Marta fue expulsada de España tras 23 años viviendo en Zaragoza y sin poder despedirse de sus tres hijos. Salma, en cambio, visitaba cada día a su hijo, Jalal, atrapado a la espera de una orden de expulsión casi dos décadas después de haber llegado a España. Como ella, muchas otras mujeres acuden al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona (CIE) para reencontrarse, aunque solo sea por unas horas, con sus familiares.

¿Cómo acabaron Marta y Jalal en un CIE a pesar de llevar 20 años en España? La decisión se toma con base en un informe policial que detalla si la persona tiene arraigo, domicilio conocido o antecedentes penales. Sin embargo, a menudo la información es incompleta.

Marta, crónica de una expulsión 

El pasado 8 de abril Marta permanecía tumbada en la cama, igual que sus otras dos compañeras, en una celda del pabellón de mujeres del CIE de Barcelona. El módulo femenino donde descansaba se inauguró a principios de 2023 y, ese mismo año, entraron 62 internas. En 2024 fueron 29. Para 2025 todavía no hay cifras oficiales, pero Marta fue una de ellas.

Ese día, según ella misma recuerda, la Policía Nacional irrumpió en la celda con prisas y empezaron a repartir bolsas de basura en las que les ordenaron meter dentro todas sus pertenencias. 

Cuando intuyeron que iban a ser expulsadas, las internas insistieron en que querían pedir asilo y hablar con su abogado, pero según relata Marta, la policía les negó ese derecho. Cuando vio que la deportación era inminente, solicitó hablar con sus tres hijos y con su madre, que viven en Zaragoza. Sin embargo, explica, los policías la cortaron en seco: por razones de seguridad, solo podía hacer una única llamada y tenía que ser internacional. 

Marta recuerda los empujones y cómo fueron trasladadas a la biblioteca del centro. Allí se encontraron con una quincena de internos, hombres de procedencia colombiana y peruana. “Estaba en estado de shock, aterrada”, recuerda durante una conversación mantenida pocos días después de lo sucedido.

Fuera del CIE les esperaban un autobús, varios coches patrulla y furgones de la Policía Nacional. Formaban parte de un vuelo colectivo de expulsión con decenas de internos de toda España y un centenar de agentes. Marta cuenta que les mostraron distintos documentos para que firmaran: la orden de expulsión y la devolución de sus objetos personales. Pero no les permitieron leer nada.

A Marta le tocó viajar en coche. Tras una parada en Zaragoza, llegaron a Madrid. Tenía las manos hinchadas: llevaba más de diez horas esposada y solo pudo ir al baño un par de veces, atada y con una policía a su lado. No pudo cambiarse de ropa: iba manchada de sangre. “Tengo la regla muy abundante, sangro mucho y tengo cólicos fuertes”, dice, indignada por el trato recibido.

Pero no acabó ahí. Marta recuerda que, a la llegada a Madrid, la policía esparció por el suelo las bolsas de basura con sus pertenencias. “Aquello parecía un vertedero”, recuerda. Los internos las iban abriendo en busca de sus cosas, apresurados por recuperarlas antes de subir al avión.

Cuando aterrizaron en Bogotá, Jorge Leonardo, un interno que había conocido en el CIE, le echó una mano. Marta no tenía dinero, pero él contaba con cuarenta euros, en dos billetes de veinte: uno de ellos con un trozo de celo que nadie quería cambiar. Los otros veinte los usó para coger un autobús e ir a ver a unos parientes de su amigo. Sin dinero ni batería en el móvil, Marta tardó dos días en conseguir hablar con su hermano. Ya hacía 72 horas que su familia no sabía nada de ella. 

“Cuando mi hermano me escuchó, se puso a llorar. No podía parar. Empecé a enviar audios a mis hijos para que no sospecharan nada. Pero mi hija se dio cuenta. Casi dejó de comer. El pequeño, de dieciocho años, es quien está más afectado. Me expulsaron sin que pudiera despedirme de ellos; la familia está destrozada”, insiste Marta. 

