En algún lugar secreto de la selva del Putumayo, en la Amazonía colombiana, el Ejército hizo volar por los aires cuatro toneladas de explosivos, granadas, morteros y balas. Hasta hace pocos días, ese arsenal estaba en manos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado surgido de la extinta guerrilla de las FARC.

No se trataba de una exitosa operación militar: fue la misma guerrilla la que entregó 14 toneladas de sus armas como un gesto de paz en la negociación con el Gobierno presidido por Gustavo Petro. Es el avance más tangible que ha dado hasta ahora la denominada 'paz total', una de las políticas bandera del presidente colombiano, cuya idea es negociar la paz con diferentes grupos y bandas armadas al mismo tiempo y que de momento ha dado escasos resultados.

Las autoridades lo celebraron por todo lo alto. El 15 de octubre, ministros, altos cargos y el mismo Petro viajaron hasta un instituto en el municipio de Puerto Asís —no muy lejos de donde ocurrió la explosión— para presentar el hito en una pantalla gigante.

Cientos de personas acudieron eufóricas: se trata de la primera muestra concreta de paz en su territorio desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016. Significa también una posible tregua en la violencia cotidiana: con los explosivos destruidos podrían haberse fabricado hasta 27.500 minas antipersona, según datos oficiales.

“Vamos a avanzar a pesar de la adversidad. Hoy no solamente destruimos explosivos, sino que sembramos paz, esperanza y sueños”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En un país donde los procesos de paz suelen naufragar entre la desconfianza y las balas, la destrucción de este arsenal de guerra es hasta ahora el avance más visible del Gobierno de Petro en su promesa de poner fin a un conflicto que, a nivel nacional, ha dejado más de 450.000 muertos en seis décadas.

Si bien la CNEB no está entre las guerrillas más poderosas del país, cuenta con unos 2.500 combatientes y controla extensas zonas en la frontera con Ecuador. Allí, la CNEB aprovecha la ausencia del Estado para controlar la minería ilegal de oro y coltán, ejercer el control sobre la población y extorsionar a empresarios. Sus dominios abarcan también las jugosas rentas del narcotráfico: Putumayo y Nariño son los departamentos con mayor superficie de hoja de coca de Colombia, sumando entre ambos alrededor de 115.000 hectáreas, un área similar a la ciudad de Córdoba.

La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra

Sandra Lagos — Presidenta de la organización Asojuntas Puerto Asís

Casi la mitad de los habitantes de Putumayo han sido víctimas del conflicto; y muchos de sus habitantes deben convivir con la crudeza del reclutamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Por eso, para los putumayenses, el gesto de la CNEB permite soñar con una paz que los ha evadido durante décadas.

“Ya los ataques contra los civiles han bajado desde que la CNEB y el Gobierno están en diálogo. La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra”, dice Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas Puerto Asís, una organización que reúne a las asociaciones vecinales del municipio. “Pero necesitamos que inviten a la mesa a las comunidades, porque nuestro problema es también la corrupción y la falta de inversión social”, añade.

Los aplausos se detienen cuando el comandante de la CNEB, Walter Mendoza, sube al estrado a dar su discurso en el sofocante calor del polideportivo. Todavía quedan dudas: no se sabe cuántas armas conserva la guerrilla, ni si parte del arsenal entregado era simplemente material obsoleto.

“A medida que se vaya avanzando, veremos las posibilidades de entregar más material de guerra”, explica Mendoza a elDiario.es. “Pero el problema no son las armas: es que el Estado nunca ha solucionado los problemas del pueblo colombiano. No ha cesado la represión; nunca ha hecho la reforma agraria integral; nunca ha construido las carreteras necesarias. Estos son territorios muy abandonados por el Estado”.

