Moción de censura versus disolución de las Cortes

Se cumplen ocho años de la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy y dio paso a la de Pedro Sánchez. 

El relevo se produjo aplicando de manera estricta lo previsto en la Constitución. Conviene recordarlo porque la derecha, que no se cansa de reivindicar la “Transición”, aunque su participación en la misma y en la aprobación de la Constitución como Alianza Popular, no fue muy destacada, se rebela contra su aplicación, cuando no le interesa. AP primero y PP después aceptan la Constitución a beneficio de inventario. Si me salen las cuentas, sí. Si no me salen, no. 

Nadie podría hablar con más autoridad sobre esto que Felipe González, quien se mantuvo hasta 1996 dentro de la Constitución sin ambigüedad de ningún tipo, mientras que tuvo que soportar el juego poco limpio de la oposición popular.

En 1980, tras el resultado del referéndum de iniciativa del proceso autonómico en Andalucía el 28 de febrero y su impacto en la dirección de UCD, Felipe González encabezó una moción de censura, sin posibilidad alguna de que jurídicamente tuviera éxito, pero que, políticamente, ofrecía a la sociedad española la seguridad de que existía una alternativa de Gobierno. La alternativa a la UCD no era el caos, sino el PSOE con un candidato que se atrevía a presentar sus credenciales en sede parlamentaria y aceptar el debate con todas las demás fuerzas políticas.

Este es el sentido de la moción de censura “constructiva”. Dar garantías a la sociedad de que la “alternativa” es lo contrario de un salto al vacío. Pero dar garantías. Decir qué se va a hacer y, si es necesario, con quién.

En 1982 se comprobaría que la “derrota jurídica” había sido una “victoria política”. Durante cuatro legislaturas España iniciaría y asentaría la construcción del “Estado social y democrático de Derecho” que figura en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución. El candidato en la oposición que se atrevió a correr el riesgo de perder la moción de censura, se convirtió en presidente dos años más tarde. En buena medida por aquella moción.

Felipe González tuvo que soportar mucho juego sucio constitucional en sus años como presidente del Gobierno, especialmente desde que José María Aznar alcanzó la presidencia de AP, reconvertido en PP, en el Congreso de Sevilla.

El juego sucio empezó en las elecciones generales de 1989, las primeras en las que José María Aznar fue candidato a la presidencia del Gobierno. Tras perder clamorosamente, el PP intentó “reventar” el resultado electoral a través del poder judicial. Fueron impugnadas las elecciones en Barcelona, Murcia, Pontevedra y Melilla. 

Las Audiencias Provinciales de Murcia, Pontevedra y Málaga (Melilla) las anularon. No así la de Barcelona, a pesar de la presión que se ejerció desde los medios de comunicación de la derecha española. La Brunete mediática en expresión de Xabier Arzalluz. La predisposición de determinados jueces a intervenir contra la izquierda empezaba a hacerse visible. 

De haberse anulado las elecciones en Barcelona, no hubiera resultado fácil que se hubiera producido la investidura y el horizonte de la repetición electoral habría hecho acto de presencia.

El Tribunal Constitucional se encargaría de dejar claro que las decisiones de las Audiencias de Pontevedra y Murcia carecían de fundamentación jurídica acorde con la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aunque no la de Audiencia de Málaga, respecto de la circunscripción electoral de Melilla.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, Felipe González presentaría una “cuestión de confianza”, con la finalidad de que fuera un Pleno del Congreso íntegro, sin mutilaciones, el que le otorgara la confianza.

En las siguientes elecciones, en 1993, el PP, que pensaba que iba a ganar las elecciones, intentó poner en duda la limpieza de las mismas, acusando en la misma noche electoral, a través de Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, al Ministerio Interior, de haber practicado un “pucherazo”. No lo pudo sostener, ante la evidencia empírica producida por el recuento de los votos, pero ya adelantó lo que iba a ser su trabajo de oposición a lo largo de la legislatura. “Váyase Sr. González”. José María Aznar no consideró que el presidente socialista fuera un presidente legítimo y, en consecuencia, consideró que contra él valía todo. Hasta poner en riesgo la “estabilidad del Estado”, como reconocería años más tarde Luis María Anson, uno de los miembros destacados del “sindicato del crimen”.