Hacía pocos meses que la jueza de control del CIE había recordado por escrito al director del centro que la policía está obligada a avisar con al menos 24 horas de antelación de una expulsión. La magistrada había hecho esta advertencia a raíz de un caso anterior, el de otra mujer expulsada sin previo aviso. Le preocupaba que no fuera un hecho aislado, sino una práctica sistemática. La carta se envió “a los efectos de evitar actuaciones o procedimientos que pudieran constituir pautas generalizadas”, señala la resolución.

Cel Far Sicart, responsable de visitas al CIE de la entidad Migra Studium, asegura que han detectado otros casos como el de Marta. Pero además apunta que 24 horas tampoco es tiempo suficiente: “Ese margen tan reducido les impide presentar recursos jurídicos, denunciar vulneraciones y, además, las familias no pueden despedirse, lo que genera un fuerte sentimiento de indefensión y angustia”.

Marta llegó hace veintitrés años a España. Ha trabajado de camarera, cuidando ancianos, en una editorial, en un almacén de ropa, en una empresa de limpieza… Ha hecho de todo. ¿Cómo es posible que no tenga papeles? ¿Quizás estuvo en la cárcel? “Nunca”, responde. En el CIE hay personas que han pasado por prisión y han visto su condena transformada en una orden de expulsión. Pero no era su caso. 

En 2005, durante la última gran regularización, el gobierno de Zapatero concedió permiso de trabajo y residencia a más de medio millón de inmigrantes. Marta tenía una amiga en una empresa de limpieza con la que acordó que le pagaría la Seguridad Social para poder regularizar su situación. Pero cuando fue a renovar su permiso, le dijeron que no había ingresado ninguna cuota. Le abrieron una orden de expulsión por no tener los papeles en regla. Encontró trabajo y recuperó la tarjeta de residencia. Pero cuando perdió el empleo, también perdió el permiso. 

Marta Vallverdú, abogada de Irídia, reconoce que las condiciones para renovar los papeles son muy duras. “Muchos de nosotros [en referencia a las personas nacidas en España] no las cumpliríamos. Tienes que reunir una serie de requisitos, como haber cotizado un tiempo determinado. No es fácil”, especifica.

Desde entonces, atrapada en un ciclo de trabajos inestables y papeles frágiles, se fue perdiendo en el laberinto administrativo. El último mazazo le llegó a raíz de un desahucio: “Lo perdí todo: la ropa, los muebles… Y me abrieron una orden de expulsión. Intenté anularla con un abogado, pero mientras hacíamos el trámite me enviaron al CIE”, relata. 

La abogada de oficio apareció minutos antes de la vista. El juez, el fiscal y su abogada coincidieron en la misma lectura: no creían su historia. “Decían que no tenía padrón, ni un piso alquilado a mi nombre, ni agrupación familiar formalizada”, recuerda Marta. Con estas ausencias administrativas, se dictó el ingreso en el CIE. 

Entonces, su familia buscó un abogado privado para intentar presentar un recurso. Suelen ser los allegados quienes, a contrarreloj, deben aportar pruebas de arraigo que la policía haya podido pasar por alto en su informe: tarjetas sanitarias, certificados de empadronamiento, inscripciones en cursos de lengua… Documentos que pueden marcar la diferencia entre el internamiento y la libertad. Pero no hubo tiempo, la expulsaron.

La decisión final depende, en última instancia, del criterio de cada juez. “Con la misma información, uno puede decidir una cosa y otro, lo contrario”, aclara la magistrada de Control del CIE, Zita Hernández. “Nos encontramos con que faltan datos, pero aun así, tenemos que decidir”, añade.