A la paz se le acaba el tiempo

El éxito en Putumayo y Nariño contrasta con el deterioro de la seguridad en el resto del país. A su llegada al poder en 2022, Petro prometió acabar con la guerra negociando simultáneamente con todos los grupos armados. Pero a menos de un año de terminar su mandato, este es apenas el segundo proceso de desarme que se concreta, después del realizado con el Frente Comuneros del Sur, un grupo con poco más de 200 integrantes.

Muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales

Gerson Arias — Investigador de la Fundación Ideas para la Paz

Los demás diálogos avanzan con lentitud o están suspendidos. La violencia del ELN, el Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC han repuntado en diferentes zonas del país. A principios de año, el Gobierno miró con impotencia mientras una cruenta guerra estallaba entre dos grupos armados en la frontera con Venezuela. El resultado fue una crisis humanitaria sin precedentes: casi 65.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en apenas tres meses.

“El Gobierno ha restringido el uso de la fuerza para no dinamitar las diez mesas de diálogo que tiene abiertas”, explica a elDiario.es Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales. Los diálogos les han servido para fortalecerse y ganar reconocimiento político”.

Arias sintetiza así una paradoja que resume el momento actual: los diálogos que deberían debilitar la guerra parecen, en algunos casos, darle oxígeno. Según cifras oficiales, el número total de combatientes ilegales ha crecido un 45% desde el 2022.

El Gobierno, no obstante, insiste en que el proceso con la CNEB demuestra que la 'paz total' sí puede funcionar.

“Estos avances se miran con cierto desdén, pero estamos construyendo la ruta hacia la paz”, sostiene Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno. “En nuestro caso, el CNEB no se ha fortalecido por culpa del diálogo. Poco a poco las comunidades han logrado recuperar parte de su tranquilidad”.

Aun así, el reloj político juega en contra. A Petro le queda menos de un año de mandato y necesita mostrar resultados visibles, dice Óscar Chalá, investigador de la Fundación Pares. “El proceso en Putumayo es un avance significativo, pero oculta las graves carencias que tiene la 'paz total'. Negociar exitosamente con 20 grupos armados al mismo tiempo es imposible para el Estado. Lo que queda son los procesos de paz locales, con grupos fragmentados”, indica.

Mientras tanto, el recrudecimiento de la violencia está siendo aprovechado por candidatos de derecha que, nombrando como referente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, prometen la victoria de la mano dura en las elecciones de 2026. “Viene un discurso de seguridad más radical. Si el progresismo no gana, la mayoría de estos procesos de paz se cancelarían. De las primeras acciones de un gobierno de derecha sería levantar todas estas mesas y lanzar una avanzada militar”, vaticina Chalá.

El reloj marca las 8:00 de la mañana y la plaza principal de Ciudad Bolívar está casi vacía. En este pueblo cafetero del suroeste de Antioquia, la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes ya ha partido a las fincas donde se cultivan granos de café de exportación. Bajo la sombra de los árboles y la iglesia colonial, algunos adultos mayores toman tinto mientras conversan sobre el juicio que tiene en vilo al país.

Ana Sofía Arteaga, presidenta del concejo municipal, toma asiento en una cafetería. Hace dos años se estrenó en política con el Partido Conservador, pero reconoce que el Centro Democrático —el partido del expresidente Álvaro Uribe— es quien marca el ritmo en el municipio: su coalición ganó la alcaldía con más del 60% de los votos. “Yo admiro mucho a Uribe, es un hombre de la gente. Lo conocí el año pasado, hablamos de caballos y de fincas”, cuenta Arteaga, de 25 años, sin saber que en pocas horas será declarado culpable.

Aquí, como en el resto de Antioquia, gran parte de la población se declara uribista. Uribe gobernó entre 2002 y 2010 y es el político más influyente del país en lo que va del siglo. Su política de “mano dura” contra las guerrillas le granjeó una popularidad que rozó el 80% durante sus dos mandatos, de los que arrastra acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, presuntos vínculos con paramilitares y abusos contra la oposición. Uribe fundó su propio movimiento político y rompió con más de un siglo de bipartidismo. Hoy, sigue siendo el líder indiscutible de la derecha del país.