A lo que no se atrevió nunca José María Aznar es a recurrir a la moción de censura, como hizo Felipe González en 1980. En junio de 1985, tras escándalos muy grave, como el secuestro de Segundo Marey, la huida de Luis Roldán, la detención del Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio…y con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas muy favorables para el PP, José María Aznar exigiría a Felipe González que disolviera las Cortes y convocara elecciones.

Felipe González resistió y explicó en sede parlamentaria que las elecciones en los diversos niveles de nuestra fórmula de Gobierno, municipal, autonómico, estatal y europeo, no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Que la única fórmula constitucional de la que disponía el PP era la moción de censura. 

Quien no resistió la presión fue Jordi Pujol, que anunció públicamente que retiraba la confianza a Felipe González. Dicha retirada fue lo que posibilitó que el PP ganara las elecciones den 1996, momento en el que ya se había iniciado la recuperación de la crisis económica de 1994. No podremos saber nunca que hubiera pasado de haberse celebrado las elecciones en 1997, con la crisis económica claramente superada, pero la victoria tan reducida del PP en 1996 permite pensar que no se habría producido. 

El juego sucio que empezó en 1989 desde la presidencia del PP, lo continuaría José María Aznar desde la presidencia del Gobierno. Su dependencia de CiU y también del PNV en la primera legislatura en el Gobierno le impuso una tregua en materia de estructura del Estado. Se concentró en la formación de un poder económico mediante la designación de personas afines en las empresas privatizadas y en intentar también la constitución de un grupo mediático, con la finalidad última de dominar el grupo PRISA, que no consiguió por la resistencia de Polanco/Cebrián. El juego sucio fue de tal entidad, que acabó con la condena por prevaricación de Javier Gómez de Liaño.

En la segunda legislatura, con la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones de 2000, José María Aznar mostraría su verdadero rostro y la colaboración del poder judicial también. La salvajada de la que fue objeto Juan María Atutxa, condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia que sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos años más tarde, lo dice todo. El Tribunal Supremo se vería obligado a reparar la injusticia judicial mediante sentencia en un recurso de revisión, pero la injusticia política ya era irreparable. Lo que se ensayó contra el nacionalismo vasco, se aplicaría después, corregido y aumentado, contra el nacionalismo catalán.

La legislatura terminó con el intento de engañar a la ciudadanía respecto de la autoría del atentado terrorista del 11 M de 2004. No consiguió que la mentira calara y el PP perdió las elecciones. Desde entonces no se ha aceptado por la derecha la legitimidad de José Luis Rodríguez Zapatero primero y la de Pedro Sánchez después. La del primero por el vicio de origen del atentado y la del segundo por el vicio de origen de la moción de censura. 

Si se analizan los resultados de las elecciones generales desde 2004 hasta hoy, se comprobará que la derecha española solo ha tenido mayoría parlamentaria entre 2011 y 2015. Mariano Rajoy se mantuvo como presidente del Gobierno hasta julio de 2018, por el cordón sanitario que erigió frente al nacionalismo catalán. Una vez levantado dicho cordón, se impondrá la mayoría absoluta de la moción de censura, que de una manera u otra sigue estando presente en el Congreso de los Diputados. 

La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez ha sido impugnada por VOX en dos ocasiones, con Santiago Abascal y Ramón Tamames como candidatos a la presidencia del Gobierno, pero no lo ha sido nunca por Alberto Núñez Feijóo, que en esto sigue la estela de Aznar. Con el apoyo de Felipe González, que, por lo visto, no recuerda su experiencia de la legislatura de 1993-96 en general y la de junio de 1995 en particular. 

Como en 1995, en este 2026 el PP ha derivado la presión a los partidos que aprobaron la moción de censura en 2018 en general y a los partidos nacionalistas vasco y catalán en particular. Pienso que no estaría de más que ambos reflexionaran sobre lo que pasó cuando dieron entrada a la derecha española en la presidencia del Gobierno. 

Y ahora el patio interno e internacional está mucho peor que entonces. Nadie puede llamarse a engaño.  

Con la Constitución en la mano la iniciativa de la moción de censura la tiene la oposición. La iniciativa de la disolución la tiene el Gobierno.