El mayor envejecimiento relativo de nuestra sociedad es ya una realidad. Este no solo cuestiona las políticas de protección social hasta ahora vigentes, sino también la economía y la vida de las empresas, que deben adaptarse a la transformación demográfica. La más evidente es la que se conoce como silver economy, por las nuevas necesidades que deben cubrirse: un ‘país para viejos’, disponiendo estos de mayor capacidad adquisitiva que los jóvenes y que confrontan nuevas aspiraciones de consumo – ¡viajar! –, así como nuevas demandas de productos (zapatos sin cordones, chaquetas más que jerséis, alimentación más saludable). Pero la demografía también incide, como decíamos, en la plantilla de las empresas, que deben reajustar sus recursos productivos a un capital humano “diferente”. Por un lado, los cambios sectoriales en las tasas de participación específicas por edad (ante prejubilaciones en algunos sectores, prolongación de la vida laboral en otros) tienen un efecto desigual en la edad de la fuerza de trabajo deseable. Y hoy, la tecnología expulsa trabajo no “recalificable” de mediana edad.

Por lo tanto, de un lado, el reto importante para las organizaciones es cómo afectará el envejecimiento a los costes laborales, a la capacidad de innovación tecnológica, la productividad y la sostenibilidad de la empresa. Del otro, estamos ante una nueva realidad: hay quienes deben, pueden o quieren trabajar más años de los prescritos gracias al aumento de su esperanza de vida. O bien las pensiones o la situación económica los empujan a hacerlo, promoviendo índices más elevados de participación laboral y una vida activa más duradera. Las tasas de empleo de los trabajadores mayores de 55 años difieren notablemente en Europa. Suelen ser significativamente más altas en el centro y norte de Europa (por ejemplo, Suecia 77,9 %, Alemania 71,4 % y Dinamarca 70,7 %) y más bajas en el sur y el este (por ejemplo, Grecia 41,1 %, España 52,2 %). Además de los problemas antes mencionados, los factores obligatorios o incentivos elevados a abandonar la fuerza de trabajo debido a las pensiones de la Seguridad Social explican el resto.

Es evidente que resulta necesario examinar las respuestas de los empresarios ante la nueva situación, como son la modificación de las condiciones laborales, las jornadas de trabajo, la adopción de distintas fases ocupacionales, etc., además de los cambios exigibles en la regulación de las políticas de jubilación así como las reformas de otras prestaciones laborales. No podemos considerar “sana” una sociedad que no compensa suficientemente a quien cotiza más años voluntariamente, o que castiga a quien sabe que no “amortizará” sus contribuciones por falta de periodos mínimos de cotización, por más que sea la esperanza de vida que le reste. Así lo han señalado diversos estudios recientes. La mayoría de ellos analiza cómo varía la participación laboral y el tipo de trabajo realizado con la edad utilizando, por ejemplo, datos del Programa para la Evaluación de Competencias de Adultos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o según las Estrategias de Empleo en servicios públicos de la Unión Europea (PES-EU). Estos textos documentan que, en el futuro, la capacidad de realizar trabajo físico, comprensión lectora y numérica o el uso de nuevas tecnologías se deteriorará en las personas adultas.

Gracias a la experiencia acumulada, los trabajadores de mayor edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar otras muchas actividades

Pero gracias a la experiencia acumulada, los trabajadores de mayor edad pueden desarrollar otras funciones a partir de una mayor capacidad para planificar, orientar y supervisar otras muchas actividades. Con entornos laborales flexibles, a través de esquemas de jubilación que incorporen especificidades relativas a las habilidades de cada persona, referidas a distintas ocupaciones y/o acompañadas de un aumento de la formación continua, debería ser posible ajustar las plantillas de nuestras empresas a los cambios demográficos. Un trabajador de obra se le supone joven y fuerte; un camarero puede ser funcionalmente veterano. Una persona mayor difícilmente será jefe de informática; pero puede ser un buen repartidor de almacén. En algunos casos, personas mayores ayudan a colocar la compra de los clientes en el supermercado, auxiliando a los cajeros, lo que les permite un mínimo de socialización en países en los que la soledad mata.