15 años después de dejar el poder, los políticos de Antioquia saben que exaltar el legado de Uribe es una condición necesaria para ganar. Y si se obtiene su bendición, la victoria está prácticamente asegurada.

Pero en los juzgados de Bogotá, a más de 400 kilómetros de distancia, la suerte del expresidente está en juego este lunes. La Justicia decide si el expresidente es culpable de manipular testigos para ocultar presuntos vínculos con grupos paramilitares, tras un proceso que ha durado más de siete años y que muchos en Colombia llaman “el juicio del siglo”.

Arteaga mira la transmisión especial de todos los telediarios del país que comenzó a las 8:30 de la mañana. En la pantalla, la jueza Sandra Heredia empieza a leer un fallo de más de 1.000 páginas que promete partir en dos la historia del país sudamericano. Si es hallado culpable, Uribe se convertirá en el primer expresidente con una condena penal en la historia de Colombia. Pero en Antioquia, tierra natal y bastión político de Uribe, el veredicto ya se ha decidido.

“Es inocente y el mejor presidente que ha tenido este país. Este pueblo estaba encerrado por la violencia de las guerrillas hasta que llegó Uribe. Nos devolvió la seguridad y el poder ir a las fincas a trabajar”, dice Carlos González, un adulto mayor vestido con el tradicional sombrero y poncho de la región, mientras sigue el juicio en su móvil. “A mi hermano lo mató la guerrilla volviendo de la finca. Y en esa esquina de la plaza, mataron a un vecino”, recuerda a su lado Juan Rafael Vélez.

Acto seguido, González muestra un vídeo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que ha saltado a la fama internacional por su mano dura contra las pandillas entre violaciones de derechos humanos y acusaciones de autoritarismo. “Esto es lo que necesita Colombia”, dice mientras presos corren semidesnudos y esposados.

“El juicio es una injusticia”, agrega Nancy Margarita Ríos, concejal del Centro Democrático. “Personas como el doctor Uribe son las que necesitamos para que este país vuelva a surgir. Porque, desafortunadamente, desde que dejó de ser presidente hemos venido en decadencia”.

Arteaga dice que sería lamentable que Uribe sea condenado. “Pero no soy fanática, Uribe no es un salvador”, añade. ¿Cambiaría su percepción en caso de ser condenado? La joven concejala mide sus palabras. Sabe que estar en contra del expresidente podría significar una muerte política en el municipio. “No lo sé”, responde finalmente.

El juicio del siglo

Este lunes, los colombianos esperaban saber el destino del político más controvertido del siglo a la hora del almuerzo. No obstante, la jueza extendió su discurso durante más de diez horas para justificar minuciosamente una decisión que la ha puesto en el ojo del huracán.

El caso que finalmente llevó al expresidente a los estrados es complejo. Se remonta a una larga disputa entre Uribe y el senador Iván Cepeda, un opositor político que ha investigado supuestos vínculos del exmandatario con los grupos paramilitares que asolaron el país entre finales de los 80 y mediados de los 2000. Según la Comisión de la Verdad, fueron responsables de al menos 205.000 homicidios entre 1985 y 2018.

La historia comenzó en 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por una supuesta manipulación de testimonios para relacionarlo con paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra el propio Uribe. Según los magistrados, existían indicios de que el expresidente y sus abogados habrían presionado o sobornado a exparamilitares para que cambiaran o fabricaran testimonios a su favor, con el objetivo de desacreditar a Cepeda y limpiar su nombre.

El proceso marcó un hito histórico: Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser llamado a rendir cuentas en un caso penal. En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria preventiva (en su gigantesca hacienda en el norte del país), lo que provocó un terremoto político en Colombia. Uribe renunció a su escaño en el Senado para que el caso pasara a la Fiscalía General, en ese entonces afín al expresidente. La misma Fiscalía pidió archivar el proceso en varias ocasiones, argumentando falta de pruebas. Sin embargo, jueces de distintas instancias han rechazado esos intentos, manteniendo viva la investigación, y criticando la labor de la Fiscalía.

