Las furias de julio

A nadie se le oculta que la atmósfera del año 1936 estaba cargada de electricidad. Rumores, noticias alarmantes, denuncias y orquestadas campañas de desinformación proliferaban en los medios y llegaban a conocimiento de las autoridades en un inequívoco afán de sembrar la inquietud pública y promover una rectificación violenta del estado de cosas. Valgan unos ejemplos: desde el otoño anterior, algunos gobernadores civiles venían recibiendo informaciones relativas a que, en ciertos ayuntamientos, la izquierda había instalado un sistema de alarmas ubicadas en torres y campanarios -algunas de ellas tan aparatosas como “sirenas de motor con alcance de tres kilómetros”- para avisar de la concentración de grupos derechistas. Jóvenes comunistas y socialistas se estaban organizando en grupos de combate en cada distrito. En mayo del año siguiente, la máxima autoridad policial de la capital recibió un soplo acerca de que delincuentes extranjeros, entre ellos, “rusos especializados”, fuertemente pertrechados con metralletas y fusiles, pretendían perpetrar un audaz golpe contra el banco central y otras importantes entidades financieras.

Escalando peldaños en la difusión del temor, “fuentes bien informadas” alertaron a la Dirección General de Seguridad y al Estado Mayor sobre la planificación de “un putsch que los comunistas estarían preparando para la segunda quincena de agosto o la primera quincena de septiembre”. Agentes de Moscú se habían incrustado en las propias filas del ejército. Según varios diarios conservadores de provincias, las células rojas mantenían reuniones clandestinas, elaboraban listas de objetivos y solo esperaban las órdenes oportunas para entrar en acción. Cuando la consigna fuera dada, decían, se efectuaría la toma de rehenes previamente elegidos entre los integrantes de las principales familias de orden y miembros del clero local. Su destino estaba sellado: las inocentes víctimas serían asesinadas en sus propias casas y hasta en sus camas, en el transcurso de una noche trágica, en una orgía de sangre anunciadora de la revolución.

Todo estaba planeado: el comunismo tenía sus tácticas que cualquiera podía leer en folletos como el titulado La insurrección armada, manual de guerrilla urbana aplicable a las escuelas de cuadros firmado por Palmiro Togliatti, Mijaíl Tujachevski y Hans Kippenberger, es decir, un destacado miembro del Secretariado de la Komintern, un mariscal del Ejército Rojo y el responsable del aparato antimilitarista del Partido Comunista Alemán (KPD). En aquel contexto, los medios de derechas en diversa coloración de extremismo coincidían en exigir mano dura contra el “partido del extranjero” y la “exclusión de marxistas y políticastros” y clamar por un movimiento de “salvación nacional”.

Quien haya llegado hasta aquí identificará buena parte de los principales lugares comunes con que la historia transmitida a través de los canales formales -la enseñanza obligatoria- e informales -la conversación social y sus redes amplificadoras- ha pintado la situación de la República española en los meses previos a la sublevación militar que desencadenó la guerra civil. Error. Todo lo anterior ocurrió al norte de los Pirineos, en la Francia que desde el 3 de mayo de 1936 estaba gobernada por la coalición del Frente Popular. Como España desde hacía cuatro meses. Los sistemas de alerta y los grupos de autodefensa lo fueron contra las acciones de las ligas monárquicas y de extrema derecha que habían pretendido asaltar la Asamblea Nacional en febrero de 1934. El del atraco al banco emisor fue un ejemplo paradigmático de bulo -hoy lo llamarían fake news- en que se amalgamaban percepción de inseguridad y xenofobia. El alarmante rumor de las listas negras de rehenes se nutrió de las noticias sobre la violencia de retaguardia en la guerra de España. El Reglamento secreto del Partido Comunista para la organización del combate en núcleos urbanos resultó ser un estudio de la policía de Weimar en 1923 para combatir los movimientos insurreccionales de los comunistas alemanes. Los documentos que dan fe de todo ello reposan en los Archivos Nacionales de Pierrefitte (París) y los Departamentales de Haute-Garonne (Toulouse).

