 personas dependen directamente del subsidio para mayores de 52 años, un pilar fundamental en un territorio con una pirámide demográfica envejecida y serias dificultades de recolocación laboral sénior.

A esto se suman los miles de hogares que malviven bajo la red de seguridad del Ingreso Mínimo Vital, y los 388.806 pensionistas de Castilla-La Mancha, tres colectivos a los que si hoy la inflación desbocada y los recortes decapitan estas rentas asistenciales y pensiones. Las propuestas que se plantean desde la derecha y la patronal son una sentencia de muerte social para nuestra comunidad autónoma.

Se ha tratado desacreditar a los sindicatos acusándolos de inactividad, una falacia interesada, bastan contemplar cifras como que solo en Castilla-La Mancha, en los últimos años, se han tramitado más de mil conflictos colectivos, convocado huelgas y movilizado a más de doscientas mil personas afectadas

A esto se suma un mercado laboral castigado por la periferia económica. Castilla-La Mancha sufre un modelo productivo excesivamente dependiente del sector servicios de baja intensidad, la logística precaria y un campo castigado por los, a menudo, abusivos márgenes de la cadena alimentaria. La aplicación de las recetas de la derecha tendría un efecto devastador en provincias donde los convenios colectivos ya arrastran una histórica brecha de precariedad respecto al centro del Estado.

En conclusión, la huelga general del 11 de noviembre no es un capricho sino un acto de legítima defensa colectiva. La clase trabajadora castellanomanchega no puede tolerar que le roben el presente y el futuro en nombre de la rentabilidad del capital.

Cuando los cimientos de la vida digna (el pan, el techo y el salario) están bajo mínimos, la única respuesta a la altura de la historia es decir basta. El 11-N, la huelga general es empezar a reconstruir la esperanza.