No fue hasta que Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla del M-19 y enemigo acérrimo de Uribe, ganó las elecciones en 2022 cuando el caso tomó impulso. En 2024, después de múltiples audiencias, recursos legales y cambios de jueces y fiscales, el proceso avanzó hasta la etapa de juicio oral. Un centenar de testigos –incluidos políticos, exparamilitares encarcelados y empresarios– dieron su versión de los hechos mientras que todo se transmitía por internet.

Para sus críticos, es una oportunidad histórica para que la justicia alcance a uno de los hombres más poderosos del país.

Sus seguidores, en cambio, defienden que se trata de una persecución judicial motivada por sus enemigos políticos y por sectores que se oponen a su legado en la lucha contra la guerrilla. Eso es lo que piensa la mayoría de los miembros de la Cooperativa de Caficultores de Andes, un municipio de 44.000 habitantes que es considerado la capital del suroeste antioqueño.

El regreso de la inseguridad

Los caficultores atienden a elDiario.es en un centro de acopio de bultos de café, colgado de una de las abruptas pendientes de las montañas del pueblo. Los cultivos de café son también la arteria principal de este municipio que, a 170 kilómetros serpenteantes de Medellín, fue durante años víctima de la violencia de guerrilleros y paramilitares.

Luis Arroyave, de 44 años, dice que, antes de Uribe, viajar a la capital departamental era como jugar a la ruleta rusa: en una misma noche, un coche podía ser detenido hasta tres veces por hombres armados que les pedían sus documentos; guerrilleros, paramilitares y el Ejército. La vida era cosa del azar: podían continuar su camino, o ser secuestrados o asesinados sin mayor explicación.

Todo eso cambió con la llegada de la política de “seguridad democrática” de Uribe, que fortaleció a las fuerzas armadas y se negó a negociar con las guerrillas de izquierda. En cambio, llegó a un acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el más poderoso grupo paramilitar, que llevó a una polémica disolución en 2006.

Pero el apoyo a Uribe en la región no se debe solo al pasado. El caficultor Juan Carlos Gallego, de 51 años, asegura que está siendo extorsionado en este mismo instante, mientras habla con este medio.

Unos mensajes de WhatsApp desde un número desconocido le advierten que están en su finca, a pocos kilómetros de allí, y amenazan con asesinar a uno de sus trabajadores si no transfiere dinero. La foto de perfil muestra la bandera del Clan del Golfo, una banda criminal fundada por exparamilitares. Desde 2018, el grupo ha duplicado su capacidad armada hasta convertirse en el mayor grupo armado ilegal del país: tiene presencia en 25% de los municipios de Colombia; y en la mitad de los municipios de Antioquia. “Hoy ya he recibido 15 llamadas de extorsión. Estamos volviendo 25 años atrás en materia de seguridad. Yo creo que tendré que abandonar mi finca en los próximos días”, dice Gallego.

El Acuerdo de Paz de 2016 puso fin a medio siglo de conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero los sucesivos gobiernos no han logrado ocupar los territorios antes controlados por la guerrilla. En cambio, otros grupos armados han aprovechado el vacío para expandirse, desatando cruentas guerras por el territorio en las que la población civil es la mayor afectada. Solo en 2023 y 2024, más de 80.000 personas tuvieron que abandonar forzosamente sus hogares, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Es un número equivalente a toda la población de la ciudad de Pontevedra.

Para los caficultores de Andes, la “mano dura” de Uribe no solo significó tranquilidad, sino la oportunidad de más empleos e inversión en los municipios. Así que ven el proceso contra Uribe como un atentado contra el progreso. “Yo siento una injusticia muy hija de puta con ese juicio”, espeta con rabia Luis Restrepo, de 78 años, dueño de grandes extensiones de café en Andes. “No tenemos memoria en este país. La gente que habla mal de Uribe son muchachos a los que no vivieron cómo era Colombia antes de Uribe. Él, a los jóvenes, los puso a trabajar”.