¿Por qué esta engañosa familiaridad? Pues porque, al fin y al cabo, los tropos del anticomunismo se caracterizaron por su enorme similitud en el seno de un marco transnacional. El pronunciamiento preventivo para conjurar una revolución a fecha fija se encuentra en la justificación de Tomás Borrás y la abracadabrante historia de los papeles ocultos en un tiesto del barrio de Triana conteniendo el organigrama del futuro gobierno soviético español encabezado por Largo Caballero. El “gran miedo” a las masas proletarias haciendo gala de poder y el desprecio de clase hacia la pequeña burguesía republicana late en las fantasmagorías expresionistas del 1º de Mayo en Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá. La hidra bolchevique poblaba las pesadillas de los militares españoles que frecuentaban la lectura de los boletines de la Entente Internacional Anticomunista o Liga Aubert, fundada en Ginebra en 1924, cuya suscripción para los cuarteles fue favorecida por la Dictadura de Primo de Rivera. La confrontación entre la España y la anti España, precursora de la teoría de “las dos ciudades” de la pastoral episcopal de septiembre de 1936, legitimadora de la Cruzada, respiraba en las páginas y los editoriales del católico El Debate -junto con el monárquico ABC, los máximos exponentes del golpismo de papel antirrepublicano-. Los repertorios discursivos -“agentes de Moscú”, “caballo de Troya”, contubernio judeo-masónico“— son estructuralmente idénticos a los que en la misma década movilizaban la propaganda nazi y fascista, la debelación antisemita del gobierno encabezado por Léon Blum y las campañas contra el Frente Popular español.

En ambos países y bajo circunstancias similares -gobiernos antifascistas impulsores de un amplio programa reformista en lo social- hubo sectores interesados en promover una economía política del miedo caracterizada por la multiplicación de rumores, la puesta en circulación de documentos falsos, el endurecimiento discursivo de una prensa cada vez más abiertamente alineada con la extrema derecha y la convergencia entre monárquicos, filofascistas y organizaciones-pantalla defensoras de los intereses patronales para derribar el régimen republicano. En este sentido, la legitimación del golpe de estado del 17 al 19 de julio de 1936 se inscribe entre las prácticas propias de un laboratorio de técnicas de desinformación política contemporánea: las reatribuciones documentales, la fabricación de rumores con patrones reconocibles, la movilización coordinada de prensa afín y la interacción entre medios reaccionarios, políticos radicales, grupos de presión y casta militar.

La diferencia es que en Francia todo ello se desarrolló en un sistema democrático y pluralista, que la administración y los servicios de seguridad del estado desmontaron los bulos y que las fuerzas armadas, aunque preocupadas por el aumento de las tensiones sociales, se abstuvieron de actuar contra el estado de cuya seguridad eran constitucionalmente garantes. El derrumbe vendría de la mano de la derrota militar y de la ocupación alemana en 1940, aunque la derecha fue preparando el camino para Vichy y la colaboración. En España, ya lo sabemos, la conspiración semifracasó en su objetivo inmediato, provocó una larga guerra civil y desembocó en una dictadura de larga data que hizo de la lectura retrospectiva y prospectiva del anticomunismo su seña de identidad. En la Francia de 1935 a 1939 operó una fabricación sistemática del enemigo sostenida por la extrema derecha, amplificada por sectores de la prensa y tolerada, cuando no alentada, por sectores del aparato del estado. La lección que arroja la historia comparada es que una democracia liberal también puede desmoronarse sin estruendo, sin una convulsión telúrica: solo son necesarias la acumulación de renuncias administrativas y políticas y la aceptación pasiva por parte de la ciudadanía de marcos estereotipados. Tomemos nota.