Así pues, surgen preguntas que conviene abordar. Por el lado de la oferta, ¿qué acciones necesita una empresa para afrontar la transformación del capital humano necesaria para favorecer la continuidad deseada de participación en el mundo laboral por parte de trabajadores y empresa? ¿Cómo proceder a la adecuación de los puestos de trabajo en los diferentes estados de salud asociados a la edad, vistas las morbilidades prevalentes y los distintos perfiles de puesto de Trabajo que las nuevas tecnologías permiten? ¿No sería conveniente favorecer finales de trayectorias profesionales que permitan que estos se conviertan en trabajos autónomos a tiempo parcial o discontinuos que ayuden a mantener vidas activas y saludables?

En algunas actividades, envejecimiento y productividad van de la mano; en otras, la brecha tecnológica dificulta las mejoras de productividad. A veces la innovación empresarial compensa la discapacidad funcional vinculada al envejecimiento, ofreciendo segundas oportunidades. En nuestro país, muchos servicios personales, incluida la hostelería, deberían poder ofrecer esas segundas oportunidades a personas de mediana edad expulsadas de mercados en los que la tecnología sustituye trabajo de menor valor añadido. Un valor añadido que, de manera flexible, podría encontrarse en personas residentes, integradas, con conocimientos lingüísticos, que podrían ahorrarnos subsidios de desempleo o prejubilaciones. Unos excedentes que deberían contrastarse antes de explorar la ocupación de nueva mano de obra inmigrante, que de otro modo habrá que acoger agravando a menudo los problemas de vivienda y escolarización. No podemos despreciar tanta experiencia, capital productivo formado, cuando tanta es la necesidad de mano de obra que algunos empresarios señalan. Y que sea debido al envejecimiento de la población, cuando no estamos haciendo suficiente para retener nuestros mayores en el mercado de trabajo, suena cuando menos contradictorio.

La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica es una vuelta de tuerca del llamado régimen común. Siguiendo la presentación de la vicepresidenta María Jesús Montero, se basa en un sistema de reparto, es decir, no basado en los ingresos descentralizados propios de cada comunidad como punto de partida. Ello se debe a la “dificultad de sacar adelante un nuevo modelo”. Busca “adaptarse a territorios muy desiguales”, de los que el Estado procede a estimar sus “necesidades fiscales”. Y su objetivo es garantista, no expuesto, por tanto, a una elevada responsabilidad fiscal. Enumera principios de muy dudosa compatibilidad (blindar el estado del bienestar en derechos personales) tras proclamar “flexibilidad y solidaridad interterritorial” y anunciar “más autonomía fiscal”. Y pretende, pese a ello, “reducir diferencias”, a la vez que “incrementar el reconocimiento de singularidades territoriales”. Todo un puzle. Pero, claro está, se trata de ‘principios’; no de ‘finales’ con compromisos de consecución.

Por lo demás, la propuesta mantiene el controvertido concepto de población ajustada (no de las contribuciones fiscales per cápita de cada comunidad), sobre la base de variables, aproximadas, más o menos rigurosamente ponderadas convenientemente –la presentación explicita una lista– y aplicadas sobre un monto 'flexible' de recursos disponibles. Aparece algún desglose de variables y el parámetro “coste fijo”, pero no el de la inmigración acogida, ni la densificación, por ejemplo. Como decía, todo con pesos ad hoc.

La propuesta aumenta la cesta de impuestos generales participados (no transferidos en origen). Sus efectos, aquí sí, pueden ser singulares según funcione el entramado de la población ajustada (si no se corrigen al final) y los recursos disponibles. Se mantiene la nivelación horizontal (restar a unos para dar a otros), al 75%, como ahora. Mejor sería haberlo pivotado todo sobre la nivelación vertical (a cargo del Estado y de su propia recaudación), lo que transparentaría mejor la nivelación, aunque ello es opinable.

Aparece también una adhesión voluntaria al IVA PIME, calculado como diferencia entre el porcentaje de IVA liquidado en la comunidad y el índice de consumo que recoge el INE; en realidad, pienso, es una especie de premio al ‘no-fraude’ minorista.

Y emerge un ¡fondo de cambio climático! Dos tercios de lo que se decida poner a disposición será para las CCAA del arco mediterráneo, y un tercio para el resto. El destino de gasto que haga posible dicha financiación se entiende debe ser finalista, lo que se traduce en un menor margen de discrecionalidad en el gasto de los beneficiarios, pero no se especifica el modo de reparto.