Juan Carlos Escobar, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explica que la gente de esta región se ha sentido identificada profundamente con Uribe, de manera que su popularidad se mantiene por encima de otras zonas del país que también vivieron violencia extrema. “Este es un departamento que históricamente ha sido muy conservador y católico. Y Uribe apela al trabajador que se levanta temprano, que monta a caballo, que tiene un discurso fuerte con las guerrillas. Cuando Uribe llega al poder en 2002, encarna una suerte de disputa entre la provincia y la política de la capital”, explica Escobar.

Sentados en bultos de café, los caficultores de la cooperativa juran que el proceso contra el líder de la derecha colombiana es una persecución política por parte del presidente Petro. Pero incluso así, pronostican que será hallado inocente en cuestión de horas. Sus palabras parecen calcadas a las que, desde hace meses, difunden los abogados de Uribe, políticos del partido Centro Democrático, grandes medios de comunicación y hordas de tuiteros uribistas: todo es un complot contra el más grande de los colombianos.

El fallo

La impaciencia se siente en cada pueblo en el camino que lleva de Andes a Medellín. Las televisiones de cada restaurante, billar, y cafetería de esta región de Antioquia muestran la transmisión en vivo de la audiencia de la jueza Heredia. Las puertas de las casas, abiertas para combatir el calor, revelan la misma inquietud en el interior de los salones. Radios transmiten sin cortes el monólogo de ya más de 10 horas con el que la jueza busca, asediada por todo el peso de la sociedad colombiana, explicar al detalle su decisión.

Finalmente, cuando la noche empieza a caer sobre las comunas de Medellín, la jueza anuncia el sentido de su fallo: según las pruebas, Uribe indujo a su abogado, Diego Cadena, a ofrecer dinero y beneficios a exparamilitares encarcelados. Con ello, buscaba que los criminales cambiaran su versión, negando su participación en la creación de un grupo paramilitar llamado Bloque Metro en Antioquia, a finales de los 90. Es declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El político colombiano más importante del siglo se convierte también en el primer expresidente condenado penalmente en la historia del país.

Una gran valla publicitaria en la entrada de Medellín, colocada días antes del fallo, recibe a los viajeros con un mensaje contundente: “#UribeEsInocente”. En Antioquia, el “juicio del siglo” ocurrió hace 15 años, cuando Uribe terminó su segundo mandato con una popularidad tan alta que intentó cambiar la ley para aspirar a una segunda reelección. Hace ya tiempo que el departamento lo elevó a héroe de la patria.

Mientras tanto, la radio informa sobre el mundo paralelo que se desarrolla en la fría capital. Informa de una fiesta espontánea de jóvenes en una calle rodeada de universidades, junto a un extenso mural que responsabiliza a Uribe de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que ocurrieron durante su gobierno.

“Este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del Gobierno”, dijo por su parte Petro. “Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad”.

Cada aspirante a ganar la presidencia en las elecciones del 2026 decide, en ese momento, si celebrar o condenar el fallo, si apoyar o no a Uribe. Al igual que en el pequeño municipio de Ciudad Bolívar, alinearse con el legado del expresidente puede significar la victoria.

“Un fallo condenatorio podría incluso reavivar el uribismo, que ya viene en crecimiento por el Gobierno de Petro. Se va a activar toda la opinión y la maquinaria en los medios, que están muy sesgados a su favor. Es una suerte de fervor, casi una religión”, explica el profesor Escobar, quien se dedica a estudiar el sistema político colombiano. Para él, la merma de los grupos criminales que impuso Uribe se ha convertido en un anestésico frente a sombras “cada vez más evidentes”. “La gente está a punto de decir: ‘Sí, es un delincuente. Pudo haber ayudado a crear grupos paramilitares. O pudo haber sido la cabeza sistemática de más de 6.400 personas que murieron como falsos positivos. ¿Qué más da, si el país mejoró?”, afirma el académico.

