Los CIE encerraron en 2024 a migrantes con familia y fuerte arraigo en España, según un nuevo informe

La primera vez que Sami (nombre ficticio) fue encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se tragó las pilas de un mando a distancia para ser hospitalizado y evitar su deportación. Es de Túnez, tenía 48 años y llevaba dos décadas viviendo en Lugo (Galicia), donde tiene mujer y tres hijas de 15, 14 y 9 años. Todas ellas tienen nacionalidad española, aunque Sami solo pudo acceder a un permiso de residencia temporal como familiar de ciudadano de la UE durante cinco años (desde 2014 hasta 2019). Su residencia permanente fue denegada por no cumplir los requisitos legales, ya que contaba con antecedentes penales hacía una década.

A pesar de estar en situación irregular, su vida era, según sus palabras, “organizada y estable”, trabajaba en el bar que su mujer regentaba, llevaba a sus hijas al colegio cada día y no le faltaban amigos en un vecindario que todavía considera suyo y que le había ayudado a superar sus dificultades personales y legales del pasado. Sin embargo, un delito contra la seguridad vial se convirtió en una orden de expulsión que recibió en su casa en febrero de 2022. Eso fue lo que llevó a Sami al CIE de Aluche y a tragarse las pilas del mando de la tele. “Cabe detenerse a pensar qué puede llevar a una persona a tomar esa decisión”, reflexiona el Servicio Jesuita al Migrante (SJM).

“Ese tipo de acciones, fruto de la desesperación, ocurren en ocasiones puntuales en que el internamiento se alarga y se acerca al máximo legal de 60 días”, apunta la organización, que acompañó a Sami durante este traumático proceso que, finalmente, concluyó con su expulsión del país tres meses después.

No fueron las pilas las que evitaron su deportación, sino un cambio en los planes de los vuelos. Tras 57 días encerrado, alejado de su familia y de su entorno, Sami pudo volver a Lugo tras su puesta en libertad en Madrid, pero el alivio fue solo temporal, porque a los tres meses, Sami fue detenido después de dejar a su hija en la puerta del colegio. En apenas dos días aterrizó en Túnez “mediante un rápido dispositivo de traslado hasta el aeropuerto de Barajas para poder ejecutar la repatriación conforme a la ley, dentro del plazo máximo estipulado de 72 horas desde su detención”. No hizo falta que volviera a pasar por el CIE.

Este es uno de los casos con el que el SJM ha ilustrado su informe anual sobre los CIE, titulado este año “Raíces tras los muros”. En el documento, presentado este lunes en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, la organización ha querido denunciar los drásticos efectos de la reclusión y la expulsión de migrantes en un momento en el que el discurso xenófobo de la extrema derecha acapara el foco político y la próxima batalla electoral.

“La privación de libertad en CIE penaliza a personas migrantes con arraigo, familia y trayectorias de inclusión en España, aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”, señala el informe.

A falta de datos oficiales, el SJM ofrece algunas cifras basadas en el acompañamiento de los voluntarios de organizaciones sociales a más de 600 personas internadas en los diferentes CIE del país, y concluye que “las personas acompañadas contaban con largo tiempo de arraigo e inclusión en España”.

Casi un 60% de ellos llevaba de uno y siete años en el país antes de ser encerrados. Casi el 16% aseguró llevar más de 15 años en el país y un 13,5% llevaría entre siete y 15 años antes de pasar por este trance. Las edades más comunes de las personas internadas están entre los 25 y 46 años, destacando las nacionalidades de Marruecos (30,4%) y, como novedad en el perfil, de Colombia (16%). “Son datos extrapolables a todas las personas internadas”, ha asegurado Iván Lendrino Tejerina, coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y autor de este informe.

“Sufrimiento inútil”

“La Ley de Extranjería establece que el internamiento debe ser una medida excepcional y no penitenciaria, concebida únicamente para facilitar la repatriación. No obstante, casos acompañados por el SJM muestran que esta excepcionalidad no se respeta: se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo, sin valorar circunstancias personales ni contemplar alternativas legales ya previstas”, denuncian.

Con las deportaciones de migrantes y el pánico migratorio en la espoleta de todo el arco político conservador, este informe trata de arrojar luz sobre unos de los procesos menos transparentes de la realidad migratoria española: las detenciones, privaciones de libertad en los CIE y las repatriaciones de migrantes. Una realidad compleja sobre la que el Ministerio del Interior no da cuentas en ningún informe ni balance oficial. Los datos llegan a cuentagotas, denuncia el SJM, gracias a solicitudes de las organizaciones al Portal de Transparencia.

Según estos datos, se sabe que en 2024 fueron deportadas forzosamente 3.286 personas migrantes desde España. De ellas, solo el 33% (1.037 personas) fueron repatriadas desde un CIE. Sin embargo, durante el pasado año, un total de 1.863 personas migrantes fueron encerradas en uno de estos criticados centros, por lo que casi la mitad (55%) de los internamientos resultó ser un “sufrimiento inútil”, ya que no concluyeron en una repatriación efectiva.

“Todas las personas internadas y no repatriadas pueden pasar hasta dos meses para ser liberadas, en muchos casos, a 500 kilómetros de su hogar. Nadie repara ese internamiento, ni siquiera se les paga billete de vuelta a casa. Son internadas de forma inútil”, ha denunciado Lendrino.

El autor también pone el foco en las alrededor de 2.000 deportaciones realizadas desde fuera de los CIE. “Si en los CIE se mantiene la falta de mecanismos efectivos de acceso a la defensa y tutela judicial y la ausencia de garantías y acceso a abogados, ¿cuáles son las garantías en esos otros procedimientos y centros”, se pregunta Lendrino, que exige un monitoreo constante en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), aeropuertos y comisarías.

El informe también cuestiona las condiciones de internamiento, con un “limitado” acceso a la comunicación, con “restricciones al uso de móviles” y “obstáculos en las visitas familiares o de ONG” a las personas internadas. La atención sanitaria es “insuficiente, con un pliego de subcontratación denunciado por organizaciones como el SJM”. En cuanto a la salud mental, “gravemente deteriorada por la propia reclusión, carece de recursos y especialistas, a pesar de las demandas de los jueces de control”, apuntan. A ello se suman “entornos hostiles, la ausencia de canales de denuncia seguros y procedimientos de repatriación con prácticas que continúan presentando irregularidades”, abunda el informe.

Los CIE de Madrid y Barcelona

El 2024 terminó con 358 quejas presentadas por las personas internadas, de las que la gran mayoría (266) se interpusieron en el CIE de Madrid, seguido del de Zona Franca en Barcelona (78). Una “desproporción” que para el SJM convierte a estos dos centros en “lugares de especial preocupación” por el “incremento de situaciones de violencia o tensión”. El informe se basa en las cifras de separaciones preventivas y de aplicación de protocolos de prevención de suicidio y autolisis, que se elevaron a 67 en el de Barcelona y 89 en el de Madrid.

A pesar de todo, el informe advierte de que los CIE “permanecen ausentes del debate social, público y político”, en un contexto decisivo tanto por los discursos de odio contra las personas migrantes como por los “cambios normativos” que se avecinan con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), la reforma de la Ley de Extranjería. Entre los cambios que más preocupan están los posibles decretos de internamiento en CIE de personas solicitantes de asilo, incluso menores de edad, en determinados casos, incluso por periodos superiores a los 60 días máximos que hay actualmente. “Resulta alarmante que el mismo reglamento avale un régimen de excepción, el cual permite prolongar ”por un período adicional“ de seis semanas el internamiento cuando se entienda que se está produciendo una situación de crisis migratoria”, alerta el SJM.