Se mantiene la cláusula del status quo. Nadie pierde en términos absolutos aunque, claro está, las lecturas son siempre relativas (lo que gana uno respecto de los demás). Con todo ello vamos sumando millones que financiarán gasto corriente de difícil reversión en caso de cambiar el ciclo económico.

No se acaba con las entregas a cuenta; se “agilizarán”, se dice. Quizá sólo en la parte de la caja compartida del IRPF, con gestión en red, etc. Todo ello, aun por precisar.

Reaparece el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), fuera del sistema (así se preserva mejor la ordinalidad en éste), al que Catalunya y otras CCAA no tendrán acceso. Suponemos que con ello se trata de amortiguar impacto de Andalucía y Extremadura, y quizás de las dos Castillas. Conviene recordar que el gasto procedente del FCI se debe condicionar para infraestructuras de capital y no destinado a gasto corriente.

No se conoce la operativa de la ordinalidad, al ser la recaudación per cápita y las transferencias dinámicas, ajustadas, de difícil precisión anticipada, y dependiendo de la evolución de las necesidades relativas de cada comunidad. De todos modos, no va a tener  igual lectura que una comunidad se sitúe, pongamos, tercera en el ránking a 1 euro por debajo de la segunda que a 1 euro por encima de la cuarta. Todo sería ordinalidad, pero la cuantía de recursos puede variar muchísimo.

No se menciona ningún ajuste por el coste relativo de vida (reconocimiento de que un euro no compra lo mismo sobre el territorio de las diferentes CCAA). El tema queda aplazado, igual que el de la gestión completa del IRPF.

El cálculo de entrada es de unos 21.000 millones de euros, más la absorción de deuda por condonación, más 3.300 millones del FCI. En total, algo más de 27.000 millones (más intereses asumidos por condonación, que pueden ser otros 2.000). Si a Catalunya le corresponden unos 4.700 millones (afinar más el cálculo se nos antoja imposible), esto en el margen y sobre el total del déficit fiscal no es mucho más que su peso relativo en población, coincide con el cálculo del déficit de la sanidad catalana.

¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC?

Lo que preocupa a Junts es que no parece que la mejora de la financiación pueda permitir bajar la presión fiscal catalana. Más aún, la neutralización a futuro del déficit público agravará la presión fiscal global y posiblemente el déficit de la balanza fiscal catalana, como contribuidora relativa que es al sistema (junto a Baleares y Madrid). El margen del Estado en bajar gasto se limita al aparato de la Administración Central. Su adelgazamiento no se espera. Y ha de aumentar más el gasto en defensa. La presión de incrementos fiscales para consolidar las cuentas públicas está a la vuelta de la esquina.

Concluyendo: ¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC? La solución a la “Infrafinanciación severa e insuficiencia financiera crónica de la Generalitat, pasaba por ”una reforma radical del modelo de financiación de la Generalitat que avance hacia la plena soberanía fiscal y suponga un aumento sustancial de sus recursos: Cesión gradual del 100% de los tributos de titularidad estatal a la Generalitat con asunción progresiva por parte de una Agencia Tributaria Catalana independiente de todas las competencias de recaudación y gestión, así como de los medios personales y materiales de la AEAT y mayor capacidad normativa autonómica (concierto económico). Pacto fiscal. Primero, recaudación, ‘La llave de la caja’, y después aportación de la Generalitat a la caja común: –para cubrir el coste de los servicios que siga prestando el Estado (en forma de % de la recaudación)– y una cuota de solidaridad para complementar la financiación de las comunidades de menor renta; y se respetará el principio de ordinalidad en términos de financiación por habitante.“

¿Es la política el arte de lo posible? ¿Nuevo ‘desguace fiscal’ del Estado por parte del nacionalismo catalán? Se come éste el marrón del desgaste político y su denostada avaricia insolidaria, a beneficio de baronías autonómicas, de comunidades cuya ciudadanía aspiraba a menos descentralización (y no a más), que con las Diputaciones les bastaba y sobraba.