Salma y su hijo Jalal: cuarenta días de angustia 

“Me levanto por la mañana y tengo un ta-ta-ta-ta aquí”. Se toca el pecho. “No paro de pensar y pensar, cada vez más rápido, bu-bu-bu, empiezo a dar vueltas por casa, vueltas y más vueltas. Entonces me da un mareo, me paro, me encojo, me hago pequeña y cierro los ojos”, explica Salma. Su único hijo, Jalal, lleva 19 años viviendo en Catalunya. Se marchó de su país cuando solo tenía trece, y este año, al cumplir los 32, fue internado en el CIE de Barcelona.

Mientras estuvo encerrado, Salma hacía cada semana un largo viaje para verlo. Preparaba una bolsa con un bocadillo, una botella de agua y tabaco para su hijo. Dedicaba todo el día a visitarlo. Tres horas de ida y tres de vuelta: dos autobuses, tres líneas de metro diferentes y una larga caminata de veinte minutos por una zona desierta, sin gente, donde solo circulan camiones. “El silencio y la ansiedad te acompañan hasta el CIE”, explica mientras recorre la parte final del trayecto.

Los primeros días en el centro, Jalal se quedaba en un rincón, en silencio, dejándose llevar por sus pensamientos hasta que la angustia lo ahogaba. Pensaba en la expulsión, en lo que vendría después. “Al principio me desmayaba, los policías me daban ventolín para respirar, me faltaba el aire”, reconoce acerca de su estancia en el CIE.

Los internos pueden hablar por teléfono, pero solo con móviles sin cámara ni acceso a Internet. La Ley de Extranjería establece que el ingreso en un CIE debe ser un recurso no penitenciario y de carácter excepcional: no han cometido ningún delito, solo carecen de papeles. Sin embargo, como muestran la historia de Marta y Jalal, y el último informe sobre los centros de internamiento, publicado este octubre por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), “se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo”.

Hace más de cuarenta años, Salma decidió migrar. Quería preparar un futuro para su hijo. Otras familias de Marruecos hacían lo mismo, pero había una diferencia: ella era mujer. No tenía otra opción que dejar al niño con una conocida. Solo sería por un tiempo. Ella regularizaría su situación y pediría la reagrupación familiar. Pero el tiempo pasó y, de repente, ya habían pasado ocho años. “Siempre me reprocha que lo abandoné, pero yo he sufrido mucho, mucho”.

Hace años que Salma trabaja como cuidadora en distintas residencias cercanas a Barcelona. Se ha formado, tiene el diploma sanitario para la atención de personas con dependencia. Cuando habla del trabajo, asiente y aprieta los labios. “Es un trabajo duro y mal pagado”. 

Años de limpiar casas, levantar cuerpos frágiles, cargar pesos, le han destrozado la rodilla. Cada noche se pincha un calmante fuerte para poder dormir. Pero el problema no es el malestar físico. “Lo peor es esta tristeza. Me bloqueo. Es como si me hubieran colgado al revés, solo tengo un hijo”. 

Durante cuarenta días encerrado, Jalal vivió episodios de discriminación y violencia. “Un día, golpearon a mi compañero de habitación solo porque tardaba en vestirse”, rememora ahora. Desde el Ministerio de Interior aseguran que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos [...] y actúan en esos términos, con estricto sometimiento al ordenamiento jurídico”. Pero internos como Jalal describen bofetadas, insultos y aseguran que el miedo a ser agredido o deportado eran parte de su día a día.

Aun así, Jalal salió. Y emprendió el camino hacia el pueblo del Vallès en el que vive con su madre: fueron tres líneas de metro diferentes y dos autobuses. Cuando se vieron, se fundieron en un abrazo intenso. Lloraron. Después, prepararon té. Entonces llegaron las primeras preguntas: “¿Y ahora qué vamos a hacer?”, reflexiona en una entrevista mantenida con este medio el día de su liberación.

A pesar de haber vivido casi veinte años en España, el único documento legal que tiene Jalal es una orden de expulsión. Esta es la situación más habitual en el CIE de Barcelona: casi cada año, más de la mitad de las personas internadas no llegan a ser expulsadas. En 2024 solo se ejecutaron 148 expulsiones, el 37% del total, prácticamente la misma proporción que en 2023. El 63% restante quedó en libertad. 

