He seguido de cerca el caso destapado por elDiario.es, que describía conductas poco apropiadas por parte de un vicerrector de la Universitat de Barcelona hacia una alumna y que ha culminado con una dura sentencia que archiva la demanda interpuesta por el profesor y que avala el contenido de la investigación.

Pese a haber más casos, me centraré en este, ya que en él confluyen buena parte de las circunstancias que explican por qué la lucha contra las agresiones y el acoso sexual sigue siendo una asignatura pendiente en las universidades catalanas.

En primer lugar, la universidad, como actor social, no se escapa del sexismo estructural. Por ejemplo, una revisión rápida de los comentarios en redes sociales sobre la noticia del caso permite identificar la persistencia de estereotipos de género entre la gente más joven.

Por otro lado, todavía resulta complejo hacer entender a miembros de nuestra comunidad que las relaciones profesor-estudiante son jerárquicas y asimétricas, por lo que el “consentimiento” -en el caso de haberlo-, está viciado de inicio.

Este sexismo estructural también se manifiesta en la indiferencia de parte del profesorado y del alumnado. Y para revertir esto no ayuda nada que desde la institución se tolere la difusión de bulos sobre la víctima o el acoso al profesorado que acompaña a la víctima o a quien se interesa por el tema.

Como consecuencia de lo anterior, en algunos ámbitos universitarios persiste una cultura permisiva. Se han normalizado las conductas, descritas y aceptadas desde el inicio por el propio profesor, y conocidas por las autoridades universitarias.

Sólo basándonos en esa permisividad podemos entender su nombramiento como vicerrector. Eso sí, aunque el nuevo rector le acabó incorporando a su equipo, antes lo eliminó del vídeo de campaña. O, por ejemplo, que el rectorado no haya tenido problemas en otorgarle recientemente un nuevo encargo que le exonera de buena parte de sus obligaciones docentes.

Por ejemplo, fue él quien dimitió como vicerrector. No es un detalle menor que el profesor no fuera cesado. ¿Qué hubiera sucedido sin la publicación del caso en la prensa y la consiguiente movilización de parte del profesorado y alumnado?

Porque es importante recordar que antes de que los medios se hicieran eco del caso, los hechos ya fueron analizados por una comisión interna de la universidad, que cuenta con una normativa deficiente y una aplicación inadecuada. El protocolo, aunque incompleto, contempla vías para gestionar casos así, pero se aplicó de forma manifiestamente mejorable.

Prueba de ello son, además de algunos defectos procesales, la filtración del expediente a la prensa en 2017 o el nombramiento de un tribunal exclusivamente masculino. La falta de consecuencias claras del proceso (el profesor fue exonerado por la comisión, pero a la vez “reñido” por el entonces rector) lo desvirtúan todavía más.

No es de extrañar, por tanto, que las víctimas tengan serias dudas a la hora de efectuar denuncias ante las instituciones universitarias por miedo a no ser creídas, a las posibles represalias académicas o a tener que sufrir procesos de revictimización.

Pero el súmmum de la revictimización es tener que acudir ante la Justicia como acusada de haber vulnerado el derecho al “honor” del profesor -por haber hablado con la prensa- y sin apoyo alguno de la institución. En definitiva, la combinación de los elementos expuestos ha conducido a la creación de una omertà difícil de romper.

Las medidas que podrían ayudar a evitar futuros casos y mejorar su gestión son diversas. Entre otras, se encuentran la reforma de los protocolos (agilizando procesos, reforzando garantías, proporcionando acompañamiento psicológico y legal a la víctima, asegurando la independencia de las comisiones).

También se podría mejorar la formación y las campañas de sensibilización; crear espacios seguros; o aumentar la transparencia mediante la publicación de estadísticas. Algunas de estas medidas se han introducido, otras están en desarrollo y otras tardarán algo más en llegar.

Permítanme dudar, en cualquier caso, acerca de la conveniencia de que quienes han consentido llegar a esta situación sean los más adecuados para la implementación efectiva de estas reformas pendientes. Y déjenme también agradecer a la víctima su enorme valentía: la universidad está en deuda con ella.

En una primera versión, aquí acababa el artículo. Hasta el miércoles, cuando asistí a la reunión del Claustro de la UB y fui testigo de intervenciones que ejemplifican el calado y persistencia de la problemática. En dicho Claustro un miembro habló de “represión injusta” hacia el profesor; otro intervino pidiendo la restitución del profesor como vicerrector al tratarse de una “persecución política”; otra explicitó públicamente el nombre y apellido de la exalumna y cuestionó la labor del juez.

Se arguyó en más de una ocasión, para restar importancia al caso, que se trató de una demanda de un profesor contra un medio de comunicación, como sucede en otros casos, omitiendo que el profesor también demandó a la exalumna.

El Rector expuso que las persecuciones por los pasillos, las esperas en la puerta de las aulas o el envío de mensajes subidos de tono, todo hechos probados en sede judicial, se veían con otros ojos en 2016, y evitó dar respuesta a la petición de disculpas hacia la exalumna, en nombre de la institución.

Estas conductas -escojan ustedes los adjetivos-, pueden vincularse a las diversas causas que exponía más arriba y generan daño adicional a la exalumna, aumentan la desconfianza de las futuras víctimas, avergüenzan a buena parte de la comunidad universitaria y desprestigian a la institución.