En cualquier caso, la generalización ha elevado una factura que empeora la perspectiva de déficit y deuda futuros y no satisface al parecer a muchos de sus potenciales beneficiarios. Es probable así que se vean fuertes incentivos del Partido Popular para que el sistema no entre en vigor. Si entra, mande quien mande el 2027, sin ya el dinero europeo de Next Generation, será imparable la necesidad de financiación recurrente de tal tamaño de gasto ordinario; también para un gobierno liberal que se haya presentado con propuestas de rebajas fiscales. Si el Congreso no aprueba la propuesta y/o el PP logra que el Tribunal Constitucional frene el nuevo sistema, el Gobierno aducirá que ha cumplido la parte del pacto aceptado por ERC, y ERC aprobará el presupuesto de la Generalitat. Veremos.

La noticia de estos días es que las nuevas CAR-Ts de un importante hospital madrileño han salvado la vida de cinco niños con leucemia. Son varios los avances registrados sanitarios con las nuevas terapias avanzadas y, más aún, los que están en ciernes. No me entretendré en comentar detalles de los nuevos paradigmas que representan la medicina genómica y multiómica para la medicina personalizada, la biología sintética y de ingeniería, o la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos y células madre. Y para el caso de las tecnologías de la salud innovadoras, sustentadas en datos, las potencialidades que permite para la restauración funcional e interfaz cerebro-ordenador, la cirugía robótica y los nanobots. Pretendo mejor reflexionar sobre aspectos organizativos y de financiación, en un ejercicio arriesgado por lo que tiene de anticipativo.

Aceptemos bajo el mismo epígrafe de nuevas terapias contenidos que tienen que ver con tratamientos a la carta, personalizados, estratificados… en los que el código individual pesa más que el postal. Y adoptemos el punto de vista de cómo los sistemas puedan afrontar a futuro esta nueva situación: la solvencia y no solo la sostenibilidad. 

Con la individualización de los procesos asistenciales, de entrada, pierde capacidad de alcance la regulación tradicional. Se reduce así mismo la posibilidad de escalar los tratamientos. En el sistema se incorporan nuevos profesionales (bioingenieros, biocientíficos de datos, bioinformáticos, bioquímicos y otros) que tendrán que encajar en entornos clínicos, aumentando quizás la fragilidad y complejidad de los cuadros asistenciales, tanto entre equipos dentro de un mismo hospital como entre hospitales. Y es que es probable que las comunidades más avanzadas en nuevos tratamientos conformen equipos interinstitucionales, internacionales incluso, segmentados de los equipos de gestión clínica tradicionales, en centros financiados separadamente. Por lo demás, se abren campos asistenciales hoy poco explorados, de amplio recorrido, inciertos en su funcionalidad por ser nuevos: así en salud mental (depresión, ansiedad, insomnio), cáncer y enfermedades raras, en discapacidades (restauración funcional, interface cerebro-ordenador) y en la mejora en la administración de fármacos. 

Desde la singularidad, y a la vista del elevado coste de los tratamientos, el concepto tradicional en economía de la salud de efectividad, para su extensión universalizadora, se resiente, carente de una objetivación más diáfana. También el principio de efectividad relativa, ya que el gradiente es menos entre enfermedades en sus resultados medios, y más de enfermos concretos. Y por supuesto, en el valor de los resultados inciden cuestiones subjetivas sobre si en cada caso vale la pena probar o cuestiones sociales de si valen lo que cuestan a efectos de su protocolización.

En sus aspectos de financiación está claro que la contención de su demanda se aleja de soluciones privadas o de copago, dados sus importes. Exige concentración de inversiones y de ámbitos de investigación en comunidades de prácticas avanzadas (contra las ocurrencias aisladas), así como requiere presupuestos con compromisos de medio plazo. También exige políticas de compra más centralizadas al tratarse de paquetes asistenciales, procesos de soluciones, más que de gadgets tecnológicos, para los que el know-how de nuestros gestores esté menos capacitado.

En sus consecuencias, todo apunta a una dualización de acceso individual (fuera de la prestación pública limitada por su coste, es sabido que lo efectivo no se puede prohibir, aunque sí dejar de financiar), que siempre será posible, a coste completo, privadamente dentro o fuera del país. En su componente público, el acceso personal fácilmente se leerá en clave territorial y de equidad. Es probable que se apunte a una solución silos, con financiación específica a través de fondos separados estatales, para cubrir la apariencia, cuando menos, de ausencia de privilegios territoriales en acceso y retrasos. 