Hay muchas razones por las que los internos pueden salir. La primera es que solo pueden estar en el CIE durante 60 días; si en ese tiempo la policía no ha conseguido preparar un vuelo de deportación, deben quedar en libertad. También puede ocurrir que la frontera entre países esté cerrada; puede ser que la persona haya solicitado asilo y todavía esté en trámite cuando se alcanza el límite de los 60 días; o bien que el juez haya aceptado el recurso con la información que acredita que la persona reside en España desde hace años.

Con todo, Cel Far Sicart, de Migra Studium, aclara que salir del CIE no significa quedar en situación regular, solo que no se ha podido ejecutar la expulsión. “Tener una orden de expulsión implica vivir bajo la amenaza de ser detenido otra vez; sin embargo, teóricamente no pueden volver a internarte en un plazo de dos años”.

Los internos en el CIE no están allí por haber cometido un delito, sino por una falta administrativa: estar en situación irregular. Desde Migra Studium y otras entidades se ha denunciado reiteradamente que los CIE son “mecanismos que generan dolor y sufrimiento, y el hecho de que salgan más internos en libertad que expulsados es una prueba muy clara de ello”.

Ahora Salma y Jalal vuelven a empezar de cero. Tienen que buscar un abogado, y asumir el coste económico para limpiar el expediente de su hijo para que pueda trabajar o alquilar un piso. El joven habrá conseguido la libertad, pero seguirá estrechamente ligado a aquel centro del que lo sacaron a toda prisa y del que no pudo salir durante cuarenta días. 

Los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad. 

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.

Acusado de opaco y poco transparente, el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barcelona está en el centro de las críticas de entidades sociales y algunos partidos políticos. Pero, ¿qué ocurre realmente en su interior? Solo en lo que llevamos de 2025, unas 250 personas han pasado por sus celdas y han vivido la angustia de una posible deportación.

La ley fija un máximo de 60 días de internamiento. Nadie está en el CIE por haber cometido un delito, sino por no tener la documentación en regla. El Ministerio del Interior insiste en que no se trata de una cárcel, pero los muros, las celdas y los horarios estrictos cuentan otra historia.

Tras un largo recorrido judicial, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió finalmente que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligara al Ministerio del Interior a hacer públicas las cifras de quejas presentadas por internos, familiares u otros agentes. Gracias a esa sentencia, hoy sabemos que en 2024, por el CIE de Barcelona pasaron 401 personas, y se registraron 79 quejas.

Los internos tienen la capacidad de expresar quejas, ya sea sobre su situación personal o sobre el trato recibido dentro del CIE. Si tienen un problema, deben rellenar un pequeño formulario llamado PQ (petición/queja) y depositarlo en el buzón del director, situado en el pasillo, a la vista del resto de internos y de los agentes. El director tiene la obligación de hacer llegar el mensaje a la jueza de control del CIE o a la autoridad competente. Pero el sistema presenta grietas.

El 6 de marzo de este año, Juan hacía gimnasia en el patio. Llevaba diez días en el CIE y todavía no entendía por qué. Hacía once años que vivía en Barcelona y había trabajado en distintos oficios. “No entiendo qué he hecho mal para estar aquí. Nunca he estado en prisión, he intentado hacer las cosas bien”, asegura en una conversación telefónica, mantenida durante su estancia en el centro.

Juan recuerda que, de repente, al fondo del patio, dos internos empezaron a gritarse. Todos corrieron hacia la disputa, también la policía, que, según relata este testimonio, sacó las porras. “Vi a un policía que venía enfurecido detrás de mí. Esquivé los primeros golpes, hasta que me dio varias veces con fuerza en el hombro”. Asegura que le provocó un enorme hematoma en la espalda que fue inmortalizado en unas fotografías a las que este medio ha tenido acceso. Ese mismo día escribió una denuncia, una PQ, esperando que su queja llegara a los juzgados, y la echó al buzón del director.