La Hacienda Guacharacas

La última parada del viaje revela que esa justificación ya es casi realidad. San Roque está a dos horas al norte de Medellín, tras subir por una angosta y oscura carretera oculta bajo las copas de los árboles. Aquí, la violencia de las guerrillas, y luego de los paramilitares, tuvo a sus habitantes cautivos durante décadas.

Es también el lugar que dio a luz el mito de Uribe, su guerra contra los grupos armados de izquierda, y del juicio que posiblemente cambie su vida. A 20 kilómetros de San Roque se extiende la Hacienda Guacharacas, que en el pasado fue propiedad de la familia Uribe. Allí, en 1983, las FARC asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, al resistirse a un intento de secuestro. “La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable”, escribió Uribe en su autobiografía No hay causa perdida.

En 2011, un año después de que Uribe cumpliera su último mandato, el senador Iván Cepeda visitó en la cárcel a un exparamilitar llamado Juan Guillermo Monsalve para indagar sobre el pasado del presidente. Lo que dijo Monsalve –cuya familia vivió y trabajó en Guacharacas a finales de los 90– desató el juicio que tuvo en vilo a Colombia durante años: afirmó que, en esa misma hacienda, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago participaron en la creación de uno de los grupos paramilitares más sanguinarios de la región: el Bloque Metro.

Arriba en la montaña, en las calles de San Roque, todavía se recuerdan los crímenes del Bloque Metro. elDiario.es se reúne en la plaza principal con integrantes de la Red de Mujeres Asormucsan, un colectivo que da apoyo, capacitación y amistad a las habitantes del municipio. Llegan después de pasar todo el día en un balneario donde no había señal ni internet. A las 21:00 horas, son quizás las últimas colombianas en enterarse de que Uribe ha sido condenado.

“No me lo esperaba”, lamenta Margélica Parra, agricultora de 59 años y líder de la asociación. “Uribe tendrá sus errores, pero el agradecimiento es enorme porque la violencia en San Roque era tal que venían remolques llenos de muertos. Además, hizo mucho por los pobres con subsidios”, dice la también concejala.

Las cinco mujeres que atienden a este medio afirman que el fallo es una venganza de Petro, de una jueza y una fiscal llenas de un resentimiento mal dirigido. Al preguntar por los crímenes del Bloque Metro en la zona, y el presunto vínculo con el expresidente, Parra sostiene que son mentiras de los opositores.

Pero Blanca Arcila, ama de casa de 56 años y ecologista, reconoce que, cuando ejerció como gobernador de Antioquia, Uribe apoyó a las “Convivir”: grupos de seguridad privada que el Estado autorizó en los 90 para proteger a comunidades rurales, pero que defensores de derechos humanos critican como una fachada legal al paramilitarismo, permitiéndole cometer masacres y asesinatos selectivos al amparo del Gobierno.

Arcila afirma que no le gustan las Convivir ni los paramilitares, pero que surgieron en respuesta a los abusos de la guerrilla. “Los paras investigaban si alguien era culpable antes de matarlo; mientras que la guerrilla asesinaba a cualquiera”, dice.

El lunes por la noche, las redes sociales se inundan de mensajes advirtiendo de que la condena contra el expresidente Uribe exacerbará la polarización política de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Pero, para los creyentes, este fallo histórico podría no cambiar nada: ninguno de los entrevistados para esta crónica dice que la condena a Uribe cambiará su posición.

Blanca Arcila devuelve la pregunta: “Si a usted no le gustara Uribe, y la justicia lo absolviera ¿Creería en su inocencia?”.

La decisión de la jueza Heredia todavía no es la palabra final. La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. De ahí, podría saltar a la Corte Suprema, alargando aún más la incertidumbre del juicio del siglo.