En cualquier caso, nuestro sistema de salud ya asume intervenciones extremadamente costosas (diálisis crónica, trasplantes, terapias oncológicas combinadas, tratamientos de enfermedades raras…) y probablemente la sostenibilidad no depende tanto del coste unitario como del impacto presupuestario agregado (que debería ser financiable en la medida que su beneficio sea alto y su población diana reducida).  Adicionalmente, algunas terapias avanzadas han de sustituir tratamientos crónicos o costes sociales a largo plazo. 

Queda pendiente, en este horizonte, el componente político trumpista más errático, en su negativa actual a financiar ciertas innovaciones; y el componente sociocultural que cuestione por una vez esta especie de transhumanismo que parece impregnar la sociedad, frente al aprendizaje del final de vida.

Todo ello sigue hipertrofiando la atención hospitalaria en detrimento del resto, responsable entre otros factores de la crisis de sostenibilidad actual. La tecnología y la salud, definitivamente, van a velocidades distintas.

En resumen, las dudas se centran sobre todo en la capacidad del Sistema para poner en marcha mecanismos para incorporar las nuevas terapias con racionalidad. No solo hay incertidumbre, por tanto, por el cambio tecnológico, sino por las dificultades para reorientar el sistema (que mientras tanto va haciendo su propio camino y dejando su propia senda para el futuro). La solvencia, por lo tanto, más que la sostenibilidad, está en cuestión.

Escribo esta primera parte del análisis sin saber el resultado. A mí, de esta OPA no me ha gustado nada. Ni los aguerridos anuncios en medios de uno u otro lado han tenido gracia alguna, más allá de que algunos se hayan forrado. Repito lo que dije en el momento cero: que no se hubiera hecho la OPA era para mí lo deseable. No más oligopolios bancarios. No más fusiones internas, y menos no forzadas (como con la absorción de las cajas). ¿Para cuándo una retribución del ahorro que cubra al menos la inflación? Qué poca eficiencia la de nuestros bancos que a los ahorradores nos castigan con intereses reales negativos, y que van a lo seguro: el BCE los remunera al 2%, por lo que lo facilón es pagar intereses por debajo de ello y quedarse con el margen, sin incurrir en riesgo alguno. Y a partir de ahí, encadenar clientes con seguros y toda clase de servicios a precio tasado.

Iniciada, reiterada, esta OPA ha devenido una obsesión en la que los partícipes se han movido en un todo vale, engañoso, dando por buena que la prima era la de cada momento y no la de cuando se inició la operación, con consejeros independientes que han firmado comunicados que claramente violaban su supuesta independencia, que han jugado con la confusión del precio de segundas opas o similares, obviando el día después de la operación, y que la contienda ha durado mucho (Escrivá dixit). Toda una evidencia de que mientras parte de la macroeconomía refiere su análisis en supuestos de expectativas racionales, observamos en el sector más propio del capitalismo, el del capital, las confusiones de racionalidad entre el corto y largo plazo, de comportamientos por motivaciones diferentes, de fondos Institucionales y pasivos indexados, movidos por efectos anuncio y embelesamiento casi patriótico de los pequeños accionistas.

Gestores de bancos que, pese a lo que representa su peso accionarial, actúan como si fuesen suyos; a veces en manos de accionistas de referencia tan decisivos como desconocidos, algunos a salto de mata y otros que dicen exhibir una visión de largo plazo. Un sector bancario que a menudo se cree por encima del bien y del mal ante la opinión pública, exhibiendo un poder frente al que el regulador se empequeñece. Que son capaces de cooptar lo mejor de la inteligencia económica para soterrar críticas y que cuentan con un ejército legal para extender procesos con recursos ad infinitum. Que predica competencia y practica acuerdos tácitos. Con excepciones, claro está, que destacan ante la generalización que describo.

La parte que sigue la escribo sabiendo ya el resultado de la OPA. El hecho de no haber acertado en el pronóstico me alegra. La OPA no sigue adelante. Resultado inesperado a la vista de los costes hundidos del opante. Los mercados, expertos y asimilados le otorgaban una probabilidad del 90% de que tirase adelante.