Al cabo de unos días, una pareja de voluntarios de la Fundación Migra Studium fue a verlo como hacen con cualquier interno que lo pida. Media hora más tarde, se despidió de ellos para volver a su habitación, como era habitual. Pero aquel día fue diferente: la policía lo condujo a una sala para cachearlo. Según recuerda Juan, la policía le ordenó que se desnudara y, durante veinte minutos, le revisaron la ropa y el pelo, buscando una posible droga que, supuestamente, le habrían pasado los voluntarios de la entidad jesuita. 

Este interno asegura que, una vez vestido, los agentes le mostraron su denuncia: la PQ que él había depositado en el buzón del director unos días antes. “Uno de los policías cogió un bolígrafo y escribió algo al final del formulario”, relata. Este medio ha podido ver una imagen de la denuncia; al final de la misma y en otro tipo de letra, se puede leer: “El interno no quiere seguir con el trámite anteriormente escrito”. Y, al final, la firma de Juan. Lo rubricó porque asegura que tenía miedo. Después de ese episodio, su abogada le recomendó que dejara de hablar con periodistas o voluntarios de entidades. Y así lo hizo. A día de hoy, se le ha perdido la pista. 

Los internos también pueden intentar presentar una denuncia a través de sus abogados, pero los letrados del turno de oficio a menudo no responden al teléfono. En ocasiones, tardan tanto que, cuando lo hacen, el interno ya ha sido expulsado. Al final, solo queda una opción: el buzón del director. Una caja blanca metálica, clavada en la pared y a la vista de todos, que se ofrece como una solución aparentemente perfecta. 

A preguntas de este medio, el Ministerio del Interior señala que en los CIE el juez competente recoge las peticiones y quejas que puedan plantear los internos “en cuanto afecten a sus derechos fundamentales” e insisten en que los Centros están “sometidos a autorización y control judicial”. El CIE es un espacio marcado por la ley: sentencias, informes policiales y órdenes definen el día a día de las personas retenidas. Sobre el papel, todo parece regulado. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Y entonces surge la pregunta: ¿quién vigila a los vigilantes?

A día de hoy, esta responsabilidad recae en la jueza de instrucción número 1, Alejandra Gil Llima, y en la jueza de instrucción número 30, Zita Hernández Larrañaga. Las magistradas tienen sus despachos en los juzgados de instrucción, donde se encargan de todo tipo de casos delictivos. También hacen turnos de guardia y, además, ejercen como juezas de control del CIE. 

Sus ojos dentro del CIE son los buzones, de los cuales, según explica Hernández, recibe entre 15 y 20 quejas al año, una cifra muy baja si se tiene en cuenta la conflictividad que, según las entidades, se vive en el centro.

La otra vía para que la magistrada conozca las quejas de los internos es que las hagan llegar a las entidades. Y eso cada vez funciona mejor. Hernández ha presionado para que se faciliten las visitas al CIE por parte de las entidades y para que, al menos una vez al mes, pueda celebrarse una charla con los internos para conocer de primera mano su realidad dentro del centro. 

En 2025, Maria Morell, abogada, dio una de esas charlas: “Había un policía escuchando, pero a los internos les daba igual, la mayoría estaban muy enfadados, cuando acabó la sesión, empezaron a llamar a la centralita de Migra Studium para pedir que los visitaran y recoger toda la información”, asegura. 

Hernández reconoce que, en la carrera judicial, nadie les forma en “humanidad”. “Nos falta formación en extranjería, pero no en los libros, sino una formación más humana, más real”, reconoce. Eso no significa, sin embargo, que le tiemble la mano a la hora de dictar sentencia: “Si una persona tiene que ser expulsada, será expulsada. No puedo hacer más...”

