Esta guerra es obscenamente ilegal

Este es el título del podcast de 2 de marzo de la revista Slate. Títulos similares, aunque no tan contundentes, han aparecido a lo largo de estos días en diarios y revistas publicados en los Estados Unidos. Algunos poniendo el énfasis en la legalidad internacional y otros en la legalidad interna, empezando por la propia Constitución, que es por donde, en mi opinión, hay que empezar.

Porque la guerra contra Irán es, ante todo, anticonstitucional, ya que se vulnera de manera flagrante la división de poderes que figura en el texto constitucional. La decisión de hacer la guerra es competencia del Congreso. La dirección de las fuerzas armadas, una vez declarada la guerra, es competencia del presidente de los Estados Unidos.

La lógica de la división salta a la vista. Primero hay que debatir si se debe declarar la guerra y por qué. Es algo que solo puede hacer un órgano único, pero múltiple, en el que esté representado el conjunto de la sociedad. Con base en el principio de legitimidad democrática no cabe otra alternativa. 

Una vez debatida y explicada a través del debate a la opinión pública, la conveniencia o incluso la inevitabilidad de tomar dicha decisión, es al presidente de los Estados Unidos en cuanto comandante en jefe de las fuerzas armadas al que corresponde ejecutar la decisión adoptada por el Congreso.

En el momento parlamentario está la legitimidad de la decisión. En el momento presidencial está la eficacia de la operación. Si no hay debate parlamentario en el origen, no se puede saber por qué se va a hacer uso de la fuerza, ni qué objetivo se persigue con la misma. Ni hasta dónde alcanza la autoridad del presidente. Si no hay unidad en la dirección de las fuerzas armadas, es difícil, por no decir imposible, que se pueda hacer un uso eficaz de las mismas.

De esta separación entre el momento parlamentario y el momento presidencial es de la que se ha prescindido por completo por parte del presidente Donald Trump, no solamente en la guerra de Irán, sino de forma generalizada. En su interpretación de la fórmula de gobierno de los Estados Unidos, al ser la presidencia el único órgano que el constituyente previó que fuera elegido por todo el pueblo de los Estados Unidos, hay una habilitación implícita para hacer un uso unitario del poder siempre que las circunstancias, en su opinión, lo exijan.

Con dicha habilitación se puede justificar la imposición de aranceles, la creación o supresión de agencias federales, coaccionar a las Universidades en la elaboración de sus programas de estudio e investigación y, por supuesto, la decisión de utilizar la fuerza fuera de las fronteras en ejecuciones extrajudiciales, como lo ha venido haciendo con determinadas embarcaciones en las costas de Venezuela, o para capturar al presidente del país y someterlo al control de los tribunales americanos o para apoderarse de los recursos minerales, especialmente del petróleo. O para presionar a México para que actúe de una determinada manera contra los cárteles de la droga dentro de su propio territorio. O para intervenir en Ecuador.

O para hacer la guerra a Irán. Al eximirse del límite interno, Donald Trump se está eximiendo de cualquier límite externo. Como dijo en una entrevista a periodistas del New York Times, el único límite que reconoce es el de su propia conciencia.

Ya de por sí, esta interpretación de la presidencia de los Estados Unidos es jurídicamente monstruosa. Pero Donald Trump la está llevando todavía más lejos. Está afirmando, por ejemplo, que el Estado español no puede limitar el uso que él decida hacer de las bases americanas en España, a pesar de que existen tratados en que dicha cuestión está regulada. Hasta el momento el presidente del Gobierno español no ha aceptado la interpretación del presidente de los Estados Unidos. De ahí viene la agresión verbal que está recibiendo y la amenaza de sanciones de momento comerciales.

Como me temo que la agresión no va a quedar aquí, pienso que sería urgente que Pedro Sánchez solicitara la convocatoria de un Pleno del Congreso de los Diputados para explicar la política que ha decidido poner en práctica respecto del uso de las bases americanas en la guerra de Irán y recabar la opinión de la Cámara.

Sería el momento para que Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal pudieran proponer una política alternativa, si es que la tienen, y que el Congreso de los Diputados decidiera qué debe hacerse.