Y diría que ahora toca al Sabadell rehacer descosidos: me preocupa lo que pueda pasar con las acciones de un banco que ha anunciado el oro y el moro andando solo por esos mundos de Dios, pero en buena parte me alegro de este final. Los ciudadanos, y especialmente los empresarios catalanes, no pierden de entrada (ya veremos) lo que durante un tiempo ha sido un buen banco. Los accionistas evidencian, al fin, la coincidencia de un interés particular envuelto en otro supuestamente general. Muestra que no todo tiene un precio (esperemos), aunque muchos se pueden llevar una sorpresa cuando se abran los mercados. Los empleados, vistos los elevados costes de la operación a beneficio de accionistas y gestores de los medios propagandísticos, puede que vean precarizada su situación. Y el Gobierno ya puede prepararse para los recursos legales que le van a caer (ya tiene alguno en el Supremo) contra las cautelas efectuadas.

La OPA llega a su final. En el fondo, los partícipes no tienen nada de lo que alegrarse del todo. A unos les toca afrontar el día después. Nada fácil. Para el opante fracasado, sus accionistas puede que le exijan la liquidez disponible con la que contaba el BBVA para la OPA, y hacer caja, obviando que, a medio plazo, las cosas pueden empeorar.

Soy espectador de los acontecimientos que rodean el propósito de un banco, el BBVA, de comerse a otro banco, el Banco de Sabadell. No tengo otro bagaje para analizar lo que observo que mis doce años de consejero del Banco de España, mis estudios académicos y cierta proximidad a la realidad empresarial catalana. Por lo primero sé que un gran banco no actúa livianamente en una operación de esta naturaleza, tal es su poderío en recursos humanos e influencia con otro tipo de recursos.

El Sabadell intentó en su día engrandecer su poder e influencia, con algunos fracasos que le hundieron en bolsa y espantaron a sus accionistas, y su resurrección por ahora no parece haber sido suficiente. Se resiste, creyendo el pequeño que creciendo a costa de otros pequeños sobrevivirá; pero si no le salen las cuentas, ello lo puede acabar debilitando y ser presa final de algún tiburón al acecho, que se lo puede acabar comiendo, aunque quizás con tan mala digestión como la del pequeño en sus aventuras de ultramar. 

España financieramente es un país de champions por sus grandes bancos, aunque el país, políticamente, no pasa de G-8, G-12, pongan la cifra que quieran. De modo que la debilidad de uno, el político regulador, es la fuerza de nuestros bancos regulados. 

De los estudios académicos derivo que los oligopolios, la concentración empresarial, y bancaria en particular –a la vista de lo muy bancarizadas que están nuestras empresas fuera de la disciplina del mercado de valores–, son malos para la economía. Es obvio que los grandes bancos se observan entre sí, compiten poco, y se cubren posibles daños sistémicos con acuerdos más o menos explicitados. De modo que la reacción contraria, académica, al propósito de la fusión del BBVA con el Sabadell está más que justificada, sin otro antídoto que no sea la del pobre regulador público y la supervisión del Banco de España y del BCE.

En Europa soplan vientos liberales y lo que pueden llegar a hacer las entidades nuestras de defensa de la competencia y del mercado de valores no parece que tenga músculo suficiente para confrontar efectivamente los intereses de nuestra banca más internacional. Y el Gobierno, más allá de levantar acta de lo que suceda, puede poco más que decir que velará contra abusos potenciales. Quien anda tan endeudado en su propia economía tampoco puede exhibir excesiva independencia de criterio para ordenar un proceso de esta enjundia. 

Y finalmente, por mi cercanía al mundo empresarial catalán, sé que el Sabadell es muy importante para la empresa catalana al mantener aún muchos de los sensores sobre la realidad del crédito, perdidos definitivamente con el hundimiento de nuestras cajas, ajenos a los intereses más nacionales.

Al principio, de todo ello ahora hace dieciséis meses, surgió una cierta coalición que cuestionaba la fusión. No a la OPA de modo muy general en Catalunya, y al grito de si alguna de las entidades quiere crecer ¡que corteje bancos europeos! La concentración local, tras la desaparición de las cajas de ahorros, es ya suficientemente sospechosa de acuerdos multilaterales, incluido el Sabadell, para permitir más oligopolios.