Denuncias que nunca llegan a los juzgados

“Debían ser las doce del mediodía. Un grupo de policías entró en mi celda para llevarme al consulado. Me negué. Un par de horas más tarde volvieron, esta vez eran diez. Tenía mucho miedo, no podía hacer nada. De malas maneras me obligaron a bajar a la entrada del CIE, a la zona de control. Había mucha tensión, gritos… mientras intentaban ponerme las esposas, caí al suelo y empecé a sangrar por la nariz sin parar. La sangre no se detenía. Se asustaron y desistieron. La enfermera me cosió la herida y me devolvieron a la habitación. Tengo mucho miedo…”.

Esta es la historia que un interno contó por teléfono al periodista que escribe este reportaje, quien solicitó una visita en el CIE para contrastar su relato, pero al día siguiente de la llamada ya no estaba: había sido expulsado.

Markus González Beilfuss, profesor de derecho que visita los CIE de todo el Estado, critica que no haya un mecanismo de investigación ágil y eficaz cuando se presenta una denuncia por malos tratos. “A menudo, cuando el juez llega a tener conocimiento del caso, la persona que presentó la denuncia o sus testigos ya han sido expulsados a otro país”, explica.

La cuestión, según apuntan diversos letrados, es que el trámite e investigación de la denuncia es mucho más lento que el proceso de expulsión. “Cuando llega una denuncia, el juzgado de guardia la reparte, el juez que la recibe cuestiona si es competente y la deriva a otro. Al final, cuando un juez se pone a investigar, el denunciante, los testigos y las pruebas de las lesiones ya han desaparecido”, explica Marta Vallverdú, abogada de Irídia.

La letrada pide que, cuando alguien presente una denuncia por malos tratos, se tomen “medidas urgentes, como evitar la expulsión o, en caso de que no sea posible, se cite a la persona denunciante para tomarle declaración, solicitar que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad y asegurar las entrevistas a los testigos”.

Beilfuss, que también fue director general de Inmigración del Estado en 2010, conoce de primera mano las diferencias en la respuesta institucional ante las denuncias de malos tratos. En las comisarías de policía, si se denuncia un caso de torturas, se activa inmediatamente un dispositivo judicial. “Hay una serie de organismos que obligan a iniciar una investigación rápida de los hechos”, explica el jurista. 

En cambio, en los CIE, el mecanismo es muy diferente: “Aquí se abre la puerta de la expulsión y, de golpe, se corta o se dificulta la investigación penal. No hay suficientes garantías para asegurar la defensa de los internos”, resume. Desde 2015 hasta ahora, el colectivo Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales, pero la expulsión de las personas implicadas y de los testigos ha impedido que ninguno llegara a juicio.

Falta de atención psicológica en el CIE

“Le ponen algo en la comida. Cuando me dan la comida, la separo en dos platos y la mezclo con agua para que no me haga efecto… Por las noches no puedo dormir. Algo que no se puede ver con los ojos me agarra de los tobillos. Quiero salir de aquí con vida”. Quien habla es Velkan; es rumano y padece una psicosis crónica con delirios y alucinaciones. El último informe médico, al que tuvo acceso este medio, emitido antes de su internamiento, recomendaba un seguimiento en la unidad de salud mental de referencia, una unidad que no existe dentro del CIE.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Extranjería, Cruz Roja, Migra Studium, Irídia... Son diversas las instituciones que coinciden en la necesidad urgente de incorporar un servicio de psicología en el centro. Tal es el quórum, que la jueza de instrucción número 30, consciente de que “el internamiento puede generar problemas de salud mental”, dictó una interlocutoria solicitando la creación de un servicio de asistencia psicológica. 

Aunque sus resoluciones pueden ser de obligado cumplimiento, en este caso reconoce que la decisión depende del presupuesto disponible. “Yo puedo ordenar que mañana haya un psicólogo, pero si nadie destina recursos, ¿de qué sirve? Si no fuera una cuestión económica, podría ser más contundente”, lamenta la magistrada.

