Cárcel para los dueños de un desguace por contaminar el equivalente a 30.000 viajes de avión entre Madrid y Nueva York

El dueño y tres empleados de un desguace de Madrid han sido condenados a penas de hasta cuatro años de prisión por no tratar correctamente los gases fluorados del aire acondicionado de cientos de coches. Los jueces les atribuyen delitos contra el medio ambiente y hacen suya la estimación de la Fiscalía: solo durante cinco años, con sus malas prácticas, liberaron a la atmósfera casi 21.000 toneladas de CO₂. Es el equivalente a “30.200 viajes en avión entre Madrid y Nueva York” o a las emisiones anuales “de 3.750 españoles”. La condena, una de las pocas acciones penales que han prosperado en España contra los responsables de un desguace por estas emisiones de gases, ya ha sido recurrida.

La Guardia Civil y las comunidades autónomas han puesto en marcha decenas de operaciones en la última década contra este tipo de desguaces por todo el país. Se trata de inspecciones por sorpresa en las que los investigadores comprueban si el negocio hace correctamente un paso clave en el desguace de un vehículo: retirar los fluidos de los aires acondicionados de los coches y evitar que esos gases fluorados, altamente contaminantes, salgan a la atmósfera.

Los agentes de la Unidad Central Operativa del Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil acudieron a este desguace por primera vez en 2019 y una segunda vez en 2021, acompañados de inspectores de la Comunidad de Madrid. El negocio está ubicado en un polígono de la localidad madrileña de San Martín de la Vega y se ha considerado como conflictivo por los especialistas en este tipo de investigaciones. Además, varios desguaces de la zona han sido denunciados en los últimos años. Fue allí donde el pasado mes de noviembre se incendió un desguace cercano generando enormes columnas de humo.

En sus dos visitas a este desguace los agentes e inspectores constataron que muchos coches todavía tenían estos gases contaminantes en sus circuitos de aire acondicionado, lo que apuntaba a que no habían sido correctamente vaciados. El caso llegó a manos de la Fiscalía especializada en medio ambiente y terminó en un juicio celebrado el pasado mes de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. El resultado ha sido una condena en la línea de la acusación del Ministerio Público: cuatro años de cárcel para el gerente y tres años y medio para tres trabajadores del desguace además de una multa para la empresa y la obligación de pagar, entre todos, una sanción de 152.000 euros por el daño causado a la atmósfera.

A lo largo del juicio, tanto el gerente como los trabajadores, especialistas encargados de gestionar estos gases contaminantes, alegaron que habían hecho todo correctamente y que hasta finales de 2021 –después de las dos inspecciones– no fueron informados por un proveedor de que tenían que hacer varias extracciones de gas para que los coches quedaran completamente limpios.

Los jueces de la Audiencia Provincial se apoyan tanto en las declaraciones de los guardias civiles como en los informes de la Fiscalía para concluir que no gestionaron correctamente estos residuos aunque sabían que debían hacerlo y que, como resultado, a lo largo de los años permitieron que miles de toneladas de CO₂ salieran de los coches desguazados. La sentencia considera acreditado que no usaron correctamente la maquinaria aunque “no consideraban que fuera una irregularidad”.

Los coches que pudo inspeccionar la Guardia Civil “presentan gases fluorados en sus circuitos de aire acondicionado, cuando ya tenían el certificado de destrucción” aunque no estaban descontaminados. El tribunal zanja en una sentencia ya recurrida y que todavía no ha sido ejecutada, que en el proceso de extraer el gas de los coches “se producían irregularidades” poniendo en circulación piezas de coches “que no estaban adecuadamente descontaminados”.

Más de 30.000 viajes de avión

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid hace suyos los cálculos de la Fiscalía para estimar la cantidad de gases contaminantes que no fueron gestionados correctamente: 20.926 toneladas de CO₂ “de forma incontrolada”. Algo que, según afirma el Ministerio Público y asume el tribunal, se puede comparar a 235.000 viajes en coche desde Madrid a Barcelona, 30.200 viajes de avión entre Madrid y Nueva York si se considera el trayecto de ida y vuelta por pasajero, la emisión anual correspondiente a 3.750 españoles o el consumo de 9,5 millones de metros cúbicos de gas natural para la calefacción de los hogares. Para absorber todo ese CO₂ en un año, apostilló la Fiscalía, harían falta 45.600 pinos resineros a pleno rendimiento.

La documentación judicial que ha podido examinar elDiario.es revela que, en los últimos años, los tribunales han abierto multitud de causas penales contra dueños de desguaces por la gestión de estos gases, pero esta es de las pocas que han terminado en condena. Juzgados y tribunales de Oviedo, A Coruña, Segovia, Tarragona y de la misma Audiencia Provincial de Madrid han optado por la absolución o el archivo.

En muchos casos, algo poco habitual, fue la propia Fiscalía la que retiró su acusación tras el juicio, en uno de los casos contra otro desguace del mismo polígono industrial de Madrid. En varios de estos procesos tanto los jueces como la Fiscalía han puesto de manifiesto que no es suficiente con hacer una estimación de las toneladas de gas que han podido ser lanzadas a la atmósfera. No vale con “datos de cuantificación difusos”, dijo por ejemplo la Fiscalía de Tarragona. El “baile de datos”, dijeron los jueces en Segovia, impide condenar si solo existen “promedios y comparativas”.

El caso de este desguace de San Martín de la Vega todavía tiene recorrido judicial por delante. Fuentes del caso especifican a elDiario.es que su defensa ya ha recurrido las condenas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y posteriormente la sentencia todavía podrá ser llevada ante el Tribunal Supremo. En caso de ser declarada firme, esta sentencia llevaría a la entrada obligatoria en prisión de los cuatro acusados, que también han sido condenados a pagar multas: 7.200 euros para el gerente de la empresa, 3.600 euros para cada uno de los tres empleados y 36.000 euros más para la empresa. Entre todos, además, deben pagar algo más de 152.000 euros por la contaminación que se les atribuye.

Con su conducta, explica el tribunal, “han podido perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Y para calcular esa multa, el tribunal reconoce que “no es posible determinar un valor dinerario de la atmósfera, que es el bien materia que resulta dañado” pero se ciñe a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.