El plus de catalanidad del opado –aunque con la conciencia poco limpia de su paso por Alicante– reforzó la respuesta de una parte del país contra la OPA hostil. La de los sindicatos, porque temían perder puestos de trabajo –como ha acontecido siempre en las fusiones–; la de la patronal, que se envolvía en la bandera para congraciarse con parte de la sociedad por sus silencios en otras situaciones igualmente decisivas (sedes, financiación, competencia fiscal, etc.), tenía impacto local pero sordina estatal; las pymes catalanas se posicionaron para garantizar el crédito, que temían no emanase una vez el opante aplicase algoritmos de asignación centrales.

Parte de la ciudadanía se oponía por visualizar la incomodidad de más cierre de quioscos electrónicos bancarios, y por catalanismo, olvidando que el capital no tiene patria. ¿Y los accionistas del Sabadell? Sus propietarios efectivos se oponían por lo que consideraban era una retribución insuficiente en el intercambio de acciones.

Pasados casi año y medio del inicio de la OPA, con una hostilidad sin precedentes, con medios de comunicación alineados a conveniencia, campañas publicitarias tan agresivas como cansinas para la ciudadanía, y ante una politización creciente, se están ya aclarando algunos extremos. El interés social (competencia, preservación del modelo productivo) está en manos del Gobierno, que en caso de que la OPA prospere tendrá que velar por una serie de parámetros que una consulta ciudadana sin precedentes ha puesto sobre la mesa. Un compromiso a tres años muy frágil, tanto por el aguante del ejecutivo actual como de la necesaria flexibilidad en su caso ante coyunturas adversas.

Patronal y accionistas, desnudos ya de catalanidad, buscan hoy la mejora de la oferta para vender sus acciones. Ya no estamos ante el fuero, sino ante el huevo. Los directivos del Sabadell en este sentido hacen su trabajo: salvar el interés particular de sus accionistas. Su presidente, si consigue parar la OPA, con toda una serie de argucias muy interesantes pero al parecer insuficientes, pasará a la historia como el David que se enfrentó al Goliat. Y si no consigue parar la OPA, su encastillamiento, por poco que se mejore la oferta de adquisición de acciones, puede darle un rendimiento final no menospreciable para él y los suyos. Oliu siempre gana.

Por su parte, el BBVA ha ido ya muy lejos. En el momento de la venta por parte del Sabadell de su banco inglés, el TSB, tuvo una oportunidad clara para renunciar. Al no hacerlo, dio a entender que su decisión era inequívoca y decidida. Torres y su consejero delegado no pueden permitirse perder el envite, ya que en este segundo intento se juega la reputación y su futuro.

Por el momento dice que no aumenta su oferta, pero puede hacerlo. Cuenta con permiso del regulador norteamericano para un dominio efectivo con un mínimo de un 30% en la OPA próxima de primeros de octubre. El resto, si le hace falta, puede conseguirlo comprando acciones contra su capital, aunque esto escueza algo.

El dominio del BBVA sobre el Sabadell lo tendría igualmente con aquellos mínimos, desde la neutralidad que se supone de los consejeros independientes del Sabadell. Y podrá substituir al consejero delegado del Sabadell, muy activo en la OPA, como no podía ser de otro modo. Podrá funcionar con las dos marcas, BBVA y Sabadell, éste con letra y boca pequeña, manteniendo estructuras hasta nuevo aviso.

Cada cual se irá acomodando a la nueva situación y aquí paz y allá gloria. Y el accionista profesional, no se dejará previsiblemente deslumbrar por un reparto extraordinario de dividendos como el acontecido; tan exagerado que muchos anticipan que en el día después, aun salvando la OPA, el Sabadell será un banco más debilitado, y que si no este, será otro tiburón quien ataque de nuevo. Se mantiene en el recuerdo que la prima negativa que reconocen hoy los accionistas del Sabadell para demandar una mayor compensación dobla en positivo la que llegó a tener la acción del opado, y que en todo caso se mantiene muy por encima del valor de la acción prevalente antes de la OPA, fuera de la inflamación actual.

Por mi parte, y desde las tres bases comentadas en este texto (haber visto de cerca el poder bancario en España; constatar reiteradamente las penas de la competencia ante el oligopolio, y la predictible preminencia del interés particular final del accionista frente al económico general) nunca he dudado del signo final de este episodio financiero. Ojalá me acabe equivocando. Pero acertar no me satisface, ya que prueba que en este país el status quo domina, y más o menos, siempre ganan los mismos.