González Beilfuss también se muestra seguro de que el internamiento empeora la salud mental, pero lamenta que no hay manera de estar seguro. “Es como si no quisieran mejorar la situación ni permitir la investigación. En las prisiones hay estudios de cualquier cosa, pero en el CIE no sabemos nada”.

Diversas investigaciones han demostrado que la prisión provoca problemas de salud mental en la mayoría de los reclusos. De hecho, el reglamento del CIE establece que las personas vulnerables no deberían ser internadas. Y en derecho internacional se utiliza el concepto fit to fly (apto para volar): “Si quieres expulsar a alguien, debes asegurarte de que está en condiciones de soportar la expulsión tanto física como mentalmente”, resume Josetxo Ordóñez, abogado experto en extranjería y durante más de diez años responsable del equipo jurídico de Migra Studium.

Entonces, ¿por qué hay personas como Velkan internadas? La respuesta la da Ordóñez: “El juez que ordena el ingreso en el CIE no sabe que están enfermos”. Cuando la policía detiene a una persona inmigrante sin papeles, la lleva a comisaría mientras espera que un juez decida sobre su ingreso en el CIE. La ley establece que debe hacerse un juicio, pero a menudo este se reduce a una breve declaración de pie ante el escritorio del funcionario del juzgado de guardia. 

El abogado de oficio quizás acaba de conocer a la persona detenida, que muchas veces ni siquiera comprende qué está pasando. “Mi experiencia es que podría contar con los dedos de la mano las veces que ha habido encuentros reales con jueces”, afirma Ordóñez.

Una refugiada trans en el CIE: cuando las alertas no funcionan

Sara es una mujer trans que llegó a España engañada por una red de trata que la mantuvo secuestrada durante siete años. Permaneció encerrada en una casa hasta que consiguió escapar. “Estaba sometida a todo, a todo”, recuerda.

Consiguió llegar a Barcelona, pero su situación no mejoró: tuvo que vivir en la calle y se vio obligada a ejercer la prostitución para sobrevivir. “Trabajar en un restaurante o en un bar es complicado. El único trabajo que podemos hacer es putear”, dice. Tampoco podía volver a su país porque, durante ese tiempo, tres familiares suyos fueron asesinados y ella misma recibió amenazas de muerte. 

Para Sara, paradójicamente, el CIE fue una salvación, porque la sacó de la calle. Pero, a su vez, suponía que, en pocas semanas, estaría tomando un avión de vuelta a un país al que no podía regresar. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué juez dictó su expulsión? ¿Qué informe policial justificó su internamiento? ¿Por cuántas manos pasó el expediente de una mujer que había vivido toda una vida de maltratos?

Según Cel Far Sicart, responsable del proyecto de visitas al CIE de la Fundación Migra Studium, el ingreso en el centro se ordena “a partir de un informe policial, tras el cual se solicita la medida al juez. El expediente pasa por policías, abogados, fiscal y juez, pero el trámite es rápido y mecánico”.

La trayectoria de Sara es una sucesión de vulneraciones: desde pequeña, maltratada por su condición sexual como persona trans —todavía tiene marcas en las muñecas—, después explotada sexualmente y, finalmente, condenada a vivir con la amenaza constante de morir si volvía a su antiguo hogar. 

Finalmente, tras mucho esfuerzo, Sara salió del CIE y obtuvo la tarjeta roja, el documento que acredita la condición de solicitante en trámite de protección internacional. Un documento que, de haber obtenido antes, le habría ahorrado la experiencia de pasar por el CIE. Es un permiso provisional, pero le permite trabajar. “Quiero traer a mi hermana y a mi madre; me gustaría darles la vida que se merecen”, explica en una entrevista pocos días después de salir del centro. Ahora vive bajo el amparo de una ONG en un municipio cercano a Barcelona.

Algunos de los nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad.

Premio Montserrat Roig a la promoción de la investigación en el ámbito de los derechos sociales y la acción social en Barcelona.